La observación de la realidad nos permite constatar que estamos inmersos en una descomunal presencia de normas jurídicas provenientes de los diversos titulares del poder normativo, entendiendo esta expresión en su más amplio sentido compresiva de leyes, reglamentos y demás manifestaciones de los textos a aplicar. Dos fechas son de destacar como obligado referente de lo expuesto. En efecto, a partir del año 1978, la Constitución de dicho año alumbró como entes territoriales con importantes competencias a las comunidades autónomas, y a partir del año 1986 tenemos como obligado centro de producción normativa a la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, con sus reglamentos y directivas.

Estos tres puntos de referencia podrían completarse con la Administración Local y con aquellos órganos que, si bien con competencia sectorial, producen normas de directa aplicación.

Lo expuesto recuerda que son muy numerosas las normas que cada año aparecen procedentes de la Unión Europea, del Estado y de las Comunidades Autónomas, y que integran lo que en amplia expresión se denomina Ordenamiento Jurídico de aplicación a todos los ciudadanos afectados por las mismas.

Este punto de partida sólo deriva como inicialmente se ha expuesto de la observación de la realidad, pero veamos sus consecuencias.

La primera de ellas es que hay que conocer el conjunto de disposiciones que han quedado sucintamente reseñadas. ¿Cómo ha se ser ese conocimiento? ¿Existe alguna obligación al respecto?

La respuesta nos viene dada por un conocido precepto que se plasmó en el artículo segundo del Código Civil y, desde la reforma de su Título Preliminar en el año 1974, en su artículo sexto, apartado primero, en el que se dispone que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Este precepto ha dado lugar a varias y enjundiosas interpretaciones sin desconocer a quienes lo consideran algo completamente prescindible.

Ante todo, digamos que en el mencionado precepto se contiene un antiguo postulado normativo que ya estaba en un nuestro Derecho Histórico, y más concretamente en Las Partidas.

Pero en dicho momento histórico: ¿cuántas disposiciones había o si se prefiere a dónde tenía que remitirse el ciudadano para acreditar su conocimiento o su no ignorancia de las leyes? El precepto, pasados los años, se mantiene en su inicial redacción pero la situación que sirve de punto de partida ha cambiado por ser muy numeroso el componente del Ordenamiento Jurídico, que algunos entienden como “inalcanzable”.

Las posiciones doctrinales más ajustadas entienden que no existe un deber de conocer todas las disposiciones sino sólo la posibilidad de acceder a las mismas o dicho, de otra forma, para el Código Civil es sólo la presunción de que el ciudadano conoce o puede efectivamente conocer toda la legislación, como en su momento expuso en un documentado estudio el profesor García Amado, quien añade que la regla de que la ignorancia no excusa el cumplimiento de las leyes se fundamenta en la garantía de validez y eficacia de las normas.

En fin, no sólo se hace preciso conocer las leyes sino también cómo se interpretan, lo que nos lleva a la conclusión, no muy correcta, de que el Ordenamiento Jurídico sólo sería aplicable a los juristas o abogados, que son los que están más próximos a la aparición de nuevas normas y a la divulgación de los criterios de los Tribunales de Justicia sobre las mismas.

El precepto tiene un alcance general y ningún ciudadano puede alegar que desconoce los textos a aplicar si bien con el criterio de presunción y demás precisiones que la doctrina ha aportado sobre el particular.

Ello además nos permite llegar a otra conclusión acuñada por la jurisprudencia, hasta ahora francesa, pero de próxima incorporación a nuestro Sistema Jurídico que es lo que se denomina el “derecho al error”, pues dada la profusión normativa y haberse desplazado al ciudadano su aplicación, es frecuente que este no esté en condiciones de acertar “a la primera” sobre el significado y alcance de la norma.

Este “derecho al error” apareció en una ley del país vecino y se refirió especialmente al ámbito tributario, pues un contribuyente que incumple por primera vez una norma tributaria que le sea aplicable o que haya cometido un error material no podrá ser objeto de una sanción pecuniaria, o consistente en la privación de una prestación debida, si ha regularizado su situación por iniciativa propia o después de haber sido admitido para hacerlo por la Administración dentro del plazo correspondiente.

