En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “solo una Europa unida —y reunificada— puede ser una Europa independiente” y que, para Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales, “su futuro está en nuestra Unión”. Tanto la presidenta von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han definido la ampliación como una “opción estratégica”. La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, la ha calificada de “prioridad política” y la comisaria de Ampliación, Marta Kos de “estabilizador geopolítico de Europa”.

En un panorama geopolítico marcado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los desafíos al Derecho internacional, la desinformación y la instrumentalización de las dependencias, la ampliación no es solo una política hacia los países vecinos. Es también una de las herramientas más poderosas de la UE para promover la paz, la prosperidad, la estabilidad y la seguridad, así como para reforzar su capacidad de actuación.

En 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España y Portugal a la UE. La experiencia española muestra el potencial transformador de la adhesión: ha contribuido a fortalecer la democracia, modernizar la economía y las infraestructuras y mejorar los niveles de vida. A su vez, España ha dejado su huella en el proyecto europeo, promoviendo derechos y libertades, ampliando las oportunidades para estudiar, trabajar y viajar y contribuyendo a profundizar las relaciones de la UE con América Latina y el Mediterráneo.

Esto refleja una característica esencial de toda ampliación: los nuevos Estados miembros se transforman con la adhesión y, al mismo tiempo, contribuyen a transformar y a reforzar la Unión.

El reto de una nueva ampliación

Actualmente hay nueve países candidatos—Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania—, así como un candidato potencial, Kosovo. Además, tras el referéndum del 29 de agosto, Islandia ha decidido no reanudar las conversaciones de adhesión a la UE, pero sigue estrechamente vinculada a la UE a través del Espacio Económico Europeo.

Más de una década después de la adhesión de Croacia en 2013, la ampliación ha recuperado impulso en un contexto profundamente distinto, marcado por el Brexit, la pandemia de COVID-19 y las guerras en las fronteras de la UE.

El 14 de julio de 2026, descrito por la comisaria Kos, como un “súper martes para la ampliación”, la presidencia irlandesa del Consejo celebró cuatro conferencias de adhesión en un solo día. Apenas un mes después de abrir en junio el primer grupo temático sobre aspectos fundamentales (Estado de Derecho; derechos fundamentales; criterios económicos), Ucrania y Moldavia abrieron un segundo, sobre relaciones exteriores. Montenegro y Albania, por su parte, cerraron provisionalmente otros capítulos de negociación. Montenegro aspira a concluir las negociaciones a finales de 2026 y Albania a finales de 2027.

El renovado impulso también se refleja en la opinión pública europea: frente al 37 % de apoyo a la ampliación en 2013, el Eurobarómetro de 2025 registró un apoyo del 56 %.

Pero este impulso plantea también una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar que una UE más grande sea también más fuerte y capaz de actuar de forma más eficaz?

En su Resolución de marzo de 2026 sobre la ampliación, el Parlamento Europeo advirtió del riesgo de que la falta de avances genere “zonas geopolíticas grises” vulnerables a influencias externas malignas. Los costes de la no ampliación van, por tanto, más allá de las injerencias extranjeras e incluyen riesgos para la seguridad y oportunidades económicas perdidas, con posibles implicaciones para el papel geopolítico de la UE.

Ampliación y reforma de la UE

La adhesión es y seguirá siendo un proceso basado en méritos. Como ha subrayado la comisaria Kos, no puede haber “ningún ajuste a la baja de las reformas”. Pero un proceso basado en los méritos no tiene por qué ser lento, como ha señalado la presidenta von der Leyen.

También es fundamental reforzar el proceso de adhesión, desde mayores salvaguardias frente al retroceso democrático y las deficiencias del Estado de Derecho hasta fórmulas de integración gradual o nuevas modalidades de asociación para los países candidatos. Esta integración progresiva ya está teniendo lugar, con una participación creciente en políticas y programas de financiación de la UE antes de la adhesión. También los países candidatos están siendo incluidos en los informes periódicos de la Comisión sobre el estado de derecho.

Pero la adhesión tiene también una importante dimensión interna. La propia UE debe ser capaz de actuar eficazmente en un escenario con más de 30 Estados miembros, en particular en materia de valores y Estado de Derecho, gobernanza y toma de decisiones -incluida la cuestión de la unanimidad-, políticas y presupuesto. Para ello habrá que aprovechar plenamente las posibilidades de los tratados actuales y, si fuera necesario, considerar su reforma.

