Afrontar emergencias climáticas

EN PLENO DEBATE

AFRONTAR EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

La DANA que el 29 de octubre provocó la mayor tragedia de nuestra historia reciente con 225 fallecidos confirmados y numerosos pueblos arrasados por las inundaciones, ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar de forma multidisciplinar para afrontar emergencias climáticas cada vez más recurrentes e intensas.
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La DANA afectó al sureste de España y arrasó varios municipios valencianos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Uno de los principales focos de atención a la hora de prevenir las consecuencias de las catástrofes climáticas tiene que ver con el urbanismo y las infraestructuras. En España «más de tres millones de habitantes viven en zonas inundables», según el estudio de la Universidad de Almería titulado Una aproximación a la exposición al riesgo de inundación fluvial en España a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, publicado en la revista científica Geomatics, Natural Hazards and Risk. Los resultados muestran, por primera vez, la distribución para el conjunto del país de la exposición de la población, que afecta al 6,9% de la española, y de las pérdidas económicas potenciales, que ascienden al menos a 122.132 millones de euros. Los resultados también indican una mayor concentración de exposición a lo largo de la costa mediterránea. «Los datos obtenidos permiten fortalecer el debate sobre la gestión del riesgo de inundación y contribuyen a mejorar los procesos de toma de decisiones. En concreto, pueden contribuir a mejorar políticas sectoriales de mitigación, adaptación y respuesta al riesgo como la ordenación territorial, la planificación urbana o la protección civil», informa la universidad. Además, «al presentar datos por primera vez para el conjunto de España, los resultados también son útiles para mejorar la educación y preparación ciudadana, al incrementar la sensibilización sobre el riesgo de inundación».

El Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, «un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa». Se trata, en definitiva, de adaptar el urbanismo y las infraestructuras a la nueva realidad producida por un cambio climático que, según los expertos, provoca fenómenos naturales cada vez más extremos.


UNO DE LOS PRINCIPALES FOCOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS ES EL URBANISMO


La financiación

Sólo una pequeña parte de la financiación pública y privada se destina a la prevención de desastres, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés). «La creciente complejidad del mundo significa que los riesgos y las medidas de desarrollo no pueden aislarse. Si queremos prevenir futuros desastres y crisis necesitamos un enfoque holístico para abordar los riesgos relacionados y cómo influyen en los resultados que nos importan», mantiene Loretta Hieber Girardet, jefa de la Subdivisión de Conocimiento de Riesgos, Monitoreo y Desarrollo de Capacidades de la UNDRR.

El presupuesto para 2025 de la Unión Europea (UE) acordado en noviembre entre el Parlamento Europeo y los países miembros incluye el adelanto de asignaciones de pago de hasta 3.000 millones de euros para brindar apoyo a las regiones afectadas por desastres naturales, incluidas las recientes inundaciones en España. Una vez confirmada la base jurídica, los Estados miembros podrían utilizar hasta el 10% de los fondos existentes de la Política de Cohesión para prevenir y recuperarse de tales desastres, siempre que presenten un programa modificado a la Comisión.


LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ESTABLECE LAS COMPETENCIAS DE CADA ADMINISTRACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA


«El acuerdo sobre el presupuesto para 2025 demuestra la capacidad de la UE para actuar y adaptarse durante estos tiempos de incertidumbre. Se basa en la revisión intermedia de los límites de gasto en el marco financiero plurianual y aborda los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, incluidos los desastres naturales», enfatizó Johan Van Overtveldt (ECR, BE), presidente de la Comisión de Presupuestos tras el acuerdo alcanzado.

Estar preparados para situaciones climáticas extremas como inundaciones torrenciales, incendios cada vez más gigantescos o sequías más prolongadas, exige un sistema de información completo y comprensible para el conjunto de la sociedad. Las diferentes Administraciones coinciden en que las actividades de prevención y preparación mitigan los efectos de las catástrofes. El Gobierno, con el apoyo de la UE, considera necesario promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, que incluya conocimientos y actitudes de autoprotección, «reforzando las capacidades de resiliencia ante emergencias súbitas e inesperadas». También es fundamental «promover programas de educación para la prevención en centros escolares», así como adoptar protocolos de gestión y comunicación de situaciones de crisis en coordinación con la UE y otros organismos internacionales de referencia.

Competencias institucionales

En España, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de julio de 2015 establece las competencias de cada Administración ante situaciones de emergencia. Las líneas de acción estratégica incluyen la adopción de «un enfoque integrador y potenciador de las actuaciones entre administraciones» y protocolos de actuación coordinada de las diferentes partes involucradas. Los niveles de alerta según la citada ley son: la situación operativa 1, que puede afectar a uno o varios municipios y en la que la dirección de la emergencia es responsabilidad de la Comunidad Autónoma; situación operativa 2, que puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad y la dirección la ejercen igualmente el Gobierno autonómico en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales necesarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME); y situación operativa 3, que se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por el Ministerio del Interior. Este nivel implica que el ministerio asume la gestión y coordinación de recursos, como movilizar efectivos. Por último, está la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno. Esta fase no depende únicamente del Estado sino también del presidente de la comunidad, que podrá solicitar al Gobierno esta declaración.


EL PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2025 INCLUYE
EL ADELANTO DE HASTA 3.000 MILLONES DE EUROS PARA APOYAR A LAS REGIONES AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES


La UE, por su parte, puede activar el Mecanismo de Protección Civil para organizar y coordinar una respuesta de emergencia entre los Estados participantes, que incluye a todos los países miembros de la UE, así como a otros 10 países europeos. Ofrece apoyo logístico y operativo sobre el terreno para mejorar la prevención, la reparación y la respuesta a los desastres.

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Las lluvias torrenciales golpearon duramente el área metropolitana de la capital valenciana, afectando a casi una quinta parte de su población.
Peticiones del sector empresarial
Debido a la Dana, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, solicitó al Gobierno la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley similar al impulsado tras la destrucción causada por el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, con medidas urgentes para la reparación de los daños y la reconstrucción económica y social. Un ‘Plan Marshall’ con cuatro puntos:
  • La adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a los afectados por la DANA en la provincia de Valencia, así como, para la reparación de sus consecuencias y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental.
  • Ayudas en el ámbito laboral y de Seguridad Social, incluyendo la posibilidad de aplicar expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) específicos para los casos de fuerza mayor derivados de la DANA y la suspensión total de obligación de pago de cotizaciones por las empresas, exonerando de su pago a la Seguridad Social durante la duración del ERTE.
  • Beneficios fiscales y financieros que permitan aplazar o reducir las cargas tributarias y simplificar los trámites administrativos para las empresas y autónomos. En el ámbito financiero se solicitó la creación de líneas de liquidez e inversión para los afectados.
  • Incentivos para la reactivación económica que faciliten la recuperación de todos los sectores afectados. Según Navarro «la reconstrucción no sólo debe abarcar la recuperación de infraestructuras y servicios, sino incluir también un enfoque de apoyo integral que garantice la continuidad de la actividad económica y el bienestar social de los afectados”.
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Más de tres millones de españoles viven en zonas inundables.
OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

 

METODE.ES: Analiza los factores humanos y políticos de la devastadora DANA ocurrida en la provincia de Valencia más allá del factor puramente climático.

ETHIC: En este artículo el autor propone escuchar más a los científicos y rearmar las políticas públicas y privadas para que ciudades y ciudadanos estén preparados para prevenir y hacer frente a otras posibles catástrofes medioambientales.

FORBES: Analiza el ‘Plan Marshall’ que piden las empresas tras más de 10.000 millones de pérdidas por la DANA.

