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Europa se protege de futuras crisis sanitarias

ÁMBITO EUROPEO

Europa se protege de futuras crisis sanitarias

De la pandemia de coronavirus, Europa ha sacado varias lecciones y una de ellas está a punto de materializarse. Ya a principios de esta crisis la Unión se dio cuenta que le faltaban mecanismos, competencias al fin y al cabo, para afrontar una emergencia sanitaria de tales dimensiones.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

@juliamanresa

Las autoridades comunitarias no contaban con ningún organismo comparable a la Autoridad de Investigación de Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de Estados Unidos, así que Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y doctora de formación, prometió la creación de una agencia biomédica europea. La propuesta formal de Bruselas llegó en septiembre de 2021 y está previsto que esté en pleno funcionamiento en 2022.

Lecciones de la crisis. «Todavía no estamos fuera de peligro. Este año ha sido increíblemente duro. Aunque al mismo tiempo ha sido muy esclarecedor e increíblemente productivo», decía Von der Leyen el pasado 24 de octubre en la Cumbre Mundial de la Salud, donde defendió soluciones globales frente a las únicamente nacionales. «Hemos entendido que la preparación conjunta lo es todo en una crisis sanitaria mundial. La Unión Europea extrajo sus lecciones y actuó», reivindicó la presidenta de la Comisión para referirse a la creación de HERA, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias.

HERA funcionará como un servicio interno de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, y en coordinación con otras agencias sanitarias europeas como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) o la Agencia Europea de Medicamento (EMA), que han sido a su vez reforzadas también durante la pandemia. Su función principal será la de anticiparse, la de ser la “torre de vigilancia para salvaguardar la salud pública” en palabras de Von der Leyen. “La crisis estimuló a las autoridades públicas europeas, nacionales y locales a tomar medidas sin precedentes para reaccionar, tanto en el ámbito sanitario como en otros. Sin embargo, las medidas se tomaron a menudo ad hoc, reactivamente sin un sistema de anticipación global”, reconoce la Comisión en el comunicado de la creación de HERA.

Así, este organismo deberá identificar las amenazas a tiempo y garantizar que Europa cuenta todas las herramientas para reaccionar. Por herramientas entendemos no solo medicamentos, tests y antibióticos sino también equipamiento de protección personal. En el ámbito estrictamente sanitario, tomará también otras medidas como el apoyo a desarrollo de diagnósticos de última generación y dispositivos médicos de alta gama como ventiladores. También trabajará en ensayos clínicos paneuropeos, por ejemplo.

Independencia industrial. Pero hay un aspecto también muy importante de HERA que refleja una de las lecciones más valiosas que la UE ha sacado de la pandemia. Si rebobinamos hasta el inicio de esta crisis, Europa se dio cuenta que no tenía, y sobre todo no producía, la mayoría de los productos básicos que necesitaba para afrontarla. Escasearon mascarillas y ventiladores y la Unión dependía tanto de China que incluso algunos socios rompieron temporalmente el preciado mercado interior y bloquearon su venta a países de la misma Unión. Son especialmente elocuentes las declaraciones del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en una entrevista en La Vanguardia cuando lamentó que “Europa no produce ni un gramo de paracetamol, no hay stocks de emergencia para crisis sanitarias”.

Este es el enfoque más geopolítico en el que también cabe encuadrar la creación de HERA. Entre sus funciones y objetivos está la de mejorar la capacidad de producción industrial de todos estos productos en la Unión, para reducir la dependencia industrial, un enfoque que lleva el sello del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y que encaja en el profundo debate sobre la autonomía estratégica que Francia viene impulsando desde hace años y mucho más allá del ámbito sanitario. “No podemos asegurar la salud de nuestros ciudadanos sin capacidad industrial y unas cadenas de producción europeas que funcionen correctamente”, dijo Breton.

Recursos y financiación. En su primer anuncio, Von der Leyen prometió hasta 50.000 millones de financiación hasta 2027 pero cabe poner en contexto las cifras. Bruselas prevé una financiación de hasta 6.000 millones de euros entre 2022 y 2027, unos fondos que provienen del presupuesto de la Unión, principalmente de programas como EU4Health o rescEU. Está previsto que se destinen otros 24.000 millones de euros de otras partidas presupuestarias a emergencias sanitarias y que de los fondos de recuperación, unos 20.000 millones vayan dirigidos a que los países refuercen su propia preparación nacional. Sumando estas cifras a los 6.000 millones del presupuesto estrictamente previsto para la agencia, nos acercamos a los 50.000 millones anunciados por Von der Leyen.

Sobre el papel el mandato y los objetivos de esta agencia son ambiciosos aunque en la práctica tendrá unas competencias siempre limitadas por las de los Estados miembros, verdaderos soberanos a la hora de actuar en materia de Salud. Lo vimos por ejemplo con el cierre de fronteras al inicio de la pandemia, cuando a pesar de las recomendaciones de Bruselas, la mayoría de gobiernos europeos blindaron sus puertas y, se fragmentó el espacio Schengen. Pero como ya es intrínseco en la UE, la dimensión de HERA o de la Unión Europea de la Salud tendrá mucho que ver con el impacto de la siguiente emergencia sanitaria.

Un nuevo nivel de coordinación

La nueva agencia biomédica utilizará el conocimiento y la inteligencia ya existentes; es decir, que su función será en gran medida la de coordinar las autoridades nacionales de los socios de la Unión y las agencias europeas sanitarias ya en funcionamiento. Es decir, que Bruselas no ha ido más allá de las competencias que tiene en ámbito sanitario, que son mínimas, sino que ha buscado alternativas dentro del marco actual de la Unión para poder actuar de forma rápida. Con HERA, Bruselas confía en llevar la cooperación a un “nuevo nivel” para poder actuar con más rapidez y eficacia ante una eventual crisis.

Europa opina

Centre for European Policy Studies. Aportación del grupo de trabajo de Salud y Farmacia think tank CEPS, patrocinado por la Federación de Industrias Farmacéuticas con recomendaciones para mejorar la resilencia y sostenibilidad del sector después de la pandemia.

Parlamento Europeo. Estudio del servicio de investigación del Parlamento Europeo sobre HERA. Recoge en síntesis los posicionamientos comunitarios, nacionales, regionales y locales sobre HERA.

Libro blanco de EFPIA y Vaccines Europe, dos organizaciones farmacéuticas europeas sobre la nueva agencia biomédica de la UE.

Una Unión Europea de la Salud

Cabe entender la creación de HERA como la parte de un todo más ambicioso, como un pilar fundamental de lo que Bruselas llama la Unión Europea de la Salud y que tiene mucho que ver con la toma de conciencia de la necesidad de una mayor autonomía estratégica europea que la pandemia de coronavirus ha revivido en la Unión. Por ahora, este es un embrión político, un proyecto para construir teniendo en cuenta que la Unión tiene muy pocas competencias en el ámbito sanitario, pero el refuerzo de las agencias existentes y la creación de HERA pueden llegar a ser sus primeros bloques. Incluso la todavía canciller alemana, Angela Merkel, habló de la necesidad de ampliar las competencias sanitarias de la UE el pasado abril en un evento organizado por el Partido Popular Europeo. Pero para ello sería necesario reabrir los tratados, un horizonte extremadamente complejo, que requiere un debate profundo y, sobre todo, unanimidad. Sin embargo, el debate está en parte encima de la mesa.

Fabricación europea de equipamiento

Durante la pandemia, la Unión Europea se dio cuenta de que tenía deficiencias en la producción de medicamentos o equipamiento indispensable para superar la crisis. Se impulsaron licitaciones conjuntas de material como mascarillas o ventiladores entre varios gobiernos y la Comisión se puso en contacto con el sector privado para impulsar la producción, también de vacunas. Por eso, parte del mandato de HERA será establecer nuevas capacidades de producción adaptables y cadenas de suministro seguras. La Comisión Europea prevé que esta nueva agencia también esté en contacto con las empresas privadas para evitar los ahora famosos “cuellos de botella” y creará una red de sedes de producción de instrumentos considerados “críticos” que pueda ser activada rápidamente en caso de emergencia, vacunas incluidas.

Europa envejece

ÁMBITO EUROPEO

Europa envejece

En los últimos 50 años la esperanza de vida de la población europea ha aumentado diez años. Es la primera vez que tantos europeos disfrutan de una vida tan larga. Esta realidad tiene implicaciones sociales y presupuestarias que es preciso planificar, pero también ofrece la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo. La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde sobre el Envejecimiento, que abre el debate político para abordar los desafíos que plantea esta tendencia demográfica.

ELVIRA ARROYO

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El cambio demográfico que está experimentando la Unión Europea (UE) se ha convertido en una cuestión política prioritaria. La mayor esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad han dado lugar a una pirámide de población cada vez más envejecida y a un crecimiento negativo que previsiblemente irá en aumento. Si se mantiene la actual evolución, en 2070 Europa representará menos del 4% de la población mundial, frente al 10% actual.

Aunque esta transformación no afecta del mismo modo a todos los países ni a todas las regiones, los Estados miembros intentan afrontar la repercusión del envejecimiento mejorando los sistemas educativos, fomentando una vida laboral más prolongada e impulsando reformas en los sistemas de protección social y de pensiones. Aun así, la velocidad y la trascendencia de este cambio exigen buscar nuevos enfoques para garantizar una respuesta apropiada en una época de retos importantes, como la transición ecológica y digital, las nuevas formas de trabajo y la amenaza de las pandemias.

Aprender a envejecer. Uno de los primeros pasos de la Comisión Europea ha sido publicar el Libro Verde sobre el Envejecimiento, que ha sido objeto de una consulta pública durante la cual ciudadanos y organizaciones de la UE han realizado sus aportaciones. A partir de aquí, la Comisión presentará diferentes propuestas.

Con un enfoque basado en el ciclo vital, el Libro Verde destaca el impacto del envejecimiento en todas las generaciones y etapas de la vida. Para empezar, recuerda que las bases de un envejecimiento saludable y activo deben establecerse desde una edad temprana, adquiriendo un estilo de vida que incluya una alimentación sana, actividad física y relaciones sociales. Esto ayuda a reducir el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles que van en aumento. Una población sana tiene además un efecto positivo en el mercado laboral, los sistemas de protección social y el crecimiento económico.

A la vez, los hábitos saludables deben ir acompañados de un aprendizaje permanente, que no solo nos permitirá estar preparados para nuevos empleos y seguir activos más tiempo, sino que además puede retrasar la aparición de demencias y evitar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Envejecer bien es en gran medida una responsabilidad personal, pero, para lograrlo, las autoridades políticas deben promover acciones de prevención y proporcionar los medios necesarios para el bienestar personal.

Mayores atenciones. En cualquier caso y a pesar de tener una mayor esperanza de vida saludable, las personas mayores tienen más probabilidades de sufrir enfermedades y de volverse dependientes. Este riesgo crece claramente con la edad porque, mientras que solo el 10,6% de los europeos entre 65 y 74 años son dependientes, este porcentaje se eleva al 35% a partir de los 85 años. Esta situación se puede posponer con los cuidados sanitarios, un estilo de vida adecuado y la creación de entornos accesibles, pero el envejecimiento conducirá a una mayor demanda de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.

Se espera que el número de personas de la UE que puedan necesitar cuidados de larga duración aumente desde los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones en 2050. Como cada vez es más difícil contar con la ayuda de los familiares en estas circunstancias, se calcula que en la próxima década se crearán ocho millones de puestos de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria y social. Esto exigirá más especialistas y dar formación a muchos otros trabajadores para que puedan reciclarse.

También será imprescindible proporcionar asistencia sanitaria a las zonas rurales y periféricas. Todavía hay países europeos que tienen dificultades para dar cobertura en determinadas zonas, conocidas como “desiertos médicos”.

Fuerza laboral. Otro gran desafío para la UE es dejar de perder población en edad laboral, como viene ocurriendo desde hace una década. La sostenibilidad del sistema requiere la entrada de más personas en el mercado laboral, la posibilidad de alargar la vida laboral y mejorar la productividad.

El Libro Verde sobre el Envejecimiento propone aumentar la fuerza laboral facilitando el acceso al empleo de las mujeres (su tasa de empleo en la UE es un 11,7% inferior a la de los hombres y tienden a trabajar a tiempo parcial), de la migración legal y de las personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, es indispensable acabar con la discriminación laboral a partir de cierta edad: solo el 59,1% de los europeos de entre 55 y 64 años estaban empleados en 2019, frente al 73,1% de aquellos con edades comprendidas entre los 20 y 64 años. No deja de ser contradictorio, porque una de las fórmulas para contrarrestar el envejecimiento poblacional y mantener el sistema de pensiones es alargar la vida profesional.

Según la previsión demográfica más reciente de Eurostat, la tasa de dependencia de vejez de la UE-26 solo se mantendría en 2040 al mismo nivel que en 2020 si la vida laboral se amplía hasta los 70 años. En este sentido, la Comisión Europea considera que las jubilaciones anticipadas deberían limitarse a casos objetivamente justificados y que se debe establecer de forma general el derecho a trabajar más allá de la edad de jubilación.

