¿Cómo me protege un seguro ante una catástrofe natural?

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

¿Cómo me protege un seguro ante una catástrofe natural?

La explosión del volcán de La Palma nos impacta y preocupa a partes iguales. Sobre todo, por las pérdidas materiales, inmateriales y emocionales que se siguen produciendo y que dejarán a cientos de personas sin hogar, sin negocios, sin empleo y con un futuro incierto. Mientras el volcán sigue haciendo estragos los afectados se preguntan qué cubre su seguro y con qué ayudas pueden contar.

MARIÁN LEZAUN

Cuando ocurre un fenómeno natural, como es la erupción de un volcán, es el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y no las aseguradoras, quien asume el pago de las compensaciones a todas aquellas personas que tuvieran sus bienes asegurados.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hace frente a las pérdidas materiales e inmateriales sufridas por los tomadores de los seguros, independientemente de la compañía a la que pertenezcan. Para poder hacerlo, este consorcio se financia con la aportación que los asegurados destinan a este fin cuando contratan un seguro, que tiene por objeto la cobertura de riesgos extraordinarios.

A 2 de noviembre, el CCS ha abonado 21.041.984 euros a asegurados afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma. El citado importe, a su vez, corresponde a 113 viviendas, 24 automóviles, 9 comercios y locales de oficina y una industria. Todos estos riesgos se sitúan en los términos municipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Hasta esa fecha, el CCS había recibido 1.425 solicitudes de indemnización por daños producidos a 1.149 viviendas, 155 vehículos automóviles, 109 comercios, hoteles y locales de oficina, y 12 industrias. Por localidades, destacan Los Llanos de Aridane, de donde proceden 934 solicitudes de indemnización; El Paso, con un total de 271 solicitudes; y Tazacorte, con 69 solicitudes hasta el momento.

¿Qué cubre el Consorcio? El CCS indemniza los daños producidos sobre bienes y personas que estén asegurados. Así, ha anunciado que tramitará todas las solicitudes de indemnización que reciba, con independencia de si se presentan o no con retraso por los asegurados afectados. No hay un plazo máximo, en definitiva, para la presentación de la solicitud.

El CCS cuantifica la indemnización ateniéndose a las cláusulas y capitales asegurados que consten en el contrato de seguro y a las normas especiales que establece el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios (Real Decreto 300/2004).

En el caso de vehículos automóviles, viviendas y comunidades de propietarios de viviendas, el CCS abonará el importe correspondiente a la totalidad de los daños indemnizables con arreglo al contrato de seguro del afectado.

En el supuesto de comercios, industrias y obras civiles, el CCS deduce una franquicia prevista en la legislación del 7% de los daños indemnizables, que será por cuenta del asegurado.

¿Cuánto tarda en pagar? El CCS ha anunciado que continuará, como hasta ahora y sin interrupción, abonando las indemnizaciones a los asegurados por transferencia bancaria conforme se vayan terminando los correspondientes informes periciales de valoración de los daños y se estudien las coberturas contenidas en los contratos de seguros de los afectados, tanto respecto a los daños materiales sufridos como a las pérdidas de alquileres o de inhabitabilidad de las viviendas y a las pérdidas de beneficios por la destrucción o la interrupción de negocios.

¿Cómo hay que reclamar? Hay diferentes maneras de hacerlo. Puede hacerlo la compañía de seguros, los mediadores o el propio afectado, poniéndose en contacto a través de su página web: consorseguros.es, los teléfonos (900.222.665 ó 952.367.042) o por correo postal.

Hasta el 2 de noviembre fueron las aseguradoras las que, en representación de los asegurados afectados, solicitaron la indemnización en el 46% de los casos; los mediadores (agentes o corredores) de seguros en el 33% de las ocasiones; y los propios asegurados en el 21% restante de los casos.

¿Cuánto tiempo tarda el Consorcio en enviar una respuesta? Según el mismo CCS, “en el caso de la erupción inicial del volcán y de acuerdo con la experiencia en siniestros con miles de afectados, podría tener gestionadas todas las solicitudes de indemnización en un plazo máximo de cuatro meses”.

