Los jóvenes: una inversión de futuro

EN PLENO DEBATE

LOS JÓVENES: UNA INVERSIÓN DE FUTURO

En España la edad media de emancipación de los jóvenes es de 30,3 años, situándose como el cuarto país de la Unión Europea donde se independizan más tarde, por detrás de Croacia, Eslovaquia y Grecia, según datos de Eurostat. Los países donde más pronto se emancipan los jóvenes son Finlandia (21,3), Suecia (21,4) y Dinamarca (21,7). La media europea está en 26,4 años.

MARTA RUIZ-CASTILLO
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El precio medio del alquiler en el primer semestre de 2023 es el más alto desde que existen registros: 944€ al mes.

En nuestro país, la oferta de trabajo cualificado escasea para el colectivo entre 25 y 30 años, mayoritariamente preparado, que tiene que decidir entre un mercado laboral nacional con bajos salarios o buscar mejores oportunidades en el extranjero. A esto se añade una vivienda con precios desorbitados, casi inaccesibles, sobre todo, en las grandes ciudades.

 


EN NUESTRO PAÍS, LA OFERTA DE TRABAJO CUALIFICADO ESCASEA PARA EL COLECTIVO DE ENTRE 25 Y 30 AÑOS, MAYORITARIAMENTE PREPARADO


 

Salarios y vivienda

En 2022, la tasa de emancipación en España se estancó en el 15,9%, mientras que en el primer semestre de 2023 el porcentaje de personas jóvenes que vivía fuera del hogar familiar subió hasta el 16,3%, según el Observatorio de Emancipación publicado en enero de 2024 por el Consejo de la Juventud de España (CJE). En todo caso, son porcentajes inferiores a los de antes de la pandemia de 2020 y muy lejos de los resultados anteriores a la crisis de 2008, «cuando se superaba el 25% de personas jóvenes emancipadas».

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordadas en los últimos años por el Gobierno y los agentes sociales, que en febrero de 2024 se situó en 1.134€ al mes con 14 pagas, han mejorado las expectativas de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El problema es que estas mejoras salariales y la reforma laboral incentivando la contratación indefinida no son suficientes para que este colectivo pueda emanciparse debido, fundamentalmente, a la elevada inflación. Desde la invasión de Ucrania por el Gobierno ruso a principios de 2022 los precios de la energía y de los alimentos se han disparado. «El salario medio de un joven subió un 5,0% hasta alcanzar los 12.062,59 euros netos al año. Aún con este incremento, la fuerte subida de los precios causó que el poder adquisitivo de una persona joven trabajadora se redujera un 3,3% en un año. Además, los ingresos de un hogar joven se habrían reducido un 6,6%», según los datos del Observatorio.

El constante aumento de los precios de la vivienda, con alquileres inaccesibles para la gran mayoría de los trabajadores menores de 30 años, sigue siendo un importante impedimento para que este colectivo se anime a vivir por su cuenta. Los datos del Observatorio así lo atestiguan: «El precio medio del alquiler en el primer semestre de 2023 es el más alto desde que existen registros: 944€ al mes. Esto supone el 93,9% del salario medio neto de una persona joven. Además, el precio se encareció un 9,3% con respecto a un año antes y un 63,9% con respecto al que tenían las viviendas de alquiler diez años atrás. Por su parte, las habitaciones se encarecieron un 7,1% en un año». La subida de los tipos de interés en el último año tampoco ayuda a la hora de hipotecarse para comprar una vivienda.

 


EL CONSTANTE AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA SIGUE SIENDO UN IMPORTANTE IMPEDIMENTO PARA QUE ESTE COLECTIVO SE ANIME A VIVIR POR SU CUENTA


 

Exclusión social

De unos años a esta parte se ha constatado que cada vez son más las personas que, pese a trabajar, están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. En el caso de los jóvenes menores de 30 años, los porcentajes aumentan, según el Consejo de la Juventud de España (CJE). «Los últimos datos, anteriores a 2023, alertan de que la juventud es, en España, el segundo colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, tan solo superada por la infancia. En 2022, el 30,2% de las personas jóvenes se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, una de cada cinco personas jóvenes con trabajo también se encontraba en esta situación, por lo que tener un empleo no era, para la juventud, garante de tener estabilidad económica».

Para la presidenta del Consejo, Andrea González, el principal problema para resolver esta situación es la «falta de acción en política de vivienda en España y las consecuencias negativas» que ha provocado en la población general y en particular entre la juventud, «que sigue viendo cómo año tras año disminuye el porcentaje de emancipación por una pérdida de poder adquisitivo, situación que se solapa con la subida ininterrumpida de los precios de alquiler y compra de vivienda”. Tampoco las políticas de juventud parecen ser de gran ayuda para este colectivo ya que, como apunta el vicepresidente del CJE, Juan Antonio Báez, «en muchos casos se convierten en una huida hacia adelante que no entran a solucionar de manera estructural los problemas principales que preocupan a la juventud, como son la vivienda y el empleo, y que provocan grandes problemas de salud mental para la población joven, cuya principal causa de muerte es el suicidio».

Acciones de la UE

La Comisión Europea (CE) ha propuesto diversas recomendaciones a los países miembros para unificar y mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. Entre las más destacadas está la de mejorar las prácticas. Alrededor de 3,7 millones de jóvenes en la UE participan en períodos de prácticas cada año como primera experiencia profesional, según el Tribunal de Cuentas Europeo.

En 2013, la CE puso en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para ayudar a los jóvenes residentes en zonas cuya tasa de desempleo juvenil fuera superior al 25%. Esta medida apoya exclusivamente a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben formación, incluidos los desempleados de larga duración y los que no están inscritos como solicitantes de empleo. Las instituciones de la UE han integrado la IEJ en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el período 2021-2027, manteniendo así su atención en el empleo juvenil. El FSE+ está considerado por la Comisión como el «principal instrumento de la UE para invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales». Con 95.100 millones de euros del presupuesto de la UE para el citado período, «supone una importante contribución a las políticas de la UE en materia social, de empleo, de educación y de capacidades, incluidas las reformas estructurales en estos ámbitos».

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han mejorado las expectativas de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Los jóvenes y el arte

A partir del 14 de junio estará disponible en la web de Fundación Notariado la exposición virtual Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar. Un recorrido por las obras del Museo Nacional del Prado, una iniciativa en la que cinco profesores de Historia del Arte de institutos españoles han brindado sus conocimientos sobre arte y juventud que se cristalizarán en esta exhibición y en un catálogo. Un recorrido online por el museo en el que el usuario podrá contemplar cómo Caravaggio, Goya, Rubens, Velázquez, Clara Peeters, Madrazo o Benlliure plasmaron a los jóvenes en sus obras, y que, junto a sus características artísticas, nos serán presentadas desde la perspectiva de cuatro momentos muy reconocidos en esta etapa de la vida: La belleza de la juventud, El ímpetu vital, Una eterna insatisfacción y Un adulto como compañía.

 

Más información en el próximo número de Escritura Pública.
Web de Fundación Notariado

OTROS ENFOQUES

ETHIC: El vicepresidente del Consejo de la Juventud de España analiza las causas del retraso de los jóvenes para abandonar el hogar paterno.

NEWTRAL: El artículo incide en las lagunas del sistema educativo y la falta de políticas, así como en la ausencia de políticas dirigidas a una mejor transición del sistema educativo al mercado laboral.