Qué duda cabe que si el Ordenamiento Jurídico Tributario fuese más sencillo y estuvieran redactados con más claridad los preceptos a aplicar, la conclusión sería otra, pero ha surgido este “derecho al error”, expresión sistemática de cómo están las cosas en la realidad, cuya contrapartida es el “derecho a la buena administración”, este ya positivizado, pero que cabe aquí citar cuando quiere constatarse lo que supone la enorme cantidad de nuevas normas a aplicar.

Últimamente se habla mucho de jóvenes: sobre nuestra adicción a las redes sociales, nuestras pocas ganas de trabajar, “la generación de cristal”, dicen. A lo largo de las generaciones, ha sido común escuchar críticas sobre los jóvenes por parte de nuestros predecesores.

Ya en el año 500 a. de C. se decía que «nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos”. Seguramente si Sócrates estuviera hoy en día, lo veríamos twittear cosas como: «Es triste ver cómo algunos jóvenes carecen de respeto hacia los mayores. Los valores y la educación empiezan en casa” y quizás añadiría algún hashtag del tipo #vergüenza o #irresponsables.

Esto no es algo exclusivo de Sócrates. La preocupación por el comportamiento y las actitudes de la juventud es una parte intrínseca de la historia y la crítica parece ser una tradición intemporal que ha perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos que las preocupaciones sobre las generaciones más jóvenes son, de cierta manera, tan antiguas como la propia filosofía.

Estas críticas, a menudo, ignoran el contexto y las dificultades específicas que enfrentamos los jóvenes. En un mundo donde los desafíos económicos y sociales evolucionan constantemente, los únicos indicadores de nuestro sistema de bienestar que parecen haber empeorado son los relativos a la juventud. Cada generación tiene su propio contexto y desafíos únicos.

En la última década, han sido tres las crisis sociales que han profundizado las desigualdades: la Gran Recesión de 2008, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la crisis de inflación en los precios de alimentos y energía. Todas comparten un factor común: se han enfrentado con un sistema de protección social que ha marginado sistemáticamente a los jóvenes.

Actualmente, las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, solo superado por la infancia. Este alto riesgo se debe en gran parte a una precariedad laboral caracterizada por salarios bajos, empleos a tiempo parcial no deseados, alta temporalidad, y la prevalencia de prácticas no remuneradas y situaciones de falsos becarios. La sobrecualificación también juega un papel, ya que más del 40% de los jóvenes trabajamos en empleos que no corresponden a nuestro nivel de formación o habilidades.

En cuanto a la vivienda, la situación es igualmente desalentadora. De hecho, en la actualidad nos encontramos con los peores datos en materia de emancipación juvenil desde que estos se registran. La edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. Es decir: que las personas jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes.

La tasa de emancipación juvenil es solo del 15,9%, notablemente inferior a la media de la Unión Europea, del 32%. De hecho, una persona joven debe destinar, en promedio, el 83,7% de su salario mensual al alquiler de un espacio propio, dejando solo un 3% del ingreso, aproximadamente 36 euros, para cubrir necesidades básicas como el transporte, el ocio y la alimentación.

Estas condiciones han llevado a que muchos jóvenes optemos por alquilar viviendas compartidas con personas con las que no mantenemos una relación de parentesco. Estas circunstancias económicas precarias no solo afectan el bienestar material sino también el emocional y psicológico.

Nos hemos convertido en uno de los perfiles más vulnerables y propensos a experimentar problemas de salud mental, con una percepción cada vez más negativa sobre este aspecto vital. Un dato completamente desalentador que ilustra esta problemática es que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes, superando a los accidentes de tráfico y al cáncer.

Si hablamos entonces de filosofía, quizás Hipócrates tenía razón en algo cuando dijo: “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir”. Quizás sí, los jóvenes hemos perdido parte de la esperanza en el futuro que, como bien hemos visto, se refleja en datos desalentadores.