¿Qué pasa con los daños que no sean materiales? También están cubiertos, por ejemplo, la pérdida de los alquileres de los propietarios de inmuebles, los gastos de alojamiento derivados de la inhabitabilidad de la vivienda o de desplazamientos y la pérdida de ingresos por la paralización de establecimientos comerciales. Desde ADICAE insisten en la importancia de la justificación documental de cada afección y gasto en que se incurra a causa de la erupción.

¿Es compatible recibir la compensación del seguro y las ayudas estatales? Las ayudas públicas sí son compatibles con las indemnizaciones del seguro, siempre que, sumado el importe de la ayuda al de la indemnización por seguro, no se exceda del valor del daño causado, ya que si se excediera, se produciría un enriquecimiento anómalo en el afectado. De ahí que la legislación contemple expresamente el intercambio de información entre el CCS y los órganos de la Administración que gestionan las ayudas para evitar duplicidades en conceptos abonados o cuantías en las ayudas que excedan de ese límite.

Otras ayudas

En situaciones de este tipo, tanto los bancos, como las aseguradoras, como diferentes entidades, suelen ofrecer ayudas. En el caso concreto de La Palma, por ejemplo, la Sareb, la Asociación Española de Banca (AEB), los bancos procedentes de las cajas de ahorros agrupados en CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han puesto a disposición de los afectados de La Palma, “de forma gratuita y mientras sea necesario”, las viviendas que tengan disponibles en condiciones de habitabilidad en la isla y en otras zonas próximas. Además, muchas otras entidades ofrecen asesoramiento gratuito y otro tipo de ayuda más inmediata.

Los notarios se desplazan a La Palma 

En virtud del Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de la Palma, se han creado tres notarías provisionales en los municipios afectados por el volcán. Los primeros notarios voluntarios, los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, se desplazaron a la zona el 2 de noviembre. Las notarías de emergencia están instaladas en dependencias de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. El proyecto cuenta con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado.

Por si las dudas

Naturalmente protegidos: Unespa, la patronal del sector asegurador, ha creado una web en la que ofrecen información para reclamar la indemnización al seguro tras un fenómeno natural (inundaciones, lluvia, heladas, granizo, terremotos, etc.). En la web se explica a quién corresponde pagar la indemnización en cada caso y cómo reclamarla.

Consorcio de Compensación de Seguros: El organismo que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el encargado de indemnizar a los asegurados en caso de que se produzca una catástrofe natural o un riesgo extraordinario. En su web se puede consultar la información de última hora y cómo actuar en caso de ser uno de los damnificados.

Notarios voluntarios: Notarios de toda España acudirán en turnos de una semana (mientras sea necesario) a las tres notarías provisionales instaladas en los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Su misión es ayudar a los afectados a obtener las pruebas documentales necesarias que les permitan acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, indemnizaciones o justiprecios.

Ayuntamiento de El Paso

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Ayuntamiento de Tazacorte

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

EN PLENO DEBATE

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja

El 19 de septiembre de 2021 supone un antes y un después para los habitantes de La Palma. Ese día el volcán Cumbre Vieja comenzó a expulsar lava arrasando todo lo que encontraba a su paso y causando la «emergencia más grave en la historia de Canarias», en palabras del presidente del gobierno de esta Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres.

MARTA RUIZ-CASTILLO

En una comparecencia ante el Parlamento canario celebrada el 14 de octubre se refirió al Cumbre Vieja como el «volcán más dañino de Europa de los últimos 100 años”. Para entonces el volcán llevaba casi un mes sin dar tregua a los habitantes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte; había emitido más de 100 millones de metros cúbicos de lava destruyendo más de 1.500 edificaciones, y había cubierto más de 400 hectáreas de terreno y cientos de ciudadanos habían sido evacuados de sus casas. Unas cifras que han aumentado considerablemente desde esa fecha debido a la ininterrumpida actividad del volcán a través de sus distintas bocas eruptivas y la aparición de nuevas coladas, en medio de una intensa actividad sísmica. Además, en este tiempo la lava ha ganado terreno al mar con el consiguiente aumento de la extensión de la isla.