«La adaptación al cambio climático pasa por adecuar el urbanismo», por José Luis Gallego

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JOSE LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“Es necesario reordenar nuestra ocupación del territorio para eludir el riesgo”

La adaptación al cambio climático pasa por adecuar el urbanismo

Los científicos que monitorizan la evolución del cambio climático no dejan de señalar en sus informes que la gran región del Mediterráneo es uno de los lugares que van a verse más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos. Unos fenómenos que desde siempre han caracterizado al clima mediterráneo, es cierto, pero que cada vez van a ser más violentos, persistentes y recurrentes como consecuencia del calentamiento global.

Desde períodos de sequía cada vez más largos y recurrentes, hasta olas de calor más extremas; desde episodios de frío intenso y súbitas nevadas, hasta borrascas más potentes que generan lluvias torrenciales y provocan graves inundaciones. Todo eso está ocurriendo ya, y según los científicos va a ir a peor a medida que el cambio climático avanza hacia los peores escenarios.

Como ocurre en el Golfo de México, donde las aguas recalentadas del Atlántico nutren de energía a los huracanes y elevan su potencia destructiva, en nuestras latitudes la elevada temperatura del mar Mediterráneo hace que las situaciones de inestabilidad atmosférica den lugar a episodios tormentosos cada vez más intensos y virulentos. Algo que ha venido a demostrar las situaciones de depresión aislada en niveles altos (DANA) que han causado graves inundaciones en las comunidades del mediterráneo español, con un elevado coste en daños económicos y, lo que es mucho peor, en vidas humanas.

Ante este inquietante escenario, el gobierno español mantiene activo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Un programa de trabajo que, iniciado en 2006, tiene por principal objetivo promover una respuesta coordinada a los efectos del cambio climático en nuestro país a fin de “construir una economía y una sociedad más resilientes”.

En el preámbulo de este plan de acción se reconoce que “España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático”, destacando a continuación que “las grandes ciudades de la costa mediterránea –pilares fundamentales de la riqueza de nuestro país– sufrirán los efectos de forma especialmente intensa”. Unas áreas metropolitanas que, como la Horta Sud de Valencia, están ubicadas en las planas aluviales y atravesadas por torrentes, rieras y ramblas que pueden convertirse en anchurosos ríos en apenas unas horas.

En nuestro país, las proyecciones de los climatólogos y los estudios elaborados por geógrafos, hidrólogos o ingenieros (entre otros científicos) destacan que los entornos urbanos que se sitúan en o junto al dominio público hidráulico se van a ver especialmente expuestos a las inundaciones. Unas inundaciones que se ven favorecidas por la extensión de amplias superficies cementadas e impermeables. Basta con observar los mapas municipales.

Allí donde había bosques de ribera ahora hay aparcamientos, allí donde se extendían las praderas de inundación ahora se ubican centros comerciales, recintos feriales o polígonos industriales, cuando no hospitales o escuelas. Unas ubicaciones inadecuadas que impiden la esponjosidad natural del terreno y favorecen la escorrentía de las aguas, que va ganando velocidad en su descenso incrementando la potencia y la capacidad destructiva de las riadas.

Frente a esta realidad, el último informe sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático publicado por el panel de expertos de la ONU, el famoso IPCC, señala la alta responsabilidad de la gobernanza a la hora de prevenir y reducir la exposición de los ciudadanos a este tipo de riesgos. “Los fracasos en prevención -señalan en este trabajo- pueden deberse tanto a problemas de financiación o de acceso a la tecnología adecuada, como al error de atender prioridades contrapuestas”.

Es decir, que a la hora de proteger a los ciudadanos de los riesgos climáticos, es tan importante disponer de los medios adecuados como tomar las decisiones convenientes. Algo que por desgracia hemos podido comprobar con la catástrofe climática de Valencia y la gestión de la emergencia.

Unas decisiones que, para ser eficaces, deben basarse en el conocimiento científico frente a cualquier otro interés. Porque como vienen alertándonos, el calentamiento global va a ser cada vez más severo y el riesgo cada vez más inminente. Por eso entre las principales decisiones desde una gobernanza responsable está la de adaptar el urbanismo y la edificación al escenario climático hacia el que avanzamos.

Es necesario revisar la planificación territorial y urbana de las zonas más vulnerables y tomar las decisiones oportunas vinculadas a la situación de emergencia climática declarada por el Gobierno en enero de 2020. Una declaración que en su tercer punto hace un llamamiento a “invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático”. Tan solo hay que actuar en consecuencia para proteger a la población que se asienta en zonas de fenómenos meteorológicos extremos. Unos fenómenos reforzados por el cambio climático y capaces de manifestarse con la potencia destructiva de la DANA, que han sufrido este otoño las comunidades del Mediterráneo, causando la mayor tragedia de la historia reciente de España en Valencia. Y unos fenómenos que, como llevan advirtiendo los científicos desde hace décadas, van a ser cada vez más violentos y recurrentes.

Por eso es necesario reordenar nuestra ocupación del territorio, adecuar el urbanismo y las infraestructuras a los mapas de riesgo elaborados por los expertos; abandonar las zonas inundables y recurrir a soluciones basadas en la naturaleza. De lo contrario, si persistimos en reconstruir las infraestructuras y mantener nuestros asentamientos en los dominios hidráulicos, volveremos a vernos expuestos al riesgo. Porque como hemos aprendido amargamente este otoño, el agua tiene memoria, y volverá más pronto que tarde y con mayor virulencia.

¿Es España un país urbanita?

EN PLENO DEBATE

¿Es España un país urbanita?

El 83,3% de los españoles vive en ciudades, principalmente en las grandes urbes, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Solo el 13% reside en zonas rurales, lo que supone la mitad de la media europea, que alcanza el 26%. Sin embargo, cada vez existe un interesa mayor por vivir en los pueblos y teletrabajar desde allí.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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En España, según el INE, un total de 3.150.000 personas trabajan en su domicilio particular.

España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más densidad de población urbana, detrás de los Países Bajos y Malta, según Eurostat. Sin embargo, hay encuestas que muestran un creciente interés de los españoles por vivir en zonas rurales. Así se refleja, por ejemplo, en el Análisis sobre la España Vaciada realizado por el portal inmobiliario Fotocasa que indica que «el 61% de los ciudadanos mayores de 18 años demandantes de vivienda tiene planes reales o, al menos, interés por mudarse a una zona rural, aunque sólo uno de cada diez se trasladaría a un pueblo de menos de 100 habitantes».

 


SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA, “EL 42% DE MUNICIPIOS ESPAÑOLES ESTÁ EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN”


 

Por comunidades, los catalanes y madrileños son los que más aspiran a mudarse a un pueblo y los valencianos los que tienen más planes reales de hacerlo. Por edad, la población de entre 35 y 54 años es la más interesada en vivir en el entorno rural y la de entre 25 y 34 la menos dispuesta a este cambio.

Pros y contras. Dar este paso depende de muchos factores. Hay ventajas de las que disfrutan las personas que viven en zonas rurales, incluyendo más espacio, una mejor calidad de vida, menores costes y menos contaminación. Unas ventajas que suelen verse superadas por limitaciones como las menores oportunidades de empleo, las infraestructuras más débiles, y la mayor dificultad para acceder a servicios públicos y comerciales.

Cuando las limitaciones superan a los beneficios, muchas personas suelen optar por abandonar las regiones rurales en busca de mayores oportunidades. «Esto puede reducir la tasa de natalidad y la tasa de cambio de la población natural en algunas regiones predominantemente rurales, lo que resulta en un envejecimiento de la población y un menor número de personas en edad de trabajar», señala Eurostat.

