Un certificado común para salvar el verano

ÁMBITO EUROPEO

Un certificado común para salvar el verano

Common covid certificate to save the summer season

Europa aprueba en tiempo record el documento solicitado por países turísticos como Grecia o España para acreditar la vacunación, la superación de una prueba covid o haberse recuperado de la enfermedad.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado 12 de enero, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea y el resto de líderes europeos urgiéndoles a crear un certificado de vacunación europeo.

Mitsotakis apuntaba que el certificado representaría “un incentivo positivo” para asegurar que la gente se vacunara, y presionaba al resto de sus colegas europeos para que se pusieran manos a la obra cuanto antes, dados los problemas que habían tenido los europeos los meses anteriores para acordar un localizador común para viajeros.

“Si logramos rápidamente un entendimiento común entre los Estados miembros sobre un certificado de vacunación armonizado y sus usos, podremos impulsar el tema en los foros internacionales pertinentes, contribuyendo así al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es el base para restablecer la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis”, resaltó Mitsotakis en su carta.

“Para países como Grecia, que dependen del turismo, es imperativo que este problema se resuelva antes de la temporada de verano”, añadió.

Acuerdo común. La propuesta no tardó en ser respaldada por países dependientes del turismo como España, Portugal o Croacia. El resto de capitales no se oponía, pero recordaron que había dudas que convenía despejar primero, como si los vacunados pueden trasmitir el virus o cuánto tiempo dura la inmunidad para aquellos que han superado el covid-19, como señaló un alto cargo diplomático del grupo de los escépticos.

En los pasillos de Bruselas, además, algunos se preguntaban si merecería la pena el esfuerzo, dado que resultaría difícil llegar a junio con la iniciativa lista, y al final solo se podrían beneficiar las franjas adultas de población, teniendo en cuenta el complicado arranque que tuvo la campaña de vacunación europea. Los jóvenes, grandes víctimas de esta pandemia, volvían a quedar perjudicados con el movimiento para salvar el verano, la temporada que tanto estaban esperando.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

Ambas instituciones ratificaron el documento final en junio, dejando todo listo para que entre en vigor el 1 de julio.

“Nuestra Unión demostró una vez más que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. El Reglamento del Certificado COVID Digital de la UE fue acordado entre nuestras instituciones en el tiempo récord de 62 días. Mientras trabajábamos en el proceso legislativo, también construimos la columna vertebral técnica del sistema, el portal de la UE, que está activo desde el 1 de junio”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de junio cuando la Comisión, la Eurocámara y el Consejo escenificaron la firma del reglamento.

“El Certificado de la UE permitirá nuevamente a los ciudadanos disfrutar del más tangible y apreciado de los derechos de la UE: el derecho a la libre circulación”, añadió la alemana.

Con una campaña de vacunación cogiendo velocidad, la inminente llegada de los fondos de recuperación y la relajación de las restricciones por toda Europa, el certificado representa un símbolo no solo de ese esfuerzo colectivo del que habló Von der Leyen para superar la pandemia, sino también de la vuelta a la normalidad.

Detrás quedaban dificultades y penurias, como los problemas con la estrategia de vacunación, las tensiones con AstraZeneca o las dudas sobre el vigor de la recuperación europea. La llegada de los meses de calor trajo de vuelta el optimismo al continente europeo.

Pero antes de llegar a buen puerto, la Eurocámara y el Consejo tuvieron que negociar contrarreloj para salvar las diferencias en sus posiciones. Los principales escollos fueron el riesgo de discriminación frente a aquellos que no han sido vacunados aún, y la posibilidad de imponer restricciones adicionales incluso teniendo el certificado, tal y como pedían las capitales. Finalmente, los eurodiputados consiguieron 100 millones de euros de fondos europeos para financiar pruebas que permitan obtener el certificado a quienes no han recibido sus dosis. Además, consiguieron arrancar a los Estados miembros que no impongan limitaciones a quienes tengan el documento, como cuarentenas o pruebas PCR, “a menos que sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública”. Como criterio, se usará la información epidemiológica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, se felicitó de que habían conseguido restaurar la libertad de movimientos en el espacio Schengen. “Se anima a los Estados de la UE a abstenerse de imponer más restricciones, a menos que sea estrictamente necesario y proporcionado”, subrayó el pasado junio.

Los detalles. El certificado COVID Digital de la UE, su nombre definitivo tras varios vaivenes, será accesible para todo el mundo y abarcará la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recuperación del covid-19. Estará disponible en todos los idiomas de la UE, tanto en formato digital como papel, será seguro e incluirá un código QR con firma digital.

Puede expedirse y utilizarse en todos los Estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación. Cada gobierno podrá decidir si lo aplica a otros usos en su territorio, como el acceso a actividades de ocio o espectáculos. Todos los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la UE podrán obtenerlo de manera gratuita. La UE negocia además con países terceros para reconocer certificados similares que expidan en base a unos parámetros comunes.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

En el caso de las vacunas, se aceptarán las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los países podrán incluir aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm y Sinovac. Los certificados se expedirán ya desde la primera dosis, aunque deberá figurar en el documento el número de inoculaciones recibidas. La Comisión Europea propuso que aquellos que han recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis (después de haber estado infectados previamente por el covid-19) se consideren totalmente vacunados a efectos de viajes.

Respecto a las pruebas, se aceptarán las PCR y los Estados miembros podrán decidir si reconocen las de detección rápida de antígenos.

