«Los recientes incendios han arrasado casi 400.000 hectáreas y más de 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, ocho personas han fallecido y más de 35.000 han sido evacuadas. El fuego ha provocado la pérdida de patrimonio natural y cultural, afecciones a la fauna, además de cortes de carreteras y daños en vías ferroviarias e infraestructuras», denunciaba Greenpeace este verano. Para la organización ecologista «el cambio climático hizo 40 veces más probable la ola de mega incendios vivida en España y Portugal». De hecho, 2025 está considerado como el peor año en las últimas tres décadas en cuanto a superficie quemada.

El Consejo de Ministros propuso el 26 de agosto la declaración de “121 zonas catastróficas” como consecuencia de los incendios e inundaciones ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de este año para que los damnificados pudieran solicitar las ayudas previstas en la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil. 114 correspondían a incendios forestales en situación operativa 1 o 2, registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Balears, La Rioja, Navarra y la Región de Murcia. Los siete avisos restantes correspondían a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y la Región de Murcia, según informó el Gobierno.

2025 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PEOR AÑO EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS EN CUANTO A SUPERFICIE QUEMADA

Coordinación y prevención
Cada vez más voces piden acciones coordinadas y dejar a un lado los intereses políticos ante los desastres naturales. Es el caso de Greenpeace que reclama «con urgencia una reacción desde todas las Administraciones para adaptar nuestro país y minimizar los impactos futuros para la sociedad” siendo la prevención un factor fundamental.

España cuenta con una amplia legislación en materia de prevención y gestión de incendios. El artículo 148 de la Constitución establece que las comunidades autónomas «podrán asumir» las competencias de los montes y aprovechamientos forestales y la gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus estatutos de autonomía.

La Ley de Montes es más explícita al indicar las competencias de las tres Administraciones, la central, la autonómica y la local y señala que «corresponde a las administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes».

En definitiva, las tres administraciones territoriales tienen competencias, de un modo u otro, en la prevención y gestión de incendios y exigen una acción coordinada. En el caso de la administración estatal, los departamentos afectados son el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Defensa con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el del Interior, encargado de activar el Plan General de Emergencias.

ESPAÑA HA REDUCIDO LA INVERSIÓN EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UN 51% ENTRE 2009 Y 2022

Prevención e inversión
Los incendios del verano pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la política contra incendios a través de los planes anuales, tal y como establece la Ley de Montes en su artículo 48 que señala que «las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente».

Ante las denuncias de bomberos forestales, asociaciones vecinales y organizaciones como Greenpeace; la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo envió el pasado agosto un escrito interno a los fiscales provinciales para comprobar los planes de prevención en las localidades más afectadas, según Europa Press y El País, que tuvieron acceso al informe del fiscal de Sala, Antonio Vercher.

En el caso concreto del incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos, que arrasó 2.000 hectáreas y provocó la muerte de una persona, Greenpeace y los bomberos denunciaron que el plan contra incendios del Gobierno autonómico de Madrid excluía a este municipio como zona de riesgo, al tiempo que criticaron la falta de medios e inversión para la extinción de fuegos cada vez más intensos y descontrolados.

En este sentido, cabe destacar que España ha reducido la inversión en prevención y extinción de incendios un 51% entre 2009 y 2022, últimos datos disponibles, según los estudios anuales de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). En el citado periodo el gasto ha pasado de 364,17 millones de euros a 175,8 millones.

La evolución de la sanidad en España, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986, marca un antes y un después en el tratamiento institucional de la sanidad de los españoles.

Esta norma, pionera en los países avanzados, desarrolló el art.43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas, servicios y prestaciones necesarias, creando el Sistema Nacional de Salud, basado en la universalización, equidad y financiación pública. El gran cambio fue la descentralización: las competencias pasaron a las comunidades autónomas, permitiendo una gestión territorial y una adecuación más eficiente a las necesidades locales.

Gestión de los datos

En los últimos años, la digitalización ha revolucionado el panorama sanitario nacional. España es hoy un país líder en la implantación de la receta electrónica y la historia clínica digital, servicios de los que ya dispone más del 90% de la población.

La interoperabilidad entre comunidades autónomas y servicios en la nube han permitido la gestión eficiente de datos sanitarios e imágenes médicas, facilitando el acceso y la continuidad asistencial. Además, la Estrategia de Salud Digital 2021 y La Estrategia Española de Salud Global 2025-2030 ya proyectan los nuevos desafíos de la sanidad con el objetivo de avanzar en la inclusividad y sostenibilidad.