Nueva orografía. La erupción ha provocado numerosas coladas, una de las cuales llegó al mar el 29 de septiembre creando una fajana de grandes dimensiones. Este terreno ganado al mar, que ha ampliado la extensión de la isla, pasa a ser propiedad del Estado, de acuerdo con la ley de Costas, que establece que «son de dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas». Esta norma sigue los criterios establecidos en la Constitución de 1978, que en su artículo 132.2 dice que «son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

Hasta ahora, el Cumbre Vieja se había mantenido por encima de los 800 metros y sólo las coladas del volcán de Martín de Tagalate y la del volcán del Charco habían alcanzado el mar. Ahora, de nuevo, las distintas coladas llegadas al mar por la erupción del Cumbre Vieja han cambiado la fisionomía y la extensión de la isla de La Palma.

Respecto a la propiedad de los bienes privados afectados por desastres naturales, la citada ley especifica que siguen siendo de titularidad privada. En el caso particular de La Palma, declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2002, el futuro del terreno afectado viene determinado también por la ley del Patrimonio y la Biodiversidad y la ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. A esto se añade que el volcán Cumbre Vieja es parte del Parque Natural del mismo nombre formado por la dorsal montañosa de Cumbre Vieja, en la zona sur de la isla, y Cumbre Nueva, que conecta con la parte norte. En este parque se encuentran los conos volcánicos más emblemáticos de la historia eruptiva de la isla. Declarado Zona de Especial Conservación por la Red Natura 2000, se extiende por la mitad sur de la Isla con una superficie de 7.499,7 hectáreas. Esta extensión incluye a cinco municipios: Breña Alta, con un 7,1% de la superficie del parque; Breña Baja, con un 3,5%; Mazo, que alberga un 20% del parque; El Paso, con el 43,4%; y Fuencaliente con un 26%.

Demostrar la titularidad. Barrios enteros han quedado sepultados por el magma y son muchos los ciudadanos que lo han perdido todo: viviendas, fincas y terrenos irrecuperables que han desaparecido del paisaje o que han quedado en la llamada zona de exclusión. En medio de la desolación, los afectados necesitan demostrar documentalmente que son los titulares de esas propiedades para poder cobrar el seguro o recibir ayudas públicas. Para ello cuentan con la colaboración de los notarios que se han ofrecido a dar apoyo y asesoramiento gratuitos a los damnificados.

Uno de los aspectos más importantes a los que se enfrentan los vecinos que han perdido sus propiedades tiene que ver con los seguros. En este sentido, está siendo clave la acción del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al servicio del sector asegurador español, y entre cuyas funciones está la cobertura de los riesgos extraordinarios. El Consorcio admite que la erupción del Cumbre Vieja es una «situación excepcional» porque el volcán sigue expulsando lava y las zonas afectadas no son accesibles. Factores que hacen imposible conocer el «nivel real de aseguramiento» y, en consecuencia, «hacer estimaciones estables y fiables». Pese a estas circunstancias, el Consorcio asumirá todos los compromisos «por razón de los contratos de seguro, sea cual fuera el importe de los daños indemnizables» de acuerdo con las cláusulas del contrato de seguro que tengan los asegurados. Este organismo público sustituye a la aseguradora privada cuando el daño lo produce «alguno de los riesgos extraordinarios, como la inundación, el terremoto o la erupción volcánica».

El único límite para pagar sería el marcado en los seguros que tengan contratados los afectados. En el caso de los ciudadanos que no tengan seguro, el Consorcio no puede hacerse cargo de la indemnización de las pérdidas, pero estos sí pueden acceder a las ayudas concedidas por el Gobierno en el marco de lo aprobado tras la declaración de La Palma como «zona catastrófica».

