Charles Baudelaire en su poema El tonel del odio dejó escrita esta significativa frase: “El odio es un borracho al fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida”. Siendo así, el beodo que describe el poeta ha encontrado su mejor recorrido en las redes sociales donde puede llenar su copa y esparcir el contenido, multiplicando sus efectos hasta límites insospechados.

El odio se viraliza y llega a todos los rincones del ciberplaneta gracias a internet, asomándose a Facebook, campando por sus respetos en Twitter o recalando en Tik Tok. Nadie está libre de sus efectos que son ilimitados y permanecen gracias al anonimato revestido de impunidad, con lo que surgen discursos agresivos que ofenden. Nace así el discurso del odio que define la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia como “la promoción o instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas” y también como “el descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza” en referencia a esa persona o a un grupo.

Añade la Comisión que quienes lanzan estas consignas las justifican en base a la raza, el color, la etnia, la edad, el sexo, la religión, las creencias, la identidad de género o la orientación sexual… En el odio cabe todo y sus ramificaciones son ilimitadas, con el agravante de que al difundirse a través de las nuevas tecnologías su huella permanece y se reutiliza de tal modo que los discursos del odio, una vez llegan a su objetivo, causan grandes daños emocionales sobre todo cuando son ataques directos a una persona en particular. Y no son menos perjudiciales si se trata de un colectivo que puede verse acosado o amenazado no solo en la Red, sino en la vida real, en el propio entorno.

¿Pueden resolver estas situaciones en las propias redes sociales? Deberían, sin duda. Pero hay que tener en cuenta que cada una de ellas se ha creado con objetivos económicos o de otro tipo muy concreto por lo que la autorregulación resulta improbable por contradecir los intereses que las animan. En el caso de España, -según datos de la guardia civil- en 2022 un 15% de los delitos de odio se produjeron a través de las redes sociales y las mismas fuentes apuntaban, en una entrevista publicada en ABC, que el problema mayor es la transnacionalidad, pues las plataformas operan desde Estados Unidos, donde las leyes priman la libertad de expresión sobre el derecho al honor.

Aun así, se ha intentado -y se intenta- dar un toque de atención a las plataformas mediante grupos de trabajo institucionales con Facebook o Tik Tok para combatir esta lacra. Por ejemplo, Twitter actualizó en diciembre de 2021 su política contra las conductas de odio para prohibir el lenguaje que atente contra las personas en diferentes facetas.

Pero a la hora de la verdad surgen empresarios como Mark Zuckerberg, (propietario de Meta que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp), que en 2020 anunció la toma de medidas en Facebook contra el discurso del odio después de que un centenar de marcas amenazaran con retirar la publicidad. En 2021, una ex trabajadora de la compañía ponía a disposición de los fiscales estadounidenses documentación demostrando que el algoritmo de Facebook se optimiza para premiar los contenidos que provocan una reacción, que es lo que sucede sin duda con los mensajes en los que se incita al odio o a la ira del internauta.

También explicó que la red social no pensaba cambiar esa situación, porque si se prima la seguridad, las personas pasan menos tiempo en el sitio y hacen clic en menos anuncios lo que disminuye los ingresos. En 2022, el polémico empresario se lucía de nuevo levantando la prohibición de los discursos del odio para permitir mensajes violentos hacia el gobierno ruso y sus soldados con motivo de la guerra de Ucrania.

Odiar no es un delito. Pero sí lo es incitar a la violencia y discriminación contra colectivos vulnerables. El Código Penal lo cataloga como incitar a un sentimiento que te puede llevar a eliminar al contrario, que es el riesgo del aluvión de ataques contra los más débiles. Un 77% de esos delitos se concentran, según los expertos, en los cuatro ámbitos más habituales: racismo-xenofobia; ideología; LGTBIfobia y discriminación por sexo y género. Son mensajes que se viralizan y producen un enorme daño a la sociedad a la que divide perjudicando a colectivos y a personas concretas.

El peligro es que se convierten en una “justificación ideológica” para que un individuo o un grupo organizado decida combatir a otros seres humanos por pensar diferente o pertenecer a una orientación o a una cultura distinta a la suya. Y entre las víctimas, de toda condición, un sector especialmente doloroso: los niños y los adolescentes.

El suicidio es una de las causas externas de mortalidad entre los más jóvenes, en un porcentaje que se incrementa cada año. La organización humanitaria Save the children apunta que las víctimas de ciberacoso tienen más riesgo de verse inmersas en ideas de suicidio o en llegar a perpetrarlo.

De nuevo, las redes sociales presentan su cara más fea. Las instituciones deben dar soluciones para frenar esas tendencias y, entre ellas, el sector jurídico tiene que clarificar cuándo este discurso va más allá de la ofensa, porque, sin duda, internet no es inocente.