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¿Vamos a vivir para siempre?, por Salvador Macip

EN PLENO DEBATE

SALVADOR MACIP,

médico e investigador de la UOC y la Universidad de Leicester

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Linkedin: Salvador Macip

Actualmente se están probando varias estrategias, desde alargar los telómeros a recuperar las células madre o reducir el daño oxidativo

Se podría decir que envejecer es una consecuencia inevitable de estar vivos. O por lo menos esto es lo que hemos pensado a lo largo de muchos siglos. A pesar de todo, nuestra imaginación siempre se ha negado a aceptar lo que parecía una realidad incontrovertible, como demuestra que, desde el principio de los tiempos, los humanos hemos inventado posibles maneras de engañar a la muerte. Las mitologías están pobladas de historias relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad, empezando por la primera narración de la que tenemos constancia, las aventuras del héroe sumerio Gilgamesh, o la milenaria leyenda de la fuente de la eterna juventud. No es raro encontrar en la ficción personajes inmunes al paso del tiempo, desde los longevos patriarcas bíblicos a los elfos de El Señor de los Anillos.

Pero ¿es realmente una fantasía vencer al paso del tiempo? ¿O podría llegar a convertirse en realidad? La ciencia se ha hecho esta pregunta antes incluso de poseer las herramientas adecuadas para responderla. La medicina tradicional china, por ejemplo, tiene un listado de remedios que supuestamente alargan la vida. Y en Occidente, el libro The cure of old age, escrito por el franciscano inglés Roger Bacon en el siglo XIII, o Makrobiotik (1798), de Christoph Hufeland, proponen intervenciones que se supone que tienen un impacto en la longevidad. A pesar de esto, hasta hace relativamente poco, la idea de frenar el envejecimiento no era más que un sueño. Unos avances científicos recientes han cambiado radicalmente el panorama.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos descubierto los mecanismos moleculares que determinan el envejecimiento y, por primera vez en la historia, estemos discutiendo seriamente sobre qué podemos hacer para evitar los efectos negativos del paso del tiempo en el cuerpo humano. Como sucede siempre en medicina, no es hasta que entendemos cuáles son las causas que desencadenan un proceso que adquirimos la capacidad de hacer algo al respecto. Este ha sido también el caso del envejecimiento: hemos conseguido ver que lo que nos hace envejecer son una serie de cambios bioquímicos y celulares perfectamente definibles y cuantificables. Y, por tanto, modulables. Por lo menos en teoría.

En eso estamos ahora. Laboratorios de todo el mundo están estudiando estos factores que creemos que definen el deterioro que vemos en nuestros tejidos con el paso de los años. Y todo este esfuerzo está empezando a dar fruto. Ya hemos conseguido alargar la vida a varios animales de laboratorio, incluidos los monos, nuestros parientes más cercanos, manipulando uno o más de estos factores. La cuestión ahora es si podremos conseguir algo parecido en humanos.

Actualmente se están probando varias estrategias, desde alargar los telómeros a recuperar las células madre o reducir el daño oxidativo. Pero la que parece que tiene más posibilidades de funcionar es eliminar las llamadas células senescentes o viejas. Muchos de los procesos que llevan al envejecimiento acaban generando estas células que, poco a poco, llenan los tejidos, lo que impide que el resto hagan sus tareas habituales. Se cree que es por eso los órganos dejan de funcionar correctamente. Los primeros ensayos clínicos en humanos para “limpiar” los tejidos de las células senescentes con unos compuestos llamados senolíticos ya se están llevando a cabo, principalmente en enfermedades relacionadas con el envejecimiento, y pronto sabremos los resultados.

Hay expertos que creen que no tardaremos mucho en ver el primer fármaco con efectos antienvejecimiento de verdad (porque, en estos momentos, nada de lo que nos venden con esta etiqueta tiene un efecto real sobre la edad de nuestros tejidos). Eso no quiere decir que la inmortalidad esté a la vuelta de la esquina. El envejecimiento no deja de ser un proceso biológico terriblemente complejo, y domarlo no será sencillo. Lo más probable es que nunca lo consigamos del todo. Pero, eso sí, la posibilidad de reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o ciertas diabetes desconectando los mecanismos del envejecimiento, parece estar a nuestro alcance. El siguiente paso, ya a medio plazo, sería mejorar la calidad de vida en los últimos años de existencia, quizás el problema más importante que tenemos en los países desarrollados, cada vez más llenos de gente mayor con problemas crónicos. Y, finalmente, quizás algún día conseguiremos también alargar la esperanza de vida, aunque esto no sea lo más urgente. Como tampoco lo es la inmortalidad, que algunos teorizan que podría ser asequible si seguimos cosechando éxitos en estas líneas de investigación. Pero quizás estén pecando de optimistas.

Todo esto no se puede ver sólo como un avance científico: hay consecuencias socioeconómicas muy importantes que deberán considerarse antes de que los primeros fármacos antienvejecimiento se pongan a la venta. No parece que sea imposible ralentizar el envejecimiento de manera suficientemente significativa como para que, en un futuro no muy lejano, una parte de la población de este planeta pueda vivir más de cien años en buenas condiciones. Esto puede provocar una revolución social importante (¿Podríamos continuar jubilándonos antes de los 70? ¿Quién pagaría las pensiones? ¿Sería el futuro sostenible?) y empeorar aún más las diferencias entre ricos y pobres. Es cierto que el estudio del envejecimiento promete cambios radicales en la manera de tratar y prevenir enfermedades que hasta hace poco parecían ciencia-ficción, pero depende de nosotros que acaben convirtiéndose en una utopía o una distopía.

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

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Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

El 19 de septiembre de 2021 supone un antes y un después para los habitantes de La Palma. Ese día el volcán Cumbre Vieja comenzó a expulsar lava arrasando todo lo que encontraba a su paso y causando la «emergencia más grave en la historia de Canarias», en palabras del presidente del gobierno de esta Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres.

MARTA RUIZ-CASTILLO

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@MartaRuizCas

En una comparecencia ante el Parlamento canario celebrada el 14 de octubre se refirió al Cumbre Vieja como el «volcán más dañino de Europa de los últimos 100 años”. Para entonces el volcán llevaba casi un mes sin dar tregua a los habitantes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte; había emitido más de 100 millones de metros cúbicos de lava destruyendo más de 1.500 edificaciones, y había cubierto más de 400 hectáreas de terreno y cientos de ciudadanos habían sido evacuados de sus casas. Unas cifras que han aumentado considerablemente desde esa fecha debido a la ininterrumpida actividad del volcán a través de sus distintas bocas eruptivas y la aparición de nuevas coladas, en medio de una intensa actividad sísmica. Además, en este tiempo la lava ha ganado terreno al mar con el consiguiente aumento de la extensión de la isla.

Nueva orografía. La erupción ha provocado numerosas coladas, una de las cuales llegó al mar el 29 de septiembre creando una fajana de grandes dimensiones. Este terreno ganado al mar, que ha ampliado la extensión de la isla, pasa a ser propiedad del Estado, de acuerdo con la ley de Costas, que establece que «son de dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas». Esta norma sigue los criterios establecidos en la Constitución de 1978, que en su artículo 132.2 dice que «son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

Hasta ahora, el Cumbre Vieja se había mantenido por encima de los 800 metros y sólo las coladas del volcán de Martín de Tagalate y la del volcán del Charco habían alcanzado el mar. Ahora, de nuevo, las distintas coladas llegadas al mar por la erupción del Cumbre Vieja han cambiado la fisionomía y la extensión de la isla de La Palma.

Respecto a la propiedad de los bienes privados afectados por desastres naturales, la citada ley especifica que siguen siendo de titularidad privada. En el caso particular de La Palma, declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2002, el futuro del terreno afectado viene determinado también por la ley del Patrimonio y la Biodiversidad y la ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. A esto se añade que el volcán Cumbre Vieja es parte del Parque Natural del mismo nombre formado por la dorsal montañosa de Cumbre Vieja, en la zona sur de la isla, y Cumbre Nueva, que conecta con la parte norte. En este parque se encuentran los conos volcánicos más emblemáticos de la historia eruptiva de la isla. Declarado Zona de Especial Conservación por la Red Natura 2000, se extiende por la mitad sur de la Isla con una superficie de 7.499,7 hectáreas. Esta extensión incluye a cinco municipios: Breña Alta, con un 7,1% de la superficie del parque; Breña Baja, con un 3,5%; Mazo, que alberga un 20% del parque; El Paso, con el 43,4%; y Fuencaliente con un 26%.

