Intrusismo profesional, más grave y común de lo que parece

EN PLENO DEBATE

INTRUSISMO PROFESIONAL, MÁS GRAVE Y COMÚN DE LO QUE PARECE

En el ámbito de la medicina estética es donde más denuncias hay por mala praxis cometida por personas no cualificadas.

El ejercicio de una profesión exige unos conocimientos concretos, una titulación y en algunos casos, una colegiación obligatoria para poder desempeñarla. Ejercer una acti-vidad profesional sin tener la titulación, hacerse pasar por lo que no se es, está recogido en el Código Penal. El intrusismo profesional es un problema real más extendido de lo que parece y afecta a numerosas actividades.

MARTA RUIZ-CASTILLO,

 

Las profesiones con más intrusismo son las relacionadas con el ámbito sanitario. Actividades como fisioterapeuta, odontólogo, dietista y nutricionista o médico estético han vis-to cómo en los últimos años ha aumentado el número de casos de intrusismo.

En el ámbito de la medicina estética es donde más denuncias hay por mala praxis co-metida por personas no cualificadas, según la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora (SECPRE), la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ) y la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que recientemente han alertado del aumento de «intrusismo profesional».

Contra las prácticas irregulares.

En los últimos años han sido bastantes los colegios y asociaciones profesionales que se han unido tanto en el ámbito estatal como en el regional para luchar contra el intrusismo.

En la Comunidad de Madrid, los colegios profesionales de odontólogos y estomatólogos, médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas y podólogos crearon en 2018 el Observatorio de la Profesión para defender a los pacientes de «las prácticas ilícitas en el ámbito sanitario».

Al año siguiente fueron los colegios de Ingenieros de Telecomunicación, Agrónomos, Navales, de Minas, de Caminos, Canales y Puertos y de Arquitectos de la Comunidad de Murcia quienes se unieron frente al «aumento del intrusismo» y reclamaron al Gobierno autonómico unificar criterios sobre la obligatoriedad de colegiación.

En el ámbito de la medicina estética, las asociaciones SECPRE, SELMQ y SEME alerta-ron el pasado mes de febrero de la realización de cursos de formación de tratamientos médicos, en particular, con aparatos láser. «En los últimos años son muchos los profesionales, sanitarios o no, que realizan cursos de formación en medicina estética. Todo ello, como ‘justificación’ para después llevar a cabo procedimientos médicos para los que no están cualificados», denunciaron.


Actividades como fisioterapeuta, odontólogo, dietista y nutricionista o médico estético han visto aumentar el número de casos de intrusismo


El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid tiene una sección de intrusismo profesional en su página web ante el aumento de supuestos profesionales. Entre las acciones más frecuentes que realiza este departamento están «la solicitud de una inspección sanitaria, la denuncia ante la Dirección General de Comercio y Con-sumo, o la información mediante carta certificada al presunto infractor de que en caso de que no retire su publicidad se emprenderán acciones legales».

En definitiva, en los últimos años, colegios y asociaciones profesionales han ido incluyendo en sus organigramas departamentos contra el intrusismo como herramienta para actuar y denunciar, si fuera necesario, este tipo de irregularidades. El Colegio Oficial de Psicología de Madrid tiene en su web la campaña No al intrusismo y a las malas prácticas con un buzón electrónico donde sus colegiados y cualquier ciudadano pueden denunciar las situaciones de intrusismo profesional de las que tengan conocimiento. «Con esta iniciativa se persigue, tanto la defensa de la psicología y los intereses profesionales de nuestros colegiados, como la protección de la sociedad frente a prácticas que pue-den atentar gravemente contra la salud de las personas».

Acabar con el intrusismo profesional es una tarea que requiere la participación de los profesionales mediante las asociaciones y colegios profesionales y de las administraciones públicas mediante la aplicación de mayores controles; también de los ciudadanos que, como aconsejan muchos colegios, deben informarse bien sobre los profesionales a los que acuden para asesorarse sobre un problema legal, hacer una reformar en casa, someterse a una cirugía estética o resolver un problema muscular.


Acabar con el intrusismo profesional requiere la participación de asociaciones y colegios profesionales, administraciones públicas y ciudadanos


Intrusismos menos conocidos

En otras profesiones, como arquitectura, el intrusismo es bastante desconocido entre los ciudadanos. ESCRITURA PÚBLICA ha hablado con Carlos Gil Nagel, socio fundador de Gilnagel Arquitectos, quien comenta que «es en las reformas de interior donde más se producen casos de intrusismo en arquitectura», mediante contrataciones privadas de empresas de diseño de interiores en las que, «como mucho, se cuenta con un diseñador que asume la responsabilidad última de la reforma incluso cuando se modifica en parte o en todo la estructura del piso o la casa, sustituyendo al arquitecto por otros profesionales como aparejadores o decoradores». Esto es así, en parte, porque la Ley 18/1999 abrió «la vía legal para que profesionales no arquitectos pudiesen redactar y dirigir proyectos de edificación que hasta entonces eran competencia exclusiva de los arquitectos», según denunció el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en 2018. En un comunicado, aseguraba que con dicha normativa se «está colando el intrusismo profesional». Si bien la ley indica que distintos profesionales – decoradores, ingenieros, aparejadores – pueden redactar elementos parciales de los proyectos de edificación (edificio administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural), el texto añade que esos trabajos deben estar «siempre coordinados por un arquitecto di-rector». Algo que, para el COAM, «no se cumple».

También es poco conocido el intrusismo en la abogacía. Una portavoz del Consejo General de la Abogacía explica que son los colegios profesionales de la Abogacía «los que monitorizan los casos, informan a la Fiscalía y piden la nulidad de las actuaciones, aun-que no siempre se consigue». Este es un tema que no es muy fácil de perseguir pero que «preocupa a la profesión». Tanto que se va a tratar en las Jornadas de Comisiones de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía, que se celebrarán en Vigo en junio con la participación de todos los colegios de abogados».

Cuando peligra nuestra vida

Muchas de estas prácticas son denunciadas y acaban en los tribunales, sobre todo, cuando se producen lesiones irreversibles o la muerte de pacientes. El caso más recien-te que ha trascendido a los medios de comunicación es el de una mujer de 39 años que en diciembre de 2021 se sometió a una liposucción en una clínica privada de Cartagena tras contactar con un supuesto cirujano plástico que, en realidad no era tal sino cirujano cardiovascular y cuya titulación no estaba homologada en España. La paciente murió en enero. La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) calificó lo ocurrido de «trágica noticia que nos afecta a todos nosotros, especialmente a los profesionales que nos dedicamos al sector de la cirugía estética plástica, y cuyo desenlace nunca de-bería de haber ocurrido».

Tipificado como delito
El capítulo V del Código Penal sobre usurpación de funciones públicas e intrusismo, en su artículo 403.1 establece “multas de 12 a 24 meses a quienes ejerzan actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente». El texto añade: «Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se es-tuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses». En el punto 2 se prevén también penas de prisión de seis meses a dos años en el caso de que «el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional am-parada por el título referido» y si «ejerciere los actos a los que se refiere el apartado ante-rior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión». El Código Penal, al tipificar esta figura lo ha-ce para proteger a los profesionales, pero también los intereses generales cuando el ejercicio de una actividad por parte de una persona sin cualificación reconocida puede ocasionar graves riesgos para la sociedad.

OTROS ENFOQUES

Las Provincias: En este reportaje la Sociedad Valenciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética denuncia el «vacío» legal» para luchar contra el intrusismo y asegura que «uno de cada tres médicos que ejercen en el sector carece de la especialidad».

ABC: El reportaje aborda la situación de la medicina deportiva tras conocerse el anuncio del Gobierno de impulsar una ley contra el intrusismo en el mundo del deporte.

Redacción Médica: Estudiantes de enfermería y el sindicato SATSE acusan al Ministerio de Educación de intentar «legalizar» el intrusismo.

«Cultura colegial, garantía para la ciudadanía», por Victoria Ortega

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VICTORIA ORTEGA,

Presidenta de Unión Profesional

 

"Es imprescindible una mayor colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones colegiales"

Cultura colegial, garantía para la ciudadanía

Toda reflexión que pretenda alumbrar el sentido de la cultura colegial ha de tener como base la consideración de nuestra labor a partir del patrimonio intangible que es la colegiación; un instrumento pensado para velar por la salud y la seguridad física y jurídica de las personas en su relación con los y las profesionales, y una garantía de calidad en los servicios que estos prestan.

Las organizaciones colegiales somos garantes cotidianos de los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de la coexistencia social; y la ciudadanía, a fecha de hoy, sigue encontrándose con dificultades a la hora de saber si un profesional cuenta o no con la cualificación adecuada para el ejercicio de su profesión. En el momento de acudir a un despacho, un estudio o una consulta, ¿qué seguridad se ofrece al usuario, el cliente o el paciente acerca de la capacitación del profesional que va a atenderle? En el ámbito de los servicios profesionales no es recomendable hacer actos de fe. Lo justo y necesario es poder confiarse sin incertidumbres a los mecanismos establecidos para garantizar la calidad de vida y de servicios.