La ampliación debe ir acompañada, por tanto, de una mayor integración y modernización de la Unión. Está en el propio interés estratégico de la UE, pero tanto la Unión como los futuros Estados miembros deben estar preparados. Este otoño están previstas las revisiones de las políticas previas a la ampliación. En este contexto, la Comisaria Kos ha señalado recientemente cuatro aspectos, en línea con los retos mencionados anteriormente, para generar consenso en torno a la ampliación: analizar el posible impacto de futuras adhesiones; debatir las reformas internas necesarias para que una UE más grande siga siendo capaz de actuar; reforzar las salvaguardias de los valores fundamentales de la Unión y estudiar todas las modalidades más ambiciosas de integración. El Consejo Europeo de octubre ofrecerá una oportunidad para hacer balance y reflexionar sobre el camino a seguir.

Hay pueblos en España donde todavía se dejan las llaves puestas en la puerta, la gente se sigue saludando por la calle y una casa representa la memoria de una familia. Sin embargo, muchos de esos pueblos viven hoy entre persianas bajadas y carteles de “se vende” que nadie mira.

Se habla mucho de la España vaciada y de la despoblación. Las estadísticas suelen ser frías, pero a veces retratan realidades incómodas: casi la mitad de las casas vacías de España se concentran en el entorno rural (unos 3,8 millones de inmuebles, según el INE).

Inseguridad jurídica

En el debate público sobre cómo movilizar este patrimonio, se suele apelar a recargos en el IBI o a incentivos fiscales. Son medidas necesarias pero incompletas si se analizan exclusivamente desde un despacho urbano. El verdadero freno para que una casa de pueblo vuelva a tener vida no siempre es el dinero, a menudo es la inseguridad jurídica. Y es aquí donde la función notarial sobre el terreno resulta indispensable.

Para quienes ejercemos el Notariado en municipios como Falset (Tarragona), con una población de unos 2.800 habitantes aproximadamente, esa cifra no es una abstracción, sino el paisaje de cada mañana. Detrás de cada balcón desconchado y de cada cerradura oxidada no suele haber una fría estrategia de especulación, sino algo mucho más complejo: una telaraña de herencias inconclusas, dudas legales y un arraigo que se resiste a morir, pero que ha olvidado cómo avanzar. Para rehabilitar una vivienda rural, antes hay que rehabilitar su historia jurídica. Ahí el Notariado cumple una función social, aunque pocas veces visible.

Cuando llegué a mi destino en Falset, comprendí pronto que la famosa ´capilaridad´ del Notariado no es un concepto retórico, sino un servicio de urgencias jurídicas. En el mundo rural, el notario es, con frecuencia, el último faro institucional que permanece encendido mientras las oficinas bancarias bajan el cierre y los servicios se alejan. Somos el asesor de cabecera, esa autoridad cercana a la que un vecino puede acudir a consultar un problema sin necesidad cita previa o meses de antelación.

Artesanos del Derecho

Nuestra labor consiste en ser artesanos del Derecho. Dedicamos horas a desenredar particiones complejas, buscar el consenso entre copropietarios que ni siquiera se conocían y a dotar de certezas un patrimonio que, de otro modo, acabaría en ruina estructural. Aquí escuchamos historias familiares que se remontan a tres generaciones, localizamos fincas sin registrar, interpretamos voluntades dichas “de palabra”, o ayudamos a personas mayores que llegan con sus carpetas de gomas llenas de papeles desgastados por el tiempo relativas una masía que perteneció al abuelo y que nadie inscribió nunca.

Cada vez que logramos formalizar una venta difícil o ayudar a una pareja joven a adquirir esa casa que llevaba décadas cerrada, sentimos que estamos combatiendo el olvido.

Cuando pienso en el futuro de nuestra profesión, me dirijo inevitablemente a quienes hoy pasan largas jornadas devorando el temario de la oposición. Existe el mito de que el destino ideal es una plaza en una gran capital. Permítanme disentir.