El certificado será otorgado por centros emisores como hospitales, centros de pruebas diagnósticas o autoridades sanitarias en los Estados miembros, previa solicitud o automáticamente. Funcionará con un código QR con una firma digital, personalizada para cada centro emisor, para protegerlo contra falsificaciones. Todas ellas se almacenan en bases de datos nacionales.

Para comprobar de manera segura los certificados entre autoridades de los Estados miembros, sin transferir datos personales, la Comisión activó una pasarela el pasado 1 de junio. Esta plataforma tecnológica ha sido uno de los elementos en los que más han tenido que trabajar los expertos, dados los problemas que tuvieron los socios europeos los pasados meses para desarrollar el localizador de pasajeros.

Validez del certificado

La Comisión propuso periodos de validez comunes para las pruebas diagnósticas de 72 horas para las PCR y, para los Estados miembros que los acepten, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Mientras, el período máximo de validez del certificado de recuperación es de 180 días, aunque la Comisión podría adaptar estos principios sobre la base de nuevas pruebas científicas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no fijaron una validez máxima para los certificados de vacunación, ya que dependerá de los datos sobre la duración de la protección de las diferentes vacunas.

Certificate validity

The Commission proposed common validity periods for diagnostic tests of 72 hours for PCR tests and 48 hours for rapid antigen tests. Meanwhile, the maximum period of validity for those recovering from the virus will be 180 days, although the Commission could adapt these principles on the basis of new scientific evidence. However, EU authorities did not set a maximum validity for vaccination certificates, since it will depend on the latest data about the protection provided by the different vaccines.

Europa opina / Europe thinks

Página de la Comisión Europea sobre el certificado covid digital

Ver más

European Commission’s web page on the digital covid certificate:

More info
No discriminación

Una de las principales preocupaciones para algunos Estados miembros, la Eurocámara y asociaciones civiles era el riesgo de que el certificado marginara a quienes no hubieran sido aún vacunados. Por eso la Comisión incluyó la posibilidad de otorgarlo también a quienes pasen una prueba covid o se hayan recuperado de la enfermedad. 

El reglamento también incluye algunas cláusulas para evitar discriminaciones entre los nacionales y otros ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, cuando un Estado miembro decida levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis, deberá extender el mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo, si acepta las pruebas de detección rápida de antígenos, deberá aceptar también los certificados de estas pruebas expedidos por otro Estado miembro.

Nondiscrimination

One of the main concerns for some member states, the European Parliament and civil society organisations was the risk that the certificate would marginalise those who have not yet been vaccinated. That is why the Commission included the possibility of granting the certificate to those who passed a covid test or have recovered from the disease.

The regulation also includes some clauses to avoid discrimination between nationals and other EU citizens. For example, when a member state decides to lift travel restrictions for its own citizens who are holders of a certificate for the first dose, it must extend the same treatment to other EU citizens. At the same time, if a government accepts rapid antigen detection tests, they must also accept the certificates for these tests issued by another Member State.

in English

Europe approves in record time the proposal requested by tourist countries including Greece or Spain to prove vaccination, a covid test or having recovered from the disease.

On January 12, the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, sent a letter to the President of the European Commission and other European leaders urging them to create a European vaccination certificate.

Mitsotakis pointed out that the certificate would represent «a positive incentive» to ensure that people get vaccinated, and pressed the rest of his European colleagues to speed up the work as soon as possible, given the problems that European governments had in previous months to agree on a common locator form for travellers.

“If we rapidly reach a common understanding between Member States on a harmonized vaccination certification form and its uses, we can then push the issue forward in the relevant international fora, thus contributing to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels,»Mitsotakis highlighted in his letter.

«For countries such as Greece, which are dependent on tourism, it’s imperative that this issue is resolved before the summer season,” he added.

Agreement. The proposal was quickly supported by countries dependent on tourism such as Spain, Portugal or Croatia. The rest of the capitals did not oppose it, but they recalled that there were issues that should be cleared first, such as whether those vaccinated can transmit the virus or how long the immunity lasts for those who have passed the covid-19, as pointed out by a senior diplomatic official of the group of the skeptics.

In Brussels, some also wondered whether it would be worth the effort, since it would be difficult to have the certificate in place by June, and in the end only the adult population may benefit from it , taking into account the complicated start of the European vaccination campaign. Young people, great victims of this pandemic, were once again affected by the attempt to save the summer seson they had been waiting for so long.

In spite of the existing doubts, the European Commission presented its proposal in March. Two months later, the negotiators of the Council (which brings together the member states) and the European Parliament reached an agreement on the details of the certificate, which will prove who has been vaccinated, passed the disease or a covid test.

Both institutions ratified the final document in June, ready to enter into force on 1 July.

“Our Union showed again that we work best when we work together. The EU Digital COVID Certificate Regulation was agreed between our institutions in the record time of 62 days. While we worked through the legislative process, we also built the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live since 1 June,” said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on 14 June during the signing ceremony of the regulation with the Commission, the European Parliament and the Council.

”The EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible and cherished of EU rights – the right to free movement,» added von der Leyen.

With a vaccination campaign picking up speed, the imminent arrival of recovery funds and the relaxation of restrictions across Europe, the certificate represents a symbol not only of the collective effort von der Leyen spoke of to overcome the pandemic, but also of the return to normal times.

Slowly, Europe started to leave behind difficulties and hardships, including problems with the vaccination strategy, tensions with AstraZeneca or doubts about the vigor of the European recovery.

The arrival of the summer season brought optimism back to the European soil.

But before reaching a successful conclusion on the covid certificate, the European Parliament and the Council had to negotiate against the clock to bridge the differences in their positions. The main bone of contention was the risk of discrimination against those who have not yet been vaccinated, and the possibility of imposing additional restrictions to those holding the certificate, as requested by the governments.