El Libro Verde pone sobre la mesa todos estos asuntos, que empiezan a ser apremiantes. Más allá de las cuestiones económicas y de unos servicios de calidad, sugiere reflexionar sobre cómo interactúan distintas generaciones. Por ejemplo, se empieza a considerar como una opción interesante las cooperativas de viviendas en las que convivan varias generaciones, lo cual puede ofrecer, entre otras ventajas, compañía a los residentes mayores y transferencia de conocimientos a los residentes jóvenes.

Por otro lado, las personas mayores que gozan de buena salud pueden contribuir a generar valor social y económico en nuestras sociedades. Desperdiciar sus capacidades cognitivas no solo va en perjuicio de su salud mental y física, sino que también supone la pérdida de una oportunidad para la comunidad.

El impacto del cambio demográfico

La población europea en edad de trabajar se está reduciendo.
Los sistemas de atención sanitaria tendrán que adaptarse y habrá un mayor gasto público relacionado con la edad.
Los desafíos demográficos variarán de unas zonas a otras. Las regiones que tengan rápidos aumentos de población deberán contar con las infraestructuras y servicios necesarios.
La participación de Europa en la población mundial y el PIB será progresivamente.

Europa opina

Notarios de Europa. Comentarios del Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) sobre el Libro Verde sobre el Envejecimiento (en inglés).

AGE Platform Europe. Libro Verde de la UE sobre el envejecimiento: una oportunidad clave para dar pasos concretos hacia un futuro más inclusivo para todas las edades. Artículo que analiza las debilidades y fortalezas de este proyecto. Firmado por Julia Wadoux, coordinadora de políticas de salud, nuevas tecnologías y accesibilidad de la red europea para mayores AGE.

Alzheimer Europa. 2021: Libro Verde de la UE sobre el envejecimiento. Artículo que recoge la respuesta de esta organización a la consulta sobre el Libro Verde. Identifica los aspectos imprescindibles para que se aborden las necesidades de las personas con demencia.

Un esfuerzo equilibrado

Las soluciones al envejecimiento deben lograr una buena protección social sin imponer una carga excesiva a la población en edad laboral, que representa la principal fuente de financiación para los sistemas sociales. Una solución alternativa sería trasladar parte de la carga fiscal del trabajo a la contaminación, como propone el Pacto Verde Europeo.

En cualquier caso, la sostenibilidad de las finanzas públicas debe supervisarse, sobre todo en los países con una elevada deuda pública. Actualmente, el gasto público relacionado con la edad supera el 25% del PIB de la UE. La previsión es que estos costes aumentarán un 1,1% de aquí a 2070, aunque en once Estados miembros se esperan subidas del 3% o más.

XII Congreso Notarial: El envejecimiento de la sociedad

El 19 y 20 de mayo de 2022 tendrá lugar el XII Congreso Notarial Español, cuyo lema es “El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo”.

Son muchos los foros dedicados a estudiarlo desde diferentes perspectivas (médica, sociológica, económica, asistencial), pero en todas ellas se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Esa necesidad no ha hecho más que agigantarse tras la dura experiencia vivida desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID 19. La realidad ha puesto de manifiesto con tremenda crudeza que hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de la de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia.

El Notariado está en una posición idónea para asumir la responsabilidad de impulsar un congreso como este, que tendrá, además, la ambición añadida de aprender de la reciente experiencia.

Retos del notariado europeo ante la digitalización

EN EL ESCAPARATE

Retos del notariado europeo ante la digitalización

Challenges for european notaries in face to digitalisation

La Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades fue adoptada en junio de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Esta norma fijaba en agosto de 2021 la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, se ha previsto la posibilidad de una prórroga de otros doce meses para esta importante modificación, aunque algunos países como Alemania, la República Checa, Bélgica o Italia han iniciado ya el proceso legislativo.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

[email protected]

JMCarrascosa

in English

Directive 2019/1151 on the use of digital tools and processes in company law was adopted by the European Parliament and Council in June 2019. The directive set the date for transposition into national law at August 2021. Although a further twelve-month extension was envisaged for this important change, some countries, such as Germany, the Czech Republic, Belgium and Italy, have already started the legislative process.

El objetivo de esta directiva es simplificar, en términos de coste y tiempo, el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado miembro, con el fin de fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente pymes, y favorecer el funcionamiento y modernización del mercado interior en un entorno de globalización y digitalización. La directiva menciona explícitamente a los notarios como parte del sistema de constitución de sociedades en línea.

La nueva normativa persigue que los emprendedores de toda la UE puedan crear sus empresas de forma sencilla y segura desde su propio ordenador, sin que ello implique renunciar al control de legalidad y al asesoramiento de los notarios. La participación de los notarios garantizará que todos los estándares de seguridad alcanzados en el mundo analógico se mantendrán en el digital.

El principio de neutralidad jurídica establecido por la directiva abre la posibilidad, ya desarrollada técnicamente por el Consejo General del Notariado, de constituir online sociedades limitadas en la sede electrónica notarial y mediante videoconferencia, con las mismas garantías y seguridad que en presencia física del notario.

El modelo alemán. Peter Stelmaszczyk, de la Cámara Federal de Notarios alemana, explica en detalle el proceso de transposición de la directiva a su Derecho nacional: «El proyecto del Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor fue aprobado el 10 de febrero de 2021 por el Gabinete Federal y el 10 de junio de 2021 por el Parlamento Federal (Bundestag). Por primera vez, la constitución de una sociedad privada de responsabilidad limitada («GmbH») o de una sociedad empresarial con responsabilidad limitada («UG haftungsbeschränkt») se podrá realizar online. La introducción definitiva del procedimiento notarial de constitución de sociedades en línea está prevista para el 1 de agosto de 2022″.

La línea esencial de la futura Ley de transposición de la Directiva sobre Herramientas Digitales se basa en que la autenticación notarial se pueda realizar mediante videoconferencia. Este proceso sólo podrá realizarse por el sistema operado por la Cámara Federal de Notarios, lo que garantiza los más altos estándares de fiabilidad. Además, por razones de seguridad, debe evitarse que este proceso se realice en servidores extranjeros. El sistema está diseñado de tal manera que el usuario sólo necesitará un ordenador de sobremesa (o portátil, o tableta) con cámara, micrófono y conexión a internet, así como un smartphone compatible.

Otro elemento clave es la identificación segura de todos los participantes. Según el proyecto de ley, este requerimiento se realizará en dos etapas. El primer paso consiste en la identificación electrónica por medio de un dispositivo definido en el Reglamento comunitario eIDAS. Como segundo paso, el notario comparará la apariencia de todos los participantes con una fotografía que pueda leer desde el chip del pasaporte o tarjeta de identidad (desde el teléfono ‘inteligente’ del empresario y una aplicación gratuita de la Cámara notarial).

Según el proyecto de ley, el notario debe rechazar la autenticación en línea si no puede garantizar la legalidad del acto, en cumplimiento de sus funciones como titular de un cargo público. Al final, los emprendedores obtendrán una escritura pública firmada telemáticamente con el certificado electrónico de la Cámara Federal de Notarios.

El caso de España. Para Mónica Fuentes, profesora titular de Derecho Mercantil de la Complutense y miembro del Informal Company Law Expert Group de la Comisión Europea, la transposición en España «no debería ser excesivamente compleja, y el ejemplo alemán lo pone de manifiesto. Sin obviar las necesarias matizaciones que las diferencias entre el ordenamiento alemán y español exige observar, a priori, las líneas generales de la reforma alemana me parecen una buena referencia a tener en cuenta en términos de política legislativa, máxime cuando el modelo alemán de control de legalidad ex ante, como se sabe, es bastante similar al español».

«Desafortunadamente -apunta la mercantilista-, salvo error, tengo entendido que los trabajos de la Comisión General de Codificación en relación con la implementación de esta directiva están suspendidos. Asumo que se habrá solicitado la oportuna prórroga para la implementación (ya que en principio debía estar lista este próximo mes de agosto) y espero que esta situación se reconduzca para que todos podamos contar con un proyecto legislativo en los próximos meses».

Sobre el papel del notario en este nuevo reto digital, la profesora de la Complutense, sostiene que «a la hora de determinar el medio más adecuado de interacción con los otorgantes de la escritura parece que debiera tener también cierto peso el criterio del propio notario, en consonancia con la responsabilidad que éste asume por los juicios que emite acerca de la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes, de la legalidad del negocio jurídico y de la prestación de un consentimiento libre e informado».

Por su parte, Álvaro Lucini, delegado del CGN en el CNUE coincide en indicar que «la directiva digital pone a los países como España ante la necesidad y la oportunidad de compatibilizar las ventajas del procedimiento en línea (innecesaridad de desplazamiento físico) con las de la escritura pública (seguridad jurídica, prevención del fraude y el blanqueo de capitales). El proyecto del Gobierno alemán constituye una buena referencia como ejemplo de transposición puntual, práctica y coherente con el ordenamiento jurídico nacional».

Para el notario, su transposición no hace necesario «cambiar nuestro modelo de seguridad jurídica preventiva, que es compatible con la directiva digital. Bastaría fundamentalmente con incluir en la Ley de Sociedades de Capital una declaración acerca de la posibilidad del cumplimiento de los requisitos legales de escritura pública e inscripción mediante procedimientos íntegramente digitales y remitir su regulación a las normas de la legislación notarial y del Registro Mercantil, tal como va a hacerse en Alemania».

A la hora de transponer esta directiva, hay que tener en cuenta que no todos los países de la UE cuentan con sistema notarial (Irlanda o países escandinavos). Mónica Fuentes señala que «la directiva respeta las tradiciones legislativas de los Estados miembros. Por lo tanto, los derechos nacionales que “no conocen” el sistema notarial latino o romano-germánico (como el nuestro), no tienen la obligación de incorporar el control notarial. No obstante, el legislador europeo exige a los Estados miembros que incluyan en sus derechos nacionales normas que deberán garantizar el control. Ello puede traducirse en que algunos Estados miembros demasiado “laxos” tengan que elevar sus actuales estándares de exigencia en el control sobre el proceso constitutivo, lo que debe valorarse positivamente».

«El sistema anglosajón es difícilmente comparable con los sistemas de derecho continental -concluye la profesora-. Entre otras muchas diferencias, hay que tener en cuenta que, ciertamente, son mucho más laxos, pero cuentan con un control ex post del fraude bastante contundente. Dicho esto, en mi opinión, es preferible un sistema de control de legalidad ex ante como el que tenemos en España y otros países de la Europa continental (Alemania, Austria, Italia, Bélgica, etc.). Aporta mucha seguridad jurídica y evita los costes de litigación exorbitantes que vienen asociados, lógicamente, al control ex post del fraude».

Peter Stelmaszczyk, de la Cámara Federal de Notarios alemana:

“La autenticación notarial se podrá realizar mediante videoconferencia. Este proceso sólo podrá realizarse por el sistema operado por la Cámara Federal de Notarios, lo que garantiza los más altos estándares de fiabilidad”

Peter Stelmaszczyk, of the Bundesnotarkammer:

“Notarial authentication can be performed by videoconference, only on the system operated by the Bundesnotarkammer to ensure the highest reliability standards”.

Mónica Fuentes, profesora titular de Derecho Mercantil y miembro del Informal Company Law Expert Group de la CE:

“La transposición en España no debería ser excesivamente compleja, y el ejemplo alemán lo pone de manifiesto; máxime cuando el modelo alemán de control de legalidad ex ante es bastante similar al español».

Mónica Fuentes, commercial law professor and member of the EC’s Informal Company Law Expert Group:

“Transposition in Spain should not be overly complex, and the German example shows this; especially since the German model of ex-ante legal oversight is, as we know, fairly similar to Spain’s”.

Álvaro Lucini, delegado del Notariado español en el Consejo de Notariados de la Unión Europea:

«La directiva digital pone a países como España ante la oportunidad de compatibilizar las ventajas del procedimiento en línea (innecesaridad de desplazamiento físico) con las de la escritura pública (seguridad jurídica, prevención del fraude y el blanqueo de capitales).

Álvaro Lucini, General Council of Spanish Notaries delegate at the CNUE:

“The digital directive brings countries like Spain face to face with the need and opportunity to combine the advantages of the online procedure (no need for physical displacement) with those of the public deed (legal certainty, prevention of fraud and money laundering)”.

in English

The directive aims to make it easier cost and time-wise to establish a company or open a branch in another Member State in order to promote corporate competitiveness, mainly for SMEs, and step up the functioning and modernisation of the internal market in a climate of globalisation and digitalisation. The directive explicitly mentions notaries as part of the online company incorporation system.

The new regulations allow entrepreneurs across the EU to set up businesses simply and securely from their own computer, without it entailing a waiver of legal oversight or advice from notaries. Engaging notaries in the changes will guarantee that all the security standards reached in the analogue world can be upheld in the digital one.

The principle of legal neutrality established by the directive opens up the possibility, already technically developed by the General Council of Spanish Notaries, of leveraging videoconferencing to set up limited liability companies online at the notarial e-office with the same guarantees and security as in the physical presence of the notary.

