Suecia: a un paso de ingresar en la OTAN

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SUECIA:

A UN PASO DE INGRESAR EN LA OTAN

Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió su cooperación antiterrorista y reanudó las exportaciones de armas a Turquía.

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) continúa su proceso de crecimiento tras la reciente entrada de Finlandia y la próxima incorporación de Suecia, una vez levantado el veto que Turquía mantenía sobre los dos países nórdicos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Si Finlandia se convirtió en el socio número 31 de la OTAN el pasado 4 de abril, la entrada de Suecia está cada vez más cerca, según anunció el secretario general, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el 10 de julio en Vilnius, antes de la Cumbre de la OTAN celebrada los días 11 y 12 en la capital de Lituania.

Fin del veto turco. “Me complace anunciar que, tras la reunión que he mantenido con Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente Erdogan ha acordado remitir el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar su ratificación», declaró Stoltenberg a través de su cuenta de Twiter la víspera de la Cumbre de la OTAN. «Se trata de un paso histórico que hace a todos los aliados de la OTAN más fuertes y seguros”, añadió.

Queda por saber la fecha exacta en la que Turquía remitirá el Protocolo de Adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional para garantizar la ratificación, pero todos los aliados esperan que sea pronto. Suecia se convertirá entonces en el miembro 32 de la OTAN, reforzando así la frontera norte de Europa.

En la Cumbre de la OTAN en Madrid celebrada en junio de 2022, Suecia y Finlandia firmaron un memorando con Turquía donde se comprometían a hacer cambios en sus políticas en relación con los activistas y miembros del partido kurdo PKK, considerado por el gobierno de Ankara y la Unión Europea como un grupo terrorista. A cambio, Turquía se comprometió a levantar el veto al ingreso de ambos países nórdicos en la Alianza Atlántica. Suecia y Finlandia, países tradicionalmente neutrales, pidieron formar parte de la organización militar a raíz del inicio de la guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En el caso de Finlandia, Turquía levantó su veto en otoño y el país nórdico entró en la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023, coincidiendo en el 74º aniversario de la organización, durante una ceremonia celebrada en Bruselas encabezada por el presidente finlandés, Sauli Niinistö.

 


SUECIA SE CONVERTIRÁ EN EL MIEMBRO 32 DE LA OTAN, REFORZANDO ASÍ LA FRONTERA NORTE DE EUROPA


 

Acuerdos sobre terrorismo. Para Suecia, el proceso se ha alargado más debido a las negociaciones, no siempre fáciles, entre los gobiernos de Oslo y Ankara. Desde la Cumbre de Madrid, Suecia y Turquía han trabajado en estrecha colaboración «para abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de Turquía». Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió significativamente su cooperación antiterrorista contra el PKK y reanudó las exportaciones de armas a Turquía; en definitiva, cumplió con todos los pasos establecidos en el Memorándum Trilateral acordado en 2022, según informó la OTAN tras la reunión de su secretario general con Erdogan y Kristersson el pasado 10 de julio.

«Suecia y Turquía acuerdan hoy continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la Cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda», recoge la declaración aprobada tras la reunión del día 10. En la primera reunión de este Pacto de Seguridad, se añade en el comunicado que «Suecia presentará una hoja de ruta como base de su lucha continua contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones hacia la plena aplicación de todos los elementos del Memorándum Trilateral, incluido el artículo 4. Suecia reitera que no proporciona apoyo al YPG/PYD – considerada por la OTAN una ramificación del PKK – y a la organización descrita como FETÖ (Organización Terrorista Fetullahista) en Turquía».

 


LA QUEMA DE CORANES EN SUECIA, CASI A DIARIO, HA ENCENDIDO LOS ÁNIMOS Y ERDOGAN HA PEDIDO AL GOBIERNO SUECO QUE TOME MEDIDAS


 

Cuando parecía que todo estaba acordado, Erdogan sorprendió a finales de agosto con otra nueva exigencia al Gobierno sueco. «Suecia debe ante todo cuidar las calles de Estocolmo. Si no cuidan sus calles, si continúan estos ataques contra las cosas que consideramos sagradas, entonces no deberían culparnos», dijo Erdogan en declaraciones a la prensa turca. El dirigente turco hacía alusión a la quema de coranes que se ha sucedido en suelo sueco y danés desde el pasado mes de junio, casi a diario, y que ha encendido los ánimos de los países musulmanes con consecuencias imprevisibles desde el punto de vita diplomático. Para Erdogan, o el gobierno sueco toma medidas concretas para evitar estos sucesos o será difícil que el Parlamento de Ankara dé luz verde a la adhesión de Suecia en la OTAN.

Además, los gobiernos de Oslo y Ankara están de acuerdo en que «la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo, que continuará más allá de la adhesión de Suecia a la OTAN». En este sentido, el secretario general Stoltenberg volvió a confirmar que la OTAN «condena categóricamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones». Por eso, subrayó, «la OTAN intensificará significativamente su trabajo en este área, incluso mediante el establecimiento por parte del secretario general, por primera vez en la OTAN, del puesto de Coordinador Especial para la Lucha contra el Terrorismo».

Cooperación económica

Como parte de las negociaciones para levantar el veto a Suecia para su entrada en la OTAN, Turquía ha ido incrementando sus peticiones y exigencias al gobierno de Oslo con cuestiones económicas o poniendo sobre la mesa la candidatura de Turquía para entrar en la Unión Europea. En el comunicado hecho público el 10 de julio tras la reunión en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Vilnius, ambos mandatarios se comprometieron a salvaguardar el principio según el cual «no debe haber restricciones, barreras o sanciones para defender el comercio y la inversión entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos». En el punto seis del comunicado, Suecia y Turquía acuerdan también «intensificar la cooperación económica, a través del Comité Económico y Comercial Conjunto Turquía-Suecia. Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales». Y se subraya que Suecia «apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados».
QUEDA POR SABER LA FECHA EXACTA EN LA QUE TURQUÍA REMITIRÁ EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE SUECIA A LA GRAN ASAMBLEA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA RATIFICACIÓN

OTROS ENFOQUES

  • The Conversation: El texto recoge los cinco principales asuntos abordados en la Cumbre de Vilnius, entre los que está la próxima entrada de Suecia como miembro de la OTAN.
  • El Orden Mundial: Astrid Portero escribe sobre los beneficios que tiene para la OTAN la entrada de Suecia y Finlandia.
  • Política Exterior: Aborda los efectos de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y lo que esto supone para sus respectivas políticas de seguridad.

El caso de Ucrania

La reciente entrada de Finlandia en la OTAN y la próxima incorporación de Suecia suponen un importante paso de la Alianza Atlántica en su proceso de aumentar la seguridad frente a Rusia, sobre todo, tras la invasión de Ucrania. De hecho, los aliados acordaron en la Cumbre de Vilna en julio los planes de defensa más detallados y sólidos de la OTAN desde la Guerra Fría, fortaleciendo su compromiso con la inversión en defensa.

En ese proceso de reforzar la seguridad de occidente, la Cumbre de Vilnius supuso un espaldarazo a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelenskyy, invitado de excepción en la capital lituana. Los aliados acordaron dar luz verde a la incorporación de Ucrania como miembro de la OTAN y suprimir el requisito del MAP (Plan de Acción para la Adhesión, por sus siglas en inglés), reduciendo de dos pasos a uno el proceso de la entrada en la organización. “Emitiremos una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados acuerden que se cumplen las condiciones”, informó Stoltenberg tras finalizar la cumbre el 12 de julio en una declaración pública, asegurando a continuación que Ucrania está ahora “más cerca de la OTAN que nunca”. El secretario general enfatizó que los aliados deben asegurar que cuando termine esta guerra existan acuerdos fiables para la seguridad de Ucrania y, en este sentido, dio la bienvenida a que muchos aliados se hayan comprometido ya a proporcionar asistencia de seguridad a largo plazo a Ucrania. “Esto ayudará a disuadir cualquier futura agresión de Rusia después de que termine esta guerra”, dijo. “Las decisiones tomadas aquí en Vilnius marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansia el día en que nos reunamos como aliados”, concluyó Stoltenberg.

«La neutralidad es imposible con Putin en Moscú», por Casimiro García-Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN”

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Cuando se creó la OTAN (4 de marzo de 1949) apenas si habían pasado cuatro años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, liderada por Stalin con puño de hierro, había participado junto a los aliados en la derrota de Hitler, pero aquella fue una alianza coyuntural, fruto del auxilio mutuo ante el expansionismo de la Alemania nazi. Ni Roosevelt, ni Churchill (presentes en la Cumbre de Yalta) se fiaron de Stalin.

Fue el entonces primer ministro británico el que acuñó la expresión “telón de acero” para describir la frontera entre los países europeos democráticos y los que quedaron bajó influencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

La OTAN nació precisamente como una organización de defensa, liderada por Estados Unidos, con la vista puesta en un enemigo común: la URSS, que había demostrado tener una enorme capacidad militar y que, además, pretendía extender el modelo comunista a escala global.

En los años 50 se instaura la llamada Guerra Fría, que ha marcado la política exterior mundial hasta la caída del comunismo.
Aunque Jrushchov hizo un amago de ingreso en la organización (1955), nadie creyó en su sinceridad. Poco después, el sucesor de Stalin creó el Pacto de Varsovia, una versión comunista de la OTAN, que actuó por primera vez para sofocar la revolución en Hungría en 1956.

