Este debate se celebró en pleno proceso de tramitación de un paquete de medidas para reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra ambos delitos y con la decisión pendiente de designar la ciudad europea que albergará la futura sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para la que se postula Madrid.

España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra ambas lacras, con altas calificaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, Madrid es hoy uno de los centros financieros más importantes de Europa, junto con Londres, París y Frankfurt.

Colaboración pública y privada.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, inauguró el encuentro; mientras que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lo clausuró. La vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el secretario del Consejo General del Notariado (CGN), Manuel Tarrío, también acudieron a esta cita.

Calviño señaló que «la colaboración pública y privada es esencial para evitar una lacra de este tipo. Europol estima que el 1% del PIB tiene que ver con operaciones sospechosas de blanqueo. En el contexto de la presidencia europea de España, aprobamos la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), de carácter transfronterizo. Es un paso muy importante y España apoya completamente este nuevo organismo. Se hará todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales”.

El primer panel de debate, Perspectivas de futuro sobre la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa, contó con la participación de Nicolas Véron, investigador senior de Bruegel and Peterson Institute for International Economics (moderador); François-Louis Michaud, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE); Eva María Poptcheva, relatora sobre blanqueo de capitales y lavado de activos del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de unidad de la Dirección General de Estabilidad y Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la UE; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

NADIA CALVIÑO: «EN LA PRESIDENCIA EUROPEA DE ESPAÑA APROBAREMOS LA CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (AMLA)»

Michaud destacó que «el impulso de los últimos años en la prevención del blanqueo llevado a cabo por los supervisores bancarios e institucionales, debe quedar reflejado en una autoridad potente, como AMLA». Delgado coincidió en que dicha autoridad «tendría un impacto enorme en el crecimiento del PIB y la confianza del sistema». Poptcheva hizo hincapié en la necesidad de «luchar contra el dinero sucio, incrementando la seguridad de los criptoactivos, o implementando sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por ejemplo». Fullin destacó «la influencia de España en el impulso de normas antiblanqueo en Latinoamérica, una Región donde no hay directivas como las comunitarias». Por último, Pruna señaló «el importante papel de notarios, abogados y agentes inmobiliarios en la prevención del lavado».

El marco preventivo español: fortalezas y desafíos fue el tema de la segunda mesa redonda. Moderada por Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tuvo como ponentes a Pedro Comín, director del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias); Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del CGN; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial.

El modelo notarial español.

Pedro Galindo subrayó «la potencia de Madrid como sede, al contar con una plena colaboración pública y privada en la lucha contra los delitos económicos. Algo que suele ser desconocido, debido a la necesaria discreción de los asuntos tratados». El responsable del OCP notarial puso de manifiesto el reconocimiento de organizaciones como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el GAFI al modelo desarrollado por el CGN: «Conocer, con una información consistente y prácticamente inmediata, quién está detrás de una sociedad mercantil demuestra la robustez del sistema».

MADRID ES HOY UNO DE LOS CENTROS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, JUNTO CON LONDRES, PARÍS Y FRANKFURT

El director del OCP apuntó cuatro retos principales de la colaboración de estos profesionales en la prevención del blanqueo: «Relaciones internacionales: en Europa, 22 países cuentan con modelo notarial, a los que se suman otros 77 en el mundo; podemos afirmar que el OCP ha sido un referente a seguir en multitud de estas jurisdicciones, desde Japón a Alemania. Reto normativo: la regulación precisa de un ajuste fino; entidades como notarios y registradores tienen unas especificidades que deben ser reguladas, como es el caso de la diligencia debida. Los criptoactivos: en las notarías estamos viendo el uso de monedas virtuales, lo que supone un riesgo, a pesar de contar con el nuevo reglamento MICA sobre estos mercados. Y, por último, la necesidad de estrechar el intercambio de información transnacional, algo que ya hemos hecho con otras Unidades de Inteligencia Financiera».