LA SANIDAD DIGITAL EN ESPAÑA NO ES SOLO UNA CUESTIÓN DE MODERNIZACIÓN. ES UN PROYECTO INTEGRAL QUE CONECTA DERECHOS, ÉTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Esta estrategia busca crear sistemas sanitarios robustos que garanticen el acceso universal para todos, independientemente de su situación administrativa, haciendo efectiva la desvinculación del aseguramiento sanitario de la cotización social y vinculándolo a la residencia en el país. Sin embargo, el triple reto de afrontar una modernización tecnológica acelerada, el déficit de profesionales y la realidad de una población crecientemente envejecida que, en muchos casos, se enfrenta a la brecha digital, debe ser afrontado.

Nuevos retos

Aplicaciones como La Meva Salut (Cataluña), SaludInforma (Aragón) o SaludMadrid entre otras permiten hoy obtener citas, informes clínicos o resultados diagnósticos. Y la IA comienza a incorporarse en pruebas radiológicas o dermatológicas.

Estos avances no deberían convertirse en una nueva brecha de desigualdad. En España más de nueve millones de personas superan los 65 años (el 20% de la población) y muchas de ellas tienen dificultades para manejar aplicaciones informáticas. Los profesionales sanitarios coinciden en que obligar a un paciente de 82 años a renovar su receta en un teléfono inteligente, del que probablemente ni siquiera dispone, es un absurdo y una pérdida de tiempo para el paciente y para el profesional que acabará, finalmente, haciendo la gestión.

LA INTEROPERABILIDAD ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y LOS SERVICIOS EN ‘LA NUBE’ HAN PERMITIDO LA GESTIÓN EFICIENTE DE DATOS SANITARIOS E IMÁGENES MÉDICAS

Una mirada especial es obligada para la atención primaria, concebida como puerta de entrada del sistema, y que todos los estudios sitúan bajo mínimos. Las proyecciones de las autoridades sanitarias prevén que el déficit de médicos de familia en 2029 llegará a más de 5.600 profesionales.

Esta situación ha empujado a muchos ciudadanos a la sanidad privada, que mantiene un crecimiento de usuarios sostenido en los últimos años con más de 12 millones de asegurados en este momento. Pero, ¿está preparada para absorber este incremento?

Las aseguradoras manifiestan preocupación por la saturación de sus redes y una demanda disparada que ha provocado que, al menos en las grandes ciudades, ya existan agendas de profesionales o especialidades bloqueadas o citando a meses vista ante la imposibilidad de absorber la demanda.

El sistema sanitario español se juega mucho en los próximos años. Tres palancas serán decisivas: reforzar la atención primaria, digitalizar de forma inclusiva y aumentar la financiación pública (España es el décimo país de la UE en porcentaje del PIB dedicado a la Sanidad).

Desafíos de la digitalización

Según el barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cerca del 60% de los ciudadanos admite esperar más de diez días por una cita en atención primaria. Al mismo tiempo, cuatro de cada diez valoran positivamente las aplicaciones sanitarias. La digitalización genera ilusión, pero no sustituye la falta de médicos. El barómetro refleja esta realidad cuando señala que 45,1% de la población opina que la sanidad pública necesita cambios importantes o profundos.

Además de los retos ya mencionados, la digitalización plantea un desafío adicional en la gestión ética y legal de los datos sanitarios. La creciente recopilación y procesamiento masivo de información personal con tecnologías avanzadas requiere una regulación rigurosa que garantice la privacidad, protección y uso adecuado de los datos. En España, las normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), imponen estándares estrictos, pero la implementación práctica provoca nuevas discusiones sobre el consentimiento informado y la responsabilidad en caso de brechas de seguridad o uso indebido. Extender la confianza ciudadana en los sistemas digitales es fundamental para que el avance tecnológico sea efectivo y socialmente aceptado.

El profesional sanitario también enfrenta una transformación en su rol. La automatización y la inteligencia artificial no solo optimizan recursos, sino que cambian las formas de diagnóstico y toma de decisiones médicas. Esto exige una formación continua y adaptativa para médicos, enfermeros y técnicos, que deben aprender a convivir con estas herramientas sin perder el criterio humano indispensable. La resistencia a la digitalización, especialmente en colectivos menos familiarizados con la tecnología, es otro desafío interno que el sistema debe abordar mediante programas de capacitación y motivación.