También intentaron un acercamiento a la OTAN Gorvachov y Yeltsin. E incluso el propio Putin llegó a plantear la adhesión de Rusia en una conversación que mantuvo con Bill Clinton en Moscú en 2000.

A pesar del colapso del comunismo y la desintegración de la URSS, Europa Occidental y Estados Unidos siempre han mirado con recelo a Rusia, un país que cuenta con un poderoso arsenal nuclear y un gobierno con aspiraciones a restaurar el statu quo anterior a la caída del Muro de Berlín.

Al principio, Putin jugó a ser un presidente demócrata y se abrió a acuerdos de reducción de armamento con Estados Unidos. Durante algún tiempo la duda era: si Rusia ya no es el enemigo, ¿para qué necesitamos la OTAN?

La cruda realidad echó por tierra esa visión buenista sobre las intenciones de Putin. La invasión de Crimea en 2014 demostró que el neo imperialismo se había convertido en el eje fundamental para consolidar su poder en el interior.

Precisamente fue en esa fecha cuando Suecia recuperó el servicio militar obligatorio y echó marcha atrás en su idea de desmilitarizar la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico situado frente a Polonia y los países bálticos y también frente a la base naval rusa de Kaliningrado.

La invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022) ha sido un paso más, este ya definitivo, en la confirmación de que el expansionismo de Putin no es sólo un fin coyuntural, sino que forma parte de su esquema mental. Mientras Putin controle el Kremlin, el peligro de guerra global existirá.

La decisión de Finlandia y Suecia de incorporarse como socios plenos de la Alianza (hasta ahora sólo eran amigos muy cercanos) supone un cambio cualitativo en su estructura y en su capacidad. El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN.

La entrada de Suecia -que abandona casi dos siglos de neutralidad- estaba vetada hasta hace poco por Turquía, que alegaba que en ese país se daba refugio a los militantes del PKK (considerado terrorista por Ankara y por la UE). Ese escollo se salvó en la cumbre de Vilnius (Lituania) y Erdogan ha dado al ingreso sueco luz verde, que tendrá que ser ratificado por la Asamblea Nacional, probablemente a finales del mes de septiembre.

Las lecciones de este fortalecimiento de la Alianza no pueden ser más negativas para Putin. Empezó una guerra contra Ucrania que planificó casi como un paseo militar y sus tropas están empantanadas y sufriendo duros reveses. Quiso debilitar a la OTAN y lo que ha hecho ha sido fortalecerla, porque seguramente Suecia y Finlandia seguirían viviendo plácidamente en la neutralidad si no se hubiese producido la invasión de Ucrania. Y, por último, la cesión de Erdogan supone para Putin la pérdida de un importante aliado, al menos coyuntural, desde el comienzo de la guerra civil en Siria.

El presidente ruso está cada vez más aislado internacionalmente. Incluso China está marcando distancias respecto a una aventura que no puede acabar bien.

Al aislamiento exterior de Putin se suma la debilidad en el interior. El golpe del Grupo Wagner, y la posible complicidad de una parte de la cúpula militar con su caudillo Prigozhin ponen de relieve que el Kremlin ya no es una roca en torno a su jefe (posiblemente asesinado por su protector).

Ahora falta saber qué hará la OTAN sobre la petición de Zelenski de integrar como socio a Ucrania. El secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho que es pronto para tomar esa decisión, que Putin ha dibujado como una línea roja que abriría la perspectiva a un conflicto nuclear.

Lógicamente, si Ucrania entra ahora en la OTAN, podría apelar a su artículo 5, que establece que cualquier ataque a uno de sus socios se interpreta como un ataque al conjunto de sus miembros. Por tanto, el ingreso de Ucrania ahora supone una declaración de guerra de todos los países de la OTAN a Rusia.

Probablemente, ese paso sería imprudente. Pero la OTAN debe seguir apoyando a Zelenski con recursos e inteligencia, ya que una derrota de Ucrania sería un paso atrás de enormes consecuencias que daría a Putin un balón de oxígeno para seguir ejerciendo el papel de matón incontrolado que ahora desempeña.

Estrategias para frenar la pérdida de la biodiversidad

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ESTRATEGIAS PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

La pérdida de la biodiversidad es cada vez más alarmante. «Un millón de especies están amenazadas de extinción, los suelos se están volviendo infértiles y las fuentes de agua se están secando», asegura la Agencia de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Para tratar de frenar este proceso se celebró el pasado 19 de diciembre, en la ciudad canadiense de Montreal, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) en la que 196 países firmaron un «acuerdo histórico» para su protección.
MARTA RUIZ-CASTILLO
La Unión Europea quiere crear espacios protegidos que abarquen al menos el 30% de su superficie terrestre y marina.

Se trata de «un plan ambicioso para transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que, para 2050, se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza», además de concienciar a la población mundial de la importancia que tiene recuperar la diversidad ambiental porque, como subrayan los expertos, nos proporciona alimentos, agua dulce y aire limpio, y desempeña un papel importante en el equilibrio de la naturaleza, además de contribuir a hacer frente al cambio climático y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

Marco mundial.

La necesidad de actuar para recuperar la biodiversidad hace tiempo que es objeto de debates. En 1992, ante la creciente preocupación general por el estado de conservación de la biodiversidad, 168 países establecieron un marco legal y político para hacer frente a la pérdida de especies animales y vegetales. Fue durante la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Se firmó el Convenio sobre Biodiversidad Biológica por el que se reconoce la biodiversidad como «un recurso esencial para la vida en la Tierra y para nuestro bienestar».

Ahora, en Montreal, los países firmantes han acordado, entre otras medidas, conservar el 30% de su territorio terrestre y el 30% de sus mares. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «los sistemas alimentarios son responsables de la mayor parte de los cambios en el uso de la tierra y la conversión de hábitats. Son la principal causa de la pérdida de biodiversidad y responsables del 80% de la deforestación y del 70% del uso de agua dulce». El acuerdo insta a los gobiernos y a los ciudadanos, en general, a «una gestión sostenible de las zonas agrícolas, acuícolas y forestales; la reducción a la mitad del desperdicio mundial de alimentos, y una reducción significativa del consumo excesivo y la producción de residuos».

 


LA DIVERSIDAD AMBIENTAL NOS PROPORCIONA ALIMENTOS, AGUA DULCE Y AIRE LIMPIO


 

Invertir en naturaleza

Desde el punto de vista financiero, el programa propone «invertir en la naturaleza» porque «ofrece la oportunidad de generar 10.000 millones de dólares en valor empresarial y crear 395 millones de puestos de trabajo». Según la agencia de medio ambiente, es necesaria una «gestión ambiciosa» que permita «redirigir el capital privado hacia una economía verde y alinear los flujos financieros con los objetivos mundiales de biodiversidad, al tiempo que se evitan los peligros del uso de los combustibles fósiles y de llevar a cabo proyectos que dañan el medio ambiente». En concreto, el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares al año en financiación nacional e internacional, tanto de fuentes públicas como privadas de aquí a 2030. También pide que se eliminen gradualmente las subvenciones que perjudican los ecosistemas en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030.

«Cada gobierno, cada empresa, cada inversor y cada individuo debe hacer lo que esté en su mano para proteger y restaurar la naturaleza, hacer frente al cambio climático y reducir masivamente la contaminación y los residuos», manifestó la directora ejecutiva de la agencia, Inger Andersen.

Aparte de los acuerdos suscritos, de la Cumbre de Montreal salieron cuatro objetivos globales más a largo plazo, para 2050, que incluyen mantener, mejorar o restaurar la integridad, conectividad y resiliencia de todos los ecosistemas, «aumentando sustancialmente el área de los ecosistemas naturales para 2050». Además, los niveles de extinción y el riesgo de todas las especies deben reducirse y tiene que mantenerse la «diversidad genética dentro de las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, salvaguardando su potencial adaptativo».

También plantea que se gestione y se utilice la biodiversidad de manera sostenible» y «se restauran aquellos ecosistemas que actualmente están en declive, lo que respalda el logro del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras para 2050». Se aboga también por poner los medios adecuados para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal «siendo accesibles equitativamente para todas las partes, especialmente los países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, cerrando progresivamente la brecha financiera de la biodiversidad de 700 mil millones de dólares por año».

Políticas de la UE.

En el marco de la Unión Europea también existe una estrategia de aquí a 2030, presentada en mayo de 2020, que incluye crear espacios protegidos que abarquen al menos el 30% de la superficie terrestre y marina de la UE, ampliando la cobertura de los espacios de Natura 2000 existentes.

También se quieren recuperar los ecosistemas degradados en toda la UE mediante medidas concretas como reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50% y plantar 3.000 millones de árboles en toda la UE. Además, el compromiso de los 27 incluye asignar 20.000 millones de euros al año a la protección y el fomento de la biodiversidad a través de fondos de la UE y financiación nacional y privada, además de crear un ambicioso marco mundial en materia de biodiversidad.