«Pero como se dice coloquialmente: ‘El malo siempre va por delante’. La evolución de las nuevas tecnologías plantea un auténtico reto y todos los actores tenemos un desafío, como en el caso de los análisis de riesgos. Hay que ser positivos. Europa ha dado un paso adelante con una potente normativa; pero debe haber estabilidad en la regulación. Los continuos cambios generan dificultades en una aplicación eficaz», concluyó Galindo.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA: «ES MUY IMPORTANTE CORTAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y ESPAÑA HA DEMOSTRADO SER UN MODELO A SEGUIR»

Por lo que se refiere a los otros ponentes del panel, Comín señaló la coordinación existente en España, a nivel humano e institucional, «lo que genera colaboración y homogeneidad en las unidades adscritas». Asimismo, el responsable del Sepblac alertó sobre el reciente uso de la inteligencia artificial en las operaciones sospechosas que reciben en su entidad. Kindelán defendió la candidatura de la autoridad: «Nuestro marco legal y supervisores son fundamentales para estar a la vanguardia». Adán apuntó que «el sistema español de colaboración permite dotar de las mejores herramientas a la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». Por último, Pérez Pérez compartió con los asistentes sistemas utilizados por los terroristas como «el pitufeo o la red Hawala», además de un incremento exponencial de activos virtuales». Por todo ello, «la Policía Judicial nos tenemos que adaptar constantemente a las nuevas tecnologías».

El eterno dilema sobre la gestión de la inmigración y el asilo en Europa parece más próximo al acuerdo en el seno de la Unión Europea, a pesar de su inherente complejidad, mediante la posible finalización en los próximos meses de un proceso basado en el consenso. Para ello, los 27 Estados miembros están siendo conminados por las instituciones comunitarias para que este mismo año, tras los avances logrados en la reunión de ministros de Justicia e Interior celebrada los pasados 8 y 9 de junio, se pueda lograr el denominado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La legislación propuesta en la materia sustituirá a la anterior, aunque el llamado Reglamento de Dublín, que data de 2013 y establece que el solicitante de asilo sólo puede presentar su solicitud en el primer Estado miembro al que llega, permanecerá vigente, pero con cambios importantes en función de los lazos familiares o educativos que mantenga con un país en concreto. Este complicado proceso de aprobación se produciría, previsiblemente y tras los deseos expresados por el Presidente del Gobierno a finales de junio en la cumbre de Bruselas, en el marco de la presidencia española de turno europea, que lo ha fijado como uno de sus objetivos principales de actuación.

Sudoku de intereses.

El sistema se sustentaría en una serie de pilares indispensables para lograr su necesaria estabilidad futura y, por ende, duración. Entre ellos, destaca la obtención de un marco jurídico sólido, que aporte claridad en los requisitos y confianza mutua entre los distintos países; la apuesta preferente por la migración legal, de cara a atraer talento y cubrir las necesidades del mercado laboral intracomunitario; una estrategia común para tejer acuerdos de asociación y mutuo beneficio con los países emisores; la dotación de un presupuesto integral que cubra las políticas internas y externas y, finalmente, lo más importante, el compromiso firme de todos los gobiernos implicados.

EL ETERNO DILEMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO EN EUROPA PARECE MÁS PRÓXIMO AL ACUERDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tras la petición formal desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para darle un nuevo impulso a esta iniciativa, los siguientes pasos serían la aprobación del nuevo mecanismo de solidaridad, incluyendo los procedimientos de control y fronterizo, para continuar con la aprobación del paquete legislativo. Si la Comisión Europea y la actual presidencia española de turno sacan adelante la propuesta, aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

El problema para alcanzar un acuerdo satisfactorio para una amalgama de 27 países con sus propias realidades e intereses reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes y de solicitantes de asilo. Y todo ello en un contexto en el que varios de esos Estados simplemente se niegan a participar en planes que impliquen la reubicación en su territorio de extranjeros extracomunitarios.