«No todo tiempo pasado fue mejor», por Andrea Henry

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ANDREA HENRY,

presidenta del Consejo de la Juventud de España.

“Las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, por detrás de la infancia”

No todo tiempo pasado fue mejor

Últimamente se habla mucho de jóvenes: sobre nuestra adicción a las redes sociales, nuestras pocas ganas de trabajar, “la generación de cristal”, dicen. A lo largo de las generaciones, ha sido común escuchar críticas sobre los jóvenes por parte de nuestros predecesores.

Ya en el año 500 a. de C. se decía que «nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos”. Seguramente si Sócrates estuviera hoy en día, lo veríamos twittear cosas como: «Es triste ver cómo algunos jóvenes carecen de respeto hacia los mayores. Los valores y la educación empiezan en casa” y quizás añadiría algún hashtag del tipo #vergüenza o #irresponsables.

Esto no es algo exclusivo de Sócrates. La preocupación por el comportamiento y las actitudes de la juventud es una parte intrínseca de la historia y la crítica parece ser una tradición intemporal que ha perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos que las preocupaciones sobre las generaciones más jóvenes son, de cierta manera, tan antiguas como la propia filosofía.

Estas críticas, a menudo, ignoran el contexto y las dificultades específicas que enfrentamos los jóvenes. En un mundo donde los desafíos económicos y sociales evolucionan constantemente, los únicos indicadores de nuestro sistema de bienestar que parecen haber empeorado son los relativos a la juventud. Cada generación tiene su propio contexto y desafíos únicos.

En la última década, han sido tres las crisis sociales que han profundizado las desigualdades: la Gran Recesión de 2008, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la crisis de inflación en los precios de alimentos y energía. Todas comparten un factor común: se han enfrentado con un sistema de protección social que ha marginado sistemáticamente a los jóvenes.

Actualmente, las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, solo superado por la infancia. Este alto riesgo se debe en gran parte a una precariedad laboral caracterizada por salarios bajos, empleos a tiempo parcial no deseados, alta temporalidad, y la prevalencia de prácticas no remuneradas y situaciones de falsos becarios. La sobrecualificación también juega un papel, ya que más del 40% de los jóvenes trabajamos en empleos que no corresponden a nuestro nivel de formación o habilidades.

En cuanto a la vivienda, la situación es igualmente desalentadora. De hecho, en la actualidad nos encontramos con los peores datos en materia de emancipación juvenil desde que estos se registran. La edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. Es decir: que las personas jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes.

La tasa de emancipación juvenil es solo del 15,9%, notablemente inferior a la media de la Unión Europea, del 32%. De hecho, una persona joven debe destinar, en promedio, el 83,7% de su salario mensual al alquiler de un espacio propio, dejando solo un 3% del ingreso, aproximadamente 36 euros, para cubrir necesidades básicas como el transporte, el ocio y la alimentación.

Estas condiciones han llevado a que muchos jóvenes optemos por alquilar viviendas compartidas con personas con las que no mantenemos una relación de parentesco. Estas circunstancias económicas precarias no solo afectan el bienestar material sino también el emocional y psicológico.

Nos hemos convertido en uno de los perfiles más vulnerables y propensos a experimentar problemas de salud mental, con una percepción cada vez más negativa sobre este aspecto vital. Un dato completamente desalentador que ilustra esta problemática es que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes, superando a los accidentes de tráfico y al cáncer.

Si hablamos entonces de filosofía, quizás Hipócrates tenía razón en algo cuando dijo: “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir”. Quizás sí, los jóvenes hemos perdido parte de la esperanza en el futuro que, como bien hemos visto, se refleja en datos desalentadores.

Ante esta situación, es imperativo que reexaminemos la manera en que nuestra sociedad aborda las necesidades y desafíos de la juventud. Las críticas perennes a los comportamientos juveniles, aunque intemporales y universales, necesitan ser contextualizadas dentro de las condiciones socioeconómicas actuales que son significativamente diferentes a las que enfrentaron generaciones anteriores.

Las políticas de bienestar y los sistemas de protección social deben ser reformados para reconocer y responder efectivamente a la precariedad laboral, a los desafíos de vivienda y la crisis de salud mental que nos afectan desproporcionadamente a los jóvenes hoy en día.

Es tiempo de dejar atrás los estigmas y estereotipos y enfrentar la realidad con políticas que no solo reconozcan los desafíos únicos de la juventud, sino que también nos empoderen como agentes de cambio y pilares de una sociedad más justa y equitativa. Nuestro futuro colectivo depende de cómo respondamos hoy a estas necesidades críticas. Y para ello, las personas mayores tienen que asumir que no siempre “todo tiempo pasado fue mejor” y que hay realidades de los jóvenes en la actualidad por las que merece la pena luchar.

Agricultores y UE, obligados a entenderse

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AGRICULTORES Y UE, OBLIGADOS A ENTENDERSE

El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), reunido el 26 de febrero en Bruselas, en medio de virulentas protestas de los agricultores, dio la bienvenida a medidas concretas presentadas días antes por el Consejo Europeo que deben ser prioritarias para dar respuesta a corto plazo a la crisis actual.
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Los agricultores han sacado los tractores a la calle para reivindicar sus derechos frente a una nueva Política Agraria Común.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Los agricultores de Francia, Alemania o España, entre otros, sacaron los tractores a la calle para reivindicar sus derechos frente a una nueva Política Agraria Común 2023-2027 y el Pacto Verde de la UE que, en vez de ayudarles, suponen demasiadas trabas burocráticas y medioambientales para mantener sus explotaciones. También demandan unos acuerdos comerciales más justos y equitativos con Mercosur y Ucrania.

 


LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN SUPONE MÁS DE UN TERCIO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UE


 

Creada en 1962, la Política Agraria Común (PAC) supone algo más de un tercio del presupuesto global de la UE, con 386.700 millones de euros para el periodo 2023-2027. Su finalidad es «apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles», así como garantizar a los agricultores de la UE «un nivel de vida razonable» y mantener «viva la economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias y los sectores asociados». A estos objetivos iniciales se añaden en la PAC reformada un marco estratégico centrado en fomentar una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente y mejorar la competitividad y la eficiencia de los agricultores europeos en un mercado agrícola globalizado. La PAC 2023-2027 pretende dar respuesta a las nuevas situaciones económicas y demandas de los ciudadanos, y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde. Una política modernizada, que hace especial hincapié en los resultados y el rendimiento.

Menos burocracia

Los agricultores critican las excesivas exigencias de la «condicionalidad reforzada» establecida en la nueva norma, que se traduce en una mayor supervisión de los indicadores mediante informes anuales de rendimiento y una revisión semestral de los planes estratégicos para evaluar los avances de los países en el cumplimiento de los objetivos de la PAC. En respuesta a estas demandas, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea valoró reducir la carga administrativa tanto para los agricultores como para las administraciones nacionales. «El conjunto de normas básicas denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que todos los agricultores deben cumplir para recibir su ayuda de la PAC, ha demostrado ser difícil de aplicar en determinadas circunstancias», reconoció previamente el Consejo Europeo. Por eso, en la reunión de los ministros del día 26 de febrero, se aceptó la eliminación de los controles de la condicionalidad reforzada por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie. Esta medida tiene un gran impacto en el caso de España, ya que beneficia a 345.000 agricultores: el 55% del total de los perceptores de ayudas de la PAC, según informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Transición medioambiental

En el plan estratégico de la PAC 2023-2027, cada país de la UE está obligado a mostrar objetivos más ambiciosos en materia de medio ambiente y acción por el clima en comparación con el período anterior, para cumplir con el Pacto Verde.

 


LA UE ACEPTA RETIRAR LA OBLIGACIÓN DE DEDICAR EL CUATRO POR CIENTO DE LAS TIERRAS A LA BIODIVERSIDAD Y AL BARBECHO


 

Una de las acciones acordadas por el consejo de ministros se refiere a cambios en la norma BCAM 1, que impone el requisito de mantener estables las superficies de pastos permanentes en comparación con el año de referencia 2018.

El Consejo acogió con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea (CE) de modificar la BCAM 1 «para garantizar que se tengan en cuenta los cambios estructurales causados por la reducción del ganado y que los agricultores sin ganado no estén obligados a reconvertir tierras cultivables en pastos o pradera».

Además, los ministros aceptaron retirar la obligación de dedicar en esta campaña de 2024 al menos el 4% de las tierras cultivables a la biodiversidad y al barbecho, con la posibilidad de recibir ayuda a través de regímenes ecológicos para llegar al 7% como pedían los agricultores.

En respuesta a sus demandas, la CE trasladó al Consejo de Ministros flexibilizar «la BCAM 6 relativa a la cobertura mínima vegetal para evitar suelos desnudos en los períodos más sensibles; la número siete sobre rotación de cultivos y la octava, que obligaba a destinar un porcentaje mínimo de la superficie agrícola, el 4%, a superficies no productivas».

OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

THE CONVERSATION: El texto aborda los retos medioambientales, sociales y comerciales del sector agrario europeo en medio del descontento del sector agrario.

EURONEWS: El reportaje analiza la importancia que tiene el sector agrícola en la UE y la necesidad de mejorar situaciones como el envejecimiento o reforzar el comercio con terceros países.

ETHIC: Ángel Luis González Esteban explica las paradojas del sector agrario europeo.

Mercosur y Ucrania

Los sindicatos agrarios franceses han sido los más beligerantes, pero no los únicos, con la negociación para el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) porque creen que supondrá una mayor competencia y una situación de desventaja frente a productos de países terceros menos regulados y con menos controles sanitarios que los europeos. Varios gobiernos, como el francés y el español, propusieron la necesidad de aparcar estas negociaciones.

Otra de las reivindicaciones de los agricultores tiene que ver con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, acordado tras la guerra en este país a consecuencia de la invasión rusa en 2022. Ante las crecientes protestas del sector, que se considera en desventaja frente a los productos ucranianos, la Comisión Europea mantuvo su decisión de prorrogar el libre comercio hasta junio de 2025 pero con algunos requisitos nuevos, como garantizar que el destino de los productos agrícolas ucranianos esté fijado antes de que entren a la UE, y cumplir con la reciprocidad en los estándares de producción agrícola “para asegurar el comercio justo», como piden los agricultores.

Los países de la UE están obligados a alcanzar objetivos más ambiciosos en materia de medioambiente para cumplir con el Pacto Verde.

Cadena alimentaria

En sus protestas, muchos agricultores apuntan a las grandes superficies como causantes de su precariedad económica y reclaman unos precios justos por su trabajo y sus productos. En España, la Ley de Cadena Alimentaria de diciembre de 2021 tiene como objetivo lograr un equilibro más justo entre los agricultores, la industria y la distribución, con medidas destinadas a evitar la venta a pérdidas y garantizar la transparencia en los contratos. En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de «muy importante» que la Comisión anunciase su intención de introducir legislación a este respecto dirigida a mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria para protegerlos contra las prácticas comerciales desleales, mediante un control más homogéneo de las normas vigentes sobre los productos agrícolas importados o los costes de producción. «La ley de la cadena española ha sido un salto formidable. Ahora necesitamos otro a nivel europeo”, enfatizó el ministro español.

«El resultado de nuestra reunión muestra que estamos escuchando a los agricultores y los escuchamos alto y claro. Las prioridades para las medidas de simplificación que acordamos reducirán la carga administrativa de los agricultores y les darán la flexibilidad que necesitan. También miramos hacia el futuro para mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos, garantizando al mismo tiempo que respetamos nuestros compromisos de sostenibilidad ambiental», declaró, por su parte, David Clarinval, viceprimer ministro belga y ministro de Trabajadores Autónomos, Pymes y Agricultura, Reforma Institucional y Renovación Democrática, tras el Consejo de Ministros de la UE.

«Con las cosas de comer no se juega», por Miguel Padilla

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MIGUEL PADILLA,

secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

“Deben aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas importados cumplen las normativas internas de la UE”

Con las cosas de comer no se juega

Se cumple más de un mes de tractoradas por toda España para reclamar un ambicioso plan de choque para el campo que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE), como de gobierno de España y de las comunidades autónomas. El sector agrario está sumido en una frustración y malestar crecientes debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Los agricultores luchamos frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. “Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.

Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, las organizaciones agrarias españolas hemos reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria.

Asimismo, reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual Política Agraria Común (PAC). Esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM (Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales). La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado, a nivel nacional, desde COAG hemos pedido la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debería aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

A nivel estatal se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la Ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la Cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más mediante los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los precios anormalmente bajos, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son víctimas inocentes. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

A nivel de Gobierno y comunidades autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo. Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizar por falta de presupuesto; debe frenarse la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario; es importante facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor; y por último, debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.

Queremos seguir cultivando alimentos sanos y seguros a precios asequibles para el ciudadano y eso pasa por garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrarias.

La competencia desleal

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La competencia desleal

El objetivo marcado por la UE de prohibir la fabricación de vehículos de combustión para 2035 ha acelerado la carrera de los fabricantes por hacerse con el mercado eléctrico. China ha pasado en pocos años a ser líder mundial con la fabricación de baterías y todo tipo de vehículos de cero emisiones. El gigante asiático se ha convertido en un potente competidor y, en Europa, las marcas chinas ya están desbancando a las japonesas e incluso a las europeas.
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Los principales fabricantes de vehículos de la UE fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Una situación que ha provocado recelos entre los 27 sobre la política de subvenciones del gobierno chino, que ha derivado en la apertura de una investigación de la Comisión Europea.

Liderazgo

Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en China aumentaron un 82 % en 2022 respecto al año anterior. El país representó el 59 % de las ventas mundiales de este tipo de vehículos, consolidando su primera posición mundial.

En 2023, la industria automotriz de China mantuvo una expansión estable en los primeros tres trimestres, según la agencia de noticias china Xinhua citando datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. El valor añadido industrial de este sector aumentó un 11,4 % interanual durante este período, mientras que los ingresos operativos combinados de las empresas del sector se situaron en 7,11 billones de yuanes (más de 911.000 millones de euros), un 10,4 % más que en los primeros nueve meses de 2022. En cuanto a las exportaciones de vehículos, en noviembre habían alcanzado las 482.000 unidades, un aumento interanual del 46,3 % a pesar de que el volumen cayó un 1,1 % respecto del mes anterior. En total se exportaron 4,41 millones de unidades entre enero y noviembre, materializando un crecimiento interanual del 58,4 %. La producción y las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron los 1,07 millones y 1,03 millones de unidades, respectivamente, con aumentos interanuales del 39,2 % y el 30 %.