El 42% de municipios españoles está en riesgo de despoblación, según datos del Banco de España. Una cifra que es considerablemente más alta que la del conjunto de la eurozona (con un 10%) y sólo es superada por Letonia (con un 50%), Finlandia (con un 56%) y Estonia (con un 58%).

 


EL PACTO RURAL ADOPTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA BUSCA CONSEGUIR «ZONAS RURALES MÁS FUERTES, CONECTADAS Y PRÓSPERAS PARA 2040”


 

Revertir la tendencia. Ante la España vaciada hay un creciente interés por parte de las autoridades nacionales y comunitarias de adoptar medidas que eviten que ese éxodo provoque la desaparición de numerosos núcleos rurales. El Plan de Recuperación: 130 frente al Reto Demográfico, aprobado por el Gobierno en 2021, incluye diez ejes estratégicos con un presupuesto de 13.000 millones de euros para revitalizar las zonas rurales. Entre sus objetivos están el impulso a la transición ecológica y digital, al desarrollo e innovación en el territorio, o al fomento del emprendimiento, entre otros.

Por su parte, el Pacto Rural adoptado por la Comisión Europea (CE) es una política dirigida a conseguir unas «zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040». Durante el período 2021-2027 se está centrando en cinco prioridades clave de inversión: una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; más verde y libre de carbono; con mayor conectividad, con redes estratégicas de transporte y digitales; y más social. También una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando estrategias de desarrollo dirigidas a nivel local y un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Teletrabajo. En España, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE correspondiente al segundo trimestre de 2024, un total de 3.150.000 personas trabajan en su domicilio particular, casi un 15% de la población activa. Estas cifras están por debajo de 2020, coincidiendo con el periodo del confinamiento por la pandemia, cuando teletrabajaba el 16,2% de los ocupados.

Dentro de la UE, estamos lejos de otros países donde el teletrabajo está más generalizado. En Europa teletrabaja, de media, el 9% de los trabajadores, siendo los países donde más expandida está esta práctica Finlandia (alcanzando un 22%) e Irlanda (con un 21%) así como Suecia y Bélgica (con un 14%) y Países Bajos, Luxemburgo y Alemania (con 13%), según datos de Eurostat de 2023.

Según una encuesta realizada por el portal de empleo InfoJobs, para los usuarios, las ventajas del teletrabajo son principalmente el tiempo ahorrado en los desplazamientos, la comodidad y la mejora de la conciliación. Los encuestados también destacan la flexibilidad que permite el teletrabajo (en un 47%), el ahorro de dinero en desplazamientos (en un 44%) o la posibilidad de trabajar desde otros lugares (con un 37%).

Reto demográfico. Mientras el campo siga siendo una opción más que una realidad, la densidad de población en las grandes ciudades y sus alrededores sigue aumentando. Se estima que el número de habitantes en la UE alcanzará su punto máximo en 2026 y que después disminuirá cada año hasta 2050. Esta proporción aumentará en las regiones predominantemente urbanas, con un porcentaje cada vez mayor de la población concentrada en estas regiones. La densidad de población en regiones urbanas aumentará en 16 de los 24 Estados miembros. Sólo en Suecia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda se prevé que aumente la densidad de población en las regiones rurales.

OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

The Conversation. Analiza el proceso de despoblación en España y la importancia de la conectividad física y digital.

Ethic. Radiografía de la evolución del teletrabajo en España y comparativa con los países de la Unión Europea.

El Orden Mundial. A partir de informes de la Comisión Europea, el reportaje aborda los cambios de población en las ciudades de la Unión Europea.

«¿Humo o escarcha?», por Casimiro García-Abadillo

EN PLENO DEBATE

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de El Independiente

“El teletrabajo es, sin duda, una herramienta para redistribuir a la población”

¿Humo o escarcha?

La densidad de población y la renta van de la mano. Si se comparan los datos entre comunidades autónomas, la fotografía muestra con crudeza ese paralelismo. La densidad de población de Extremadura (con datos de 2023) es de 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado; su renta -PIB por habitante- es la más baja de España, con 21.343 euros. Le siguen Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Estas cinco autonomías, que están entre las de menor renta, suponen más de la mitad del territorio.

La comunidad más poblada es Madrid, con 856 habitantes por kilómetro cuadrado, y su renta per cápita (38.435 euros) casi duplica a la de Extremadura.

La población se concentra en las ciudades y sólo un 13% vive en zonas rurales. Ese dato es coherente con los de población y renta. Esa es la realidad y tiene toda la lógica. La gente quiere vivir mejor y tener un futuro para sus hijos, lo cual significa buena calidad de la enseñanza, servicios públicos y oportunidades para lograr un empleo.

Luego está la ensoñación. Las ciudades implican tensión, angustia, contaminación, aglomeraciones, etc. Entre un atasco en una de las entradas a Madrid, Barcelona o Valencia a las ocho de la mañana, y la imagen idílica de un huerto y el trino de los pajarillos en los Montes de Toledo, la elección está clara. Pero, ¿quién está dispuesto a dejar su empleo para vivir del campo?

La visión naif de las zonas rurales es propia de urbanitas que creen que ir al campo consiste en pasar un fin de semana en una casa rural y admirar un rebaño de ovejas a la caída del sol.

La vida en el campo es muy dura. No sólo por el trabajo físico que conlleva, sino porque la rentabilidad de las explotaciones agrarias está siempre al albur de imponderables como la climatología, las plagas o vaivenes de precios en los que los pequeños agricultores no tienen ni arte ni parte. Por no hablar de las campañas que a menudo les demonizan. Como, por ejemplo, la que estuvo a punto de arruinar a los ganaderos cuando desde el Gobierno se patrocinó una ofensiva mediática contra la sana costumbre de comer carne de vez en cuando.

Por mucho que se empeñen algunos, será difícil que un número significativo de personas se vayan a vivir a las estepas de Teruel, zonas en las que incluso a veces no hay cobertura para el móvil, ni internet para poder trabajar. Los turolenses, como los extremeños o castellano leoneses, tienen todo el derecho del mundo a exigir escuelas, sanidad y oportunidades como los que viven en Madrid o en Barcelona, pero esa aspiración es una quimera, o lo que es peor, una reivindicación demagógica con fines espurios. Porque, nos guste o no, los servicios están en función de la población. Una gran empresa siempre preferirá instalarse en un gran núcleo urbano, bien comunicado por aeropuerto, puerto o carretera, con universidades de prestigio cercanas en las que nutrirse de profesionales, que apostar por una zona despoblada y carente de atractivo.

El teletrabajo es, sin duda, una herramienta para redistribuir a la población, pero lo que nos ha demostrado este fenómeno extendido tras el Covid es que los profesionales que pueden teletrabajar (que son una minoría) prefieren irse a la costa e instalarse en ciudades de tamaño medio bien comunicadas, con buen clima y vistas al mar.

 


LA POBLACIÓN SE CONCENTRA EN LAS CIUDADES Y SÓLO UN 13% VIVE EN ZONAS RURALES


 

De todas formas, la diferencia en la calidad de vida entre la ciudad y las zonas rurales se ha reducido mucho en los últimos años. España es una potencia en productos agrícolas y la ganadería ha ganado en productividad y en calidad. Castilla-La Mancha, por ejemplo, no es sólo la principal zona vinícola de Europa, sino que sus vinos se sitúan entre los mejores y más reconocidos a nivel internacional, compitiendo con denominaciones de origen tan afamadas como Rioja o Ribera. La industria alimentaria es el motor de la economía en Castilla y León. Extremadura ha hecho del turismo una recurrente fuente de ingresos, aprovechando sus parajes naturales únicos y la belleza de sus pueblos y ciudades.