Esta aparente cuadratura del círculo se lograría con la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad efectiva. Para lograrlo, se prevé una terna de medidas para superar el sudoku del reparto equitativo de migrantes y de ciudadanos que solicitan acogida y asilo cada año en Europa.

Tres en uno.

La citada estructura permitiría ofrecer a los países un triple nivel de implicación de cara a aliviar a un Estado miembro en situación puntual de crisis, al estar sometido a una inusitada presión migratoria en determinadas épocas del año, como en verano o primavera, o por causas como el estallido de un conflicto bélico (Siria, Ucrania…).

Por un lado, los países podrían optar por aceptar un determinado número de solicitantes de asilo reubicados; pagar para sufragar el retorno de los solicitantes rechazados a sus países de origen o, en última instancia, financiar medidas operativas como centros de acogida o medios de transporte que ayuden a mantener la logística del sistema.

Este mecanismo de solidaridad se nutriría presupuestariamente en función del PIB y población de cada país, además de tener en cuenta el flujo de llegadas a territorio comunitario, y sería vinculante una vez alcanzados los correspondientes acuerdos jurídicos al respecto.

LA PIEDRA DE CLAVE PARA LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO MIGRATORIO PANEUROPEO SERÍA EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE UNOS Y OTROS

El término ‘vinculante’ se antoja clave a la hora de afrontar, con garantías, la distribución equitativa de los inmigrantes entre el conjunto de países de la Unión Europea. Conscientes de la tentación que supondría la solidaridad a la carta, los responsables de las negociaciones tendrán que lidiar con la sensibilidad de los países que se encuentran en la primera línea del perímetro de la frontera exterior de la Unión, a lo que se añade el enfoque de otros, como Dinamarca y Austria, que apuestan directamente por la imposición de medidas restrictivas a los flujos migratorios.

La piedra de clave para levantar el nuevo edificio migratorio paneuropeo sería, por tanto, el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, los países partidarios de una mayor reubicación (Alemania, Francia, Italia y Grecia) temen que otros se beneficien del diseño del nuevo sistema, al preferir pagar antes que acoger, mientras que los opositores al reparto de migrantes y solicitantes de asilo (Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia) consideran que el sistema les obligaría a contribuir financieramente al mantenimiento del mismo, quieran o no.

Acoger o pagar.

La última propuesta de la anterior presidencia sueca recalcaba este concepto de solidaridad a la carta, baja la tesitura de ‘acoger o pagar’. Una nueva vuelta de tuerca a un sistema de contribución, obligatoria pero flexible, que ya se ha intentado en otras ocasiones pero que nunca consiguió salir adelante.

Entre los escollos se encuentran países como Polonia y Hungría, que se oponen a todo, al negarse a acoger solicitantes de asilo, a contribuir a la cesta financiera y/o a aportar medios logísticos (uniformes, material de apoyo, helicópteros, drones, etc.), mientras que otros quieren negociar, a la baja, la aportación financiera que les tocaría, sin olvidar el caso de Italia, país central en este asunto que muestra serias dudas al respecto.

Ante este panorama, que no se descarta que pueda conducir al perpetuo bloqueo y acabe dejando la iniciativa en un limbo legal ante la falta de consenso, puede que se produzca el efecto contrario y que, finalmente, desemboque en una especie de efecto no deseado al aumentar el retorno y la repatriación de los ciudadanos no admisibles, tanto a sus países de origen como a terceros que hayan alcanzado acuerdos al respecto con la UE.

El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación, el control de los migrantes en la frontera y el establecimiento de los mecanismos de retorno. Sin embargo, también existe el riesgo cierto de que al final se fomente un enfoque en el que, frente a la acogida, se imponga la visión egocéntrica de la seguridad, lo que contribuiría a favorecer el concepto de Europa como una fortaleza inexpugnable.