Demostrar la titularidad. Barrios enteros han quedado sepultados por el magma y son muchos los ciudadanos que lo han perdido todo: viviendas, fincas y terrenos irrecuperables que han desaparecido del paisaje o que han quedado en la llamada zona de exclusión. En medio de la desolación, los afectados necesitan demostrar documentalmente que son los titulares de esas propiedades para poder cobrar el seguro o recibir ayudas públicas. Para ello cuentan con la colaboración de los notarios que se han ofrecido a dar apoyo y asesoramiento gratuitos a los damnificados.

Uno de los aspectos más importantes a los que se enfrentan los vecinos que han perdido sus propiedades tiene que ver con los seguros. En este sentido, está siendo clave la acción del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al servicio del sector asegurador español, y entre cuyas funciones está la cobertura de los riesgos extraordinarios. El Consorcio admite que la erupción del Cumbre Vieja es una «situación excepcional» porque el volcán sigue expulsando lava y las zonas afectadas no son accesibles. Factores que hacen imposible conocer el «nivel real de aseguramiento» y, en consecuencia, «hacer estimaciones estables y fiables». Pese a estas circunstancias, el Consorcio asumirá todos los compromisos «por razón de los contratos de seguro, sea cual fuera el importe de los daños indemnizables» de acuerdo con las cláusulas del contrato de seguro que tengan los asegurados. Este organismo público sustituye a la aseguradora privada cuando el daño lo produce «alguno de los riesgos extraordinarios, como la inundación, el terremoto o la erupción volcánica».

El único límite para pagar sería el marcado en los seguros que tengan contratados los afectados. En el caso de los ciudadanos que no tengan seguro, el Consorcio no puede hacerse cargo de la indemnización de las pérdidas, pero estos sí pueden acceder a las ayudas concedidas por el Gobierno en el marco de lo aprobado tras la declaración de La Palma como «zona catastrófica».

Diez días después de que el volcán entrara en erupción, el CCS había abonado ya 625.000€ correspondientes a algunas viviendas destruidas, informa el propio Consorcio. Y a fecha de 7 de octubre, la entidad había recibido 556 solicitudes de indemnización correspondientes a 423 vivienda, 96 coches, 34 comercios y tres industriales. De ellas, 363 solicitudes procedían de Los Llanos de Ariadne; 131 de El Paso; 39 de Tazacorte; 10 de Breña Alta; cinco de Santa Cruz de La Palma; cuatro de Fuencaliente de La Palma, y otras cuatro de Villa de Mazo.

Recuperar la isla

El gobierno central, reunido el 28 de septiembre de 2021, aprobó un real decreto-ley con medidas destinadas a «la recuperación social, económica, laboral, educativa y medioambiental en la isla de La Palma y garantizar la protección de los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad», que incluyó «articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas». Días después, el 5 de octubre, aprobó un segundo real decreto-ley para la adopción de nuevas medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma que, entre otras cuestiones, recogió la ayuda ofrecida por el Notariado, concretamente, por el Colegio Notarial de Canarias.

La totalidad de la superficie de Cumbre Vieja está considerada Área de Sensibilidad Ecológica, lo que implica que existe una protección regulada de la zona con objeto de preservar sus características especiales vulcanológicas, así como su particular fauna y flora y, por tanto, existen limitaciones muy concretas desde el punto de vista urbanístico. En total, el territorio del parque ocupa el 10,5% de la superficie de la isla de La Palma, según datos del Gobierno de Canarias recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión de 2001 ampliado en 2006, donde se subraya que «se trata de una zona relativamente cerca de las poblaciones más importantes de la isla, y también de las zonas de mayor importancia desde el punto de vista turístico». En este sentido, el real decreto-ley ha concedido una subvención directa a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (RMBLP) que irá destinada a «restaurar el entorno socioeconómico y ambiental de la reserva afectado por el volcán».

OTROS ENFOQUES

-Economist & Jurist: Diego Fierro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia, escribe sobre la jurisprudencia relativa al factor de «fuerza mayor» en los casos de desastres naturales y, en concreto, cómo afecta la legislación a la erupción del volcán de La Palma.

-El País: Aborda los interrogantes legales originados por el cambio de fisonomía de La Palma producido por la lava del volcán Cumbre Vieja desde que entró en erupción.

-Noticias Jurídicas: José Manuel González Pellicer se pregunta si a la hora de buscar responsables para solicitar compensaciones por las pérdidas materiales ocasionadas por el Cumbre Vieja se debe tratar la erupción como un acontecimiento de fuerza mayor y, por tanto, imprevisible, o por el contrario, al ser un volcán monitorizado, hay que poner el foco en las administraciones que permiten urbanizar en zonas próximas al volcán.

Apoyo de los notarios

Los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia han sido los primeros voluntarios en trasladarse a la isla de La Palma, donde han abierto tres notarías temporales para atender a los afectados por la erupción del volcán. Están instaladas en dependencias de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte a fin de coordinarse con ellos. Para ello cuentan con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado.

“Desde el 2 de noviembre cada uno de nosotros nos hemos hecho cargo de una notaría y establecido un turno de rotación para que este servicio sea continuo”, asegura el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé.

Concretamente, explica Cavallé, en la isla “muchas propiedades han sido borradas por el volcán. Unas tenían sus escrituras públicas, de las que se podrá obtener copia, pero de otras sólo existían “hijuelas” y documentación privada, con lo que se les facilitará medios para justificar la titularidad o la existencia de otros derechos. También sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos”. Por ello, explica el decano de Canarias, “con esta iniciativa pretendemos dar agilidad para ayudar a los palmeros que se hayan visto afectados prestándoles asesoramiento gratuito, adaptado a cada caso, y ayudándoles, con prontitud y transparencia, a obtener las pruebas documentales necesarias que les permitan acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, indemnizaciones o justiprecios”.

Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial. Estos libros y demás documentos, una vez finalizada su habilitación, quedarán depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

El nuevo sistema fiscal internacional

EN PLENO DEBATE

El nuevo sistema fiscal internacional

Pagar impuestos en el país donde se desarrolla la actividad empresarial parece algo obvio, aunque la realidad no siempre es así. En una economía global cada vez más digitalizada, muchas multinacionales, principalmente tecnológicas, llevan años aprovechando la ausencia de una política fiscal internacional armonizada para evitar pagar impuestos en países en los que operan y ofrecen sus servicios. En su lugar, tributan en Estados que les ofrecen pagar menos impuestos o incluso ninguno.

MARTA RUIZ-CASTILLO

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@MartaRuizCas

Esta práctica se conoce como «erosión de bases imponibles y traslado de beneficios» o BEPS, por sus siglas en inglés. Ponerle fin es lo que pretende el acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas del G7, los siete países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón), reunidos en Londres el 5 de junio. «Es una satisfacción para mí anunciar que hoy hemos alcanzado un histórico acuerdo para reformar el sistema fiscal global de forma que las empresas paguen los impuestos adecuados en los lugares que les corresponden», anunció el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak.

Tipo impositivo. El acuerdo del G7 propone una fiscalidad global más estable y equitativa mediante la reasignación de beneficios de las multinacionales, estableciendo un tipo impositivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para empresas que tengan un margen de beneficios superior al 10% independientemente de dónde tengan su domicilio fiscal.

Este «histórico» anuncio recibió el respaldo de los ministros de Economía y Finanzas y de los gobernadores de los Bancos Centrales del G20 (grupo formado por 19 países desarrollados y emergentes, además de la UE), en una reunión celebrada en Venecia la primera semana de julio.

Se espera que el nuevo sistema fiscal internacional, que lleva años debatiéndose, primero a través del Proyecto BEPS y después en el Marco Inclusivo sobre BEPS, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, ponga fin a una «elusión fiscal» legal pero muy perjudicial para las economías de muchos países, entre ellos España, protagonizada por multinacionales que, como denuncia la OCDE, «llevan años trasladando sus beneficios de forma artificiosa a países con escasa o nula tributación, sobre todo, a partir de la digitalización de la economía».

