«El uso de sistemas electrónicos seguros», por Rosa Ana Morán

EN EL ESCAPARATE

ROSA ANA MORÁN,
fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga

El uso de Iber@ debe extenderse como forma de comunicación ordinaria de mecanismos urgentes de cooperación”

WORLD LAW CONGRESS
El uso de sistemas electrónicos seguros

La internacionalización del delito es una realidad indudable, imparable y cada vez más extendida, por lo que el reto de enfrentar este fenómeno requiere el uso de mecanismos de auxilio judicial internacional adecuados, actualizados y acordes a la nueva realidad.

Sin embargo, los actuales instrumentos de cooperación internacional, creados esencialmente en el siglo XX, no son ya ni suficientes ni idóneos para conseguir una respuesta eficaz y ágil cuando es requerida. Obtener auxilio internacional penal sigue demasiado formal y dificultoso y por otro lado poco fiable por falta de seguridad en los mecanismos de transmisión.

Las nuevas formas de comunicación deben ser tenidas en cuenta también para la transmisión de las solicitudes de auxilio, documentos, pruebas… No es razonable ni puede seguir manteniéndose lo que, fuera de la UE, sigue siendo la forma común de comunicación de las solicitudes de auxilio, el correo postal y como mucho, en algunos casos, correos electrónicos carentes de seguridad alguna.

Un paso definitivo para evitar vías inseguras y analógicas es optar por el uso de sistemas electrónicos seguros. Efectivamente, para favorecer la autenticidad y ganar en seguridad comienzan a implantarse plataformas seguras de transmisión de pruebas y documentos. En la Unión Europea existen ya estos sistemas en la red Judicial Europea y en Eurojust.

En Iberoamérica, IberRed ha creado el sistema Iber@ que permite la transmisión directa y segura de datos entre los puntos de contacto de IberRed, transmisión que será además válida entre autoridades centrales.

IberRed, la red de cooperación internacional de los países iberoamericanos, creada en 2004 siguiendo el ejemplo de la red Judicial Europea, avanzó en formalidad y seguridad con el Tratado de Medellín en 2021, un tratado que permite el uso del sistema iber@ para la transmisión valida de documentos entre autoridades centrales.

Esta plataforma, creada gracias al trabajo de Ancert y el Consejo General del Notariado español, goza de absoluta garantía de seguridad, autenticidad e integridad. Las ventajas que ofrece la plataforma de rapidez, seguridad y autenticidad son garantía esencial para las autoridades judiciales, el justiciable y el interés público.

La plataforma Iber@ permite, además, garantizar un nivel de protección de datos en el momento de la transmisión, y en el uso y en la conservación de los datos que son condición esencial para cumplir las exigencias impuestas por la UE para la cooperación con terceros Estados, conforme a la Directiva 680/201. La plataforma, que cuenta con la validación de la UE, es una de las bases esenciales de esa protección de datos, lo que ayudará a los países iberoamericanos a obtener cooperación de los Estados miembros y ha permitido la firma de un MoU entre Eurojust e IberRed.

Las características y calidad de esta plataforma Iber@ y la firma del MoU con Eurojust dotan al mecanismo de un extensísimo uso y de un potencial de crecimiento insuperable, ya que el Tratado de Medellín está abierto a la firma de otros Estados y ya existen manifestaciones de interés al respecto.

La posibilidad de conectar con videoconferencias seguras a través de Iber@ sitúa al mecanismo entre los mayores ofrecimientos útiles para la cooperación, con ahorro de costes, garantías de autenticidad y seguridad; en una de las tecnologías más actuales en auxilio judicial internacional.

Desde una visión práctica de una Fiscalía operativa como la que dirijo, el uso de Iber@ debe extenderse como forma de comunicación ordinaria de mecanismos urgentes de cooperación, como las entregas controladas. El uso de esta plataforma a estos efectos requeriría la redacción y firma de un anexo o protocolo al Convenio con el fin de asegurar un uso, no solo seguro, sino eficaz, para lo que debe permitirse la comunicación entre las autoridades operativas, aquellas que tienen que autorizar urgentemente la entrega controlada, en muchos casos en menos de 24 horas. De esta forma podrían intercambiar secreta y seguramente sus comunicaciones. Se trata de una propuesta para el futuro inmediato que permitiría a Iber@ convertirse en un elemento esencial en la cooperación contra la delincuencia organizada.

Todos estos avances y potencialidades no serían posibles sin la desinteresada, certera y eficaz colaboración de los notarios españoles y Ancert, que ponen a disposición de la comunidad iberoamericana unos recursos tecnológicos innovadores y mecanismos de autentificaciones seguros, por lo que termino con la expresión del inmenso agradecimiento de IberRed y en este caso de la Fiscalía antidroga española.

«El cambio y el progreso», por Segismundo Álvarez

EN EL ESCAPARATE

SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA,
notario. Director del curso del Notariado en la Universidad del País Vasco

“Hablamos, por ejemplo, de cómo reforzar el control de identidad e incluso de capacidad con programas informáticos”

El cambio y el progreso

Vivimos en un proceso de cambio tecnológico rapidísimo, hasta tal punto que nos olvidamos que no toda novedad significa progreso. Si consultamos la lista de las «tecnologías del año» de los últimos quince, nos encontramos algunas que han sido abandonadas y muchas que en nada han contribuido al desarrollo.

Arrastrados por el torbellino de novedades no vemos a veces avances que nada tienen que ver con la tecnología. Por eso el Notariado (como todos) tiene que reflexionar sobre qué cambios representan un verdadero progreso, y cómo adaptarse a ellos, usando la nueva tecnología. Esto hemos hecho en el curso de la UPV: dialogar expertos de diversas áreas, jurídicas y no jurídicas, nacionales y extranjeros, para hacer del cambio progreso.

Así, como indudable superación moral cabe calificar la reforma de la regulación de la discapacidad que introdujo la Ley 8/2021. En este caso el Notariado, sobre todo a través de su Fundación Æquitas, ha sido un actor en el cambio de paradigma legal: de incapacidad y representación se ha pasado a capacidad y apoyo. Pero si el Notariado ha sido clave en la adopción de esos nuevos principios, lo es aún más en la aplicación de esa regulación. Para ello es esencial el trabajo de cada notario, pero también compartir experiencias con las demás personas involucradas en esta realidad. En particular es fundamental la colaboración con jueces y fiscales, cuyas actuaciones son complementarias con las de los notarios, y también con otras entidades que actúan sin la intervención notarial, como los bancos. Se trató, por ejemplo, el papel de los notarios para el adecuado funcionamiento de la guarda de hecho, una institución clave en el nuevo régimen. Tuvimos la primicia de la aprobación de un protocolo entre la Fiscalía, el BdE y las asociaciones bancarias, que logra una colaboración permanente para conseguir al mismo tiempo la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad en la gestión de su dinero. Fue también de gran interés el dialogo entre una jueza, un fiscal y un notario sobre el papel de las medidas voluntarias de apoyo como instrumento para la revisión de las medidas judiciales adoptadas conforme la legislación anterior que, aunque sujetas a control judicial, pueden sustituir a aquellas, respetando así el carácter preferente que les da la Ley. Extraordinario interés tuvo la mesa con representantes de asociaciones, pues es fundamental que los notarios nos podamos apoyar, para asegurar un verdadero consentimiento informado y libre, en personas con cualificación profesional específica, como los psicólogos de estas organizaciones. No estamos solos y debemos solicitar la ayuda de estos facilitadores en todas las cuestiones que por su complejidad lo aconsejen.