Por este motivo, resulta fundamental que las organizaciones colegiales, los consejos y los colegios aúnen esfuerzos con otros actores implicados en la vida profesional, como las organizaciones de consumidores y usuarios, a fin de trasladar a la sociedad que somos garantía institucional de la buena práctica profesional y que estamos regidos por unas normas deontológicas inequívocas, fijadas por los órganos establecidos de cada profesión. Ello trae consigo un control previo del comportamiento del profesional que no puede sustituir el seguro correspondiente de responsabilidad civil profesional; una iniciativa de carácter ex post, es decir, derivada del hecho acaecido, que tan solo puede compensar daños ya producidos y, en numerosas ocasiones, irreparables.

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han desarrollado una jurisprudencia que consolida el modelo colegial y las razones que justifican las funciones que la ley atribuye a las corporaciones colegiales, pronunciándose incluso sobre la colegiación de oficio. Esto es importante, puesto que nos otorga una fuerza jurídica y argumental que hemos de trasladar de la manera más adecuada posible a quienes precisan de nuestros servicios.

No obstante, para garantizar una seguridad aún mayor de la ciudadanía, se precisan mejoras. Entre ellas, es imperativo reforzar y acentuar el control ex-ante, es decir, preventivo, así como la implementación de mecanismos capaces de entrar en acción durante el desarrollo mismo de la actividad profesional. Para que esto pueda ocurrir es imprescindible una mayor colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones colegiales con el objetivo de detectar a la mayor brevedad los posibles delitos de intrusismo, y denunciarlos.

También estimamos necesaria una evolución de los códigos deontológicos de cara a potenciar su carácter proactivo y su potestad sancionadora. Y pretendemos avanzar en fórmulas que garanticen una mayor capacidad de denuncia por parte de las organizaciones colegiales.

También nos parece obligado tejer cultura colegial por medio de campañas de información que hagan comprender a la ciudadanía con la claridad y la contundencia suficientes los efectos del intrusismo en la calidad del servicio que recibirán, y de las normas de filtro que se exigen para el ejercicio de una determinada profesión. Todo ello ha de venir acompañado de una mayor sensibilización sobre los delitos de intrusismo desde el ámbito institucional, mediante campañas, manuales o sencillas guías que orienten a la ciudadanía en la detección de indicios de intrusismo, y que dirijan a los colegios profesionales como los órganos más capacitados para estudiar y canalizar las posibles denuncias.

En paralelo a la articulación de las herramientas propias del modelo colegial con un espíritu más proactivo, las organizaciones colegiales estimamos necesario analizar, comprender y trasladar a la ciudadanía la naturaleza del servicio profesional en su vertiente de credence good; es decir, como bien basado en la confianza que se establece entre ciudadano y profesional antes, durante y después de un acto profesional que tiene efectos inmediatos pero, sobre todo, a largo plazo en la vida del primero: tratamientos, reparaciones, métodos educativos, servicios de mantenimiento.

Por su naturaleza intangible en el momento de ejecutarse, no es posible evaluar con total precisión el modo en que dichos actos profesionales responden al nivel exigible de calidad, por lo que el modelo colegial ha de saber recoger una serie de parámetros que engloben sin lugar a dudas la credibilidad y grado de confianza del profesional en el transcurso de todas sus actividades.

En relación con lo anterior, el análisis del servicio profesional desde la perspectiva del credence good o bien de confianza nos permite apreciar de inmediato que suele existir una asimetría de información que perjudica al ciudadano cuando recurre a servicios profesionales, por lo que los estándares de control sobre el profesional han de reducir el ruido causado por las retóricas propias de la profesión para centrarse en la concreción y comunicación de los factores esenciales que definen la calidad del acto profesional de que se trate.

Otros factores que también hemos de tener en cuenta a la hora de comprender la importancia del bien de confianza es la conocida como mcdonalización de los servicios profesionales, propiciada por los cambios tecnológicos y la inestabilidad laboral, y maximizada por la economía de plataformas. Esta coyuntura nos obliga a una reflexión y una crítica específicas en torno a los riesgos de precarización a que se ven abocados en ocasiones los servicios profesionales, y la repercusión que ello tiene en la calidad de los mismos y la seguridad de la ciudadanía.

En resumidas cuentas, los tiempos de cambio que atravesamos y las nuevas perspectivas normativas y organizativas nos animan a entender la cultura colegial como un conjunto riguroso de saberes, herramientas y valores que ha de desembocar en el bienestar, la seguridad y la confianza de la ciudadanía. Las organizaciones colegiales han de focalizarse por tanto en un trabajo conjunto que permita garantizar el desarrollo y la promoción de dicha cultura

La inflación cambia el ciclo político, por Fernando Fernández Méndez de Andés

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Fernando Fernández Méndez de Andés,

Profesor IE University

[email protected]

 

La inflación se va a convertir pronto en el gran argumento electoral en toda Europa, sin duda en España

La inflación cambia el ciclo político

Con periodicidad y voluntarismo encomiable, muchos economistas y políticos dan por muerta la inflación. Es una muerte conveniente, porque permite imaginar un mundo feliz donde desaparece la escasez, la creación de dinero puede ser indefinida, la liquidez abundante y el crédito barato. Puede incluso la política monetaria imaginarse al servicio de la expansión fiscal y de la provisión de nuevos bienes públicos como la descarbonización, pues la financiación del déficit y el servicio de la deuda no son un problema. Un mundo feliz de dinero gratis y gasto público creciente en el que los políticos inventan nuevas necesidades sociales y derechos crecientes, formas creativas y políticamente rentables de disfrutar de esa bonanza monetaria.

Pero de repente despertamos y descubrimos que la inflación ha vuelto; que esta vez tampoco va a ser posible, que lo que parecía un fenómeno transitorio dura ya demasiado y amenaza convertirse en endémico. Y los agentes económicos, consumidores y ahorradores, trabajadores e inversores, cambian su comportamiento y demandan protección; que suban salarios y tipos de interés, que se reduzca el endeudamiento privado y el gasto público. Los políticos tardan normalmente en responder a la nueva situación, porque están cómodamente instalados en la vorágine expansiva. Pero entonces aparecen los bancos centrales y se termina la orgía de gasto. Esa es su función, y su deformación profesional. Solo hay que dejarles trabajar en libertad y garantizar su independencia. Tardarán más o menos, pero acaban arruinándonos la fiesta, afortunadamente antes de que sea demasiado tarde y haya dejado daños irreparables o muy costosos.

Ha vuelto a suceder. Abrió fuego la Reserva Federal americana y el Banco Central Europeo se acaba de apuntar al cambio de ciclo en su reunión de febrero. Tiempo habrá para discutir si demasiado tarde. Por mucha excusa que pueda encontrarse en la pandemia para justificar las interrupciones en la cadena global de suministros y en los precios de la energía, por mucha confianza que se pueda tener en los efectos deflacionistas de la globalización y la transformación digital, por mucha literatura académica sobre la nueva teoría monetaria y el estancamiento estructural, por mucha discusión estadística interesada sobre la medición del IPC, lo cierto es que la inflación está ya en máximos de 20 años, que su esperado descenso se aleja y difumina en el tiempo, que las subidas de precios ya son generalizadas y no se limitan a unos pocos sectores de actividad, y que los salarios empiezan a notar el tirón.

Como es cierto que la inflación es un impuesto silencioso e injusto. Silencioso porque no solo erosiona calladamente la capacidad adquisitiva de rentas y salarios, sino porque alimenta las arcas públicas gracias a la conocida progresividad del sistema tributario. Aumenta así imperceptiblemente la presión fiscal y se hace más difícil la supervivencia y el beneficio empresarial y con ello se pone en cuestión la creación de empleo. Injusto porque recae sobre los más desfavorecidos, aquellos que por desconocimiento o debilidad no pueden protegerse, pensionistas, trabajadores menos cualificados, nuevos entrantes en el mercado de trabajo.

Pero es un impuesto muy atractivo para políticos populistas, porque los ciudadanos tardan en notar sus efectos y los oportunistas pueden así separar en el tiempo beneficios y costes, e intentar que el ciclo político de la inflación no coincida con el económico. Es la maldición de muchos países. Argentina y Turquía son ejemplos recientes. Tengo pocas dudas que esta vez ha vuelto a suceder y de que el contagio ha llegado sutilmente a nuestros lares. Pero han fracasado en su intento. La inflación se va a convertir pronto en el gran argumento electoral en toda Europa, sin duda en España. Por encima de la pandemia y de los fondos europeos. Fíjense bien lo que les digo, tan seguro estoy de que tendremos inflación para mucho tiempo.