Una práctica, añade la OCDE, que tiene efectos perjudiciales para todos: gobiernos, ciudadanos y empresas. Para los gobiernos porque «dejan de recaudar los fondos que tanto necesitan. Las estimaciones más conservadoras sitúan la pérdida recaudatoria entre el 4% y el 10% de los ingresos fiscales procedentes del Impuesto de Sociedades». Es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, que podrían destinarse a gastos sociales como educación, sanidad o pensiones.

A los ciudadanos, esta situación les perjudica porque, al final, son los que asumen el coste de estas prácticas mediante el aumento de los impuestos por servicios que, en otras circunstancias, se financiarían con los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades.

En cuanto a las empresas nacionales, su margen de beneficios es considerablemente inferior al competir con multinacionales que pueden reducir la presión fiscal trasladando sus beneficios a países más ventajosos fiscalmente.

Apoyos y reticencias. «Se ha dado un paso audaz, uno que pocos creían posible hace tan solo unos meses», manifestó Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía. «Se trata de una victoria de la equidad fiscal, la justicia social y el sistema multilateral», añadió tras conocerse el acuerdo del G7 refrendado por el G20.

La cuestión es si todos los miembros de la Unión Europea llegarán a un consenso sobre este acuerdo crucial, dado que socios como Irlanda, considerado por algunos países como un «paraíso fiscal», ya han expresado sus recelos. «Estamos comprometidos a negociar para ver si podemos entrar en el acuerdo en algún momento, pero yo sigo defendiendo el 12,5% (del Impuesto de Sociedades)», declaró el ministro de Economía, Paschal Donohoe, en una comparecencia pública en julio, en la que recordó que ésta «ha sido una característica clave de nuestra política económica desde hace décadas» y, por consiguiente, «lo que está sobre la mesa en este momento es un acuerdo del que Irlanda no puede formar parte».

Para Facebook, una de las principales multinacionales afectadas cuando entre en vigor el acuerdo, éste supone «un primer paso importante hacia la certeza para las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial», manifestó el vicepresidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, a través de su cuenta de Twitter. «Nuestra compañía ha pedido durante mucho tiempo la reforma de las normas fiscales globales y damos la bienvenida al importante progreso logrado en el G7». «Queremos que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconocemos que esto podría significar que Facebook pague más impuestos y en diferentes lugares», añadió.

Sin embargo, para organizaciones como Oxfam Intermón, organización internacional que trabaja para acabar con las desigualdades sociales y económicas, “no hay que llevarse a engaño». Este acuerdo «no supondrá el final de la competencia fiscal desleal ni de los paraísos fiscales», asegura el responsable de fiscalidad, Íñigo Macías, en la web de la entidad. «El tipo mínimo del 15% es muy poco ambicioso, y puede incluso ser el punto de partida para que otros países justifiquen recortar el tipo nominal en el Impuesto de Sociedades, como ya empieza a plantearse en países como Dinamarca y Australia».

Marco Inclusivo. Lo acordado por el G7 es el resultado de los trabajos técnicos del Proyecto BEPS iniciados en 2013 que derivaron en el Marco Inclusivo sobre BEPS en 2020. Los países de la OCDE y del G20, en colaboración con otros organismos y entidades relevantes, han diseñado un plan de acción de 15 puntos que plantea distintas soluciones. En este tiempo han proseguido los trabajos en esa dirección y ha aumentado el número de países participantes. Un total de 135 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PIB mundial, se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal que permita adaptar el sistema impositivo internacional a las nuevas necesidades y retos que plantea la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI, además de darle más estabilidad y seguridad.

“Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, asegura el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

El trabajo técnico del enfoque del Marco Inclusivo deberá concluir en octubre, así como el plan para su puesta en marcha prevista en 2023.

Impacto económico

«Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global», se felicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter tras hacerse público el acuerdo del G7. Una propuesta, añadió, que «permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social».

El Observatorio Fiscal Europeo, en su informe Recaudando el déficit fiscal de las empresas multinacionales: simulaciones para la Unión Europea, estima que la recaudación podría obtenerse por los países miembros de la UE de establecerse un impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

En el caso concreto de España, con el 15% recuperaría 700 millones de euros en recaudación adicional, una cifra que ascendería a 5.400 millones si el tipo impositivo mínimo fuera del 21%, como propuso Biden, y a 12.400 millones si se fijara en el 25%.

135 países se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal

OTROS ENFOQUES

-The Conversation: Se plantea si, al final, quienes acabarán pagando el nuevo impuesto global serán los consumidores y los proveedores de bienes y servicios a las multinacionales.

-Gestión: Explica los dos pilares en los que se asienta el acuerdo sobre impuestos a las multinacionales con cifras sobre cómo repercutirá en las empresas afectadas y los beneficios que tendrá para los países, sobre todo, los emergentes.

–Business Insider: aborda el caso de Amazon y plantea que podría «escaparse» del nuevo tipo mínimo de sociedades consensuado por el G7.

-BBC: Cinco claves para entender en qué consiste el impuesto mínimo global a las multinacionales y por qué es importante.

¿El fin de la competencia fiscal?

Para Oxfam Intermón, el hecho de que no se haya atendido la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de fijar el tipo mínimo impositivo a las multinacionales en el 21% y se haya acordado un tipo mínimo del 15%, evidencia que la Unión Europea ha optado por alinearse con «sus propios paraísos fiscales». Muchas corporaciones aprovechan los bajos tipos nominales de países como Irlanda (12,5%), Hungría (9%) o Países Bajos (5%) para establecer allí sus sedes europeas.

Economía fiscalidad tributos

«La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?», por Antonio Durán-Sindreu

EN PLENO DEBATE

ANTONIO DURÁN-SINDREU,

profesor UPF, doctor en Derecho y asesor fiscal

La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?

@aduransindreu

Antonio Durán-Sindreu

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Justo antes del verano, el G20, previo acuerdo del G7 y de la OCDE, acordó crear un impuesto mínimo global del 15% sobre el beneficio de las multinacionales, acuerdo que se ha calificado como de “histórico”.

El objetivo del presente artículo no es analizar su contenido, sino hacer algunas reflexiones al respecto.

En este sentido, lo primero que hay que subrayar es que dicho acuerdo representa en cierto modo el fracaso hasta la fecha en la lucha internacional contra la deslocalización de los beneficios, cuyo precedente inmediato es el denominado Plan BEPS.

A lo anterior hay que añadir que la intención de la UE, que no la de la OCDE, nunca ha sido la de luchar realmente contra la elusión o el fraude, sino contra las ayudas de Estado; en particular, contra los acuerdos o medidas fiscales que distorsionan la competencia entre los mismos.

La diferencia es sutil pero importante.

Por otra parte, el acoso y derribo contra los paraísos fiscales tampoco tiene su origen en una iniciativa del G7, G20, OCDE, o de la UE, sino en el atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y que puso en marcha la lucha contra la financiación del terrorismo, entre otros, contra los paraísos fiscales.

No obstante, los principales avances al respecto no se han conseguido tampoco por tal motivo, sino por iniciativas, fruto, entre otras, de denuncias y similares.

Por último, no se puede tampoco ignorar que la terrible pandemia del COVID ha azotado duramente las finanzas públicas incrementando la deuda pública de la mayoría de los países.

En este contexto, la necesidad de mayores ingresos públicos, esto es, de más impuestos, es para los Estados una imperiosa necesidad.

Incrementarlos en cuantía suficiente es posible a través del IRPF, del IVA, o de los Impuestos Especiales, impuestos, no obstante, cuya subida sacudiría, aún más, a la casi exterminada clase media.

Era pues necesario conseguir ingresos por otra vía que no fuera “impopular”. Y esta no es otra que creando un impuesto global mínimo de sociedades.

Las consecuencias económicas del COVID han sido pues el verdadero acicate para cerrar una larga negociación, o, si se prefiere, para conseguir un acuerdo al que, en otro contexto, dudo que se hubiera llegado.

Pero que no se me entienda mal. El nuevo impuesto no solo es necesario, sino que es un acierto. Y lo es porque las grandes empresas gozan de una tributación mundial efectiva muy baja que pone en jaque el propio principio de progresividad, o, si se prefiere, que pague más quien más tiene. Vaya, que es insostenible en términos de equidad.

En efecto, en el marco de la más estricta legalidad, las grandes empresas, aprovechándose de la globalización, de las lagunas de las diferentes legislaciones, de la baja tributación de muy diversos Estados o países, y de otras muchas circunstancias, están consiguiendo una tributación efectiva en el IS muy inferior a la pretendida en cada uno de sus países de origen y en comparación con las empresas de ámbito nacional y con los tipos efectivos del IRPF.

