Las viviendas de la España despoblada

EN PLENO DEBATE

Las viviendas de la España despoblada

MARTA RUIZ-CASTILLO

El 14,4% de las viviendas en España están vacías y una gran parte están en zonas despobladas o en riesgo de despoblación. Buscar soluciones al problema de la vivienda en el marco del reto demográfico se ha convertido en una cuestión de interés público.

Las casas vacías se encuentran en una proporción mayor en municipios pequeños, según el último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2021 y pendiente de actualizar. «Los de menos de 10.000 habitantes, en los que residía el 20,3% de la población total, registraron el 45,0% del parque de viviendas vacías»; sólo el 10,5% de esas viviendas estaba en ciudades de más de 250.000 habitantes, donde residía el 23,8% de la población.

La información, realizada a partir de los datos del consumo de electricidad, indica que el total de viviendas vacías era, en 2021, de 3.857.328, mientras que 943.924 casas tenían un consumo muy bajo, entre el umbral mínimo y 250 Kwh, y 2.514.511 de inmuebles tenían un consumo esporádico, entre 251 y 750 Kwh.

Las provincias con más viviendas vacías eran Teruel, León, Soria, Segovia, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Lugo y Orense. En esta última provincia el porcentaje de vivienda vacía llegaba al 43%, según el INE. En cuanto a viviendas de uso esporádico, se encontraban mayoritariamente en zonas de la costa y en localidades del interior elegidas como destinos vacacionales.

EL 14,4% DE LAS VIVIENDAS ESPAÑOLAS ESTÁN VACÍAS Y SE CONCENTRAN ESPECIALMENTE EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y ZONAS AFECTADAS POR LA DESPOBLACIÓN

Plan Estatal de la Vivienda

La despoblación y el difícil acceso a la vivienda forman parte de una realidad que requiere la búsqueda de soluciones a medio y corto plazo. En este sentido se enmarca el nuevo Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030. Dotado con 7.000 millones de euros, está financiado en un 60% por el Estado y en un 40% por las comunidades autónomas. «Permitirá ampliar el parque de vivienda asequible, con especial atención a la vivienda pública y protegida; movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades», informa el Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana.

El Gobierno central y los 17 gobiernos autonómicos junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aprobaron el 21 de mayo de 2026 en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana la distribución de los fondos del citado plan que quedan de la siguiente manera: Andalucía gestionará 1.970.000€; Aragón, 266.000€; Asturias, 231.000€; Baleares, 168.000€; Canarias, 371.000€; Cantabria, 133.000€; Castilla y León, 278.000€; Castilla-La Mancha, 280.000€; Cataluña, 1.015.000€; Comunidad Valenciana, 798.000€; Extremadura, 210.000€; Galicia, 399.000€; Comunidad de Madrid, 1.113.000€; Región de Murcia, 308.000€; Ceuta y Melilla, 7.000€ cada una.

Corresponde a los gobiernos regionales gestionar las ayudas concretas en cada municipio, de acuerdo con las competencias que tienen asumidas en sus respectivos estatutos.

EL NUEVO PLAN ESTATAL DE LA VIVIENDA 2026-2030 DESTINARÁ 7.000 MILLONES DE EUROS A AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y A REHABILITAR INMUEBLES VACÍOS

Ayudas e impuestos

El plan contempla un amplio paquete de ayudas. Así, el apartado Ayudas para la Construcción de Nuevas Viviendas señala que financiará «la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Las viviendas tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán protegidas para siempre». «En caso de que las nuevas viviendas se construyan en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse también a la venta, manteniendo siempre la protección», puntualiza.

El texto propone la cesión de viviendas a la Administración autonómica para alquiler asequible «con una ayuda de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante siete años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible por un precio máximo de 600 euros mensuales». Además, incluye una previsión de «rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para conservar el correcto estado del inmueble». La comunidad autónoma gestionará el alquiler y, cuando finalice el contrato, «devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas».

EL PLAN ESTATAL PROPONE LA CESIÓN DE VIVIENDAS A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA ALQUILER ASEQUIBLE

Se destinarán también «hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación de las viviendas cedidas, una medida especialmente útil en las zonas rurales, donde se concentra el grueso de viviendas vacías, muchas veces por su situación de inhabitabilidad». En este ámbito se incluyen también ayudas a la «rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años, con hasta 30.000 euros de financiación si, posteriormente, esas viviendas se disponen en alquiler residencial por un plazo mínimo de cinco años a un precio asequible. En caso de que la vivienda se encuentre en el medio rural, la ayuda podrá ascender hasta 35.000 euros».

También se establecen medidas para «la adquisición de vivienda en el mundo rural para fijar población joven» que se concretan en ayudas que pueden llegar a los 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta ayuda «se ampliará a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población».

En materia fiscal, la normativa da a los ayuntamientos potestad para aplicar un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de casas vacías sin justificar, que puede llegar «al 150% de la cuota líquida del impuesto para grandes tenedores y casas deshabitadas durante más de tres años». El objetivo es fomentar el mercado del alquiler.

Aparte del Plan Estatal de la Vivienda, el Plan de Medidas ante el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aborda también este asunto en el Eje 1.22 de ayudas a la rehabilitación de viviendas en áreas rurales y provincias afectadas por la despoblación.

CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS REGIONALES GESTIONAR Y CONVOCAR LAS AYUDAS CONCRETAS EN CADA MUNICIPIO

Principales limitaciones

«El problema de la vivienda en entornos rurales no puede ni debe afrontarse como un reto que sea independiente de las características de sus habitantes y de la complejidad de las relaciones sociales existentes, así como de los condicionantes económicos y culturales que se derivan», así lo señala el estudio La cuestión de la vivienda en las ruralidades contemporáneas, realizado por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Existen algunos patrones comunes «que penalizan el acceso a la vivienda por parte de los potenciales nuevos residentes e incluso de los jóvenes que desean independizarse y seguir manteniendo un proyecto de vida en los municipios rurales», destacan los investigadores de la Red UOC Rural, Josep Lladós, del Digital Business Research Group (DigiBiz), y Soledad Morales Pérez, del grupo Nuevas Perspectivas en Turismo y Ocio (NOUTUR), ambos profesores de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, autores del citado estudio realizado a partir del análisis de unas zonas concretas del país y extrapolable al resto de la España despoblada.

Entre los factores que explican la actual situación, los investigadores mencionan la «abundancia de viviendas vacías y su deterioro». Esto tiene, por un lado, efectos económicos porque requiere una inversión para su rehabilitación y, por otro lado, efectos culturales vinculados al riesgo a la inversión o a la desconfianza hacia los inquilinos ante posibles ocupaciones ilegales, pese a la existencia de incentivos fiscales y garantías de pago por parte de las administraciones. Otro elemento destacado en el estudio es el auge de las segundas residencias que limita la oferta de vivienda residencial y «está encareciendo el precio en el mercado», en general.

Los autores consideran la «falta de vivienda en régimen de alquiler accesible y disponible durante todo el año» como «el principal obstáculo para la atracción de nuevos pobladores en estas áreas rurales». Un hecho provocado, en gran parte, por el uso de viviendas vacías para fines turísticos y por la falta de promociones de los ayuntamientos. «Las tensiones en el acceso a la vivienda residencial son una realidad palpable en zonas rurales, pese a los procesos de despoblación», concluye el informe.

Repoblación rural

Frente a este escenario y con objeto de resolver el problema de la vivienda vacía en zonas despobladas, el trabajo de los investigadores de la UOC propone las siguientes medidas: «Trasladar el máximo posible de viviendas vacías o en desuso al mercado de alquiler residencial; establecer estructuras estables de arbitraje entre demanda y oferta de vivienda, identificando oportunidades para atraer nuevos pobladores y atendiendo a sus necesidades, lo que incluye alojamiento y servicios de apoyo al emprendimiento; diseñar políticas estratégicas para gestionar el turismo que reduzcan sus efectos colaterales y aprovechen su potencial para el desarrollo sostenible; convertir los municipios en espacios emprendedores, fomentando estructuras de propiedad mixta, beneficiando también a inversores privados; aplicar políticas de regulación, que trasciendan el ámbito local, para la regeneración urbanística y el aumento de la oferta de vivienda, incluyendo la rehabilitación de activos inmobiliarios públicos para uso residencial y la creación de una bolsa de viviendas vacías para potenciales demandantes».

Medidas para el desarrollo rural

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), en su Investigación Sociológica sobre el problema de la vivienda en el medio rural realizado en varias comarcas del país, propone, entre otras medidas generales, «dotar a los ayuntamientos rurales de suficientes recursos técnicos y económicos para desempeñar un rol activo en la promoción y gestión de viviendas de protección pública, en la conservación y rehabilitación». Considera que ayuntamientos, mancomunidades o entidades comarcales «deberían disponer y gestionar un stock de viviendas de alquiler social» con el objetivo de llegar al «5% de alquiler social», «reforzar y publicitar las ayudas e incentivos fiscales para rehabilitar y alquilar, así como simplificar el papeleo burocrático».

Apuesta, también, por «regular y limitar el alquiler turístico y estacional» priorizando «el alquiler residencial estable», y realizar campañas de información y sensibilización para «promover el alquiler privado formal y asequible, contrarrestando los temores infundados de propietarios/as». Además, cree necesario realizar «inspecciones fiscales y de vivienda para reducir el alquiler informal y la infravivienda, mejorando la habitabilidad de las viviendas en alquiler».