 


CHINA OBTUVO EN 2022 EL 59 % DE LAS VENTAS MUNDIALES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, CONSOLIDANDO SU LIDERAZGO MUNDIAL


 

Investigación

Los principales fabricantes de vehículos de la UE, con Renault a la cabeza, fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión» ante el creciente liderazgo de las marcas de vehículos eléctricos chinos en el mercado europeo. El gobierno de Francia planteó la necesidad de investigar posibles subvenciones ilegales del gobierno chino a fabricantes del país para facilitar la venta de vehículos eléctricos en el mercado internacional. Pese a las reticencias iniciales de algunos países como Alemania, cuya dependencia comercial con China es muy superior a la que tiene Francia, finalmente la Comisión Europea anunció en septiembre la apertura de una investigación antidumping contra los fabricantes chinos de coches eléctricos.

«Con demasiada frecuencia, nuestras empresas quedan excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas abusivas y a menudo se ven perjudicadas por competidores que se benefician de enormes subsidios estatales», declaró la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo el 13 de septiembre. La UE, aseguró, está a favor de la competencia, siempre que sea «justa». En el caso de los vehículos eléctricos, la presidenta recordó que es un sector con «enorme potencial para la competitividad futura de Europa y el liderazgo industrial ecológico» y en el que «los fabricantes de automóviles de la UE y los sectores relacionados ya están invirtiendo e innovando para desarrollar plenamente este potencial». «Los mercados globales ahora están saturados de coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado. Y así como no aceptamos esta distorsión de precios desde dentro de nuestro mercado, tampoco la vamos a aceptar desde fuera. Por lo tanto, hoy puedo anunciar que la Comisión va a abrir una investigación para detectar las subvenciones ilegales en la producción de los vehículos eléctricos que provienen de China».

El gobierno chino, a través del Ministerio de Comercio, calificó la investigación de «abiertamente proteccionista» que, aseguró, «tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE».

Tecnología ferroviaria

Además de los coches y otros vehículos eléctricos, China parece dispuesta a convertirse también en líder mundial del mercado ferroviario con la venta de sus productos eléctricos de última generación, y lo está haciendo, principalmente, a través de CRRC Corporation Ltd., empresa de propiedad estatal. Según el diario Expansión, representantes de esta empresa visitaron España el último trimestre de 2023 para analizar las líneas ferroviarias españolas y estudiar sus posibilidades. España, que ya ha liberalizado el mercado de alta velocidad, prevé hacer lo mismo con el mercado de cercanías y media distancia en 2026.

 


CHINA PARECE DISPUESTA A CONVERTIRSE TAMBIÉN EN LÍDER MUNDIAL DEL MERCADO FERROVIARIO CON LA VENTA DE SUS PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN


 

La expansión de CRRC fuera de China comenzó en 2015 con la previsión de lograr el 35 % de sus ingresos del exterior para 2025. En Europa está presente desde 2022 en Oporto (Portugal) con 18 vagones, tras ganar en la licitación a Siemens Mobility y Škoda Transportation. Dicha compra fue la primera exportación de material rodante chino en un país de la UE. En la actualidad, la compañía compite con la española Talgo en una licitación que se decidirá en próximos meses para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros. Fuera de Europa, CRRC está presente en numerosos países.

Cumbre UE-China

Pese a la polémica suscitada por la investigación de la CE, la primera semana de diciembre se celebró en Pekín la 24ª Cumbre UE-China. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañados del alto representante, Josep Borrell, se reunieron con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. La cumbre supuso una ocasión de colaborar con China al más alto nivel y de que la UE y China mantengan unas relaciones constructivas y estables, informó la UE.

China y los 27 son socios económicos importantes, recuerda la UE, «aunque el déficit comercial de la Unión con China es de casi 400.000 millones de euros». Los representantes europeos insistieron al presidente chino en «lograr una relación económica más equilibrada, en la que haya reciprocidad y unas condiciones de competencia equitativas», y eso incluye el mercado de vehículos eléctricos. En este sentido, la UE espera que China adopte medidas más concretas para que «el acceso al mercado y el entorno de inversión mejoren para los inversores y exportadores de la UE».

China compite con España para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros.

Interés por España

Las cifras sobre el intercambio comercial entre España y China muestran un claro interés del gigante asiático en el mercado español. Las importaciones españolas desde China ascendieron a 22.375 millones de euros en el primer semestre de 2023, mientras que las exportaciones españolas a China sumaron en el mismo periodo 3.739 millones de euros, según datos de la Fundación Consejo España China. En concreto, China vendió a España en la primera mitad del pasado año, principalmente, equipo de oficina, destacando también otros bienes de equipo, con especial aumento de automóviles y motos. España, por su parte, vendió a China en ese periodo, sobre todo, productos químicos y cárnicos. Respecto a las inversiones en 2022, mientras que China invirtió en España 95 millones de euros, España sólo invirtió en China 42 millones de euros.

OTROS ENFOQUES

BUSINESS INSIDER: Reportaje en el que se aborda por qué los fabricantes de vehículos eléctricos chinos ven con buenos ojos el mercado español. 

MOTORPASIÓN: Artículo que se centra en BYD, fabricante chino de vehículos eléctricos, y su acuerdo con el gobierno de Hungría para establecer su primer fábrica en suelo europeo. 

MOTOR16: Esta revista se hace eco de las preocupaciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ante la avalancha de vehículos eléctricos procedentes principalmente de China. 

«Un dragón con el que conviene llevarse bien», por Casimiro García Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos.”

Un dragón con el que conviene llevarse bien

A finales de los años 50, Mao Zedong, el padre de la revolución China, lanzó el Gran Salto Adelante, un programa nacional que pretendía transformar el país pasando de una economía agraria a otra fundamentalmente industrial.

Si no la han visto, les recomiendo que vean la película Vivir (dirigida por Zhang Yimou, 1994), en la que se ve de forma muy gráfica cómo se llevó a cabo ese cambio. Los jefes de distrito pasaban por los hogares requisando todos los utensilios hechos de metal para llevarlos a la fundición y así poder alcanzar el objetivo de producción de hierro. Nadie se podía negar a esa colaboración, pero, de hecho, nadie se negaba a poner su granito de arena en la gran tarea de hacer que su país “fuera un día tan poderoso como los Estados Unidos”.

China hoy no es aquel país pobre que luchaba por salir del subdesarrollo. Es ya una potencia mundial que puede mirar de tú a tú a Estados Unidos. En noviembre de 2021 entrevisté para El Independiente al considerado como gurú más respetado internacionalmente en el campo de la inteligencia artificial (IA), Kai-Fu Lee (responsable de Sinovation Ventures y anteriormente CEO de Google en Asia). Kai-Fu decía entonces que China ya estaba al nivel de Estados Unidos en IA, que es la tecnología que lo está cambiando todo y que va a ser el principal factor de competitividad de las economías desarrolladas, si no lo está siendo ya.

Mientras que Estados Unidos basa su liderazgo tecnológico, ahora compartido con China, en la iniciativa privada (Google, Apple, Microsoft, Amazon, …), el dragón asiático basa su fuerza en la capacidad inversora del Estado. El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos. Así que no es extraño que sus productos sean cada vez más competitivos, hasta el punto de que el déficit comercial entre la UE y China supusiera en 2022 casi 400.000 millones de euros.

Con China sería bueno colaborar, establecer un diálogo abierto sobre proyectos conjuntos, sobre todo en el campo de la IA.

Pero hay tres problemas que dificultan la colaboración. El primero de ellos es que el Estado hace todo lo posible para que los productos chinos inunden los mercados y, para ello, no duda en subvencionarlos de diferentes modos (no sólo con aportaciones directas de capital a las empresas, sino con créditos baratos). Esa competencia desleal es lo que ha llevado a Ursula von der Leyen a ordenar la apertura de una investigación sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.

A pesar de que hay un arancel del 10% que grava a los vehículos importados, el precio de los fabricados en China es un 20% más barato de los que se producen en la UE. Vamos a ver como acaba ese proceso, pero lo más probable es que termine por imponerse un arancel de castigo a los coches chinos que los deje en la práctica fuera del mercado.

A eso hay que sumarle que China actúa sin ningún tipo de control en el desarrollo de tecnologías que incorporan IA. Los límites aprobados recientemente por Bruselas chocan frontalmente con esa manera de actuar sin respetar los derechos individuales, debido a que el Estado considera a sus ciudadanos como súbditos.

Por último, China se ha posicionado del lado de Rusia en la guerra con Ucrania, en la que Europa rechaza de forma decidida la invasión ordenada por el presidente Putin.

China quiere jugar sus propias bazas y su objetivo es superar económica, tecnológica y militarmente a Estados Unidos. Es decir, se quiere convertir en la superpotencia del siglo XXI a escala mundial.

Su expansión en África y América Latina preocupa a Estados Unidos. China es la verdadera obsesión de la Casa Blanca. Lo es ahora con Joe Biden y lo será con el presidente que le sustituya.

La política exterior de Xi Jinping se caracteriza por una cosa: apoyar a todo aquello que debilite a Estados Unidos. De ahí el posicionamiento a favor de Rusia en la invasión de Ucrania. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la UE, el gobierno chino no tiene que preocuparse por la opinión pública. El Estado, controlado por el Partido Comunista, lo abarca todo. Eso es lo que ha quedado de la revolución de Mao. La economía está basada en el crecimiento y en ganar mercados.

La revuelta de Tiananmén tan sólo fue un fogonazo de rebelión contra el régimen. De aquello no queda nada o casi nada. Ha vencido no sólo el aparato del Estado, sino ese espíritu de colaboración al que me refería antes cuando hablaba de la película Vivir y que lleva a que los chinos se sientan concernidos por un objetivo común.

En ese panorama, la UE se ha situado casi siempre del lado de Estados Unidos. Lógicamente, Europa debe hacer todo lo posible para defender los derechos humanos y la libertad en China, pero no debe olvidar que tiene sus propios intereses y que estos no siempre son coincidentes con los de EE.UU. Por ello, no habría que rechazar todo lo que provenga de China por principio, sino intentar colaborar en lo que sea beneficioso para los europeos. Lo cortés no quita lo valiente.

Renovables, la mejor solución

EN PLENO DEBATE

RENOVABLES,

LA MEJOR SOLUCIÓN

Frenar el calentamiento global y sus efectos adversos es uno de los principales retos de nuestra sociedad. Hace años que los líderes mundiales, mediante distintos organismos internacionales, proponen soluciones y compromisos en los que apenas se ha avanzado. El mejor ejemplo es el Acuerdo de París de 2015 en el que 196 países acordaron limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. Entre las soluciones para lograr este objetivo, las energías renovables cobran, cada vez más, un especial protagonismo.
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La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Como dice el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, «las renovables suponen el único camino hacia la verdadera seguridad energética, unos precios estables para la energía y oportunidades de empleo sostenibles».

Compromisos del G20
Los líderes mundiales del G20 -organismo que representa a dos tercios de la población mundial, el 85% del PIB mundial y más de 75% del comercio internacional- en su declaración conjunta hecha pública tras la cumbre de Nueva Delhi (India) los días 9 y 10 de septiembre, se comprometieron a adoptar acciones para abordar los desafíos globales del cambio climático poniendo el énfasis en la necesidad de «acelerar transiciones energéticas limpias y sostenibles» para mejorar la vida de los ciudadanos y «hacer posible un crecimiento fuerte y equilibrado que permita lograr los objetivos climáticos establecidos» en París.

«Ningún país debería tener que elegir entre luchar contra la pobreza y luchar por nuestro planeta. Buscaremos modelos de desarrollo que establezcan transiciones sostenibles, inclusivas y justas a nivel mundial, sin dejar a nadie atrás», se afirma en el texto. Para lograrlo, el G20 se comprometió a «mantener flujos ininterrumpidos de energía provenientes de diversas fuentes, proveedores y rutas, explorando caminos para mejorar la seguridad energética y la estabilidad del mercado, incluso mediante inversiones inclusivas para satisfacer la creciente demanda de energía» de acuerdo con los objetivos climáticos, al mismo tiempo que «promovemos mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres».

Los líderes mundiales asumieron el informe sobre Financiamiento de bajo coste para las transiciones energéticas preparado por la presidencia india junto con la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). En él se estima que «el mundo necesita una inversión anual de más de 4.000 millones de dólares, con una alta proporción de energía renovable». En este sentido, el G20 se comprometió a hacer todos los esfuerzos necesarios para triplicar la capacidad de energía renovable mundial a través de objetivos y políticas existentes, y «demostraremos una ambición similar con respecto a otras tecnologías de emisiones cero y bajas en función de las circunstancias nacionales para 2030». El compromiso incluyó también un reconocimiento específico a la importancia de los biocombustibles sostenibles en las estrategias de desarrollo de bajas emisiones y cero emisiones, para lo cual el G20 se mostró partidario de establecer una Alianza Mundial para los Biocombustibles.

La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario, añade, «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la energía eólica marina».

 


«NINGÚN PAÍS DEBERÍA TENER QUE ELEGIR ENTRE LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LUCHAR POR NUESTRO PLANETA”, SEÑALÓ EL G20 TRAS LA CUMBRE DE NUEVA DELHI


 

Países en desarrollo
El G20, en cuya cumbre de septiembre participó por primera vez la Unión Africana como miembro, se comprometió a integrar mejor las perspectivas de los países en desarrollo, incluidos los PMA (Programa Mundial de Alimentos de la ONU), los PDSL (Programa de Acción para los Países en Desarrollo sin litoral) y los PEID (Programa de Acción para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo), en la futura agenda del G20 y fortalecer la voz de los países en desarrollo en la toma de decisiones global. Por algo la cumbre celebrada en Nueva Delhi se desarrolló bajo el lema Somos Una Tierra, Una Familia y compartimos Un Futuro.

En su declaración final, los líderes mundiales reconocen las «necesidades, vulnerabilidades, prioridades y diferentes circunstancias nacionales» de los países en desarrollo. Por eso, «reconociendo que los países en desarrollo necesitan apoyo en sus transiciones energéticas hacia bajas emisiones de carbono, trabajaremos para facilitarles el acceso a financiación de bajo costo». Entre las acciones previstas se incluye promover mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres.

Lo fundamental para abordar esta crisis climática es dejar de depender de las energías generadas mediante combustibles fósiles, que son la causa principal del cambio climático.

Acciones de la UE
La Unión Europea lleva años dando pasos hacia una transición energética mediante iniciativas que promueven las inversiones en tecnologías limpias en el mercado único. «Como líder mundial en tecnologías limpias, la UE ha intensificado las ayudas financieras para acelerar su transición hacia la neutralidad climática. Como otros están haciendo lo mismo en todo el mundo, debemos asegurarnos de que los incentivos a las energías limpias utilizados en otros lugares no vayan en detrimento de la competencia leal. La financiación de tecnologías limpias debe brindarse en un espíritu de beneficio mutuo para mejorar la sostenibilidad climática y medioambiental del mundo y evitar una competencia de suma cero», indicó el pasado 23 de octubre Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas, a través de una comunicación de la Comisión.

 


LA UNIÓN EUROPEA LLEVA AÑOS DANDO PASOS HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DE INICIATIVAS QUE PROMUEVEN LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS


 

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8% en 2021. Con un aumento medio anual de 0,67 puntos porcentuales desde 2010, alcanzar el nuevo objetivo de la UE del 42,5 % de aquí a 2030 requerirá un crecimiento mucho más rápido en los próximos años. Son datos del informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2023 publicado de 24 de octubre de 2023, en el que se subraya que «las emisiones de gases de efecto invernadero siguen disminuyendo de forma constante cada año, pero este ritmo debe aumentar para prácticamente triplicar las reducciones anuales, con el fin de cumplir nuestros objetivos para 2030». «Las conclusiones del informe muestran que el plan REPowerEU está dando resultados: la transición hacia una energía limpia, la diversificación y la eficiencia energética son las respuestas para aumentar nuestra seguridad energética y cumplir los objetivos del Pacto Verde», según Kadri Simson, comisaria responsable de Energía.

La transición a energías renovables

Naciones Unidas apunta cinco formas de reactivar la transición a energías renovables:

1. Hacer de las energías renovables un bien global al alcance de todos, de forma que se «eliminen los obstáculos que impidan el intercambio de conocimientos y la transferencia tecnológica, incluyendo las barreras impuestas a los derechos de propiedad intelectual».

2. Mejorar el acceso global a sus componentes y materias primas.

3. Nivelar las condiciones para implantar estas tecnologías en energías renovables.

4. Cambiar los subsidios destinados a los combustibles fósiles a las energías renovables, ya que «los subsidios para los combustibles fósiles son tan ineficaces como injustos». En todos los países en desarrollo, alrededor de la mitad de los recursos públicos destinados a un gasto que ayude al consumo de los combustibles fósiles beneficia a un 20% de la población con mayor riqueza, según el FMI. Este cambio, además de reducir las emisiones también contribuye al desarrollo de una economía sostenible, a la creación de empleo, a una mejor salud para la población y a una mayor igualdad, en particular para las comunidades más desfavorecidas y vulnerables en todo el planeta.

5. Una triple inversión en renovables. Según IRENA, al menos se necesitan invertir 4.000 millones de dólares anuales en energías renovables hasta 2030 para alcanzar el cero neto en emisiones en 2050. Para la ONU, con esta inversión «la reducción de la contaminación y el impacto negativo del cambio climático podría llegar a ahorrar al mundo hasta 4.200 millones de dólares cada año hasta 2030.

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8 % en 2021.

OTROS ENFOQUES

THE CONVERSATION: El texto analiza la situación de las renovables en España y subraya que «para que la transición energética sea real y efectiva es preciso que su aplicación en la vida cotidiana de los ciudadanos tome cuerpo».

ETHIC: La autora aborda los «mitos» sobre las capacidades reales de las renovables.

REAL INSTITUTO ELCANO: El análisis desgrana los costes de las tecnologías limpias y su impacto positivo sobre las economías.

«Por unas renovables responsables con el entorno», por José Luis Gallego

EN PLENO DEBATE

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JOSÉ LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“El desarrollo de la eólica y la fotovoltaica es necesario, pero debe cumplir con el obligado compromiso de preservar los valores naturales del territorio”

Por unas renovables responsables con el entorno

El progreso de las energías renovables es una de las herramientas básicas para avanzar hacia un modelo energético más limpio, seguro y sostenible. Un modelo que contribuya a la descarbonización de nuestra economía y al cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE a fin de evitar los peores escenarios hacia los que nos conduce el calentamiento global.

Unos objetivos que vienen marcados por lo que dicta la legislación ambiental europea, según la cual la UE deberá reducir en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, para seguir avanzando desde ahí hacia el objetivo final de ser climáticamente neutra en 2050. El reto es mayúsculo, pero el compromiso de los veintisiete al respecto no solo se mantiene, sino que se refuerza año tras año.

Para contribuir a ello la actual legislación ambiental europea establece que en 2030 al menos un 32% del consumo energético en la UE proceda de fuentes renovables. Si tenemos en cuenta que en España ese porcentaje se sitúa actualmente en el 20,7% y que hace siete años estaba en el 15,8%, está claro que en los próximos siete vamos a tener que redoblar los esfuerzos para incrementar en más del doble el ritmo actual en la implantación de las renovables.

Pero esa necesidad como país, ese objetivo compartido por todos, no puede justificar la relajación de los reglamentos destinados a evitar el impacto negativo de su implantación en el medio ambiente ni en las comunidades locales.

Porque si bien es cierto que para avanzar hacia la neutralidad climática es necesario alcanzar un modelo energético libre de emisiones de GEI, también lo es que, para garantizar la conservación de nuestra valiosa y amenazada biodiversidad, dicho modelo no puede desarrollarse a costa de poner en riesgo a la naturaleza. Algo que, como demuestran los manifiestos científicos y las protestas ciudadanas y confirman las numerosas denuncias y sentencias en contra, no se está cumpliendo.

Por ejemplo, las maniobras del cabildeo que se están llevando a cabo desde los sectores de las renovables, y de manera muy especial desde el lobby eólico y el fotovoltaico, han conseguido que, como dispone el Real Decreto Ley 20/2022, los proyectos de más de 50 MW no estén sujetos ni a evaluación ambiental ni a autorización administrativa. Y esa patente de corso, ése ceda el paso a los macro proyectos renovables por su prioridad climática, nos sitúa en un nuevo escenario legal donde la responsabilidad ambiental recae principalmente en la voluntad de los promotores.

Un escenario abierto al conflicto en el que los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos pueden empezar a caer en paracaídas sobre nuestros campos con el visto bueno del gobierno central, pero sin que las comunidades locales tengan derecho a conocer los expedientes ni a formular alegaciones en su contra, como está sucediendo en todo el país.

Para evitarlo, para lograr una implantación responsable de las renovables, es necesario que la crisis del clima y la crisis de la biodiversidad se aborden de manera conjunta, pues ambos conflictos se retroalimentan. El propio panel de expertos en cambio climático de la ONU, el famoso IPCC, lleva años advirtiendo que el cambio climático está acelerando la pérdida de biodiversidad en todo el planeta, lo que a su vez reduce la capacidad de respuesta para combatirlo.

La intensidad y la frecuencia de los fenómenos vinculados al calentamiento global, como las sequías extremas, los megaincendios forestales, la acidificación de los océanos, el avance de la desertificación o la desaparición de humedales está reduciendo la capacidad de la naturaleza de absorber y fijar las enormes cantidades de GEI que emitimos a la atmosfera, agravando aún más sus consecuencias. De ahí la urgente necesidad de salir cuanto antes de esa dinámica y entender que las acciones para mitigar el cambio climático deben estar basadas en la naturaleza, no en su contra.

En ese sentido, un reciente informe de la organización conservacionista WWF señalaba que la restauración de los ecosistemas silvestres degradados podría favorecer la absorción de alrededor de trescientos millones de toneladas de dióxido de carbono al año: una cantidad equivalente al conjunto de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de España. Si en lugar de ello degradamos todavía más ecosistemas con megaproyectos renovables implantados sin consenso estaremos agravando todavía más ambas crisis.