Una inflación del 6% es políticamente insostenible en una Europa envejecida, llena de pensionistas y con tasas de paro en mínimos históricos. Y ya está empezando a modificar el debate y la agenda política. No solo en el seno del BCE, donde los viejos halcones han visto crecer los partidarios de poner ya fin a la barra libre de liquidez y tipos cero, hasta conseguir que en su última rueda de prensa la presidenta no haya podido descartar una subida de tipos este mismo año 2022, provocando sin duda una pequeña convulsión en los mercados financieros. Cabe recordar que, en su anterior comparecencia, Lagarde se pasó gran parte de su tiempo corrigiendo la equivocada lectura que hacían los mercados de la situación de los precios y subrayando que no coincidía con la que hacía la autoridad monetaria.

También y sobre todo va a modificar, aunque con los naturales retardos e inercias políticas, el debate fiscal europeo. Con una Europa preocupada por la inflación es mucho más difícil justificar una expansión fiscal sostenida, un fondo de inversión estructural verde o digital o una regla de oro verde para facilitar la transición energética. Y se hace prácticamente imposible justificar la ineficiencia, despilfarro o uso partidista de los fondos europeos. La disciplina fiscal solo puede endurecerse. Mas en un país como España con el más elevado déficit estructural de la Unión antes de la pandemia, que apenas ha hecho esfuerzo alguno por reducir su dependencia del ahorro externo y que está gobernado por una mayoría política sustentada en la expansión fiscal. Bien harían nuestros gobernantes en despertar y percatarse de que empieza un nuevo ciclo económico antes de que sea demasiado tarde. Nuestra credibilidad económico fiscal no está en sus mejores momentos. No la estropeemos aún más con decisiones irresponsables. No sería falta de agilidad por inexperiencia o juventud, sino contumacia en el error por ceguera ideológica voluntaria.

El reto de contener la inflación

EN PLENO DEBATE

EL RETO DE CONTENER LA INFLACIÓN

La escalada del IPC obedece, sobre todo, a factores transitorios como la pandemia mundial.

España terminó 2021 con una inflación del 6,5%, la tasa más alta de los últimos 30 años. La escalada de los precios no es exclusiva de nuestro país. Estados Unidos, por ejemplo, registró en diciembre su mayor tasa de inflación interanual desde 1982 con un 7%. La eurozona tampoco escapa al avance de la inflación, que en enero fue del 5,1%.

MARTA RUIZ-CASTILLO

«El aumento de la inflación, que afecta particularmente a los trabajadores de bajos in-gresos, limita la política monetaria. A nivel mundial y en las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas desde 2008. En los mercados emergentes y en desarrollo ha llegado a la tasa más alta desde 2011», explica el Banco Mundial en su informe Perspectivas económicas mundiales. La escalada del IPC obedece, sobre todo, a factores transitorios como la pandemia mundial, con los consiguientes efectos adver-sos sobre la actividad económica.

Para contener las presiones inflacionarias, muchas economías han comenzado a retirar las medidas de apoyo adoptadas por la pandemia mucho antes de que se complete la recuperación, advierte el informe. Ante la previsión de una desaceleración en el creci-miento de la producción y la inversión, «las economías emergentes y en desarrollo debe-rán calibrar cuidadosamente sus políticas fiscales y monetarias», propone Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. También es necesario, añade, «que emprendan reformas para borrar las cicatrices de la pandemia. Estas reformas de-ben diseñarse para incrementar la inversión y promover el capital humano, revertir la desigualdad de ingresos y de género, y hacer frente a los desafíos del cambio climático».

 

¿Situación transitoria?

La pregunta que muchos expertos y organismos económicos nacionales e internaciona-les se hacen es si la escalada de los precios ha llegado para quedarse o es transitoria. Lo que sí está claro es que la inflación actual es consecuencia factores transitorios, co-mo la pandemia mundial con efectos adversos sobre la producción y el comercio. Con la llegada de las vacunas en 2021 se produjo un importante repunte económico tras un 2020 en el que hubo una paralización generalizada de la actividad económica. Solo un dato: tras la significativa caída del PIB mundial en 2020 a causa de la pandemia, situán-dose en el 3,1 %, las últimas previsiones del FMI anticipan un crecimiento elevado en 2021 (5,9%) y 2022 (4,9 %).

 


EL BANCO DE ESPAÑA PREVÉ QUE LA INFLACIÓN SE SITÚE «POR DEBAJO DEL 2% AL FINAL DE ESTE AÑO», SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA PANDEMIA

 

Este organismo prevé que la inflación elevada continúe y los cortes en las cadenas de suministro causados por la pandemia y los altos precios de la energía persistan en 2022. A más largo plazo, no descarta un paulatino descenso de los precios y, por tanto, cabe hablar de una situación inflacionaria coyuntural y no permanente, indica en su in-forme de perspectivas de la economía mundial Creciente número de casos, recupera-ción interrumpida y mayor inflación, publicado en enero de 2022.

A esta incertidumbre se añade la derivada de las tensiones geopolíticas. En concreto, el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania y la amenaza de Vladimir Putin de in-vadir el país que ha empeorado las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El apoyo de los países de la OTAN a la Administración Biden y las estrechas relaciones de Rusia y China mantiene en alerta a los mercados y a las autoridades monetarias ante un posi-ble repunte de los precios del gas y los carburantes.

Funcas prevé una bajada del IPC en el último trimestre del año. «En el escenario central de previsiones, con un descenso del petróleo hasta los 75 dólares y una caída del pre-cio de la electricidad en primavera, en línea con los precios reflejados en los mercados de futuros, las tasas de inflación se mantendrán por encima del 5% en los primeros me-ses del año antes de comenzar a descender. Para diciembre se espera una tasa del 0,6%, frente al 0,4% anterior, con una media anual del 3,7%, frente al 2,9% de la estima-ciónn previa».

 


ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS DE LA EUROZONA CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA, POR DETRÁS DE LETONIA Y LITUANIA

 

Riesgo para la recuperación

El rebrote de inflación iniciado a mediados de 2021 constituye uno de los principales riesgos para el proceso de recuperación de las economías. En el caso de España, las previsiones para 2022 se han revisado al alza debido a que el resultado de diciembre ha sido superior al previsto. España es el tercer país de la eurozona con la inflación más alta, por detrás de Letonia y Lituania. Desde diciembre de 2020, el precio de la electrici-dad ha subido un 72%; el gas, un 16,5%, y los combustibles un 26,1%. En cuanto a los alimentos no elaborados, la inflación ha subido hasta el 6,5%. “El incremento de la infla-ción en diciembre ha tenido un origen muy generalizado, lo que indica que se está pro-duciendo un traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo”, explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

 


LA PREGUNTA QUE MUCHOS EXPERTOS Y ORGANISMOS ECONÓMICOS SE HACEN ES SI LA ESCALADA DE LOS PRECIOS HA LLEGADO PARA QUEDARSE O ES TRANSITORIA

 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, mantiene un moderado optimismo respecto a la economía española en 2022. En su intervención en las jornadas Spain Investors Day, organizadas por Estudio de Comunicación, celebradas en enero se refirió a los factores que han llevado a un repunte de la inflación. «Los efectos base de-bido a los fuertes descensos de algunos precios al inicio de la pandemia; las dificultades de aprovisionamiento; el intenso crecimiento de los precios energéticos, en particular, de la electricidad y de otros bienes intermedios; y los efectos de la recuperación de la demanda sobre los precios de algunos servicios». En su opinión, «la desaparición gra-dual de los efectos base y de los cuellos de botella, y la reversión parcial del aumento de los precios energéticos a la que apuntan los mercados de futuros, deberían reducir las presiones inflacionistas a lo largo de 2022». El Banco de España prevé que la infla-ción se sitúe «por debajo del 2% al final de este año», siempre y cuando se supere la pandemia y no se recrudezcan las tensiones geopolíticas que obligue a «una corrección de los precios energéticos».

Moderación salarial
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, subrayó en enero en su intervención en las jornadas Spain Investors Day, organizadas por Estudio de Comuni-cación, que es necesario adoptar medidas que resuelvan una parte de esa pérdida de competitividad y eviten que la inflación se alargue en el tiempo. Entre las medidas des-tacó la moderación salarial mediante un «pacto de renta» entre empresarios y trabajado-res que fue muy mal recibido por los sindicatos. UGT defiende que el incremento salarial tiene que tener en cuenta la inflación. «Mientras la inflación esté desbocada y el precio de la energía siga por las nubes, es imprescindible que las nóminas suban en nuestro país”, dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro con los medios en enero. CC.OO. también ha pedido que la subida de la inflación «no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores».
¿Subida de tipos?

El Banco Central Europeo acordó el 3 de febrero mantener la flexibilidad y las opciones abiertas en la ejecución de la política monetaria sin descartar una subida de tipos. «El Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos, según proceda, para asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo», dijo la presidenta, Christine Lagarde, en rueda de prensa. Para la autoridad monetaria europea la inflación podría situarse en niveles más elevados si las presiones inflacionistas se tradujeran en subidas salariales mayores de lo previsto o la economía volviera a operar a plena capacidad con mayor rapidez. El alza de la inflación en enero y la previsión de que «se mantendrá elevada durante más tiempo de lo esperado», mantienen al BCE alerta. » Todo apunta a que el BCE seguirá los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que ha mantenido los tipos de interés entre el 0 y 0,25 %, pero su presidente, Jerome Powell, anunció a finales de enero que «el comité se decanta por subir los tipos de interés en la reunión de marzo» si la inflación sigue mostrando signos expansivos.

OTROS ENFOQUES

Real Instituto Elcano. Análisis de la economía mundial para 2022 centrado en tres factores: pandemia, subida de la inflación y riesgos geopolíticos.

ESADE. Natalia Collado y Ángel Martínez Jorge analizan la reciente evolución del IPC, sus componentes y efectos desiguales entre hogares.

¿Freno al envejecimiento?

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¿Vamos a vivir para siempre?

No hay acuerdo respecto a si el envejecimiento es una enfermedad y, por tanto, podría tener «cura» o es un proceso natural irreversible.

Una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más en 2030. Este grupo de población habrá pasado de los 1.000 millones en 2020 a 1.400 millones en sólo diez años. En 2050, la población mundial en esa franja de edad alcanzará los 2.100 millones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso de la población mayor de 80 años, este organismo prevé que se triplique hasta los 426 millones entre 2020 y 2050. ¿Estamos cerca de frenar el envejecimiento y los daños que conlleva?

MARTA RUIZ-CASTILLO

En España, el 20% de la población es mayor de 65 años y, de acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, en 2050 este grupo podría suponer más del 30% de la población. Conclusión: vivimos más años, pero ¿vivimos mejor? Lo cierto es que, en general, no envejecemos con muy buena salud. Prevenir las enfermedades asociadas al envejecimiento (Alzheimer, fibrosis, algunos cánceres, entre otras) a través de mecanismos que actúen sobre éste, se ha convertido en todo un reto para la comunidad científica y médica. Hacia esa dirección se centran los trabajos que, desde hace tiempo, se llevan a cabo en laboratorios de medio mundo.

 


EN ESPAÑA, EL 20% DE LA POBLACIÓN ES MAYOR DE 65

 

Células senescentes

Uno de esos trabajos es el que lidera Salvador Macip, médico investigador en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y en la Universidad británica de Leicester, especializado en envejecimiento y cáncer. Junto a su equipo ha desarrollado un nuevo método para prevenir las enfermedades asociadas al envejecimiento que «abre la puerta a frenar el propio envejecimiento», explica a ESCRITURA PÚBLICA en conversación telefónica.

Sus trabajos se han basado en conocimientos anteriores según los cuales hay unos factores que influyen en el envejecimiento, elementos moleculares y químicos, que «cada vez conocemos mejor». Uno de ellos se conoce como «senescencia» que, básicamente, son células viejas que aumentan con la edad. «Lo que se ha visto en los últimos años es que, si eliminas las células senescentes, mejora en general todo el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con éste». La cuestión es cómo conseguir eliminar esas células. Varias investigaciones anteriores «descubrieron unos fármacos con sustancias químicas llamados senolíticos que matan las células senescentes». Las pruebas hechas con ratones demostraron que el fármaco mataba las células viejas y los ratones vivían más tiempo y mejor; el problema de los senolíticos es que al no ser específicos tienen muchos efectos secundarios. Ahí es donde el equipo de Macip interviene con la creación de una segunda generación de fármacos que han denominado «bombas inteligentes» porque destruyen las células viejas de forma selectiva sin que afecte a células sanas. «Lo que hicimos básicamente fue copiar una idea de las terapias del cáncer que se realizan ya con anticuerpos. En nuestro caso, preparas el fármaco para que reconozca la célula veja que te interesa destruir». En cáncer ya se están dando fármacos de este tipo «pero en el envejecimiento no se había probado nunca». Este nuevo método está funcionando muy bien en células de cultivo del laboratorio; falta probarlo en animales y ver qué efectos tendrá sobre el envejecimiento y las enfermedades.

Actuar sobre los telómeros

Otros trabajos se centran en los telómeros (extremos de los cromosomas), como el que dirige Shai Efrati, profesor de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Neurociencia Sagol de la Universidad de Tel Aviv. En un artículo publicado en la revista Aging en noviembre de 2020, aseguraba haber encontrado una terapia a través de oxígeno hiperbárico (absorción de oxígeno puro en una cámara presurizada) que alarga los telómeros y, por tanto, frena el envejecimiento.

 


VIVIMOS MÁS AÑOS, PERO ¿VIVIMOS MEJOR? LO CIERTO ES QUE, EN GENERAL, NO ENVEJECEMOS CON MUY BUENA SALUD

 

Para el doctor Salvador Macip los telómeros, efectivamente, afectan al envejecimiento y cuando se acortan provocan que las células envejezcan más rápidamente, pero «hay ocho factores más y casi todos convergen en uno, que es el aumento de las células senescentes». Según Macip, las investigaciones acaban, al final, en el mismo sitio: «Para evitar que se formen células senescentes puedes evitar que se recorten los telómeros o matar las células viejas una vez que se han formado». El problema, en su opinión, es que todos los experimentos con telómeros son complicados «porque el hecho de que existan los telómeros y el acortamiento de éstos envejezca las células es un mecanismo de seguridad contra el cáncer». Esto es así porque la células cancerosas «lo primero que hacen, o una de la cosas que hacen rápidamente, es alargar los telómeros». Por eso, añade, «dar telomerasa, la enzima que ayuda a tener telómeros más largos, conlleva el riesgo de que la célula pueda convertirse en cancerosa y, en mi opinión, creo que es más fácil esperar a que se acorten los telómeros y jubilar la célula, y una vez que está jubilada, eliminarla».

¿Enfermedad o proceso natural?

No hay acuerdo respecto a si el envejecimiento es una enfermedad y, por tanto, podría tener «cura», o es un proceso natural irreversible. Para Efrati está claro: «Tratamos de abordar el envejecimiento con ejercicio físico y cambios en la dieta, pero esto solo ralentiza el declive». En declaraciones a The Times of Israel, aseguró en 2020 que «estamos demostrando que en realidad podemos retroceder el reloj biológico y mejorar la calidad de las células sanguíneas. Esto significa que podemos empezar a considerar el envejecimiento como una enfermedad reversible». Una opinión compartida por otros científicos como el biólogo y genetista David Sinclair, o el investigador español, Juan Carlos Izpisúa, que han publicado estudios para frenar e incluso «revertir» el paso de la edad.

Lo importante es que ha habido un cambio de perspectiva respecto al envejecimiento. A medida que se va conociendo más sobre éste y sus mecanismos, se ha pasado a considerarlo menos como algo inevitable y más como una enfermedad.  Este cambio de concepto abre interesantes perspectivas sobre cómo podemos vivir más y mejor mediante la búsqueda de tratamientos para prevenir enfermedades asociadas a la edad. El fármaco que ha desarrollado Macip junto a su equipo en el laboratorio tiene esa finalidad. «Primero lo probaríamos en enfermedades, pero, a la larga, este fármaco o alguno con un concepto parecido de terapias dirigidas, que ya se están estudiando también, tiene el potencial de reducir todo lo que sean los efectos del envejecimiento en general; aparte de las enfermedades también tendría efectos sobre las personas que envejecen mal». Macip es optimista y cree que en menos de 10 años habrá un fármaco que se podrá usar en enfermedades asociadas a la vejez o en casos de envejecimiento extremo.

En busca de la inmortalidad

Frente a los que creen que no se puede hacer mucho para frenar el envejecimiento están los que aseguran que, no sólo es factible frenarlo, sino también revertirlo y que la inmortalidad es posible. Hay quienes se sitúan en un punto intermedio, como el doctor Macip. «Sí creo que el envejecimiento se puede modular, sin duda ¿Hasta qué punto? ¿Qué quiere decir modular? ¿Podemos hablar de revertir? Quizá en un futuro, pero estamos un poco lejos de esto». En su opinión, para llegar a ese punto haría falta pasar por dos procesos previos: primero, frenar el envejecimiento, y segundo, rejuvenecer, para lo cual sería necesario «un control de la regeneración de tejidos que aún no entendemos tanto cómo funciona». Esto no quiere decir, añade, «que no sea posible, pero creo que será más factible antes enlentecer, hacer que vaya más lento el envejecimiento, que frenarlo; eso me parece lo más asequible, lo que veremos en breve».

Década del Envejecimiento Saludable

La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el periodo 2021-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable. Un proyecto mundial para promover «vidas más largas y saludables» a través de una «acción concertada» durante los próximos 10 años de gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, empresas públicas y privadas, profesionales, académicos, científicos y medios de comunicación.