Ante esta situación, es imperativo que reexaminemos la manera en que nuestra sociedad aborda las necesidades y desafíos de la juventud. Las críticas perennes a los comportamientos juveniles, aunque intemporales y universales, necesitan ser contextualizadas dentro de las condiciones socioeconómicas actuales que son significativamente diferentes a las que enfrentaron generaciones anteriores.

Las políticas de bienestar y los sistemas de protección social deben ser reformados para reconocer y responder efectivamente a la precariedad laboral, a los desafíos de vivienda y la crisis de salud mental que nos afectan desproporcionadamente a los jóvenes hoy en día.

Es tiempo de dejar atrás los estigmas y estereotipos y enfrentar la realidad con políticas que no solo reconozcan los desafíos únicos de la juventud, sino que también nos empoderen como agentes de cambio y pilares de una sociedad más justa y equitativa. Nuestro futuro colectivo depende de cómo respondamos hoy a estas necesidades críticas. Y para ello, las personas mayores tienen que asumir que no siempre “todo tiempo pasado fue mejor” y que hay realidades de los jóvenes en la actualidad por las que merece la pena luchar.

Se cumple más de un mes de tractoradas por toda España para reclamar un ambicioso plan de choque para el campo que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE), como de gobierno de España y de las comunidades autónomas. El sector agrario está sumido en una frustración y malestar crecientes debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Los agricultores luchamos frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. “Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.

Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, las organizaciones agrarias españolas hemos reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria.

Asimismo, reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual Política Agraria Común (PAC). Esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM (Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales). La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado, a nivel nacional, desde COAG hemos pedido la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debería aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

A nivel estatal se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la Ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la Cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más mediante los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los precios anormalmente bajos, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son víctimas inocentes. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

A nivel de Gobierno y comunidades autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo. Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizar por falta de presupuesto; debe frenarse la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario; es importante facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor; y por último, debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.

Queremos seguir cultivando alimentos sanos y seguros a precios asequibles para el ciudadano y eso pasa por garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrarias.

A finales de los años 50, Mao Zedong, el padre de la revolución China, lanzó el Gran Salto Adelante, un programa nacional que pretendía transformar el país pasando de una economía agraria a otra fundamentalmente industrial.

Si no la han visto, les recomiendo que vean la película Vivir (dirigida por Zhang Yimou, 1994), en la que se ve de forma muy gráfica cómo se llevó a cabo ese cambio. Los jefes de distrito pasaban por los hogares requisando todos los utensilios hechos de metal para llevarlos a la fundición y así poder alcanzar el objetivo de producción de hierro. Nadie se podía negar a esa colaboración, pero, de hecho, nadie se negaba a poner su granito de arena en la gran tarea de hacer que su país “fuera un día tan poderoso como los Estados Unidos”.

China hoy no es aquel país pobre que luchaba por salir del subdesarrollo. Es ya una potencia mundial que puede mirar de tú a tú a Estados Unidos. En noviembre de 2021 entrevisté para El Independiente al considerado como gurú más respetado internacionalmente en el campo de la inteligencia artificial (IA), Kai-Fu Lee (responsable de Sinovation Ventures y anteriormente CEO de Google en Asia). Kai-Fu decía entonces que China ya estaba al nivel de Estados Unidos en IA, que es la tecnología que lo está cambiando todo y que va a ser el principal factor de competitividad de las economías desarrolladas, si no lo está siendo ya.

Mientras que Estados Unidos basa su liderazgo tecnológico, ahora compartido con China, en la iniciativa privada (Google, Apple, Microsoft, Amazon, …), el dragón asiático basa su fuerza en la capacidad inversora del Estado. El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos. Así que no es extraño que sus productos sean cada vez más competitivos, hasta el punto de que el déficit comercial entre la UE y China supusiera en 2022 casi 400.000 millones de euros.

Con China sería bueno colaborar, establecer un diálogo abierto sobre proyectos conjuntos, sobre todo en el campo de la IA.