 


INVERTIR EN LA NATURALEZA OFRECERÍA LA OPORTUNIDAD DE GENERAR 10.000 MILLONES DE DÓLARES EN VALOR EMPRESARIAL Y CREAR 395 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO


 

Otras políticas de la UE para proteger la biodiversidad incluyen las Directivas sobre aves y hábitats, la Directiva marco sobre el agua y la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Por otro lado, para financiar medidas sobre el terreno destinadas a proteger y restaurar la naturaleza está el Programa LIFE. Iniciado en 1992, es el único programa de financiación de la UE dedicado por entero a objetivos medioambientales y climáticos. Desde su creación, ha cofinanciado más de 5.000 proyectos.

España, el país más vulnerable

Dentro de la UE, España es uno de los países con mayor diversidad biológica debido a su situación geográfica, su diversidad geológica, la gran variabilidad climática, orográfica y edáfica, la historia paleobiogeográfica y la existencia de islas. Más del 80% del total de especies de plantas vasculares que hay en Europa y más del 50% de las especies animales se concentran en España, que tiene la mayor variedad de aves, mamíferos y reptiles y ocupa el tercer puesto en diversidad de anfibios y peces, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Al mismo tiempo, España es el lugar más vulnerable del continente, con el mayor porcentaje de especies amenazadas, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). «En total, unas 350 especies de flora y fauna». Así se indica en el informe La biodiversidad en estado de emergencia. Quince medidas para salvar la naturaleza en España. Unas medidas que incluyen elaborar planes de gestión de la Red Natura 2000 marina y terrestre con objetivos concretos de conservación y coordinados con los planes hidrológicos; ampliar la red de parques naturales y actualizar la estrategia nacional de humedales; ampliar la red de reservas marinas de interés pesquero; recuperar las poblaciones de las especies amenazadas, y aprobar un plan de acción contra las especies invasoras. WWF propone también aprobar una ley de cambio climático y transición energética, y un plan nacional de reducción del agua subterránea sobre explotada para garantizar la conservación de espacios naturales protegidos. Para esta entidad, «es urgente pasar a la acción y abordar esta grave crisis que amenaza el futuro del planeta y de nuestra propia especie».

Día Internacional de la Diversidad Biológica

En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra cada 22 de mayo para conmemorar la entrada en vigor del Convenio CDB de 1992, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que «hay que presionar a gobiernos y empresas para que tomen medidas más contundentes y rápidas contra la pérdida de biodiversidad y la crisis climática».

Bajo el lema Del acuerdo a la acción: Recuperar la biodiversidad, este 22 de mayo ha estado dedicado a evaluar la crisis medioambiental actual y a promover la aplicación del marco acordado en Montreal. “Ya se trate del aire que respiramos o de los alimentos que comemos, de la energía que nos impulsa o de las medicinas que nos curan, nuestras vidas dependen por completo de la buena salud de los ecosistemas”, dijo Guterres, lamentando a continuación que «nuestras acciones están devastando todos los rincones del planeta”.

Los científicos calculan que en la actualidad un millón de especies de plantas, insectos, aves y mamíferos están en peligro de extinción en todo el mundo, y la actividad humana tiene mucho que ver con ello.

OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

The Conversation: El artículo se centra en la responsabilidad ambiental de los ciudadanos para reducir «la destrucción de nuestro planeta».


Revista National Geographic: Alerta sobre las principales amenazas para la biodiversidad del planeta y qué se puede hacer para preservar el medio ambiente.


Science: La revista establece una clara interrelación entre la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, al tiempo que plantea la necesidad de afrontar ambas «crisis» de forma unitaria a la hora de buscar soluciones para evitar un mayor impacto sobre el planeta

«¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?», por Jose Luis Gallego

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JOSE LUIS GALLEGO,
divulgador ambiental

"La pérdida de biodiversidad es, junto a la crisis climática, el dilema medioambiental más importante que debemos afrontar”

¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?

La biodiversidad del planeta, el conjunto de seres vivos con el que compartimos existencia y del que formamos parte inseparable, está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. La tasa de extinción de especies se está acelerando a tal ritmo que muchos científicos hablan ya de la ‘sexta extinción’ masiva que sufre la Tierra: el último de los cinco episodios anteriores ocurrió hace 65 millones de años y acabó con la existencia de los dinosaurios.

En su edición más reciente, la de 2022, el informe Planeta Vivo, publicado con carácter bianual por la prestigiosa organización conservacionista WWF, revela una caída en picado de las poblaciones de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Este riguroso estudio, que viene elaborándose hace casi medio siglo en base a los trabajos llevados a cabo en distintas regiones del planeta por investigadores de todo el mundo, está considerado como el mejor barómetro para conocer las tendencias poblacionales de la vida silvestre en la Tierra. En su última entrega destaca que las poblaciones de vertebrados han descendido un 70% en tan solo 30 años.

Según los científicos, para detener y revertir esta precipitada merma de seres vivos en la naturaleza es necesario afrontar la crisis de biodiversidad conjuntamente con la crisis climática, pues ambas están íntimamente relacionadas y se retroalimentan. A tal fin sería necesario aumentar los esfuerzos en conservación y restauración de los espacios naturales, avanzar de manera mucho más firme y generalizada hacia modelos de producción más sostenibles, basados en la economía circular y que disocien crecimiento económico de agotamiento de recursos naturales. Así como emprender una rápida y profunda descarbonización de todos los sectores productivos para mitigar el calentamiento global que está alterando la vida en la Tierra.

Unos retos sin duda muy ambiciosos, pero los avances logrados con los últimos acuerdos internacionales permiten albergar esperanzas. En el último año se han aprobado dos grandes tratados sobre biodiversidad que merecen ser especialmente celebrados, tanto por su notable relevancia como por el alto nivel de consenso institucional, económico y social alcanzado.

En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad celebrada el pasado diciembre en Montreal, Canadá, las delegaciones de los casi doscientos países participantes subscribieron un convenio histórico para detener y revertir la degradación de los espacios naturales marítimos y terrestres del planeta, así como para proteger y recuperar la biodiversidad que albergan. El pacto alcanzado, conocido desde entonces como Acuerdo 30+30+30, persigue lograr la protección del 30% de la superficie terrestre y el 30% de los océanos para 2030, conseguir que el 30% de los ecosistemas hoy en día degradados estén restaurados para entonces y habilitar un fondo internacional de ayudas directas a la conservación de la naturaleza de 30 mil millones de dólares anuales.

El programa de actuaciones para cumplir con tan ambiciosos propósitos consta de cuatro objetivos principales y 23 metas, y hace una mención especial a la necesidad de detener los daños causados por el uso de agroquímicos, tanto en la contaminación de los suelos y las aguas como en la pérdida de biodiversidad, especialmente en los insectos polinizadores. En este importante aspecto hay que recordar que, tal y como alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de los cultivos de frutas y verduras que nos sirven de alimento dependen de la polinización. Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones de los seres vivos que nos prestan este servicio, como abejas y mariposas, están en regresión. Esta es una clara demostración de hasta qué punto la pérdida de biodiversidad afecta directamente a la economía y a la sociedad en su conjunto.

Tras alcanzarse el acuerdo, el representante de la delegación europea, el comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevičius, no dudó en calificarlo como “el momento París para la biodiversidad del planeta”, aludiendo a la histórica aprobación del Acuerdo de París sobre el clima que tuvo lugar en la cumbre celebrada en 2015 en la capital francesa y que supuso un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Una cita muy bien traída para señalar la necesidad urgente de prestar la misma atención a frenar la pérdida de biodiversidad que a la adaptación y mitigación del cambio climático.

El pasado mes de marzo se lograba otro gran pacto internacional sobre biodiversidad, en este caso marina. Tras casi veinte años de negociaciones, el acuerdo alcanzado en la sede de la ONU en Nueva York por los delegados de la Conferencia sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional, sentaba las bases jurídicas para declarar protegidas en 2030 el 30% de las aguas internacionales de los océanos, es decir las situadas más allá de los límites jurisdiccionales de los países.

La aplicación del llamado Tratado de Alta Mar’ va a suponer un reto mayúsculo, ya que en la actualidad tan solo un 3% de dichas aguas goza de alguna figura de protección. Pero representa un paso de gigante para proteger la biodiversidad de los océanos “de los intereses destructivos que amenazan la salud de los océanos en alta mar”, tal y como destacaba el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la clausura del encuentro. Una victoria que el mandatario no dudaba en atribuir “al enorme trabajo llevado a cabo durante todos estos años por las organizaciones ecologistas, la sociedad civil, las instituciones académicas y la comunidad científica”.

Conviene mantener la ambición y perseverar en el esfuerzo para frenar la pérdida de biodiversidad que sufre el planeta: desde las regiones desérticas a los grandes humedales; desde las zonas polares hasta las selvas tropicales; desde las cumbres de las montañas a las zonas costeras y los fondos marinos. No podemos ni debemos cejar en el esfuerzo. Pero sería injusto y arbitrario no reconocer los avances que se están dando para lograrlo.

El largo camino hacia una política fiscal común

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EL LARGO CAMINO HACIA UNA POLÍTICA FISCAL COMÚN

MARTA RUIZ-CASTILLO
La UE lleva años dando pasos hacia la creación de un Mercado Único de Capitales que no acaba de llegar.

El anuncio realizado en febrero por Ferrovial, empresa de infraestructuras y servicios española, de trasladar su sede social a Países Bajos, y acordada por mayoría en la Junta General de accionistas celebrada en abril, ha vuelto a poner de manifiesto la anómala situación que supone para la UE carecer de una política fiscal armonizada en vez de 27 modelos distintos.