Pero volvamos a la tecnología y las posibilidades que ofrece. Aunque se trataron otros temas de gran interés, como la colaboración entre notarios europeos y las bases catastrales, el asunto del año es el otorgamiento a distancia previsto en la Ley 11/2023. Supone aparentemente el cambio de un dogma de la actuación notarial: la comparecencia personal de los otorgantes ante el notario y la firma ante el mismo. Pero a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la discapacidad, no cabe hablar propiamente de cambio de paradigma. El reto es justamente conservar la esencia de la actuación notarial, que requiere de identificación, juicio de capacidad, asesoramiento personal, control de legalidad y prestación del consentimiento ante notario, pero sin presencia física ante él. El desafío es importante, pues la ley se limita a establecer los principios generales de esa actuación, que deben concretarse en una práctica rigurosa desde un punto de vista tecnológico. En ese sentido es útil conocer las experiencias ya en marcha, como la alemana, cuya ley concreta, por ejemplo, que el control de identidad se hace por la comparecencia por videoconferencia del propio notario en el acto de otorgamiento mediante documentos de identidad oficiales electrónicos. También es importante establecer buenas prácticas y criterios para evitar los riesgos que supone esta nueva forma de actuar. Recordemos que la nueva ley, de acuerdo con la Directiva europea, permite exigir la presencia física cuando sea necesaria para garantizar la identidad o la capacidad o evitar el riesgo de operaciones que puedan suponer blanqueo de capitales.

Pero no tratamos solo lo que ya está sino también lo que viene. Fue enormemente esclarecedora la presentación de la futura regulación europea de la identidad digital a través del eWallet, que se llevará en el móvil y que no solo permitirá identificarse sino también incorporar atributos. Esto supone que podremos graduar la parte de nuestra identidad que ofreceremos. Por ejemplo, podremos acreditar, además de la identidad, nuestra cualificación profesional; para otros servicios, en cambio, podremos identificarnos solo por un atributo, sin necesidad de revelar la identidad (por ejemplo, solo que soy mayor de edad). Las ventajas para los ciudadanos y las posibilidades de contribuir a ellas por los notarios son enormes.

Finalmente, no olvidamos que los cambios tecnológicos suponen nuevos costes y riesgos, pero también ofrecen nuevas herramientas. Hablamos, por ejemplo, de cómo reforzar el control de identidad e incluso de capacidad con programas informáticos. También de cómo utilizar la que sin duda es la tecnología del año, la inteligencia artificial generativa (ChatGPT) en el ámbito notarial, mejorando la producción y gestión de documentos sin comprometer la seguridad.

Dijo Descartes que dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa o ir por el buen camino. Lo que tratamos de conseguir con este curso es combinar las dos: tener clara la dirección adecuada y acelerar el paso con la tecnología.

Entrevista a Soledad Cisternas, referente mundial de la defensa de las personas con discapacidad

CON SELLO PERSONAL

SOLEDAD CISTERNAS,

REFERENTE MUNDIAL DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Estamos en la era de los derechos, no de los favores»

CARLOS CAPA
María Soledad Cisternas Reyes es abogada y una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su vida profesional ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, llegando a ser presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En julio visitó España para participar en el acto de presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía, promovida por el CERMI y las fundaciones ONCE y Æquitas, de la que ha aceptado ser embajadora.

–Es usted un referente internacional para las personas con discapacidad. ¿Cuánto camino queda por recorrer para lograr la igualdad?

–Considero que falta bastante por hacer en muchos países, toda vez que no hay siquiera una modificación o reforma legal de los asuntos que tienen que ver con la capacidad jurídica en muchos de ellos. España ya inició este camino con la Ley 8/2021, derogando con ella las declaraciones de incapacidad y garantizando que las personas que lo requieran puedan contar con apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, con las salvaguardias que sean necesarias.

No me cabe duda de que esta modificación legal, por un lado, va a ser una buena llamada de atención hacia aquellos países que todavía no han iniciado un proceso de cambio o que si bien trataron de iniciarlo ha quedado paralizado.

En algunos países de América Latina como Argentina, Perú, Colombia, México o Costa Rica también se está trabajando en esta dirección de reformas jurídicas tendente a reconocer capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad.

La Alianza Apoyo y Autonomía que forman Fundación Æquitas, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impulsará la toma de conciencia sobre este asunto, conectando a las personas con discapacidad, sus familias, a la sociedad, al sector público, al sector privado, a los operadores judiciales y a otros de distintos ámbitos de la Administración del Estado. Esto permitirá a España avanzar rápidamente en esta dirección.

 


«LA LEY 8/202 PERMITIRÁ A ESPAÑA AVANZAR RÁPIDAMENTE EN LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

–Ha sido la primera mujer en presidir el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Qué labor se realiza desde la institución?

–Este mecanismo, que ya funciona desde hace años, adopta decisiones que van marcando una línea jurídica que ha sido utilizada para denuncias de personas o grupos de personas.

Ha implicado una transformación importante de todo el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos. Esa jurisprudencia se debe transversalizar hacia los órganos de tratados de otras convenciones internacionales.

 


«HAY MUCHAS BARRERAS QUE SE DUPLICAN, SE TRIPLICAN Y MULTIPLICAN PARA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD»


 

Hay que tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tiene cinco ejes vinculados a personas con discapacidad, además de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos indicadores también tienen que ver con las personas con discapacidad.

Las sinergias y la interacción entre la Convención y la Agenda 2030 es sumamente importante y esta se visibiliza mediante el trabajo de la sociedad civil.

En la Asamblea General de la ONU, prácticamente todos los años hay resoluciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Sus derechos no son una isla dentro de los derechos humanos, sino un estándar integrado que cruza todo el entramado jurídico, social, político y de desarrollo dentro de Naciones Unidas.

–Es abogada. ¿Cómo es el ejercicio del derecho para una persona que como usted tiene discapacidad visual?

–Empecé a estudiar Derecho porque mi principal valor en la vida es la Justicia. Mientras cursaba mi carrera estaba en pleno desarrollo de una discapacidad visual. Jamás me cuestioné no seguir estudiando. Lo hice con dificultad ya que entonces la tecnología para facilitar el estudio estaba mucho menos avanzada que hoy.

Animo a los jóvenes que tienen vocación por el derecho a que sigan ese sueño. Hoy la tecnología y los protocolos legales juegan a su favor para que puedan hacerlo y luchar también por lo que consideren justo y se adecúe a sus valores.

–La American Bar Association (ABA) la reconoció recientemente con el Premio Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a otros muchos recibidos. ¿Qué suponen para usted estos reconocimientos?

–Que el Colegio de Abogados más grande del mundo me otorgue un galardón, como también haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos en mi país, ha significado un reconocimiento que, creo, no es exclusivo a mi persona.

Significa visibilizar aquellas áreas del derecho que han estado más ocultas y eso representa un cambio trascendental en la mirada de los juristas internacionalmente que se dirige a los Derechos Humanos, no desde una perspectiva caritativa, ni médico asistencialista con las personas con discapacidad. Por esto, he acuñado la frase: estamos en la era de los derechos y no de los favores. Creo que esos reconocimientos abren la puerta a considerar que personas con discapacidad y sus derechos son Derechos Humanos.

 


«ESTOY TOTALMENTE CONVENCIDA DE QUE LA ALIANZA CERMI, ONCE Y ÆQUITAS ES DE UNA POTENCIA GIGANTE»


 

–¿Necesitan las niñas y mujeres con discapacidad una atención singular?

–Las niñas con discapacidad tienen una menor inclusión en la escuela que los niños en la misma situación. También el acceso a la educación superior es mucho menor para ellas. Aún es más duro pensar en la inclusión laboral, en la formación de la familia, en tener hijos. Hay muchas barreras que se duplican, se triplican y multiplican para las niñas y mujeres con discapacidad.

He denunciado esta situación recientemente en las Naciones Unidas. ONU Mujeres califica en 300 años de distancia de la igualdad real entre hombres y mujeres y yo me pregunto: ¿y las mujeres con discapacidad estaremos a 600 años de distancia? Es muy importante que los movimientos feministas incorporen en sus áreas de trabajo la inclusión social, política y económica de las mujeres y niñas con discapacidad y también las incorporen en sus mesas directivas. La mujer con discapacidad tiene las mismas capacidades, las mismas potencialidades, que cualquier otra mujer.