The German Model. Peter Stelmaszczyk of the Bundesnotarkammer, the German federal chamber of notaries, explains the process of transposing the directive into national law. “The bill from the Ministry of Justice and Consumer Protection was approved by the federal cabinet on 10 February 2021 and by the Bundestag on 10 June 2021. It will enable the online incorporation of a private limited liability company (“GmbH”) or entrepreneurial company with limited liability (“UG”) for the first time. The definitive introduction of the notarial procedure for online incorporation is scheduled for 1 August 2022”.

The essential thrust of the future law is that notarial authentication can be performed by videoconference, only on the system operated by the Bundesnotarkammer to ensure the highest reliability standards. The process should not be done on foreign servers for security reasons. The system is designed so that users only need a desktop computer (or laptop/tablet) with a camera, microphone and internet connection, as well as a compatible smartphone.

Another key feature is the secure identification of all participants. According to the bill, this requirement will involve two stages. The first is electronic identification using a device defined under the EU’s eIDAS Regulation. As a second step, the notary will compare the appearance of all parties with a photograph that can be read from their passport or identity card chip (from the entrepreneur’s smartphone or a free app from the notarial chamber).

The bill states that notaries must deny online authentication if the legality of the act cannot be guaranteed, in compliance with their functions as holders of a public office. At the end, the entrepreneurs will get an electronically signed public deed with the digital certificate from the Bundesnotarkammer.

The Case of Spain. For Mónica Fuentes, commercial law professor at the Complutense University of Madrid and member of the EC’s Informal Company Law Expert Group, transposition in Spain “should not be overly complex, and the German example shows this. While stressing the necessary nuances that the differences between the German and Spanish legal systems make necessary to observe, the general idea of the German reform strikes me as a good benchmark to consider in terms of legislative policy, especially since the German model of ex-ante legal oversight is, as we know, fairly similar to Spain’s.

“Unfortunately, if I am not mistaken I gather that the Law Commission’s work around implementing the directive has been suspended. I assume that the appropriate extension will have been requested (since it was originally due to be ready this coming August) and I hope the situation can be rechannelled so we can all have a legislative project in the coming months”.

Regarding the role of the notary in this new digital challenge, she says “When determining the best way to interact with the grantors of a deed, the notary’s judgement should carry some weight, in line with the responsibility notaries assume for the judgments they issue around the identity, capacity and legal standing of grantors, the lawfulness of the legal business and the provision of free and informed consent”.

Álvaro Lucini, General Council of Spanish Notaries delegate at the CNUE agrees that “the digital directive brings countries like Spain face to face with the need and opportunity to combine the advantages of the online procedure (no need for physical displacement) with those of the public deed (legal certainty, prevention of fraud and money laundering). The German bill is a good example of a timely, practical and meaningful transposition into national law.”

Lucini says we do not have to change our model of preventive legal certainty since it is compatible with the digital directive. “Essentially all we would have to do is include a statement in the Capital Companies Act on the possibility of fulfilling the legal requirements of a public deed and registration by entirely digital procedures and refer its regulation to the rules of notarial law and the Companies Register as the Germans are doing.”

In transposing the directive, we should remember that not all EU countries have a notarial system (Ireland and the Scandinavian countries, for example). “The directive respects the Member States’ legislative traditions,” says Monica Fuentes. “National legal systems that are not across the Latin or Roman/Germanic notarial one (such as ours) have no obligation to incorporate notarial control. However, the European legislator requires Member States to include rules to ensure control in their national laws. This may mean that some Member States that are too ‘lax’ will have to raise their current standards for controlling the establishment process, and this should be welcomed.

“It is hard to compare the common law system with continental ones. Among many other differences, we should remember that while they are much looser, they have fairly robust ex-post fraud control. That said, in my opinion, an ex-ante system is preferable, like the one we have in Spain and other countries across continental Europe (Germany, Austria, Italy, Belgium, etc.) because it provides considerable legal certainty and prevents the steep litigation costs associated with ex-post control”.

Bélgica

Robyn Frissyn, senior counsel del Conseil International du Notariat de Bélgica indica que la transposición de la Directiva en su país «se ajusta a los plazos previstos. El notariado belga está trabajando arduamente y en estrecha cooperación con los servicios gubernamentales para cumplir el plazo establecido del 1 de agosto de 2021 y permitir a los ciudadanos nacionales y comunitarios crear su empresa en un entorno «totalmente en línea». Pronto se presentará al Parlamento un anteproyecto, después de que el Consejo de Estado haya dado ya un dictamen positivo sobre el texto. La intervención del notario en el proceso de constitución permanece inalterada. El notario realizará las mismas tareas relacionadas, entre otras, con la identificación y capacidad de los ciudadanos que hace hoy, aunque de manera telemática».

Belgium

Robyn Frissyn, senior counsel at the Conseil International du Notariat, says the transposition of the directive in Belgium “is set to be concluded on time. Belgian notaries are working hard and in close cooperation with government services to meet the 1 August 2021 deadline and allow national and EU citizens to set up their businesses in a fully online environment. A preliminary draft will soon be submitted to Parliament after the Council of State gave a positive verdict on the text. The involvement of notaries in the incorporation process remains unchanged. Notaries will perform the same tasks regarding citizen identification and capacity as they do now, just online”.

República Checa

Desde la Cámara Notarial de la República Checa, su asesor jurídico Petr Klika confirma que «la Cámara Baja del Parlamento ha presentado y aprobado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Notarios y sus Actividades, en la que se aplican los requisitos de la directiva. Entrará en vigor en septiembre».

«El proyecto de ley -indica Klika- permite a los notarios elaborar una escritura pública electrónica basada en una videoconferencia entre el fundador de la empresa y el notario. La Cámara ha desarrollado una plataforma que garantiza la identificación digital. La sociedad establecida puede inscribirse en el Registro de Empresas inmediatamente, ya que los notarios tienen acceso a realizar inscripciones directas en dicha institución».

Czech Republic

The Czech Republic Chamber of Notaries’ legal advisor Petr Klika says, “The lower house of parliament has presented and approved a bill amending the Notaries and Related Activities Act to implement the directive’s requirements. It will enter into force in September.

“The bill lets notaries draw up an electronic public deed based on a video conference between the company founder and the notary. The Chamber has developed a platform guaranteeing digital identification. The established company can be entered on the Companies Register immediately, since notaries have access to register companies directly”.

Italia

Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato comparte con Escritura Pública el estado en que se encuentra la transposición de la directiva en Italia. «El martes 20 de abril, el Senado aprobó definitivamente la directiva, que entrará en vigor el 1 de agosto. El artículo 29 de la nueva ley aprobada establece que la constitución de sociedades se llevará a cabo, aunque se elija un modelo estatutario estándar, mediante una escritura pública autorizada en una plataforma que permite la videoconferencia y la firma a través de una firma electrónica reconocida. Todavía estamos a la espera de que se apliquen decretos que hagan operativa la ley».

«Esta aprobación -prosigue Levi- significa que el Notariado italiano, y cada notario individual, tendrá un papel fundamental en la transición hacia la digitalización de la constitución online de empresas, sin reducir los niveles de seguridad que siempre garantiza la intervención notarial».

Italy

Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato comparte con Escritura Pública el estado en que se encuentra la transposición de la directiva en Italia. “The senate finally approved the directive on Tuesday, 20 April and it will take effect on 1 August,” said Massimiliano Levi, communications director at the Consiglio Nazionale del Notariato in Italy. “Article 29 of the newly approved law establishes that companies will be incorporated, even where a standard statutory model is chosen, by means of an authorised public deed on a platform that permits videoconferencing and signing using a recognised electronic signature. We are still waiting for the decrees that will make the law operational.

“This approval will see the Italian Notariat and each individual notary play a key role in the transition to the digitisation of online company incorporation, with no reduction in the levels of security that notarial intervention guarantees,” he said.

Austria

Por su parte, Cindy Foekehrer, de la austríaca Österreichische Notariatskammer, expone que «por el momento, la directiva aún no se ha incorporado a nuestra legislación. Sin embargo, en nuestro país el 80 o 90% del total de trámites para constituir una empresa telemáticamente ante notario se pueden ya realizar hoy en día; por lo que se puede decir que la aplicación de la directiva es una realidad».

«El uso de medios electrónicos está regulado por el artículo 90 de la Ley Notarial de Austria; norma que se complementa con un Reglamento del Ministerio de Justicia. Las actividades oficiales del notario ya pueden llevarse a cabo «en línea» a petición de las partes con ciertas excepciones, por ejemplo, con respecto a las disposiciones testamentarias», señala Foekehrer.

Austria

“The directive has not yet been incorporated into our legislation,” said Cindy Foekehrer of Austria’s Österreichische Notariatskammer. “However, 80-90% of the total procedures for setting up a company before a notary using remote electronic means can already be done today, so it could be argued that the implementation of the directive is already upon us.

“The use of electronic means is governed by Article 90 of the Austrian Notarial Act, a regulation supplemented by the Ministry of Justice. Official notarial activities can already be performed online at the request of the parties, although there are certain exceptions, such as around testamentary provisions,” she said.

Alemania

La Cámara Federal de Notarios alemana ha desarrollado un sitio web monográfico sobre el procedimiento notarial de constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y la solicitud online de inscripción en el registro. La página contiene vídeos en alemán e inglés que explican de manera sencilla e intuitiva el proceso.

Germany

The Bundesnotarkammer has opened a dedicated website on the notarial procedure for the remote electronic incorporation of limited liability companies and an online registration application. The site contains videos in German and English with simple, intuitive explanations.

Holanda

Los Países Bajos han solicitado un período adicional de un año. El Notariado holandés manifiesta que existe controversia y debate sobre la comprobación de la inhabilitación de uno de los administradores en otro país.

Netherlands

The Netherlands has requested an additional one-year period. The Dutch Notariat reports contention and debate around confirming the disqualification of a director in another country.

Un certificado común para salvar el verano

ÁMBITO EUROPEO

Un certificado común para salvar el verano

Common covid certificate to save the summer season

Europa aprueba en tiempo record el documento solicitado por países turísticos como Grecia o España para acreditar la vacunación, la superación de una prueba covid o haberse recuperado de la enfermedad.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado 12 de enero, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea y el resto de líderes europeos urgiéndoles a crear un certificado de vacunación europeo.

Mitsotakis apuntaba que el certificado representaría “un incentivo positivo” para asegurar que la gente se vacunara, y presionaba al resto de sus colegas europeos para que se pusieran manos a la obra cuanto antes, dados los problemas que habían tenido los europeos los meses anteriores para acordar un localizador común para viajeros.

“Si logramos rápidamente un entendimiento común entre los Estados miembros sobre un certificado de vacunación armonizado y sus usos, podremos impulsar el tema en los foros internacionales pertinentes, contribuyendo así al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es el base para restablecer la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis”, resaltó Mitsotakis en su carta.

“Para países como Grecia, que dependen del turismo, es imperativo que este problema se resuelva antes de la temporada de verano”, añadió.

Acuerdo común. La propuesta no tardó en ser respaldada por países dependientes del turismo como España, Portugal o Croacia. El resto de capitales no se oponía, pero recordaron que había dudas que convenía despejar primero, como si los vacunados pueden trasmitir el virus o cuánto tiempo dura la inmunidad para aquellos que han superado el covid-19, como señaló un alto cargo diplomático del grupo de los escépticos.

En los pasillos de Bruselas, además, algunos se preguntaban si merecería la pena el esfuerzo, dado que resultaría difícil llegar a junio con la iniciativa lista, y al final solo se podrían beneficiar las franjas adultas de población, teniendo en cuenta el complicado arranque que tuvo la campaña de vacunación europea. Los jóvenes, grandes víctimas de esta pandemia, volvían a quedar perjudicados con el movimiento para salvar el verano, la temporada que tanto estaban esperando.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

Ambas instituciones ratificaron el documento final en junio, dejando todo listo para que entre en vigor el 1 de julio.

“Nuestra Unión demostró una vez más que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. El Reglamento del Certificado COVID Digital de la UE fue acordado entre nuestras instituciones en el tiempo récord de 62 días. Mientras trabajábamos en el proceso legislativo, también construimos la columna vertebral técnica del sistema, el portal de la UE, que está activo desde el 1 de junio”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de junio cuando la Comisión, la Eurocámara y el Consejo escenificaron la firma del reglamento.

“El Certificado de la UE permitirá nuevamente a los ciudadanos disfrutar del más tangible y apreciado de los derechos de la UE: el derecho a la libre circulación”, añadió la alemana.

Con una campaña de vacunación cogiendo velocidad, la inminente llegada de los fondos de recuperación y la relajación de las restricciones por toda Europa, el certificado representa un símbolo no solo de ese esfuerzo colectivo del que habló Von der Leyen para superar la pandemia, sino también de la vuelta a la normalidad.

Detrás quedaban dificultades y penurias, como los problemas con la estrategia de vacunación, las tensiones con AstraZeneca o las dudas sobre el vigor de la recuperación europea. La llegada de los meses de calor trajo de vuelta el optimismo al continente europeo.