LA ESTRATEGIA DE SALUD DIGITAL 2021 Y LA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SALUD GLOBAL 2025-2030 YA PROYECTAN LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA SANIDAD

La inclusión digital

En cuanto a las personas mayores, la brecha digital no sólo afecta a la gestión de recetas o citas, sino que también limita el acceso a modelos innovadores de telemedicina, que podrían beneficiar en gran medida a quienes tienen movilidad reducida o viven en zonas rurales. Por ello, la inclusión digital debería acompañarse de iniciativas orientadas a facilitar la alfabetización tecnológica, mayor accesibilidad y apoyo personalizado. El sistema sanitario debe garantizar que nadie quede excluido por razones tecnológicas, evitando así agravar las desigualdades que por razón de edad u otras existan.

Asimismo, la sanidad privada, aunque en crecimiento, ve sus límites a la vista. La saturación de consultas, la presión sobre la atención pública y el alza en los costes de los seguros sanitarios plantean la posibilidad de repensar un modelo mixto que sea sostenible y eficaz. La colaboración público-privada, con estrategias compartidas e intercambio de información digital, podría ser una vía para aliviar esta tensión y optimizar la atención a la población.

En definitiva, la visión a largo plazo que propone la Estrategia Española de Salud Global apuntala un sistema más resiliente que responda a los cambios demográficos y tecnológicos sin dejar atrás a los más vulnerables.

La sanidad digital en España no es solo una cuestión de modernización técnica; es un proyecto integral que conecta derechos, ética, economía y sociedad. El equilibrio entre innovación y equidad será la clave para que los avances en salud digital beneficien a todos los españoles sin disparar desigualdades ni sobrecargar recursos limitados.

En la sede de Red Eléctrica (REE), en Alcobendas, hay un lugar sagrado. Tiene las hechuras de un centro aeroespacial y en sus entrañas guarda el conocimiento industrial de cuatro décadas, los cuarenta años que REE lleva operando el sistema eléctrico español. Es Centro de Control Eléctrico (CECOEL), el sancta sanctorum de la compañía.

Allí trabajan algunos de los mejores ingenieros de nuestro país y allí se acopla todos los días, segundo a segundo, la oferta y la demanda de energía eléctrica. Sólo entonces -tras este ajuste- es posible encender el interruptor. Porque recordémoslo: la luz no se almacena. Al menos, por ahora.

La gran pantalla del CECOEL, llena de líneas de alta tensión y de sus respectivos colores, muestra en tiempo real la operación del sistema y el avance de las energías renovables en nuestro país, la electricidad que generan nuestros parques fotovoltaicos y eólicos. La Joya de la Corona de una nueva era industrial.

Este mercado acumula inversión, innovación y empleo a partes iguales. O casi. Y su despegue en España tiene el respaldo incondicional del Gobierno y de Bruselas. Su aportación al PIB supera el 1% y ronda los 20.000 millones de euros anuales y el empleo alcanza los 127.000 puestos de trabajo.

A pesar de este auge renovable, tanto los gobernantes como los fabricantes y los ingenieros saben que esta tecnología adolece de falta de madurez, de la robustez que caracteriza a las centrales hidroeléctricas, las centrales de carbón, las centrales nucleares y las centrales de ciclo combinado. Ni eólica ni fotovoltaica son comparables a las energías clásicas.

Leyes inmutables.

Que la luz ´funcione´ no es magia, es física en estado puro, y la física, como bien saben los operadores de Red Eléctrica, responde a leyes inmutables. Leyes que la tecnología renovable no puede cumplir y que simula a través de la llamada electrónica de potencia. Pero, aunque es posible imitar a la naturaleza, no es fácil: las simulaciones casi siempre son imperfectas.

Estas leyes de la física se sostienen sobre tres palabras, los tres pilares del sistema eléctrico: sincronía, inercia y tensión.

Los generadores renovables no son síncronos ni tienen inercia ni regulan bien la tensión -sólo hay que leer el informe publicado por el Ministerio de Transición Ecológica a propósito del ´gran apagón´ para saber de qué estamos hablando- y por eso necesitan irremediablemente de las energías síncronas, de las energías tradicionales.