In the end, MEPs obtained €100 million of EU funds to finance tests for those who have not been vaccinated. In addition, the Parliament succeeded in getting the member states’ commitment not to impose restrictions, such as quarantines or PCR tests, to covid certificate holders, «unless they are necessary and proportionate to safeguard public health.» The decision will be based on the epidemiological information from the European Centre for Disease Prevention and Control.

The European Parliament’s lead negotiator, Spanish MEP Juan Fernando López Aguilar, celebrated that they managed to restore the freedom of movement in the Schengen area. «EU member states are encouraged to refrain from imposing further restrictions, unless they are strictly necessary and proportionate,» he stressed last June.

The details. The EU Digital COVID certificate, the final name after various changes, will be accessible to everyone and will cover vaccination, diagnostic tests and recovery from covid-19. It will be available in all EU languages, both digital and paper, and will be secure, including a QR code with a digital signature.

It can be issued and used in all EU member states to facilitate the freedom of movement. Each government may decide whether they want to apply it to other uses in its territory, such as access to restaurants or concerts.

All EU citizens and third-country nationals who are in the EU or legally reside in the Union will be able to obtain it for free. The EU also is in talks with third countries to recognize similar certificates that they may issue based on similar parameters.

The certificate will only contain essential information, such as name, date of birth, issuer of the certificate and its unique code.

In the case of vaccination, the certificate will inform about the type of vaccine and its manufacturer, the number of doses administered and the date of vaccination. In the case of a diagnostic certificate, the document will detail the type of diagnostic test, the date and time it was made, and the result. If it is a certificate of recovery, it will report the date of the positive diagnostic test result and the period of validity.

The vaccines accepted are those approved by the European Medicines Agency, but countries will be able to accept also those that have been approved by the World Health Organization, including the Russian Sputnik V and the Chinese Sinopharm and Sinovac.

Certificates will be issued from the first dose, although the number of inoculations received must appear in the document. The European Commission proposed that those who have received a single dose of a two-dose vaccine after being previously infected with COVID-19 be considered fully vaccinated for travel purposes.

Regarding the tests, PCR tests will be accepted and Member States will be able to decide whether to recognise those for rapid antigen detection.

The certificate will be granted by issuing centers such as hospitals, diagnostic testing centers or health authorities in member states, upon request or automatically. It will work with a QR code with a digital signature, unique for each issuing center, to protect it against counterfeiting. All of them will be stored in national databases.

To securely verify certificates between different authorities across the EU without transferring personal data, the Commission activated a gateway on 1 June. This technological platform has been one of the tricky elements of the proposal, in light of the problems that European countries had over the past months to develop the passenger locator form.

Fortaleza colectiva

ALDEA GLOBAL

Fortaleza colectiva

Todos hemos escuchado ya la cifra mágica del 70%: esa que, según la Organización Mundial de la Salud, definiría el número de personas inmunizadas y capaces de frenar la propagación del virus causante del COVID-19; la cifra que significaría empezar a recuperarnos de estragos sanitarios, económicos y sociales; la de volver a juntarnos con familiares y amigos, la de salir… Pero parece que no es tan fácil y, en cualquier caso, que no nos evitaría seguir tomando precauciones durante un tiempo, porque, además, en esto estamos todo el mundo en el más estricto sentido de la expresión.

MELCHOR DEL VALLE

[email protected]

@mechiva

Melchor del Valle

La llamada inmunidad de grupo, colectiva o ‘de rebaño’ —imagen gráfica donde las haya— responde a un concepto bioestadístico y representa el porcentaje de la población (mundial, continental, local… depende de cómo quede definido el universo estadístico) que necesariamente tiene que estar inmunizada para reducir la transmisión de una enfermedad. Primer toque de atención: reducir no es eliminar; pero si se logra que un patógeno no tenga ‘transportistas’, o que sean muy pocos, incluso las personas no inmunizadas —recién nacidos, por ejemplo— no tendrán riesgo grave de contagio porque se habrán cortado la mayoría de las vías de transmisión.

Cómo. Hay dos maneras de alcanzar la deseada inmunidad: dejando que el patógeno circule libremente entre un grupo de personas, de modo que la infección provoque una inmunidad natural, o desarrollando una vacuna que active en el individuo los anticuerpos necesarios para evitar la infección y reducir o eliminar, por tanto, su capacidad de infectar. Algunos dirigentes políticos internacionales pensaron en el primer método, al principio de la actual pandemia, convencidos de que la muerte solo le llega al que le toca y de que saldrían más fuertes los que lo superasen. Afortunadamente, un buen grupo de epidemiólogos y otros especialistas se movilizó a finales del verano de 2020 promoviendo firmas de científicos en el Memorándum de John Snow —exacto: como uno de los protagonistas de Juego de Tronos—, publicado el 14 de octubre de 2020 en la prestigiosa The Lancet. “La evidencia es muy clara: controlar la propagación comunitaria del COVID-19 es la mejor manera de proteger nuestras sociedades y economías hasta que lleguen vacunas y terapias seguras y eficaces en los próximos meses”, fue la conclusión del manifiesto.