Pero antes de llegar a buen puerto, la Eurocámara y el Consejo tuvieron que negociar contrarreloj para salvar las diferencias en sus posiciones. Los principales escollos fueron el riesgo de discriminación frente a aquellos que no han sido vacunados aún, y la posibilidad de imponer restricciones adicionales incluso teniendo el certificado, tal y como pedían las capitales. Finalmente, los eurodiputados consiguieron 100 millones de euros de fondos europeos para financiar pruebas que permitan obtener el certificado a quienes no han recibido sus dosis. Además, consiguieron arrancar a los Estados miembros que no impongan limitaciones a quienes tengan el documento, como cuarentenas o pruebas PCR, “a menos que sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública”. Como criterio, se usará la información epidemiológica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, se felicitó de que habían conseguido restaurar la libertad de movimientos en el espacio Schengen. “Se anima a los Estados de la UE a abstenerse de imponer más restricciones, a menos que sea estrictamente necesario y proporcionado”, subrayó el pasado junio.

Los detalles. El certificado COVID Digital de la UE, su nombre definitivo tras varios vaivenes, será accesible para todo el mundo y abarcará la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recuperación del covid-19. Estará disponible en todos los idiomas de la UE, tanto en formato digital como papel, será seguro e incluirá un código QR con firma digital.

Puede expedirse y utilizarse en todos los Estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación. Cada gobierno podrá decidir si lo aplica a otros usos en su territorio, como el acceso a actividades de ocio o espectáculos. Todos los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la UE podrán obtenerlo de manera gratuita. La UE negocia además con países terceros para reconocer certificados similares que expidan en base a unos parámetros comunes.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

En el caso de las vacunas, se aceptarán las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los países podrán incluir aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm y Sinovac. Los certificados se expedirán ya desde la primera dosis, aunque deberá figurar en el documento el número de inoculaciones recibidas. La Comisión Europea propuso que aquellos que han recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis (después de haber estado infectados previamente por el covid-19) se consideren totalmente vacunados a efectos de viajes.

Respecto a las pruebas, se aceptarán las PCR y los Estados miembros podrán decidir si reconocen las de detección rápida de antígenos.

El certificado será otorgado por centros emisores como hospitales, centros de pruebas diagnósticas o autoridades sanitarias en los Estados miembros, previa solicitud o automáticamente. Funcionará con un código QR con una firma digital, personalizada para cada centro emisor, para protegerlo contra falsificaciones. Todas ellas se almacenan en bases de datos nacionales.

Para comprobar de manera segura los certificados entre autoridades de los Estados miembros, sin transferir datos personales, la Comisión activó una pasarela el pasado 1 de junio. Esta plataforma tecnológica ha sido uno de los elementos en los que más han tenido que trabajar los expertos, dados los problemas que tuvieron los socios europeos los pasados meses para desarrollar el localizador de pasajeros.

Validez del certificado

La Comisión propuso periodos de validez comunes para las pruebas diagnósticas de 72 horas para las PCR y, para los Estados miembros que los acepten, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Mientras, el período máximo de validez del certificado de recuperación es de 180 días, aunque la Comisión podría adaptar estos principios sobre la base de nuevas pruebas científicas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no fijaron una validez máxima para los certificados de vacunación, ya que dependerá de los datos sobre la duración de la protección de las diferentes vacunas.

Certificate validity

The Commission proposed common validity periods for diagnostic tests of 72 hours for PCR tests and 48 hours for rapid antigen tests. Meanwhile, the maximum period of validity for those recovering from the virus will be 180 days, although the Commission could adapt these principles on the basis of new scientific evidence. However, EU authorities did not set a maximum validity for vaccination certificates, since it will depend on the latest data about the protection provided by the different vaccines.

Europa opina / Europe thinks

Página de la Comisión Europea sobre el certificado covid digital

European Commission’s web page on the digital covid certificate:

No discriminación

Una de las principales preocupaciones para algunos Estados miembros, la Eurocámara y asociaciones civiles era el riesgo de que el certificado marginara a quienes no hubieran sido aún vacunados. Por eso la Comisión incluyó la posibilidad de otorgarlo también a quienes pasen una prueba covid o se hayan recuperado de la enfermedad.

El reglamento también incluye algunas cláusulas para evitar discriminaciones entre los nacionales y otros ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, cuando un Estado miembro decida levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis, deberá extender el mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo, si acepta las pruebas de detección rápida de antígenos, deberá aceptar también los certificados de estas pruebas expedidos por otro Estado miembro.

Nondiscrimination

One of the main concerns for some member states, the European Parliament and civil society organisations was the risk that the certificate would marginalise those who have not yet been vaccinated. That is why the Commission included the possibility of granting the certificate to those who passed a covid test or have recovered from the disease.

The regulation also includes some clauses to avoid discrimination between nationals and other EU citizens. For example, when a member state decides to lift travel restrictions for its own citizens who are holders of a certificate for the first dose, it must extend the same treatment to other EU citizens. At the same time, if a government accepts rapid antigen detection tests, they must also accept the certificates for these tests issued by another Member State.

in English

Europe approves in record time the proposal requested by tourist countries including Greece or Spain to prove vaccination, a covid test or having recovered from the disease.

On January 12, the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, sent a letter to the President of the European Commission and other European leaders urging them to create a European vaccination certificate.

Mitsotakis pointed out that the certificate would represent «a positive incentive» to ensure that people get vaccinated, and pressed the rest of his European colleagues to speed up the work as soon as possible, given the problems that European governments had in previous months to agree on a common locator form for travellers.

“If we rapidly reach a common understanding between Member States on a harmonized vaccination certification form and its uses, we can then push the issue forward in the relevant international fora, thus contributing to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels,»Mitsotakis highlighted in his letter.

«For countries such as Greece, which are dependent on tourism, it’s imperative that this issue is resolved before the summer season,” he added.

Agreement. The proposal was quickly supported by countries dependent on tourism such as Spain, Portugal or Croatia. The rest of the capitals did not oppose it, but they recalled that there were issues that should be cleared first, such as whether those vaccinated can transmit the virus or how long the immunity lasts for those who have passed the covid-19, as pointed out by a senior diplomatic official of the group of the skeptics.

In Brussels, some also wondered whether it would be worth the effort, since it would be difficult to have the certificate in place by June, and in the end only the adult population may benefit from it , taking into account the complicated start of the European vaccination campaign. Young people, great victims of this pandemic, were once again affected by the attempt to save the summer seson they had been waiting for so long.

In spite of the existing doubts, the European Commission presented its proposal in March. Two months later, the negotiators of the Council (which brings together the member states) and the European Parliament reached an agreement on the details of the certificate, which will prove who has been vaccinated, passed the disease or a covid test.

Both institutions ratified the final document in June, ready to enter into force on 1 July.

“Our Union showed again that we work best when we work together. The EU Digital COVID Certificate Regulation was agreed between our institutions in the record time of 62 days. While we worked through the legislative process, we also built the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live since 1 June,” said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on 14 June during the signing ceremony of the regulation with the Commission, the European Parliament and the Council.

”The EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible and cherished of EU rights – the right to free movement,» added von der Leyen.

With a vaccination campaign picking up speed, the imminent arrival of recovery funds and the relaxation of restrictions across Europe, the certificate represents a symbol not only of the collective effort von der Leyen spoke of to overcome the pandemic, but also of the return to normal times.

Slowly, Europe started to leave behind difficulties and hardships, including problems with the vaccination strategy, tensions with AstraZeneca or doubts about the vigor of the European recovery.

The arrival of the summer season brought optimism back to the European soil.

But before reaching a successful conclusion on the covid certificate, the European Parliament and the Council had to negotiate against the clock to bridge the differences in their positions. The main bone of contention was the risk of discrimination against those who have not yet been vaccinated, and the possibility of imposing additional restrictions to those holding the certificate, as requested by the governments.

In the end, MEPs obtained €100 million of EU funds to finance tests for those who have not been vaccinated. In addition, the Parliament succeeded in getting the member states’ commitment not to impose restrictions, such as quarantines or PCR tests, to covid certificate holders, «unless they are necessary and proportionate to safeguard public health.» The decision will be based on the epidemiological information from the European Centre for Disease Prevention and Control.

The European Parliament’s lead negotiator, Spanish MEP Juan Fernando López Aguilar, celebrated that they managed to restore the freedom of movement in the Schengen area. «EU member states are encouraged to refrain from imposing further restrictions, unless they are strictly necessary and proportionate,» he stressed last June.

The details. The EU Digital COVID certificate, the final name after various changes, will be accessible to everyone and will cover vaccination, diagnostic tests and recovery from covid-19. It will be available in all EU languages, both digital and paper, and will be secure, including a QR code with a digital signature.

It can be issued and used in all EU member states to facilitate the freedom of movement. Each government may decide whether they want to apply it to other uses in its territory, such as access to restaurants or concerts.

All EU citizens and third-country nationals who are in the EU or legally reside in the Union will be able to obtain it for free. The EU also is in talks with third countries to recognize similar certificates that they may issue based on similar parameters.

The certificate will only contain essential information, such as name, date of birth, issuer of the certificate and its unique code.

In the case of vaccination, the certificate will inform about the type of vaccine and its manufacturer, the number of doses administered and the date of vaccination. In the case of a diagnostic certificate, the document will detail the type of diagnostic test, the date and time it was made, and the result. If it is a certificate of recovery, it will report the date of the positive diagnostic test result and the period of validity.

The vaccines accepted are those approved by the European Medicines Agency, but countries will be able to accept also those that have been approved by the World Health Organization, including the Russian Sputnik V and the Chinese Sinopharm and Sinovac.

Certificates will be issued from the first dose, although the number of inoculations received must appear in the document. The European Commission proposed that those who have received a single dose of a two-dose vaccine after being previously infected with COVID-19 be considered fully vaccinated for travel purposes.

Regarding the tests, PCR tests will be accepted and Member States will be able to decide whether to recognise those for rapid antigen detection.

The certificate will be granted by issuing centers such as hospitals, diagnostic testing centers or health authorities in member states, upon request or automatically. It will work with a QR code with a digital signature, unique for each issuing center, to protect it against counterfeiting. All of them will be stored in national databases.

To securely verify certificates between different authorities across the EU without transferring personal data, the Commission activated a gateway on 1 June. This technological platform has been one of the tricky elements of the proposal, in light of the problems that European countries had over the past months to develop the passenger locator form.

La revolución del euro digital se abre camino

ÁMBITO EUROPEO

La revolución del euro digital se abre camino

The digital euro revolution comes forward

El BCE acelera la preparación de su divisa digital, la cual podría traer en un lustro cambios significativos para el mundo de los pagos y sacudir el sistema financiero.

JORGE VALERO

@europressos

En junio de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital. La posibilidad de que sus 2.800 millones de usuarios pudieran usar este token disparó las alarmas de bancos centrales, reguladores y gobiernos, con sacudidas que todavía se sienten hoy. Su iniciativa, inicialmente bautizada como Libra y que ha terminado por conocerse como Diem, fue la chispa que impulsó la creación de versiones digitales de monedas soberanas en medio planeta. Y entre todos los bancos centrales, ninguno ha pisado el acelerador tanto como el Banco Central Europeo.

Apoyo generalizado. «El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer”, dijo en abril el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayando la “relevancia» de este proyecto. Pero la introducción de estas monedas digitales puede provocar un auténtico terremoto en el sistema financiero, si los ciudadanos convierten sus depósitos en los nuevos euros digitales, que custodiarán las arcas (o, mejor dicho, los servidores) de los bancos centrales. Por eso, las autoridades de todo el planeta, y en particular el BCE, están gestionando con paciencia y mucho cuidado todos los aspectos técnicos y regulatorios de sus monedas digitales.

Como dijo en abril la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tras un largo periodo de desarrollo, el campo [de las monedas digitales] está en la cúspide de cambios importantes”. Si hace cinco años tan solo unos pocos países estaban inmersos en estos proyectos, como Suecia y China, ahora al menos 80 bancos centrales están digitalizando sus monedas. Tras más de un lustro experimentando, China está bastante avanzada con sus proyectos piloto, mientras que. Bahamas ya ha introducido este año la primera moneda digital desarrollada por sus autoridades.
Tal y como reconoció el BCE, fue la idea de Facebook de lanzar su moneda digital la “poderosa llamada de atención” para que los países se pusieran las pilas. La generalización de los pagos digitales durante la pandemia del covid-19 ha terminado de dar el empujón definitivo.

Porque en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico, en la que el uso del efectivo continúa disminuyendo, las autoridades monetarias son conscientes de que, si no desarrollan ellas sus propias versiones digitales, otros países u entidades privadas ocuparán ese hueco, con el riesgo que supone para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

En este contexto, un euro digital facilitaría los pagos al ofrecer mayor capacidad de elección a los consumidores, ya que no sustituirá a las monedas y billetes. Además, abaratará las transacciones electrónicas y facilitará la innovación en los pagos minoristas, también con la posibilidad de nuevos servicios ofrecidos por intermediarios como bancos y otras plataformas de pago.

Ningún banco central ha acelerado más los trabajos para sondear la posibilidad de crear una moneda digital que el BCE. Aunque China y Suecia llevan la delantera, el banco con sede en Fráncfort ha conseguido en poco más de un año y medio realizar un primer estudio de fondo, llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para su posible desarrollo, concluir una consulta pública, cuyos datos presentó en abril, y tiene previsto arrancar en los próximos meses un proyecto piloto para probar las diferentes características técnicas de la divisa digital.