Era pues necesario recuperar la equidad.

El impulso para conseguirlo ha sido, insisto, y en mi opinión, la necesidad de mayores recursos públicos que permitan reducir la deuda pública de los diferentes países y financiar el mayor gasto público que se necesita para apuntalar los pilares básicos del Estado del Bienestar.

Aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, el acuerdo es sin duda histórico porque soluciona una de las asignaturas pendientes en cuanto a fiscalidad societaria internacional.

Dudo, sin embargo, que si el drama del COVID no nos hubiese afectado a nivel mundial, el resultado hubiera sido el mismo. Ha sido pues el COVID, y la urgente necesidad de mayores ingresos públicos, el que ha permitido en realidad alcanzar este histórico acuerdo. Sin tales antecedentes, dudo mucho que este artículo se publicara.

Dicho lo anterior, hay que subrayar que no se puede “criminalizar” el ahorro fiscal lícito, incluida la utilización de países de baja tributación.

El Impuesto sobre Sociedades es un coste para las empresas. Igual que lo es la nómina, la luz, el alquiler, el IBI, y un sinfín de conceptos.

Por su parte, la obligación de todo buen empresario es la de optimizar sus costes con el único límite de la legalidad y, si se nos permite, del necesario comportamiento ético.

Una de las vías de reducir los impuestos, es la de deslocalizar los beneficios hacia territorios de baja o nula tributación, siempre, insistimos, que se trate de una deslocalización que se fundamente en lo que se denominan “motivos económicos válidos”.

El problema, pues, no es tanto la baja tributación mundial de las grandes empresas, o la citada deslocalización, sino la competencia fiscal internacional por atraer a las diferentes compañías, competencia que, por sus características, se focaliza en las más grandes.

Sin embargo, ese legítimo comportamiento hace chirriar alguno de los principales principios constitucionales en materia tributaria si comparamos su tributación con la de aquellas personas y/o sociedades residentes en un determinado país o Estado sin posibilidad de deslocalización.

En este sentido, se produce un agravio comparativo entre la tributación efectiva de unos y otros contribuyentes.

En este contexto, y aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, el acuerdo del G20 es sin duda histórico porque cierra una larga negociación restableciendo la equidad fiscal interna e internacional con relación a los beneficios de determinadas empresas, y disuade, de hecho, y, en parte, su deslocalización “agresiva”.

fiscalidad tributos

Invertir en investigación

EN PLENO DEBATE

Invertir en investigación

La llegada de Joe Biden aue Trump inició con China y continuó con la UE mediante la imposición de aranceles a productos europeos.

MARTA RUIZ-CASTILLO

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@MartaRuizCas

Investigar en España sigue siendo un complicado reto para una comunidad científica que, en momentos de crisis, es la primera en quedar relegada a un segundo plano. La pandemia ha reabierto el debate sobre la urgente necesidad de invertir en investigación. La Unión Europea pide a los socios comunitarios que aumenten el gasto del Producto Interior Bruto en I+D+i hasta alcanzar el 3%, de forma que la investigación sea sostenible y asegure el porvenir de los 27.

España está lejos de alcanzar esa cifra, aunque parece haber un cambio de los legisladores respecto a la necesidad de dedicar más dinero del presupuesto general a investigación. “Existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la Unión Europea sobre el valor de la ciencia como fuente de bienestar para el porvenir, también en tiempos de crisis», admitió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Duque, durante la presentación del Pacto por la Ciencia y la Innovación en el Parlamento a primeros de marzo. Un documento suscrito por 72 organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores que incluye compromisos concretos respecto a los recursos materiales y humanos necesarios para impulsar de forma continuada y sostenible la inversión pública en I+D+i.

Los objetivos del pacto contemplan mejorar la financiación de la investigación de calidad; reforzar la inversión de las políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial; y mejorar la regulación en I+D y los incentivos para los investigadores que participen en actividades de emprendimiento.

En el ámbito de los recursos humanos, apuesta por consolidar la carrera científica en el sector público mediante la Ley de Ciencia, cuyo borrador ha sido criticado por la Confederación Española de Sociedades Científicas por considerar que «va en contra de la excelencia científica». En respuesta al ministro Duque, quien aseguró que la ley va a «luchar contra la precariedad en la ciencia», la confederación lamenta en un informe hecho público a mediados de abril que la propuesta «no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento» y «dificultará aún más la estabilidad de los investigadores».

Más financiación. La comunidad científica hace años que pide a los legisladores más dinero para investigación, y la actual coyuntura sanitaria parece el momento adecuado para introducir reformas en el modelo productivo, dando prioridad al sector. Una amplia mayoría de ciudadanos cree también que se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas, según los resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en 2020 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, publicados el 2 de junio. El 85% de la los encuestados cree que el Gobierno central debe liderar la inversión con planes concretos. El 80% cree que los gobiernos autonómicos tienen que dedicar más dinero al campo de la investigación, y el 71% cree que deberían hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, aprobado por los 27 para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia, va a permitir a España contar con un «presupuesto récord» para ciencia, tecnología e innovación en 2021 que supone un 60% más que en 2020. En él se establece la necesidad de reformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la eficacia, coordinación y gobernanza del mismo; potenciar la carrera científica; favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad; reforzar la colaboración y la coordinación entre el ámbito público y privado; y aumentar la inversión en I+D+i en sectores estratégicos.

Para ello, se parte de una situación en la que el gasto en investigación y desarrollo en España fue de 15.572 millones de euros en 2019, un aumento del 4,2% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,25% del PIB, frente al 1,24% de 2018, según los últimos datos del INE. Pese a ese incremento, España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación y para que se sitúe a la altura de los que más gastan, el Gobierno propone un incremento continuado de la financiación pública hasta alcanzar el 3% en 2030.

Horizonte Europa. La UE ha aprobado un nuevo programa marco para el período 2021-2027, un «instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i» de los 27 y alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+I. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, «contará con el mayor presupuesto hasta la fecha y generará importantes beneficios económicos, sociales y científicos». Se estima que creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y consolidará el liderazgo de Europa en I+I. «El programa está diseñado con una mentalidad de inversión y contará con una planificación que ayudará a la UE a realizar la transición hacia un futuro próspero y sostenible», aseguran las autoridades europeas.

Financiará proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores; apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador con actividades de movilidad internacionales; invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las infraestructuras de investigación de nivel mundial. Financiará la investigación, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales: salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc. Apoyará la creación de asociaciones europeas entre los 27 y la industria para trabajar conjuntamente en I+I, y el Centro Común de Investigación asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de decisiones, aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.

El programa busca hacer de Europa «una potencia pionera en la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras», fomentando la integración de la investigación, la educación superior y el emprendimiento mediante las comunidades de conocimiento e innovación. «Se trata de ayudar a los países miembros en sus esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación», y especialmente, a aquellos Estados que, como España, tienen un menor rendimiento en I+I.

Todos a una contra la
Covid-19

La pandemia ha demostrado lo necesaria que es la investigación para hacer frente a una crisis sanitaria mundial como la actual y obtener una respuesta rápida y eficaz, como ha ocurrido con la elaboración de vacunas contra el coronavirus en un tiempo récord. Los acuerdos entre compañías desarrolladoras de vacunas contra el coronavirus y las que tienen capacidad de participar en la producción y una mejor distribución de las dosis disponibles entre los países con menos recursos, están siendo claves para que la vacunación logre en el menor tiempo posible la inmunidad de grupo en todo el mundo, según datos que manejan organizaciones internacionales que están trabajando sobre el terreno. “Este tipo de colaboración ha sido fundamental para ampliar la fabricación de vacunas. En tiempos anteriores a la Covid-19, la capacidad total para producir todo tipo de vacunas era de 5.000 millones de dosis para todas las vacunas. Ahora, sólo para las vacunas contra el coronavirus, los fabricantes han aumentado la nueva capacidad de cero a 10.000 millones de dosis. En cuestión de meses, no de años, buscamos multiplicar la capacidad mundial de vacunas”, explicaba recientemente Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica. Las vacunas contra el coronavirus, además de su complejidad, en algunos casos son vacunas con tecnologías completamente nuevas y condiciones de producción y conservación muy especiales, no experimentadas antes a nivel industrial. «Es, por tanto, un desafío poder producir a gran escala estas vacunas», apunta el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en la página web de la entidad. «Este modelo ha permitido el hito de que en menos de diez meses hayamos dispuesto de vacunas contra la Covid-19, un coronavirus que sólo hace un año no se conocía. Todo el trabajo investigador de décadas auspiciado por este modelo y la experiencia y liderazgo de la industria farmacéutica, junto a la colaboración en ámbito global, han facilitado este logro sin precedentes. La propiedad industrial es la gran impulsora del progreso terapéutico», añade.