Las organizaciones ecologistas han sido las principales impulsoras de las renovables, y siguen apelando a su implantación. Pero no dejan de señalar la necesidad de que dicha implantación se lleve a cabo de una manera ordenada, consensuada con el territorio y responsable con la naturaleza.

Para ello reclaman una política energética basada en promover la eficiencia, que propicie una mayor participación ciudadana en el sistema eléctrico, con estímulos al autoconsumo doméstico y al desarrollo de las comunidades energéticas.

Reivindican que los proyectos de implantación de energías renovables se alejen de los espacios naturales protegidos, para redirigirlos hacia zonas mucho menos sensibles e incluso más propicias: como las cubiertas de los edificios, el entorno de los polígonos industriales o los espacios destinados a otras infraestructuras. Y en todo caso que se ubiquen en aquellos suelos degradados sin posible restauración ambiental.

En los últimos años los centros de investigación, las entidades conservacionistas y las instituciones públicas y privadas que trabajan en la defensa de la naturaleza han puesto a disposición de las administraciones y las empresas promotoras informes científicos, con mapas de implantación y zonas de exclusión, para lograr un despliegue responsable de las renovables. Unos informes que deberían ser vinculantes.

Suecia: a un paso de ingresar en la OTAN

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SUECIA:

A UN PASO DE INGRESAR EN LA OTAN

Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió su cooperación antiterrorista y reanudó las exportaciones de armas a Turquía.

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) continúa su proceso de crecimiento tras la reciente entrada de Finlandia y la próxima incorporación de Suecia, una vez levantado el veto que Turquía mantenía sobre los dos países nórdicos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Si Finlandia se convirtió en el socio número 31 de la OTAN el pasado 4 de abril, la entrada de Suecia está cada vez más cerca, según anunció el secretario general, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el 10 de julio en Vilnius, antes de la Cumbre de la OTAN celebrada los días 11 y 12 en la capital de Lituania.

Fin del veto turco. “Me complace anunciar que, tras la reunión que he mantenido con Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente Erdogan ha acordado remitir el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar su ratificación», declaró Stoltenberg a través de su cuenta de Twiter la víspera de la Cumbre de la OTAN. «Se trata de un paso histórico que hace a todos los aliados de la OTAN más fuertes y seguros”, añadió.

Queda por saber la fecha exacta en la que Turquía remitirá el Protocolo de Adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional para garantizar la ratificación, pero todos los aliados esperan que sea pronto. Suecia se convertirá entonces en el miembro 32 de la OTAN, reforzando así la frontera norte de Europa.

En la Cumbre de la OTAN en Madrid celebrada en junio de 2022, Suecia y Finlandia firmaron un memorando con Turquía donde se comprometían a hacer cambios en sus políticas en relación con los activistas y miembros del partido kurdo PKK, considerado por el gobierno de Ankara y la Unión Europea como un grupo terrorista. A cambio, Turquía se comprometió a levantar el veto al ingreso de ambos países nórdicos en la Alianza Atlántica. Suecia y Finlandia, países tradicionalmente neutrales, pidieron formar parte de la organización militar a raíz del inicio de la guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En el caso de Finlandia, Turquía levantó su veto en otoño y el país nórdico entró en la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023, coincidiendo en el 74º aniversario de la organización, durante una ceremonia celebrada en Bruselas encabezada por el presidente finlandés, Sauli Niinistö.

 


SUECIA SE CONVERTIRÁ EN EL MIEMBRO 32 DE LA OTAN, REFORZANDO ASÍ LA FRONTERA NORTE DE EUROPA


 

Acuerdos sobre terrorismo. Para Suecia, el proceso se ha alargado más debido a las negociaciones, no siempre fáciles, entre los gobiernos de Oslo y Ankara. Desde la Cumbre de Madrid, Suecia y Turquía han trabajado en estrecha colaboración «para abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de Turquía». Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió significativamente su cooperación antiterrorista contra el PKK y reanudó las exportaciones de armas a Turquía; en definitiva, cumplió con todos los pasos establecidos en el Memorándum Trilateral acordado en 2022, según informó la OTAN tras la reunión de su secretario general con Erdogan y Kristersson el pasado 10 de julio.

«Suecia y Turquía acuerdan hoy continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la Cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda», recoge la declaración aprobada tras la reunión del día 10. En la primera reunión de este Pacto de Seguridad, se añade en el comunicado que «Suecia presentará una hoja de ruta como base de su lucha continua contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones hacia la plena aplicación de todos los elementos del Memorándum Trilateral, incluido el artículo 4. Suecia reitera que no proporciona apoyo al YPG/PYD – considerada por la OTAN una ramificación del PKK – y a la organización descrita como FETÖ (Organización Terrorista Fetullahista) en Turquía».

 


LA QUEMA DE CORANES EN SUECIA, CASI A DIARIO, HA ENCENDIDO LOS ÁNIMOS Y ERDOGAN HA PEDIDO AL GOBIERNO SUECO QUE TOME MEDIDAS


 

Cuando parecía que todo estaba acordado, Erdogan sorprendió a finales de agosto con otra nueva exigencia al Gobierno sueco. «Suecia debe ante todo cuidar las calles de Estocolmo. Si no cuidan sus calles, si continúan estos ataques contra las cosas que consideramos sagradas, entonces no deberían culparnos», dijo Erdogan en declaraciones a la prensa turca. El dirigente turco hacía alusión a la quema de coranes que se ha sucedido en suelo sueco y danés desde el pasado mes de junio, casi a diario, y que ha encendido los ánimos de los países musulmanes con consecuencias imprevisibles desde el punto de vita diplomático. Para Erdogan, o el gobierno sueco toma medidas concretas para evitar estos sucesos o será difícil que el Parlamento de Ankara dé luz verde a la adhesión de Suecia en la OTAN.

Además, los gobiernos de Oslo y Ankara están de acuerdo en que «la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo, que continuará más allá de la adhesión de Suecia a la OTAN». En este sentido, el secretario general Stoltenberg volvió a confirmar que la OTAN «condena categóricamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones». Por eso, subrayó, «la OTAN intensificará significativamente su trabajo en este área, incluso mediante el establecimiento por parte del secretario general, por primera vez en la OTAN, del puesto de Coordinador Especial para la Lucha contra el Terrorismo».

Cooperación económica

Como parte de las negociaciones para levantar el veto a Suecia para su entrada en la OTAN, Turquía ha ido incrementando sus peticiones y exigencias al gobierno de Oslo con cuestiones económicas o poniendo sobre la mesa la candidatura de Turquía para entrar en la Unión Europea. En el comunicado hecho público el 10 de julio tras la reunión en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Vilnius, ambos mandatarios se comprometieron a salvaguardar el principio según el cual «no debe haber restricciones, barreras o sanciones para defender el comercio y la inversión entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos». En el punto seis del comunicado, Suecia y Turquía acuerdan también «intensificar la cooperación económica, a través del Comité Económico y Comercial Conjunto Turquía-Suecia. Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales». Y se subraya que Suecia «apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados».
QUEDA POR SABER LA FECHA EXACTA EN LA QUE TURQUÍA REMITIRÁ EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE SUECIA A LA GRAN ASAMBLEA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA RATIFICACIÓN

OTROS ENFOQUES

  • The Conversation: El texto recoge los cinco principales asuntos abordados en la Cumbre de Vilnius, entre los que está la próxima entrada de Suecia como miembro de la OTAN.
  • El Orden Mundial: Astrid Portero escribe sobre los beneficios que tiene para la OTAN la entrada de Suecia y Finlandia.
  • Política Exterior: Aborda los efectos de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y lo que esto supone para sus respectivas políticas de seguridad.