El Notariado ante la crisis de la vivenda

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, ha señalado en diferentes foros la necesidad de aportar seguridad jurídica al mercado de la vivienda. Integrante del Consejo Asesor de Vivienda, creado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, también ha destacado la importancia de disponer de información rigurosa y de reforzar la colaboración entre instituciones para abordar uno de los principales desafíos económicos y sociales del país. Barrio ha señalado que este problema, a ser global y multifacético, require de soluciones diversas y normas claras.

Los notarios aportan asesoramiento imparcial e información rigurosa a los ciudadanos, además de controlar la legalidad de los actos y acuerdos que autorizan, Esa protección podría extenderse, como ya ocurre con la hipoteca, a la fase previa a la compraventa, mediante la revisión de la documentación y de los acuerdos recogidos en los contratos de arras. Asimismo, su intervención en el mercado del alquiler reforzaría la seguridad jurídica y protegería tanto a propietarios como a inquilinos.

Otros enfoques

elDiario.es: Artículo en el que el autor reflexiona sobre el problema de vivienda en zonas despobladas y los motivos por los que la demanda es escasa.

20Minutos: Este reportaje se centra en algunas de las comunidades autónomas que ofrecen ayudas para comprar casas en zonas en riesgo demográfico.

EY: Informe ¿Es posible frenar la despoblación de la España rural?

Los autores ahondan en cómo aprovechar la vivienda disponible para convertir las comarcas despobladas en tierras de oportunidades ante el reto demográfico en la España rural, partiendo de la base del papel de la vivienda como palanca de cambio.

COMPARTIR

fiscalidad tributos

El notariado como motor de la España rural, por Benito Torrecillas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

Es en los pueblos donde el Notariado despliega su función social más pura y gratificante"

El notariado como motor de la España rural

Hay pueblos en España donde todavía se dejan las llaves puestas en la puerta, la gente se sigue saludando por la calle y una casa representa la memoria de una familia. Sin embargo, muchos de esos pueblos viven hoy entre persianas bajadas y carteles de “se vende” que nadie mira.

Se habla mucho de la España vaciada y de la despoblación. Las estadísticas suelen ser frías, pero a veces retratan realidades incómodas: casi la mitad de las casas vacías de España se concentran en el entorno rural (unos 3,8 millones de inmuebles, según el INE).

Inseguridad jurídica

En el debate público sobre cómo movilizar este patrimonio, se suele apelar a recargos en el IBI o a incentivos fiscales. Son medidas necesarias pero incompletas si se analizan exclusivamente desde un despacho urbano. El verdadero freno para que una casa de pueblo vuelva a tener vida no siempre es el dinero, a menudo es la inseguridad jurídica. Y es aquí donde la función notarial sobre el terreno resulta indispensable.

Para quienes ejercemos el Notariado en municipios como Falset (Tarragona), con una población de unos 2.800 habitantes aproximadamente, esa cifra no es una abstracción, sino el paisaje de cada mañana. Detrás de cada balcón desconchado y de cada cerradura oxidada no suele haber una fría estrategia de especulación, sino algo mucho más complejo: una telaraña de herencias inconclusas, dudas legales y un arraigo que se resiste a morir, pero que ha olvidado cómo avanzar. Para rehabilitar una vivienda rural, antes hay que rehabilitar su historia jurídica. Ahí el Notariado cumple una función social, aunque pocas veces visible.

Cuando llegué a mi destino en Falset, comprendí pronto que la famosa ´capilaridad´ del Notariado no es un concepto retórico, sino un servicio de urgencias jurídicas. En el mundo rural, el notario es, con frecuencia, el último faro institucional que permanece encendido mientras las oficinas bancarias bajan el cierre y los servicios se alejan. Somos el asesor de cabecera, esa autoridad cercana a la que un vecino puede acudir a consultar un problema sin necesidad cita previa o meses de antelación.

Artesanos del Derecho

Nuestra labor consiste en ser artesanos del Derecho. Dedicamos horas a desenredar particiones complejas, buscar el consenso entre copropietarios que ni siquiera se conocían y a dotar de certezas un patrimonio que, de otro modo, acabaría en ruina estructural. Aquí escuchamos historias familiares que se remontan a tres generaciones, localizamos fincas sin registrar, interpretamos voluntades dichas “de palabra”, o ayudamos a personas mayores que llegan con sus carpetas de gomas llenas de papeles desgastados por el tiempo relativas una masía que perteneció al abuelo y que nadie inscribió nunca.

Cada vez que logramos formalizar una venta difícil o ayudar a una pareja joven a adquirir esa casa que llevaba décadas cerrada, sentimos que estamos combatiendo el olvido.

Cuando pienso en el futuro de nuestra profesión, me dirijo inevitablemente a quienes hoy pasan largas jornadas devorando el temario de la oposición. Existe el mito de que el destino ideal es una plaza en una gran capital. Permítanme disentir.

Es en los pueblos donde el Notariado despliega su función social más pura y gratificante. Aquí no eres un anónimo: eres el notario del pueblo. Escuchas a las familias, aconsejas en la mesa de la cocina si es necesario, calmas los ánimos en una partición difícil y ves el impacto directo de tu trabajo en la comunidad. Animo firmemente a las nuevas promociones a buscar estos destinos no como un trámite de paso, sino como una escuela de vida y de derecho.

En muchos pueblos hay casas vacías, pero también personas que querrían rehabilitarlas, comprarlas o volver a ellas. El problema es que entre unas y otras existe, con frecuencia, un laberinto jurídico que alguien tiene que ayudar a atravesar. Ese alguien suele ser el notario rural.

Acompañar a las familias

Y quizá por eso el mundo rural sigue necesitando notarios jóvenes que quieran instalarse en él. Porque ejercer en un pueblo significa acabar acompañando a las familias en todos los momentos importantes de su vida: compras, herencias, matrimonios, proyectos, despedidas.

La recuperación de la España interior no vendrá solo de la mano de la fibra óptica o de los planes estatales, aunque sean bienvenidos. Vendrá si garantizamos que vivir en un pueblo no signifique ser un ciudadano de segunda en cuanto a acceso a la justicia preventiva. La presencia del notario en el territorio asegura que un habitante de la comarca del Priorat tenga exactamente las mismas garantías y el mismo asesoramiento de excelencia que el residente de la calle Serrano de Madrid o el Paseo de Gracia de Barcelona.

El notario rural no es una figura del pasado, sino parte de la solución futura. Un profesional cercano, accesible y capaz de transformar problemas aparentemente enquistados en oportunidades para que los pueblos vuelvan a tener vida.

COMPARTIR

El mundo rural: esencial para los nuevos notarios, por Andrés García-Bengochea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

El notario se convierte en una persona de confianza, a la que le cuentan sus problemas y preocupaciones con la esperanza de alcanzar una solución"

El mundo rural: esencial para los nuevos notarios

Después de aprobar las oposiciones y una vez asignada una plaza para comenzar su andadura profesional, los nuevos notarios se enfrentan a un nivel de novedades que probablemente no han visto con anterioridad. Dominar el Sistema Integrado de Gestión del Notariado, SIGNO, el software para la redacción de escrituras, la gestión de la notaría o conocer todos los requisitos que deben reunir los distintos textos legales, son algunos de los retos a los que se exponen. Como seguramente habrán vivido cada uno de ustedes en su vida profesional, existen ciertas diferencias entre la teoría y la práctica, que requieren un cierto período de adaptación.

Una visión de 360°

En estos inicios y dependiendo del contexto, el destino y el tipo de notaría, algunos notarios optan por comenzar solos, y otros se apoyarán en oficiales, que o bien ya trabajaban en la notaría o han sido contratados. Ambas posibilidades tienen su aspecto positivo, en el primer caso el notario adquiere una visión de 360° de cómo funciona todo y, en el segundo, permite acelerar su aprendizaje, apoyándose en personas con experiencia en este mundo laboral. El que escribe estas letras eligió la primera opción, con el objetivo de empezar desde abajo y entender todos los entresijos de la notaría.

Mi primer destino ha sido Muxía, un precioso pueblo costero de 5.000 habitantes situado en Galicia. Conocido por ser uno de los terrenos más afectados por el drama del Prestige, es una península que cuenta con playas espectaculares como la de Os Muiños o Lourido, ésta última formando parte del

Camiño dos Faros, un recorrido de casi 200 kilómetros entre Malpica y Finisterre. Al final del pueblo y al borde del mar, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Barca y las piedras de su entorno, que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía-Finisterre. Las fiestas de la Barca, celebradas en septiembre, paralizan el pueblo y han sido reconocidas como de interés turístico nacional. A escasos kilómetros y con grandes vistas se encuentra el parador de Muxía, que presenta la tasa de ocupación más alta de toda España.

Transcurridos unos meses, el notario empieza a conocer las peculiaridades de la zona y las preocupaciones de su gente. En Muxía los padres “quiere reconocer a los hijos”, una expresión popular que significa que desean nombrarles herederos en sus testamentos. También genera confusión la aceptación de herencia, al creer que solo con un testamento ya han adquirido el patrimonio del difunto. Es habitual la solicitud de que “les arregles los papeles”, es decir, que puedas explicarles sin tecnicismos cuál es su situación jurídica.