Las instituciones europeas llevan años debatiendo cómo acordar una política fiscal de convergencia para que las ventajas impositivas en algunos Estados miembros no sean un reclamo para empresas de otros países socios con mayor presión fiscal. El principal avance, hasta ahora, ha sido la aprobación por el Consejo Europeo de la propuesta realizada por la OCDE en su informe presentado en julio de 2022 de establecer una «reforma histórica» del sistema fiscal internacional, que asegurará que las multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%. Ferrovial mantiene que su decisión no tiene que ver con pagar menos impuestos, sino con su deseo de salir a Bolsa en el mercado de Wall Street, algo que, asegura, no puede hacer desde España. Las voces más críticas, entre las que se encuentra el Gobierno, acusan al presidente de Ferrovial, Rafael de Pino, de «irse» para no pagar el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Ejecutivo. La decisión, en todo caso, plantea de nuevo la pregunta de si Países Bajos es un «paraíso fiscal» dentro de la UE o no, y la importancia de acabar con 27 políticas fiscales diferentes y las deslocalizaciones.

¿Más cerca de la convergencia fiscal?

En diciembre de 2022, el Consejo Europeo aprobó por unanimidad «la propuesta de Directiva de la Comisión por la que se garantiza un tipo impositivo efectivo mínimo para los grandes grupos multinacionales», recogido en el citado informe de la OCDE, que cuenta con el acuerdo de 137 países. Los 27 tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para transponer la nueva normativa que abarca un conjunto común de normas sobre la forma de calcular el tipo impositivo mínimo efectivo del 15%. Unas normas que afectarán a las multinacionales y a los grupos nacionales de gran tamaño presentes en la UE con unos ingresos financieros superiores a 750 millones de euros al año.

 


LAS INSTITUCIONES EUROPEAS LLEVAN AÑOS DEBATIENDO CÓMO ACORDAR UNA POLÍTICA FISCAL DE CONVERGENCIA


 

Se aplicará, según explica la Comisión Europea, «a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE». Además, en el caso de que el tipo efectivo mínimo «no sea aplicado por el país en el que esté establecida una filial, se contempla que el Estado miembro de la sociedad matriz pueda aplicar un impuesto complementario».

Cada Estado miembro de la UE tiene su propio régimen fiscal tanto para los ciudadanos como para las empresas. Acabar con esta situación que, según los dirigentes europeos, «es uno de los retos prioritarios que la UE debe resolver a corto plazo», genera situaciones indeseadas y de desigualdad entre los países miembros, además de fraude fiscal.

Una prioridad para los 27.

La política fiscal se ha vinculado siempre a la soberanía de los Estados miembros, pero la lucha contra el fraude fiscal es compartida por los países europeos y la UE, de ahí que la convergencia de la política fiscal se haya convertido en una «prioridad». Desde 2020, el Parlamento Europeo cuenta con una subcomisión permanente de asuntos fiscales, establecida para «apoyar a la comisión de asuntos económicos y monetarios en fiscalidad y luchar contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales». Además, se encarga de la transparencia financiera en la fiscalidad. Ha habido, incluso, una comisión de investigación que identificó «fallos en las disposiciones fiscales». En relación con el impuesto de sociedades y la evasión fiscal existen propuestas parlamentarias como «la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)» que, entre sus objetivos, tiene el hacer frente a obstáculos y distorsiones graves del mercado como consecuencia de la existencia de 27 sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades para «evitar los riesgos de doble imposición y la planificación fiscal agresiva»; o abordar la situación de las tasas impositivas de las «empresas con presencia digital significativa» para permitir a los Estados miembros que graven las ganancias obtenidas en su territorio, incluso si una empresa no está físicamente presente allí.

Mercado Único de Capitales.

La UE lleva años dando pasos hacia la creación de un Mercado Único de Capitales (UMC) que no acaba de llegar. En noviembre de 2021 la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas que cumplía con los compromisos clave de su Plan de Acción para la Unión de Mercados de Capitales de 2020. En él, incluía ayudar a conectar las empresas de la UE con los inversores, mejorar el acceso de las empresas a la financiación, ampliar las oportunidades de inversión para los inversores minoristas, e integrar mejor los mercados de capitales. La Comisión Europea se propuso impulsar durante 2022 la Unión del Mercado de Capitales. «La UMC se propone lograr el flujo del ahorro y la inversión en todos los Estados miembros, beneficiando a los ciudadanos, los inversores y las empresas, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que estén establecidos». La Comisión admitía entonces que se trataba de una «tarea compleja» que requería «avanzar en todos los ámbitos en los que todavía existen obstáculos a la libre circulación de capitales».

El 7 de diciembre de 2022 la Comisión presentó nuevas medidas para avanzar hacia la UMC que incluían, entre otras, hacer «aún más fácil la cotización de las empresas en las bolsas de valores y les damos más opciones de financiación», explicó Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas. «Las nuevas normas garantizarán unas condiciones de competencia equitativas, así como el apoyo a los inversores, la promoción de la libre circulación de capitales y el refuerzo del mercado mediante el establecimiento de salvaguardias y normas comunes adaptadas a la era digital», indicó, por su parte, el Comisario Didier Reynders.

 


EL PRINCIPAL AVANCE HA SIDO LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO EUROPEO DE LA PROPUESTA DE LA OCDE DE QUE LAS MULTINACIONALES ESTÉN SUJETAS A UN TIPO IMPOSITIVO MÍNIMO DEL 15%


 

Para Mairead McGuinness, comisaria responsable de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, lo aprobado por la CE supone dar «tres grandes pasos» hacia la UMC. En materia de compensación, «estamos desarrollando la capacidad de las infraestructuras del mercado en la UE, y al mismo tiempo manteniendo abiertos nuestros mercados». La propuesta apoyará los mercados de capitales de la UE, ofrecerá a las empresas más opciones de compensación y mantendrá la estabilidad financiera. En cuanto a la admisión a cotización, «estamos facilitando a las empresas el acceso a más tipos de financiación, reduciendo los costes y la burocracia para las empresas que desean cotizar en los mercados bursátiles de la UE». Y respecto a la insolvencia, las medidas buscan eliminar uno de los mayores obstáculos entre los mercados nacionales «ofreciendo a los inversores más seguridad en cuanto a la duración de los procedimientos de insolvencia y el importe que podrían recuperar, y hará que sea más probable que inviertan en empresas de otro Estado miembro».

Competitividad mundial

El hecho de que la política fiscal europea siga dependiendo de cada Estado miembro, más allá de las propuestas planteadas por la Comisión Europea, supone que la UE «avance de forma desigual». Como recordaba el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, en su intervención en Nueva Economía Forum el 7 de marzo en Madrid, la UE ha conseguido poner en marcha un mercado interior, ha desarrollado al máximo las cuatro libertades -circulación de capitales, mercancías, personas y de prestación de servicios-. «Hemos dado a las empresas un pasaporte que pueden utilizar igual que el pasaporte que todos nosotros utilizamos en su momento; pero, en cambio, no hemos armonizado suficientemente una serie de políticas, incluida la política fiscal». Eso «crea desajustes». Para el portavoz del Parlamento Europeo, «aparte de que hay que avanzar en serio en una armonización de la política fiscal europea, empezando por la política fiscal de las empresas, el reto verdadero es la competitividad», no tanto entendida como «competencia entre países de la UE sino competencia ante el resto del mundo y, fundamentalmente, ante EE.UU». En su opinión, la convergencia de la política fiscal, entre otros retos, es una cuestión de «voluntad política».

El caso Ferrovial

La decisión del Consejo de Administración de Ferrovial, el 28 de febrero, de proponer a la Junta General de Accionistas «la fusión de la matriz del grupo Ferrovial, S.A. con su filial íntegramente participada, Ferrovial International SE, mediante absorción de la primera por la segunda», supondrá trasladar el domicilio social a Países Bajos. La explicación que ha ofrecido la empresa obedece a la «internacionalización creciente de Ferrovial, que tiene el mayor volumen de su actividad en el exterior» y el deseo de cotizar en EEUU. Nada que ver, asegura, con una posible inseguridad jurídica de España, como se dijo en un primer momento, o con pagar menos impuestos.

Al Gobierno, muy crítico con el anuncio, no le queda más remedio que cumplir el mercado único y la libre circulación de capitales, aunque siga estudiando posibles vías para evitar que Ferrovial cambie su domicilio fiscal. En este sentido se enmarca el análisis realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsa y Mercados Españoles (BME) a instancias del Gobierno para valorar la decisión de Ferrovial. La conclusión, de la que se hicieron eco todos los medios el 24 de marzo, es que las empresas españolas pueden pedir su cotización en la bolsa de Estados Unidos sin ningún impedimento y, por lo tanto, no es necesario que trasladen su sede social fuera de España, una opinión que no comparte la empresa. «Esta operación es la mejor contribución que Ferrovial puede hacer a la sociedad», aseguró su presidente, Rafael del Pino, tras aprobarse el 13 de abril por mayoría de la Junta General de accionistas el traslado de su sede social.

Otros enfoques

Cinco Días: El análisis de José Luis Escario se centra en el problema de la competencia fiscal europea y cómo se ha dado prioridad a las libertades del mercado único sin prever una mínima convergencia tributaria.


El Economista: Carlos Simón y Víctor Blanco abordan el caso Ferrovial desde la perspectiva de la cotización en la bolsa de EE.UU. y el impacto directo en el volumen de negociación de las compañías.


Infolibre: El artículo responde, a través de opiniones de expertos, a la pregunta: ¿puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos?

«Una fiscalidad europea para un mundo complejo», por Enrique Feás

EN PLENO DEBATE

ENRIQUE FEÁS,
técnico comercial y economista del Estado e investigador principal del Real Instituto Elcano

"La supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen”

Una fiscalidad europea para un mundo complejo

La historia de la fiscalidad europea está íntimamente ligada a la evolución de la propia complejidad del proyecto europeo, y podríamos decir que ha atravesado cuatro fases.

En una primera fase, en las primeras décadas tras el Tratado de Roma, era un mero instrumento presupuestario para recabar los recursos necesarios para financiar las políticas comunes, primero aranceles (denominados recursos propios tradicionales), y luego otros recursos complementarios basados en el IVA y en la renta nacional bruta (denominados atípicos, pero que terminarían siendo los más típicos).

En los años 80, con el avance del mercado único europeo, se entró en una segunda fase en la que el objetivo pasó a ser minimizar las distorsiones en su funcionamiento, como las divergencias en fiscalidad indirecta, que dificultaban las transacciones y perpetuaban la necesidad de fronteras físicas. Por ello, en los años 90 se optó por la armonización de la estructura de IVA e impuestos especiales, con el establecimiento de reglas uniformes para el cálculo de bases imponibles, el principio general de tributación en destino y un sistema de compensación.

En paralelo, el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones facilitó la expansión de las cadenas de suministro globales. Poco a poco las multinacionales comenzaron a reubicarse en países de tributación más favorable, protegidas por la resistencia de los Estados miembros a armonizar la imposición directa (más vinculada a la soberanía). Algo que se veía venir: ya el Informe Werner de 1970 advertía que un adecuado funcionamiento del mercado único requeriría armonizar la estructura de los impuestos con una influencia directa en los movimientos de capitales dentro de Europa, como el de sociedades.

Al abrigo de la unanimidad, por tanto, algunos países europeos favorecieron la creación en su territorio de auténticos paraísos fiscales, con tramposas estructuras como el “doble irlandés”, el “sándwich holandés” o el “solo maltés”. Paraísos fiscales que, pese a lo que a menudo se cree, no se sustentan en bajos tipos impositivos, sino más bien en lagunas legales y en definiciones laxas del concepto de hecho imponible o de residencia fiscal, o en el tratamiento de dividendos y royalties. Como se demostró con el IVA, cuando se trata de evitar distorsiones lo importante no es tanto armonizar los tipos como armonizar la estructura del impuesto.

Por otra parte, la tecnología fue añadiendo complejidad a la imposición, en especial con el desarrollo de los servicios digitales, que difuminaron conceptos fiscales antes muy evidentes, como el lugar de realización del hecho imponible o el de establecimiento permanente: ¿cómo gravar a empresas con millones de clientes pero sin establecimiento permanente y con servicios prestados desde ubicaciones imprecisas?

Con el cambio de siglo, en cualquier caso, se inició una tercera fase en Europa, derivada de la creación del euro, que implicaba renunciar a tipo de interés y tipo de cambio y por tanto la necesidad de contar con mecanismos de estabilización conjuntos en caso de crisis. Comenzó entonces un importante debate sobre la posibilidad de la UE de obtener nuevos recursos propios, y el esfuerzo se concentró en dos áreas: gravar capacidades de pago aún no gravadas (como las transacciones financieras, las actividades digitales o parte de una base armonizada del impuesto de sociedades) y aplicar impuestos medioambientales desincentivadores (a emisiones, residuos, o productos importados intensivos en carbono). Pero no es fácil: lo primero se ve dificultado por la alta movilidad del capital, y lo segundo por un contexto de inflación y de cooperación internacional bajo mínimos. ¿Cómo establecer aranceles medioambientales o impuestos a multinacionales extranjeras sin esperar fuertes represalias?

Hay que decir, sin embargo, que la crisis financiera de 2008 y la del euro aumentaron de forma considerable la presión social sobre los paraísos fiscales (europeos y no europeos), generando incentivos para reducir las prácticas de fiscalidad agresiva y avanzar en un acuerdo multilateral en el seno de la OCDE y el G20 para garantizar una mínima tributación de las multinacionales. Si los dos pilares ya acordados de esta iniciativa se culminan con éxito, la UE podría renunciar a aplicar arriesgadas iniciativas unilaterales.

La cuarta fase de la fiscalidad europea se deriva de la crisis del Covid y, sobre todo, de la invasión rusa de Ucrania, eventos que han venido a poner de manifiesto la existencia de bienes públicos europeos, como las vacunas, la independencia energética, la defensa, la tecnología digital y medioambiental (en un contexto de guerra de subsidios de política industrial), el aprovisionamiento de materias primas clave, o la estabilidad financiera. Si admitimos que existen estos bienes públicos europeos, entonces su provisión a nivel nacional resultará insuficiente. ¿Cómo financiar estas necesidades europeas del siglo XXI? ¿Cómo evitar que las empresas europeas emigren a otros países como EE.UU. con mejores condiciones de suministro energético, materias primas y apoyo industrial?

En un mundo cada vez más complejo y menos cooperativo, la supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen. La UE puede seguir engañándose, esperando que las cosas mejoren, o puede armarse de valor y audacia y disponerse a reformar tratados, o al menos a iniciar mecanismos de cooperación reforzada. Lo que en el siglo XXI la UE no puede permitirse es seguir con un mercado interior ineficiente por falta de voluntad armonizadora de unos pocos ni afrontar la financiación de imprescindibles bienes públicos europeos sin mecanismos fiscales comunes.

¿Es sostenible nuestro estado del bienestar?

EN PLENO DEBATE

¿ES SOSTENIBLE NUESTRO ESTADO DEL BIENESTAR?

Seis de cada diez euros están destinados al gasto social. Por partidas, destaca la dependencia.

La pandemia de 2020, la elevada inflación originada por los altos precios de los productos energéticos y por la falta de suministros tras el confinamiento, la subida de los tipos de interés, la invasión de Ucrania por Rusia en 2021 y la consiguiente guerra han puesto fin a la etapa de prosperidad y bienestar de los últimos años, una vez superada la crisis de 2008. Si entonces gobiernos e instituciones internacionales defendieron las políticas de austeridad, en la actual situación la mayoría, entre ellos el gobierno español, han aplicado medidas sociales para proteger a los ciudadanos a costa de disparar la deuda pública.

MARTA RUIZ-CASTILLO

A 31 de diciembre, los gastos sociales habían elevado la deuda pública hasta el 115,6% del PIB, según datos del Banco de España. Aunque una parte importante de las medidas se financian con fondos europeos, España registró unos valores máximos de deuda (125,7%) en el primer trimestre de 2021 con un incremento de 27,5 puntos respecto a antes de la pandemia. Así lo refleja el Observatorio de Deuda de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su página web, donde se añade que en los siguientes meses se encadenaron cinco trimestres consecutivos de reducción «que acumulan un total de 9,6 puntos». Aun así, «en términos nominales, la deuda pública ha continuado creciendo, sumando 64.210 millones en los ocho primeros meses de 2022, hasta un nuevo máximo histórico de 1.491 billones».

Gastos asociados a la pandemia

El mayor incremento se ha producido en la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social, asumiendo el 93,5% del aumento de deuda de los dos últimos años y medio, al financiar la mayor parte de los gastos asociados a la pandemia. En cuanto a las previsiones para 2023, la AIReF estima una reducción de la ratio de deuda de 6,9 puntos del PIB respecto a 2021. «La reducción vendrá sustentada principalmente por el crecimiento del PIB nominal (15,3 puntos), donde el deflactor tendrá una contribución muy notable (8,8). El déficit público seguirá contribuyendo de manera significativa al incremento de la deuda». En este contexto, la AIReF considera factible la proyección de deuda incluida en el plan presupuestario para 2023. A largo plazo, la entidad prevé un escenario en el que «un alto nivel de endeudamiento, junto a unos tipos de financiación más elevados exigirán un ajuste estructural sostenido para mantener la estabilización de la ratio de deuda y la contención de la carga financiera». En este sentido, subraya la necesidad de reducir «el déficit primario de 0,16 puntos del PIB anuales para mantener estabilizada la ratio de deuda más allá del año 2026, lo que equivaldría aproximadamente a 2.500 millones de euros, según la proyección del PIB para 2026».

 


A 31 DE DICIEMBRE, LOS GASTOS SOCIALES HABÍAN ELEVADO LA DEUDA PÚBLICA HASTA EL 115,6% DEL PIB, SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA


 

Estas correcciones a la baja están, en parte, directamente relacionadas con los más de 100.000 millones de euros que España ha recibido de la Unión Europea desde 2021 entre préstamos blandos y trasferencias dirigidos a lograr un crecimiento de la economía en el marco del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia.