Debe eliminarse la discriminación múltiple que experimentan las mujeres con discapacidad y los Estados deben tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las personas con discapacidad, pero también del sector de mujeres. Esto está totalmente cruzado.

–¿Las personas con discapacidad sufren de manera especial la discriminación en el ámbito laboral?

–Debo reconocer que, en general, las empresas en distintas partes del mundo no tienen interiorizada la realidad de las personas con discapacidad. Incluso cuando se establecen leyes de cuota para la inclusión laboral, esta no se cumple exactamente. Y cuando la alternativa es pagar una multa en lugar de la inclusión, a veces se prefiere pagar esa multa. Para las empresas es una oportunidad incorporar personas con discapacidad. El nivel y la calidad que puede tener una compañía dirigida o gestionada por trabajadores con discapacidad es el mismo que el de otras.

–Visita España con ocasión de la presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía formada por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Æquitas. ¿Qué valor tiene el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan en la discapacidad?

–Estoy totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Æquitas es de una potencia gigante. No puedo dejar de felicitar a los notarios que han creado la Fundación Æquitas desde el Consejo General del Notariado de España, como muestra de su compromiso con la sociedad en la que viven y que toman como propias las causas de discapacidad.

Siento que con la participación de Æquitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etcétera además por supuesto de los notarios.

La mirada del notario es una mirada jurídica que tiene que ver con el ejercicio práctico en el que va a tener que enfrentarse con casos relativos a la capacidad jurídica de las personas. La Alianza Apoyo y Autonomía es de gran importancia para la aplicación de la Ley 8/2021 y va a ser fundamental, para su aplicación y para su perfección, si es necesaria en el futuro. Sin duda esta Alianza es potentísima.

–La seguridad jurídica toma, si cabe, más valor en lo que se refiere a las personas con discapacidad. ¿Es importante el trabajo de los notarios como garantes de los derechos a la plena capacidad jurídica de estas personas?

–Es muy importante el trabajo que hacen los notarios en los actos y contratos que realizan las personas. Creo que el Consejo General del Notariado está convencido de ponerse al servicio de las personas con discapacidad.

 


«LOS NOTARIOS ESTÁN PLENAMENTE COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

España muestra claramente que se puede modificar la legislación sustantiva y procesal para hacer crecer en derechos a las personas con discapacidad y hacerlas avanzar hacia la igualdad real. Y los notarios son imprescindibles para que se apliquen las nuevas normas de forma efectiva.

Huella digital

Soledad Cisternas tiene perfiles abiertos en las principales redes sociales:

Wikipedia tiene una entrada con su biografía en esta dirección.
El manifiesto de la Alianza Apoyo y Autonomía puede descargarse aquí.

Más pesado que un bot

LA @

MÁS PESADO
QUE UN ‘BOT’

La palabra bot viene de robot. Si este hace tareas repetitivas en una fábrica, el bot lo hace en el mundo virtual.

Ni su amigo más insistente llegaría a la suela de los zapatos a estos softwares encargados de repetir tareas millones de veces. Le hacen la vida muy fácil pero si se le ponen en contra, son una pesadilla… sin fin.
GABRIEL CRUZ

Tras estudiar a fondo los bots, siento que les voy a hablar de plagas de langostas como las que arrasan campos, pero en versión informática. estos son los bots maliciosos, como los que atacan a una empresa o manipulan personas. También están los bots buenos, los que le ayudan en las tareas más repetitivas, algo así como los Oompa-Loompas, los minúsculos trabajadores de Charlie y la fábrica de chocolate. Un ejemplo de sus tareas: hacer búsquedas en internet.

La palabra bot viene de robot. si este hace tareas repetitivas en una fábrica, el bot lo hace en el mundo virtual. Hablamos con Rubén Lirio, miembro de Enisa (European Union Agency for Cybersecurity) y responsable global de ciberseguridad de Dekra, una multinacional alemana de servicios. «Por regla general un bot tiene pocos kilobytes o megas. son muy ligeros informáticamente hablando. Unas líneas de código que son funciones repetitivas sin mucho valor añadido».

Por ejemplo, las denominadas «arañas web», que son los bots de los buscadores como Google o Bing, rastrean millones de páginas para saber qué contienen. «Imagínate una fábrica de zumos –continúa Rubén–, la fábrica sería el algoritmo donde se fabrica el jugo. Su materia prima son las naranjas, así que los bots serían las personas que las recolectan recogiendo información de cada página. Luego el algoritmo es el que ordena esa página cuando se muestra en el buscador». Hay muchos más bots buenos, los que detectan los atascos en la ciudad, como los que se usan en atención al cliente con respuestas preestablecidas (buenos días, ¿qué desea? …) La irrupción de la inteligencia artificial los ha mejorado extraordinariamente. La inteligencia artificial los usa para mejorar su propia experiencia recopilada a través de ejércitos de bots. El resultado es que, como señala Rubén, pueden «redactar una resolución judicial, simular tu voz e incluso hacerse pasar por ti». Ha conseguido hasta que los actores de Hollywood se pongan en huelga. ¿el motivo? Las productoras quieren, por contrato, poder escanear sus rostros con diferentes expresiones y usarlas sin previo pago. un negocio redondo para la productora; una ruina para los actores.


ESTÁN LOS BOTS MALICIOSOS, COMO LOS QUE ATACAN A UNA EMPRESA O MANIPULAN PERSONAS. TAMBIÉN ESTÁN LOS BUENOS, QUE LE AYUDAN EN TAREAS REPETITIVAS


El negocio de la atención. «Ahora internet se basa en la ‘economía de la atención’: tenerte pegado a la pantalla», continúa Rubén Lirio. «Cuanto más tiempo consumas, más anuncios verás y más fácil será influenciarte». Ya conoce el dicho: «una mentira mil veces repetida se convierte en verdad». Y, ¿quién se encarga de repetirla millones de veces y en cuestión de segundos? Los bots.

Oficialmente, Twitter y Facebook reconocen que el 5% de sus usuarios son bots, no personas. Eso aminora su valor. Es como poseer un almacén pero con cajas vacías. Así que cuidado con las opiniones que son tendencia en redes sociales. Quizá se vea atraído a opinar e incluso a actuar. Uno se siente más seguro de hacerlo cuando se ve respaldado por la misma opinión de los demás, aunque la realidad es que esos «otros» pueden ser fantasmas, o sea, bots. Un truco para detectar si una cuenta es un bot es si lanza mensajes a la misma hora, sobre todo de madrugada. También hay varias aplicaciones que las detectan, como Botometer.

Una red de cuentas bots administradas por un mismo individuo se denomina botnet. De hecho, en internet se pueden comprar miles de esos seguidores. Como señala Rubén Lirio: «Imagínate que eres insultado por miles de seguidores. A lo mejor como adulto no te afecta, pero a un adolescente sin una personalidad formada le pueden destrozar. Por eso creo que los contenidos en redes tienen que ser regulados, por los peligros que conllevan. Además, gracias a la información que recopilan los bots, las redes sociales se polarizan». Rubén borró las redes sociales de su móvil cuando nacieron sus hijos, para darles ejemplo. «Profesionalmente las necesito pero están en el ordenador del trabajo», señala.

En el conjunto de internet el uso de bots es mucho mayor: un 47,4%, según el informe de la consultora Imperva de 2022. La resta es fácil: solo un 52,6% del tráfico de internet en 2022 fue de humanos. De hecho, uno de los peores ataques informáticos es un DDOS (Distributed Denial of Service o ataques de denegación de servicio distribuidos). Como nos explica Rubén Lirio: «En segundos, millones de bots hacen peticiones a una web. esta no tiene capacidad para responder y se bloquea». Sucedió con Twitter, Spotify y Netflix. Son ataques que se pueden comprar en el mercado negro de internet.

