La biodiversidad del planeta, el conjunto de seres vivos con el que compartimos existencia y del que formamos parte inseparable, está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. La tasa de extinción de especies se está acelerando a tal ritmo que muchos científicos hablan ya de la ‘sexta extinción’ masiva que sufre la Tierra: el último de los cinco episodios anteriores ocurrió hace 65 millones de años y acabó con la existencia de los dinosaurios.

En su edición más reciente, la de 2022, el informe Planeta Vivo, publicado con carácter bianual por la prestigiosa organización conservacionista WWF, revela una caída en picado de las poblaciones de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Este riguroso estudio, que viene elaborándose hace casi medio siglo en base a los trabajos llevados a cabo en distintas regiones del planeta por investigadores de todo el mundo, está considerado como el mejor barómetro para conocer las tendencias poblacionales de la vida silvestre en la Tierra. En su última entrega destaca que las poblaciones de vertebrados han descendido un 70% en tan solo 30 años.

Según los científicos, para detener y revertir esta precipitada merma de seres vivos en la naturaleza es necesario afrontar la crisis de biodiversidad conjuntamente con la crisis climática, pues ambas están íntimamente relacionadas y se retroalimentan. A tal fin sería necesario aumentar los esfuerzos en conservación y restauración de los espacios naturales, avanzar de manera mucho más firme y generalizada hacia modelos de producción más sostenibles, basados en la economía circular y que disocien crecimiento económico de agotamiento de recursos naturales. Así como emprender una rápida y profunda descarbonización de todos los sectores productivos para mitigar el calentamiento global que está alterando la vida en la Tierra.

Unos retos sin duda muy ambiciosos, pero los avances logrados con los últimos acuerdos internacionales permiten albergar esperanzas. En el último año se han aprobado dos grandes tratados sobre biodiversidad que merecen ser especialmente celebrados, tanto por su notable relevancia como por el alto nivel de consenso institucional, económico y social alcanzado.

En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad celebrada el pasado diciembre en Montreal, Canadá, las delegaciones de los casi doscientos países participantes subscribieron un convenio histórico para detener y revertir la degradación de los espacios naturales marítimos y terrestres del planeta, así como para proteger y recuperar la biodiversidad que albergan. El pacto alcanzado, conocido desde entonces como Acuerdo 30+30+30, persigue lograr la protección del 30% de la superficie terrestre y el 30% de los océanos para 2030, conseguir que el 30% de los ecosistemas hoy en día degradados estén restaurados para entonces y habilitar un fondo internacional de ayudas directas a la conservación de la naturaleza de 30 mil millones de dólares anuales.

El programa de actuaciones para cumplir con tan ambiciosos propósitos consta de cuatro objetivos principales y 23 metas, y hace una mención especial a la necesidad de detener los daños causados por el uso de agroquímicos, tanto en la contaminación de los suelos y las aguas como en la pérdida de biodiversidad, especialmente en los insectos polinizadores. En este importante aspecto hay que recordar que, tal y como alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de los cultivos de frutas y verduras que nos sirven de alimento dependen de la polinización. Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones de los seres vivos que nos prestan este servicio, como abejas y mariposas, están en regresión. Esta es una clara demostración de hasta qué punto la pérdida de biodiversidad afecta directamente a la economía y a la sociedad en su conjunto.

Tras alcanzarse el acuerdo, el representante de la delegación europea, el comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevičius, no dudó en calificarlo como “el momento París para la biodiversidad del planeta”, aludiendo a la histórica aprobación del Acuerdo de París sobre el clima que tuvo lugar en la cumbre celebrada en 2015 en la capital francesa y que supuso un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Una cita muy bien traída para señalar la necesidad urgente de prestar la misma atención a frenar la pérdida de biodiversidad que a la adaptación y mitigación del cambio climático.