Por su parte, EE.UU. arrancó los trabajos para desarrollar un dólar digital en la segunda mitad de 2020, mientras que el Banco de Inglaterra también va un par de pasos por detrás.

Reforzar el rol del euro. Para Europa, el desarrollo del euro digital también está vinculado a su voluntad de reforzar la soberanía europea en el planeta y, más en concreto, el papel internacional del euro. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable del euro digital en la institución, comentó recientemente que «un euro digital podría protegernos de la posibilidad de que un medio de pago digital público o privado -emitido y controlado desde fuera de la zona euro-, desplace los ya existentes, lo que podría plantear problemas de regulación y amenazar la estabilidad financiera o, incluso, nuestra soberanía monetaria y financiera”.

Pero como ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es un proyecto que aún llevará tiempo: al menos cuatro o cinco años.

La razón para esta demora es que esta innovación acarrea también algunos riesgos y despierta preocupaciones. Una de las principales es el terremoto que podría provocar en el sistema bancario. Dado que el BCE sería el emisor y custodio de los euros digitales, los ciudadanos podrían decidir trasladar sus depósitos bancarios tradicionales a las seguras manos de los bancos centrales y sus nuevos depósitos de euros digitales, sobre todo con la memoria fresca de la gran crisis bancaria de 2008. Esta fuga de depósitos hundiría una de las principales fuentes de financiación de la banca europea, añadiendo más dificultades a su crónica baja rentabilidad, en comparación con sus pares estadounidenses.

Para evitar ese peligro, Panetta indicó que una de las posibilidades que se estudian es limitar a 3.000 euros la cantidad de la divisa digital que podría tener cada ciudadano, con penalizaciones si se sobrepasan estos límites. Además, el BCE también prevé reservar un rol de intermediación para la banca, lo que les permitirá desarrollar nuevos servicios con los monederos digitales y continuar explotando sus servicios de pagos, los cuales representan casi un tercio de los ingresos de la banca minorista.

Pero la sacudida podría ser importante. Un estudio de Bank of América estima que se podría producir una fuga de fondos de la banca al BCE de hasta un billón de euros, casi un quinto de los ingresos vinculados a las nóminas de los europeos, y que representan uno de los pilares de la financiación para las entidades.

Trabajo por delante. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses, alrededor del verano, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si empieza “una fase de investigación formal” sobre el euro digital. En esta fase, el BCE analizará posibles opciones de diseño y especificaciones técnicas para el usuario, así como las condiciones en las que los intermediarios financieros podrían ofrecer servicios basados en el euro digital.

“Esperamos que este análisis lleve dos años. Al final de esta investigación, el Consejo de Gobierno tomaría una decisión sobre el diseño y si avanza para aplicar los requerimientos de usuario”, señaló Panetta en abril.

En este estadio posterior, el cual llevaría de nuevo varios años, se crearían servicios integrados, se realizarían más pruebas y “posiblemente una experimentación en vivo del euro digital”, añadió el italiano.

Paso a paso, prueba a prueba, y tras largos años de estudios, consultas, discusiones y trabajo, el Consejo de Gobierno decidiría entonces si lanza o no el euro digital, superado el ecuador de esta década. Un avance que todavía es un pequeño paso para muchos que desconocen su naturaleza, pero un gran paso para la economía europea y su sistema financiero.

Bitcoin y el euro digital

El bitcoin y el euro digital comparten similitudes, pero también significativas diferencias. Ambos son tokens digitales que se utilizarán como medio de pago. No obstante, el bitcoin, basado en la tecnología de blockchain (registro único descentralizado) también es utilizado por inversores para especular. Al no estar respaldado por ninguna institución o cesta de bienes, ni tener como referencia ninguna moneda (como es el caso de Diem con el dólar) su valor ha sufrido una enorme volatilidad, pasando de los 9.600 euros el pasado septiembre a superar los 43.000 euros a finales de abril. Por el contrario, los usuarios del euro digital podrán tener la misma confianza que en sus monedas y billetes, ya que la versión digital contará con el firme respaldo del BCE.

Bitcoin and the digital euro

Bitcoin and the digital euro share various similarities but also significant differences. Both are digital tokens that will be used as a means of payment. Bitcoin however is based on blockchain technology (decentralized distributed ledger) is also used by investors to speculate. As it is not backed by any institution or back of assets, nor it has any currency as a reference (as in the case of Facebook’s Diem with the dollar) Bitcoin value has suffered enormous volatility over the past years. Over the past months, it skyrocketed from 9,600 euro last September to exceeding 43,000 euro at the end of April. On the contrary, users of the digital euro will be able to have the same level confidence as in their coins and banknotes, since the digital version will have the strong support of the ECB.

in English

The ECB is accelerating the preparation of its digital currency, which could bring significant changes to the world of payments in five years and shake up the financial system.

In June 2019, Facebook announced the launch of a digital currency. The possibility of having its 2.8 billion users using this token sounded the alarm bells of central banks, regulators and governments around the world.

Facebook’s initiative, initially named Libra and now called Diem, triggered the creation of digital versions of sovereign currencies around the planet. And no central bank accelerated the preparatory work as the European Central Bank.

General support. «The digital euro is not an option, it is something we have to do,» said ECB Vice President Luis de Guindos last April, underlining the «relevance» of this project. But the introduction of digital currencies can cause a huge impact in the financial system, if citizens convert their deposits into digital euros, damaging one of the main sources of financing for the banking system. For this reason, authorities from across the world, and in particular the ECB, are carefully managing all the technical and regulatory aspects of their digital currencies.

IMF managing director Kristalina Georgieva said in April that, ”after a long period of development, the field [of digital currencies] is on the cusp of major changes”. While only a few countries were involved in these projects five years ago, such as Sweden and China, now at least 80 central banks are digitizing their currencies. Beijing is quite advanced with its pilot projects, while The Bahamas already introduced the first digital currency developed by its authorities this year.

As the ECB admitted, it was Facebook’s Libra project the “wake-up call” for countries to get involved. The spread of digital payments during the covid-19 pandemic gave a fresh push to the initiative.

In a society marked by technological development and the declining use of cash, monetary authorities are aware that, if they do not develop the digital versions of their sovereign currencies, other countries or private entities will fill that gap, posing a risk to monetary sovereignty and financial stability.

Against this backdrop, a digital euro would facilitate payments by offering greater choice to consumers, as it will not replace coins and banknotes. In addition, it will make electronic transactions cheaper, and facilitate innovation in retail payments, also with the possibility of new services offered by intermediaries such as banks and other payment platforms.

No central bank has sped up the work more than the ECB. In just over a year and a half, the Frankfurt-based institution has managed to carry out a first in-depth study, reach an agreement with the European Commission on its possible development, concluded a public consultation, whose results presented in April, and has plans to start a pilot project in the coming months to test the technical requirements of the digital currency.

Meanwhile, the US started developing a digital dollar in the second half of 2020, while the Bank of England remains a couple of steps behind.

Strengthening the role of the euro. For the EU, the development of the digital euro will also help to strengthen the European sovereignty on the planet and, more specifically, the international role of the euro. Fabio Panetta, member of the Executive Committee of the ECB and responsible for the digital euro in the institution, said that «a digital euro could protect us from the possibility that a public or private digital means of payment – issued and controlled from outside the euro zone -, displace the existing ones, which could pose regulatory problems and threaten financial stability or even our monetary and financial sovereignty ”.

But as the President of the ECB, Christine Lagarde, already said, it will take at least four or five years before the digital euro sees the light of day.

The reason for this ample time is that this innovation also carries some risks and raises concerns. One of the main issues is that it could cause an earthquake in the banking system. Given that the ECB would be the issuer and custodian of digital euros, citizens could decide to transfer their traditional bank deposits into the safe hands of central banks and their new digital euro deposits, as the memories of the 2008 banking crisis remain vivid.

This deposit run would severely affect one of the main sources of financing for European banks, adding more difficulties to its chronic low profitability, compared with its US peers.

To address this risk, Panetta said that one of the possibilities under consideration is to limit to €3,000 the amount allowed for the new digital version, with penalties if these limits are exceeded. In addition, the ECB also plans to give intermediary role for banks, which will allow them to develop new services with digital wallets and continue to exploit their payment services, which represent almost a third of the income of retail banking.

Still, the impact could be significant. A Bank of America study estimated that up to a trillion euros could move from banks to the ECB, almost a fifth of the deposits of European’s salaries, which represent one their main pillars of financing.

Work ahead. But there is still a lot of work ahead. In the coming months, around the summer, the ECB Governing Council will decide whether to start «a formal investigation phase» on the digital euro. In this phase, the ECB will analyze possible design options and user requirements, as well as the conditions under which financial intermediaries could offer services based on the digital euro.

“We expect this analysis to take two years. At the end of this investigation, the Governing Council At the end of the investigation, the Governing Council would take a decision on the design and on whether to move to the implementation of user requirements, ”Panetta said in April.

In this later stage, which would take again several years, integrated services would be created, more tests would be carried out and «possibly a live experiment of the digital euro», added the Italian central banker.

Step by step, test by test, and after several years of studies, consultations, discussions and preparatory work, the Governing Council would then decide in the second half of this decade whether to launch the digital euro. An advance that is still a small step for many unaware of its nature, but a great step for the European economy and its financial system.

El temor a perder privacidad

Para los ciudadanos y organizaciones civiles, la principal preocupación que emerge del desarrollo del euro digital es la privacidad. Así se destila de las más de 8.000 respuestas enviadas durante la consulta pública del BCE.

Según explicó Panetta en el Parlamento Europeo el pasado abril, “la privacidad se consideró la característica más importante de un euro digital en aproximadamente el 43% de las respuestas”, aunque los consultados también añaden que la divisa digital debe tener características que permita evitar actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dos de los principales riesgos vinculados a criptomonedas como el Bitcoin.

Otras características importantes para los europeos son la posibilidad de utilizar el euro digital para pagos seguros (ocupa el primer lugar para el 18% de los encuestados); que se pueda usar en toda la zona del euro (enfatizado por el 11% de los encuestados); sin costes adicionales y fuera de línea (destacado por el 9% y el 8% de los encuestados respectivamente).

El énfasis dado a la privacidad nace del recelo de organizaciones y asociaciones civiles a que los bancos centrales puedan tener una ventana para controlar la vida y actividades económicas de los ciudadanos a través de sus pagos. Panetta dio la vuelta al argumento al señalar que el euro digital aumentará la privacidad en comparación con los servicios de pago actuales, los cuales recolectan información del usuario. Sin embargo, indicó que el anonimato del ciudadano debe ser considerado en relación con la protección de otros intereses generales, como la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, o la estabilidad financiera.

También explicó que el BCE está trabajando para intentar lograr un equilibrio entre las diferentes prioridades usando la tecnología. “Nuestras pruebas preliminares con un euro digital están mostrando resultados prometedores sobre cómo se puede utilizar la tecnología para proteger la privacidad del usuario sin relajar los estándares contra las actividades ilícitas”, aclaró. Por ejemplo, se puede separar la identidad de los usuarios de la información sobre los pagos, permitiendo que las oficinas de inteligencia financiera accedan a la identidad solo si se detecta una actividad sospechosa.

Fear of losing privacy

Nevertheless, citizens’s main concern is privacy, according to more than 8,000 responses sent during the ECB’s public consultation.

As Panetta explained in the European Parliament last April, «privacy was considered the most important characteristic of a digital euro in approximately 43% of the responses», although those consulted also added that the digital currency must have the necessary features that allow for avoiding illicit activities, such as money laundering or terrorist financing, two of the main risks linked to cryptocurrencies including Bitcoin.

Other important features for Europeans are the ability to use the digital euro for secure payments (ranked first for 18% of respondents), the possibility to use it throughout the euro area (highlighted by 11% of respondents ), and without additional costs and offline (pointed out by 9% and 8% of respondents respectively).

The emphasis given to privacy stems from citizens’ distrust of central banks interfering in their life and economic activities through their payments. Panetta turned the argument around by noting that the digital euro will increase privacy compared to current payment services, which collect users’ information. But he added that the anonymity must be considered in relation to the protection of other general interests, such as the fight against money laundering and terrorism financing, or financial stability.

He explained that the ECB is working to try to strike a balance between different priorities using technology.

«Our preliminary tests with a digital euro are showing promising results on how technology can be used to protect user privacy without relaxing standards against illicit activities,» he clarified. For example, the identity of users can be separated from information about payments, allowing financial intelligence units to access the identity of users only if a suspicious activity is detected.

Europa informa / Europe informs

Resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital

The results of the ECB public consultation on the digital euro

Estudio del BCE sobre el euro digital

Study of the ECB on the digital euro

Europa quiere conquistar su soberanía digital

ÁMBITO EUROPEO

Europa quiere conquistar su soberanía digital

La UE invertirá al menos 7.500 millones de euros en desarrollar superordenadores y la inteligencia artificial, confiando la recuperación y el progreso en la agenda verde y el avance tecnológico.