El objetivo es «reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades». Eso implica cambiar la forma de pensar, sentir y actuar en relación con la edad; fomentar las capacidades de las personas mayores; prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrados en la persona, que respondan a las necesidades de los mayores; proporcionar acceso a la asistencia a largo plazo a las personas mayores que lo requieran.

OTROS ENFOQUES

Diario de Sevilla: Analiza dos enfoques: curar el envejecimiento y volcar la conciencia a una inteligencia artificial.

Ethic: Aborda los avances médicos y científicos centrados en dar respuesta a los distintos factores de origen del envejecimiento y la posibilidad de vivir más de 120 años.

The Conversation: La doctora Maria Fiorella Sarubbo escribe sobre los efectos de la pandemia y el confinamiento en el envejecimiento.

¿Vamos a vivir para siempre?, por Salvador Macip

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SALVADOR MACIP,

médico e investigador de la UOC y la Universidad de Leicester

[email protected]
Twitter: @macips01
Linkedin: Salvador Macip

 

 

Actualmente se están probando varias estrategias, desde alargar los telómeros a recuperar las células madre o reducir el daño oxidativo

Se podría decir que envejecer es una consecuencia inevitable de estar vivos. O por lo menos esto es lo que hemos pensado a lo largo de muchos siglos. A pesar de todo, nuestra imaginación siempre se ha negado a aceptar lo que parecía una realidad incontrovertible, como demuestra que, desde el principio de los tiempos, los humanos hemos inventado posibles maneras de engañar a la muerte. Las mitologías están pobladas de historias relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad, empezando por la primera narración de la que tenemos constancia, las aventuras del héroe sumerio Gilgamesh, o la milenaria leyenda de la fuente de la eterna juventud. No es raro encontrar en la ficción personajes inmunes al paso del tiempo, desde los longevos patriarcas bíblicos a los elfos de El Señor de los Anillos.

Pero ¿es realmente una fantasía vencer al paso del tiempo? ¿O podría llegar a convertirse en realidad? La ciencia se ha hecho esta pregunta antes incluso de poseer las herramientas adecuadas para responderla. La medicina tradicional china, por ejemplo, tiene un listado de remedios que supuestamente alargan la vida. Y en Occidente, el libro The cure of old age, escrito por el franciscano inglés Roger Bacon en el siglo XIII, o Makrobiotik (1798), de Christoph Hufeland, proponen intervenciones que se supone que tienen un impacto en la longevidad. A pesar de esto, hasta hace relativamente poco, la idea de frenar el envejecimiento no era más que un sueño. Unos avances científicos recientes han cambiado radicalmente el panorama.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos descubierto los mecanismos moleculares que determinan el envejecimiento y, por primera vez en la historia, estemos discutiendo seriamente sobre qué podemos hacer para evitar los efectos negativos del paso del tiempo en el cuerpo humano. Como sucede siempre en medicina, no es hasta que entendemos cuáles son las causas que desencadenan un proceso que adquirimos la capacidad de hacer algo al respecto. Este ha sido también el caso del envejecimiento: hemos conseguido ver que lo que nos hace envejecer son una serie de cambios bioquímicos y celulares perfectamente definibles y cuantificables. Y, por tanto, modulables. Por lo menos en teoría.

En eso estamos ahora. Laboratorios de todo el mundo están estudiando estos factores que creemos que definen el deterioro que vemos en nuestros tejidos con el paso de los años. Y todo este esfuerzo está empezando a dar fruto. Ya hemos conseguido alargar la vida a varios animales de laboratorio, incluidos los monos, nuestros parientes más cercanos, manipulando uno o más de estos factores. La cuestión ahora es si podremos conseguir algo parecido en humanos.

Actualmente se están probando varias estrategias, desde alargar los telómeros a recuperar las células madre o reducir el daño oxidativo. Pero la que parece que tiene más posibilidades de funcionar es eliminar las llamadas células senescentes o viejas. Muchos de los procesos que llevan al envejecimiento acaban generando estas células que, poco a poco, llenan los tejidos, lo que impide que el resto hagan sus tareas habituales. Se cree que es por eso los órganos dejan de funcionar correctamente. Los primeros ensayos clínicos en humanos para “limpiar” los tejidos de las células senescentes con unos compuestos llamados senolíticos ya se están llevando a cabo, principalmente en enfermedades relacionadas con el envejecimiento, y pronto sabremos los resultados.

            Hay expertos que creen que no tardaremos mucho en ver el primer fármaco con efectos antienvejecimiento de verdad (porque, en estos momentos, nada de lo que nos venden con esta etiqueta tiene un efecto real sobre la edad de nuestros tejidos). Eso no quiere decir que la inmortalidad esté a la vuelta de la esquina. El envejecimiento no deja de ser un proceso biológico terriblemente complejo, y domarlo no será sencillo. Lo más probable es que nunca lo consigamos del todo. Pero, eso sí, la posibilidad de reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o ciertas diabetes desconectando los mecanismos del envejecimiento, parece estar a nuestro alcance. El siguiente paso, ya a medio plazo, sería mejorar la calidad de vida en los últimos años de existencia, quizás el problema más importante que tenemos en los países desarrollados, cada vez más llenos de gente mayor con problemas crónicos. Y, finalmente, quizás algún día conseguiremos también alargar la esperanza de vida, aunque esto no sea lo más urgente. Como tampoco lo es la inmortalidad, que algunos teorizan que podría ser asequible si seguimos cosechando éxitos en estas líneas de investigación. Pero quizás estén pecando de optimistas.

Todo esto no se puede ver sólo como un avance científico: hay consecuencias socioeconómicas muy importantes que deberán considerarse antes de que los primeros fármacos antienvejecimiento se pongan a la venta. No parece que sea imposible ralentizar el envejecimiento de manera suficientemente significativa como para que, en un futuro no muy lejano, una parte de la población de este planeta pueda vivir más de cien años en buenas condiciones. Esto puede provocar una revolución social importante (¿Podríamos continuar jubilándonos antes de los 70? ¿Quién pagaría las pensiones? ¿Sería el futuro sostenible?) y empeorar aún más las diferencias entre ricos y pobres. Es cierto que el estudio del envejecimiento promete cambios radicales en la manera de tratar y prevenir enfermedades que hasta hace poco parecían ciencia-ficción, pero depende de nosotros que acaben convirtiéndose en una utopía o una distopía.

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

EN PLENO DEBATE

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

El 19 de septiembre de 2021 supone un antes y un después para los habitantes de La Palma. Ese día el volcán Cumbre Vieja comenzó a expulsar lava arrasando todo lo que encontraba a su paso y causando la «emergencia más grave en la historia de Canarias», en palabras del presidente del gobierno de esta Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres.

MARTA RUIZ-CASTILLO

En una comparecencia ante el Parlamento canario celebrada el 14 de octubre se refirió al Cumbre Vieja como el «volcán más dañino de Europa de los últimos 100 años”. Para entonces el volcán llevaba casi un mes sin dar tregua a los habitantes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte; había emitido más de 100 millones de metros cúbicos de lava destruyendo más de 1.500 edificaciones, y había cubierto más de 400 hectáreas de terreno y cientos de ciudadanos habían sido evacuados de sus casas. Unas cifras que han aumentado considerablemente desde esa fecha debido a la ininterrumpida actividad del volcán a través de sus distintas bocas eruptivas y la aparición de nuevas coladas, en medio de una intensa actividad sísmica. Además, en este tiempo la lava ha ganado terreno al mar con el consiguiente aumento de la extensión de la isla.

Nueva orografía. La erupción ha provocado numerosas coladas, una de las cuales llegó al mar el 29 de septiembre creando una fajana de grandes dimensiones. Este terreno ganado al mar, que ha ampliado la extensión de la isla, pasa a ser propiedad del Estado, de acuerdo con la ley de Costas, que establece que «son de dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas». Esta norma sigue los criterios establecidos en la Constitución de 1978, que en su artículo 132.2 dice que «son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

Hasta ahora, el Cumbre Vieja se había mantenido por encima de los 800 metros y sólo las coladas del volcán de Martín de Tagalate y la del volcán del Charco habían alcanzado el mar. Ahora, de nuevo, las distintas coladas llegadas al mar por la erupción del Cumbre Vieja han cambiado la fisionomía y la extensión de la isla de La Palma.

Respecto a la propiedad de los bienes privados afectados por desastres naturales, la citada ley especifica que siguen siendo de titularidad privada. En el caso particular de La Palma, declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2002, el futuro del terreno afectado viene determinado también por la ley del Patrimonio y la Biodiversidad y la ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. A esto se añade que el volcán Cumbre Vieja es parte del Parque Natural del mismo nombre formado por la dorsal montañosa de Cumbre Vieja, en la zona sur de la isla, y Cumbre Nueva, que conecta con la parte norte. En este parque se encuentran los conos volcánicos más emblemáticos de la historia eruptiva de la isla. Declarado Zona de Especial Conservación por la Red Natura 2000, se extiende por la mitad sur de la Isla con una superficie de 7.499,7 hectáreas. Esta extensión incluye a cinco municipios: Breña Alta, con un 7,1% de la superficie del parque; Breña Baja, con un 3,5%; Mazo, que alberga un 20% del parque; El Paso, con el 43,4%; y Fuencaliente con un 26%.