El caso de Ucrania

La reciente entrada de Finlandia en la OTAN y la próxima incorporación de Suecia suponen un importante paso de la Alianza Atlántica en su proceso de aumentar la seguridad frente a Rusia, sobre todo, tras la invasión de Ucrania. De hecho, los aliados acordaron en la Cumbre de Vilna en julio los planes de defensa más detallados y sólidos de la OTAN desde la Guerra Fría, fortaleciendo su compromiso con la inversión en defensa.

En ese proceso de reforzar la seguridad de occidente, la Cumbre de Vilnius supuso un espaldarazo a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelenskyy, invitado de excepción en la capital lituana. Los aliados acordaron dar luz verde a la incorporación de Ucrania como miembro de la OTAN y suprimir el requisito del MAP (Plan de Acción para la Adhesión, por sus siglas en inglés), reduciendo de dos pasos a uno el proceso de la entrada en la organización. “Emitiremos una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados acuerden que se cumplen las condiciones”, informó Stoltenberg tras finalizar la cumbre el 12 de julio en una declaración pública, asegurando a continuación que Ucrania está ahora “más cerca de la OTAN que nunca”. El secretario general enfatizó que los aliados deben asegurar que cuando termine esta guerra existan acuerdos fiables para la seguridad de Ucrania y, en este sentido, dio la bienvenida a que muchos aliados se hayan comprometido ya a proporcionar asistencia de seguridad a largo plazo a Ucrania. “Esto ayudará a disuadir cualquier futura agresión de Rusia después de que termine esta guerra”, dijo. “Las decisiones tomadas aquí en Vilnius marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansia el día en que nos reunamos como aliados”, concluyó Stoltenberg.

«La neutralidad es imposible con Putin en Moscú», por Casimiro García-Abadillo

EN PLENO DEBATE

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN”

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Cuando se creó la OTAN (4 de marzo de 1949) apenas si habían pasado cuatro años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, liderada por Stalin con puño de hierro, había participado junto a los aliados en la derrota de Hitler, pero aquella fue una alianza coyuntural, fruto del auxilio mutuo ante el expansionismo de la Alemania nazi. Ni Roosevelt, ni Churchill (presentes en la Cumbre de Yalta) se fiaron de Stalin.

Fue el entonces primer ministro británico el que acuñó la expresión “telón de acero” para describir la frontera entre los países europeos democráticos y los que quedaron bajó influencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

La OTAN nació precisamente como una organización de defensa, liderada por Estados Unidos, con la vista puesta en un enemigo común: la URSS, que había demostrado tener una enorme capacidad militar y que, además, pretendía extender el modelo comunista a escala global.

En los años 50 se instaura la llamada Guerra Fría, que ha marcado la política exterior mundial hasta la caída del comunismo.
Aunque Jrushchov hizo un amago de ingreso en la organización (1955), nadie creyó en su sinceridad. Poco después, el sucesor de Stalin creó el Pacto de Varsovia, una versión comunista de la OTAN, que actuó por primera vez para sofocar la revolución en Hungría en 1956.

También intentaron un acercamiento a la OTAN Gorvachov y Yeltsin. E incluso el propio Putin llegó a plantear la adhesión de Rusia en una conversación que mantuvo con Bill Clinton en Moscú en 2000.

A pesar del colapso del comunismo y la desintegración de la URSS, Europa Occidental y Estados Unidos siempre han mirado con recelo a Rusia, un país que cuenta con un poderoso arsenal nuclear y un gobierno con aspiraciones a restaurar el statu quo anterior a la caída del Muro de Berlín.

Al principio, Putin jugó a ser un presidente demócrata y se abrió a acuerdos de reducción de armamento con Estados Unidos. Durante algún tiempo la duda era: si Rusia ya no es el enemigo, ¿para qué necesitamos la OTAN?

La cruda realidad echó por tierra esa visión buenista sobre las intenciones de Putin. La invasión de Crimea en 2014 demostró que el neo imperialismo se había convertido en el eje fundamental para consolidar su poder en el interior.

Precisamente fue en esa fecha cuando Suecia recuperó el servicio militar obligatorio y echó marcha atrás en su idea de desmilitarizar la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico situado frente a Polonia y los países bálticos y también frente a la base naval rusa de Kaliningrado.

La invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022) ha sido un paso más, este ya definitivo, en la confirmación de que el expansionismo de Putin no es sólo un fin coyuntural, sino que forma parte de su esquema mental. Mientras Putin controle el Kremlin, el peligro de guerra global existirá.

La decisión de Finlandia y Suecia de incorporarse como socios plenos de la Alianza (hasta ahora sólo eran amigos muy cercanos) supone un cambio cualitativo en su estructura y en su capacidad. El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN.

La entrada de Suecia -que abandona casi dos siglos de neutralidad- estaba vetada hasta hace poco por Turquía, que alegaba que en ese país se daba refugio a los militantes del PKK (considerado terrorista por Ankara y por la UE). Ese escollo se salvó en la cumbre de Vilnius (Lituania) y Erdogan ha dado al ingreso sueco luz verde, que tendrá que ser ratificado por la Asamblea Nacional, probablemente a finales del mes de septiembre.

Las lecciones de este fortalecimiento de la Alianza no pueden ser más negativas para Putin. Empezó una guerra contra Ucrania que planificó casi como un paseo militar y sus tropas están empantanadas y sufriendo duros reveses. Quiso debilitar a la OTAN y lo que ha hecho ha sido fortalecerla, porque seguramente Suecia y Finlandia seguirían viviendo plácidamente en la neutralidad si no se hubiese producido la invasión de Ucrania. Y, por último, la cesión de Erdogan supone para Putin la pérdida de un importante aliado, al menos coyuntural, desde el comienzo de la guerra civil en Siria.

El presidente ruso está cada vez más aislado internacionalmente. Incluso China está marcando distancias respecto a una aventura que no puede acabar bien.

Al aislamiento exterior de Putin se suma la debilidad en el interior. El golpe del Grupo Wagner, y la posible complicidad de una parte de la cúpula militar con su caudillo Prigozhin ponen de relieve que el Kremlin ya no es una roca en torno a su jefe (posiblemente asesinado por su protector).

Ahora falta saber qué hará la OTAN sobre la petición de Zelenski de integrar como socio a Ucrania. El secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho que es pronto para tomar esa decisión, que Putin ha dibujado como una línea roja que abriría la perspectiva a un conflicto nuclear.

Lógicamente, si Ucrania entra ahora en la OTAN, podría apelar a su artículo 5, que establece que cualquier ataque a uno de sus socios se interpreta como un ataque al conjunto de sus miembros. Por tanto, el ingreso de Ucrania ahora supone una declaración de guerra de todos los países de la OTAN a Rusia.

Probablemente, ese paso sería imprudente. Pero la OTAN debe seguir apoyando a Zelenski con recursos e inteligencia, ya que una derrota de Ucrania sería un paso atrás de enormes consecuencias que daría a Putin un balón de oxígeno para seguir ejerciendo el papel de matón incontrolado que ahora desempeña.