Y la historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis… Hablamos de enfermedades antes muy comunes y hoy prácticamente erradicadas. Además, el ejemplo nos viene bien para entrar en otro detalle: el efecto ‘rebaño’ no es igual para todas las enfermedades. La inmunidad colectiva contra el sarampión, según las OMS, necesita que el 95 % de la población esté vacunada; si hablamos de la poliomielitis, ese porcentaje está cerca del 80 %. Estas magnitudes se basan en las tasas de infección promedio de cada patógeno y el maldito SARS-CoV-2, con los datos de finales de 2020, dio muestras de que con un 70% de la población total inmunizada, su transmisión se reduciría en gran medida. Pero, cabe insistir, la OMS se basó en datos de finales de 2020, que quizás estén ahora revisando, y hay quienes no están de acuerdo y hacen sus propios cálculos, como Ali Mokdad, profesor de Salud Global en el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de University of Washington, a quien el citado porcentaje le parece una cifra un tanto optimista.

Vacunas. Por decirlo de una forma sencilla, hasta ahora las vacunas se basaban en dosis controladas de los propios patógenos, una vez parcialmente desactivados, que enseñaban a nuestros organismos a generar anticuerpos capaces de combatir la infección, si se producía. Así siguen funcionando, por ejemplo, las vacunas de la gripe que anualmente nos ponemos. El problema de este tipo de inmunización es que obtener, por cultivo, suficientes agentes infectantes, desactivarlos y conservarlos envasados, lleva un tiempo que, en situación de pandemia, no nos podemos permitir. Afortunadamente, unos estudios de la bioquímica húngara Katalin Karikó, permitieron trabajar con el ácido ribonucleico mensajero, ARNm, que es la base de las vacunas más utilizadas desde los primeros momentos.

La idea es brillante: si un virus usa una proteína concreta para, a modo de llave, entrar en las células del ser humano, cambiemos la cerradura. La vacuna de ARNm enseña a las células a reconocer esa proteína, no el virus, de modo que cuando este intenta utilizarla se encuentra con que nuestras defensas han aprendido a no abrirle la puerta. Y, si no abre, no puede infectar. Porque, recordemos, un virus no es un ser vivo, sino una simple —pero contundente— secuencia de ADN, que utiliza a su ‘hermano pequeño’, el ARNm, para decir cómo se unirán los aminoácidos de una determinada proteína y define la síntesis de esta para que se produzcan copias idénticas.

Grupo. Volviendo a la inmunización, y aliviados porque las vacunas se están produciendo a un ritmo impensable hace unos años (precisamente porque jugamos con procesos sintéticos y no estamos sometidos a los tiempos que implica el cultivo biológico), supongamos que damos por bueno el citado 70% de la población, como límite por encima del cual podemos considerarnos todos protegidos. La siguiente pregunta es cuándo puede suceder eso. Obviamente, depende de los ritmos de vacunación que, a su vez, están condicionados por factores de producción de los laboratorios, de la llegada de nuevos sueros al mercado, de la capacidad de los Estados para vacunar a sus ciudadanos, de la economía de cada región, de la organización social y hasta de la distribución demográfica.

Se puede tildar de buena idea, aunque un poco estresante, la verdad, la iniciativa de la web https://timetoherd.com/, que va incorporando a diario los datos de vacunación por países: compara su población con la cantidad de dosis que se inyectan y da una bien visible cifra de días que le restan a ese país para lograr el 70% de habitantes inmunizados. Estas cifras varían cotidianamente, claro; pero para dar una idea de la situación internacional —datos de mediados de abril de 2021—, el país al que menos días le quedan para alcanzar la inmunidad de grupo es las Islas Caimán (43 días) y al que más, salvando los casos de Bielorrusia y Egipto, de los que no hay datos, Sri Lanka (271.550 días). El país europeo que más adelantado va es Hungría (77 días) y el que menos, Croacia (513 días). Para España, el cálculo es que nos faltarían 187 días (6,23 meses) al ritmo actual para alcanzar la inmunidad de grupo.

Precauciones. De nuevo, mirar al conjunto de la población mundial es plantearse la necesidad de seguir manteniendo el pulso con el virus. Porque en un territorio concreto, pongamos España para no ir más lejos, podremos haber conseguido la inmunidad en poco más de seis meses, pero, si nada cambia, a nuestros vecinos de Portugal les quedarán aún algo más de tres meses y medio, dos y medio a Francia y, agárrese, más de dos años a Marruecos. Esto no significa mucho, puesto que la mayor movilidad, ya sabe, se da por vía aérea; pero es una reflexión: ¿nos sirve de algo alcanzar el 70% de inmunidad si hay un 30 % de nuestros compatriotas vulnerables y a expensas de lo que nos llegue de otros países que están lejos de lograrla?

La respuesta es sí: sí sirve, dicen los epidemiólogos. Pero sin bajar la guardia, añaden; manteniendo las precauciones entre locales y con los visitantes, siendo conscientes, si salimos de nuestras fronteras, de que podemos traer con nosotros el virus y, lo que es peor, nuevas mutaciones cuya capacidad de infección puede verse amplificada, como en el caso de las detectadas en Reino Unido, Brasil o Sudáfrica. Mutaciones que, si pasa como con el virus de la gripe (responsable de 650 000 muertes al año en el mundo, según la OMS), puede que requieran una nueva vacuna que nos enseñe a defendernos, salvo que los formatos de vacunación con ARNm sean capaces, y es una posibilidad, de controlar cualquier cambio en el ADN vírico.

La conclusión es que, si hablamos de pandemia, lo que implica problema mundial, debemos pensar también en soluciones mundiales; aunque sea por propio interés. No nos queda otra.