Demostrar la titularidad. Barrios enteros han quedado sepultados por el magma y son muchos los ciudadanos que lo han perdido todo: viviendas, fincas y terrenos irrecuperables que han desaparecido del paisaje o que han quedado en la llamada zona de exclusión. En medio de la desolación, los afectados necesitan demostrar documentalmente que son los titulares de esas propiedades para poder cobrar el seguro o recibir ayudas públicas. Para ello cuentan con la colaboración de los notarios que se han ofrecido a dar apoyo y asesoramiento gratuitos a los damnificados.

Uno de los aspectos más importantes a los que se enfrentan los vecinos que han perdido sus propiedades tiene que ver con los seguros. En este sentido, está siendo clave la acción del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al servicio del sector asegurador español, y entre cuyas funciones está la cobertura de los riesgos extraordinarios. El Consorcio admite que la erupción del Cumbre Vieja es una «situación excepcional» porque el volcán sigue expulsando lava y las zonas afectadas no son accesibles. Factores que hacen imposible conocer el «nivel real de aseguramiento» y, en consecuencia, «hacer estimaciones estables y fiables». Pese a estas circunstancias, el Consorcio asumirá todos los compromisos «por razón de los contratos de seguro, sea cual fuera el importe de los daños indemnizables» de acuerdo con las cláusulas del contrato de seguro que tengan los asegurados. Este organismo público sustituye a la aseguradora privada cuando el daño lo produce «alguno de los riesgos extraordinarios, como la inundación, el terremoto o la erupción volcánica».

El único límite para pagar sería el marcado en los seguros que tengan contratados los afectados. En el caso de los ciudadanos que no tengan seguro, el Consorcio no puede hacerse cargo de la indemnización de las pérdidas, pero estos sí pueden acceder a las ayudas concedidas por el Gobierno en el marco de lo aprobado tras la declaración de La Palma como «zona catastrófica».

Diez días después de que el volcán entrara en erupción, el CCS había abonado ya 625.000€ correspondientes a algunas viviendas destruidas, informa el propio Consorcio. Y a fecha de 7 de octubre, la entidad había recibido 556 solicitudes de indemnización correspondientes a 423 vivienda, 96 coches, 34 comercios y tres industriales. De ellas, 363 solicitudes procedían de Los Llanos de Ariadne; 131 de El Paso; 39 de Tazacorte; 10 de Breña Alta; cinco de Santa Cruz de La Palma; cuatro de Fuencaliente de La Palma, y otras cuatro de Villa de Mazo.

Recuperar la isla

El gobierno central, reunido el 28 de septiembre de 2021, aprobó un real decreto-ley con medidas destinadas a «la recuperación social, económica, laboral, educativa y medioambiental en la isla de La Palma y garantizar la protección de los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad», que incluyó «articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas». Días después, el 5 de octubre, aprobó un segundo real decreto-ley para la adopción de nuevas medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma que, entre otras cuestiones, recogió la ayuda ofrecida por el Notariado, concretamente, por el Colegio Notarial de Canarias.

La totalidad de la superficie de Cumbre Vieja está considerada Área de Sensibilidad Ecológica, lo que implica que existe una protección regulada de la zona con objeto de preservar sus características especiales vulcanológicas, así como su particular fauna y flora y, por tanto, existen limitaciones muy concretas desde el punto de vista urbanístico. En total, el territorio del parque ocupa el 10,5% de la superficie de la isla de La Palma, según datos del Gobierno de Canarias recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión de 2001 ampliado en 2006, donde se subraya que «se trata de una zona relativamente cerca de las poblaciones más importantes de la isla, y también de las zonas de mayor importancia desde el punto de vista turístico». En este sentido, el real decreto-ley ha concedido una subvención directa a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (RMBLP) que irá destinada a «restaurar el entorno socioeconómico y ambiental de la reserva afectado por el volcán».

OTROS ENFOQUES

-Economist & Jurist: Diego Fierro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia, escribe sobre la jurisprudencia relativa al factor de «fuerza mayor» en los casos de desastres naturales y, en concreto, cómo afecta la legislación a la erupción del volcán de La Palma.

-El País: Aborda los interrogantes legales originados por el cambio de fisonomía de La Palma producido por la lava del volcán Cumbre Vieja desde que entró en erupción.

-Noticias Jurídicas: José Manuel González Pellicer se pregunta si a la hora de buscar responsables para solicitar compensaciones por las pérdidas materiales ocasionadas por el Cumbre Vieja se debe tratar la erupción como un acontecimiento de fuerza mayor y, por tanto, imprevisible, o por el contrario, al ser un volcán monitorizado, hay que poner el foco en las administraciones que permiten urbanizar en zonas próximas al volcán.

Apoyo de los notarios 

Los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia han sido los primeros voluntarios en trasladarse a la isla de La Palma, donde han abierto tres notarías temporales para atender a los afectados por la erupción del volcán. Están instaladas en dependencias de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte a fin de coordinarse con ellos. Para ello cuentan con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado.

“Desde el 2 de noviembre cada uno de nosotros nos hemos hecho cargo de una notaría y establecido un turno de rotación para que este servicio sea continuo”, asegura el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé.

Concretamente, explica Cavallé, en la isla “muchas propiedades han sido borradas por el volcán. Unas tenían sus escrituras públicas, de las que se podrá obtener copia, pero de otras sólo existían “hijuelas” y documentación privada, con lo que se les facilitará medios para justificar la titularidad o la existencia de otros derechos. También sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos”. Por ello, explica el decano de Canarias, “con esta iniciativa pretendemos dar agilidad para ayudar a los palmeros que se hayan visto afectados prestándoles asesoramiento gratuito, adaptado a cada caso, y ayudándoles, con prontitud y transparencia, a obtener las pruebas documentales necesarias que les permitan acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, indemnizaciones o justiprecios”.

Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial. Estos libros y demás documentos, una vez finalizada su habilitación, quedarán depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

El nuevo sistema fiscal internacional

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El nuevo sistema fiscal internacional

Pagar impuestos en el país donde se desarrolla la actividad empresarial parece algo obvio, aunque la realidad no siempre es así. En una economía global cada vez más digitalizada, muchas multinacionales, principalmente tecnológicas, llevan años aprovechando la ausencia de una política fiscal internacional armonizada para evitar pagar impuestos en países en los que operan y ofrecen sus servicios. En su lugar, tributan en Estados que les ofrecen pagar menos impuestos o incluso ninguno.

MARTA RUIZ-CASTILLO

Esta práctica se conoce como «erosión de bases imponibles y traslado de beneficios» o BEPS, por sus siglas en inglés. Ponerle fin es lo que pretende el acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas del G7, los siete países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón), reunidos en Londres el 5 de junio. «Es una satisfacción para mí anunciar que hoy hemos alcanzado un histórico acuerdo para reformar el sistema fiscal global de forma que las empresas paguen los impuestos adecuados en los lugares que les corresponden», anunció el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak.

Tipo impositivo. El acuerdo del G7 propone una fiscalidad global más estable y equitativa mediante la reasignación de beneficios de las multinacionales, estableciendo un tipo impositivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para empresas que tengan un margen de beneficios superior al 10% independientemente de dónde tengan su domicilio fiscal.

Este «histórico» anuncio recibió el respaldo de los ministros de Economía y Finanzas y de los gobernadores de los Bancos Centrales del G20 (grupo formado por 19 países desarrollados y emergentes, además de la UE), en una reunión celebrada en Venecia la primera semana de julio.

Se espera que el nuevo sistema fiscal internacional, que lleva años debatiéndose, primero a través del Proyecto BEPS y después en el Marco Inclusivo sobre BEPS, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, ponga fin a una «elusión fiscal» legal pero muy perjudicial para las economías de muchos países, entre ellos España, protagonizada por multinacionales que, como denuncia la OCDE, «llevan años trasladando sus beneficios de forma artificiosa a países con escasa o nula tributación, sobre todo, a partir de la digitalización de la economía».

Una práctica, añade la OCDE, que tiene efectos perjudiciales para todos: gobiernos, ciudadanos y empresas. Para los gobiernos porque «dejan de recaudar los fondos que tanto necesitan. Las estimaciones más conservadoras sitúan la pérdida recaudatoria entre el 4% y el 10% de los ingresos fiscales procedentes del Impuesto de Sociedades». Es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, que podrían destinarse a gastos sociales como educación, sanidad o pensiones.

