A pesar de que la Constitución española dispone que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional” (artículo 20.1.d), en España todavía no existe un desarrollo legislativo de este derecho. Durante los últimos 40 años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ido definiendo la figura del secreto profesional, pero es necesaria una legislación específica.

LA NUEVA LEY DEFINE EL SECRETO PROFESIONAL COMO UN DERECHO Y UN DEBER, QUE VINCULA POR IGUAL AL PERIODISTA Y AL DIRECTOR DEL MEDIO

Con este fin se ha llevado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, que pretende consolidar el amparo jurídico de los periodistas cuando no revelan la identidad de sus fuentes o cualquier otra información que pudiera conducir a ellas. El objetivo es, por un lado, proteger a las personas físicas o jurídicas que hayan servido de fuente para informaciones y, por otro, evitar que determinadas actuaciones que menoscaben el secreto profesional desanimen a futuras fuentes de colaborar con los medios.

Derecho y deber. La nueva ley define el secreto profesional como un derecho y un deber, que vincula por igual al periodista y al director del medio de comunicación que publique la noticia. Estos profesionales únicamente podrán ser requeridos para desvelar la identidad de sus fuentes mediante resolución judicial en los siguientes casos: cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado de forma consciente la información, y cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas. Aun así, cuando una autoridad judicial o administrativa tenga a su disposición la identidad de una fuente periodística, actuará de la manera menos lesiva para el secreto profesional.

LA FUTURA LEY PRETENDE CONSOLIDAR EL AMPARO JURÍDICO DE LOS PERIODISTAS CUANDO NO REVELAN LA IDENTIDAD DE SUS FUENTES

Además, el texto legal especifica que en ninguno de los supuestos anteriores se podrán requisar las herramientas de trabajo de los periodistas, utilizadas en el ejercicio de su profesión. Esta matización cobra especial relevancia tras lo sucedido en el caso Cursach, cuando el juez ordenó el requisamiento de los ordenadores y teléfonos a unos periodistas de medios de comunicación baleares con el objetivo de investigar una filtración. El Tribunal Constitucional reconocía en marzo de 2022 el derecho de estos periodistas a impugnar esas medidas y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares (TSJIB) declaraba nulos los rastreos de llamadas y la incautación de sus móviles.

SE QUIERE EVITAR QUE LAS ACTUACIONES QUE MENOSCABEN EL SECRETO PROFESIONAL DESANIMEN A FUTURAS FUENTES DE COLABORAR CON LOS MEDIOS

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los registros en el domicilio o lugar de trabajo, el acceso a datos telefónicos, o la incautación de material a profesionales de la información de diferentes países europeos. En todos los casos el TEDH ha sostenido que se había violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo a la libertad de expresión. Uno de los ejemplos más recientes es el de un periodista ruso que publicó en la web de su semanario una entrevista con un policía de alto rango sobre un escándalo de abuso de poder. Posteriormente, se abrió una causa penal contra el policía por revelación de secretos de Estado. El periodista se quejó del registro de su piso y de la incautación de su computadora, discos duros y un audio. La Corte europea consideró que el allanamiento impugnado se había realizado sin garantías que protegieran la confidencialidad de las fuentes periodísticas y que, por tanto, era innecesario en una sociedad democrática para lograr la prevención del delito.

Una larga espera. El proyecto de ley ha sido también bienvenido entre las diferentes organizaciones profesionales que representan a los periodistas, después de años reivindicando que el secreto profesional adquiera rango de ley. La actual propuesta ha llegado tras un año de negociaciones entre los afiliados españoles de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, las agrupaciones de periodistas de CC.OO. y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas, con los grupos parlamentarios.

Concretamente, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas han destacado que la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa y para que los profesionales de la información puedan ejercer su profesión de forma plena.

Si logra los apoyos necesarios, la nueva ley sería aprobada en el primer semestre de 2023.