Katalin Karikó: inteligencia, tesón y convicción

La bioquímica húngara Katalin Karikó está considerada la ‘madre’ de las vacunas contra el SARS-CoV-19. Emigró a Pensilvania, EE. UU, en los años ochenta del pasado siglo, ya con una idea en la cabeza: la terapia genética basada en el ácido ribonucleico mensajero, ARNm. A pesar de muchos contratiempos, dificultades y hasta desprestigio científico por sus teorías, sus trabajos son la base para lograr, mediante la vacunación, células inmunes. “Esto es algo increíble porque significa que todo el trabajo que estuve realizando años enteros, durante la década de los noventa, y convencer a la gente de que tal vez el ARNm sería bueno, valió la pena”, dijo Karikó. Ya hay voces que avalan su candidatura al Nobel.

La historia está ahí para demostrar que la solución para esa deseada inmunidad colectiva es la vacunación: pensemos en sarampión, paperas, poliomielitis…

Por si las dudas

Time to Herd (Tiempo para ‘manada’). @dbunks, @ChrisBit, @ciruz

Ver más

Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. The Lancet (octubre de 2020).2020).

Ver más

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Organización Mundial de la Salud.

 

Ver más
Cuánto protegen las vacunas

Más allá de las cifras que marcan la inmunización de grupo, están esas otras que indican la actividad de las diferentes vacunas. Además: ¿es lo mismo cuando hablan de eficacia y efectividad? Sí y no, porque ciertamente ambos aspectos miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas. Sin embargo, de eficacia hablamos cuando medimos resultados en laboratorios y de efectividad cuando lo hacemos en el mundo real. Pero vamos a los porcentajes: cuando los científicos dicen que la eficacia (todavía es muy pronto para hablar de efectividad) es, por ejemplo, del 90 %, esto significa que por cada 100 personas que se vacunen solo 10 tienen el riesgo de infectarse (y seguramente con una mayor virulencia, cabe añadir). Por tanto, una persona vacunada está protegida al 100 % o no está —del todo— protegida, si su organismo no ha reaccionado adecuadamente.

Los notarios, al lado de los ciudadanos durante la pandemia

EN ESTE PAÍS

LOS NOTARIOS, al lado de los ciudadanos durante la pandemia

Desde que se declaró el Estado de Alarma, en marzo de 2020, los notarios han estado al lado de los ciudadanos. Durante el confinamiento, la labor notarial fue declarada servicio esencial, por lo que todas las notarías permanecieron abiertas para atender casos de urgencia, con el objetivo de evitar la paralización de muchos asuntos de gran importancia económica y social para el país. Cerca de 3 millones de personas acudieron, durante estos primeros meses de confinamiento, a las notarías.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

[email protected]

fatimadorca

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ, presidente del Consejo General del Notariado

  “Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros”

MARÍA TERESA BAREA, portavoz del Consejo General del Notariado: 

“Los notarios estuvimos al lado de las personas más vulnerables durante la pandemia”

“Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros”, señala el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz. “En este sentido, el Gobierno actuó de forma rápida y segura para que pudiéramos atender las necesidades de urgencia, tanto personales como económicas, de ciudadanos y empresas. La relación con el Ministerio de Justicia fue muy buena, con una excelente coordinación con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que dependemos los notarios”, explica el presidente.

Con la desescalada, la actuación notarial, progresivamente, ha ido y sigue expandiéndose a todos los ámbitos en los que habitualmente se produce. Desde junio hasta el mes de diciembre de 2020, fueron casi 14 millones de personas las que pasaron por las notarías españolas, algunas mayores y vulnerables. En consonancia con lo ocurrido en general, en 2020, el número total de instrumentos autorizados por los notarios sufrió una caída de un 6,1% frente a los datos de 2019.

“La pandemia que ha puesto nuestra vida del revés y, sin duda, ha tenido reflejo en el movimiento de los despachos notariales, ha afectado a nuestra forma de trabajar en el día a día, al tipo de asuntos y de operaciones que llegan a nuestras manos y a las inquietudes, a los miedos, a las incertidumbres que los ciudadanos al conversar con nosotros nos trasladan”, explica María Teresa Barea, notaria y portavoz del CGN.

Las estadísticas notariales muestran el gran cambio económico y social que ha provocado la pandemia del coronavirus. Según la portavoz del CGN: “Si analizamos las estadísticas de 2020, nos damos cuenta de que los datos confirman una situación de crisis económica que ha llevado, entre otros, a incrementar los actos notariales dirigidos a mejorar la solvencia de los ciudadanos y las empresas”.

Así, por primera vez desde el inicio de las series estadísticas del Notariado en 2007 se observan importantes incrementos en la novación de préstamos (298%), las subrogaciones hipotecarias (13%) y las ampliaciones de hipotecas (12%). Por otro lado, han descendido las compraventas de vivienda, en un 15,2%; los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda un 9,5%; y la constitución de nuevas sociedades un 15,4%.

Cabe señalar que durante el último año se han registrado subidas en actos vinculados con el impacto de la pandemia, como el nombramiento de albaceas (27,3%) y tutores (16,9%), y la extinción de usufructos por fallecimiento (3,7%), probablemente a causa del exceso de mortalidad, así como de las mediaciones (25,5%), como alternativa a la saturada vía judicial.

En este sentido, según la portavoz del CGN: “Han sido meses de mucha consulta telefónica; nos han llamado muchas personas mayores que no podían o no debían salir de casa y nos trasladaban sus medios, si tenían o no hecho testamento, si necesitaban dar un poder a un familiar para que les hiciera gestiones de la vida cotidiana, y ahí hemos estado los notarios, al lado de las personas más vulnerables acudiendo a sus domicilios si era necesario”. 