Las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión Europea indican que el saldo público estructural arrojará en 2023 un superávit del 1,4% del PIB. Por consiguiente, la situación prevista para la zona euro parece «razonablemente satisfactoria». En 2023, la deuda pública superaría el 100% del PIB en seis Estados miembros de la eurozona (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica); se situaría entre el 60% y el 100% en otros seis Estados miembros y por debajo del 60% en los ocho restantes.

Presupuestos sociales

El Gobierno ha apostado por «blindar» el Estado del bienestar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Unas cuentas públicas con «la mayor partida de gastos sociales de la historia», aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre cuando se presentó el proyecto. El Congreso de los Diputados aprobó los PGE de 2023 el 24 de noviembre.

«Seis de cada diez euros están destinados al gasto social, con un total de 266.719 millones, 274.445 millones si se incluyen los fondos europeos, también la mayor cifra nunca registrada para estas partidas», explicó Montero. Por partidas, destacan la dependencia, un pilar del Estado del Bienestar, con 3.522 millones, «un 150% más que al inicio de la legislatura». El presupuesto de Sanidad aumenta un 6,7% con 1.258 millones más, mientras que las políticas de vivienda reciben 3.472 millones de euros. La partida para pensiones se incrementa y la revalorización anual se realizará conforme al IPC interanual. Montero destacó que «por primera vez en 13 años se realizará una aportación al fondo de reserva de la Seguridad Social con 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional». Esta aportación se hace «sin incrementar el déficit de este subsector», siendo posible «gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la mejor composición del empleo y su estabilidad, fruto de la reforma laboral, y a la buena gestión de la propia Seguridad Social». En educación, la inversión se incrementa un 62% respecto a las cuentas de 2018, mientras que la partida para becas se eleva un 68%, lo que suponen 900 millones más.

Si se descuentan los fondos europeos, el techo de gasto nacional se sitúa en 173.065 millones, un 1,9% más, «lo que también supone un hito». Ante el encarecimiento de los precios de la energía, los presupuestos de 2023 recogen un incremento del 65% del bono social térmico, que alcanza los 259 millones.

Previsiones de crecimiento

El Gobierno prevé, además, que la economía española crezca más de lo previsto en 2022 y se mantenga en niveles superiores a la media de la zona euro gracias a la modernización del tejido productivo y la creación de empleo de calidad. Esto será posible, en parte, por los 30.000 millones de euros que España recibirá en 2023 del Plan de Recuperación y el programa REACT-EU.

Estos fondos tienen como principal destino (72%) políticas para impulsar el cambio de modelo productivo con inversiones en investigación, industria, energía o infraestructuras.

 


EL GOBIERNO HA APOSTADO POR «BLINDAR» EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE) PARA 2023


 

El Proyecto de Presupuestos para 2023 prevé un crecimiento del PIB real del 2,1%. Para Funcas se trata de una «previsión optimista si se atiende al rango de estimaciones recientemente ofrecidas por las principales instituciones nacionales e internacionales de referencia: 1,5% de AIReF, 1,4% del Banco de España, 1,2% de FMI, 1% de BBVA-Research o 0,7% de Funcas». El Gobierno estima un incremento de ingresos totales entre 2022 y 2023 que se situará entre 35.000 y 36.000 millones de euros. Por el lado del gasto, el crecimiento oscilará, aproximadamente, entre 23.700 y 24.500 millones de euros, con un crecimiento próximo al 4%. Funcas subraya que «el grueso de las ganancias recaudatorias, resultantes de medidas que entrarán en vigor en 2023 con nuevos gravámenes, será de carácter temporal, en lugar de ser resultado de una reforma fiscal, tal como fue acordado previamente con Bruselas para el primer trimestre de 2023». La conclusión de la entidad es que «en el presupuesto de 2023 se observa una preocupante disfunción entre incrementos de recaudación en el corto plazo, con un elevado componente coyuntural debido a la inflación y a las medidas temporales aprobadas, frente al crecimiento de gastos de naturaleza estructural». Esta situación es, en su opinión, «un foco añadido de presión al deterioro del déficit estructural al que se enfrenta la economía española desde 2018». Para resolver esta disfunción, Funcas plantea «afrontar las políticas de gastos e ingresos públicos con una visión menos cortoplacista, con criterios tanto de equidad como de eficiencia».

¿Políticas sociales o deuda pública?

Esta es una de las preguntas a las que quiere dar respuesta el Informe sobre el futuro de la protección social y el Estado del bienestar de la Unión Europea, elaborado por el Grupo de Alto Nivel y presentado el 7 de febrero en Bruselas. El documento mantiene que «el Estado del bienestar es una inversión a largo plazo, fuerte y rentable» y «su debilitamiento podría provocar conflictos sociales, llevar a la marginación de grupos importantes dentro de nuestras sociedades y afectar a la competitividad y el crecimiento». Para los autores está claro que el crecimiento económico y un Estado del bienestar fuerte «van siempre de la mano» y, por tanto, «no podemos hablar de reforma del Estado del bienestar sin reformar y reforzar nuestras industrias».

«Dejando a un lado los años excepcionales, alrededor del 70% de todos los ingresos públicos de la UE se destinan al gasto del Estado del bienestar, incluso dejando fuera el gasto en educación, que es un elemento importante de la inversión social», subraya el informe.

En cuanto a la deuda pública, los expertos recuerdan que en la UE los límites máximos de deuda pública y déficit anual fijados por el Tratado de Maastricht siguen siendo limitaciones importantes. «Según los Tratados de la UE, los Estados miembros de la zona euro deben reducir sus déficits públicos estructurales al 0,5% del PIB siempre que la deuda pública sea superior al 60% del PIB y al 1% del PIB cuando la deuda sea inferior a este porcentaje».

En el informe, los autores mantienen que «la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar depende en gran medida del número de personas empleadas y de su productividad, así como de la obtención de ingresos de todas las fuentes de financiación posibles», pero puntualizan que lo contrario también es cierto: «Las políticas sociales pueden ayudar a maximizar el mercado laboral y la productividad». Respecto a los ingresos necesarios para financiar el Estado del bienestar, «la buena noticia es que, dada la estabilidad observada en el pasado, podemos confiar en que al menos un tercio del PIB futuro seguirá destinándose a ayudas sociales, en gran parte con cargo a los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social». En el lado negativo, la estabilidad del gasto social en una época de necesidades crecientes obliga a buscar nuevas fuentes de financiación. «En nuestra opinión, la financiación de las futuras prestaciones sociales debería depender menos de los impuestos sobre las rentas del trabajo y proceder en mayor medida de los impuestos sobre el capital, el patrimonio, las sucesiones, el consumo y las emisiones de carbono, basándose en el principio de que los más desfavorecidos no deberían soportar la carga más pesada». Para ello, concluye el informe, es necesario que los impuestos sean más progresivos y que se amplíen las bases impositivas y contributivas. También debe haber un fuerte impulso político para contener la evasión y la elusión fiscales, eliminar la competencia fiscal perniciosa y el dumping social.

La partida para pensiones se incrementa y la revalorización anual se realizará conforme al IPC interanual.

OTROS ENFOQUES

THE CONVERSATION: ¿Ha llegado el fin de la abundancia y del Estado de bienestar? El artículo se pregunta, ante el debilitamiento de las instituciones en Europa causado por el endeudamiento, hasta qué punto son sostenibles las políticas sociales.

CINCO DÍAS: El artículo recoge las opiniones de varios expertos sobre cómo afrontar las deudas y el déficit público.

BUSINESS INSIDER: En 7 retos para la economía española en 2023, la autora desglosa las «amenazas económicas» que afronta el Gobierno este año para mantener, entre otras, sus políticas sociales y reducir la elevada deuda pública.

«15 años de escalada de la deuda pública», por Ignacio Ezquiaga

EN PLENO DEBATE

IGNACIO EZQUIAGA,
doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Docente y colaborador de Funcas y AFI

 

 

"¿Es sostenible este nivel de deuda pública? No, es necesario que descienda, en España y en la UE.”

15 años de escalada de la deuda pública

En Europa llevamos 15 años de déficits públicos recurrentes, resultado de un periodo de crisis bancarias, saneamiento y desapalancamiento de empresas y familias, deflación, pandemia y, ahora, guerra. Los gobiernos han asumido un papel más significativo que nunca en las economías, no solo regulando el funcionamiento de los mercados sino también en la provisión de servicios, la protección y el desarrollo de nuevas infraestructuras e innovación. Han sido los salvadores en situaciones extremas y han mantenido una actividad que en las sucesivas crisis se desmoronaba. No es extraño que ello haya despertado el debate sobre la sostenibilidad y coste del endeudamiento público.

El caso español no es diferente. La ratio de la deuda pública sobre el PIB era del 35,8% en 2007. Este mínimo histórico se había alcanzado gracias al fuerte crecimiento de los ingresos fiscales de los felices 2000, el periodo en que se gestó la peor burbuja de la deuda privada. Siete años después de explotar esta burbuja, la ratio había subido hasta el 105,1%. Parecía un máximo difícil de superar, pero en 2020 la ratio daba un nuevo salto hasta el 120,4%, a consecuencia de la pandemia. En 2022, gracias al fuerte incremento de ingresos fiscales provocado por la inflación –despertada por la guerra en Ucrania- y a pasar de las medidas para paliar el impacto en hogares y transporte de los precios energéticos, ha vuelto a descender, para situarse en el 116%. Por tanto, del 36% al 116%, 80 puntos de incremento en 15 años.