El pasado mes de marzo se lograba otro gran pacto internacional sobre biodiversidad, en este caso marina. Tras casi veinte años de negociaciones, el acuerdo alcanzado en la sede de la ONU en Nueva York por los delegados de la Conferencia sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional, sentaba las bases jurídicas para declarar protegidas en 2030 el 30% de las aguas internacionales de los océanos, es decir las situadas más allá de los límites jurisdiccionales de los países.

La aplicación del llamado Tratado de Alta Mar’ va a suponer un reto mayúsculo, ya que en la actualidad tan solo un 3% de dichas aguas goza de alguna figura de protección. Pero representa un paso de gigante para proteger la biodiversidad de los océanos “de los intereses destructivos que amenazan la salud de los océanos en alta mar”, tal y como destacaba el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la clausura del encuentro. Una victoria que el mandatario no dudaba en atribuir “al enorme trabajo llevado a cabo durante todos estos años por las organizaciones ecologistas, la sociedad civil, las instituciones académicas y la comunidad científica”.

Conviene mantener la ambición y perseverar en el esfuerzo para frenar la pérdida de biodiversidad que sufre el planeta: desde las regiones desérticas a los grandes humedales; desde las zonas polares hasta las selvas tropicales; desde las cumbres de las montañas a las zonas costeras y los fondos marinos. No podemos ni debemos cejar en el esfuerzo. Pero sería injusto y arbitrario no reconocer los avances que se están dando para lograrlo.

La historia de la fiscalidad europea está íntimamente ligada a la evolución de la propia complejidad del proyecto europeo, y podríamos decir que ha atravesado cuatro fases.

En una primera fase, en las primeras décadas tras el Tratado de Roma, era un mero instrumento presupuestario para recabar los recursos necesarios para financiar las políticas comunes, primero aranceles (denominados recursos propios tradicionales), y luego otros recursos complementarios basados en el IVA y en la renta nacional bruta (denominados atípicos, pero que terminarían siendo los más típicos).

En los años 80, con el avance del mercado único europeo, se entró en una segunda fase en la que el objetivo pasó a ser minimizar las distorsiones en su funcionamiento, como las divergencias en fiscalidad indirecta, que dificultaban las transacciones y perpetuaban la necesidad de fronteras físicas. Por ello, en los años 90 se optó por la armonización de la estructura de IVA e impuestos especiales, con el establecimiento de reglas uniformes para el cálculo de bases imponibles, el principio general de tributación en destino y un sistema de compensación.

En paralelo, el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones facilitó la expansión de las cadenas de suministro globales. Poco a poco las multinacionales comenzaron a reubicarse en países de tributación más favorable, protegidas por la resistencia de los Estados miembros a armonizar la imposición directa (más vinculada a la soberanía). Algo que se veía venir: ya el Informe Werner de 1970 advertía que un adecuado funcionamiento del mercado único requeriría armonizar la estructura de los impuestos con una influencia directa en los movimientos de capitales dentro de Europa, como el de sociedades.

Al abrigo de la unanimidad, por tanto, algunos países europeos favorecieron la creación en su territorio de auténticos paraísos fiscales, con tramposas estructuras como el “doble irlandés”, el “sándwich holandés” o el “solo maltés”. Paraísos fiscales que, pese a lo que a menudo se cree, no se sustentan en bajos tipos impositivos, sino más bien en lagunas legales y en definiciones laxas del concepto de hecho imponible o de residencia fiscal, o en el tratamiento de dividendos y royalties. Como se demostró con el IVA, cuando se trata de evitar distorsiones lo importante no es tanto armonizar los tipos como armonizar la estructura del impuesto.

Por otra parte, la tecnología fue añadiendo complejidad a la imposición, en especial con el desarrollo de los servicios digitales, que difuminaron conceptos fiscales antes muy evidentes, como el lugar de realización del hecho imponible o el de establecimiento permanente: ¿cómo gravar a empresas con millones de clientes pero sin establecimiento permanente y con servicios prestados desde ubicaciones imprecisas?