PARA SABER MÁS

Bot ruso es el seudónimo de un exempleado de una agencia de astroturfing. Son las que se dedican a crear falsas opiniones o hechos con el fin de hacerlas virales e influir en las personas. como el autor confiesa: «Me convertí en un desinformador profesional». Se lanzan desde campañas políticas hasta productos comerciales. Por cierto, señala que los periodistas son los más difíciles de dejarse llevar por esos mensajes. Así que ya sabe: siga consumiendo periodismo, es saludable para su cabeza y espíritu.

¿Qué pasará con mis redes sociales?

LA @

¿QUÉ PASARÁ CON MIS REDES SOCIALES?

¿Borrarlas o dejarlas vivir? Al morir el rastro vital permanece inalterable en Facebook, Instagram y el resto de nuestras redes. Si para unos es una forma de que el ser querido siga presente, para otros es un recuerdo doloroso. ¿Qué hacer en ese más allá de las plataformas digitales?
GABRIEL CRUZ

Mónica Domínguez «era» o «es» una persona y una periodista excepcional. «era» porque falleció el 31 de julio de 2022 con 38 años tras sufrir cáncer, y también «es» porque para los que la conocimos sigue viva en nuestro recuerdo. Le gustaban las redes sociales para plasmar sus trabajos, sobre todos sus viajes. Por algo su lema era «viajar es volar» y su última ocupación tuvo lugar en Viajeros Cuatro. al escribir este reportaje uno siente la tentación de mandarle un mensaje privado a través de sus redes sociales para conocer cómo enfocaría el tema. Porque esa es la sensación que se tiene al verla en Instagram o Youtube: que sigue estando aquí, sonriendo. como la frase, sin autor conocido, de que «lo importante no es olvidar, es recordar sin que duela».

Isabel, la hermana de Mónica, es la que de vez en cuando está un poco pendiente de sus perfiles. siguen siendo un vínculo con las personas que la conocieron: «Por ejemplo, los propietarios de un hotel con los que se llevaba muy bien le escribieron diciendo que hacía tiempo que no sabían nada de ella, es entonces cuando les respondo y les digo que Mónica nos dejó». También reconoce que «de vez en cuando, amigos suyos le envían mensajes porque se acuerdan de ella: un aniversario, un lugar que visitaron…». esta es una posibilidad, que un familiar o amigo de confianza que posee las claves de acceso mantenga mínimamente activas las redes sociales de la persona fallecida.


LAS ÚLTIMAS ESTIMACIONES APUNTAN A QUE 60 MILLONES DE CUENTAS DE FACEBOOK SERÍAN DE FALLECIDOS


Mensajes postmortem. También hay webs que permiten que el propio interesado, antes de fallecer, pueda gestionar su presencia póstuma en redes sociales como Afternote, Knotify o Deadsocial (aunque el diseño de esta última nos parece pobre). Básicamente almacenan las confesiones del interesado con videos de su vida o programando envío de mensajes para las personas más queridas cuando muera. ¿Cómo lo saben? Antes se ha nombrado a tres personas de confianza o trustees que pueden acceder a estos deseos y mensajes tras el fallecimiento. La otra fórmula exige al usuario que entre en la web con cierta periodicidad. si no lo hacen, el programa entiende que ha fallecido y envía los mensajes a las personas queridas como en el caso de Dead Man’s switch (www.deadmansswitch.net). su versión gratuita envía dos mensajes y la de pago (50 dólares), 100. En otros casos, se roza la ciencia ficción, como en el caso de «Eter9». Su lema es «sé tú dos veces». La aplicación crea un clon nuestro basado en inteligencia artificial. En un principio, funciona como Facebook. En vida toma nota de las interacciones con otras personas, desde los «me gusta» hasta los comentarios. son datos de los que se nutre su inteligencia artificial para que después de fallecido la actividad continúe. Es decir, crea mensajes para situaciones nuevas como si estuviésemos vivos.


HAY ALLEGADOS QUE PREFIEREN CERRAR LAS CUENTAS PORQUE LES INCOMODA QUE AL FALLECIDO LE SIGAN ETIQUETANDO EN COMERCIOS O QUE RECIBA FELICITACIONES


Pese a la decena de años que lleva la web en funcionamiento apenas cuenta con unos pocos miles de inscritos. Nada que ver con los 2.958 millones que tiene la red social con más seguidores del mundo, Facebook, según el informe Digital 2023 de la consultora We Are Social. Ahora bien, las últimas estimaciones apuntan a que 60 millones de cuentas serían de fallecidos. Otro estudio, el de Oxford Internet Institute, señala que, de seguir esta tendencia, en el año 2070 habría en Facebook más muertos que vivos. Esto confirma lo que percibimos que se hace habitualmente con el perfil social cuando alguien muere: nada.

En otros casos, los allegados prefieren cerrar las cuentas porque les incomoda que al fallecido le sigan etiquetando en comercios, que reciba felicitaciones u ofertas por su cumpleaños o, incluso algo peor: que le pirateen su perfil en la red social. Esto se ha dado en EE.UU. con famosos con muchos seguidores. Curiosamente también están los que tienen sus redes sociales pero que fallecieron antes de que internet existiera, como Marilyn Monroe (@MarilynMonroe con 252.000 seguidores) o Edgar Allan Poe (@Edgar_Allan_Poe, con unos 90.000). Edgar dejó de escribir hace 5 años; quién sabe si es que esta vez murió de verdad.

Si se poseen las claves de acceso del familiar fallecido se pueden cerrar las cuentas actuando como si fuera él. Esta es la forma más eficaz de hacerlo. Si no se tienen, las principales redes sociales disponen de formularios para cerrarlas.

Sin embargo, como nos señala José María Plata, especialista en reputación online y en borrar rastros en google, «es muy difícil comunicarse con los administradores de las redes sociales. Hay que insistir varias veces porque lo habitual es que no te contesten y si lo hace es un bot, un sistema que contesta automáticamente. Hay que insistir hasta que te atiende una persona. Puedes tardar desde un par de días a uno o dos meses». Esa parece ser la norma de las redes sociales: poner trabas. En Facebook pueden tardar hasta 90 días en eliminar un perfil. Además, se consigue que sea inaccesible pero no desaparece la información compartida con otros usuarios. Tres meses. Y eso que el artículo 96 de Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de «Protección de Datos Personales» señala que en casos como este se «deberá proceder sin dilación».


UNA POSIBILIDAD ES QUE UN FAMILIAR O AMIGO DE CONFIANZA MANTENGA MÍNIMAMENTE ACTIVA LAS REDES SOCIALES DE LA PERSONA FALLECIDA


Testamento digital. Es un término de moda que nos encontramos incluso en varias webs de la administración y, lo más importante, lo cita la Ley 3/2018. Los testamentos digitales permiten que las personas reflejen en una escritura pública ante notario su voluntad sobre qué se debe hacer cuando mueran con su huella digital: desde sus emails a sus redes sociales, y quién debe hacerlo. Los expertos que asistieron a la sesión «la herencia digital» celebrada por la Fundación notariado el pasado marzo coincidieron en que las voluntades digitales son parte del contenido no patrimonial susceptible de ser recogido en un testamento. Es decir, la herencia es solo una, da igual que sea digital o no.

Porque nuestro patrimonio incluye todos los bienes y derechos, independientemente de su naturaleza, y por tanto su tratamiento legal debe ser unitario. ¿Tú cómo lo ves, Mónica?

‘In Memoriam’

Para conocer a Mónica Domínguez, la periodista con la que comenzamos este reportaje, pueden visitar sus redes sociales y comprobar cómo hizo realidad su lema de vida, «viajar es volar».

Las principales redes sociales tienen formularios para cerrarlas. Sin embargo, es muy difícil comunicarse con los administradores y se tarda meses.