Más datos. El efecto de la primera ola en el mercado fue inédito ya que el número de compraventas efectuadas llegó a registrar desplomes que rozaron el 70% interanual en abril de 2020 (sin diferencias por tipo de vivienda entre pisos y viviendas unifamiliares). Las compraventas crecieron en el segundo semestre de 2020, aunque la diferencia entre pisos y viviendas unifamiliares fue visible y persistente: mientras los primeros cayeron un 3,5% interanual acumulado, las segundas subieron un 22,8%.

En los últimos años el 80% de las compraventas de viviendas eran de pisos y el restante 20% de viviendas unifamiliares. Este último porcentaje repuntó al 25% con la llegada de la crisis por el coronavirus. La normalización del teletrabajo y el cambio de preferencias hacia las ventajas de la vivienda unifamiliar podrían ser las principales causas de este repunte.

Por comunidades sólo creció la compraventa de vivienda en Asturias. Las caídas más suaves se registraron en las provincias de interior con menor concentración demográfica y en la cornisa cantábrica. Las mayores caídas se concentraron en las autonomías con mayores operaciones (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), y sobre todo en los archipiélagos, donde las compraventas de extranjeros se desplomaron. En concreto, las compraventas de no residentes descendieron un 30% en el segundo semestre de 2020, el doble que el total del mercado.

La caída de la compraventa de viviendas en 2020 fue acentuada, pero no inédita: el número de operaciones fue un 15,2% menos que en 2019, una contracción de menor intensidad a las de los ejercicios de 2008, 2009, 2011 y 2013.

2020 registra las mayores caídas anuales desde 2007: aceptaciones (-11,4%) y renuncias (-6,5%) a herencias. Dado que legalmente disponemos de 30 años para aceptar o renunciar a una herencia, todo parece indicar que estos actos se están posponiendo. También se redujo el número de testamentos, en concreto un 4%.

En 2020 se formalizaron ante notario más divorcios que matrimonios (algo que no ocurría desde 2016). El número de divorcios prácticamente se mantuvo, mientras que el de matrimonios se derrumbó. Así, los matrimonios ante notario descendieron un 42%, mientras que los divorcios notariales cayeron un 2%. También descendieron las capitulaciones matrimoniales un 32,4% con respecto a 2019, en consonancia con las caídas de los matrimonios.

Principales servicios prestados durante el confinamiento

Durante el confinamiento, se declaró la labor notarial como servicio esencial y los notarios tuvieron que ceñir su trabajo a una serie de actuaciones urgentes muy concretas que atañían, fundamentalmente, a la circulación del crédito, a la financiación y a necesidades de carácter personal, como los testamentos o las donaciones.

En primavera los documentos estrella fueron los préstamos ICO, préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial que numerosos empresarios y autónomos han necesitado. Al hilo de autorizar ese tipo de instrumentos, la realidad de la calle llegó de manera muy directa a las notarías. Fueron momentos en los que ciudadanos, empresarios y autónomos compartieron con los notarios su incertidumbre, porque no sabían cuándo iban a poder volver a abrir su negocio, porque tenían que seguir haciendo frente a muchos gastos fijos. Con la desescalada, la actuación notarial, progresivamente, se ha ido expandiendo a todos los ámbitos en los que habitualmente se produce.

Para saber más

Con motivo del cumplimiento de un año del primer confinamiento domiciliario en España, el Consejo General del Notariado ha realizado una rueda de prensa en la que ha ofrecido datos sobre los efectos de la pandemia desde la experiencia de lo que se vive y se percibe en la actividad de las notarías.

Más información

La notaria Itziar Ramos Medina explicaba en su post de Notariosenred.com, publicado en abril de 2020, cómo se ejercía la función notarial en su notaría en tiempos de pandemia.

Más información
El camino a la digitalización

El Notariado dispone desde hace 16 años de la sede electrónica notarial, lo que le permite prestar su función pública en un espacio privado y seguro. En primavera, a raíz del inicio de la pandemia, propuso al Gobierno que permitiría a los notarios la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y particulares en dicha sede y a través de videoconferencia. Las medidas propuestas permitirían a empresas y ciudadanos relacionarse con los notarios sin que fuera necesario su desplazamiento físico. Además, sería posible la obtención de copias simples gratuitas de las escrituras públicas de las hipotecas y de las compraventas. Los notarios estarían también en disposición de autorizar por videoconferencia otros documentos, como testamentos en caso de epidemia, poderes especiales, revocaciones de poderes (lo que impediría su utilización fraudulenta), y actos societarios.

Protegerse y proteger: objetivo de notarios y empleados

Durante la pandemia los notarios han sido juristas al servicio de las personas, al lado de los ciudadanos. Las notarías de España se mantuvieron abiertas durante toda la pandemia y, para ello, se tuvieron que adoptar una serie de medidas de higiene y de seguridad, las que se tuvieron al alcance en cada momento, para protegerse y proteger a los ciudadanos. Además, durante los meses de confinamiento se instauró de manera obligatoria la cita previa para evitar aglomeraciones.

Los notarios durante la pandemia

Desde que se declaró el Estado de Alarma, en marzo de 2020, los notarios han estado al lado de los ciudadanos. Durante el confinamiento, la labor notarial fue declarada servicio esencial, por lo que todas las notarías permanecieron abiertas para atender casos de urgencia, con el objetivo de evitar la paralización de muchos asuntos de gran importancia económica y social para el país. Cerca de 3 millones de personas acudieron, durante estos primeros meses de confinamiento, a los despachos notariales.