Una persona de confianza

El notario se convierte en una persona de confianza, a la que le cuentan sus problemas y preocupaciones con la esperanza de alcanzar una solución. Se trata de una población que presenta especiales vínculos con Suiza (por la emigración), por lo que siempre suele haber algún componente de derecho internacional. La ubicación de los inmuebles, también exige tener conocimientos acerca de la ley de costas, ya que con frecuencia se invade el dominio público marítimo terrestre. Con el paso de los meses y desarrollo de la práctica, se valora en mayor medida todo lo estudiado durante los años de oposición.

El notario actúa como un garante de la legalidad, debiendo constatar que el texto se adecúa a los requisitos formales y los otorgantes firman con pleno conocimiento de todas las circunstancias que vinculan a la escritura. En este aspecto, el juicio de capacidad cobra una relevancia significativa, cancelando cualquier firma en la que se pueda albergar dudas acerca de la falta de discernimiento/conocimiento de alguno de los interesados. Esta obligación se extiende a cualquier clase de negocio jurídico, por muy sencillos que puedan parecer algunos.

Como ejemplo, hace unos días compareció en mi notaría un señor con problemas auditivos que quería ratificar una escritura otorgada en otra ciudad (en la que ese señor era representado con mandato verbal, insuficiente para la validez del documento). Al preguntarle en qué consistía la escritura que quería ratificar, me dice que “quiere renunciar a todo” y le explico que en la escritura citada aceptaría la herencia. Le explico todo en detalle y le invito a que pueda leer con calma el documento (en su casa o en la notaría) para que lo ratifique en otro momento, si lo considera, una vez que sea consciente de su contenido. Debemos tener especial atención con las personas más vulnerables, asegurándonos de que pueda cumplirse realmente su voluntad y evitando cualquier intento de manipulación de terceros.

Se trata de una profesión en constante aprendizaje que abarca múltiples campos del derecho civil, mercantil o hipotecario, entre otros, por lo que es imprescindible mantenerse actualizado para dar un buen servicio. Desde celebrar matrimonios, hasta expedientes para la inscripción de fincas en el Registro de la Propiedad o una fusión de sociedades, todos ellos requieren una preparación para que las escrituras puedan surtir los efectos deseados.

El mundo rural es, en mi opinión, el lugar idóneo para dar los primeros pasos, teniendo un contacto más directo con los clientes, y un menor volumen de trabajo que nos permita crecer y entender en que consiste esta profesión para cumplir con acierto lo que dice el famoso refrán: “Antes de correr hay que aprender a andar”.

COMPARTIR

Nucleares sí, nucleares no

EN PLENO DEBATE

Nucleares sí, nucleares no

MARTA RUIZ-CASTILLO

El debate «nucleares sí, nucleares no» ha recuperado protagonismo en los últimos tiempos, después de que la Comisión Europea (CE) haya decidido aumentar sus inversiones en energía nuclear. Esto forma parte de su estrategia energética para no depender de otros países en momentos de incertidumbre como el actual.

Atrás han quedado las reticencias de la Unión Europea (UE) sobre la energía nuclear. Incluso la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, quien durante su paso por el gobierno alemán de Angela Merkel apoyó el cierre de reactores nucleares en Alemania, admitió en marzo de este año, durante la Cumbre sobre Energía Nuclear celebrada en París, que «Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente de energía fiable y asequible de bajas emisiones».

La CE defiende un sistema energético mixto y, desde 2022, ha adoptado medidas que incluyen a la energía nuclear como parte de la transición energética de descarbonización total en la que las renovables siguen siendo parte esencial.

Para cumplir los objetivos energéticos y climáticos marcados por los 27, «aparte de invertir en energías renovables, eficiencia energética y capacidad de la red, también es necesario inversiones en energía nuclear, tanto de fisión como de fusión». La CE calcula que «más del 90% de la electricidad de la UE en 2040 se producirá a partir de fuentes descarbonizadas, principalmente renovables, complementadas con energía nuclear». El octavo Programa Nuclear Ilustrativo de la Comisión Europea, publicado en marzo, prevé que la capacidad nuclear total de la UE pase de 98GW en 2025 a entre 109GW y 150GW en 2050, apoyada en nuevas inversiones.

El desarrollo conjunto de las renovables y la nuclear permitirán «garantizar a la UE independencia energética», según Von der Leyen.

Energía limpia

Para entender el cambio de posición de la UE sobre las nucleares hay que remontarse a febrero de 2022 cuando la Comisión propuso incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía verde. Esto implica que estas actividades obtengan la etiqueta verde y permita a inversores privados recibir ayudas económicas de la UE. La propuesta fue aprobada, no sin polémica, por el Parlamento Europeo en julio de ese año a pesar del informe de los expertos negando el carácter «limpio» de ambas energías. En febrero de 2025, el reglamento fue respaldado por la Justicia Europea aceptando estas energías como «actividades de transición».

La UE se mantiene dividida entre los países que aplauden esta decisión y los que están en contra. Entre los primeros está Francia, con el mayor número de reactores nucleares de la UE, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovenia. Frente a estos están España Luxemburgo, Austria, Irlanda y Países Bajos y numerosos grupos ecologistas.

En 2024, las centrales nucleares de 12 países de la UE produjeron «el 23,3% de nuestra electricidad», informa la CE. «Tenemos ahora la ambición de progresar rápidamente y a gran escala para que Europa sea polo mundial de la energía nuclear de nueva generación», aseguró Von der Leyen en París.

Nuevas inversiones

En junio de 2025, cuando se publicó el Octavo Programa Indicativo Nuclear (PINC), se estableció la necesidad de realizar inversiones significativas, en torno a los 241.000 millones de euros hasta 2050, tanto para ampliar la vida útil de los reactores existentes como para la construcción de nuevos reactores a gran escala. «Se necesitan inversiones adicionales para los pequeños reactores modulares (SMR), incluidos los reactores modulares avanzados (AMR) y los microrreactores», según el dictamen sobre el PINC emitido en diciembre de 2025 por el Comité Económico y Social Europeo.

CE creará una garantía para apoyar la inversión privada, según se desprende de la Estrategia de la UE para los pequeños reactores modulares adoptada el 10 de marzo de 2026. Esta estrategia permitirá a los países que emplean esta tecnología desplegar los primeros reactores modulares pequeños operativos a principios de la década de 2030. «La Comisión considerará una aportación adicional de InvestEU de 200 millones de euros del Fondo de Innovación hasta 2028 para apoyar el despliegue de primeras unidades comerciales de tecnologías nucleares innovadoras mediante garantías de reducción del riesgo».

Para la CE, «los pequeños reactores representan una solución complementaria» a las centrales nucleares de gran tamaño existentes y planificadas.

Los SMR «están avanzando rápidamente y ofrecen un valor añadido en los sistemas integrados de energía al proporcionar electricidad y calor con bajas emisiones de carbono para una amplia gama de aplicaciones industriales». Estos reactores podrían contribuir, asegura la CE, «a promover la neutralidad climática, reforzar la seguridad energética e impulsar la competitividad industrial. Ofrecen un valor añadido particular para sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte, la industria química y siderúrgica y la calefacción urbana».

Europa en datos

En 2024, los 12 países de la UE con producción de electricidad nuclear generaron 649.524 gigavatios hora (GWh), lo que supone un aumento del 4,8% con respecto a 2023, según Eurostat. Se trata del segundo año consecutivo de incremento después del descenso en 2022. «Las centrales nucleares representaron el 23,3% de la producción total de electricidad en la UE».

Por países, Francia es el mayor productor nuclear de la UE, generando en 2024 el 58,6% de la energía nuclear de la UE, seguido por España con el 8,4%. Después están Suecia (7,8%) y Finlandia (5,0%).

En comparación con 2023, la producción de electricidad nuclear aumentó más en Francia (+12,5%), Suecia (4,5%) y Eslovenia (+4,2%). El resto de los países productores de electricidad nuclear registraron un descenso medio del 4%, que osciló entre el -0,6% en Eslovaquia y el -10,3% en los Países Bajos.

Respecto a la dependencia de la energía nuclear por países, en 2024 Francia se situó en primer lugar (67,3% de la electricidad generada), seguida de Eslovaquia (61,6%). En Hungría, Bulgaria, Bélgica, Finlandia y República Checa, alrededor del 40% de la electricidad generada provenía de la nuclear. En los Países Bajos sólo el 2,9% de la electricidad producida procedía de las nucleares.

Destaca también el caso de Alemania, que fue el segundo mayor productor de la UE en 2021 y dos años después, en abril de 2023, cesó por completo la producción nuclear. Además de Alemania, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia y Portugal no producen energía nuclear.