JORGE VALERO

@europressos

La recuperación europea tras la pandemia del Covid-19 está orientada por tres grandes coordenadas: digital, ‘verde’ y soberanía. La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo. Pero, al mismo tiempo, la pandemia ha expuesto la dependencia europea en varios sectores críticos, desde el material médico hasta las vacunas, subrayando debilidades estructurales añadidas a otras más antiguas, como su dependencia energética o la etiqueta de ‘segundona’ en la carrera tecnológica.

Aprovechando el estreno de un nuevo marco presupuestario de algo más de un billón de euros, y la inyección del fondo de recuperación de 800.000 millones, Bruselas y los Estados miembros se disponen a dar un impulso al frente tecnológico guiado por esas tres coordenadas. No solo conseguirá desarrollar la agenda digital; también ayudará a progresar en el Pacto Verde Europeo y fortalecerá la soberanía europea frente a los gigantes tecnológicos de Sillicon Valley o los inmensos recursos de China.

El principal instrumento comunitario para acelerar esta transformación será el programa Europa Digital.

“La transformación digital en curso toca todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos adoptarla y asegurarnos de que tenga un efecto positivo en el crecimiento, el empleo y el bienestar de Europa, al tiempo que se cumplen nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad,” señala la Comisión Europea en el borrador de orientaciones estratégicas de este programa.

Nueva economía. “Pero hasta ahora, Europa no ha invertido colectivamente lo suficiente en las últimas tecnologías y existe un desajuste creciente entre la oferta y la demanda. Las empresas, el sector público y la comunidad académica tienen que buscar cada vez más fuera de Europa para acceder a las capacidades de informática, manejo de datos o ciberseguridad que necesitan, mientras que los ciudadanos a menudo carecen de las habilidades para prosperar en la nueva economía digital. Además, no todos los sectores y regiones geográficas de la UE se han beneficiado por igual de la innovación digital”, destaca la Comisión.

La UE destinará 7.500 millones de euros para desarrollar sus capacidades estratégicas en este campo, así como la transformación digital de la sociedad y la economía, con el objetivo de mejorar la competitividad europea y su soberanía tecnológica.

El programa apoyará inversiones en sectores clave como la supercomputación o la inteligencia artificial.

La mayor parte de los recursos se dedicarán al desarrollo de superordenadores (2.200 millones de euros); seguido de inteligencia artificial (2.000 millones); ciberseguridad (1.650 millones); la mejora de las capacidades digitales y la interoperabilidad (1.000 millones), y conocimientos digitales avanzados (577 millones). A estos fondos se sumará la cofinanciación que aportarán los Estados miembros (que dependerá de las diferentes iniciativas) y, en algunos casos, los recursos de las propias empresas.

Estos 7.500 millones de euros no serán los únicos recursos que Europa dedicará a su desarrollo digital los próximos años. Los Estados miembros además tendrán que dedicar un 20% de los fondos que reciban del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros, a las prioridades digitales. Este es el instrumento aprobado por los líderes europeos el pasado julio para superar la recesión causada por la pandemia.

Además, la UE también cuenta con dinero de Horizonte Europa, el gran fondo europeo para investigación e innovación, así como del Mecanismo Conectar Europa, que invierte en la infraestructura digital.

“El refuerzo de las capacidades digitales traerá un valor añadido verdadero a los ciudadanos europeos, y esto es aún más cierto con una pandemia que continúa apretándonos”, señaló en diciembre el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, cuyo país ocupaba entonces la presidencia rotatoria de la UE. “También es evidente que el sector digital jugará un papel clave en la recuperación económica tras el Covid-19, lo que hace del programa Europa digital un elemento vital del plan de recuperación”, añadió el ministro alemán.

Prioridades. El proyecto de orientaciones que publicó la Comisión a finales del pasado año representa el marco para las iniciativas que se irán presentando dentro de este programa.

El primer objetivo es convertir a Europa en una de las principales regiones de supercomputación mundial, adquiriendo al menos una supercomputadora a exaescala para 2021. Estos sistemas de computación aspiran a ser capaces de realizar un mínimo de un exaflop u operaciones de coma flotante por segundo. Existe una carrera global para ser el primer país en lograr este hito en la computación relacionado con el rendimiento del procesamiento de datos, con aplicaciones en la medicina avanzada o la meteorología.

Además, la Comisión Europea quiere actualizar las supercomputadoras existentes, con un centro muy destacado en Barcelona, y extender el uso de la informática avanzada a la industria, incluidas las pymes.

La segunda área prioritaria del programa es la creación de centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial en campos como salud, medio ambiente y clima, movilidad, manufactura y energía.

El tercer objetivo es reforzar la ciberseguridad, aprovechando para ello las ventajas que ofrece el cifrado cuántico, creando una infraestructura de comunicación paneuropea.

Además, se quiere impulsar la creación de un sistema de certificación para productos de ciberseguridad.

Se necesita personal. Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras. Por eso, la cuarta prioridad será crear programas de formación y master específicos para inteligencia artificial, informática avanzada y ciberseguridad.

Sin embargo, todo este desarrollo servirá de poco si no empapa el sector público y privado. Así, la quinta prioridad será la creación de la red de centros de innovación digital para proporcionar a las pymes y las Administraciones públicas el acceso a las últimas tecnologías.

La sanidad es uno de los campos que más se beneficia del desarrollo digital, lo que resulta aún más necesario en este periodo marcado por la pandemia. Por eso, el sexto objetivo será garantizar la transformación satisfactoria de los servicios sanitarios y asistenciales de la UE, mediante el despliegue de herramientas y servicios innovadores basados en la inteligencia artificial y el análisis de los datos.

Las dos últimas prioridades pretenden explotar las ventanas tecnológicas para luchar contra el calentamiento global, uno de los grandes ejes de actuación de la UE. Para ello, se buscará que las Tecnologías de la Información y Comunicación, sus productos y servicios, sean sostenibles, no solo abordando el enorme consumo energético que realizan, sino también alargando la vida útil de los equipos y facilitando su reciclaje.

La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo

Epicentro de la tecnología verde

“El volumen de datos global seguirá creciendo rápidamente. Es por eso que estamos fomentando infraestructuras adecuadas para servicios en la nube eficientes y ecológicos y centros de datos energéticamente eficientes. Europa será el epicentro de la tecnología verde,” comentó el pasado noviembre el comisario de Agenda Digital, Thierry Breton.

Se espera que el consumo de energía de los centros de datos en los Estados miembros de la UE aumente del 2,7% de la demanda de electricidad en 2018 al 3,2% para 2030.

Por último, la UE quiere extender las ventajas digitales a los ciudadanos, creando plataformas urbanas interoperables y seguras, que sirvan para operar diferentes servicios explotando los datos y usando la inteligencia artificial en el sector energético, la movilidad urbana, la gestión de residuos, la industria o el gobierno electrónico.

Europa opina

Página del Parlamento Europeo sobre el programa Europa digital (en inglés).

Página de la Comisión Europea sobre la propuestaCompás digital

Fabricación europea de semiconductores

La conquista de la soberanía europea en el terreno digital y el esfuerzo para reducir la distancia con nuestros grandes competidores tiene numerosos frentes: el desarrollo del capital humano; contar con un sector financiero europeo de capital riesgo más voluminoso para apoyar a empresas pioneras y start-ups, y también apostar por una manufactura europea en sectores claves, para reducir dependencias de “alto riesgo” respecto a firmas de Estados Unidos o Asia.

Por eso, la Comisión Europea lanzó este marzo el plan Brújula digital, con el que detalla sus prioridades en este programa. Entre ellas, la UE aspira a producir sus propios semiconductores avanzados para 2030, una pieza clave para todo tipo de objetos que incorporan ordenadores.

Según la propuesta, Europa quiere que al menos el 20% de estos semiconductores se produzcan dentro de sus fronteras. En la actualidad, los grandes fabricantes de estos microchips se encuentran sobre todo en Asia, en países como Taiwan y Corea del Sur.

Este Compás Digital ahonda en las prioridades del programa Europa Digital, fijando una serie de metas para esta década. Entre ellas, la construcción de 10.000 centros con un consumo reducido de energía que faciliten el acceso a servicios de datos al sector privado; el desarrollo de un ordenador con aceleración cuántica para 2025, o extender el 5G en los principales centros urbanos para 2030.

La Comisión quiere establecer un sistema para controlar el progreso de los Estados miembros y publicará anualmente un informe para recopilar los avances conseguidos.

Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

El plan “Próxima Generación UE” para superar la crisis del Covid-19 nació a partir de un pacto intergeneracional: los jóvenes pagarán el enorme endeudamiento que financiará el estímulo, a cambio de tener mejores oportunidades, y una Europa más ‘verde’ y digital.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado julio, los líderes europeos llegaron a un acuerdo histórico, en el sentido pleno de la palabra. Por primera vez, la UE se endeudará en los mercados en una cantidad sin precedentes para financiar un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros. Este estímulo masivo persigue superar no solo la mayor pandemia que ha sufrido Europa en un siglo, sino también la mayor crisis económica en las siete décadas de historia de la UE.

Los numerosos instrumentos y matices del paquete, las cientos de horas de negociación y miles de páginas que lo hacen realidad, envuelven el principio nuclear a partir del que surge: un pacto intergeneracional entre aquellos que toman las decisiones hoy, y las generaciones de mañana.

Europa va camino de dejar un planeta más contaminado y economías más endeudadas a los jóvenes. Por eso, quiere aprovechar el mazazo del Covid-19, para que el gasto sin precedentes que requerirá salir del agujero sea inversión productiva para transformar cómo vivimos y cómo producimos.

“Propongo un Pacto Generacional para el mañana”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el borrador del plan de recuperación en el Parlamento Europeo en mayo.

“Sí, los efectos de esta crisis significan que necesitamos realizar inversiones a una escala sin precedentes en la actualidad. Pero lo haremos de manera que la próxima generación de Europa coseche los beneficios mañana”, resaltó.

Explicó que se trata no solo de preservar los logros de la UE conseguidos durante siete décadas de integración europea, sino también para conseguir una Europa sostenible, impulsar la transición digital, la cohesión social y reforzar el peso de la UE en un mundo más competitivo e inestable.

Cómo logarlo. Y la herramienta para conseguirlo será el presupuesto comunitario ordinario, que durante los próximos siete años superará el billón de euros, y el fondo de recuperación frente a la pandemia, precisamente bautizado “Próxima Generación UE” (Next Generation EU). En total, más de 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones del fondo, un torrente de ayuda europea histórico para salir del agujero.

A España le corresponderán 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. El resto son préstamos en condiciones ventajosas, que el Gobierno ha señalado que no utilizará de momento.

No es la primera vez que la juventud está en el radar de las políticas comunitarias. Tras la pasada crisis, y el riesgo de una ‘generación perdida’ debido a las dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral, la Comisión lanzó en 2013 la llamada “Garantía juvenil”.

Se han beneficiado 24 millones de jóvenes de este instrumento. Sin embargo, ha tenido un impacto desigual, en parte debido a la rigidez del sistema y su ambición. El Tribunal de Cuentas de la UE ha cuestionado sus resultados, y en 2017 concluyó que no cumplió con las expectativas creadas. “Muchos jóvenes no han visto su impacto positivo sobre el terreno”, señaló por su parte Ludovic Voet, de la Confederación de Sindicatos Europeos, al medio Euractiv.

Como ya sucediera durante la pasada crisis, los jóvenes han sido de nuevo uno de los colectivos más expuestos al impacto de la recesión causada por el Covid-19. Por eso, junto al gran pacto intergeneracional que representa el fondo de recuperación a largo plazo, la Comisión también propuso el pasado julio una puesta a punto de la “Garantía Juvenil”.

La reforma ya estaba prevista cuando la Comisión von der Leyen tomó los mandos el pasado diciembre. Sin embargo, el impacto de la pandemia le dio nuevas dimensiones y una importancia adicional.

Así, el Ejecutivo comunitario propuso que al menos 22.000 millones de euros del presupuesto plurianual (2021-2027) se destinen al apoyo al empleo juvenil. Tal y como señaló entonces el comisario europeo a cargo de Empleo, Nicolas Schmit, “existe el riesgo de que los jóvenes sean víctimas de esta crisis, lo que podría llevar a una generación perdida o generación bloqueada”.

Schmit advirtió que los jóvenes en trabajos precarios, con contratos laborales limitados, y aquellos que aún no ingresaron en el mercado laboral, no están protegidos por los ERTEs y otros sistemas de corta duración establecidos por los Estados miembros para amortiguar las consecuencias del coronavirus.

Por eso, para la Comisión es importante enviar una «señal» a los jóvenes europeos, para mostrarles que «no se les olvida» en la salida de la crisis más profunda en la historia de la UE, explicó Schimt.

Parte de los 22.000 millones destinados a los jóvenes se canalizarán a través de la nueva Garantía Juvenil.

Compromiso. La Comisión mantiene el compromiso de recibir una oferta de empleo, educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses para quienes se apunten a la “Garantía Juvenil”. La novedad es que será más inclusiva, para evitar cualquier forma de discriminación, con un alcance más amplio a los grupos más vulnerables. Además, se vinculará con las necesidades de las empresas, proporcionando las habilidades requeridas, en particular las de las transiciones verde y digital, y se ofrecerán cursos preparatorios y asesoramiento, orientación y tutoría personalizados, para así facilitar la transición al mercado laboral.