Es en los pueblos donde el Notariado despliega su función social más pura y gratificante. Aquí no eres un anónimo: eres el notario del pueblo. Escuchas a las familias, aconsejas en la mesa de la cocina si es necesario, calmas los ánimos en una partición difícil y ves el impacto directo de tu trabajo en la comunidad. Animo firmemente a las nuevas promociones a buscar estos destinos no como un trámite de paso, sino como una escuela de vida y de derecho.

En muchos pueblos hay casas vacías, pero también personas que querrían rehabilitarlas, comprarlas o volver a ellas. El problema es que entre unas y otras existe, con frecuencia, un laberinto jurídico que alguien tiene que ayudar a atravesar. Ese alguien suele ser el notario rural.

Acompañar a las familias

Y quizá por eso el mundo rural sigue necesitando notarios jóvenes que quieran instalarse en él. Porque ejercer en un pueblo significa acabar acompañando a las familias en todos los momentos importantes de su vida: compras, herencias, matrimonios, proyectos, despedidas.

La recuperación de la España interior no vendrá solo de la mano de la fibra óptica o de los planes estatales, aunque sean bienvenidos. Vendrá si garantizamos que vivir en un pueblo no signifique ser un ciudadano de segunda en cuanto a acceso a la justicia preventiva. La presencia del notario en el territorio asegura que un habitante de la comarca del Priorat tenga exactamente las mismas garantías y el mismo asesoramiento de excelencia que el residente de la calle Serrano de Madrid o el Paseo de Gracia de Barcelona.

El notario rural no es una figura del pasado, sino parte de la solución futura. Un profesional cercano, accesible y capaz de transformar problemas aparentemente enquistados en oportunidades para que los pueblos vuelvan a tener vida.

Después de aprobar las oposiciones y una vez asignada una plaza para comenzar su andadura profesional, los nuevos notarios se enfrentan a un nivel de novedades que probablemente no han visto con anterioridad. Dominar el Sistema Integrado de Gestión del Notariado, SIGNO, el software para la redacción de escrituras, la gestión de la notaría o conocer todos los requisitos que deben reunir los distintos textos legales, son algunos de los retos a los que se exponen. Como seguramente habrán vivido cada uno de ustedes en su vida profesional, existen ciertas diferencias entre la teoría y la práctica, que requieren un cierto período de adaptación.

Una visión de 360°

En estos inicios y dependiendo del contexto, el destino y el tipo de notaría, algunos notarios optan por comenzar solos, y otros se apoyarán en oficiales, que o bien ya trabajaban en la notaría o han sido contratados. Ambas posibilidades tienen su aspecto positivo, en el primer caso el notario adquiere una visión de 360° de cómo funciona todo y, en el segundo, permite acelerar su aprendizaje, apoyándose en personas con experiencia en este mundo laboral. El que escribe estas letras eligió la primera opción, con el objetivo de empezar desde abajo y entender todos los entresijos de la notaría.

Mi primer destino ha sido Muxía, un precioso pueblo costero de 5.000 habitantes situado en Galicia. Conocido por ser uno de los terrenos más afectados por el drama del Prestige, es una península que cuenta con playas espectaculares como la de Os Muiños o Lourido, ésta última formando parte del

Camiño dos Faros, un recorrido de casi 200 kilómetros entre Malpica y Finisterre. Al final del pueblo y al borde del mar, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Barca y las piedras de su entorno, que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía-Finisterre. Las fiestas de la Barca, celebradas en septiembre, paralizan el pueblo y han sido reconocidas como de interés turístico nacional. A escasos kilómetros y con grandes vistas se encuentra el parador de Muxía, que presenta la tasa de ocupación más alta de toda España.

Transcurridos unos meses, el notario empieza a conocer las peculiaridades de la zona y las preocupaciones de su gente. En Muxía los padres “quiere reconocer a los hijos”, una expresión popular que significa que desean nombrarles herederos en sus testamentos. También genera confusión la aceptación de herencia, al creer que solo con un testamento ya han adquirido el patrimonio del difunto. Es habitual la solicitud de que “les arregles los papeles”, es decir, que puedas explicarles sin tecnicismos cuál es su situación jurídica.