Cierre de centrales

En España se encuentran en funcionamiento cinco centrales nucleares, dos de las cuales disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman siete reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.398,7 MWe. Las centrales nucleares de Garoña, Jose Cabrera y Vandellós I se encuentran en desmantelamiento, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Gobierno mantiene su calendario de cierre nuclear acordado entre las empresas dueñas y Enresa en 2019, empezando con Almaraz en 2027 y finalizando en 2035 con las últimas instalaciones. “Hemos pactado con las energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, aseguró el presidente Pedro Sánchez en enero de este año durante su intervención en el foro internacional Spain Investors Day. Sin embargo, en marzo, el propio Sánchez dejó caer la posibilidad de revisar el calendario con las empresas afectadas por el cierre de Almaraz, «si no supone un coste económico para los ciudadanos vía rebajas de impuestos, y si se garantiza la seguridad de suministros y la seguridad de los ciudadanos». En todo caso, las renovables siguen siendo la principal apuesta del Ejecutivo.

Otros enfoques

EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA: La autora aborda la división de la UE entre renovables y nucleares en el marco del alza de los precios del gas por el conflicto en Oriente Medio.

AMBIENTUM.COM: El reportaje analiza la energía nuclear y las renovables para tratar de responder a la pregunta de qué opción es mejor.

FORO NUCLEAR: El texto aporta datos sobre la energía nuclear en el mundo coincidiendo con un aumento del número de países que apoyan este sistema energético.

EFE VERDE: El reportaje ofrece las claves sobre el cierre de las nucleares en España.

COMPARTIR

fiscalidad tributos

Cierre nuclear: la obstinación española, por Luis E. Herranz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

La producción anual de electricidad de origen nuclear equivale aproximadamente a 40 veces el consumo eléctrico de todos los hogares de España"

Cierre nuclear: la obstinación española

La energía nuclear ha sido objeto de debate desde sus orígenes, marcados por el desarrollo bélico en el Proyecto Manhattan. Sin embargo, el mundo actual ya no se sitúa en ese contexto. Los desafíos de la sociedad del siglo XXI son distintos y, en buena medida, pueden formularse en términos energéticos: una demanda creciente; la seguridad del suministro —o independencia energética; la asequibilidad económica; y, no menos importante, la minimización del impacto medioambiental. Cualquier pronunciamiento riguroso sobre el papel actual de la energía nuclear exige, por tanto, considerar de manera conjunta todos estos factores, dejando al margen dogmas ideológicos y alimentando el debate con hechos y realidades verificables.

Escala mundial

A escala mundial, la energía nuclear continúa siendo una fuente relevante de generación eléctrica. En 2025 representó el 9 % de la electricidad total producida y más del 20 % de la electricidad libre de emisiones de carbono, solo por detrás de la hidráulica. Para contextualizar estas cifras, la producción anual de electricidad de origen nuclear equivale aproximadamente a 40 veces el consumo eléctrico de todos los hogares de España, o al consumo anual de unas 200 ciudades del tamaño de Madrid. En términos de emisiones, ello supone evitar una cantidad de CO₂ equivalente a las emisiones totales de España durante más de dos años. Esta electricidad se generó en 416 reactores nucleares distribuidos en más de treinta países. En la actualidad, se encuentran en construcción más de setenta reactores —aproximadamente el 25 % de la capacidad instalada— y, desde 2023, han entrado en operación 12 nuevos reactores. En conjunto, estos datos muestran que la energía nuclear cubre una fracción significativa de la demanda eléctrica mundial, contribuye de forma sustancial a la descarbonización de la actividad humana y presenta una escalabilidad tecnológica plenamente demostrada.

Estas magnitudes se ven reforzadas por posicionamientos expresados en foros internacionales, como los recogidos por la Agencia Internacional de la Energía durante la COP21, a partir de evaluaciones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático): «De mantenerse las tendencias actuales, el cumplimiento de los objetivos climáticos para 2050 podría requerir un aumento de la capacidad de generación nuclear superior a un factor seis». Más recientemente, cerca de cuarenta países han suscrito la denominada Declaración para Triplicar la Energía Nuclear, promovida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la COP28 (2023), con el respaldo de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE y de la Asociación Nuclear Mundial. El objetivo de esta iniciativa es triplicar la capacidad nuclear global de aquí a 2050 como estrategia clave para alcanzar la neutralidad climática y limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Entre los argumentos esgrimidos destacan: su contribución a la mitigación del cambio climático al no emitir gases de efecto invernadero; el refuerzo de la soberanía y seguridad energética, al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y garantizar un suministro estable las 24 horas del día; y su viabilidad técnica y económica, tanto por la operación segura a largo plazo de los reactores actuales como por el desarrollo de nuevas tecnologías, en particular los reactores modulares pequeños (SMR, Small Modular Reactors).

Un giro notable

En Europa, más del 25 % del consumo eléctrico se cubre con energía nuclear —producida en más de un centenar de reactores—, lo que representa aproximadamente el 50 % de la electricidad consumida libre de emisiones de CO₂. A raíz de la crisis energética y de la necesidad de avanzar en la descarbonización de todos los sectores industriales la percepción de la energía nuclear está experimentando un giro notable. Declaraciones públicas recientes de altos responsables políticos así lo reflejan, como las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen («Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones»), o del canciller alemán Friedrich Merz («Fue un grave error estratégico eliminar progresivamente la energía nuclear, con un elevado coste para la economía»). Pero la realidad va más allá de declaraciones. A la apuesta sostenida de países como Francia o Eslovaquia, donde la contribución nuclear al sistema eléctrico supera el 60 % —casi el 70 % en el caso francés—, se suma el cambio de orientación observado entre 2022 y 2023 en otros países europeos, que han pasado de estrategias de abandono progresivo a planes de reintroducción o expansión nuclear. Tal es el caso de Bélgica, Países Bajos e Italia, este último protagonizando el primer intento serio en décadas desde los años ochenta. Las principales líneas de actuación contemplan tanto la extensión de la vida útil de las centrales existentes, bajo condiciones estrictas de seguridad, como la construcción de nuevos reactores, de gran potencia y modulares.

Merece especial atención la tecnología de los reactores modulares pequeños (SMR). Su potencial resulta considerable: mayor flexibilidad económica, gracias a menores costes iniciales y a la posibilidad de inversiones escalonadas; plazos de construcción más reducidos, derivados de su diseño estandarizado y fabricación en serie; modularidad, que permite adecuarlos a distintas escalas de demanda y facilita su despliegue en regiones aisladas; y mejoras adicionales en seguridad, mediante la incorporación de sistemas pasivos y diseños simplificados que reducen el riesgo de accidentes graves. Asimismo, los SMR amplían el abanico de aplicaciones energéticas al no limitarse a la generación eléctrica, sino también al suministro de calor industrial o a la producción de hidrógeno, lo que incrementa su impacto potencial en la descarbonización de sectores no eléctricos. Todo ello los posiciona como una opción especialmente atractiva en la intersección entre energía y clima, desde la creciente demanda asociada a los centros de datos hasta su complementariedad con fuentes de generación intermitentes, como las energías renovables. No obstante, su adopción a gran escala deberá superar desafíos relevantes en los próximos años, entre ellos la incertidumbre sobre su competitividad económica y el desarrollo de marcos regulatorios adecuados.

Pese a este contexto internacional, resulta hoy poco probable que España preste una atención significativa a las alternativas que ofrece la tecnología nuclear para abordar sus desafíos energéticos. La posición nacional es la más restrictiva del entorno occidental, sustentada en un calendario de cierre progresivo de las centrales en operación. Esta estrategia podría traducirse en mayores costes estructurales de la electricidad, un incremento de la dependencia energética exterior y una merma de la competitividad industrial, especialmente si otros países consolidan sistemas eléctricos más estables y predecibles.

COMPARTIR

El largo camino del acuerdo UE-Mercosur

EN PLENO DEBATE

EL LARGO CAMINO DEL ACUERDO UE-MERCOSUR

MARTA RUIZ-CASTILLO

La Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) firmaron el 17 de enero un acuerdo comercial calificado de «histórico» por los firmantes. Días después, la Eurocámara aprobó, en una ajustada votación, enviar el pacto al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que dictamine si se ajusta al Derecho comunitario, causando incertidumbre sobre la entrada en vigor del acuerdo hasta que el tribunal se pronuncie.

Más que un acuerdo comercial

En un mundo cada vez más globalizado en el que la geopolítica está en permanente cambio, la UE busca aumentar su influencia a través de acuerdos como el suscrito con los países del Mercosur. «La Unión Europea y Mercosur han firmado hoy un Acuerdo de Asociación, que combina los pilares de diálogo político, cooperación y comercio, y un Acuerdo Interino de Comercio, que contiene los compromisos en materia de comercio e inversiones, concebido para aplicarse antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación», informó la Comisión Europea (CE). Ambos «representan un hito histórico entre las dos regiones y una ambiciosa plataforma para reforzar sus relaciones económicas, diplomáticas y geopolíticas».

Más allá de la importancia comercial esta nueva alianza «también envía una fuerte señal geopolítica que demuestra el compromiso compartido de la UE y el Mercosur con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas». La Comisión subraya que, en un momento actual de «incertidumbre mundial y creciente fragmentación», el acuerdo supone un valor añadido a la «cooperación, el diálogo y las asociaciones internacionales», y «ofrece grandes oportunidades en beneficio de todas las partes a través del refuerzo de la cooperación económica y geopolítica, y en materia de sostenibilidad y de seguridad».

