PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CÉSAR DÍAZ,

área jurídica de CECU

"Necesitamos un mercado del alquiler donde la Administración pública tenga una presencia importante"

¿Alquiler vs. compra?

Comprar o alquilar es una de las grandes cuestiones a la que se enfrentan la mayoría de las personas con rentas medias y medias/bajas -las de rentas bajas apenas tienen opciones y las de rentas altas las tienen todas- ya que es un gasto que afecta a una parte importante de sus ingresos y, por tanto, condicionará su disponibilidad económica en general y la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos.

¿Cuál es la mejor opción? Pues dependerá de varios factores, como la propia situación de cada persona, sus consideraciones y sus opciones de vida. Pero esto no siempre es una libre elección: la situación económica, laboral y geográfica, en ocasiones, impone una de las opciones.

Optar por el alquiler puede estar determinado por consideraciones como, por ejemplo, no querer ser propietario, tener facilidad para cambiar de residencia o no querer estar sujeto a una hipoteca ante la incertidumbre de no poder hacer frente a los pagos en algún momento. No obviamos la posibilidad de alquilar o vender la vivienda que se ha comprado -o se está pagando-, pero en ningún caso es una transacción fácil, rápida ni económica. No obstante, como anticipábamos, la opción del alquiler puede venir impuesta por la imposibilidad de acceder a una hipoteca por parte de quienes prefieren comprar.

Por su parte, la decisión de comprar una vivienda también puede estar mediatizada por cuestiones como el deseo de contar con un activo estable y rentable, disponer de un techo ante posibles imprevistos que dificultarían el pago de un alquiler, o como recurso económico para una futura herencia. Todo ello sin obviar que detrás de esta decisión existe una arraigada y fomentada cultura del ser propietario que considera que alquilar es tirar el dinero, y del estatus socioeconómico que lleva aparejado. Además, hasta ahora, esta opción ha venido siendo más económica que el alquiler, tanto por el elevado precio de este último como porque al terminar de pagar la hipoteca se adquiere la propiedad de la vivienda. No obstante, en ocasiones, precisamente suscribir una hipoteca ha sido una obligación para muchas personas que no podían hacer frente al elevado precio del alquiler, sin perjuicio de la inestabilidad que implica esta opción con la actual legislación.

En las grandes ciudades o en ciudades donde se concentra una gran densidad de población en poco espacio, alquilar una vivienda apenas es asumible para muchas personas, que se ven obligadas a compartir casa con desconocidos y alquilar una habitación o algún habitáculo “reconvertido” en vivienda en condiciones realmente cuestionables, a precios muy elevados, lo que pone en cuestión nuestro derecho a una vivienda, a una vida digna y al propio desarrollo personal. A esta situación contribuye de forma importante la capacidad de los grandes tenedores de incrementar los precios del alquiler, hecho que es replicado por el resto de arrendadores; así como el incremento progresivo de viviendas que se destinan al alquiler vacacional (en Madrid, cerca de 7.000). Esto reduce la oferta, incrementa los precios y desplaza a personas y familias de sus barrios hacia zonas o municipios más alejados, lo que a su vez repercute en los precios de estas zonas.

En los municipios más pequeños, en la llamada España vaciada, la situación tampoco es muy alentadora ya que la baja oferta de viviendas, tanto públicas como privadas, permite mantener precios elevados.

La opción de la compra no es una solución mucho mejor. Los elevados costes de adquirir una casa, en la mayoría de los casos asociada a una hipoteca, y las devastadoras consecuencias de no poder hacer frente al pago en algún momento, no la convierte en una opción muy atractiva. En un contexto económico y laboral como el que tenemos actualmente, es muy probable que en algún momento los deudores pasen por una situación en la que sus ingresos se vean reducidos (desempleo, enfermedad, etc.) y comprometa su capacidad de pago. Incluso para las personas o familias que sí pueden hacer frente a un alquiler o una hipoteca la situación tampoco es fácil, ya que el coste de cualquiera de las opciones supone una parte importante de sus ingresos, lo que en la práctica significa evitar hacer demasiados gastos y esperar a que no suceda ningún imprevisto.

En resumen, la situación de la vivienda en España no es buena y esto es consecuencia de haber dejado en manos del libre mercado el acceso a este bien de primera necesidad, de la ausencia de políticas públicas realmente efectivas que garanticen el acceso a una vivienda en alquiler a un precio asequible y de no actuar contra la especulación inmobiliaria, lo que nos ha llevado a la actual paradoja de contar con millones de viviendas vacías y miles de familias desahuciadas cada año.

Algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, sin duda, podrán mejorar la situación de las personas más vulnerables, pero realmente no cambian el paradigma de la situación de la vivienda en España, esto es, que el acceso a una vivienda y a una vida digna sigue dependiendo de intereses económicos de grandes entidades. Lamentablemente, la actual redacción del proyecto de Ley de Vivienda, si no se modifica, tampoco cambiará la situación.

Necesitamos un mercado del alquiler donde la Administración pública tenga una presencia importante y garantice el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda.