PRIMER PLANO
DIÁLOGOS PARA LA SEGURIDAD
ESCRITURA PÚBLICA estrena sus "Diálogos para la seguridad"
A mediados de mayo tuvo lugar el primer encuentro de Diálogos para la seguridad. Con esta iniciativa, desde la revista Escritura Pública y el Consejo General del Notariado se pretende profundizar en temas de actualidad que generan debate social, haciendo hincapié en la importancia de su seguridad jurídica. Las sesiones de este foro tendrán carácter periódico y serán retransmitidas desde la plataforma Teams, permitiendo la intervención de los asistentes inscritos vía chat.
La prevención del blanqueo de capitales y la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra esta lacra fue el tema elegido para este primer debate. El diálogo estuvo moderado por el periodista José Ramón Patterson y contó con la participación de Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado; y Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol.
«Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula, que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países”, explicó de la Rubia.
«Lamentablemente -prosiguió el enlace español en Interpol- la policía va más lenta que los criminales, que se adaptan rápidamente a los nuevos escenarios. Funcionan como empresas, perfectamente estructuradas con diferentes departamentos de investigación, desarrollo de malware, distribución, financiación, etc.”
«Los criminales son muy profesionales. Tienen gente que está muy al día al frente de sus áreas jurídicas y económicas», señaló Pedro Galindo. “Desde la UE se está trabajando bien, pero la normativa va por detrás del que quiere delinquir. Por eso, es muy importante intercambiar información y dialogar entre los diferentes agentes que combatimos esta lacra. Las legislaciones deben armonizarse para que el blanqueo de capitales deje de ser atractivo, como ocurre en algunos paraísos fiscales”, explicó.
Colaboración notarial. Pedro Galindo detalló el proceso de colaboración de los notarios con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de delitos económicos: «Es una participación preventiva. Los notarios participan como sujetos obligados por diligencia debida. Deben intentar conocer el origen del patrimonio y comprobar que la operación no es extraña. Para ello cumplen con una serie de indicadores de riesgo que permiten detectar transacciones sospechosas. Muchas operaciones son impecables desde el punto de vista jurídico, y más cuando la organización es sofisticada, por lo que hay que buscar cuestiones objetivas y subjetivas inusuales, como un pago en efectivo elevado o la constitución de numerosas sociedades en cortos períodos de tiempo. Un aspecto que nos preocupa mucho es el de las operaciones de financiación del terrorismo; para ello también hemos incluido indicadores de sospecha».
Noé De la Rubia destacó el valor de la colaboración notarial «que ofrece de una forma inmediata y ordena un gran volumen de información patrimonial muy valiosa para nuestras investigaciones”. Los notarios te facilitan todo perfectamente organizado, cuando estás acostumbrado a lo contrario: que la información se retrase, sea incompleta o tenga errores. Debemos valorar la excelente base de datos de los notarios. He de decir que es la envidia de otros países y que tendría que estar accesible a más investigadores. No hay otro ejemplo en el mundo”.
Capaces de decidir
Capaces de decidir: reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad fue el tema elegido para la segunda edición del foro Diálogos para la Seguridad, organizado a finales de junio. Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), participaron en este diálogo, que fue moderado por el periodista José Ramón Patterson.
La reciente aprobación de la ley de apoyo a las personas con discapacidad fue el punto de partida de este diálogo. El próximo 3 de septiembre entrará en vigor la nueva normativa, que afectará a dos millones y medio de personas en situación de incapacitación judicial.
Sobre este asunto, el representante del CERMI señaló “las carencias de la Administración de Justicia y su infradotación. Existe miedo a que la aplicación práctica de la reforma esté abocada al fracaso, por lo que hacemos una apelación a la Administración de Justicia y a las comunidades autónomas para que realicen dotaciones en personal y tecnología con el fin de que la implantación legislativa sea real y no se encuentre ante un ‘cuello de botella’. En definitiva: que los poderes públicos acompañen a esta ley con la necesaria dotación de recursos materiales y humanos».
Por su parte, Almudena Castro-Girona coincidió en señalar que «a partir de septiembre queda proscrita cualquier prohibición de derechos contenida en una sentencia. Se revisarán todas las anteriores en el plazo de tres años, lo que supondrá un trabajo muy duro para jueces y fiscales. Dicha revisión podrá ser solicitada por la propia persona o sus familiares; aunque también puede demandarla de oficio el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial».
«Es una reforma acertada realizada en la buena dirección -resaltó Luis Cayo Pérez-. Durante siglos nos hemos encontrado con el axioma: todo para las personas con discapacidad, pero sin ellas’. Podemos decir que se ha revertido la situación y las personas con discapacidad van a dejar de estar en una posición secundaria; ahora adoptarán una posición de promoción donde ellas mismas configurarán su vida».
Castro-Girona, por su parte, hacía hincapié en que la ley «elimina la mayor barrera para la discapacidad: el sello estigmatizador de la incapacitación». Sobre las nuevas competencias notariales recogidas a la hora de configurar el sistema de apoyos, la directora de la Fundación Aequitas señaló que «el legislador ha optado por un doble sistema. No todo el mundo tendrá que estar abocado al ámbito judicial, ahora se diversifica para poder acudir de manera extrajudicial al notario. Para nosotros no es algo ajeno a nuestra función. Supondrá un reto dar forma jurídica a los anhelos de las personas con discapacidad».
Para el representante del CERMI, el nuevo horizonte pone fin a una situación en la que «muchas vidas silenciadas, con daños cerebrales o autismo -por ejemplo-, sufrían una especie de subsidariedad, una situación de pasividad sujeta a intermediarios. Una suerte de muerte civil que toleraba prácticas inaceptables e infames para una sociedad avanzada como la española, como la prohibición del derecho de voto o la esterilización forzosa».
Cayo definió la llegada del 3 de septiembre como la culminación de una «revolución silenciosa, amable, de ‘terciopelo’… que no es destructiva ni pretende derribar lo anterior. Ahora, la persona es la que decide y hay que respetarlo».
Para concluir, la directora de la Fundación Aequitas manifestó que «hará falta un cambio de mentalidad en toda la sociedad y la Administración. Por fin, el colectivo de la discapacidad podrá ejercitar la capacidad jurídica en condiciones de igualdad».