Pero hay tres problemas que dificultan la colaboración. El primero de ellos es que el Estado hace todo lo posible para que los productos chinos inunden los mercados y, para ello, no duda en subvencionarlos de diferentes modos (no sólo con aportaciones directas de capital a las empresas, sino con créditos baratos). Esa competencia desleal es lo que ha llevado a Ursula von der Leyen a ordenar la apertura de una investigación sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.

A pesar de que hay un arancel del 10% que grava a los vehículos importados, el precio de los fabricados en China es un 20% más barato de los que se producen en la UE. Vamos a ver como acaba ese proceso, pero lo más probable es que termine por imponerse un arancel de castigo a los coches chinos que los deje en la práctica fuera del mercado.

A eso hay que sumarle que China actúa sin ningún tipo de control en el desarrollo de tecnologías que incorporan IA. Los límites aprobados recientemente por Bruselas chocan frontalmente con esa manera de actuar sin respetar los derechos individuales, debido a que el Estado considera a sus ciudadanos como súbditos.

Por último, China se ha posicionado del lado de Rusia en la guerra con Ucrania, en la que Europa rechaza de forma decidida la invasión ordenada por el presidente Putin.

China quiere jugar sus propias bazas y su objetivo es superar económica, tecnológica y militarmente a Estados Unidos. Es decir, se quiere convertir en la superpotencia del siglo XXI a escala mundial.

Su expansión en África y América Latina preocupa a Estados Unidos. China es la verdadera obsesión de la Casa Blanca. Lo es ahora con Joe Biden y lo será con el presidente que le sustituya.

La política exterior de Xi Jinping se caracteriza por una cosa: apoyar a todo aquello que debilite a Estados Unidos. De ahí el posicionamiento a favor de Rusia en la invasión de Ucrania. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la UE, el gobierno chino no tiene que preocuparse por la opinión pública. El Estado, controlado por el Partido Comunista, lo abarca todo. Eso es lo que ha quedado de la revolución de Mao. La economía está basada en el crecimiento y en ganar mercados.

La revuelta de Tiananmén tan sólo fue un fogonazo de rebelión contra el régimen. De aquello no queda nada o casi nada. Ha vencido no sólo el aparato del Estado, sino ese espíritu de colaboración al que me refería antes cuando hablaba de la película Vivir y que lleva a que los chinos se sientan concernidos por un objetivo común.

En ese panorama, la UE se ha situado casi siempre del lado de Estados Unidos. Lógicamente, Europa debe hacer todo lo posible para defender los derechos humanos y la libertad en China, pero no debe olvidar que tiene sus propios intereses y que estos no siempre son coincidentes con los de EE.UU. Por ello, no habría que rechazar todo lo que provenga de China por principio, sino intentar colaborar en lo que sea beneficioso para los europeos. Lo cortés no quita lo valiente.

El progreso de las energías renovables es una de las herramientas básicas para avanzar hacia un modelo energético más limpio, seguro y sostenible. Un modelo que contribuya a la descarbonización de nuestra economía y al cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE a fin de evitar los peores escenarios hacia los que nos conduce el calentamiento global.

Unos objetivos que vienen marcados por lo que dicta la legislación ambiental europea, según la cual la UE deberá reducir en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, para seguir avanzando desde ahí hacia el objetivo final de ser climáticamente neutra en 2050. El reto es mayúsculo, pero el compromiso de los veintisiete al respecto no solo se mantiene, sino que se refuerza año tras año.

Para contribuir a ello la actual legislación ambiental europea establece que en 2030 al menos un 32% del consumo energético en la UE proceda de fuentes renovables. Si tenemos en cuenta que en España ese porcentaje se sitúa actualmente en el 20,7% y que hace siete años estaba en el 15,8%, está claro que en los próximos siete vamos a tener que redoblar los esfuerzos para incrementar en más del doble el ritmo actual en la implantación de las renovables.

Pero esa necesidad como país, ese objetivo compartido por todos, no puede justificar la relajación de los reglamentos destinados a evitar el impacto negativo de su implantación en el medio ambiente ni en las comunidades locales.