Cerrar redes sociales

Le ahorramos el engorroso camino que hicimos para dar con los enlaces y borrar, o convertir en conmemorativos, los perfiles de redes sociales de su familiar fallecido cuando no se tienen sus claves. Para evitar falsos borrados se exige copia del DNI, del certificado de defunción, un poder notarial o una última voluntad o que demuestre que se es heredero para poder realizar el cierre de la cuenta.

Twitter
No tiene posibilidad de cuentas homenaje. Es la red social en la que más nos ha costado encontrar el enlace para cerrar una cuenta. Pese a que en su propio «centro de ayuda» o en Google se buscase «eliminar cuenta», al clicar en el link que aparecía llevaba de nuevo al centro de ayuda. como si fuera un bucle. Curioso que darse de alta en una red social se hace en dos sencillos pasos, pero darse de baja es un laberinto. Y es que ninguna red social quiere perder la mercancía que somos los usuarios.

Testamento digital

Aunque ya hemos aclarado que herencia solo hay una y que lo más conveniente es hacer testamento ante notario y dejarlo todo claro, en el enlace pueden descargarse actualizada la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En su artículo 96 habla del derecho al «testamento digital».

«Fantasmas digitales», por Esther Paniagua

LA @

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

 

"La decisión sobre qué sucede con ese contenido no puede quedar en manos de las grandes empresas tecnológicas "

Fantasmas digitales

Escándalo en Australia. Un accidente de autobús mata a 10 personas y algunos medios de comunicación usan fotos de algunas de ellas que han descargado de sus perfiles de redes sociales. Sin permiso. La polémica está servida. ¿Es ético? Claramente no, pero tampoco es ilegal si las imágenes eran públicas.

A estas situaciones y otras muchas, incluso más rocambolescas, se enfrentan los familiares de personas fallecidas hasta que logran cerrar sus cuentas -o hacerlas privadas- en las diferentes plataformas digitales. Sobre todo en ausencia de las llamadas “voluntades digitales” o testamento digital.

El testamento digital es un escrito donde una persona indica cuál quiere que sea el destino de sus activos digitales tras su muerte. En este documento, quien lo firma puede designar a una persona como encargada de hacer cumplir sus instrucciones. Para que sea válido, debe firmarlo y certificarlo un notario, como sucede con los testamentos convencionales.

Suena bien, pero en la práctica no resulta tan sencillo. Como apunta en el Anuario de Derecho Civil de 2020 la profesora Nieves Moralejo (Universidad Autónoma de Madrid), la redacción de este derecho en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) es “algo confusa”. El motivo es que el criterio que estructura la norma no es la existencia o ausencia de instrucciones de la persona fallecida acerca de la utilización de sus contenidos digitales tras su muerte. Al contrario, se parte de la premisa de que la persona fallecida no tiene un testamento digital para permitir que sus allegados puedan decidir el destino de sus activos digitales.

Esos allegados conforman un amplio abanico de personas: familiares, pareja de hecho y herederos. En ausencia de un testamento digital, serán dichas personas quienes decidan el destino, utilización o eliminación del contenido digital del fallecido o fallecida. El problema no es ya solo el quién se hará cargo, sino que -como comenta Moralejo- la norma entra en conflicto con el Derecho sucesorio. Pone un ejemplo: ¿y si el primo del fallecido decide que se suprima un archivo digital que posee un valor económico y que, siendo transmisible, debería haberse incluido en su herencia?

El embrollo puede ser mayúsculo, y esta no es la única piedra en el camino. Para cerrar las cuentas de un allegado hay que dirigirse a cada una de las plataformas en las que esté presente y demostrar que se tiene poder para hacerlo. Una por una.

No es de extrañar que, así las cosas, las redes sociales acaben convirtiéndose en cementerios digitales. Un estudio de 2019 del Instituto de Internet de Oxford (OII) predijo que un mínimo de 1.400 millones de usuarios de Facebook morirá antes de 2100. La cifra podría alcanzar los más de 4.900 millones de usuarios fallecidos para esa fecha, dependiendo del ritmo de crecimiento de la plataforma.

El estudio argumenta que “un enfoque exclusivamente comercial para la preservación de datos plantea importantes riesgos éticos y políticos que exigen una consideración urgente”.

A lo que se refiere el estudio es a sus implicaciones macroscópicas. Tratado por separado, cada perfil representa un elemento único cuyo destino corresponde decidir a sus familiares o a sus herederos digitales, sin embargo, los autores del documento sostienen que el impacto agregado de la totalidad de los casos va más allá que la suma de sus partes. “El patrimonio digital personal que dejan los muertos en línea es o se convertirá en parte de nuestro patrimonio digital cultural compartido”, señalan. Un patrimonio que puede resultar “incalculable» -dicen- no solo para los futuros historiadores.

El estudio cita las palabras de Matt Raymond, exdirector de comunicación de la Biblioteca del Congreso Estadounidense: «Individualmente, los tuits pueden parecer insignificantes, pero vistos en conjunto, pueden ser un recurso para que las generaciones futuras entiendan la vida en el siglo XXI’.

El borrado de cuentas póstumas no solo puede venir de los propios usuarios o de sus herederos o allegados, sino de las plataformas que las albergan. Muy citado es el caso de MySpace, que perdió toda la música y fotos que sus usuarios subieron a la red social entre 2003 y 2015 debido a un error. De igual modo, los ciberataques también pueden acarrear el borrado de información.

Otras veces el contenido desaparece porque se cierran las plataformas que lo alojan. Es el caso de Google+, la fallida red social de Google, descontinuada definitivamente en 2019. Aunque grupos sin ánimo de lucro como Internet Archive y el ArchiveTeam trabajaron para preservar la mayor cantidad de contenido público posible, aunque fue inevitable que una parte desapareciera.

Además, algunas plataformas cuentan con políticas de eliminación de cuentas por desuso. Es el caso de Google o Microsoft, que eliminan cuentas que hayan estado inactivas durante dos años. Elon Musk anunció el pasado mes de mayo que haría lo mismo en Twitter. Una impopular política (una más) que causó un gran revuelo entre personas que no querían perder acceso a los tuits de los usuarios fallecidos. Los usuarios reclaman que, como Facebook, se puedan mantener las cuentas como ‘conmemorativas’, algo que no es posible en Twitter.

Hay quienes dirán que estas políticas de eliminación facilitan las cosas a los familiares de las personas fallecidas, sobre todo cuando son personas no digitalizadas. Sin embargo, el borrado tarda al menos dos años en llegar y, en cualquier caso, por las razones expuestas, la decisión sobre qué sucede con ese contenido no puede quedar en manos de las grandes empresas tecnológicas.

Desde la perspectiva del patrimonio digital, los investigadores de Oxford señalan que esta situación requiere lo que el filósofo Luciano Fioridi denomina “una nueva macroética de la eliminación”. Es decir, un modelo de gestión que abarque y aprecie las diferentes formas de valores involucrados y considere también las múltiples partes interesadas.

Está claro que este es un asunto complejo, en el que se entremezclan los derechos individuales y colectivos, las herencias digitales, los bienes comunes online, y las políticas y derechos comerciales. Para más inri, han surgido desde hace unos años iniciativas para mantener vivos a nuestros muertos mediante sistemas automatizados que se nutren del contenido existente en torno a una persona para tratar de simular cómo seguiría comportándose.

Si algo está claro es que la cuestión de cómo abordar la muerte y la ‘reencarnación’ digital sigue siendo un asunto pendiente desde muchas perspectivas, y necesitado de un sistema de gobernanza adecuado, previo debate que integre a todas las partes afectadas. Lejos queda aquello de que “nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto”.