Una persona de confianza

El notario se convierte en una persona de confianza, a la que le cuentan sus problemas y preocupaciones con la esperanza de alcanzar una solución. Se trata de una población que presenta especiales vínculos con Suiza (por la emigración), por lo que siempre suele haber algún componente de derecho internacional. La ubicación de los inmuebles, también exige tener conocimientos acerca de la ley de costas, ya que con frecuencia se invade el dominio público marítimo terrestre. Con el paso de los meses y desarrollo de la práctica, se valora en mayor medida todo lo estudiado durante los años de oposición.

El notario actúa como un garante de la legalidad, debiendo constatar que el texto se adecúa a los requisitos formales y los otorgantes firman con pleno conocimiento de todas las circunstancias que vinculan a la escritura. En este aspecto, el juicio de capacidad cobra una relevancia significativa, cancelando cualquier firma en la que se pueda albergar dudas acerca de la falta de discernimiento/conocimiento de alguno de los interesados. Esta obligación se extiende a cualquier clase de negocio jurídico, por muy sencillos que puedan parecer algunos.

Como ejemplo, hace unos días compareció en mi notaría un señor con problemas auditivos que quería ratificar una escritura otorgada en otra ciudad (en la que ese señor era representado con mandato verbal, insuficiente para la validez del documento). Al preguntarle en qué consistía la escritura que quería ratificar, me dice que “quiere renunciar a todo” y le explico que en la escritura citada aceptaría la herencia. Le explico todo en detalle y le invito a que pueda leer con calma el documento (en su casa o en la notaría) para que lo ratifique en otro momento, si lo considera, una vez que sea consciente de su contenido. Debemos tener especial atención con las personas más vulnerables, asegurándonos de que pueda cumplirse realmente su voluntad y evitando cualquier intento de manipulación de terceros.

Se trata de una profesión en constante aprendizaje que abarca múltiples campos del derecho civil, mercantil o hipotecario, entre otros, por lo que es imprescindible mantenerse actualizado para dar un buen servicio. Desde celebrar matrimonios, hasta expedientes para la inscripción de fincas en el Registro de la Propiedad o una fusión de sociedades, todos ellos requieren una preparación para que las escrituras puedan surtir los efectos deseados.

El mundo rural es, en mi opinión, el lugar idóneo para dar los primeros pasos, teniendo un contacto más directo con los clientes, y un menor volumen de trabajo que nos permita crecer y entender en que consiste esta profesión para cumplir con acierto lo que dice el famoso refrán: “Antes de correr hay que aprender a andar”.

La energía nuclear ha sido objeto de debate desde sus orígenes, marcados por el desarrollo bélico en el Proyecto Manhattan. Sin embargo, el mundo actual ya no se sitúa en ese contexto. Los desafíos de la sociedad del siglo XXI son distintos y, en buena medida, pueden formularse en términos energéticos: una demanda creciente; la seguridad del suministro —o independencia energética; la asequibilidad económica; y, no menos importante, la minimización del impacto medioambiental. Cualquier pronunciamiento riguroso sobre el papel actual de la energía nuclear exige, por tanto, considerar de manera conjunta todos estos factores, dejando al margen dogmas ideológicos y alimentando el debate con hechos y realidades verificables.

Escala mundial

A escala mundial, la energía nuclear continúa siendo una fuente relevante de generación eléctrica. En 2025 representó el 9 % de la electricidad total producida y más del 20 % de la electricidad libre de emisiones de carbono, solo por detrás de la hidráulica. Para contextualizar estas cifras, la producción anual de electricidad de origen nuclear equivale aproximadamente a 40 veces el consumo eléctrico de todos los hogares de España, o al consumo anual de unas 200 ciudades del tamaño de Madrid. En términos de emisiones, ello supone evitar una cantidad de CO₂ equivalente a las emisiones totales de España durante más de dos años. Esta electricidad se generó en 416 reactores nucleares distribuidos en más de treinta países. En la actualidad, se encuentran en construcción más de setenta reactores —aproximadamente el 25 % de la capacidad instalada— y, desde 2023, han entrado en operación 12 nuevos reactores. En conjunto, estos datos muestran que la energía nuclear cubre una fracción significativa de la demanda eléctrica mundial, contribuye de forma sustancial a la descarbonización de la actividad humana y presenta una escalabilidad tecnológica plenamente demostrada.