España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación

OTROS ENFOQUES

El País/Le Figaro: El reportaje de Horia Mustafa Douuine pone de manifiesto cómo la inversión de los países de la UE en investigación sigue siendo una cuestión pendiente. Solo 14 miembros de la UE invierten más del 2% en I+D.

Elconfidencial.com: Pedro Luis Sánchez, director de estudios de Farmaindustria, escribe sobre la importancia que tienen las patentes en la investigación, en el marco de la polémica suscitada en torno a las mismas con la llegada de las vacunas contra la Covid-19.

El Correo: el reportaje aborda la situación precaria de los investigadores en España y su reconocimiento en otros países.

Bloglenovo de Innovación y Ciencia: Marcos Martínez presenta Así es el Ranking mundial de los países según el PIB que dedican a ciencia, con los países más avanzados y los que se están quedando atrás en función de lo que invierte en investigación, desarrollo e innovación.

ciencia Economía energía innovación investigación

«Acercando la innovación del laboratorio al paciente», por Jesús Aguilar

EN PLENO DEBATE

JESÚS AGUILAR,

presidente en funciones del Consejo General de Farmacéuticos

Acercando la innovación del laboratorio al paciente

@Farmaceuticos

farmaceuticos_

UNA DE LAS CERTEZAS que nos deja la pandemia que estamos comenzando a superar, es que sin investigación no hay futuro. Esta afirmación es importante en todos los ámbitos del conocimiento; y adquiere una mayor relevancia cuando estamos hablando de salud. A partir de ahí podemos añadir la economía, la industria, o las comunicaciones. Pero sin salud es muy difícil progresar. Y es que el mundo que hoy conocemos no sería igual si, fruto de la investigación, no hubiéramos ganado importantes batallas contra la enfermedad.

Es suficiente volver la vista atrás, hasta diciembre de 2019, para convencer de esta realidad hasta al más escéptico. Y es que los hechos vividos durante los últimos 20 meses nos han demostrado que invertir en investigación y salud no es una opción; es una obligación. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, de finales de junio de 2021, sitúan en cerca de 180 millones las personas contagiadas y en 3,8 millones los fallecidos por la Covid-19. Cifras que nos estremecen a todos y que deben impulsar a los responsables políticos de todo el planeta a situar la investigación como un asunto prioritario en sus agendas.

Ha sido la capacidad de innovación del sector farmacéutico la que ha permitido que comencemos a hablar del principio del fin de la pandemia. Transcurrido menos un año desde que se diagnosticaron los primeros casos, ya disponíamos de vacunas con elevados índices de eficacia con los que combatir la pandemia. Cuando se cumplen quince meses del comienzo de la pandemia en nuestro país, cerca del 50% de los españoles ya están inmunizados.

Basta pensar en el número de contagios y muertes que se están evitando cada día gracias a esas vacunas para que tanto nosotros, como las próximas generaciones, tengamos la absoluta seguridad de que sin investigación en salud no podemos hablar de progreso.

La investigación en la lucha contra la enfermedad es un motor de progreso. La realidad es que esa es una asignatura pendiente en nuestro país, con dos efectos directos. Por un lado, perdemos la ocasión de hacer del conocimiento un motor que impulse nuestra economía. Por otro, la falta de oportunidades hace que parte de nuestro talento acabe fuera de nuestras fronteras. Me refiero a esos jóvenes investigadores que se ven obligados a trasladarse a otros países en los que la ciencia sí es una verdadera prioridad, y en los que dedicarse a la investigación es compatible con tener acceso a recursos suficientes tanto para desarrollar proyectos profesionales como vitales.

Porque de lo que no cabe duda es del talento de los investigadores españoles, y muy especialmente de los farmacéuticos. Ahí está Mariano Esteban, liderando el equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas que está desarrollando una vacuna contra la Covid-19. O Juan Andrés, director técnico de Moderna, uno de los primeros laboratorios que descubrió y puso en el mercado una vacuna basada en la innovadora tecnología del ARN mensajero; o Luis Jodar, director mundial de vacunas de Pfizer.

Tres nombres de una larga lista de farmacéuticos españoles volcados en la investigación y que, día a día, hacen posible construir un mundo mejor. En España son más de 1.600 los farmacéuticos colegiados cuya actividad principal es la industria, la investigación o la docencia. Su vocación, esfuerzo y conocimiento se convierte en innovaciones terapéuticas que nos ayudan a tratar enfermedades; a salvar vidas.

A partir de ahí, el reto es que esos medicamentos que desarrollan los laboratorios y fabrica la industria, cumplan su función. Y para ello es imprescindible la participación de otros farmacéuticos.

Es el caso de los 700 farmacéuticos que trabajan en la distribución, haciendo posible, entre otras funciones, su suministro y evitando situaciones de desabastecimiento. También, el de los cerca de 2.100 farmacéuticos que trabajan en los servicios de Farmacia Hospitalaria, garantizando el uso seguro y eficiente de los medicamentos, y trabajando en los equipos multidisciplinares de asistencia especializada.

Y por supuesto, el de los 54.555 farmacéuticos que desarrollan su labor en alguna de las 22.137 farmacias comunitarias repartidas por toda España, que con una ratio de 2.144 personas por farmacia, es la red más numerosa de toda Europa. A través de ella se hace real y efectiva la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acceder a un tratamiento, con independencia de su lugar de residencia, ya sea en plena Gran Vía o en un remoto pueblo de los Pirineos.

En resumen, la farmacia es una profesión esencial para avanzar en la investigación; del mismo modo que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios imprescindibles para que esas innovaciones lleguen a todos los ciudadanos. Por eso, consideramos que es imprescindible aprovechar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede para crear un marco que favorezca que cada vez más farmacéuticos se dediquen a la investigación en España, y para que, a través de la red de farmacias, el resultado de su trabajo se transforme en salud y bienestar para todos.

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Bienvenido Mister Biden

EN PLENO DEBATE

Bienvenido míster Biden

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 ha supuesto un cambio sustancial en las relaciones internacionales de Estados Unidos y, en particular, con la Unión Europea (UE), a la que el presidente anterior, Donald Trump, se empeñó en dar la espalda. Una actitud, la de Trump, que tuvo importantes repercusiones en la política geoestratégica y económica del gigante americano. Uno de los principales efectos de esta forma de hacer política derivó en una «guerra comercial» que Trump inició con China y continuó con la UE mediante la imposición de aranceles a productos europeos.

MARTA RUIZ-CASTILLO

[email protected]

@MartaRuizCas

La UE ha recibido con esperanza el cambio de gobierno en la Casa Blanca. “Tenemos una oportunidad para reavivar la relación transatlántica, que ha sufrido mucho en los últimos cuatro años. En este tiempo el mundo se ha hecho más complejo, más inestable y menos predecible. Más que nunca, hace falta que los europeos tomemos las riendas para defender nuestros intereses y promover nuestros valores. Junto a Estados Unidos, debemos erigirnos como un pilar del orden internacional basado en reglas, trabajando por la paz, la seguridad, la prosperidad, la libertad, los derechos humanos y la igualdad de género”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en enero tras la toma de posesión de Biden.

¿El fin de las tensiones? Por parte de EE.UU., el propio Biden ha dejado clara su intención de retomar las relaciones y contar con la UE como su «principal aliado». Así lo indicó el 25 de marzo durante la cumbre virtual organizada por el Consejo Europeo en la que participó junto con los jefes de Estado o de gobierno de los 27. «A Estados Unidos le interesa una Unión Europea fuerte», dijo. También pidió trabajar de forma conjunta para «combatir la Covid-19, frenar la crisis climática y garantizar que las democracias, en lugar de las autocracias, establezcan las reglas del camino».