Vivir en una de las regiones menos pobladas y con menor renta no es un drama. Pero, para seguir acortando distancias con las zonas de mayor densidad, hay que explotar los propios recursos utilizando tecnología punta. Es decir, generando riqueza.

Hay poblaciones de tamaño medio, como Talavera de la Reina, que han aumentado significativamente su población y su renta en los últimos cuarenta años. Es un modelo a seguir. Lo que no tiene sentido es reivindicar los núcleos pequeños y aislados.

En fin, todo tiene pros y contras. Nadie nos obliga a vivir en Madrid o en Barcelona. Desde luego, los precios de la vivienda son mucho más baratos en Huesca o en Albacete. Pero tenemos que elegir. Humo o escarcha. Esa es la cuestión.

La necesidad de impulsar la industria española

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La necesidad de impulsar la industria española

La producción industrial se contrajo un 0,8% en 2023, según la Contabilidad Nacional del INE, que destaca cómo la industria sigue perdiendo empleo. Desde la crisis de 2008, la industria ha perdido 345.359 puestos de trabajo mientras el empleo crece en otros sectores como la hostelería. Organizaciones empresariales y Gobierno coinciden en buscar soluciones para recuperar un sector que es clave para el crecimiento económico del país.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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Los expertos advierten de una amenaza de “desaceleración intensa” en la eurozona.

La industria española representa el 16,7% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea al 12,9% de la población en edad de trabajar. En el conjunto del año 2023, la producción industrial bajó un 0,8%, según datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sectores, Energía (1,9%) presentó la mayor tasa anual. Por el contrario, Bienes de consumo duradero (-6,0%) registró la tasa más baja. Esta tendencia rompe el ciclo de crecimiento de los últimos años, a excepción de 2020, año de la pandemia. En el primer trimestre de 2024, la industria española se recuperó algo hasta situarse en un 0,6% en marzo.

En la zona euro, la producción industrial registró en enero de 2024 un descenso del -3,2% y del -2,1% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -6,7% y -5,7%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2023. Las variaciones de España, Alemania y Francia fueron del +0,9% (0,0% frente a 2023), +0,6% (-5,4%) y -1,0% (+1,0%) respectivamente, de acuerdo con los datos de Eurostat publicados en marzo de 2024.


LA INDUSTRIA ESPAÑOLA REPRESENTA EL 16,7%
DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) Y EMPLEA AL 12,9% DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR


Situación actual

La demanda en la industria española se debilita y los expertos advierten de una amenaza de “desaceleración intensa” en la eurozona, ya que la industria ha sufrido la mayor contracción en los tres últimos años. La mayoría de los profesionales del sector (74%) considera que «estamos ante una situación estructural -España es, cada vez más, una economía de servicios, con baja productividad, con la competencia de países extracomunitarios, el elevado endeudamiento público, desempleo, inflación, etc.-«, frente al 26% que opina que es coyuntural por la incertidumbre provocada por la formación de Gobierno, la desaceleración de la demanda externa u otros factores externos que generan inestabilidad. Esta es una de las principales conclusiones del VII Barómetro Industrial correspondiente a 2023 publicado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Colegio de Economistas de España en febrero de este año.

De acuerdo con el barómetro, el 53% de los profesionales considera que «la pérdida de competitividad de la industria española es el principal motivo de la merma De su peso en el PIB español», mientras que un 30% cree que se debe a la falta de inversión en el sector industrial en I+D+i. El 81,57% cree que se debería generar un tejido industrial manufacturero en torno al sector energético.

En el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2023 que se incluye en el Barómetro, donde se analiza la situación de la industria española desde el punto de vista económico, se constata que la recuperación del sector ha sido más débil de lo que se podría esperar. En cuanto al peso del empleo en la industria sobre el total nacional, muestra una preocupante desaceleración durante el segundo trimestre de 2023, donde pasó del 13,6% del empleo total en el primer trimestre al 12,9%.

En la comparativa europea, España ocupa el sexto lugar en el número de empresas (7,85% del total) y el cuarto lugar en el volumen de cifra de negocios (6,46% del total). En cuanto al número de trabajadores del sector industrial de cada país, en relación con el total de la UE, España ocupa el quinto lugar con el 6,80% de los trabajadores del total de la Unión.

El Gobierno, a través del Componente 12 del Plan de Recuperación, propone medidas concretas para hacer frente a los principales retos de la política industrial, con una inversión estimada de 8.356,5 millones de euros de los cuales 6.031,5 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.


ASOCIACIONES DEL SECTOR Y GOBIERNO CENTRAL ESTÁN DE ACUERDO EN LA NECESIDAD DE APROBAR UNA LEY DE INDUSTRIA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA


Nueva Ley de Industria

Asociaciones del sector y Gobierno central están de acuerdo en la necesidad de aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica que incorpore las nuevas realidades y la transformación de la economía española hacia un modelo más verde y sostenible de acuerdo con el Plan Industrial del Pacto Verde aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas e impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática.

Esta reforma legal proporcionará nuevos instrumentos de política industrial como los denominados Proyectos de Interés Estratégico Estatal, la ventanilla única digital, un Consejo Estatal de Política Industrial, un nuevo mecanismo para la gestión de procesos de reindustrialización, y una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), según informó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El impulso a la competitividad de las empresas industriales pasa por medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria. “Aspiramos a que estas alegaciones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, concluyó Reinoso, para quien “una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón, manifestó durante la presentación del Barómetro que los problemas estructurales percibidos por la mayoría de los profesionales tendrían que afrontarse en la nueva Ley de Industria. En su opinión, la norma «debería apostar por la autonomía estratégica y considerar las zonas despobladas como eje del nuevo desarrollo industrial que dé soporte a la transición energética y la descarbonización de la economía”.

Retos de la industria española

Entre los retos del sector industrial destacan la transformación digital; el refuerzo de su peso en la economía española y el aumento de la dimensión de las empresas industriales; y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua, los residuos, la energía y de los recursos, emisiones y energías renovables en el marco de la economía circular. «España dispone de un importante tejido productivo en algunos sectores que serán clave para abordar la transición ecológica y la transformación digital de la economía y se impulsarán mediante el Plan de Recuperación del Gobierno. Entre ellos cabe destacar la automoción y su transición hacia el vehículo eléctrico, el sector agroalimentario, el de la salud, el sector aeronáutico o el naval, entre otros».

España ocupa en la UE el sexto lugar en número de empresas y el cuarto en volumen de negocios.
Demandas del sector
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa el 60% de la producción industrial de nuestro país, considera positivo un nuevo marco legislativo, aunque reclama una mayor concreción en cuanto a las medidas y herramientas con las que deberá materializarse. En un comunicado hecho público en julio, la Alianza considera esencial establecer plazos concretos para la aplicación de medidas, así como que la futura ley se comprometa a destinar recursos humanos y financieros. Para impulsar una verdadera reindustrialización de España resulta fundamental que la norma contemple la simplificación de la burocracia administrativa, “y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido”, así como «garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales», subrayó Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.

OTROS ENFOQUES

Industry talks: El reportaje aborda los retos de la industria española para 2024 y los problemas que se vislumbran a partir de las previsiones de las empresas.


El economista: El autor analiza las causas de la pérdida de empleo en la industria, sobre todo en las economías desarrolladas.