Actualmente y tras la desescalada, la actuación notarial ha ido y sigue expandiéndose a todos los ámbitos en los que habitualmente se produce. Cabe señalar que, desde junio hasta el mes de diciembre de 2020, fueron casi 14 millones de personas las que pasaron por las notarías españolas.

“Han sido momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros”, ha señalado el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz (en la foto).

Para hacer un repaso de este año, de cómo se ha vivido la pandemia, y de cómo se ha reflejado en la actividad notarial, compartiremos un reportaje en el próximo número de Escritura Pública, correspondiente a los meses de marzo y abril, en el que se ofrecerán los datos extraídos de las estadísticas notariales.

«Un grave problema de salud pública», por José Ramón Lozano Petit

CONSUMO

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT

Secretario General de la Federación UNAE

@_UNAE_

Un grave problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva mucho tiempo advirtiendo que el sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, ya que constituyen un importante factor de riesgo para llegar a ser un adulto con obesidad y padecer diabetes, colesterol elevado, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas. Además, el exceso de peso repercute negativamente sobre el aparato locomotor, reduciendo la tolerancia al ejercicio físico y causando problemas respiratorios. Como dato significativo hay que recordar que cada año mueren casi tres  millones de personas en el mundo por obesidad. Pero el sobrepeso también suele afectar negativamente al desarrollo emocional y social de los niños y adolescentes, causando sentimientos de inferioridad, rechazo y baja autoestima, con tendencia al aislamiento y comportamientos depresivos e incluso puede provocar trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia.

Aunque pueden influir factores genéticos, el cambio de los hábitos de alimentación y la disminución de la actividad física son las causas principales de este problema. El aumento del consumo de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasos nutrientes, vitaminas y minerales, y la naturaleza sedentaria de muchas actividades de ocio influyen notablemente en el aumento del sobrepeso desde edades tempranas. Por todo ello, la detección precoz del sobrepeso y su prevención durante la infancia son fundamentales para contribuir al mantenimiento del peso correcto desde la niñez y durante la vida adulta.

Nuestro país no es ajeno a este problema, pues el sobrepeso y la obesidad han crecido de forma sostenida en las cuatro últimas décadas. Ya en 2003 uno de cada cuatro niños y niñas y dos de cada cuatro adultos españoles padecían exceso de  peso. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad impulsó en 2005 la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) para  sensibilizar y concienciar sobre el problema de la obesidad y fomentar la alimentación saludable y la práctica de actividad física.

En nuestro país el reciente Estudio Aladino 2019, sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del Ministerio de Consumo, destaca que la prevalencia de sobrepeso y obesidad sigue siendo alta, ya que aproximadamente cuatro de cada diez escolares de 6 a 9 años presenta exceso de peso, concretamente el 23,3% sufre sobrepeso y el 17,3% obesidad. No obstante este porcentaje ha descendido ligeramente desde 2011 cuando se realizó el primer Informe Aladino, pero con tendencia a la estabilización.

El problema del sobrepeso en menores aumenta en familias con rentas bajas, que tienen un menor consumo diario de fruta y verduras y mayor ingesta de productos procesados. También influyen de forma negativa el sedentarismo y el escaso gasto energético. Además es preocupante que muchas veces los padres perciban erróneamente el exceso de peso de sus hijos como normal e incluso saludable.

Por eso el mejor tratamiento de la obesidad infantil es la prevención desde los primeros años de vida, estableciendo hábitos saludables mediante una alimentación equilibrada y el desarrollo de actividad física. Para ello los padres deben tener información adecuada sobre el valor nutricional y energético de los alimentos, para diseñar una dieta equilibrada que incluya todo tipo de alimentos. En una dieta adecuada para una persona sana la mitad de la ingesta debe ser de origen vegetal, y hasta un 90% de alimentos poco procesados, incluidos carne y pescado. Es conveniente aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, disminuir la ingesta total de grasas, sustituyendo las saturadas por las insaturadas, y reducir el consumo de azúcares. De hecho el azúcar está presente de forma natural en muchos productos, desde la fruta hasta los lácteos, pero también se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados, desde el pan hasta los precocinados, de forma que muchas veces se consume una cantidad  excesiva sin ser conscientes de ello.

Por tanto, la prevención de la obesidad infantil exige una respuesta coordinada de todos los agentes implicados, no sólo la industria alimentaria y el sector publicitario, sino también las autoridades sanitarias, padres y educadores, entre otros, impulsando políticas para promover hábitos saludables tanto en el entorno familiar como escolar. Por estos motivos, el Ministerio de Consumo ha elaborado un plan integral para fomentar la alimentación saludable centrado en cuatro ámbitos: etiquetado, fiscalidad, publicidad y formación e información de los consumidores.

La primera medida es el desarrollo del sistema de etiquetado frontal Nutriscore, que probablemente entrará en vigor en nuestro país en 2021. En segundo lugar figura la propuesta de reforzar el Código PAOS, el sistema de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, que se inscribe en el marco de la Estrategia NAOS, y cuya reforma es una demanda tradicional de las asociaciones de consumidores y usuarios. Entre otras medidas, se elevará la edad de protección de este colectivo desde los 12 a los 15 años y prohibirá la publicidad de los productos alimentarios de baja calidad nutricional. Además, desde hace unos años se está desarrollando un plan de reformulación de algunos alimentos para recudir sus niveles de sal, grasa y azúcar. Otra medida que proponen los expertos es retirar los productos menos saludables de las máquinas dispensadoras, sobre todo en centros escolares y sanitarios.