LA UE BUSCA AUMENTAR SU INFLUENCIA A TRAVÉS DE ACUERDOS COMO EL SUSCRITO CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR

A la firma del acuerdo, celebrada en Asunción, asistieron la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y los presidentes de Argentina, Paraguay, Uruguay, así como de Bolivia y Panamá, además del comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, y sus homólogos del Mercosur. Santiago Peña, presidente de Paraguay, país que ejerce la presidencia temporal del Mercosur, calificó el acuerdo de «logro de la diplomacia regional y una reafirmación de la vocación integradora sudamericana», mientras que Von der Leyen destacó que «la UE y el Mercosur eligen la cooperación frente a la competencia y la asociación frente a la polarización».

Efectos en la UE

La creación de esta zona de libre comercio, con más de 700 millones de consumidores, supondrá para la UE la reducción de aranceles y el aumento de las exportaciones económicas. «Eliminará los aranceles sobre las exportaciones de la UE, incluidos los productos agroalimentarios e industriales clave como los automóviles, la maquinaria y los productos farmacéuticos, ahorrando a las empresas de la UE 4.000 millones euros en derechos al año», asegura la CE. Además, «la inversión en cadenas de suministro clave, incluidas las materias primas fundamentales y los bienes conexos» será «más fácil, rápida y segura», explica la institución. El acuerdo también permitirá «reforzar la seguridad económica y apoyar las transiciones digital y ecológica de ambas partes», al tiempo que «ayudará a la UE y a Mercosur a configurar las normas comerciales mundiales en consonancia con las normas más estrictas de la UE».

PARA EL SECTOR AGRARIO, EL MÁS CRÍTICO CON EL ACUERDO, SE ESPERA QUE AUMENTE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE LA UE AL MERCOSUR HASTA EN UN 50%

La Comisión estima que las exportaciones anuales al Mercosur aumentarán en un 39% por un valor aproximado de 49.000 millones de euros y «respaldará cientos de miles de puestos de trabajo en la UE».

Para el sector agrario, el más crítico con el acuerdo, se espera que aumenten las exportaciones agroalimentarias de la UE al Mercosur hasta en un 50%. Von der Leyen aseguró que se «ha puesto gran empeño» en garantizar todas las protecciones necesarias a través de medidas concretas, como «la reducción de los aranceles sobre productos agroalimentarios clave de la UE (vino, bebidas espirituosas, productos lácteos y aceite de oliva)». Se ha añadido también «un mecanismo de salvaguardias jurídicamente vinculantes que protejan los productos europeos sensibles en caso de aumento de las importaciones procedentes de los países del Mercosur». Habrá «controles reforzados para impedir la entrada en el mercado de la Unión de productos no conformes, incluidas más auditorías y controles en terceros países y controles reforzados en las fronteras de la UE». Se pondrá en práctica «el compromiso de la Unión, recogido en la Visión para la agricultura y la alimentación, de una mayor armonización de las normas de producción, entre las que se incluyen aspectos como los plaguicidas y el bienestar animal, aplicadas a los productos importados». Se prevé «un fondo de 6.300 millones euros» y «la Red de Seguridad para la Unidad a partir de 2028, que actuará como nivel adicional de protección para nuestros agricultores en caso de perturbaciones del mercado».

LA COMISIÓN SUBRAYA QUE EL ACUERDO SUPONE UN VALOR AÑADIDO A LA «COOPERACIÓN, EL DIÁLOGO Y LAS ASOCIACIONES INTERNACIONALES”

Críticas

Desde hace años, agricultores y ganaderos se oponen al acuerdo con protestas periódicas en diferentes países de la UE, como España, donde ASAJA, COAG y UPA lideran las manifestaciones.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) denuncia el acuerdo «por su falta de reciprocidad sanitaria, medioambiental y sociolaboral». Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en España (COAG), el acuerdo «es dañino para el sector agrario europeo» y un «engaño», porque supone «abrir la puerta a la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares de calidad, sanitarios y medioambientales exigidos a los productores europeos». La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), por su parte, exige medidas de protección «absolutamente necesarias” y que «las cláusulas de salvaguardia, los controles en frontera y la reciprocidad a la hora de producir, y las auditorías en países terceros para verificar que lo que se firma se cumple sean una realidad más pronto que tarde”.

Estas organizaciones coinciden también en denunciar los efectos del acuerdo en la Política Agraria Común (PAC), «que ponen en riesgo la rentabilidad, la soberanía alimentaria y el futuro del medio rural».

DESDE HACE AÑOS, AGRICULTORES Y GANADEROS SE OPONEN AL ACUERDO CON PROTESTAS PERIÓDICAS EN DIFERENTES PAÍSES DE LA UE

Von der Layen aseguró en Asunción que «hemos escuchado las preocupaciones de nuestro sector agrícola y hemos actuado en consecuencia», subrayando que el acuerdo «contiene salvaguardias sólidas para proteger sus medios de vida». «También estamos intensificando nuestras acciones en relación con los controles de las importaciones, porque las normas deben ser respetadas, también por los importadores» y «aprovecharemos las oportunidades que ofrece el acuerdo para nuestros agricultores; por ejemplo, incluye 350 indicaciones geográficas europeas, más que cualquier otro acuerdo comercial de la UE», añadió.

A las críticas del sector agroalimentario, se suman también los gobiernos de Francia, Hungría, Irlanda o Polonia, que se oponen a la futura eliminación de aranceles para productos clave en sus países. En este sentido, la presidenta de la Comisión prometió que los agricultores europeos contarán con 45.000 millones de euros más a partir de 2028, con cargo al próximo presupuesto de la PAC.

Impacto en España

«Las exportaciones de España a Mercosur crecerán un 37% cuando el acuerdo se ponga en marcha, lo que dará lugar a una mayor producción (0,23% del PIB) y empleo (0,11%, equivalente a más de 22.000 puestos de trabajo) en la mayoría de sectores productivos españoles», según un estudio encargado por la Secretaría de Estado de Comercio. Desde el punto de vista sectorial, el estudio indica que «las exportaciones de manufacturas serían las más beneficiadas, con un crecimiento del 0,35% al final del período de aplicación del acuerdo».

En sus conclusiones, el estudio destaca que «los mayores impactos para España derivarían de la supresión de los aranceles, ya que los niveles arancelarios de partida son relativamente elevados, seguida de la inversión directa que es especialmente relevante debido a la importante implantación de empresas españolas en Mercosur».

25 años de negociaciones

Los inicios del proceso que llevarán a la creación de esta nueva zona de libre comercio se remontan a 1995 con la firma del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación UE-Mercosur. Cuatro años después entró en vigor el Acuerdo Marco y se constituyó el Comité de Negociación Birregional. En el año 2000 empezaron las negociaciones entre los dos bloques.

Durante el periodo 2000 a 2024 se celebraron reuniones anuales del Comité de Negociaciones, pero en 2004 se interrumpieron las negociaciones por diferencias entre los bloques. Las negociaciones no se retomaron hasta 2010, y al año siguiente, en 2011, el Parlamento Europeo aprobó un informe crítico.

Durante la I Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac)-UE, celebrada en 2013, Argentina y Brasil manifestaron diferencias sobre la negociación entre la UE y Mercosur. Tres años después se produjo un importante intercambio de ofertas por parte de los dos bloques. En junio de 2024 concluyeron las negociaciones comerciales, y al mes siguiente las relativas a cuestiones políticas y de cooperación. El 6 de diciembre de 2024 se anunció el cierre del acuerdo, que finalmente, se firmó el 17 de enero de 2026 en la capital de Paraguay.

Incertidumbre

La aplicación del acuerdo de Mercosur, que requiere la ratificación previa de los parlamentos de los países de ambos bloques, sufrió el 21 de enero un revés en una ajustada votación. El Parlamento Europeo (PE) aprobó, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, una resolución solicitando un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia Europeo sobre el acuerdo. «La Eurocámara continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del Tribunal. Después, deberá decidir si da su aprobación o no al acuerdo», informó el PE.

Ante la incertidumbre creada, Von der Leyen aseguró que los servicios jurídicos de la CE «están preparados» para poner en marcha la «aplicación provisional del tratado sin esperar a la Eurocámara «en cuanto uno de los países del Mercosur lo ratifique en su parlamento nacional».

Los parlamentos de Argentina y Uruguay aprobaron en sus respectivos parlamentos el acuerdo con la UE el 26 de febrero. El de Brasil lo ratificó el 4 de marzo y al día siguiente lo hizo el Senado de Paraguay. A la espera de ser sancionado por el Congreso de este país, la UE se preparara para poner en marcha con carácter «provisional» el acuerdo. «La aplicación provisional es, por su propia naturaleza provisional. De conformidad con los Tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación», precisó Von der Layen a finales de febrero.

Otros enfoques

REAL INSTITUTO ELCANO: Analiza el acuerdo UE-Mercosur y sus efectos más allá del puramente comercial en un mundo cada vez más globalizado.

REVISTA MERCADOS: Amplio repaso a los efectos que el acuerdo puede tener en España.

THE CONVERSATION: El reportaje se centra en el sector agrícola y su rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

ECONOMÍA DIGITAL: El texto recoge las posiciones de los grupos parlamentarios de la Eurocámara después de la votación que paraliza, por el momento, el acuerdo UE-Mercosur.