La actuación de la Comisión para apoyar a los jóvenes también incluyó una recomendación para los Estados miembros sobre educación y formación profesional, para que los sistemas nacionales sean más modernos, atractivos, flexibles y alineados con la economía digital y verde. Y propuso dar un nuevo impulso a la Alianza Europea para el Aprendizaje, que ha puesto a disposición más de 900.000 oportunidades. Esta alianza apoya a las pymes y agrupa a sindicatos y organizaciones de empleadores.

El director del centro de análisis Bruegel, Guntram Wolff, considera que los 22.000 millones de euros son “insuficientes para los tres millones de jóvenes desempleados de la UE”, una cifra que probablemente aumentará durante los próximos meses. Por eso pide que las capitales aporten más.

“Europa no puede permitirse volver a olvidar a sus jóvenes. Las instituciones deben contribuir al esfuerzo de evitar otra generación perdida, y los responsables políticos nacionales, en particular, tienen que poner su grano de arena”, escribió Wolff en una tribuna publicada en El País el 11 de noviembre.

Una vez más, el viejo dicho de que Europa avanza a golpe de crisis se ha vuelto a cumplir con la germinación del fondo de recuperación, primer paso hacia la unión fiscal europea. Pero está por ver cuál será el impacto real del gran esfuerzo movilizado por las instituciones comunitarias y por los Gobiernos, para apoyar a la juventud y para garantizarles un futuro más digital y sostenible.

En juego no está solo salir de esta crisis, sino hacerlo garantizando los niveles de bienestar y seguridad que esperan los ciudadanos europeos, en un mundo más duro e inestable.

Draghi: apoyar a los jóvenes es un «imperativo moral»

El pasado mes de agosto, Mario Draghi señaló, en su primer discurso tras dejar la presidencia del Banco Central Europeo, que los gobiernos europeos se enfrentan a «un imperativo moral» para invertir en la educación de los jóvenes. “La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y tendrá que ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy”, comentó.

Por lo tanto, el italiano subrayó que “es nuestro deber equiparlos con los medios para pagar esa deuda, y hacerlo mientras vivimos en sociedades mejoradas”. Draghi, quien abandonó el BCE el pasado noviembre, dijo que “durante años, una forma de egoísmo colectivo ha llevado a los gobiernos a desviar la atención y los recursos hacia iniciativas que generen retornos políticos garantizados e inmediatos. Esto ya no es aceptable hoy“.

Draghi: Supporting young people is a “moral imperative”

Mario Draghi said Last August in his first speech after leaving the presidency of the European Central Bank that European governments face «a moral imperative» to invest in the education for young people. «The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be repaid mainly by those who are young today,» he said.

Therefore, the Italian stressed that «It is therefore our duty to equip them with the means to service that debt, and to do so while living in improved societies.» Draghi, who left the ECB last November, said that “For years, a form of collective selfishness has led governments to divert attention and resources towards initiatives that generated guaranteed and immediate political returns. This is no longer acceptable today.

Los jóvenes, insatisfechos

A pesar del foco dado a las nuevas generaciones, el Foro Europeo de la Juventud no se mostró satisfecho con el gran acuerdo de la cumbre de julio.

“En un momento en que los jóvenes ya están soportando el peso de otra crisis más, este acuerdo presupuestario es una decepción. La mayoría de los programas sectoriales que se centran directamente en la juventud o que tienen el potencial de apoyar la transición hacia una Europa más justa, más social y ambientalmente sostenible, ahora no podrán cumplir sus ambiciosos objetivos”, señalaron en un comunicado.

El problema radica en que los líderes dieron un tijeretazo a la propuesta de la Comisión para numerosas partidas del presupuesto comunitario ordinario, como Erasmus, para hacer hueco al fondo de recuperación.

Además, el Foro añadió que, aunque “Próxima Generación UE” tiene previsto ofrecer oportunidades a los jóvenes en el mundo post-covid, no está claro qué recursos se destinarán del total de 750.000 millones. Principalmente porque el uso sobre el terreno de la ayuda europea dependerá de los planes de recuperación que preparen los Estados miembros, y que deberá aprobar la Comisión.

El Parlamento Europeo consiguió revertir parte de los recortes realizados por los líderes el pasado verano, y amarró 2.200 millones más para Erasmus durante las negociaciones con los Estados miembros, pasando a tener 23.400 millones para los próximos siete años.

Young people, dissatisfied

Despite the focus given to the new generations, the European Youth Forum was not happy with the deal achieved in the July summit.

“At a time when young people are already bearing the burden of yet another crisis, this budget agreement comes as a disappointment. Most of the sectoral programmes with a direct focus on youth or with the potential to support the transition towards a fairer, more socially and environmentally sustainable Europe, will now not be able to meet their ambitious targets, the Forum said in a statement.

They criticised that EU leaders cut the Commission’s proposal for numerous programmes in the EU budget, such as Erasmus, to make room for the recovery fund.

In addition, the Forum added that although “Next Generation EU” plans to offer opportunities to young people in the post-covid world, it is not clear what resources will be allocated of the total of €750 billion, given that the implementation will depend on the national recovery plans drafted by the member states, and which must be approved by the Commission.

The European Parliament managed to reverse part of the cuts made by the leaders last summer, and added €2,2 billion more for Erasmus during negotiations with the member states, now totalling €22,4 billion for the next seven years.

in English

Helping young people to ensure the European recovery

“Next Generation EU” plan to overcome the covid-19 crisis was born from an intergenerational pact: young people will pay the huge debt that will finance the stimulus, in exchange for having better opportunities, and a more ‘green’ and digital Europe.

Last July, EU leaders reached a true historic agreement. For the first time, the EU will borrow an unprecedented amount from the markets to finance a € 750 billion recovery package. This massive stimulus seeks to overcome not only the biggest pandemic that Europe has suffered in a century, but also the most severe economic crisis in the EU’s seven-decade history.

The numerous instruments and nuances of the package, the hundreds of hours of negotiation and thousands of pages behind its implementation hide the core principle from which it came from: an intergenerational pact between today’s decision-makers , and the generations of tomorrow.

Europe is on its way to become more polluted and its economies more indebted for the young. For that reason, the Union wants to take advantage of the covid-19 crisis, to ensure that the unprecedented spending required to get out of the hole becomes a productive investment to transform how we live and how we produce.

«I propose a Generational Pact for tomorrow,» said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when presenting the draft recovery plan in the European Parliament in May.

“Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe’s next generation will reap the benefits tomorrow,” she stressed stressed.

She explained that it is not only about preserving the EU’s achievements conquered during seven decades of European integration, but also about progressing towards a sustainable Europe, promoting the digital transition, social cohesion and reinforcing EU’s weight in a more competitive unstable world.

How to do it. The instrument to achieve these lofty goals will be the EU budget, totalling more than one trillion euro over the next seven years, and the new recovery fund against the pandemic, named «Next Generation EU». In total, more than €1.8 trillion, including the fund’s €750 billion.

Spain will receive €140 billion from the recovery fund, of which €72 billion will be non-refundable grants. The rest are cheap loans that will remain untapped for the time being, the Government said.

It is not the first time that youth has been on the radar screen of the EU institutions. In the aftermath of the past crisis, and given the risk of a ‘lost generation’ due to the difficulties of young people to enter the labor market, the Commission launched in 2013 the“Youth Guarantee”.

Around 24 million young people have benefited from this instrument. However, it had an uneven impact, partly due to the rigidity of the mechanism and its bold ambition.

The EU Court of Auditors questioned its results, and in 2017 concluded that it did not meet the expectations created. «Many young people have not seen its positive impact on the ground,» Ludovic Voet, a representative of the European Trade Union Confederation, told Euractiv.

As it happened during the past crisis, young people have once again been one of the most affected groups by the impact of the recession caused by covid-19. For this reason, together with the intergenerational pact behind the long-term recovery fund, the Commission also proposed an overhaul of the “Youth Guarantee” in July.

The reform was already planned when the von der Leyen Commission took over last December. The impact of the pandemic however gave a new dimension and added fresh importance to its reform.

The EU Executive proposed that at least €22 billion of the EU’s multi-annual financial framework (2021-2027) be allocated to support youth employment. As EU commissioner in charge of Employment, Nicolas Schmit, pointed out in July, «there is a risk that young people will be victims of this crisis, which could lead to a lost generation’ or a ‘lockdown generation’».

Schmit warned that young people in precarious jobs, with limited employment contracts, and those who have not yet entered the labor market, are not protected by ERTEs and other short-term systems established by member states to cushion the consequences of the coronavirus.

For this reason, it is important for the Commission to send a «signal» to young Europeans, to show them that they are «not forgotten» in the exit from the deepest crisis in the EU history, he explained.

Part of the €22 billion earmarked for youth will be channeled through the new “Youth Guarantee».

In the revision, the Commission maintains the commitment to offer a job, education, apprenticeship or training proposal within four months for those who sign up for the “Youth Guarantee”.

The novelty is that it will be more inclusive, to avoid any form of discrimination, with a broader scope to ensure the participation of the most vulnerable groups. In addition, it will be linked to companies’ needs, providing the required skills, in particular those of the green and digital transitions, and preparatory courses and personalised advice, guidance and tutoring will be offered, to facilitate the transition to the labor market.

The Commission’s action to support young people also included a recommendation for member states on vocational education and training, to make national systems more modern, attractive, flexible and aligned with the digital and green economy. The institution also proposed to give new impetus to the European Alliance for Apprenticeships, which has made more than 900,000 opportunities available to date. This alliance supports SMEs and brings together unions and employers’ organizations.

The director of Bruegel, a think-tank, Guntram Wolff, said that the €22 billion are «insufficient for the three million unemployed young people in the EU», a figure that is likely to increase in the coming months. That is why he called on the capitals to contribute more.

“Europe cannot allow itself to forget its young people again. Institutions must contribute to the effort to avoid another ‘lost generation’, and national political leaders, in particular, have to do their bit,”Wolff wrote in an op-ed published in El País on November 11.

Once again, the old mantra of Europe moving forward thanks to a crisis period proved to be right with the creation of the recovery fund, a first step towards a European fiscal union.

But it remains to be seen what will be the real impact of the great effort made by EU institutions and governments to support youth and to secure a more digital and sustainable future.

At stake is not only getting out of this crisis, but doing so while ensuring the levels of well-being and security that European citizens expect, in a harsher and more unstable world.

Europa informa

Página web de la Comisión Europea con toda la información y las últimas noticias sobre el fondo de recuperación y el presupuesto plurianual comunitario (en inglés).

Tribuna del Foro Europeo de la Juventud sobre la mejora de la “Garantía Juvenil” (en inglés).

Nota informativa de los servicios del Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación (en inglés).

Europe informs

European Commission’s website with all the information and the latest news on the recovery fund and the EU multi-annual financial framework.

European Youth Forum’s op-ed on improving the “Youth Guarantee”.

European Parliament’s background document on the recovery fund.

¿Denunciaría una actividad ilegal?

ÁMBITO EUROPEO

¿Denunciaría una actividad ilegal?

La UE ha aprobado una directiva que ofrece amplias garantías a quienes denuncien actividades ilegales que vayan en contra del Derecho comunitario, como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, o malas prácticas en licitaciones públicas. El texto, que deberá entrar en vigor a partir de diciembre de 2021, introduce procedimientos claros para informar, así como canales seguros para realizar las denuncias y la prevención de las represalias.

JORGE VALERO

@europressos

El hundimiento de la compañía de pagos digitales Wirecard es considerado como el mayor escándalo de fraude corporativo en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Un empleado de la firma EY, responsable de sus auditorías, ya informó a sus superiores en 2016 sobre los intentos de fraude y de soborno de la ‘fintech’ alemana. Sin embargo, las advertencias de este denunciante (whistleblower) quedaron en nada por las presiones de Wirecard.

Casos como este, publicados por el Financial Times el 29 de septiembre, prueban la importancia de garantizar los canales apropiados y la protección necesaria a estos denunciantes para alertar sobre irregularidades.

La falta de actuación por parte de EY ante la denuncia, investigada actualmente en Alemania por su pobre auditoría de Wirecard, llevó a la pérdida de cientos de millones de euros para miles de ciudadanos.

El caso de los papeles “Luxleaks”, que en noviembre de 2014 destaparon las estratagemas de compañías para evadir el pago de impuestos, permitió a la Comisión Europea emprender acciones contra multinacionales como McDonalds, Amazon o Ikea, quienes utilizaron agresivas prácticas fiscales para evadir el fisco.

“Todo el mundo debería agradecer al denunciante su labor y el trabajo de los periodistas de investigación, quienes han puesto mucho esfuerzo en esto”, señaló a este corresponsal la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien lidera la carga contra estas prácticas.

Sin embargo, el denunciante de ‘Luxleaks’, Antoine Deltour, antiguo empleado de PricewaterhouseCoopers, envuelta en la preparación de los arreglos fiscales, terminó sentenciado en los tribunales, aunque finalmente quedó absuelto.