A los ciudadanos, esta situación les perjudica porque, al final, son los que asumen el coste de estas prácticas mediante el aumento de los impuestos por servicios que, en otras circunstancias, se financiarían con los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades.

En cuanto a las empresas nacionales, su margen de beneficios es considerablemente inferior al competir con multinacionales que pueden reducir la presión fiscal trasladando sus beneficios a países más ventajosos fiscalmente.

Apoyos y reticencias. «Se ha dado un paso audaz, uno que pocos creían posible hace tan solo unos meses», manifestó Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía. «Se trata de una victoria de la equidad fiscal, la justicia social y el sistema multilateral», añadió tras conocerse el acuerdo del G7 refrendado por el G20.

La cuestión es si todos los miembros de la Unión Europea llegarán a un consenso sobre este acuerdo crucial, dado que socios como Irlanda, considerado por algunos países como un «paraíso fiscal», ya han expresado sus recelos. «Estamos comprometidos a negociar para ver si podemos entrar en el acuerdo en algún momento, pero yo sigo defendiendo el 12,5% (del Impuesto de Sociedades)», declaró el ministro de Economía, Paschal Donohoe, en una comparecencia pública en julio, en la que recordó que ésta «ha sido una característica clave de nuestra política económica desde hace décadas» y, por consiguiente, «lo que está sobre la mesa en este momento es un acuerdo del que Irlanda no puede formar parte».

Para Facebook, una de las principales multinacionales afectadas cuando entre en vigor el acuerdo, éste supone «un primer paso importante hacia la certeza para las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial», manifestó el vicepresidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, a través de su cuenta de Twitter. «Nuestra compañía ha pedido durante mucho tiempo la reforma de las normas fiscales globales y damos la bienvenida al importante progreso logrado en el G7». «Queremos que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconocemos que esto podría significar que Facebook pague más impuestos y en diferentes lugares», añadió.

Sin embargo, para organizaciones como Oxfam Intermón, organización internacional que trabaja para acabar con las desigualdades sociales y económicas, “no hay que llevarse a engaño». Este acuerdo «no supondrá el final de la competencia fiscal desleal ni de los paraísos fiscales», asegura el responsable de fiscalidad, Íñigo Macías, en la web de la entidad. «El tipo mínimo del 15% es muy poco ambicioso, y puede incluso ser el punto de partida para que otros países justifiquen recortar el tipo nominal en el Impuesto de Sociedades, como ya empieza a plantearse en países como Dinamarca y Australia».

Marco Inclusivo. Lo acordado por el G7 es el resultado de los trabajos técnicos del Proyecto BEPS iniciados en 2013 que derivaron en el Marco Inclusivo sobre BEPS en 2020. Los países de la OCDE y del G20, en colaboración con otros organismos y entidades relevantes, han diseñado un plan de acción de 15 puntos que plantea distintas soluciones. En este tiempo han proseguido los trabajos en esa dirección y ha aumentado el número de países participantes. Un total de 135 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PIB mundial, se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal que permita adaptar el sistema impositivo internacional a las nuevas necesidades y retos que plantea la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI, además de darle más estabilidad y seguridad.

“Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, asegura el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

El trabajo técnico del enfoque del Marco Inclusivo deberá concluir en octubre, así como el plan para su puesta en marcha prevista en 2023.

Impacto económico

«Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global», se felicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter tras hacerse público el acuerdo del G7. Una propuesta, añadió, que «permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social».

El Observatorio Fiscal Europeo, en su informe Recaudando el déficit fiscal de las empresas multinacionales: simulaciones para la Unión Europea, estima que la recaudación podría obtenerse por los países miembros de la UE de establecerse un impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

En el caso concreto de España, con el 15% recuperaría 700 millones de euros en recaudación adicional, una cifra que ascendería a 5.400 millones si el tipo impositivo mínimo fuera del 21%, como propuso Biden, y a 12.400 millones si se fijara en el 25%.

135 países se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal

OTROS ENFOQUES

-The Conversation: Se plantea si, al final, quienes acabarán pagando el nuevo impuesto global serán los consumidores y los proveedores de bienes y servicios a las multinacionales.

-Gestión: Explica los dos pilares en los que se asienta el acuerdo sobre impuestos a las multinacionales con cifras sobre cómo repercutirá en las empresas afectadas y los beneficios que tendrá para los países, sobre todo, los emergentes.

Business Insider: aborda el caso de Amazon y plantea que podría «escaparse» del nuevo tipo mínimo de sociedades consensuado por el G7.

-BBC: Cinco claves para entender en qué consiste el impuesto mínimo global a las multinacionales y por qué es importante.

¿El fin de la competencia fiscal?

Para Oxfam Intermón, el hecho de que no se haya atendido la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de fijar el tipo mínimo impositivo a las multinacionales en el 21% y se haya acordado un tipo mínimo del 15%, evidencia que la Unión Europea ha optado por alinearse con «sus propios paraísos fiscales». Muchas corporaciones aprovechan los bajos tipos nominales de países como Irlanda (12,5%), Hungría (9%) o Países Bajos (5%) para establecer allí sus sedes europeas.

«La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?», por Antonio Durán-Sindreu

EN PLENO DEBATE


ANTONIO DURÁN-SINDREU,
profesor UPF, doctor en Derecho y asesor fiscal
 
 

La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?

@aduransindreu

Antonio Durán-Sindreu

Justo antes del verano, el G20, previo acuerdo del G7 y de la OCDE, acordó crear un impuesto mínimo global del 15% sobre el beneficio de las multinacionales, acuerdo que se ha calificado como de histórico.

El objetivo del presente artículo no es analizar su contenido, sino hacer algunas reflexiones al respecto.

En este sentido, lo primero que hay que subrayar es que dicho acuerdo representa en cierto modo el fracaso hasta la fecha en la lucha internacional contra la deslocalización de los beneficios, cuyo precedente inmediato es el denominado Plan BEPS.

A lo anterior hay que añadir que la intención de la UE, que no la de la OCDE, nunca ha sido la de luchar realmente contra la elusión o el fraude, sino contra las ayudas de Estado; en particular, contra los acuerdos o medidas fiscales que distorsionan la competencia entre los mismos.

La diferencia es sutil pero importante.

Por otra parte, el acoso y derribo contra los paraísos fiscales tampoco tiene su origen en una iniciativa del G7, G20, OCDE, o de la UE, sino en el atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y que puso en marcha la lucha contra la financiación del terrorismo, entre otros, contra los paraísos fiscales.

No obstante, los principales avances al respecto no se han conseguido tampoco por tal motivo, sino por iniciativas, fruto, entre otras, de denuncias y similares.

Por último, no se puede tampoco ignorar que la terrible pandemia del COVID ha azotado duramente las finanzas públicas incrementando la deuda pública de la mayoría de los países.

En este contexto, la necesidad de mayores ingresos públicos, esto es, de más impuestos, es para los Estados una imperiosa necesidad.

Incrementarlos en cuantía suficiente es posible a través del IRPF, del IVA, o de los Impuestos Especiales, impuestos, no obstante, cuya subida sacudiría, aún más, a la casi exterminada clase media.

Era pues necesario conseguir ingresos por otra vía que no fuera impopular. Y esta no es otra que creando un impuesto global mínimo de sociedades.

Las consecuencias económicas del COVID han sido pues el verdadero acicate para cerrar una larga negociación, o, si se prefiere, para conseguir un acuerdo al que, en otro contexto, dudo que se hubiera llegado.

Pero que no se me entienda mal. El nuevo impuesto no solo es necesario, sino que es un acierto. Y lo es porque las grandes empresas gozan de una tributación mundial efectiva muy baja que pone en jaque el propio principio de progresividad, o, si se prefiere, que pague más quien más tiene. Vaya, que es insostenible en términos de equidad.

En efecto, en el marco de la más estricta legalidad, las grandes empresas, aprovechándose de la globalización, de las lagunas de las diferentes legislaciones, de la baja tributación de muy diversos Estados o países, y de otras muchas circunstancias, están consiguiendo una tributación efectiva en el IS muy inferior a la pretendida en cada uno de sus países de origen y en comparación con las empresas de ámbito nacional y con los tipos efectivos del IRPF.

Era pues necesario recuperar la equidad.

El impulso para conseguirlo ha sido, insisto, y en mi opinión, la necesidad de mayores recursos públicos que permitan reducir la deuda pública de los diferentes países y financiar el mayor gasto público que se necesita para apuntalar los pilares básicos del Estado del Bienestar.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el acuerdo es sin duda histórico porque soluciona una de las asignaturas pendientes en cuanto a fiscalidad societaria internacional.

Dudo, sin embargo, que si el drama del COVID no nos hubiese afectado a nivel mundial, el resultado hubiera sido el mismo. Ha sido pues el COVID, y la urgente necesidad de mayores ingresos públicos, el que ha permitido en realidad alcanzar este histórico acuerdo. Sin tales antecedentes, dudo mucho que este artículo se publicara.