El notario, también online

LA @ EN DESARROLLO

EL NOTARIO, TAMBIÉN ‘ONLINE’

2023 ha marcado un hito en la historia del Notariado español. Con la aprobación de la Ley de transposición de directivas de la UE que incluye la digitalización de actuaciones notariales, los ciudadanos y las empresas podrán, a partir de noviembre, realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Todos los servicios digitales que presten los notarios tendrán lugar en la sede electrónica notarial, cuya puerta de entrada para ciudadanos y empresas es el Portal Notarial del Ciudadano www.portalnotarial.es. Esta sede es única y corresponde al Consejo General del Notariado su titularidad, desarrollo, gestión y administración.

La nueva ley, que traspone la directiva 2019/1151, exige que, sin necesidad de presencia física, un ciudadano de la Unión pueda constituir una sociedad limitada en otro país miembro. La directiva recomienda mantener los sistemas jurídicos propios de cada país y que, en aquellos como Alemania, Bélgica, Italia o España, entre otros, donde las sociedades se constituyen ante notario, se mantenga un modelo que es seguro y ágil y que permite luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

 


LOS SERVICIOS DIGITALES QUE PRESTEN LOS NOTARIOS TENDRÁN LUGAR EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL, CUYA PUERTA DE ENTRADA ES WWW.PORTALNOTARIAL.ES


 

Todos los actos societarios. La regulación recoge además que podrán realizarse, por vía digital, todos los actos societarios, desde la constitución de sociedades, al nombramiento de cargos, ceses, apoderamientos mercantiles, ampliaciones y reducciones de capital, modificaciones de estatutos, etc.

Los notarios podrán autorizar también en la sede electrónica notarial las actas de junta general y las de referencia en sentido estricto; las pólizas mercantiles; los poderes de representación procesal para la actuación ante las administraciones públicas, así como los electorales y los poderes para actos concretos o la revocación de poderes, excepto los preventivos. Asimismo, la norma señala que el notario podrá autorizar en línea las cartas de pago y las cancelaciones de garantías, los requerimientos iniciales de las actas y aquellas diligencias que fueren susceptibles de practicarse por videoconferencia; los testimonios de legitimación de firmas; las declaraciones de obra nueva sin extinción de condominio ni adjudicación de propiedad y la división de la propiedad horizontal. Podrán autorizarse actos de conciliación en los casos que el notario lo considere conveniente; y actos y negocios jurídicos para los que, conforme a su naturaleza, se establezca reglamentariamente. Y, por último, en caso de darse una epidemia, podrían autorizarse testamentos online mientras durase la obligación de confinamiento.

Otra de las novedades que trae la ley es la puesta en marcha del protocolo electrónico notarial que será un reflejo idéntico del protocolo en papel. La escritura en papel será conservada en la notaría y su versión digital se enviará al Consejo General del Notariado en formato pdf, encriptado, junto a una ficha en formato XML con los datos de ese documento extractados. solo podrá acceder a ellos el notario titular, bajo su clave, o los empleados que éste designe a efectos, por ejemplo, de expedición de copias, al igual que ocurre con los protocolos en papel, que seguirán estando en las notarías.

MARÍA TERESA BAREA,

portavoz del consejo General del Notariado

«Todos los servicios online tendrán lugar en la sede electrónica notarial»

Hablamos sobre la aplicación de la nueva ley con la portavoz del consejo General del Notariado, María Teresa Barea, y con el director de operaciones del centro tecnológico del Notariado, Carles Llach.

Además de los actos que se podrán realizar online, ¿habrá alguna otra novedad?

Los ciudadanos podrán obtener, a través del portal Notarial del ciudadano, copias autorizadas de sus escrituras públicas por lo que las podrán guardar en su móvil o tablet, con el consiguiente ahorro de tiempo, desplazamientos y papel.

¿Cómo será la actuación del notario?

los ciudadanos y las empresas podrán realizar online numerosos actos ante el notario que elijan sin necesidad de desplazarse, pero con la misma seguridad jurídica que cuando acuden a una notaría.

Todos los servicios digitales que presten los notarios tendrán lugar en la sede electrónica notarial, cuya puerta de entrada para ciudadanos y empresas es el portal Notarial del ciudadano, una sede única cuya titularidad, desarrollo, gestión y administración pertenecen al Consejo General del Notariado.

¿Será seguro?

Por supuesto. El ciudadano se reunirá con el notario online en esta sede en la que la seguridad informática del proceso quedará garantizada por el uso de la firma electrónica cualificada de los notarios, su sede electrónica y su red privada, todos ellos desarrollados por el centro tecnológico del Notariado, Ancert. La sede electrónica notarial es garantía de seguridad. De hecho, el Notariado ha obtenido el Esquema Nacional de seguridad (ENS), nivel alto, respecto de todos sus sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales para el ejercicio de su función pública.

CARLES LLACH, director de operaciones del centro tecnológico del Notariado
«Ciudadano y notario mantendrán una videoconferencia en la sede notarial»

¿Qué hay que hacer para acreditarse en el Portal Notarial del Ciudadano?

El usuario tiene que acreditar su identidad haciendo uso de un certificado electrónico cualificado o de Cl@ve Pin. Si no dispone de ninguno de ellos, también puede acreditar su identidad en una notaría.

¿Qué pasos tendrá que dar el ciudadano para crear una empresa de manera íntegramente online?

Una vez haya acreditado su identidad en el portal, deberá remitir una solicitud de constitución de sociedad al notario de su elección con los datos relativos a la denominación social deseada, socios, capital social y estatutos, así como aquellas gestiones que desea delegar al notario (solicitud de NIF, liquidación de impuestos, inscripción en el Registro, etc.).

Cuando el notario reciba la solicitud contactará con el ciudadano para elaborar el documento notarial a partir de la documentación recibida y agendará la cita por videoconferencia para la firma electrónica del documento notarial. El ciudadano deberá disponer de un certificado electrónico cualificado para la firma electrónica del documento notarial; si no dispone de uno podrá obtenerlo de manera gratuita desde una opción habilitada a tal efecto en el portal.

¿Y el día de la firma?

El ciudadano mantendrá una videoconferencia con el notario en la sede electrónica notarial, a la que accederá a través del portal Notarial. Durante el transcurso de la videoconferencia el notario identificará a los comparecientes, procederá con la lectura del documento notarial, resolverá las dudas que sean planteadas (si las hubiera) y finalmente autorizará el acto. Una vez hecho esto, el ciudadano dispondrá de la copia simple y autorizada de la escritura de constitución de sociedad en el portal Notarial del ciudadano.

Entrevista a Carolina Roca, presidenta de Asprima

EN ESTE PAÍS

CAROLINA ROCA,

PRESIDENTA DE ASPRIMA

«El problema de la vivienda tiene solución con medidas valientes»

CARLOS CAPA

Carolina Roca es desde hace algo más de un año la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). Con una amplia trayectoria profesional en el sector y perteneciente a la tercera generación de la familia que da nombre a su empresa, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y es también presidenta de la Comisión de Urbanismo de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Después de un año al frente de ASPRIMA, aunque ya tenía una larga trayectoria en la institución, ¿qué balance hace de esta primera etapa?

Efectivamente ya llevaba ocho años en la vicepresidencia de la entidad, pero también es cierto que hasta que no coges los mandos no te das plena cuenta de lo que supone la responsabilidad. Soy muy consciente del compromiso que tienes que asumir en un sector como este. Si me permite el símil, hay que tener todos los platillos girando sin que se caiga ninguno. ASPRIMA tiene un papel muy importante en este sentido. Tiene que apostar por la transformación y la industrialización del sector, pero también tiene un papel fundamental en que se mantenga dentro de unos parámetros de rigurosidad alejado de la politización y centrado en la profesionalidad y la gestión. En este año hemos tenido que apagar muchos fuegos. Nuestro sector está muy atomizado y por lo tanto ASPRIMA juega un papel fundamental en que haya un marco jurídico de seguridad que ampare a todos los intervinientes en una actividad tan presente en la vida económica y personal de la sociedad.