Expansión: La información se centra en las claves para entender la evolución de la producción industrial durante el último año.

«Las claves para una industria más competitiva», por Carlos Reinoso

EN PLENO DEBATE

CARLOS REINOSO,

portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

“El Anteproyecto de Ley de Industria debe ganar en ambición y concreción para que no se quede en buenas intenciones”

Las claves para una industria más competitiva

Ser competitivo hoy en día es un must. Sobre todo, en el plano económico y empresarial. Porque una empresa, un sector, un país necesita ser competitivo, no solo para sobresalir, sino que es requisito para mantenerse e, incluso, para sobrevivir. Y también requiere de ese marco y ese apoyo necesarios para desarrollar todo su potencial.

Europa es consciente de ello. Tras las recientes elecciones europeas, se están sentando las bases para crear ese necesario marco que permita a la Unión Europea lograr una industria, con medidas que potencien su competitividad industrial en el contexto global. El escenario creado para ello es el Clean Industry Deal, presentado por Ursula von der Leyen tras su reelección, y orientado a descarbonizar y reindustrializar la economía europea.

Para articularlo, se propone un nuevo Fondo Europeo de Competitividad, basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. Porque, como venimos advirtiendo diferentes voces, ayudas como los Fondos Next Generation, aun siendo positivas, tienen un efecto limitado, yendo en detrimento de países con menor capacidad fiscal y de financiación para poder desplegarlas. Esto afecta negativamente a su capacidad para competir en igualdad de condiciones, y, en consecuencia, lastra la competitividad industrial y económica de la UE.

Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española venimos promoviendo desde hace tiempo un escenario en esta línea para la industria.

Y es que impulsar la mejora continua de la competitividad industrial en nuestro país permitiría desarrollar un tejido empresarial de alta productividad y valor añadido, con una potente capacidad exportadora y de inversión en I+D+i y tecnologías avanzadas.

Además, atraería el establecimiento de grandes proyectos industriales en territorio nacional, lo que tendría un destacado impacto en el aumento del tejido industrial, pilar para establecer un modelo económico sólido y generador de empleo de calidad, estable y cualificado.

En estos momentos, el Ministerio de Industria y Turismo se encuentra diseñando un nuevo escenario para impulsar la industria española conforme a lo establecido por el Clean Industry Deal europeo. El primer paso para definir el nuevo escenario ha sido la presentación a comienzos de julio del Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Tras el análisis de ese primer esbozo del proyecto, desde la Alianza consideramos positivo el marco que propone. ¿El ‘pero’ que le vemos? Que debe ganar en ambición y concreción para que no se quede en buenas intenciones. Sin el debido aterrizaje y sin los recursos humanos y financieros necesarios, las intenciones que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España no serán factibles.

En esta línea, el compromiso de recursos financieros resulta imprescindible para poder financiar los proyectos y programas que plantea. De no ser así, dependerían de una eventual dotación presupuestaria si las circunstancias lo permiten.

Desde el plano de los recursos humanos, si contáramos solo con los actuales equipos, sería imposible hacer todo lo que la nueva ley plantea. Es fundamental que la ley sea coherente con lo que propone, dimensionando los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la política industrial estatal.

También es esencial, para esa necesaria concreción, fijar plazos concretos. Nos preocupa que queden demasiado abiertos. Aparentemente, muchas cuestiones quedarían sujetas a posteriores desarrollos reglamentarios.

Otro punto importante que el nuevo marco legislativo debería contemplar, a nuestro juicio, es garantizar seguridad jurídica para las empresas industriales. Solo así será posible impulsar una verdadera reindustrialización de España. ¿Qué pasaría si en mitad del partido nos cambiasen las reglas del juego? Eso sería algo totalmente contraproducente y daría al traste con todo el trabajo y el esfuerzo previos invertidos.

De igual modo, el nuevo marco legislativo debería contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido.

La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, desde la Alianza consideramos básico que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.

En materia de energía, las industrias que conformamos la Alianza -ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia)-, coincidimos en que son necesarias medidas concretas que aseguren un coste energético competitivo para nuestra industria en el contexto internacional.

Sin duda, España sufre el lastre del precio energético. Ahora, de manera coyuntural, la situación es un poco mejor, pero el diferencial respecto a Estados Unidos o China, e incluso de toda Europa, es muy significativo.

En otro ámbito, como la logística y el transporte, consideramos esencial la ampliación de los pesos y medidas del transporte por carretera, una variación que nos sitúe al mismo nivel que en muchos países de nuestro entorno. Nuestras carreteras e infraestructuras no son peores que en otros países de la UE, por lo que no es comprensible por qué aquí los pesos y medidas del transporte por carretera son mucho más bajos. ¿Qué conlleva todo ello? El incremento de los costes logísticos y de transporte, así como el aumento de las emisiones asociadas, ya que resultan más camiones en circulación.

Quizá debiéramos entender la industria como una competición que engloba muchas disciplinas. Porque la política industrial es transversal e implica a muchos ámbitos del Gobierno: carteras tales como Energía, Transporte, Logística, Fiscalidad, Laboral, etcétera.

En esta línea, creemos necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales, semejante a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

También planteamos una vicepresidencia de Gobierno específica de Industria, para asegurar la coherencia y coordinación de todas las carteras del Ejecutivo en política industrial, así como la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria.

Con todo ello, las industrias enmarcadas en la Alianza, y que representamos el 60% del Producto Industrial Bruto en España, aspiramos a que las cuestiones aquí planteadas sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria. Porque una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España.

A muchas leyes, menos seguridad

EN PLENO DEBATE

A MUCHAS LEYES, MENOS SEGURIDAD

La legislación es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de la convivencia y una garantía para el cumplimiento de los derechos esenciales de los ciudadanos. Sin embargo, un exceso de leyes puede tener efectos adversos en la economía de los países. En el caso de España, además del Estado central y la Cortes Generales, tenemos 17 comunidades autónomas con capacidad legisladora. A estas hay que añadir la normativa de la Unión Europea (UE) con un peso cada vez mayor sobre el conjunto del país.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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La acción normativa del Gobierno durante el año 2023 continúo dirigida al cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad a la pandemia.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su informe Producción normativa en 2023, que analiza desde 2015 la evolución del complejo marco legislativo español, llama la atención sobre el exceso de producción normativa y sus efectos negativos para la estabilidad empresarial.

 


LA CEOE HA ALERTADO SOBRE EL EXCESO DE PRODUCCIÓN NORMATIVA Y SUS EFECTOS NEGATIVOS PARA LA ESTABILIDAD EMPRESARIAL


 

En 2023 «se aprobaron 683 normas estatales en nuestro país, es decir, dos cada día, a pesar de que durante cinco meses el Gobierno estuvo en funciones, con las consiguientes limitaciones que esto implica», señalan. El hecho de que en 2023 se celebraran elecciones en julio y no se formara gobierno hasta noviembre, «ha supuesto un factor clave en el descenso de la producción normativa (casi un 20% menos que en 2022), pero también en la multiplicación de normas en los meses hábiles», aseguran. En este sentido, el informe publicado destaca que «si en 2022 se promulgaron un promedio de 70 normas mensuales, en 2023 este número se elevó hasta las 113 normas por mes hábil».

Los empresarios llaman la atención sobre el «peso de los reales decretos sobre el total de normas con rango de ley», que aumentaron un 32% en 2023, cinco puntos más que un año antes, lo que sugiere la persistencia en la justificación de ‘urgente necesidad’ a la hora de legislar».