Ha habido otros casos, como los Panama Papers o los Paradise Papers, en los que los informantes juegan una labor fundamental denunciando irregularidades a sus superiores, a las autoridades o a la prensa. Sacan a la luz situaciones en las que, por acción u omisión, sus empresas amenazan o dañan el interés público, a través del fraude, la corrupción, la evasión fiscal o atentados contra el medio ambiente o la seguridad alimentaria.

La situación de estos denunciantes en Europa se ha convertido en el último lustro en un asunto importante. A pesar de las sonadas filtraciones de los últimos años, su protección era hasta hace poco inadecuada en el conjunto de la UE, con grandes variaciones entre los Estados miembros. El riesgo de un trato desigual y la incertidumbre legal menguaba el interés de quienes querían informar para proteger a sus conciudadanos.

Por eso, la Comisión Europea presentó en la primavera de 2018 una propuesta para reforzar las garantías de los denunciantes. Introduce sanciones para quienes intenten obstaculizar la denuncia, revelar la identidad de un denunciante, amenazar o tomar represalias contra él, o que no cumplan con otros requerimientos de la directiva.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales de información interna

Marco deficiente. Antes de la llegada de esta propuesta, tan solo diez Estados miembros (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido) contaban con un marco legal amplio para protegerles. En los demás países, la ley tan solo cubría algunos sectores, especialmente el financiero, categorías de empleados, como los funcionarios públicos, o ciertos casos, como los de corrupción.

Como resultado, según un estudio de la Comisión de 2017, un 49% de los ciudadanos no sabía dónde debían informar sobre casos de corrupción, y tan solo un 15% conocía las normas sobre protección de denunciantes.

Mientras la Comisión preparaba la propuesta, con una consulta pública, el Parlamento Europeo también se movilizó para hacer oír su voz. En una resolución de febrero de 2017, pidió un nuevo marco legal amplio para proteger a estos denunciantes. Los eurodiputados llegaron incluso a recomendar una agencia europea específica para aconsejar y recoger informes de denunciantes.

Tras la propuesta de la Comisión, los Estados miembros y los eurodiputados añadieron sus enmiendas, por ejemplo, introduciendo la posibilidad de denunciantes anónimos y la protección legal para los periodistas que recojan el contenido de la denuncia.

La ponente de la Eurocámara, la socialista francesa Virginie Rozière destacó que “escándalos recientes como LuxLeaks, Panama Papers y Football leaks ayudaron a arrojar luz sobre la gran precariedad que sufren hoy los denunciantes”. Por eso, el Parlamento envió “una señal contundente de que ha escuchado las preocupaciones de sus ciudadanos y ha impulsado normas sólidas que garanticen su seguridad y la de aquellas personas que eligen hablar”, añadió.

En marzo de 2019, la Eurocámara y los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el texto final, que concluyó su ratificación en octubre de ese año y entró en vigor el pasado diciembre. Los Estados miembros tienen dos años para transponer las normas al derecho nacional.

“La UE está comprometida con un sistema democrático que funcione bien y se base en el Estado de derecho. Eso incluye proporcionar un alto nivel de protección en toda la Unión a aquellos denunciantes que tengan el coraje de hablar. Nadie debe arriesgar su reputación o su trabajo por exponer comportamientos ilegales,” comentó la ministra de Justicia finlandesa Anna-Maja Henriksson, cuyo país presidía el Consejo cuando se adoptó la directiva.

La Comisión incluso invitó a los Estados miembros a que fueran más allá en su marco nacional al transponer la directiva. Esto es porque la norma se aplica solo a informaciones de violaciones relacionadas con el Derecho comunitario, como son el fraude fiscal, blanqueo de capitales o malas prácticas en licitaciones públicas, seguridad en bienes y carreteras, protección medioambiental, salud pública y protección del consumidor y de sus datos. Por eso, el Ejecutivo comunitario invitó a que los países la extendieran para cubrir otras violaciones de sus leyes nacionales.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales apropiados de información interna.

Las primeras empresas que tendrán la obligación de transponer la norma serán aquellas con más de 250 empleados; dos años más tarde también se aplicará a las que tengan entre 50 y 250 trabajadores.

Protección. Uno de los puntos clave de la nueva ley es la protección de los informantes. La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce salvaguardias para evitar que el denunciante sea suspendido, degradado e intimidado o sufra otras formas de represalia. Aquellos que ayudan a los denunciantes, como facilitadores, compañeros de trabajo o familiares también están protegidos. Además, quedan incluidos antiguos empleados o incluso quienes solicitan empleo en las empresas afectadas.

Los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso gratuito a información y asesoramiento completos e independientes sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como asistencia jurídica durante estos procedimientos. Durante los casos judiciales, los denunciantes podrían recibir apoyo financiero y psicológico.

La directiva introduce una jerarquía para realizar las denuncias, ofreciendo garantías para aquellos que decidan hacerlas públicas. Se anima a los denunciantes a utilizar primero los canales internos de su organización, antes de recurrir a canales externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer. En los casos en los que no se tomó ninguna acción apropiada en respuesta al informe inicial del denunciante, o si creen que existe un peligro inminente para el interés público o un riesgo de represalias, la persona que informa estará protegida si decide revelar información en público.

La norma establece la obligación de dar respuesta y seguimiento a las denuncias de los denunciantes en un plazo de tres meses, aunque se puede ir hasta los seis meses en el caso de acudir a canales externos en situaciones debidamente justificadas.

Miedo a las represalias

Un Eurobarómetro de 2017 evidenció cómo el miedo a represalias tapaba las irregularidades. Así, un 81% de los europeos dijo que no informó sobre casos de corrupción que experimentó o de los que fue testigo.

La Comisión también estimó que la falta de una protección adecuada para estos informantes costaba a la UE entre 5.800 millones y 9.600 millones de euros al año tan solo en el campo de las licitaciones públicas.

Fear of retaliation

A 2017 Eurobarometer showed how fear of retaliation helped to hide irregularities. A total of 81% of europeans said that they did not report on cases of corruption that they experienced or witnessed.

The Commission also estimated that the lack of adequate protection for these informants cost the EU between € 5.8 billion and € 9.6 billion per year in the field of public procurement alone.

Personas valientes

La vicepresidenta de la Comisión a cargo de Justicia, Vera Jourova ha señalado que “los denunciantes son personas valientes que están dispuestas a sacar a la luz las actividades ilegales, a menudo con un gran riesgo para su carrera y sus medios de vida, para proteger al público de irregularidades. Merecen reconocimiento y protección por sus valientes acciones. Hago un llamamiento a los Estados miembros para que transpongan las nuevas normas sin demora”.

Brave people

The vice president of the Commission in charge of Justice, Vera Jourova, pointed out in december 2019 that “the whistleblowers are brave people who are willing to expose illegal activities, often at great risk to their career and their livelihoods, to protect the public of irregularities. They deserve recognition and protection for their courageous actions. I call on the Member States to transpose the new rules without delay”.

in English

Would you report an illegal activity?

The EU has approved a directive that offers comprehensive guarantees to those who report illegal activities against EU law, such as money laundering, tax fraud or bad practices in public procurement. The directive, which will enter into force as of December 2021, introduces clear procedures for reporting, as well as secure channels for reporting and preventing retaliation.

The collapse of the digital payments company Wirecard is regarded as the biggest corporate fraud scandal in Germany since World War II. An employee of the EY firm, responsible for its audits, already informed his superiors in 2016 about fraud and bribery attempts by the German ‘fintech’. The warnings of this whistleblower, however, were left to nothing by pressure from Wirecard itself.

Cases like this, published by the Financial Times on September 29, prove the importance of guaranteeing the appropriate channels and the necessary protection to whistleblowers to alert about irregularities.

EY’s failure to act, currently under investigation in Germany for its poor Wirecard audit, led to the loss of hundreds of millions of euros for thousands of citizens.

The “Luxleaks” papers, which uncovered in November 2014 the ‘sweetheart deals’ given by Luxembourg to companies to pay almost no taxes, allowed the European Commission to take action against multinationals such as McDonalds, Amazon or Ikea, who used aggressive tax practices to evade their tax obligations.

«Everyone should thank the whistleblower for his work and the investigative journalists for putting a lot of effort into this,» Competition commissioner Margrethe Vestager, who is leading the charge against unfair tax practices, told this correspondent.

But ‘Luxleaks’ whistleblower, Antoine Deltour, a former PricewaterhouseCoopers employee whose company was involved in the preparation of the tax deals, ended up sentenced in court, although he was ultimately acquitted.

There have been other cases, such as the Panama Papers or the Paradise Papers, in which whistleblowers played a fundamental role in denouncing irregularities to their superiors, the authorities or the press. They exposed situations in which, by action or omission, their companies threaten or harm the public interest, through fraud, corruption, tax evasion or attacks against the environment or food safety.

The situation of whistleblowers in Europe has become an important matter in the last five years. Despite the notorious leaks in recent years, their protection was until recently inadequate across the EU, with big differences between member states. The risk of unequal treatment and legal uncertainty decreased the interest of those who wanted to report to protect their fellow citizens.

For this reason, the European Commission presented in the spring of 2018 a proposal to strengthen the guarantees of whistleblowers. The text, which will be fully in force as of December 2021, introduces clear reporting procedures and obligations for companies, safe channels for reporting, prevention of retaliation, and effective protection for whistleblowers.

In addition, it introduces sanctions for those who try to obstruct the complaint, reveal the identity of a complainant, threaten or retaliate against him, or do not comply with other requirements of the directive.

Poor frame. Before the arrival of this proposal, only ten member states (France, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Slovakia, Sweden and the United Kingdom) had a comprehensive legal framework to protect them. In the other countries, the law only covered some sectors, especially the financial sector, categories of employees, such as civil servants, or certain cases, such as corruption.

As a result, according to a 2017 Commission study, 49% of citizens did not know where to report corruption cases, and only 15% were aware of whistleblower protection rules.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual turnover, will be required to create internal reporting channels.

While the Commission prepared the proposal with a public consultation, the European Parliament also took action to make its voice heard. In February 2017, MEPs called in a resolution for a new comprehensive legal framework to protect whistleblowers. The Parliament even went as far as to recommend a specific European agency to advise and collect whistleblower reports.

Following the Commission proposal, member states and MEPs added their amendments, for example introducing the possibility of anonymous whistleblowers and legal protection for journalists who report on the content of the complaint.

The European Parliament rapporteur on this dossier, French socialist Virginie Rozière, stressed that «recent scandals such as LuxLeaks, Panama Papers and Football leaks helped shed light on the great precariousness that whistleblowers suffer today». For this reason, Parliament sent “a strong signal that it has listened to the concerns of its citizens and has promoted solid rules that guarantee their safety and those who choose to speak”, she added.

In March 2019, the European Parliament and the member states reached an agreement on the final text, which concluded its ratification in october of that year and entered into force last december. Member states have two years to implement the rules into national law.

“The EU is committed to a well-functioning democratic system based on the rule of law. That includes providing a high level of protection across the Union for whistleblowers who have the courage to speak up. No one should risk their reputation or their work by exposing illegal behavior”, said Finnish Justice Minister Anna-Maja Henriksson, whose country was chairing the Council when the directive was adopted.

The Commission even told member states to go further in their national framework when they implement the directive. The directive covers only reports on breaches related to EU law, such as tax fraud, money laundering or bad practices in public tenders, safety of goods and roads, environmental protection, public health and consumer protection and of your data. For this reason, the EU Executive invited countries to extend its scope to cover other violations of their national laws.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual revenue, will be required to create appropriate internal reporting channels.

The first companies that will have the obligation to implement the directive will be those with more than 250 employees; two years later it will also apply to those with between 50 and 250 workers.

Protection. One of the key points of the new rules is the protection of whistleblowers. The directive explicitly prohibits retaliation and introduces safeguards to prevent the complainant from being suspended, demoted and intimidated or other forms of retaliation. Those who help whistleblowers, such as facilitators, co-workers or family members are also protected. In addition, former employees or even job candidates in the affected companies are included.

Furthermore, member states should ensure that whistleblowers have free access to complete and independent information and advice on available procedures and remedies, as well as legal assistance during these procedures. During court cases, complainants should receive financial and psychological support.

The directive introduces a hierarchy for the complaints, offering guarantees to those who decide to make them public. Whistleblowers are encouraged to first use their organization’s internal channels, before resorting to external channels that public authorities are required to establish. In cases where no appropriate action was been taken in response to the whistleblower’s initial report, or if they believe there is an imminent danger to the public interest or a risk of retaliation, the whistleblower will be protected if they choose to disclose information publicly.

The new EU rules establish the obligation to respond and follow up on the complaints within a period of three months, although it can go up to six months in the case of using the external channels in duly justified situations.

Europa informa

Texto de la propuesta legislativa.

Página del Parlamento Europeo con el procedimiento legislativo de la propuesta (en inglés).

Propuestas realizadas por la ONG Transparency International a la propuesta de la Comisión Europea.

Europe informs

Text of the legislative proposal.

Page of the European Parliament with the legislative procedure of the proposal.

Proposals made by the NGO Transparency International to the proposal of the European Commission.

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