COMPARTIR

fiscalidad tributos

Regresos Inesperados, por Gonzalo Gómez Bengoechea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ESPACIO ÆQUITAS

El acuerdo de la UE con el Mercosur debe ser explicado como una actualización de un modelo de éxito, no como un refrito de ideas viejas y en desuso"

Regresos Inesperados

En su canción Regresos inesperados, el grupo Señor Mostaza repasa los casos de deportistas y artistas que estiraron sus carreras artificialmente con retiradas y retornos constantes; el paso del tiempo erosiona la pasión y debilita la conexión con el público. El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur parece sufrir un problema análogo. Tras más de 25 años de negociaciones, su firma en enero de 2026 parece llegar tarde, en un mundo muy distinto al del año 2000, y con los consensos sociales, económicos y políticos en torno al libre comercio en duda.

Es legítimo preguntarse si, en la actual coyuntura, un acuerdo de libre comercio de esta magnitud tiene sentido y si sus efectos serán los previstos inicialmente. Para ello, es necesario observar las tres dimensiones del pacto: económica, política y estratégica.

La motivación económica

Fue la que dio origen a las negociaciones en el año 99. En el ocaso del llamado Consenso de Washington, se buscaba dar un impulso al comercio interregional y favorecer el crecimiento económico compartido. Casi 30 años después, y tras muchos idas y venidas, la mayoría de las estimaciones prevén un impacto moderado. El comercio agrícola cubierto por el acuerdo es pequeño y las cuotas para productos sensibles, como la carne de vacuno, siguen siendo limitadas.

Los productores se beneficiarán de la apertura mutua de los mercados industriales y de servicios, que afectará a cerca del 90 % de los bienes y que beneficiará a sectores europeos como el automovilístico, el químico o la maquinaria. Al mismo tiempo, la UE se está moviendo para proteger a las empresas agrarias con subvenciones y garantías abundantes para reducir el riesgo de competencia desleal.

Para los consumidores los productos importados serán más baratos y variados. Cualquier importación tendrá que cumplir íntegramente la normativa de la UE en materia de seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y trazabilidad. También se prevén inspecciones, auditorías y suspensiones temporales del acuerdo en aquellos productos que pudieran suponer un riesgo para la calidad o la estabilidad del mercado agrario europeo.

Punto de vista político

La firma del acuerdo envía un mensaje claro del compromiso de la UE con uno de sus principios fundacionales irrenunciables: el comercio como espacio para el crecimiento compartido, el conocimiento mutuo y el intercambio mutuamente beneficioso. El pacto subraya la voluntad europea de mantener abiertas las relaciones comerciales en un contexto global cada vez más dominado por el proteccionismo y la rivalidad entre potencias.

Pero lo más importante del acuerdo es su dimensión geopolítica. En un mundo en el que los Estados Unidos (EE.UU.) son crecientemente proteccionistas y China gana presencia económica y militar en América Latina y África, la UE tiene que buscar su propio espacio. El pacto debe contribuir a la diversificación de socios comerciales y a asegurar el acceso a materias primas críticas. No firmar el acuerdo habría empujado a los países latinoamericanos más cerca de Pekín y reducido el espacio de crecimiento futuro de la Unión. Si el “vínculo transatlántico” con EE.UU. se debilita, Europa tiene el deber -económico, histórico, social- de seguir explorándolo hacia el suroeste.

Como en la novela de McCarthy, el mundo que se dibuja frente a nosotros “no es país para viejos”. La agenda de la UE corre el riesgo de quedarse desactualizada y obsoleta frente al individualismo americano y la visión expansionista China. Europa necesita recuperar su lugar en el mundo con un enfoque económico ambicioso coherente con su contexto, pero basado en las creencias y valores que le son propios: libertad económica, acuerdos comerciales, cooperación… Sin caer en una visión excesivamente naif en la que la productividad y los efectos negativos derivados de las políticas aprobadas queden comprometidos o no adecuadamente atendidos. No hay margen para la inacción dado el creciente peso de los populismos antieuropeos en nuestras democracias.

Nuestros objetivos

Si hace 25 años las negociaciones entre la UE y Mercosur arrancaron con un objetivo marcadamente comercial y económico, en 2026 el acuerdo final debe entenderse desde la óptica de las ganancias políticas y estratégicas. La globalización liderada por Estados Unidos está herida de muerte, pero Asia sigue integrándose y cooperando para afianzarse como el motor del crecimiento mundial. Europa tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la globalización no está muerta en occidente, y que puede seguir compitiendo en aquellas áreas en las que históricamente ha sido un referente global.

Los regresos artísticos o deportivos buscan repetir un éxito o recuperar una sensación perdida con fórmulas caducas. Para su ratificación definitiva en Europa, el acuerdo de la UE con el Mercosur debe ser difundido y explicado como una actualización y una modernización de un modelo de éxito, no como un refrito de ideas viejas y en desuso. Si no se entiende así, la renovada apuesta europea por el libre comercio será percibida como un retorno sin renovación, condenado al fracaso antes siquiera de ser definitivamente ratificado.

COMPARTIR

Las nuevas tecnologías y su impacto en la educación

EN PLENO DEBATE

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN

MARTA RUIZ-CASTILLO

Las nuevas tecnologías (TIC) y la Inteligencia Artificial (IA) han transformado la sociedad, en general, y el sistema educativo, en particular. En el caso de España, como en otros países de nuestro entorno, cada vez más voces se preguntan si su implantación está teniendo efectos no deseados en el aprendizaje.

Es un hecho que vivimos en una sociedad marcada por el uso cotidiano de la TIC y la IA. Un uso que, desde la pandemia, se ha incrementado en las aulas. El 89% de los colegios en España cuenta con conexión a internet de alta velocidad en las aulas, según el informe GoStudent 2025 sobre el futuro de la educación con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024, del Ministerio de Educación y de Infocop. Además, según el estudio, el 92% de los adolescentes españoles posee un smartphone propio y lo utiliza a diario con fines educativos y de ocio; el 61% de los estudiantes en España ha tenido clases híbridas (presenciales + online) en el último año académico».

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA DIGITALIZACIÓN EXCESIVA ES LA DISMINUCIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA ATENCIÓN SOSTENIDA

En la décima feria SIMO Educación celebrada en 2024 bajo el lema Tecnología que inspira la transformación educativa, los expertos analizaron este tema desde perspectivas como la seguridad digital, la alfabetización tecnológica, la salud mental y el papel de la educación emocional, destacando un enfoque equilibrado entre el componente tecnológico y el humano.

Miguel Ángel Savall, doctor en Tecnología Educativa y director general de Foredu, y Adelardo Camacho, especialista en sistemas digitales en Globeducate, coincidieron en que «es esencial garantizar entornos tecnológicos seguros en las escuelas, considerando que la digitalización acelerada, especialmente tras la pandemia ha expuesto vulnerabilidades significativas». Durante las conferencias quedó claro que «la tecnología tiene un potencial transformador, pero su implementación debe estar acompañada de un enfoque reflexivo y equilibrado». Para los expertos «la tecnología no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para enriquecer la experiencia educativa y humana, siempre con un enfoque centrado en las personas».

SOLAMENTE EL 9% DE LOS PADRES ESTABLECE REGLAS CLARAS SOBRE EL USO DE LA IA PARA AYUDAR EN LOS ESTUDIOS

¿Positivo o negativo?

El debate está servido, como reflejan las encuestas y las distintas opiniones de expertos. «El 62% de los padres en España afirma que la tecnología ha tenido un impacto positivo en el aprendizaje de sus hijos», y para el «54% de las familias, el aprendizaje online aumenta la motivación de los estudiantes». Son datos del Informe GoStudent 2025 sobre el futuro de la educación, con información de Infobae España y El País.

Entre los detractores, el informe recoge que hay un «74% de padres que teme un uso excesivo de las pantallas y de la IA en el entorno escolar»; el «83% de las familias españolas manifiesta preocupación por la privacidad y el uso de datos personales en aplicaciones educativas», y «el 53% de los padres no considera adecuado que los alumnos usen IA para hacer los deberes». Destaca también el hecho de que «sólo el 9% de los padres establece reglas claras sobre el uso de la IA para ayudar en los estudios».

Restricciones

Suecia, pionera en su día de la digitalización de las aulas, anunció en 2023 un cambio de rumbo en su estrategia para la educación, eliminando la digitalización obligatoria en menores de seis años para volver a la enseñanza tradicional en los primeros grados, centrándose en habilidades fundamentales como lectura, escritura y cálculo. El motivo de este cambio fueron los malos datos obtenidos por los alumnos suecos en el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS).

EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID APROBÓ UN DECRETO QUE ELIMINA EL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Medidas similares se están tomando en España. En concreto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en julio de 2025 un decreto que elimina desde este curso 2025/26 el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos públicos de la región y concertados y restringe el uso en cursos superiores. «El Consejo de Gobierno ha autorizado esta normativa autonómica para reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información, una medida pionera que beneficiará a más de 550.000 estudiantes», cita un comunicado de la Comunidad de Madrid al respecto. Otras comunidades que han limitado el uso de dispositivos en las aulas son Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Asturias y Cataluña. En todas ellas se promueve un equilibrio entre lo digital y lo tradicional.