Con el cambio de siglo, en cualquier caso, se inició una tercera fase en Europa, derivada de la creación del euro, que implicaba renunciar a tipo de interés y tipo de cambio y por tanto la necesidad de contar con mecanismos de estabilización conjuntos en caso de crisis. Comenzó entonces un importante debate sobre la posibilidad de la UE de obtener nuevos recursos propios, y el esfuerzo se concentró en dos áreas: gravar capacidades de pago aún no gravadas (como las transacciones financieras, las actividades digitales o parte de una base armonizada del impuesto de sociedades) y aplicar impuestos medioambientales desincentivadores (a emisiones, residuos, o productos importados intensivos en carbono). Pero no es fácil: lo primero se ve dificultado por la alta movilidad del capital, y lo segundo por un contexto de inflación y de cooperación internacional bajo mínimos. ¿Cómo establecer aranceles medioambientales o impuestos a multinacionales extranjeras sin esperar fuertes represalias?

Hay que decir, sin embargo, que la crisis financiera de 2008 y la del euro aumentaron de forma considerable la presión social sobre los paraísos fiscales (europeos y no europeos), generando incentivos para reducir las prácticas de fiscalidad agresiva y avanzar en un acuerdo multilateral en el seno de la OCDE y el G20 para garantizar una mínima tributación de las multinacionales. Si los dos pilares ya acordados de esta iniciativa se culminan con éxito, la UE podría renunciar a aplicar arriesgadas iniciativas unilaterales.

La cuarta fase de la fiscalidad europea se deriva de la crisis del Covid y, sobre todo, de la invasión rusa de Ucrania, eventos que han venido a poner de manifiesto la existencia de bienes públicos europeos, como las vacunas, la independencia energética, la defensa, la tecnología digital y medioambiental (en un contexto de guerra de subsidios de política industrial), el aprovisionamiento de materias primas clave, o la estabilidad financiera. Si admitimos que existen estos bienes públicos europeos, entonces su provisión a nivel nacional resultará insuficiente. ¿Cómo financiar estas necesidades europeas del siglo XXI? ¿Cómo evitar que las empresas europeas emigren a otros países como EE.UU. con mejores condiciones de suministro energético, materias primas y apoyo industrial?

En un mundo cada vez más complejo y menos cooperativo, la supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen. La UE puede seguir engañándose, esperando que las cosas mejoren, o puede armarse de valor y audacia y disponerse a reformar tratados, o al menos a iniciar mecanismos de cooperación reforzada. Lo que en el siglo XXI la UE no puede permitirse es seguir con un mercado interior ineficiente por falta de voluntad armonizadora de unos pocos ni afrontar la financiación de imprescindibles bienes públicos europeos sin mecanismos fiscales comunes.

En Europa llevamos 15 años de déficits públicos recurrentes, resultado de un periodo de crisis bancarias, saneamiento y desapalancamiento de empresas y familias, deflación, pandemia y, ahora, guerra. Los gobiernos han asumido un papel más significativo que nunca en las economías, no solo regulando el funcionamiento de los mercados sino también en la provisión de servicios, la protección y el desarrollo de nuevas infraestructuras e innovación. Han sido los salvadores en situaciones extremas y han mantenido una actividad que en las sucesivas crisis se desmoronaba. No es extraño que ello haya despertado el debate sobre la sostenibilidad y coste del endeudamiento público.

El caso español no es diferente. La ratio de la deuda pública sobre el PIB era del 35,8% en 2007. Este mínimo histórico se había alcanzado gracias al fuerte crecimiento de los ingresos fiscales de los felices 2000, el periodo en que se gestó la peor burbuja de la deuda privada. Siete años después de explotar esta burbuja, la ratio había subido hasta el 105,1%. Parecía un máximo difícil de superar, pero en 2020 la ratio daba un nuevo salto hasta el 120,4%, a consecuencia de la pandemia. En 2022, gracias al fuerte incremento de ingresos fiscales provocado por la inflación –despertada por la guerra en Ucrania- y a pasar de las medidas para paliar el impacto en hogares y transporte de los precios energéticos, ha vuelto a descender, para situarse en el 116%. Por tanto, del 36% al 116%, 80 puntos de incremento en 15 años.