En la Eurozona la ratio de la deuda se elevaba en 2022 al 94,2%. En Alemania era del 67% ese mismo año, en contraste con el 113% de Francia o el 150% de Italia. la ratio de la deuda está en máximos históricos en toda la UE, aunque el coste medio de la deuda viva está en mínimos, gracias a los bajos o negativos niveles de tipos de interés de la política monetaria. Además, las compras masivas de deuda de los bancos centrales han mantenido bajos también los tipos de interés a largo plazo. En la zona euro, el coste medio del saldo de deuda es del 1,3% en los últimos años, con una vida media de ocho años. En el caso de España el coste medio es algo mayor, debido a las primas de riesgo, del 2,1%, con una vida media similar.

¿Es sostenible este nivel de deuda pública? No, es necesario que descienda, en España y en la UE. El concepto de sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de conseguir financiación en los mercados a un coste razonable. Estos consideran la deuda pública sostenible cuando la ratio de la deuda sobre PIB es capaz de ajustarse discrecionalmente, al alza o a la baja, según el momento del ciclo macro. No existe un nivel estático de ratio ideal. Son dos los factores de cuya evolución combinada se derivan los ascensos o descensos de la ratio de la deuda: si el saldo primario –es decir, el saldo no financiero ex intereses de la deuda- es negativo (déficit primario), la ratio sube; y si el interés real de la deuda es inferior al crecimiento real del PIB, la ratio baja.

La escalada de la ratio de la deuda en los últimos 14 años se ha debido a un saldo primario negativo recurrente y muy pronunciado. Y seguimos con un saldo negativo también en 2023. Para estabilizar y reducir la ratio de la deuda es imprescindible la generación de superávits primarios suficientes y prolongados, actuando sobre los ingresos o haciéndolo sobre los gastos. Otros países, como Alemania o Francia, han girado hacia saldos positivos pasado lo peor de la pandemia. Los tipos de interés reales negativos de la deuda han tenido un temporal y limitado efecto balsámico. Y recordemos que en España sufrimos la desventaja de la prima de riesgo, que supone 0,8 puntos porcentuales más de coste medio en la deuda viva. Es pues necesaria la generación de superávits primarios que reconduzcan la ratio de la deuda, pero ello choca con resistencias estructurales y políticas. Por eso precisa de un entorno a escala europea que lo favorezca.

El escrutinio de los mercados es un elemento clave en una unión monetaria sin unión fiscal, en la que las finanzas públicas no tienen, por definición, consecuencias cambiarias, y el peligro de moral hazard (irresponsabilidad) es alto. No obstante, episodios como el sufrido por la Eurozona en 2011-2012 –la crisis soberana y del euro del whatever it takes de Draghi- demuestran que ese escrutinio también puede generar ruido y volatilidad. La aplicación entonces de las rígidas reglas fiscales de la UE –límites estáticos a la ratio sobre PIB del déficit y la deuda— se considera ahora que fue contraproducente. Las reglas fiscales se suspendieron con la pandemia y ahora van a ser revisadas para introducir un esquema alternativo individualizado, con un plan país por país de retorno a la sostenibilidad en plazos realistas y fáciles de comunicar a los mercados. Además, aunque una unión fiscal está lejos del horizonte europeo, los programas de gasto “federal”, fuera de los presupuestos nacionales y financiados con deuda pública de la UE -como Next Generation EU-, serán un instrumento cada vez más utilizado, lo que reducirá la presión sobre la deuda de cada país.

Nuevo paradigma de la economía mundial

EN PLENO DEBATE

NUEVO PARADIGMA DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

La subida de los tipos de interés y, en consecuencia, el encarecimiento del precio del dinero, ha marcado 2022,

El año 2022 ha sido el de las grandes incertidumbres económicas; el fin de un ciclo de bonanza y de los indicadores positivos previos a la pandemia. La inflación causada por la pandemia con la consiguiente falta de suministros, y la guerra en Ucrania, han disparado los precios de la energía, con el gas y electricidad a la cabeza, y del petróleo y sus derivados. También la cesta de la compra se ha encarecido de forma alarmante mientras los salarios, o no han subido o lo han hecho muy por debajo del IPC. Los expertos hablan ya de una recesión en 2023 o, en el mejor de los casos, de una desaceleración de la economía global.  
MARTA RUIZ-CASTILLO

«La desaceleración mundial será de base amplia, y la proyección para 2023 es inferior a la mitad de la expansión del 6% registrada el año pasado. Se estima que los países que representan aproximadamente un tercio de la economía mundial registrarán durante dos trimestres consecutivos una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) real este año o el próximo», advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado a finales de octubre. La conclusión a la que llega el FMI en su análisis de previsiones para 2023 no es muy alentadora. «Las perspectivas están plagadas de incertidumbre. Según nuestros cálculos, existe un 25% de probabilidad de que el crecimiento mundial se sitúe por debajo del 2% el año que viene, y una probabilidad de entre el 10% y el 15% de que quede por debajo de 1%».

Subir los tipos

La subida de los tipos de interés y, en consecuencia, el encarecimiento del precio del dinero, ha marcado 2022. Como explicó Christopher J. Waller, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), ante el resto de los miembros de la entidad el 16 de noviembre, «la Reserva Federal endurece la política monetaria para reducir la inflación, principalmente elevando los tipos de interés a corto plazo, lo que tiene el efecto de impulsar los tipos en toda la economía. Los mayores costes de endeudamiento reducen el gasto y la inversión de los hogares y las empresas».

 


LA INVASIÓN RUSA HA PROVOCADO UN AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA QUE NO SE PRODUCÍA DESDE LOS AÑOS 70


 

En marzo de 2022, la autoridad monetaria de EE.UU. subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,25%-0,50%; fue la primera subida desde 2018. El objetivo principal era bajar la inflación del 7,9% en febrero hasta el 2%. Ya entonces la FED anunció más subidas continuadas y así lo hizo a finales de julio con una subida de 75 puntos básicos, y en septiembre volvió a subir otros 0,75 puntos. En diciembre, nueva subida de 0,5 puntos hasta el rango del 4,25%-4,5%. La previsión del Banco Central de EE.UU. es seguir aumentando las tasas en 2023 aunque a un ritmo menor que en 2022, informó el presidente, Jerome Powell, el 14 de diciembre.

También el Banco Central Europeo (BCE) subió en julio los tipos de interés medio punto porcentual en la zona euro por primera vez en 11 años. «La inflación sigue siendo indeseablemente alta y se espera que se mantenga por encima de nuestro objetivo durante algún tiempo. Los últimos datos señalan una ralentización del crecimiento para el segundo semestre del 22 y más allá. Al mismo tiempo, esta desaceleración está siendo amortiguada por una serie de factores de apoyo. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tipos de interés oficiales del BCE y ha aprobado el Instrumento de Protección de la Transmisión», anunció entonces la presidenta, Christine Lagarde. El BCE subió de nuevo los tipos en septiembre hasta un 1,25 y por tercera vez en octubre 75 puntos básicos, situándolos en el 2%, máximos desde 2009 y el 15 de diciembre medio punto hasta el 2,5.

Reformas estructurales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Perspectivas económicas de la OCDE publicado en noviembre sobre cómo afrontar la crisis, admite que «la economía mundial se enfrenta a importantes desafíos» entre los que destaca la elevada inflación, que se ha extendido por todos los países y «todos los productos», y la guerra en Ucrania, que «incrementa los riesgos de endeudamiento en los países de bajos ingresos y la inseguridad alimentaria». La invasión rusa ha provocado un aumento de los precios de la energía que no se producía desde los años 70 y ese aumento «lastra con fuerza la economía mundial».

Factores como la subida de los tipos de interés, el menor crecimiento de los ingresos de los hogares y el descenso de la confianza, además del citado aumento de los precios de la energía, tienen como consecuencia, según la OCDE, un debilitamiento del crecimiento económico mundial. «Estados Unidos y Europa están experimentando una brusca desaceleración y se prevé que, en 2023, las principales economías de mercado emergentes de Asia representen cerca de tres cuartas partes del crecimiento del PIB mundial». El organismo prevé que la inflación siga siendo elevada en 2023, aunque cree que «debería moderarse».

En este contexto, la OCDE propone varias medidas que deberían adoptar los gobiernos. Por un lado, reformas estructurales para reducir los precios e impulsar los ingresos que tengan un efecto amplio y directo en los hogares y que reduzcan la presión de los precios. Así, plantea que se adopten políticas «como el aumento de las ayudas para guarderías y la inversión en competencias, que podrían ayudar a las mujeres y a los jóvenes a reincorporarse al trabajo, impulsar los ingresos de los hogares, el crecimiento económico y la inclusión». También defiende mantener las fronteras internacionales abiertas al comercio para mejorar el acceso a los alimentos y otros bienes a precios más bajos «impulsando el motor comercial del crecimiento».

La OCDE propone, además, invertir en seguridad energética. «Para evitar la escasez de energía y un mayor encarecimiento de la misma, es necesario reducir su uso y diversificar el suministro de forma inmediata, al tiempo que se aceleran las inversiones en tecnologías limpias y en eficiencia energética. Esta combinación de políticas mejoraría tanto la seguridad energética como las posibilidades de cumplir los objetivos climáticos».