Desde E-tic, un programa educativo dirigido a niños, niñas y adolescentes y cuyo objetivo es fomentar un uso responsable, ético y con criterio de las tecnologías, se hace hincapié en lo que apuntan los expertos: «Más allá de la prohibición del acceso, el trabajo debe centrarse en la regulación, la educación y el acompañamiento. Esto permitirá que los y las estudiantes no sólo aprendan a usar la tecnología de manera segura y responsable, sino que también desarrollen las competencias necesarias para aprovechar su potencial en beneficio de su aprendizaje y desarrollo personal».

Rendimiento escolar

Cataluña, País Vasco y Navarra, donde el uso diario de dispositivos alcanza hasta el 75%, son las que peores resultados obtienen en matemáticas, lectura y ciencias durante la última década, según el último Informe PISA. Por el contrario, en comunidades como Castilla León, Asturias y Cantabria, donde el uso diario de TIC se sitúa en torno al 37%, los alumnos tienen de media mejores resultados. En este sentido, cada vez más expertos coinciden en que una digitalización excesiva en las aulas no siempre tiene efectos positivos en el aprendizaje. «Uno de los principales problemas es la disminución de la comprensión lectora, la memoria de trabajo, la atención sostenida y el pensamiento abstracto cuando el soporte es digital», explica Telmo Lazcano, experto en Educación Digital. En su artículo Retos de la digitalización en el sistema educativo, publicado en octubre de 2025, subraya que «a diferencia del libro impreso y la escritura manuscrita, que facilita una lectura lineal, profunda y reflexiva, la pantalla tiende a promover una navegación fragmentada, hipertextual y superficial. Esta fragmentación no sólo afecta a la retención de información, sino también a la capacidad de análisis y síntesis, elementos clave en el aprendizaje significativo». Para Lezcano la principal conclusión es que «la digitalización educativa será una oportunidad sólo si logramos que esté al servicio del desarrollo integral del alumnado y no al revés».

Docentes en la era digital

Uno de los aspectos analizados en la citada feria SIMO Educación incidía en la importancia que, según los expertos, tiene actualizar infraestructuras tecnológicas y formar a docentes en competencias digitales, ya que en muchos casos, la falta de personal especializado compromete la protección de datos sensibles de estudiantes.

El Informe GoStudent 2025 pone de manifiesto que «el 75% del profesorado español declara no haber recibido formación específica sobre el uso de IA en la educación», mientras que «el 63% de los estudiantes españoles opina que sus profesores deberían tener más conocimientos sobre IA para poder guiarles mejor». En cuanto a los retos y actitudes del profesorado, «el 71% de los docentes españoles defiende que el acceso a la IA debe estar supervisado, pero no prohibido en las aulas» y un «60% teme que el uso excesivo de tecnología reduzca el esfuerzo y la autonomía de los alumnos». Entre las recomendaciones del informe se destaca la necesidad de «reafirmar la función insustituible de los y las docentes en la educación» y «promover y proteger las competencias profesionales docentes» con objeto de contrarrestar los «riesgos de desprofesionalización».

Cómo liquidar las cuentas cuando la pareja se rompe

Si llega el momento de cancelar una cuenta bancaria conjunta, hay varias cosas que debes considerar, especialmente cuando la cuenta se cierra por el fallecimiento de alguno de los titulares. Los principales inconvenientes se relacionan con la sucesión de los bienes, la fiscalidad y los posibles conflictos entre herederos. Aunque la cuenta sea compartida, al notificarse el fallecimiento, el banco suele bloquear o limitar la disposición de la parte del saldo que corresponde al fallecido. En las cuentas de titularidad indistinta, el cotitular superviviente generalmente puede seguir disponiendo de su parte del saldo (la mitad, salvo prueba de lo contrario) pero no de la parte del fallecido, la cual pasa a ser parte de la herencia. En las cuentas mancomunadas, la cuenta puede quedar bloqueada hasta que los herederos se acrediten y se realice el reparto. Además, hay que tener en cuenta las implicaciones fiscales porque la parte del saldo del fallecido se integra en el importe de la herencia y debe tributar en el Impuesto de Sucesiones. Si la cuenta se cancela de forma precipitada, pueden quedar domiciliaciones o recibos esenciales (suministros, seguros, hipoteca, pensión) pendientes de pago, lo que provocaría cortes de servicio, cargos por impago o problemas contractuales, ya que no habría una cuenta donde cargar o recibir esos pagos.

Otros enfoques

La Vanguardia: Se centra en el debate que hay con argumentos a favor y en contra del uso de ta-bletas en los centros educativos.

ABC: El reportaje da voz a padres contrarios a la digitalización en las aulas.

Extraconfidencial.com: El reportaje analiza la transformación de la educación tras la llegada de las nuevas tecnologías.

COMPARTIR

Cómo prepararse para las catástrofes

EN PLENO DEBATE

Cómo prepararse para las catástrofes

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y virulentos debido al cambio climático. El riesgo de inundaciones e incendios se ha incrementado considerablemente en el mundo y España no es ajena a esta situación.

MARTA RUIZ-CASTILLO

Mail: [email protected]
X: @MartaRuizCas

«Los recientes incendios han arrasado casi 400.000 hectáreas y más de 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, ocho personas han fallecido y más de 35.000 han sido evacuadas. El fuego ha provocado la pérdida de patrimonio natural y cultural, afecciones a la fauna, además de cortes de carreteras y daños en vías ferroviarias e infraestructuras», denunciaba Greenpeace este verano. Para la organización ecologista «el cambio climático hizo 40 veces más probable la ola de mega incendios vivida en España y Portugal». De hecho, 2025 está considerado como el peor año en las últimas tres décadas en cuanto a superficie quemada.

El Consejo de Ministros propuso el 26 de agosto la declaración de “121 zonas catastróficas” como consecuencia de los incendios e inundaciones ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de este año para que los damnificados pudieran solicitar las ayudas previstas en la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil. 114 correspondían a incendios forestales en situación operativa 1 o 2, registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Balears, La Rioja, Navarra y la Región de Murcia. Los siete avisos restantes correspondían a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y la Región de Murcia, según informó el Gobierno.

2025 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PEOR AÑO EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS EN CUANTO A SUPERFICIE QUEMADA

Coordinación y prevención
Cada vez más voces piden acciones coordinadas y dejar a un lado los intereses políticos ante los desastres naturales. Es el caso de Greenpeace que reclama «con urgencia una reacción desde todas las Administraciones para adaptar nuestro país y minimizar los impactos futuros para la sociedad” siendo la prevención un factor fundamental.

España cuenta con una amplia legislación en materia de prevención y gestión de incendios. El artículo 148 de la Constitución establece que las comunidades autónomas «podrán asumir» las competencias de los montes y aprovechamientos forestales y la gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus estatutos de autonomía.

La Ley de Montes es más explícita al indicar las competencias de las tres Administraciones, la central, la autonómica y la local y señala que «corresponde a las administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes».

En definitiva, las tres administraciones territoriales tienen competencias, de un modo u otro, en la prevención y gestión de incendios y exigen una acción coordinada. En el caso de la administración estatal, los departamentos afectados son el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Defensa con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el del Interior, encargado de activar el Plan General de Emergencias.

ESPAÑA HA REDUCIDO LA INVERSIÓN EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UN 51% ENTRE 2009 Y 2022

Prevención e inversión
Los incendios del verano pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la política contra incendios a través de los planes anuales, tal y como establece la Ley de Montes en su artículo 48 que señala que «las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente».

Ante las denuncias de bomberos forestales, asociaciones vecinales y organizaciones como Greenpeace; la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo envió el pasado agosto un escrito interno a los fiscales provinciales para comprobar los planes de prevención en las localidades más afectadas, según Europa Press y El País, que tuvieron acceso al informe del fiscal de Sala, Antonio Vercher.

En el caso concreto del incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos, que arrasó 2.000 hectáreas y provocó la muerte de una persona, Greenpeace y los bomberos denunciaron que el plan contra incendios del Gobierno autonómico de Madrid excluía a este municipio como zona de riesgo, al tiempo que criticaron la falta de medios e inversión para la extinción de fuegos cada vez más intensos y descontrolados.

En este sentido, cabe destacar que España ha reducido la inversión en prevención y extinción de incendios un 51% entre 2009 y 2022, últimos datos disponibles, según los estudios anuales de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). En el citado periodo el gasto ha pasado de 364,17 millones de euros a 175,8 millones.

Solidaridad del Notariado

Como ya es habitual cuando se produce una catástrofe, los notarios fieles a su vocación de servicio público y en solidaridad con todas las personas que han resultado damnificadas ofrecen asesoramiento gratuito. Y, tanto tras los incendios de este verano, como en anteriores ocasiones, como el incendio del Campanar (Valencia), la erupción del volcán de La Palma, o tras la Dana, por citar algunos ejemplos, los notarios pusieron en marcha “un servicio de localización y expedición de copias de las escrituras públicas que se pudieran requerir” así como dieron acceso a las personas afectadas a su Sede Electrónica Notarial www.portalnotarial.es para que pudiesen obtener de una forma rápida y sencilla, las actas notariales que necesitasen para gestionar las reclamaciones o ayudas por los daños causados en sus viviendas, vehículos, etc. El pasado 27 de octubre presentaron en el Colegio Notarial de Valencia el Plan Notarial de Emergencias. Más información en la página 4 y en las páginas 28 a 31 de esta revista.