Diez días después de que el volcán entrara en erupción, el CCS había abonado ya 625.000€ correspondientes a algunas viviendas destruidas, informa el propio Consorcio. Y a fecha de 7 de octubre, la entidad había recibido 556 solicitudes de indemnización correspondientes a 423 vivienda, 96 coches, 34 comercios y tres industriales. De ellas, 363 solicitudes procedían de Los Llanos de Ariadne; 131 de El Paso; 39 de Tazacorte; 10 de Breña Alta; cinco de Santa Cruz de La Palma; cuatro de Fuencaliente de La Palma, y otras cuatro de Villa de Mazo.

Recuperar la isla

El gobierno central, reunido el 28 de septiembre de 2021, aprobó un real decreto-ley con medidas destinadas a «la recuperación social, económica, laboral, educativa y medioambiental en la isla de La Palma y garantizar la protección de los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad», que incluyó «articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas». Días después, el 5 de octubre, aprobó un segundo real decreto-ley para la adopción de nuevas medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma que, entre otras cuestiones, recogió la ayuda ofrecida por el Notariado, concretamente, por el Colegio Notarial de Canarias.

La totalidad de la superficie de Cumbre Vieja está considerada Área de Sensibilidad Ecológica, lo que implica que existe una protección regulada de la zona con objeto de preservar sus características especiales vulcanológicas, así como su particular fauna y flora y, por tanto, existen limitaciones muy concretas desde el punto de vista urbanístico. En total, el territorio del parque ocupa el 10,5% de la superficie de la isla de La Palma, según datos del Gobierno de Canarias recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión de 2001 ampliado en 2006, donde se subraya que «se trata de una zona relativamente cerca de las poblaciones más importantes de la isla, y también de las zonas de mayor importancia desde el punto de vista turístico». En este sentido, el real decreto-ley ha concedido una subvención directa a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma (RMBLP) que irá destinada a «restaurar el entorno socioeconómico y ambiental de la reserva afectado por el volcán».

OTROS ENFOQUES

-Economist & Jurist: Diego Fierro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia, escribe sobre la jurisprudencia relativa al factor de «fuerza mayor» en los casos de desastres naturales y, en concreto, cómo afecta la legislación a la erupción del volcán de La Palma.

-El País: Aborda los interrogantes legales originados por el cambio de fisonomía de La Palma producido por la lava del volcán Cumbre Vieja desde que entró en erupción.

-Noticias Jurídicas: José Manuel González Pellicer se pregunta si a la hora de buscar responsables para solicitar compensaciones por las pérdidas materiales ocasionadas por el Cumbre Vieja se debe tratar la erupción como un acontecimiento de fuerza mayor y, por tanto, imprevisible, o por el contrario, al ser un volcán monitorizado, hay que poner el foco en las administraciones que permiten urbanizar en zonas próximas al volcán.

Apoyo de los notarios 

Los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia han sido los primeros voluntarios en trasladarse a la isla de La Palma, donde han abierto tres notarías temporales para atender a los afectados por la erupción del volcán. Están instaladas en dependencias de los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte a fin de coordinarse con ellos. Para ello cuentan con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado.

“Desde el 2 de noviembre cada uno de nosotros nos hemos hecho cargo de una notaría y establecido un turno de rotación para que este servicio sea continuo”, asegura el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé.

Concretamente, explica Cavallé, en la isla “muchas propiedades han sido borradas por el volcán. Unas tenían sus escrituras públicas, de las que se podrá obtener copia, pero de otras sólo existían “hijuelas” y documentación privada, con lo que se les facilitará medios para justificar la titularidad o la existencia de otros derechos. También sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos”. Por ello, explica el decano de Canarias, “con esta iniciativa pretendemos dar agilidad para ayudar a los palmeros que se hayan visto afectados prestándoles asesoramiento gratuito, adaptado a cada caso, y ayudándoles, con prontitud y transparencia, a obtener las pruebas documentales necesarias que les permitan acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, indemnizaciones o justiprecios”.

Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial. Estos libros y demás documentos, una vez finalizada su habilitación, quedarán depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.