 


EN 2023 SE APROBARON 683 NORMAS ESTATALES; DOS CADA DÍA, A PESAR DE QUE DURANTE CINCO MESES EL GOBIERNO ESTUVO EN FUNCIONES


 

Marco jurídico estable

Aparte de las leyes estatales, España cuenta con la legislación autonómica a través de sus 17 gobiernos y parlamentos regionales. En 2023 hubo 291 normas aprobadas por las comunidades, un 14% menos que en 2022, según el informe de la CEOE. En el conjunto del país, la producción normativa ascendió a 945, «casi tres novedades normativas (nuevas leyes y modificación de las existentes) al día». En definitiva, 2023 fue uno de los años más prolíficos. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza y en 2023 casi triplicó la media anual de páginas publicadas por el conjunto de las comunidades. Le siguen Andalucía, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Para la CEOE el hecho de que las comunidades sean responsables del 80% de las páginas publicadas en los boletines oficiales «afecta negativamente a la unidad del mercado y a la seguridad jurídica». La organización empresarial insiste en la importancia de «establecer un marco jurídico estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social».

Cada año, desde 2016, el Consejo de Ministros da luz verde al Plan Anual Normativo, «una hoja de ruta» que analiza la actividad normativa de la Administración General del Estado en relación con las previsiones del año anterior, y donde se reflejan los resultados de la aplicación de las leyes aprobadas en años precedentes. Entre los objetivos destaca la planificación y la posterior evaluación del grado de ejecución para extraer conclusiones de cara a mejorar esta actividad. «Es una garantía para los ciudadanos y para todos los operadores jurídicos y económicos puesto que ofrece una panorámica de la actuación de los poderes públicos que les permite anticiparse a la aprobación de normas, participar en su elaboración y planificar su propia actividad».

Regular los imprevistos

La acción normativa en 2023 se vio afectada, según el Ejecutivo, por diversas acciones ajenas al propio Gobierno, como la invasión rusa en Ucrania, que obligó a hacer frente a sus consecuencias económicas y sociales como el aumento de los precios del gas, los carburantes y los alimentos. «La necesidad de implementar estas medidas a través de diferentes instrumentos normativos influyó en la actividad de 2022, pero también, dada la persistencia de los efectos derivados de la guerra, en la de 2023, y en la propia previsión normativa».

 


LA ACCIÓN NORMATIVA EN 2023 SE VIO AFECTADA, SEGÚN EL EJECUTIVO, POR DIVERSAS ACCIONES AJENAS AL PROPIO GOBIERNO, COMO LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA


 

Asimismo, el Gobierno justifica el aumento de normas en las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria mundial de 2020, con una «ambiciosa agenda de reformas comprendidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, previo informe favorable de la Comisión Europea». Dicho plan recogía 212 medidas, de las que 102 eran para el periodo 2021-2023, y en el mismo se contemplaban «reformas normativas que exigían ser implementadas de forma inmediata, lo cual también afectó a la ejecución de la planificación normativa inicialmente prevista».

Pese a las dificultades, la acción normativa del Gobierno durante el año 2023 «ha continuado dirigiéndose hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad a la pandemia; la incorporación y ejecución del Derecho de la Unión Europea; las intervenciones regulatorias exigidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y otras catástrofes; así como a la aplicación de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su ejecución», señalan.

El peso de Europa

España, como miembro de la Unión Europea, está sometida a la normativa aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El 53% de las leyes aprobadas en España entre 2019 y 2024 deriva de directrices y decisiones europeas, según un análisis realizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España hecho público en junio de este año. De las 246 leyes aprobadas en España durante los cinco años de legislatura del Parlamento Europeo (2019-2024), 51 aplican reglamentos europeos o transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 81 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias. Además, un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales españolas durante la IX legislatura de la Eurocámara tienen origen en las instituciones europeas. Durante este periodo, las Cortes han aprobado 246 leyes. De ellas, 132 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la UE. De esas 132 normativas, 51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

«El balance total durante la IX legislatura de la Eurocámara demuestra que, cada año, las decisiones adoptadas en la UE tienen una influencia directa en prácticamente el 50% de las normas que se aprueban en España».

Los empresarios insisten en la importancia de establecer un marco jurídico estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social.
Acabar con la sobrerregulación

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha pedido acabar con la «sobrerregulación» europea y «evitar un marco de sostenibilidad que ponga en entredicho la viabilidad de la pequeña y mediana empresa. En un comunicado hecho público en junio, tras las elecciones al Parlamento Europeo, presentó un decálogo de actuaciones para mejorar el entorno en el que se mueven las pymes, entre las que se incluyen las siguientes medidas: «La competitividad, lo primero», lo que implica frenar el exceso normativo y «dotarnos de unas reglas claras y fáciles de entender»; poner fin a la avalancha normativa europea que «genera complejidad e incertidumbre»; aplicar el principio de ‘pensar primero en pequeño’ atendiendo al hecho de que el grueso del tejido productivo europeo está formado por empresas de muy reducido tamaño; fomentar el crecimiento empresarial, para lo cual «es crucial la flexibilización de los escalones regulatorios que retienen las aspiraciones de ganar tamaño».

OTROS ENFOQUES

EPE: El periódico aborda los efectos negativos del exceso de normas para el tejido empresarial denunciado por la CEOE.


NOTICIAS JURÍDICAS: para el portal jurídico, que se hace eco de una investigación del Banco de España, el «frenesí» legislativo supone un «lastre económico».


EL DEBATE: La información se centra en la producción normativa autonómica y el «impacto desigual» que «sufren las empresas» en función de en qué comunidad autónoma estén.

«¿Necesitamos tantas Leyes?», por Antonio Martínez Lafuente

EN PLENO DEBATE

ANTONIO MARTÍNEZ LAFUENTE,
Abogado del Estado y Doctor en Derecho

“Las posiciones doctrinales más ajustadas entienden que no existe un deber de conocer todas las disposiciones sino sólo la posibilidad de acceder a las mismas”

¿Necesitamos tantas Leyes?

La observación de la realidad nos permite constatar que estamos inmersos en una descomunal presencia de normas jurídicas provenientes de los diversos titulares del poder normativo, entendiendo esta expresión en su más amplio sentido compresiva de leyes, reglamentos y demás manifestaciones de los textos a aplicar. Dos fechas son de destacar como obligado referente de lo expuesto. En efecto, a partir del año 1978, la Constitución de dicho año alumbró como entes territoriales con importantes competencias a las comunidades autónomas, y a partir del año 1986 tenemos como obligado centro de producción normativa a la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, con sus reglamentos y directivas.

Estos tres puntos de referencia podrían completarse con la Administración Local y con aquellos órganos que, si bien con competencia sectorial, producen normas de directa aplicación.

Lo expuesto recuerda que son muy numerosas las normas que cada año aparecen procedentes de la Unión Europea, del Estado y de las Comunidades Autónomas, y que integran lo que en amplia expresión se denomina Ordenamiento Jurídico de aplicación a todos los ciudadanos afectados por las mismas.

Este punto de partida sólo deriva como inicialmente se ha expuesto de la observación de la realidad, pero veamos sus consecuencias.

La primera de ellas es que hay que conocer el conjunto de disposiciones que han quedado sucintamente reseñadas. ¿Cómo ha se ser ese conocimiento? ¿Existe alguna obligación al respecto?

La respuesta nos viene dada por un conocido precepto que se plasmó en el artículo segundo del Código Civil y, desde la reforma de su Título Preliminar en el año 1974, en su artículo sexto, apartado primero, en el que se dispone que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Este precepto ha dado lugar a varias y enjundiosas interpretaciones sin desconocer a quienes lo consideran algo completamente prescindible.