La reciente aprobación de la Ley de Vivienda es sin duda un desafío de adaptación para los promotores inmobiliarios. Estamos sufriendo una paralización de proyectos que, desde luego, necesitan una solución para que no repercutan en los intereses de los ciudadanos. Creo que se ha gestionado muy mal en los últimos años y eso ha hecho que el sector se haya tenido que reinventar para hacer frente a los desafíos, apartando la competencia entre asociados para primar una respuesta común a los problemas.


“ES NECESARIO AUMENTAR LA OFERTA DE SUELO, REDUCIR LA FISCALIDAD Y AYUDAR AL COMPRADOR”


¿Qué soluciones proponen ustedes?

Los promotores inmobiliarios llevamos quince años diciendo que en España hay un problema de escasez de oferta, de infraproducción de vivienda que, en mi opinión, es realmente el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con la diferencia de que es el único que se financia con inversión privada en su casi totalidad. En España el nivel de infraestructuras públicas es sobresaliente, pero en la generación de viviendas no hemos conseguido que cale el mensaje de que estamos en niveles de producción por debajo de la mitad de las necesidades. Y eso obviamente repercute en los precios. ASPRIMA ha elaborado un informe muy serio para poner blanco sobre negro el problema de la escasez de oferta de vivienda. Y no olvidemos que la vivienda es una necesidad y un derecho para todas las clases sociales. Tenemos un problema de país en esta materia con la clase media.

En términos de empleo, ¿en qué estado se encuentra el sector?

Tenemos plantillas envejecidas; no conseguimos atraer al sector a nuevos trabajadores. Además, el sector está en un proceso de transformación digital, de industrialización necesario e inevitable. Ahora en las obras se usan más tabletas que plomadas. Es necesario que el sistema educativo y sus planes de formación tengan en cuenta este problema en su oferta educativa, máxime cuando existe una oferta de empleo tan amplia como la actual y como la que vendrá, si queremos alcanzar el objetivo de duplicar la promoción de viviendas al menos hasta las 250.000 al año.

¿Es apropiada la fiscalidad existente para la vivienda, en todas sus fases de producción?

Es necesario revisar el sistema. Durante muchos años la construcción ha sido la principal fuente de financiación de muchos ayuntamientos. ASPRIMA ha realizado un estudio muy riguroso que concluye que en el precio final de una vivienda, hasta el 25% son impuestos. Gravar como un artículo de lujo un bien de primera necesidad y escaso no tiene sentido. Es cierto que el IVA es del 10%, pero existen otras muchas tasas y gravámenes que acaban elevando la factura fiscal muy por encima de lo razonable.

También es necesario actuar sobre la financiación. Hay que ayudar a quienes, aun teniendo solvencia y condiciones laborales estables, no pueden acceder a la compra de la vivienda por falta de avales o ahorros y que son los que tiran al alza del precio del alquiler.


“EL NOTARIADO HA SIDO Y ES UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN LA FORTALEZA DEL SISTEMA HIPOTECARIO ESPAÑOL, MEDIANTE LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE OFRECE SU ACTUACIÓN”


 

¿Cree posible un gran Pacto de Estado?

Es imprescindible un Pacto Nacional para la Vivienda en el que estén implicadas todas las administraciones, la sociedad civil y la iniciativa privada; que dé solución a los problemas estructurales en la construcción de viviendas.

No puede ser que el suelo – por su escasez en el mercado- acabe suponiendo hasta el 50% de los costes. En otros costes como los financieros, los de la energía, o las materias primas tenemos un menor margen de actuación. Pero el precio del suelo sólo depende de nosotros. Y si no se reduce será imposible bajar el precio de la vivienda. Hay que cambiar radicalmente las leyes del suelo.

Es necesario flexibilizar el cambio de uso del suelo para poder ampliar la promoción de viviendas. También es necesario profundizar en la seguridad jurídica del urbanismo. Otras medidas como la agilización administrativa de trámites, permisos y licencias son imprescindibles. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han adoptado una línea que creemos muy acertada en este sentido. La comprensión del Notariado en su aplicación está siendo de gran valor.

Los notarios siempre han sido una parte esencial para la seguridad jurídica en el sector inmobiliario. ¿Cómo valora su papel?

El Notariado ha sido y es una pieza fundamental en la fortaleza del sistema hipotecario español, mediante la seguridad jurídica que ofrece su actuación. Un sistema que es el que ha conseguido construir y consolidar la clase media española. En ASPRIMA tenemos muy claro su importancia y hemos firmado con el Consejo General del Notariado un acuerdo de colaboración. El Notariado es crucial para el sector inmobiliario y nuestra sintonía es absoluta.

Pensiones: una reforma a debate

EN ESTE PAÍS

PENSIONES: una reforma a debate

CARLOS CAPA

LAS ORGANIZACIONES PATRONALES (CEOE, CEPYME Y ATA) HAN MANIFESTADO SU «FRONTAL OPOSICIÓN» A LA REFORMA

La Unión Europea revisará la eficacia del nuevo sistema en los próximos cinco años.

El pasado 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que sustituye el llamado factor de sostenibilidad por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI.

El MEI es aplicable a las bases de cotización por contingencias comunes y afecta a los trabajadores en situaciones de alta o alta asimilada de todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, pretendiendo reforzar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como la hucha de las pensiones, en la próxima década.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, estos empezarán a cotizar en relación con sus ingresos reales estableciéndose quince tramos de cotización.

Opiniones enfrentadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un informe sobre esta reforma en el que indica que su aplicación representa “la cuasi-congelación de la pensión máxima hasta 2050” y que “supondrá un aumento de los impuestos al trabajo en España”. En concreto, al final del periodo transitorio de cada medida, la reforma representará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones (tomando la cifra del producto interior bruto de 2022). Así, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá un aumento de la recaudación de cuatro décimas del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de las bases máximas de cotización generará ingresos al sistema por otras cuatro décimas del PIB y la cuota de solidaridad (cotización de entre el 5,5% y el 7% a las rentas que excedan la base máxima de cotización) aumentará los impuestos al trabajo en una décima. Adicionalmente, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos tendrá un impacto de cinco décimas del PIB una vez finalice el periodo transitorio.

Las organizaciones patronales (CEOE, CEPYME y ATA) han mostrado su “frontal oposición” a la reforma que consideran “regresiva” y “populista” y consideran que “mermará los salarios incrementando los costes laborales y poniendo en peligro la creación de empleo”.

En un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española, se advierte que el aumento de los costes por la revalorización supondrá un desequilibrio económico del sistema en el largo plazo, con una caída del 0,6% del PIB y la pérdida de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo. Cifras que, según el informe, podría duplicarse o triplicarse “si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales”.

 


LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL INDICA QUE SU APLICACIÓN SUPONDRÁ “LA CUASI-CONGELACIÓN DE LA PENSIÓN MÁXIMA HASTA 2050″


 

El Banco de España también ha analizado el impacto del nuevo sistema y en uno de sus Boletines Económicos señala que “el crecimiento de la base máxima de cotización tendrá un impacto desigual entre trabajadores y empresas ya que, entre otras características, los trabajadores en edades medianas y con mayor cualificación y las empresas grandes exhiben con más frecuencia bases de cotización topadas por el máximo legal y tendrá un efecto desigual a lo largo de la distribución de los salarios”. El estudio del Banco de España reconoce que la reforma podría incrementar los recursos de la Seguridad Social en un 0,9 % del PIB en 2050, pero advierte que este aumento podría ser menor si los mayores costes labores afectan negativamente a la competitividad, los salarios o el empleo.

Impacto en las empresas. Según el director del área fiscal de pensiones de la consultora KPMG, Álvaro Granado, estos cambios “no supondrían un ahorro en nuestro sistema de pensiones”. En su opinión, el impacto que estas medidas tendrían en la empresa sería el de un incremento en sus costes laborales por cotizaciones. Así, una empresa que hasta el año 2022 tenía un coste de Seguridad Social del 30,3%, en 2023 asumiría un 30,80%, porcentaje que iría incrementado progresivamente hasta el año 2045, con el consiguiente impacto en el coste empresarial.