Estas magnitudes se ven reforzadas por posicionamientos expresados en foros internacionales, como los recogidos por la Agencia Internacional de la Energía durante la COP21, a partir de evaluaciones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático): «De mantenerse las tendencias actuales, el cumplimiento de los objetivos climáticos para 2050 podría requerir un aumento de la capacidad de generación nuclear superior a un factor seis». Más recientemente, cerca de cuarenta países han suscrito la denominada Declaración para Triplicar la Energía Nuclear, promovida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la COP28 (2023), con el respaldo de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE y de la Asociación Nuclear Mundial. El objetivo de esta iniciativa es triplicar la capacidad nuclear global de aquí a 2050 como estrategia clave para alcanzar la neutralidad climática y limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Entre los argumentos esgrimidos destacan: su contribución a la mitigación del cambio climático al no emitir gases de efecto invernadero; el refuerzo de la soberanía y seguridad energética, al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y garantizar un suministro estable las 24 horas del día; y su viabilidad técnica y económica, tanto por la operación segura a largo plazo de los reactores actuales como por el desarrollo de nuevas tecnologías, en particular los reactores modulares pequeños (SMR, Small Modular Reactors).

Un giro notable

En Europa, más del 25 % del consumo eléctrico se cubre con energía nuclear —producida en más de un centenar de reactores—, lo que representa aproximadamente el 50 % de la electricidad consumida libre de emisiones de CO₂. A raíz de la crisis energética y de la necesidad de avanzar en la descarbonización de todos los sectores industriales la percepción de la energía nuclear está experimentando un giro notable. Declaraciones públicas recientes de altos responsables políticos así lo reflejan, como las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen («Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones»), o del canciller alemán Friedrich Merz («Fue un grave error estratégico eliminar progresivamente la energía nuclear, con un elevado coste para la economía»). Pero la realidad va más allá de declaraciones. A la apuesta sostenida de países como Francia o Eslovaquia, donde la contribución nuclear al sistema eléctrico supera el 60 % —casi el 70 % en el caso francés—, se suma el cambio de orientación observado entre 2022 y 2023 en otros países europeos, que han pasado de estrategias de abandono progresivo a planes de reintroducción o expansión nuclear. Tal es el caso de Bélgica, Países Bajos e Italia, este último protagonizando el primer intento serio en décadas desde los años ochenta. Las principales líneas de actuación contemplan tanto la extensión de la vida útil de las centrales existentes, bajo condiciones estrictas de seguridad, como la construcción de nuevos reactores, de gran potencia y modulares.

Merece especial atención la tecnología de los reactores modulares pequeños (SMR). Su potencial resulta considerable: mayor flexibilidad económica, gracias a menores costes iniciales y a la posibilidad de inversiones escalonadas; plazos de construcción más reducidos, derivados de su diseño estandarizado y fabricación en serie; modularidad, que permite adecuarlos a distintas escalas de demanda y facilita su despliegue en regiones aisladas; y mejoras adicionales en seguridad, mediante la incorporación de sistemas pasivos y diseños simplificados que reducen el riesgo de accidentes graves. Asimismo, los SMR amplían el abanico de aplicaciones energéticas al no limitarse a la generación eléctrica, sino también al suministro de calor industrial o a la producción de hidrógeno, lo que incrementa su impacto potencial en la descarbonización de sectores no eléctricos. Todo ello los posiciona como una opción especialmente atractiva en la intersección entre energía y clima, desde la creciente demanda asociada a los centros de datos hasta su complementariedad con fuentes de generación intermitentes, como las energías renovables. No obstante, su adopción a gran escala deberá superar desafíos relevantes en los próximos años, entre ellos la incertidumbre sobre su competitividad económica y el desarrollo de marcos regulatorios adecuados.

Pese a este contexto internacional, resulta hoy poco probable que España preste una atención significativa a las alternativas que ofrece la tecnología nuclear para abordar sus desafíos energéticos. La posición nacional es la más restrictiva del entorno occidental, sustentada en un calendario de cierre progresivo de las centrales en operación. Esta estrategia podría traducirse en mayores costes estructurales de la electricidad, un incremento de la dependencia energética exterior y una merma de la competitividad industrial, especialmente si otros países consolidan sistemas eléctricos más estables y predecibles.