El encargado de escenificar este cambio en las relaciones fue el secretario de Estado, Antony Blinken, con su visita a Bruselas días después de la cumbre de Biden con los líderes europeos. «Estados Unidos está volviendo a comprometerse con nuestros aliados y revitalizándolos para afrontar los retos de nuestro tiempo”, dijo a su llegada a la Comisión Europea. “Por eso he venido a Bruselas”, puntualizó.

Antes de esta cumbre, el 5 de marzo, Biden mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea en la que subrayó su apoyo a la UE y su compromiso de reparar y revitalizar la asociación entre Estados Unidos y los 27.

En el ámbito de las relaciones comerciales, los dos dirigentes acordaron suspender durante cuatro meses los aranceles establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sector aeronáutico. Ambos se comprometieron a trabajar conjuntamente para resolver «estas disputas de larga duración en la OMC». Cuatro meses en los que EEUU y la UE esperan avanzar para acabar con la denominada «guerra arancelaria».

Esta suspensión temporal supone un importante impulso para los exportadores de la UE, ya que, como explica la Comisión, «Estados Unidos había recibido la autorización para aumentar los aranceles sobre 7.500 millones de dólares de exportaciones de la Unión». Al mismo tiempo, este acuerdo significa que la UE «suspende los aranceles sobre 4.000 millones de dólares, aproximadamente, de exportaciones estadounidenses».

En opinión de Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario de Comercio, la suspensión «contribuirá a restablecer la confianza y la seguridad, lo que nos dará margen para llegar a una solución negociada global y duradera. Una relación comercial positiva entre la Unión y Estados Unidos es importante, no solo para ambas partes, sino también para el comercio mundial en general».

Gran noticia para España. España es uno de los que más ha celebrado el acuerdo entre EEUU y la UE ya que es uno de los principales países exportadores y su industria agroalimentaria se ha visto penalizada de forma desproporcionada. Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se trata de «un gran paso para llegar cuanto antes a una solución definitiva en el seno de la OMC y lograr levantar definitivamente unos aranceles que están lastrando a la industria aeronáutica y agroalimentaria española, y poder retomar las exportaciones al mercado estadounidense, clave para nuestras empresas». También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se felicitó por el acuerdo nada más hacerse público. «Es una gran noticia para el conjunto del sector agroalimentario que se ha visto injustamente afectado por estos aranceles que nada tienen que ver con el sector. Sobre todo en un contexto como el actual, en el que la recuperación del mercado estadounidense será fundamental para algunos productos agroalimentarios como el vino o el aceite de oliva». A su juicio, la decisión supone «la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo, que favorece intercambios equilibrados, que se traduce en más empleo y más riqueza, sobre todo en el medio rural, donde se asientan la mayor parte de las empresas agroalimentarias».

En el Encuentro Empresarial España-EEUU organizado por ICEX de forma virtual entre el 22 y el 26 de marzo, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la CEOE, también se incidió en la importancia de este nuevo horizonte. «España y Estados Unidos comparten una sólida relación comercial e inversora. Hay más de 650 empresas españolas operando en Estados Unidos que generan más de 110.000 empleos», dijo la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien expresó su confianza en que los «productos españoles afectados comiencen a recuperarse».

España necesita recuperarse de las pérdidas de alrededor de 900 millones de euros ocasionadas por los aranceles. Los sectores más perjudicados han sido el vino, las aceitunas, el aceite de oliva y los lácteos, aunque también se han reducido de forma notable las exportaciones de embutidos, zumos, licores, moluscos y frutas.

El origen de la guerra arancelaria

La imposición de aranceles por parte de la Administración Trump a productos de la UE y la respuesta en el mismo sentido por parte de la UE a productos de EEUU tiene su origen en la disputa que estalló en 2004 en el marco de la llamada «guerra aeronáutica», con el fabricante europeo Airbus y el estadounidense Boeing como protagonistas.

EEEUU denunció ayudas estatales de Alemania, Francia, Reino Unido y España, miembros del consorcio de Airbus, y de la Comunidad Europea, que afectaban al comercio del sector aeronáutico, y que supuestamente eran incompatibles con las obligaciones marcadas por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). EEUU alegó que esas ayudas provocaban efectos adversos para sus intereses comerciales.

El Grupo Especial creado para evaluar la situación no tomó una decisión hasta 2010 cuando admitió una de las alegaciones de EEUU respecto al incumplimiento de las reglas de la OMC en materia de subvenciones y pidió a la UE que retirara las ayudas prohibidas. También concluyó que las actuaciones de los países europeos «no habían causado daño a la rama de producción nacional de Estados Unidos». Durante años, EEUU y la UE se entrecruzaron apelaciones ante un nuevo Grupo Especial creado en 2012.

En 2018, el Órgano de Apelación determinó que la UE no había cumplido plenamente las anteriores resoluciones de la OMC en relación con las subvenciones concedidas a Airbus. Al año siguiente, dicho órgano declaró que EEUU tampoco había tomado las medidas adecuadas para cumplir las normas de la OMC en relación con las subvenciones concedidas a Boeing. Meses después, la OMC permitió a EEUU aplicar medidas sobre las exportaciones europeas por un valor de hasta 7.500 millones de dólares como compensación, y Washington impuso aranceles del 25% a las exportaciones de la UE. La OMC autorizó en 2020 a la UE a adoptar medidas similares por 4.000 millones de dólares a las exportaciones estadounidenses.

EEUU y la UE acordaron suspender durante cuatro meses los aranceles establecidos por la Organización Mundial del Comercio

OTROS ENFOQUES

–El Diario Rural: El reportaje destaca la reacción de España ante el anuncio hecho por EEUU y la UE de suspender los aranceles y los efectos que tendrá en el campo español.

–El País: Analiza la decisión de EEUU y la UE de dejar sin efecto durante cuatro meses los aranceles impuestos por el conflicto Airbus-Boeing y, en consecuencia, una carga de 10.300 millones sobre las exportaciones de ambos bloques.

–El Español: La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca supone un cambio de rumbo en muchas de las políticas de EEUU, tanto dentro como fuera del país.

Retos comunes

Además de restablecer las relaciones comerciales con la UE, Joe Biden ha expresado su deseo de que EEUU vuelva a ocupar un lugar destacado en el mundo. Washington y la UE coinciden en la necesidad de trabajar juntos para hacer frente a la Covid-19 garantizando la financiación del desarrollo y distribución de vacunas, tests y tratamientos. Además, están dispuestos a liderar acciones para combatir la crisis climática mediante la cooperación para desarrollar tecnologías ecológicas y diseñar un marco regulador mundial de las finanzas sostenibles.

Los dos bloques comparten un interés fundamental en defender la democracia y los derechos humanos, y la UE quiere seguir colaborando con EEUU para intensificar la cooperación en los foros internacionales. La llegada de Biden, según la UE, se presenta como una ocasión para alcanzar un enfoque común ante los principales retos mundiales.

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«Europa-Estados Unidos: ¿vuelve el noviazgo?», por Inocencio F. Arias

Nº 128

marzo 2021

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BLOG DE ESCRITURA PÚBLICA

INOCENCIO F. ARIAS,

diplomático

Europa-Estados Unidos: ¿vuelve el noviazgo?

EL REENCUENTRO AMISTOSO ha llegado con el cambio climático. Biden ya había abierto plaza con aplausos europeos cuando anunció que volvía a la Organización Mundial de la Salud y al Convenio de protección del medio ambiente. Ya avanzado abril dio otro paso: convocó una cumbre surrealista, por ser virtual, con otros cuarenta presidentes sobre los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta. Iniciativa que hubiera aborrecido Trump aunque Antonio Guterres, Secretario General de la ONU ha hablado del tema en términos apocalípticos: “estamos al borde del abismo; corremos hacia la catástrofe”.

En la cumbre, Estados Unidos ha prometido bajar a la mitad del nivel existente en 2005 sus emisiones de gases nocivos. Europa ha ido aún más lejos, mientras que Rusia y China han adquirido un compromiso más vago, más modesto. Todos los países deberán retratarse más detalladamente en una reunión mundial de la ONU en Escocia, en noviembre. Cínicamente, uno, ya entrado en años, podría concluir que un buen porcentaje de esas promesas no será cumplido. El propio Biden debe conocer que los encontronazos en su Congreso para aprobar su revolución energética no serán una batalla de flores, pero el gesto ha sido apreciado. El líder del mundo occidental no se inhibe en algo que preocupa a sus aliados; a unos muy seriamente, a otros más verbalmente. Tiene gestos valientes: ha denunciado en un acto conmemorativo el “genocidio armenio”, aunque le cree algún problema con Turquía.