Ante todo, digamos que en el mencionado precepto se contiene un antiguo postulado normativo que ya estaba en un nuestro Derecho Histórico, y más concretamente en Las Partidas.

Pero en dicho momento histórico: ¿cuántas disposiciones había o si se prefiere a dónde tenía que remitirse el ciudadano para acreditar su conocimiento o su no ignorancia de las leyes? El precepto, pasados los años, se mantiene en su inicial redacción pero la situación que sirve de punto de partida ha cambiado por ser muy numeroso el componente del Ordenamiento Jurídico, que algunos entienden como “inalcanzable”.

Las posiciones doctrinales más ajustadas entienden que no existe un deber de conocer todas las disposiciones sino sólo la posibilidad de acceder a las mismas o dicho, de otra forma, para el Código Civil es sólo la presunción de que el ciudadano conoce o puede efectivamente conocer toda la legislación, como en su momento expuso en un documentado estudio el profesor García Amado, quien añade que la regla de que la ignorancia no excusa el cumplimiento de las leyes se fundamenta en la garantía de validez y eficacia de las normas.

En fin, no sólo se hace preciso conocer las leyes sino también cómo se interpretan, lo que nos lleva a la conclusión, no muy correcta, de que el Ordenamiento Jurídico sólo sería aplicable a los juristas o abogados, que son los que están más próximos a la aparición de nuevas normas y a la divulgación de los criterios de los Tribunales de Justicia sobre las mismas.

El precepto tiene un alcance general y ningún ciudadano puede alegar que desconoce los textos a aplicar si bien con el criterio de presunción y demás precisiones que la doctrina ha aportado sobre el particular.

Ello además nos permite llegar a otra conclusión acuñada por la jurisprudencia, hasta ahora francesa, pero de próxima incorporación a nuestro Sistema Jurídico que es lo que se denomina el “derecho al error”, pues dada la profusión normativa y haberse desplazado al ciudadano su aplicación, es frecuente que este no esté en condiciones de acertar “a la primera” sobre el significado y alcance de la norma.

Este “derecho al error” apareció en una ley del país vecino y se refirió especialmente al ámbito tributario, pues un contribuyente que incumple por primera vez una norma tributaria que le sea aplicable o que haya cometido un error material no podrá ser objeto de una sanción pecuniaria, o consistente en la privación de una prestación debida, si ha regularizado su situación por iniciativa propia o después de haber sido admitido para hacerlo por la Administración dentro del plazo correspondiente.

Qué duda cabe que si el Ordenamiento Jurídico Tributario fuese más sencillo y estuvieran redactados con más claridad los preceptos a aplicar, la conclusión sería otra, pero ha surgido este “derecho al error”, expresión sistemática de cómo están las cosas en la realidad, cuya contrapartida es el “derecho a la buena administración”, este ya positivizado, pero que cabe aquí citar cuando quiere constatarse lo que supone la enorme cantidad de nuevas normas a aplicar.

Los jóvenes: una inversión de futuro

EN PLENO DEBATE

LOS JÓVENES: UNA INVERSIÓN DE FUTURO

En España la edad media de emancipación de los jóvenes es de 30,3 años, situándose como el cuarto país de la Unión Europea donde se independizan más tarde, por detrás de Croacia, Eslovaquia y Grecia, según datos de Eurostat. Los países donde más pronto se emancipan los jóvenes son Finlandia (21,3), Suecia (21,4) y Dinamarca (21,7). La media europea está en 26,4 años.

MARTA RUIZ-CASTILLO
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El precio medio del alquiler en el primer semestre de 2023 es el más alto desde que existen registros: 944€ al mes.

En nuestro país, la oferta de trabajo cualificado escasea para el colectivo entre 25 y 30 años, mayoritariamente preparado, que tiene que decidir entre un mercado laboral nacional con bajos salarios o buscar mejores oportunidades en el extranjero. A esto se añade una vivienda con precios desorbitados, casi inaccesibles, sobre todo, en las grandes ciudades.

 


EN NUESTRO PAÍS, LA OFERTA DE TRABAJO CUALIFICADO ESCASEA PARA EL COLECTIVO DE ENTRE 25 Y 30 AÑOS, MAYORITARIAMENTE PREPARADO


 

Salarios y vivienda

En 2022, la tasa de emancipación en España se estancó en el 15,9%, mientras que en el primer semestre de 2023 el porcentaje de personas jóvenes que vivía fuera del hogar familiar subió hasta el 16,3%, según el Observatorio de Emancipación publicado en enero de 2024 por el Consejo de la Juventud de España (CJE). En todo caso, son porcentajes inferiores a los de antes de la pandemia de 2020 y muy lejos de los resultados anteriores a la crisis de 2008, «cuando se superaba el 25% de personas jóvenes emancipadas».

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordadas en los últimos años por el Gobierno y los agentes sociales, que en febrero de 2024 se situó en 1.134€ al mes con 14 pagas, han mejorado las expectativas de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El problema es que estas mejoras salariales y la reforma laboral incentivando la contratación indefinida no son suficientes para que este colectivo pueda emanciparse debido, fundamentalmente, a la elevada inflación. Desde la invasión de Ucrania por el Gobierno ruso a principios de 2022 los precios de la energía y de los alimentos se han disparado. «El salario medio de un joven subió un 5,0% hasta alcanzar los 12.062,59 euros netos al año. Aún con este incremento, la fuerte subida de los precios causó que el poder adquisitivo de una persona joven trabajadora se redujera un 3,3% en un año. Además, los ingresos de un hogar joven se habrían reducido un 6,6%», según los datos del Observatorio.

El constante aumento de los precios de la vivienda, con alquileres inaccesibles para la gran mayoría de los trabajadores menores de 30 años, sigue siendo un importante impedimento para que este colectivo se anime a vivir por su cuenta. Los datos del Observatorio así lo atestiguan: «El precio medio del alquiler en el primer semestre de 2023 es el más alto desde que existen registros: 944€ al mes. Esto supone el 93,9% del salario medio neto de una persona joven. Además, el precio se encareció un 9,3% con respecto a un año antes y un 63,9% con respecto al que tenían las viviendas de alquiler diez años atrás. Por su parte, las habitaciones se encarecieron un 7,1% en un año». La subida de los tipos de interés en el último año tampoco ayuda a la hora de hipotecarse para comprar una vivienda.

 


EL CONSTANTE AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA SIGUE SIENDO UN IMPORTANTE IMPEDIMENTO PARA QUE ESTE COLECTIVO SE ANIME A VIVIR POR SU CUENTA


 

Exclusión social

De unos años a esta parte se ha constatado que cada vez son más las personas que, pese a trabajar, están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. En el caso de los jóvenes menores de 30 años, los porcentajes aumentan, según el Consejo de la Juventud de España (CJE). «Los últimos datos, anteriores a 2023, alertan de que la juventud es, en España, el segundo colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, tan solo superada por la infancia. En 2022, el 30,2% de las personas jóvenes se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, una de cada cinco personas jóvenes con trabajo también se encontraba en esta situación, por lo que tener un empleo no era, para la juventud, garante de tener estabilidad económica».