En la Eurozona la ratio de la deuda se elevaba en 2022 al 94,2%. En Alemania era del 67% ese mismo año, en contraste con el 113% de Francia o el 150% de Italia. la ratio de la deuda está en máximos históricos en toda la UE, aunque el coste medio de la deuda viva está en mínimos, gracias a los bajos o negativos niveles de tipos de interés de la política monetaria. Además, las compras masivas de deuda de los bancos centrales han mantenido bajos también los tipos de interés a largo plazo. En la zona euro, el coste medio del saldo de deuda es del 1,3% en los últimos años, con una vida media de ocho años. En el caso de España el coste medio es algo mayor, debido a las primas de riesgo, del 2,1%, con una vida media similar.

¿Es sostenible este nivel de deuda pública? No, es necesario que descienda, en España y en la UE. El concepto de sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de conseguir financiación en los mercados a un coste razonable. Estos consideran la deuda pública sostenible cuando la ratio de la deuda sobre PIB es capaz de ajustarse discrecionalmente, al alza o a la baja, según el momento del ciclo macro. No existe un nivel estático de ratio ideal. Son dos los factores de cuya evolución combinada se derivan los ascensos o descensos de la ratio de la deuda: si el saldo primario –es decir, el saldo no financiero ex intereses de la deuda- es negativo (déficit primario), la ratio sube; y si el interés real de la deuda es inferior al crecimiento real del PIB, la ratio baja.

La escalada de la ratio de la deuda en los últimos 14 años se ha debido a un saldo primario negativo recurrente y muy pronunciado. Y seguimos con un saldo negativo también en 2023. Para estabilizar y reducir la ratio de la deuda es imprescindible la generación de superávits primarios suficientes y prolongados, actuando sobre los ingresos o haciéndolo sobre los gastos. Otros países, como Alemania o Francia, han girado hacia saldos positivos pasado lo peor de la pandemia. Los tipos de interés reales negativos de la deuda han tenido un temporal y limitado efecto balsámico. Y recordemos que en España sufrimos la desventaja de la prima de riesgo, que supone 0,8 puntos porcentuales más de coste medio en la deuda viva. Es pues necesaria la generación de superávits primarios que reconduzcan la ratio de la deuda, pero ello choca con resistencias estructurales y políticas. Por eso precisa de un entorno a escala europea que lo favorezca.

El escrutinio de los mercados es un elemento clave en una unión monetaria sin unión fiscal, en la que las finanzas públicas no tienen, por definición, consecuencias cambiarias, y el peligro de moral hazard (irresponsabilidad) es alto. No obstante, episodios como el sufrido por la Eurozona en 2011-2012 –la crisis soberana y del euro del whatever it takes de Draghi- demuestran que ese escrutinio también puede generar ruido y volatilidad. La aplicación entonces de las rígidas reglas fiscales de la UE –límites estáticos a la ratio sobre PIB del déficit y la deuda— se considera ahora que fue contraproducente. Las reglas fiscales se suspendieron con la pandemia y ahora van a ser revisadas para introducir un esquema alternativo individualizado, con un plan país por país de retorno a la sostenibilidad en plazos realistas y fáciles de comunicar a los mercados. Además, aunque una unión fiscal está lejos del horizonte europeo, los programas de gasto “federal”, fuera de los presupuestos nacionales y financiados con deuda pública de la UE -como Next Generation EU-, serán un instrumento cada vez más utilizado, lo que reducirá la presión sobre la deuda de cada país.

Tras dos décadas relegada del centro de atención, la inflación ha recuperado el foco. El fuerte aumento de la tasa de crecimiento de los precios de los bienes y servicios que consumimos está siendo lo que más condiciona la actividad económica. Y también lo que más debate suscita respecto a sus causas, a las medidas para atajarla y a las perspectivas para su evolución. Vamos a tratar de dar respuesta a estos aspectos, que están interrelacionados. Porque para poder realizar una previsión sobre la tasa de inflación en 2023 y 2024 (lo que, a su vez, condicionará los tipos de interés), es imprescindible atender a las razones de su último repunte. Cabía esperar un aumento de los precios como consecuencia de la recuperación económica posterior a la COVID (desde la segunda mitad de 2020 hasta finales de 2021), pero no tan intenso. Porque tampoco se anticipaba una recuperación tan fuerte de la actividad económica, que fue rápida por el temprano descubrimiento de una vacuna eficaz y la consecución de la inmunidad de rebaño.