Biden, como muestra una poblada encuesta de Gallup, ha heredado una imagen de los Estados Unidos muy deteriorada incluso entre sus aliados. Poco antes de tomar posesión, el índice de desaprobación en Alemania era del 89% (¡Más descontentos que en Irán!), el de España del 79%, en Italia del 78, en Francia del 74 y en Portugal del 68.

Biden comienza a volver las aguas a su cauce. El tema es si volverán del todo. En la élite política americana hay un leve despego hacia Europa –la idea de que somos unos gorrones en gasto de defensa dependiendo del papá Washington se extiende– y una preocupación por los quebraderos de cabeza que pueden venir de otro océano, del Pacífico.

La recuperación del noviazgo, aunque los arrumacos acaben siendo menos intensos que en el periodo de la guerra fría –ya el idolatrado Obama lo había dado a entender– aflora asimismo en la polémica con Irán. Trump, irritado con los esporádicos equívocos de los ayatollas en el tema nuclear y muy jaleado por Israel; Arabia Saudita y otros países árabes temerosos de Irán, se retiró del acuerdo de las grandes potencias con Teherán encaminado a que los ayatollas no persistan en acceder a la bomba nuclear. Biden quiere sentarse de nuevo a negociar después de que los dirigentes iraníes manifestaran lo que nos perturba: que reanudaban su enriquecimiento nuclear. El tema es tan serio que esta primavera Israel ha vuelto a atacar el complejo más importante de Irán hackeando e inutilizando parcialmente sus mecanismos. El objetivo judío es continuar atrasando la capacidad letal del gobierno iraní.

Es difícil que los iraníes renuncien del todo a construir la bomba. Israel, enemigo al que querrían echar al mar, la posee; otro tanto ocurre con Pakistán, la India, etc. Los iraníes, como los turcos, tienen vocación de potencia-gallito en la zona y son conscientes de que Corea del Norte, con el arma, ha conseguido ser respetada. Con todo, Occidente, la ONU y hasta Rusia creen que el mundo es bastante peligroso como para dejar crecer el club de los atómicos. Por eso siguen con el palo, las sanciones, y la zanahoria con Irán. Lo menos malo es que con concesiones y amenazas tarde bastante tiempo en dotarse de la bomba.

Hay otros terrenos en los que se busca una aproximación, no siempre completa, entre los dos lados del Atlántico. El trato de Rusia presenta obvias dificultades. La guerra fría está emergiendo de nuevo. Moscú se zampó Crimea; plantea graves dificultades a la integridad y estabilidad de Ucrania; interviene en campañas electorales europeas interesadamente y, con ánimo de desprestigiar la democracia –recordemos que intentó machacar la candidatura de Hillary Clinton, correligionaria de Biden–, se inmiscuyó nocivamente con sus eficaces hackers en la situación de Cataluña y pisotea los derechos de un disidente Navalny después de intentar asesinarlo. Un catálogo de acciones, tosco y antidemocrático. Ahora bien, en Europa la indignación existe, pero no todos quieren rascarse el bolsillo. Rusia tiene el gas que alimenta a varios países, Alemania, Hungría, Bulgaria… Varios de nuestros gobiernos, entonces, contemporizan, aunque dependamos militarmente de los yanquis.

El poderoso caballero “Don dinero” entra asimismo en juego con China. Tanto el Departamento de defensa de Estados Unidos como la OTAN han manifestado que China es el gran adversario estratégico de occidente en este siglo. Es obvio, se piensa, aunque al mismo tiempo se rumia que China es el mayor mercado del mundo; que sus cuantiosas inversiones son apetecibles; sus préstamos también. Resultado: se la critica pero se está deseando no conocer que va a sojuzgar a los hongkoneses, que tiene a un millón de la población islámica uigur en campos de concentración y que considera el llamado mar de China como propio.

Muchos gobiernos europeos ven los dos problemas, el chino y el ruso, y suspiran por no verlos.

Bienvenido sea Biden que en 95 días, según la beatífica versión de nuestra ministra de Exteriores, no ha tenido tiempo de hablar por teléfono con Pedro Sánchez (¿en 95 días y siendo un país aliado y no enano?, hombre…). Esperemos que nos quite definitivamente las tarifas sobre aceites, vinos, etc. y seamos conscientes de quién es nuestro aliado, el tío Sam, y quiénes nos crean problemas.

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Carrera mundial para acabar con la Covid-19

EN PLENO DEBATE

Carrera mundial para acabar
con la Covid-19

Poner fin a la pandemia iniciada en 2020 por el coronavirus SARSCoV-2, que ha causado millones de contagios y fallecidos en todo el mundo, se ha convertido en un objetivo común en los cinco continentes. Frenar el avance de la COVID-19, según los expertos y científicos, pasa inevitablemente por vacunar a la población mundial. Esta carrera por lograr una vacuna ha producido una situación hasta ahora desconocida: la reducción en el periodo de elaboración de vacunas y de su aprobación por las autoridades sanitarias.

MARTA RUIZ-CASTILLO

[email protected]

@MartaRuizCas

La empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTec fueron los primeros en anunciar una vacuna contra la COVID-19 en diciembre de 2020 y ya está en el mercado, con una eficacia, según dicen, del 95%. Desde febrero han salido otras que se están distribuyendo. Es el caso de la estadounidense Moderna, con una efectividad, asegura, de algo más del 94%. Al igual que la de Pfizer, su principio activo es ARNm, lo que permite codificar la proteína de spícula del SARS CoV-2.

La británica AstraZeneca, al cierre de esta información, atravesaba momentos difíciles, ante el fiasco por los constantes incumplimientos de las entregas comprometidas y la alerta social por algunos episodios trombóticos y su posible o no relación con la vacuna. La vacuna rusa Sputnik 5, pese a las reticencias expresadas en un primer momento, es una de las más eficaces (el 91,6%), afirma el Gobierno de Vladimir Putin. Basada en «adenovirales humanos» y no en el principio activo ARNm, ya ha sido registrada en más de 30 países.

La OMS dispone de un sistema de control y seguimiento de todas las vacunas que están en el mercado y las que están en proceso de aprobación, entre las que se incluyen las chinas Zhifei Longcom e IMBCAMS, sin fecha conocida de salida; la también china Sinopharm/BIBP, a punto de salir en marzo, y otra china, Sinovac, que está en el mercado desde febrero. Están también la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que se espera para primeros de mayo o junio; la franco-británica Sanofi-GSK, que dispone de uno de los principales laboratorios en España; la belga Janssen Pharmaceutica NV; la alemana CureVac, que se ha asociado a Bayer para elaborar la vacuna, y Novavax, de Estados Unidos, que tiene como socio al grupo gallego Zendal, por citar sólo las más adelanta-das. ¿Cuál es mejor? No está claro. Los expertos y las autoridades sanitarias de los países mandan mensajes de tranquilidad a los ciudadanos y aseguran que todas las vacunas que se están administrando cumplen con los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia.

Ningún país sin vacunar
«No estaremos a salvo si hay países que vacunan a sus ciudadanos y hay otros países que no lo hacen». Así de contundente se expresó en enero en Davos el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, poniendo de manifiesto su preocupación por una vacunación desigual entre países ricos y pobres. En su declaración manifestó también la necesidad de «colaborar» entre todos para que las vacunas lleguen a todos los rincones del planeta, porque – y en esto coincide con los virólogos – sólo una inmunidad de rebaño es capaz de frenar al SARS CoV-2.

El proceso de vacunaciones por países

A finales de febrero, los cinco países con un mayor número de dosis de vacunas contra el coronavirus administradas por cada 100 habitantes, según la plataforma estatista.com eran, Israel, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Bahréin y Serbia. A la cola estaban países como Indonesia, India, Bangladesh, Rusia, China y Brasil. España se encontraba en el medio junto a Alemania, Italia, Francia o Canadá. En todo caso, se trata de un ranking que varía a diario en función de la llegada de nuevas dosis y de la capacidad material y humana de cada país para administrarlas.

En España, la primera etapa de vacunaciones se inició entre diciembre y febrero con la llegada de las primeras dosis destinadas a residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes, personal sanitario y sociosanitario de primera línea, oro personal sanitario y sociosanitario, y grandes dependientes no institucionalizados. La etapa 2 está en proceso desde febrero y, según el Gobierno durará hasta junio.