Para la presidenta del Consejo, Andrea González, el principal problema para resolver esta situación es la «falta de acción en política de vivienda en España y las consecuencias negativas» que ha provocado en la población general y en particular entre la juventud, «que sigue viendo cómo año tras año disminuye el porcentaje de emancipación por una pérdida de poder adquisitivo, situación que se solapa con la subida ininterrumpida de los precios de alquiler y compra de vivienda”. Tampoco las políticas de juventud parecen ser de gran ayuda para este colectivo ya que, como apunta el vicepresidente del CJE, Juan Antonio Báez, «en muchos casos se convierten en una huida hacia adelante que no entran a solucionar de manera estructural los problemas principales que preocupan a la juventud, como son la vivienda y el empleo, y que provocan grandes problemas de salud mental para la población joven, cuya principal causa de muerte es el suicidio».

Acciones de la UE

La Comisión Europea (CE) ha propuesto diversas recomendaciones a los países miembros para unificar y mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. Entre las más destacadas está la de mejorar las prácticas. Alrededor de 3,7 millones de jóvenes en la UE participan en períodos de prácticas cada año como primera experiencia profesional, según el Tribunal de Cuentas Europeo.

En 2013, la CE puso en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para ayudar a los jóvenes residentes en zonas cuya tasa de desempleo juvenil fuera superior al 25%. Esta medida apoya exclusivamente a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben formación, incluidos los desempleados de larga duración y los que no están inscritos como solicitantes de empleo. Las instituciones de la UE han integrado la IEJ en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el período 2021-2027, manteniendo así su atención en el empleo juvenil. El FSE+ está considerado por la Comisión como el «principal instrumento de la UE para invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales». Con 95.100 millones de euros del presupuesto de la UE para el citado período, «supone una importante contribución a las políticas de la UE en materia social, de empleo, de educación y de capacidades, incluidas las reformas estructurales en estos ámbitos».

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han mejorado las expectativas de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Los jóvenes y el arte

A partir del 14 de junio estará disponible en la web de Fundación Notariado la exposición virtual Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar. Un recorrido por las obras del Museo Nacional del Prado, una iniciativa en la que cinco profesores de Historia del Arte de institutos españoles han brindado sus conocimientos sobre arte y juventud que se cristalizarán en esta exhibición y en un catálogo. Un recorrido online por el museo en el que el usuario podrá contemplar cómo Caravaggio, Goya, Rubens, Velázquez, Clara Peeters, Madrazo o Benlliure plasmaron a los jóvenes en sus obras, y que, junto a sus características artísticas, nos serán presentadas desde la perspectiva de cuatro momentos muy reconocidos en esta etapa de la vida: La belleza de la juventud, El ímpetu vital, Una eterna insatisfacción y Un adulto como compañía.

 

Más información en el próximo número de Escritura Pública.
Web de Fundación Notariado

OTROS ENFOQUES

ETHIC: El vicepresidente del Consejo de la Juventud de España analiza las causas del retraso de los jóvenes para abandonar el hogar paterno.

NEWTRAL: El artículo incide en las lagunas del sistema educativo y la falta de políticas, así como en la ausencia de políticas dirigidas a una mejor transición del sistema educativo al mercado laboral.

«No todo tiempo pasado fue mejor», por Andrea Henry

EN PLENO DEBATE

ANDREA HENRY,

presidenta del Consejo de la Juventud de España.

“Las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, por detrás de la infancia”

No todo tiempo pasado fue mejor

Últimamente se habla mucho de jóvenes: sobre nuestra adicción a las redes sociales, nuestras pocas ganas de trabajar, “la generación de cristal”, dicen. A lo largo de las generaciones, ha sido común escuchar críticas sobre los jóvenes por parte de nuestros predecesores.

Ya en el año 500 a. de C. se decía que «nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos”. Seguramente si Sócrates estuviera hoy en día, lo veríamos twittear cosas como: «Es triste ver cómo algunos jóvenes carecen de respeto hacia los mayores. Los valores y la educación empiezan en casa” y quizás añadiría algún hashtag del tipo #vergüenza o #irresponsables.

Esto no es algo exclusivo de Sócrates. La preocupación por el comportamiento y las actitudes de la juventud es una parte intrínseca de la historia y la crítica parece ser una tradición intemporal que ha perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos que las preocupaciones sobre las generaciones más jóvenes son, de cierta manera, tan antiguas como la propia filosofía.

Estas críticas, a menudo, ignoran el contexto y las dificultades específicas que enfrentamos los jóvenes. En un mundo donde los desafíos económicos y sociales evolucionan constantemente, los únicos indicadores de nuestro sistema de bienestar que parecen haber empeorado son los relativos a la juventud. Cada generación tiene su propio contexto y desafíos únicos.

En la última década, han sido tres las crisis sociales que han profundizado las desigualdades: la Gran Recesión de 2008, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la crisis de inflación en los precios de alimentos y energía. Todas comparten un factor común: se han enfrentado con un sistema de protección social que ha marginado sistemáticamente a los jóvenes.

Actualmente, las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, solo superado por la infancia. Este alto riesgo se debe en gran parte a una precariedad laboral caracterizada por salarios bajos, empleos a tiempo parcial no deseados, alta temporalidad, y la prevalencia de prácticas no remuneradas y situaciones de falsos becarios. La sobrecualificación también juega un papel, ya que más del 40% de los jóvenes trabajamos en empleos que no corresponden a nuestro nivel de formación o habilidades.

En cuanto a la vivienda, la situación es igualmente desalentadora. De hecho, en la actualidad nos encontramos con los peores datos en materia de emancipación juvenil desde que estos se registran. La edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. Es decir: que las personas jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes.

La tasa de emancipación juvenil es solo del 15,9%, notablemente inferior a la media de la Unión Europea, del 32%. De hecho, una persona joven debe destinar, en promedio, el 83,7% de su salario mensual al alquiler de un espacio propio, dejando solo un 3% del ingreso, aproximadamente 36 euros, para cubrir necesidades básicas como el transporte, el ocio y la alimentación.

Estas condiciones han llevado a que muchos jóvenes optemos por alquilar viviendas compartidas con personas con las que no mantenemos una relación de parentesco. Estas circunstancias económicas precarias no solo afectan el bienestar material sino también el emocional y psicológico.

Nos hemos convertido en uno de los perfiles más vulnerables y propensos a experimentar problemas de salud mental, con una percepción cada vez más negativa sobre este aspecto vital. Un dato completamente desalentador que ilustra esta problemática es que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes, superando a los accidentes de tráfico y al cáncer.

Si hablamos entonces de filosofía, quizás Hipócrates tenía razón en algo cuando dijo: “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir”. Quizás sí, los jóvenes hemos perdido parte de la esperanza en el futuro que, como bien hemos visto, se refleja en datos desalentadores.

Ante esta situación, es imperativo que reexaminemos la manera en que nuestra sociedad aborda las necesidades y desafíos de la juventud. Las críticas perennes a los comportamientos juveniles, aunque intemporales y universales, necesitan ser contextualizadas dentro de las condiciones socioeconómicas actuales que son significativamente diferentes a las que enfrentaron generaciones anteriores.

Las políticas de bienestar y los sistemas de protección social deben ser reformados para reconocer y responder efectivamente a la precariedad laboral, a los desafíos de vivienda y la crisis de salud mental que nos afectan desproporcionadamente a los jóvenes hoy en día.

Es tiempo de dejar atrás los estigmas y estereotipos y enfrentar la realidad con políticas que no solo reconozcan los desafíos únicos de la juventud, sino que también nos empoderen como agentes de cambio y pilares de una sociedad más justa y equitativa. Nuestro futuro colectivo depende de cómo respondamos hoy a estas necesidades críticas. Y para ello, las personas mayores tienen que asumir que no siempre “todo tiempo pasado fue mejor” y que hay realidades de los jóvenes en la actualidad por las que merece la pena luchar.