 


LA OCDE PROPONE EL AUMENTO DE LAS AYUDAS PARA GUARDERÍAS Y LA INVERSIÓN EN COMPETENCIAS


 

Políticas fiscales

Para la OCDE es fundamental un «mayor apoyo a la política fiscal». En este sentido subraya que las medidas que se adopten para reducir el precio de la energía deben «tener un carácter temporal y estar enfocadas en preservar los incentivos para reducir el consumo de energía». Estas medidas de apoyo, añade, deberían evitar los «persistentes estímulos a la demanda», teniendo en cuenta el contexto de una inflación elevada.

“Lo que hace que la situación que enfrentamos hoy sea especialmente desafiante es que no solo enfrentamos una secuencia de eventos nefastos: la pandemia, la crisis energética, la injustificable invasión de Ucrania por parte de Rusia y la alta inflación, sino que, como resultado, el entorno alrededor de nosotros también está cambiando». Estas palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, realizadas en una intervención pública realizada en noviembre, resumen perfectamente el contexto actual de un nuevo paradigma de la economía global.

Efectos de la inflación

España lideraba cierta moderación de la inflación con bajadas desde agosto, momento en el que comenzaron a adoptarse medidas para bajar o limitar los precios energéticos, siendo entonces la alimentación la principal fuente inflacionaria.

España fue el país de la eurozona con menor inflación en noviembre, con un incremento de los precios del 6,6%, seguido de Francia, con una inflación en el mismo mes del 7,1%, según datos facilitados por Eurostat. Por el contrario, los países con una inflación más alta fueron Países Bajos (11,2%), Alemania (11,3%), Italia (12,5%) y Eslovaquia (15,1%). Además de los precios de la energía, destacaron las alzas de los precios de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, con un incremento del 13,6% en noviembre, mientras que el encarecimiento de los alimentos no elaborados pasó del 15,5% en octubre al 13,8% en noviembre.

El caso de España se explica por las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno para limitar los precios de la energía. En noviembre también adoptó acciones para hacer frente al aumento de la subida del Euribor y «facilitar el pago de la hipoteca ante el aumento de los tipos de interés».

El 27 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a un nuevo paquete de medidas «para paliar la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables» que incluía la rebaja del IVA del 4 al 0% en los alimentos de primera necesidad, una ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros y prolongar la rebaja de los impuestos de electricidad y gas.

Semestre Europeo de 2023
Los 27 acordaron el 22 de noviembre la puesta en marcha del ciclo de coordinación de políticas económicas del Semestre Europeo de 2023 para reducir la inflación y garantizar el suministro de energía, además de actuar contra el alza de la deuda y el incremento de los costes de endeudamiento y la escasez de suministros. La UE «ayudará a los Estados miembros a alcanzar estos objetivos mediante la fijación de prioridades y la aportación de orientaciones políticas claras y bien coordinadas para el año que viene», informó la Comisión Europea. Promover la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica con vistas a fomentar la sostenibilidad competitiva, son las cuatro prioridades del Semestre Europeo a través de diferentes acciones. Entre estas destaca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un presupuesto de 723.800 millones de euros en subvenciones y préstamos, «que sigue facilitando un flujo constante de inversiones en las empresas, las infraestructuras y las competencias europeas, además de sostener un ambicioso programa de reformas hasta 2026». Otro de los pilares del Semestre Europeo es REPowerEU, el plan de la UE para «ir suprimiendo con rapidez la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos», que movilizará recursos adicionales para aumentar la resiliencia de los sistemas energéticos de la UE y ayudará a prevenir la pobreza energética mediante inversiones y reformas específicas. Desde su inicio en 2011, el Semestre Europeo se ha convertido en un foro consolidado para debatir los retos presupuestarios, económicos y de empleo de los países de la UE con un calendario anual común, y «sigue desempeñando este papel en la fase de recuperación y en el progreso de la transición ecológica y digital».

OTROS ENFOQUES

ETHIC: Entrevista de Pablo Blázquez a Carlos Torres Vila, preside del BBVA desde el año 2019 y uno de los habituales del Foro de Davos, que analiza algunos de los retos económicos más urgentes del presente y defiende que la guerra de Ucrania acelera la hoja de ruta de la descarbonización.

REAL INSTITUTO ELCANO: Federico Steinberg analiza la situación económica global en un profundo artículo titulado Nubarrones en el horizonte para la economía mundial en 2023.

WORLD ECONOMIC FORUM: Stefan Ellerbeck analiza la situación económica global a través de un grupo de expertos que consideran que «el mundo se encuentra en un punto de gran peligro económico».

«Causas de la inflación», por David Cano

EN PLENO DEBATE

DAVID CANO MARTÍNEZ,
socio de Analistas Financieros Internacionales

Twitter: @david_cano_m

"La moderación de la inflación se va a producir a un ritmo lento y serán necesarios entre 18 y 24 meses para regresar a la cota del 2,0%”

Causas de la inflación

Tras dos décadas relegada del centro de atención, la inflación ha recuperado el foco. El fuerte aumento de la tasa de crecimiento de los precios de los bienes y servicios que consumimos está siendo lo que más condiciona la actividad económica. Y también lo que más debate suscita respecto a sus causas, a las medidas para atajarla y a las perspectivas para su evolución. Vamos a tratar de dar respuesta a estos aspectos, que están interrelacionados. Porque para poder realizar una previsión sobre la tasa de inflación en 2023 y 2024 (lo que, a su vez, condicionará los tipos de interés), es imprescindible atender a las razones de su último repunte. Cabía esperar un aumento de los precios como consecuencia de la recuperación económica posterior a la COVID (desde la segunda mitad de 2020 hasta finales de 2021), pero no tan intenso. Porque tampoco se anticipaba una recuperación tan fuerte de la actividad económica, que fue rápida por el temprano descubrimiento de una vacuna eficaz y la consecución de la inmunidad de rebaño.

He aquí uno de los tres principales motores de la inflación de los últimos meses: la presión desde el lado de la demanda. Los otros dos son los factores de oferta y la elevada liquidez de los bancos centrales. Existe un intenso debate entre los economistas sobre la capacidad explicativa de la enorme base monetaria creada por los bancos centrales entre marzo de 2020 y junio de 2022 (del orden del 20% del PIB; 4 billones de EUR en el Área euro) que no hizo más que incrementar el importe creado desde la crisis financiera de 2008. En total, un 50% del PIB. Aunque existe una relación entre la cantidad de dinero y el crecimiento de los precios, el vínculo causal no tiene una importancia cuantitativa destacada. Eso es algo que está más que demostrado ya desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando el monetarismo fue relegado de la primera línea de análisis de los bancos centrales.

Analicemos los factores de oferta que son, en mi opinión, los más relevantes para explicar el repunte de la inflación del último año. Y dentro de estos, nos referimos a dos: por un lado, el encarecimiento de las materias primas y, por el otro, a los “cuellos de botella”. En lo que respecta al alza del precio de las materias primas, ha sido generalizado e intenso entre los mínimos de primavera de 2020 (en plena pandemia el barril de petróleo llegó a tener un precio negativo) y los máximos de principios del pasado junio. Las cotizaciones (que aumentaron del orden del 300%) experimentaron un empuje adicional con el inicio de la guerra en Ucrania. Pero hoy, cuando la corrección desde los máximos es del orden del 15%, podemos considerar que este factor no solo ya no es inflacionista, sino que va a ser el principal director de la moderación de la tasa de inflación en los próximos 12 meses.

Y similar conclusión podemos extraer del otro gran “causante”: los cuellos de botella, esto es, las distorsiones en las cadenas de producción y transporte globales. Tras los máximos de finales de 2021 , la moderación está siendo muy importante, gracias en gran medida a la normalización de la disponibilidad de barcos y a la recomposición de inventarios.

En conclusión, un análisis de las razones de la inflación de los últimos 18 meses permite afirmar que los máximos han podido quedar ya atrás gracias al cambio de signo de los factores vinculados a la oferta, pero también a la menor presión desde el lado de la demanda (menor crecimiento del PIB mundial) y al reducido impacto de la abundante liquidez inyectada por los bancos centrales.

Ahora bien, la moderación de la inflación se va a producir a un ritmo lento y serán necesarios entre 18 y 24 meses para regresar a la cota del 2,0% objetivo de los bancos centrales. Pero mucho antes, tan pronto como en el próximo trimestre, éstos podrían haber dejado ya de subir los tipos de interés, ante la consecución del punto de inflexión en la inflación y haber situado los tipos en una cota en línea con la media histórica.

Es obvio que este escenario tiene uno alternativo de riesgo, que es una mayor persistencia de la inflación en altas tasas debido a potenciales efectos de segunda ronda, así como los pasos atrás que se están produciendo en la globalización. La constatación de algunos de los efectos negativos de la misma (como los cuellos de botella) está favoreciendo una relocalización de los factores productivos en las economías desarrolladas, lo que sin duda puede generar ciertas presiones al alza en los costes de producción y, con ello, en los precios de venta finales de los productos y servicios que consumimos. Si en las dos últimas décadas hemos vivido con una tasa de inflación baja gracias a los efectos de la globalización, la desglobalización de los próximos años provocará una inflación más alta. Pero será en línea con el objetivo de los bancos centrales (2,0%) gracias a la capacidad de estos, vía política monetaria, para mantenerla bajo control.