El 10 de febrero, UNICEF y la OMS, en una declaración conjunta, informaron de que «de los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países, que representan el 60% del PIB mundial». Y añadieron: «casi 130 países, con 2.500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis». Aparte de que esta forma de actuar supone costes en vidas, «da-rá al virus nuevas oportunidades para mutar y evadir las vacunas y socavará la recuperación económica mundial». Por eso, ambos organismos instaron a todos los gobernantes a mirar «más allá de sus fronteras» y a llevar a cabo una estrategia de vacunación generalizada que pueda «efectivamente acabar con la pandemia y frenar las variantes» que se están produciendo en algunos países. «La COVID-19 ha demostrado que nuestros destinos están inextricablemente unidos. Ya sea una victoria o una derrota, será de todos», concluyeron.

En este sentido destaca el Mecanismo COVAX, una colaboración mundial destinada a agilizar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19, en el que la UE participa desde septiembre. Reúne a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, filántropos y organizaciones sanitarias mundiales. El 19 de enero de 2021, la Comisión Europa anunció la creación de un mecanismo para el reparto de vacunas compartidas por los Estados miembros y los países socios «a través de un enfoque de Equipo Europa, prestando especial atención a los Balcanes Occidentales, a nuestros vecinos orientales y meridionales y a África».

Fases de las vacunas.
La OMS propone que, mientras los recursos sigan siendo escasos, los programas de vacunación deben dar prioridad a ciertos grupos demográficos en detrimento de otros, antes de ampliar progresivamente la distribución de dosis para abarcar a toda la población. Se trata de «reducir la incidencia de los tipos graves de la enfermedad, las defunciones y proteger los sistemas de salud». Considera fundamental que se vacune primero a los llamados «grupos demográficos prioritarios», determinados por los datos científicos y que tienen en cuenta también las diferencias entre los diversos entornos geográficos y socia-les. Según acordó el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, esos grupos prioritarios son: trabajadores sanitarios y de asistencia social que están en primera línea; mayores de 65 años y menores de 65 con otras patologías a los que el coronavirus pueda causarles un mayor riesgo de perder la vida.

En una primera fase, los países que participan en el Mecanismo COVAX ya han empezado a recibir de manera simultánea vacunas suficientes para inmunizar a los grupos demográficos prioritarios de su población, «hasta lograr una cobertura de aproximadamente el 20% de la población en todos los países». En la mayoría de los países, el primer grupo al que se le da prioridad es a los trabajadores de primera línea en el ámbito sanitario y de la asistencia social, lo que representa en torno al 3% o menos de la población. Según vayan saliendo más vacunas y aumente el número de dosis, la OMS espera llegar a ese 20% de población vacunada por país en los próximos meses. En la fase 2, la OMS indica que, en el caso de que siga habiendo limitaciones considerables de existencias de vacunas, las nuevas dosis se distribuirán en función del riesgo y las graves repercusiones que la COVID-19 genere en el conjunto de un país, en países con sistemas de salud vulnerables, y en países cuyas poblaciones sean vulnerables.

OTROS ENFOQUES

Entrevista a la primera enfermera vacunada e inmunizada de España después de recibir las dos dosis, quien aprovecha para animar a la población a vacunarse.

La analista Elena Sanz habla con la viróloga española Margarita del Val, para quien sólo un reparto equitativo de las vacunas «nos dará paz y salud».

Interesante comparativa de las vacunas contra la COVID-19 e información sobre cómo se están llevando a cabo las campañas de vacunación en Reino Unido y el resto del mundo.

La vacuna española

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja en tres vacunas, de las cuales, una está más adelantada. El proyecto, dirigido por los virólogos Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que ha sido destacado en la revista Journal of Virology, se deno-mina MVA-CoV-2-S y ha sido probado con eficacia en animales, por lo que está listo para seguir avanzando hacia las pruebas clínicas.

“Hemos observado que el candidato vacunal MVA-CoV-2-S genera una respuesta inmu-nitaria robusta con producción de anticuerpos neutralizantes y activación de linfocitos T en ratones”, explica Mariano Esteban, que dirige el laboratorio de poxvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), en declaraciones publicadas en la pági-na web del CSIC. “Hemos descrito que la vacuna confiere una protección del 100% con-tra el SARS-CoV-2 en un modelo de ratón humanizado susceptible a la infección por SARS-CoV-2, lo cual es muy importante”, subraya Juan García Arriaza.

El CSIC colabora con la empresa biotecnológica española Biofabri, perteneciente al gru-po Zendal, para producir la vacuna en condiciones de uso en seres humanos.

enfermedades investigación salud vacunas

«Vacunas pandémicas», por Amos José García Rojas

Nº 128

marzo 2021

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Con inusitada frecuencia los profesionales sanitarios nos vemos en medio de debates del tipo: ”vacunas sí, o vacunas no”. Y este planteamiento es absolutamente ridículo. Lo que en el fondo se está discutiendo es: “Evidencia y conocimiento si, o no”. Y la respuesta es clara. Los que están planteando dudas sobre la conveniencia de las vacunas, en realidad están poniendo en cuestión la propia racionalidad. Por eso, estas dudas florecen en trincheras ajenas a la ciencia y más próximas a las creencias. Y aunque parezca increíble, este mismo debate ha surgido en relación a uno de los problemas de salud pública más serios de los últimos tiempos. Un problema que ha causado demasiado dolor y sufrimiento. No deja de ser curioso que al principio de la pandemia todos dijéramos “ojalá lleguen pronto las vacunas”. Y una vez que han llegado, algunos digan “es que han llegado demasiado pronto”. Construyamos el discurso: el que estos productos se hayan producido en menos tiempo del que se necesita habitualmente para disponer de una vacuna no se puede plantear como un demérito. Todo lo contrario, es un mérito del talento científico, de la cooperación internacional y también, lógicamente, de la potente inversión económica. Y parece que nos olvidamos de que cuando apareció el Sars y el Mers ya se comenzó a trabajar en una vacuna frente a estos problemas, que no terminó de desarrollarse por una disminución del peso de estas enfermedades. Pero la base estaba ahí y permitió que las vacunas frente a la Covid prácticamente no necesitaran de la fase preclínica. Además, lamentablemente no nos acordamos de que la evaluación de las distintas fases clínicas de estas vacunas fue continua, superponiéndose las mismas, y respetándose en todo momento el proceso que se sigue para cualquier vacuna. Y llegaron al escenario, y si están aquí es porque los órganos reguladores del medicamento, que están constituidos por personal de muy alta y relevante solvencia científica, tras una evaluación minuciosa han dictaminado que estos productos reúnen todos los requisitos de seguridad y eficacia adecuados

Los que están planteando dudas sobre la conveniencia de las vacunas,
en realidad están poniendo en cuestión la propia racionalidad.

Pero todavía en algunos foros se siguen cuestionando estos productos. Y yo me pregunto: ¿es que cuestionan la solvencia de esos científicos de primer nivel? ¿Se puede llegar a pensar que, si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de estas vacunas, alguien podría ser tan miserable como para darles la autorización? Y hago una pregunta muy simple: ¿si no nos vacunamos, qué? ¿Seguir así, seguir con el dolor, sufrimiento y drama que ha producido este tremendo problema de salud pública? Y, ¿somos conscientes de que esta pandemia ha provocado más de 2.000.000 largos de muertos? ¿Y qué hacemos?, ¿Anteponer los posibles efectos secundarios, usualmente leves y escasos que pueden producir las vacunas? Ante la pandemia, hasta ahora solo hemos podido actuar de forma pasiva, conviviendo con el virus. Planteando medidas restrictivas y aconsejando el uso de medidas de protección, lavado de manos, mascarillas, distancia física, ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, de las muchedumbres, etc. La llegada de las vacunas nos permite tomar una actitud activa. Ya vamos a por él. La combinación de ambas políticas nos va a permitir crear el terreno adecuado para decirle adiós al problema. Si, ya vemos la luz al final del túnel, pero ese túnel tiene todavía muchos kilómetros de recorrido. Y durante ese kilometraje tenemos que seguir trabajando bien, vacunando y vigilando que se cumplan las recomendaciones sanitarias. Si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de que esa luz del final sea la de un tren que nos viene de frente y nos haga descarrilar.

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