"Asegurar el futuro, cuestión de salud"

«La farmacia comunitaria, un activo frente al Covid-19», por Jesús Aguilar Santamaría

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA

Presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos

@Farmaceuticos

Instagram: farmaceuticos_

La farmacia comunitaria, un activo frente al Covid-19

Este 2020 que estamos a punto de despedir nos ha cambiado a todos, personal y profesionalmente. Un año que ha marcado nuestras vidas con la irrupción de una pandemia que nos ha sumido en una verdadera crisis de salud pública. Los farmacéuticos, como el resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, hemos dado lo mejor de nosotros mismos ofreciendo propuestas para garantizar en todo momento el acceso al medicamento y contribuir a la necesaria prevención del contagio si queremos de verdad frenar este virus.

Lo hicimos desde el primer minuto, antes incluso de proclamarse el estado de alarma, sensibles a que era necesario adelantarse y trabajar en posibles soluciones ante un previsible escenario que podría poner en jaque al sistema sanitario. Así, el 13 de marzo trasladamos a las autoridades sanitarias una batería de medidas dirigidas a proteger a ciudadanos y profesionales de posibles contagios y garantizar siempre el acceso al medicamento. Propuestas en las que siempre ha primado el interés general y la salud de los pacientes.

Entre otros, elaboramos y ofrecimos a las administraciones protocolos para la dispensación de medicamentos a pacientes vulnerables en sus hogares del que se beneficiaron solo en el primer mes de confinamiento más de 850.000 personas; y junto a los Servicios de Farmacia Hospitalaria trabajamos en la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario a más de 29.000 pacientes de riesgo. Además, se ha garantizado la disponibilidad de los medicamentos gracias a la información de nuestro Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) y a la colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el resto del sector.

El liderazgo español en receta electrónica -ejemplo de colaboración de la Organización Farmacéutica Colegial con las administraciones sanitarias-, nos dotó de las bases para poder renovar con agilidad los tratamientos a los pacientes crónicos, facilitando así su dispensación en las farmacias sin necesidad de acudir al centro de salud. Todas estas iniciativas han permitido reducir contagios y favorecer la adherencia a los tratamientos, pero además han permitido reducir la presión asistencial sobre los hospitales y centros de salud, gracias a la labor de las 22.102 farmacias que han permanecido siempre abiertas.

Los farmacéuticos seguiremos ofreciendo soluciones y cumpliendo fielmente con nuestro compromiso como profesionales sanitarios con los pacientes y el Sistema Nacional de Salud. Un compromiso que no siempre es reconocido por las autoridades, pero sí por los ciudadanos. Así se ha recogido en un estudio que ha valorado nuestra labor en la pandemia y refleja que más del 90% de los españoles destacan el servicio público prestado por las farmacias, que la confianza de la sociedad hacia los farmacéuticos es casi unánime (98%), como también lo es el apoyo a la atención domiciliaria (96,2%).

Desgraciadamente la situación se recrudece, motivo por el que hemos continuado ofreciendo alternativas para que la red de farmacias y sus 54.000 farmacéuticos puedan sumar su capacidad para dar más alcance a la consecución de los objetivos en salud que plantean las administraciones sanitarias en la lucha frente al COVID-19. Es necesario dotarnos de una estrategia de Salud Pública ambiciosa y coordinada para combatir de forma eficaz la pandemia, donde la red de farmacias debe ser un agente sanitario activo de primer orden, en colaboración y coordinación con las autoridades sanitarias, con otras profesiones sanitarias y con las organizaciones de pacientes, como ya se está haciendo en otros países.

En este sentido, hay que potenciar la intervención de los farmacéuticos comunitarios en las estrategias y programas para el cribado, prevención y detección precoz de casos, garantizando la equidad y accesibilidad a todos los ciudadanos, con los protocolos que hemos diseñado y ofrecido al Ministerio y las Comunidades Autónomas. Además, en esta situación crítica es esencial la colaboración de los farmacéuticos en labores de rastreo para el control de brotes, con su participación en el registro y notificación de casos, con el entrenamiento y las instrucciones necesarias para ello.

Una vez volvamos a la deseada normalidad es necesario ser precavidos y contar con un plan de contingencia ante posibles pandemias o crisis de salud pública. En este sentido, el pasado 8 de junio tuve la oportunidad de presentar a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados todo lo que puede aportar la profesión farmacéutica para mejorar el futuro del Sistema Nacional de Salud. Porque estoy convencido de que el futuro del Sistema Sanitario no se puede construir sin la Farmacia y sin los farmacéuticos, 74.000 profesionales sanitarios en diferentes ámbitos de actuación como hospitales, salud pública y atención primaria, industria e innovación, distribución, docencia, análisis clínicos y farmacia comunitaria.

Las farmacias y los farmacéuticos seguimos de guardia, combatiendo la pandemia, garantizando el acceso a los medicamentos, protegiendo a los pacientes y colaborando con el resto de profesionales sanitarios. Todo ello sin olvidar las necesidades reales diarias de los pacientes más allá de la pandemia, a las que estamos respondiendo basándonos en los tres pilares sobre los que estamos construyendo la Farmacia del futuro: social, digital y asistencial.

En el ámbito social prestando servicios a los colectivos más vulnerables, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión o con discapacidad. En el ámbito asistencial investigando e implantando servicios que mejoren la salud de los pacientes y contribuyan a la sostenibilidad del sistema, como los desarrollados en torno al seguimiento farmacoterapéutico o la adherencia a los tratamientos. Por último, poniendo el acento en la transformación digital mediante el desarrollo de herramientas para profesionales y pacientes que permitan hacer un mejor uso de los medicamentos o combatir los fármacos falsificados.