Dicho lo anterior, hay que subrayar que no se puede criminalizar el ahorro fiscal lícito, incluida la utilización de países de baja tributación.

El Impuesto sobre Sociedades es un coste para las empresas. Igual que lo es la nómina, la luz, el alquiler, el IBI, y un sinfín de conceptos.

Por su parte, la obligación de todo buen empresario es la de optimizar sus costes con el único límite de la legalidad y, si se nos permite, del necesario comportamiento ético.

Una de las vías de reducir los impuestos, es la de deslocalizar los beneficios hacia territorios de baja o nula tributación, siempre, insistimos, que se trate de una deslocalización que se fundamente en lo que se denominan motivos económicos válidos.

El problema, pues, no es tanto la baja tributación mundial de las grandes empresas, o la citada deslocalización, sino la competencia fiscal internacional por atraer a las diferentes compañías, competencia que, por sus características, se focaliza en las más grandes.

Sin embargo, ese legítimo comportamiento hace chirriar alguno de los principales principios constitucionales en materia tributaria si comparamos su tributación con la de aquellas personas y/o sociedades residentes en un determinado país o Estado sin posibilidad de deslocalización.

En este sentido, se produce un agravio comparativo entre la tributación efectiva de unos y otros contribuyentes.

En este contexto, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el acuerdo del G20 es sin duda histórico porque cierra una larga negociación restableciendo la equidad fiscal interna e internacional con relación a los beneficios de determinadas empresas, y disuade, de hecho, y, en parte, su deslocalización agresiva.

Invertir en investigación

EN PLENO DEBATE

Invertir en investigación

La llegada de Joe Biden aue Trump inició con China y continuó con la UE mediante la imposición de aranceles a productos europeos.

MARTA RUIZ-CASTILLO

Investigar en España sigue siendo un complicado reto para una comunidad científica que, en momentos de crisis, es la primera en quedar relegada a un segundo plano. La pandemia ha reabierto el debate sobre la urgente necesidad de invertir en investigación. La Unión Europea pide a los socios comunitarios que aumenten el gasto del Producto Interior Bruto en I+D+i hasta alcanzar el 3%, de forma que la investigación sea sostenible y asegure el porvenir de los 27.

España está lejos de alcanzar esa cifra, aunque parece haber un cambio de los legisladores respecto a la necesidad de dedicar más dinero del presupuesto general a investigación. “Existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la Unión Europea sobre el valor de la ciencia como fuente de bienestar para el porvenir, también en tiempos de crisis», admitió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Duque, durante la presentación del Pacto por la Ciencia y la Innovación en el Parlamento a primeros de marzo. Un documento suscrito por 72 organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores que incluye compromisos concretos respecto a los recursos materiales y humanos necesarios para impulsar de forma continuada y sostenible la inversión pública en I+D+i.

Los objetivos del pacto contemplan mejorar la financiación de la investigación de calidad; reforzar la inversión de las políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial; y mejorar la regulación en I+D y los incentivos para los investigadores que participen en actividades de emprendimiento.

En el ámbito de los recursos humanos, apuesta por consolidar la carrera científica en el sector público mediante la Ley de Ciencia, cuyo borrador ha sido criticado por la Confederación Española de Sociedades Científicas por considerar que «va en contra de la excelencia científica». En respuesta al ministro Duque, quien aseguró que la ley va a «luchar contra la precariedad en la ciencia», la confederación lamenta en un informe hecho público a mediados de abril que la propuesta «no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento» y «dificultará aún más la estabilidad de los investigadores».

Más financiación. La comunidad científica hace años que pide a los legisladores más dinero para investigación, y la actual coyuntura sanitaria parece el momento adecuado para introducir reformas en el modelo productivo, dando prioridad al sector. Una amplia mayoría de ciudadanos cree también que se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas, según los resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en 2020 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, publicados el 2 de junio. El 85% de la los encuestados cree que el Gobierno central debe liderar la inversión con planes concretos. El 80% cree que los gobiernos autonómicos tienen que dedicar más dinero al campo de la investigación, y el 71% cree que deberían hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, aprobado por los 27 para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia, va a permitir a España contar con un «presupuesto récord» para ciencia, tecnología e innovación en 2021 que supone un 60% más que en 2020. En él se establece la necesidad de reformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la eficacia, coordinación y gobernanza del mismo; potenciar la carrera científica; favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad; reforzar la colaboración y la coordinación entre el ámbito público y privado; y aumentar la inversión en I+D+i en sectores estratégicos.

Para ello, se parte de una situación en la que el gasto en investigación y desarrollo en España fue de 15.572 millones de euros en 2019, un aumento del 4,2% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,25% del PIB, frente al 1,24% de 2018, según los últimos datos del INE. Pese a ese incremento, España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación y para que se sitúe a la altura de los que más gastan, el Gobierno propone un incremento continuado de la financiación pública hasta alcanzar el 3% en 2030.

Horizonte Europa. La UE ha aprobado un nuevo programa marco para el período 2021-2027, un «instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i» de los 27 y alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+I. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, «contará con el mayor presupuesto hasta la fecha y generará importantes beneficios económicos, sociales y científicos». Se estima que creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y consolidará el liderazgo de Europa en I+I. «El programa está diseñado con una mentalidad de inversión y contará con una planificación que ayudará a la UE a realizar la transición hacia un futuro próspero y sostenible», aseguran las autoridades europeas.

Financiará proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores; apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador con actividades de movilidad internacionales; invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las infraestructuras de investigación de nivel mundial. Financiará la investigación, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales: salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc. Apoyará la creación de asociaciones europeas entre los 27 y la industria para trabajar conjuntamente en I+I, y el Centro Común de Investigación asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de decisiones, aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.

El programa busca hacer de Europa «una potencia pionera en la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras», fomentando la integración de la investigación, la educación superior y el emprendimiento mediante las comunidades de conocimiento e innovación. «Se trata de ayudar a los países miembros en sus esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación», y especialmente, a aquellos Estados que, como España, tienen un menor rendimiento en I+I.

Todos a una contra la
Covid-19
La pandemia ha demostrado lo necesaria que es la investigación para hacer frente a una crisis sanitaria mundial como la actual y obtener una respuesta rápida y eficaz, como ha ocurrido con la elaboración de vacunas contra el coronavirus en un tiempo récord. Los acuerdos entre compañías desarrolladoras de vacunas contra el coronavirus y las que tienen capacidad de participar en la producción y una mejor distribución de las dosis disponibles entre los países con menos recursos, están siendo claves para que la vacunación logre en el menor tiempo posible la inmunidad de grupo en todo el mundo, según datos que manejan organizaciones internacionales que están trabajando sobre el terreno. “Este tipo de colaboración ha sido fundamental para ampliar la fabricación de vacunas. En tiempos anteriores a la Covid-19, la capacidad total para producir todo tipo de vacunas era de 5.000 millones de dosis para todas las vacunas. Ahora, sólo para las vacunas contra el coronavirus, los fabricantes han aumentado la nueva capacidad de cero a 10.000 millones de dosis. En cuestión de meses, no de años, buscamos multiplicar la capacidad mundial de vacunas”, explicaba recientemente Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica. Las vacunas contra el coronavirus, además de su complejidad, en algunos casos son vacunas con tecnologías completamente nuevas y condiciones de producción y conservación muy especiales, no experimentadas antes a nivel industrial. «Es, por tanto, un desafío poder producir a gran escala estas vacunas», apunta el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en la página web de la entidad. «Este modelo ha permitido el hito de que en menos de diez meses hayamos dispuesto de vacunas contra la Covid-19, un coronavirus que sólo hace un año no se conocía. Todo el trabajo investigador de décadas auspiciado por este modelo y la experiencia y liderazgo de la industria farmacéutica, junto a la colaboración en ámbito global, han facilitado este logro sin precedentes. La propiedad industrial es la gran impulsora del progreso terapéutico», añade.

España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación

OTROS ENFOQUES

El País/Le Figaro: El reportaje de Horia Mustafa Douuine pone de manifiesto cómo la inversión de los países de la UE en investigación sigue siendo una cuestión pendiente. Solo 14 miembros de la UE invierten más del 2% en I+D.

Elconfidencial.com: Pedro Luis Sánchez, director de estudios de Farmaindustria, escribe sobre la importancia que tienen las patentes en la investigación, en el marco de la polémica suscitada en torno a las mismas con la llegada de las vacunas contra la Covid-19.

El Correo: el reportaje aborda la situación precaria de los investigadores en España y su reconocimiento en otros países.

Bloglenovo de Innovación y Ciencia: Marcos Martínez presenta Así es el Ranking mundial de los países según el PIB que dedican a ciencia, con los países más avanzados y los que se están quedando atrás en función de lo que invierte en investigación, desarrollo e innovación.