Para Álvaro Granado, desde el punto de vista del trabajador la reforma “podría considerarse como una medida recaudatoria” fundamentada en la solidaridad del sistema, como ocurriría con cualquier impuesto o tasa, aunque en este caso sería la empresa o el propio trabajador autónomo quien la soportaría.

Habrá que ver cómo afrontan las empresas estas medidas y el posible impacto que las mismas puedan tener en el empleo y en el crecimiento empresarial para sacar conclusiones sobre si será conveniente o no la implementación de nuevas medidas.

 


EL BANCO DE ESPAÑA HA SEÑALADO QUE EL CRECIMIENTO DE LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN TENDRÁ UN IMPACTO DESIGUAL ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS.


 

Por su parte los sindicatos CC.OO. y UGT se han mostrado favorables a esta reforma, respaldando con su firma el proyecto gubernamental ya que consideran que “garantiza la viabilidad, equidad y suficiencia de las pensiones”, y proporciona más protección y certezas para los próximos 25 años, subiendo ingresos sin recortar las pensiones.

También la Unión Europea (UE) ha dado por bueno el nuevo sistema de previsión social, lo que permitirá al Estado el acceso al siguiente tramo de los fondos Next Generation, vinculados al cumplimiento de determinadas normas fiscales y de déficit, y que tiene un monto de 10.000 millones de euros, aunque sotto voce los técnicos comunitarios advierten de que será necesario hacer una evaluación de la eficacia y sostenibilidad de los cambios en los próximos cinco años.

El nuevo modelo de pensiones

El nuevo modelo, aprobado en el Congreso de los Diputados por un estrecho margen, supone un incremento del 0,6 % de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas y de los trabajadores. Concretamente, un 0,5 % a cargo de la empresa y un 0,1 % del trabajador.

Los trabajadores autónomos empezarán a cotizar en relación con sus ingresos reales estableciéndose quince tramos de cotización.

Debate dentro y fuera de nuestras fronteras

El debate sobre la reforma de las pensiones no es exclusivamente español, sino que afecta -al menos- a todo el espacio europeo, al ser comunes elementos como la prolongación de la esperanza de vida, el impacto de la transformación tecnológica, la baja natalidad, etc.

Así, en Francia la decisión del presidente Manuel Macrón de adoptar por Decreto medidas como el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y el incremento hasta los 43 años del periodo de cotización, requerido para cobrar el 100% de la pensión, han originado una importante contestación social. Otros países como Italia, Grecia o Alemania también están inmersos en reformas de mayor o menor calado, aunque todas tienen como denominador común el retraso de la edad de jubilación y el aumento de los años de cotización. Modelo diferente es el adoptado por Suecia hace ya varias décadas, optando por un sistema mixto de aportaciones públicas y fondos privados alimentados por empresas y trabajadores.

PARA SABER MÁS

Texto del Real Decreto-ley 2/2023 por el que se reforma el sistema de pensiones.

Estudio del Banco de EspañaUn análisis de la incidencia del incremento de las cotizaciones sociales aprobado en 2023”.

Informe del Instituto de Estudios Económicos sobre las consecuencias en la economía española de la subida de las cotizaciones sociales.

«Pensiones, una reforma necesaria», por Antonio Garamendi

EN ESTE PAÍS

ANTONIO GARAMENDI,
presidente de CEOE

“El sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa”

Pensiones, una reforma necesaria

Las crisis provocadas por la irrupción del COVID-19 y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia han configurado un nuevo escenario geopolítico y un nuevo marco económico y social complejos y marcados por la incertidumbre y la volatilidad. Pero, también, han puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones a desafíos que ya estaban ahí antes pero que ahora son aún más evidentes.

Entre estos retos están los relativos al envejecimiento de la población, la calidad de vida de las personas de más edad y la necesidad de adaptar el Estado de Bienestar y nuestro sistema de protección a una sociedad que, cada vez, va a ser más longeva.

Se trata de un asunto fundamental para el futuro de España y sobre el que estamos obligados a reflexionar para poder ofrecer soluciones realistas y viables.

España es uno de los países que está sufriendo un proceso de envejecimiento más intenso. Las proyecciones demográficas apuntan a que, en los próximos 30 años, la esperanza de vida de los españoles aumentará hasta en tres años y que, para 2050, uno de cada tres ciudadanos tendrá 65 años o más.

Esta tendencia impactará negativamente en la relación entre el número de pensiones y el número de personas en edad de trabajar, casi duplicándola. La previsión es que, para ese año, por cada mayor sólo haya 1,7 personas con edades entre 16 y 64 años, frente a las 3 personas que hay en la actualidad.

Una transformación de la pirámide demográfica que supone un reto por sus implicaciones en el crecimiento de la economía o en áreas como la sanidad, la educación, la dependencia y, por supuesto, el sistema de pensiones. Según las últimas estimaciones de organismos como la AIREF, el gasto público en pensiones puede alcanzar a mitad de siglo hasta el 16,3% del PIB, frente al 13,6% actual. A día de hoy, esto supondría unos 35.000 millones de euros más de gasto.

Con este escenario, y por responsabilidad, estamos obligados a afrontar el debate sobre el futuro de las pensiones en España con cierta urgencia y tomando decisiones de fondo. Con medidas que se alejen del cortoplacismo y garanticen, realmente, un sistema que sea sostenible y suficiente y en el que la equidad intergeneracional esté asegurada. Una reforma necesaria y de calado que debe adoptarse en diálogo con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo.

Sin embargo, lamentablemente, las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno no han ido en este sentido. Desde CEOE, así como también desde CEPYME y ATA, hemos expresado públicamente, ya el pasado mes de marzo, nuestro rechazo a la última reforma impulsada por el Ejecutivo.

Una reforma que ahonda en los desequilibrios que padece el sistema, que daña la competitividad de las empresas, reduce la renta disponible de las familias y, en definitiva, pone un freno a la actividad y a la creación de empleo.

Porque el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas optando por una subida generalizada de cotizaciones que va a suponer una merma de los salarios de todos los trabajadores y que incrementa los costes laborales para el tejido empresarial.

La reforma es, también, regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión para quienes, en la actualidad, están en el mercado laboral.

Los cambios aprobados, además, van a incrementar el desequilibrio financiero del sistema, en una cifra que será equivalente al 1,1% del PIB en 2050. Y, en conjunto, pueden situar el déficit de las cuentas públicas en el entorno del 8% del PIB y elevar la deuda hasta el 150%.

En suma, se trata de una reforma que no afronta el verdadero problema de nuestro sistema: el desequilibrio entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y tasa de reemplazo de las pensiones.

Es por ese camino por el que tendrán que ir las medidas que, necesariamente, habrá que adoptar para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Un futuro que pasa por repartir la carga de las pensiones en los tres pilares de nuestro modelo: pensiones públicas, ahorro colectivo y ahorro individual. Porque el sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa.

Y esto tiene que incluir los planes de pensiones individuales, muy afectados por la reducción de desgravaciones acometida por el Gobierno en los últimos años. Es un error promover la previsión social colectiva a costa de los planes individuales porque ambas patas son fundamentales y necesitan incentivos suficientemente atractivos.

En lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, que aumenta las cotizaciones de quienes ya trabajan, perjudica el crecimiento y la creación de empleo y que dificulta la retención del talento, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad de las empresas.

Un entorno con capacidad para atraer inversiones, que favorezca la llegada y la creación de empresas y, de este modo, la creación de más empleo. Porque apostar por la creación de empleo, apostar por las empresas, es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones sin perjudicar ni el crecimiento ni la competitividad de nuestra economía y que contribuirá, sin duda, a impulsar la necesaria sostenibilidad de nuestro sistema.