He aquí uno de los tres principales motores de la inflación de los últimos meses: la presión desde el lado de la demanda. Los otros dos son los factores de oferta y la elevada liquidez de los bancos centrales. Existe un intenso debate entre los economistas sobre la capacidad explicativa de la enorme base monetaria creada por los bancos centrales entre marzo de 2020 y junio de 2022 (del orden del 20% del PIB; 4 billones de EUR en el Área euro) que no hizo más que incrementar el importe creado desde la crisis financiera de 2008. En total, un 50% del PIB. Aunque existe una relación entre la cantidad de dinero y el crecimiento de los precios, el vínculo causal no tiene una importancia cuantitativa destacada. Eso es algo que está más que demostrado ya desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando el monetarismo fue relegado de la primera línea de análisis de los bancos centrales.

Analicemos los factores de oferta que son, en mi opinión, los más relevantes para explicar el repunte de la inflación del último año. Y dentro de estos, nos referimos a dos: por un lado, el encarecimiento de las materias primas y, por el otro, a los “cuellos de botella”. En lo que respecta al alza del precio de las materias primas, ha sido generalizado e intenso entre los mínimos de primavera de 2020 (en plena pandemia el barril de petróleo llegó a tener un precio negativo) y los máximos de principios del pasado junio. Las cotizaciones (que aumentaron del orden del 300%) experimentaron un empuje adicional con el inicio de la guerra en Ucrania. Pero hoy, cuando la corrección desde los máximos es del orden del 15%, podemos considerar que este factor no solo ya no es inflacionista, sino que va a ser el principal director de la moderación de la tasa de inflación en los próximos 12 meses.

Y similar conclusión podemos extraer del otro gran “causante”: los cuellos de botella, esto es, las distorsiones en las cadenas de producción y transporte globales. Tras los máximos de finales de 2021 , la moderación está siendo muy importante, gracias en gran medida a la normalización de la disponibilidad de barcos y a la recomposición de inventarios.

En conclusión, un análisis de las razones de la inflación de los últimos 18 meses permite afirmar que los máximos han podido quedar ya atrás gracias al cambio de signo de los factores vinculados a la oferta, pero también a la menor presión desde el lado de la demanda (menor crecimiento del PIB mundial) y al reducido impacto de la abundante liquidez inyectada por los bancos centrales.

Ahora bien, la moderación de la inflación se va a producir a un ritmo lento y serán necesarios entre 18 y 24 meses para regresar a la cota del 2,0% objetivo de los bancos centrales. Pero mucho antes, tan pronto como en el próximo trimestre, éstos podrían haber dejado ya de subir los tipos de interés, ante la consecución del punto de inflexión en la inflación y haber situado los tipos en una cota en línea con la media histórica.

Es obvio que este escenario tiene uno alternativo de riesgo, que es una mayor persistencia de la inflación en altas tasas debido a potenciales efectos de segunda ronda, así como los pasos atrás que se están produciendo en la globalización. La constatación de algunos de los efectos negativos de la misma (como los cuellos de botella) está favoreciendo una relocalización de los factores productivos en las economías desarrolladas, lo que sin duda puede generar ciertas presiones al alza en los costes de producción y, con ello, en los precios de venta finales de los productos y servicios que consumimos. Si en las dos últimas décadas hemos vivido con una tasa de inflación baja gracias a los efectos de la globalización, la desglobalización de los próximos años provocará una inflación más alta. Pero será en línea con el objetivo de los bancos centrales (2,0%) gracias a la capacidad de estos, vía política monetaria, para mantenerla bajo control.