Porque si bien es cierto que para avanzar hacia la neutralidad climática es necesario alcanzar un modelo energético libre de emisiones de GEI, también lo es que, para garantizar la conservación de nuestra valiosa y amenazada biodiversidad, dicho modelo no puede desarrollarse a costa de poner en riesgo a la naturaleza. Algo que, como demuestran los manifiestos científicos y las protestas ciudadanas y confirman las numerosas denuncias y sentencias en contra, no se está cumpliendo.

Por ejemplo, las maniobras del cabildeo que se están llevando a cabo desde los sectores de las renovables, y de manera muy especial desde el lobby eólico y el fotovoltaico, han conseguido que, como dispone el Real Decreto Ley 20/2022, los proyectos de más de 50 MW no estén sujetos ni a evaluación ambiental ni a autorización administrativa. Y esa patente de corso, ése ceda el paso a los macro proyectos renovables por su prioridad climática, nos sitúa en un nuevo escenario legal donde la responsabilidad ambiental recae principalmente en la voluntad de los promotores.

Un escenario abierto al conflicto en el que los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos pueden empezar a caer en paracaídas sobre nuestros campos con el visto bueno del gobierno central, pero sin que las comunidades locales tengan derecho a conocer los expedientes ni a formular alegaciones en su contra, como está sucediendo en todo el país.

Para evitarlo, para lograr una implantación responsable de las renovables, es necesario que la crisis del clima y la crisis de la biodiversidad se aborden de manera conjunta, pues ambos conflictos se retroalimentan. El propio panel de expertos en cambio climático de la ONU, el famoso IPCC, lleva años advirtiendo que el cambio climático está acelerando la pérdida de biodiversidad en todo el planeta, lo que a su vez reduce la capacidad de respuesta para combatirlo.

La intensidad y la frecuencia de los fenómenos vinculados al calentamiento global, como las sequías extremas, los megaincendios forestales, la acidificación de los océanos, el avance de la desertificación o la desaparición de humedales está reduciendo la capacidad de la naturaleza de absorber y fijar las enormes cantidades de GEI que emitimos a la atmosfera, agravando aún más sus consecuencias. De ahí la urgente necesidad de salir cuanto antes de esa dinámica y entender que las acciones para mitigar el cambio climático deben estar basadas en la naturaleza, no en su contra.

En ese sentido, un reciente informe de la organización conservacionista WWF señalaba que la restauración de los ecosistemas silvestres degradados podría favorecer la absorción de alrededor de trescientos millones de toneladas de dióxido de carbono al año: una cantidad equivalente al conjunto de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de España. Si en lugar de ello degradamos todavía más ecosistemas con megaproyectos renovables implantados sin consenso estaremos agravando todavía más ambas crisis.

Las organizaciones ecologistas han sido las principales impulsoras de las renovables, y siguen apelando a su implantación. Pero no dejan de señalar la necesidad de que dicha implantación se lleve a cabo de una manera ordenada, consensuada con el territorio y responsable con la naturaleza.

Para ello reclaman una política energética basada en promover la eficiencia, que propicie una mayor participación ciudadana en el sistema eléctrico, con estímulos al autoconsumo doméstico y al desarrollo de las comunidades energéticas.

Reivindican que los proyectos de implantación de energías renovables se alejen de los espacios naturales protegidos, para redirigirlos hacia zonas mucho menos sensibles e incluso más propicias: como las cubiertas de los edificios, el entorno de los polígonos industriales o los espacios destinados a otras infraestructuras. Y en todo caso que se ubiquen en aquellos suelos degradados sin posible restauración ambiental.

En los últimos años los centros de investigación, las entidades conservacionistas y las instituciones públicas y privadas que trabajan en la defensa de la naturaleza han puesto a disposición de las administraciones y las empresas promotoras informes científicos, con mapas de implantación y zonas de exclusión, para lograr un despliegue responsable de las renovables. Unos informes que deberían ser vinculantes.