Agencia Estatal para coordinación de emergencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 1 de septiembre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil. El objetivo principal es «mejorar la coordinación y la decisión compartida en situaciones de crisis» para «potenciar y garantizar el buen funcionamiento del sistema».

El anuncio se enmarcó dentro de su propuesta más ambiciosa de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. En él se incluyen otras medidas como la creación de fondos con recursos permanentes, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, para la reconstrucción y prevención; aumentar y mantener a lo largo de los 365 días del año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y para combatir los eventos climáticos extremos; avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI; reconocer y potenciar el papel esencial que el mundo rural desempeña en la protección medioambiental y en la lucha contra los eventos climáticos extremos; y adaptar la legislación y el territorio a unas temperaturas y a unas olas de calor que cada año van a ser, por desgracia, mucho más severas y mucho más prolongadas.

Para lograr el máximo consenso en torno al pacto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizó en octubre dos sesiones de trabajo con la participación de expertos, movimientos socioambientales, voluntarios y colaboradores de Protección Civil y otros colectivos de la sociedad civil. En relación con la gestión, los expertos coincidieron en la necesidad de un modelo que combine conservación, prevención y aprovechamiento sostenible, integrando la bioeconomía, los pagos por servicios ambientales y las nuevas tecnologías.

PARA SABER MÁS

The Conversation. Reportaje que aborda las causas de los incendios centrándose en los factores de riesgo.

El Confidencial. Estudio que analiza la tragedia de los incendios de este verano.

BBC: Reportaje que explica los incendios ocurridos en España durante el verano a partir de cuatro claves.

fiscalidad tributos

“Después de cuatrocientas mil hectáreas quemadas”, por José Manuel Benéitez

EN PLENO DEBATE

JOSÉ MANUEL BENÉITEZ BERNABÉ,

notario

LinkedIn: Jose Manuel Benéitez Bernabé

“Es imprescindible que todo lo relativo a lo forestal sea objeto de política de Estado, no de política de Gobierno”

Después de cuatrocientas mil hectáreas quemadas

Hace unos años se popularizó un anuncio en el que se hacía la pregunta acerca de a qué olían las nubes. Comprendo su impacto publicitario, pero yo, en mi fuero interno, siempre me respondía que a nada. Porque las nubes pueden tener las características que sean, pero no huelen a nada.

Viene esto a cuento porque muchas veces la realidad es la gran olvidada. Nos gusta formular teorías y que la realidad entre con fórceps al esquema que hemos planteado. No funciona. Las cosas, sencillamente, son como son y la acción tiene que acomodarse a la realidad y no al contrario.

Pues bien. Cuatrocientas mil hectáreas quemadas, con varios fallecidos. Un sistema de prevención y de actuación contra incendios insuficiente, descoordinado y que reacciona demasiado tarde a pesar de todo el esfuerzo humano desarrollado. Y un país que, queramos o no, tiene capacidad de albergar bosque, de tener monte como una riqueza excepcional. Pero no de regenerarlo a un plazo razonable.

¿Es el cambio climático el responsable o es la consecuencia de este escenario? Da igual. Vamos a lo que vamos. A qué hacemos. Porque lo previsible es que el próximo año suceda lo mismo. Y así año tras año.

La base de la solución es que el monte, y en general el medio rural, tenga la rentabilidad y el beneficio económico de explotación mínimos para poder vivir o para que merezca la pena su explotación. Póngase en valor aquello que lo ha perdido, y no para unos pocos, y ya se verá cómo el territorio se capilariza de nuevo con población. Que compense la ganadería extensiva, y eso será un factor de fijación de gente y de limpieza del monte. Y un territorio vivido, no con casas rurales de turismo, que están muy bien, sino con vecinos, con niños, con tiendas, es un territorio que va a cuidar su propio medio, porque le va, nunca mejor dicho, la vida en ello.

¿Qué soluciones cabe proponer? Para mí, las siguientes. Por un lado, es imprescindible que todo lo relativo a lo forestal sea objeto de política de Estado, no de política de Gobierno, con medidas de prevención a corto plazo, y objetivos a medio y largo plazo. No puede depender lo sustancial de vaivenes políticos o de cambios. Y si ha de ser política de Estado, lo ha de ser, al menos, con ámbito nacional.

Por otro lado, desde un punto de vista legislativo, hay que revisar unas Leyes de Montes de 2003 y de 2015, y legislación autonómica, que no han servido para proteger el monte, quizá y paradójicamente, por un mal entendido conservacionismo. Un monte sucio, sin cortafuegos cuidados, sin entresacas y sin limpias, muchas veces con sobrerregulación que hace que no sea rentable, es un monte perdido. Reducir la excesiva densidad dentro de la masa forestal y la materia seca por hectárea es básico. Y no puede tener en ningún caso la legislación sobre montes carácter ideológico, sino técnico. En España hay magníficos ingenieros de montes. Acudamos a su criterio y no a otros. No eres experto en montes porque te guste pasear por azagones o por haber visto Bambi a los seis años. Es otra cosa. Y, por cierto, y por si acaso, convendría también extender la prohibición de recalificación de montes quemados de treinta años a otros usos, como son su utilización para instalaciones de energía alternativa. Sin excepciones autonómicas. Solo por si acaso.

Es imprescindible además aprobar la Ley de Montes de Socios, que supondría la recuperación de la propiedad colectiva y de la rentabilidad del siete por ciento de los montes españoles. Conviene recordar que, sobre este tema, en el Senado, se aprobó una proposición de ley sin un solo voto en contra. Tanto los votos favorables como las abstenciones fueron perfectamente legítimas y justificadas, y las diferencias de los puntos de vista distintos de los diferentes grupos políticos son mínimas. Es necesario un esfuerzo político colectivo para desbloquear la situación existente. Sin hacer oídos a estrafalarios proyectos alternativos que obligan a convertir los montes de socios en sociedades mercantiles, haciendo desaparecer a aquellos. Me resulta extraño imaginar a un fondo de inversión que dedique el monte a explotación de energías alternativas cuidando además de las suertes de leñas, de las limpias, de la explotación micológica, y de los aprovechamientos cinegéticos. Muy extraño.

Y es también imprescindible desarrollar y regular los modelos de gestión de territorio y de recuperación de propiedades rurales abandonadas. En esto supone un avance el Proyecto Reconecta, en el que participa el Consejo General del Notariado.

Además, en la lucha contra el fuego, no cabe otra cosa que dignificar la profesión de bombero forestal, completando su función con tareas silvícolas de prevención y limpia fuera de temporada de incendios, y sobre todo crear un mando operativo unificado con capacidad de respuesta inmediata y con los medios suficientes. Parece mentira que, veinte años después del incendio del Alto Tajo, siga habiendo descoordinación entre Administraciones y no hayamos aprendido nada. Voy más allá, porque los desastres no entienden de competencias territoriales ni de rayas. ¿Por qué no hacer ese mando único a nivel ibérico, con Portugal? La idea no es nueva. Los Estados Unidos y el Canadá tienen algo parecido. Y la idea es válida, desde luego, para el resto de catástrofes naturales.

Por último, hay que repoblar zonas en proceso de desertificación, con las especies arbóreas adecuadas a cada zona. Contamos hoy con medios informáticos de vigilancia y de gestión forestal, de vigilancia y de plantación por drones, con los que no se contaba hace años. Y se las arreglaron para reforestar tres millones de hectáreas.

Son solo unas ideas a vuelapluma puestas encima de la mesa, recordando las palabras de Rodríguez de la Fuente: “Dios perdona siempre. El hombre, algunas veces. La naturaleza, nunca”.

fiscalidad tributos

CUADERNILLO EL NOTARIADO INFORMA

EN PLENO DEBATE

Las viviendas de la España despoblada

Medidas para el desarrollo rural

El Notariado ante la crisis de la vivenda

Otros enfoques

COMPARTIR

EN PLENO DEBATE

El notariado como motor de la España rural

COMPARTIR

EN PLENO DEBATE

El mundo rural: esencial para los nuevos notarios

COMPARTIR

EN PLENO DEBATE

Nucleares sí, nucleares no

Europa en datos

Cierre de centrales

Otros enfoques

COMPARTIR

LA @

Cierre nuclear: la obstinación española

COMPARTIR

EN PLENO DEBATE

EL LARGO CAMINO DEL ACUERDO UE-MERCOSUR

25 años de negociaciones

Incertidumbre

Otros enfoques

COMPARTIR

ESPACIO ÆQUITAS

Regresos Inesperados

COMPARTIR

EN PLENO DEBATE

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN

Docentes en la era digital

Cómo liquidar las cuentas cuando la pareja se rompe

Otros enfoques

COMPARTIR

Cómo prepararse para las catástrofes

MARTA RUIZ-CASTILLO

Solidaridad del Notariado

Agencia Estatal para coordinación de emergencias

PARA SABER MÁS

JOSÉ MANUEL BENÉITEZ BERNABÉ,

“Es imprescindible que todo lo relativo a lo forestal sea objeto de política de Estado, no de política de Gobierno”

Después de cuatrocientas mil hectáreas quemadas

¿Quieres recibir una notificación con el próximo número de Escritura Pública?