QUE LA LUZ FUNCIONE NO ES MAGIA, ES FÍSICA EN ESTADO PURO, Y LA FÍSICA, COMO BIEN SABEN LOS OPERADORES DE RED ELÉCTRICA, RESPONDE A LEYES INMUTABLES

Gracias a ellas, a lo que en el argot eléctrico se conoce como respaldo, el sistema eléctrico alcanza la estabilidad que necesita, un equilibrio que viene expresado por otro parámetro: la frecuencia.

En el CECOEL una gran pantalla muestra en tiempo real las oscilaciones de la frecuencia. Esta variable marca las pulsaciones del sistema eléctrico. A menos de 50 hercios (HZ) el sistema se desmaya.

Hasta el día del ‘gran apagón’ la cautela había sido una máxima en Red Eléctrica. Lo que los ingenieros de la empresa denominan con cierta sorna “operar con tirantes y paracaídas”. Garantizar el suministro eléctrico ha sido y es un mandato legal, pero también el orgullo histórico de esta compañía pública.

En REE nunca desoyeron las consignas del Gobierno, nunca recelaron de las directrices del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima), pero siempre -desde que las renovables se incorporaron al sistema hace ya más de dos décadas con toda su inestabilidad- los ingenieros de Operación trabajaron con “tirantes y paracaídas” para evitar los temidos apagones. Hasta ese fatídico 28 de abril.

El día D.

El Gobierno ha concluido que el Operador del sistema eléctrico programó para el día 28 de abril -siempre un día antes y a tenor de las previsiones de oferta y demanda de la jornada- que diez centrales convencionales estuvieran disponibles para poder amortiguar las oscilaciones de tensión que acompañan habitualmente, como ya hemos explicado, a las tecnologías renovables.

Sin embargo, la noche de antes la empresa propietaria de una de esas centrales comunicó que no estaría operativa al día siguiente. Red Eléctrica, entonces, preguntó al oráculo del CECOEL si era necesario activar una central extra y el súper ordenador de la empresa -que hace los cálculos matemáticos para saber hasta dónde debe llegar el respaldo- dijo que no era necesario.

En otro tiempo, los técnicos de Red Eléctrica hubiesen tirado de prudencia, lo que ellos denominan el N-2, pero el equipo de ingenieros que hoy dirige el Centro de Control Eléctrico se confió, olvidando que las leyes de la física son inmutables, pero las matemáticas no lo son.

De manera que los problemas de tensión asociados al uso de las renovables no encontraron ese día el suficiente contrapeso de las tecnologías clásicas y terminaron por tumbar todo el sistema.

AQUEL 28 DE ABRIL UN GRAVE PROBLEMA DE SOBRETENSIÓN PROVOCÓ EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA, Y EN CADENA, DE LOS GENERADORES

Aquí podríamos situar el error de planificación de Red Eléctrica. Pero, al parecer, la historia no terminó en Alcobendas. A la hora de frenar los picos de tensión que acabaron por noquear la red, las nueve centrales que sí estaban disponibles no operaron según lo previsto. Al menos esto es lo que dice el informe del Gobierno. “Todas y cada una de ellas”, señaló en su comparecencia la vicepresidenta Sara Aagesen, tuvieron “algún grado de incumplimiento” y no absorbieron la tensión como se esperaba.

Respuesta tardía.

La jornada fue un cúmulo de desgracias. Durante la mañana de aquel 28 de abril se detectaron fuertes oscilaciones de tensión -por cierto, habituales en los últimos meses. Y ante esta situación, y minutos antes de que España se fuera a negro, Red Eléctrica mandó que se activara una nueva planta —un ciclo combinado de gas, la tecnología de más rápida respuesta en situaciones como ésta—. Pero ya fue tarde: esta planta no pudo estar operativa hasta las 14 horas, cuando el sistema había perdido el pulso.

LOS PROBLEMAS DE TENSIÓN ASOCIADOS AL USO DE LAS RENOVABLES NO PUDIERON SER AMORTIGUADOS ESE DÍA POR LAS TECNOLOGÍAS CLÁSICAS

En medio del caos, y a medida que pasaban los minutos, las oscilaciones aumentaron y entonces se produjo la temida sobretensión. Esto fue lo que provocó en cuestión de segundos la desconexión automática, y en cadena, de los generadores. Un mecanismo de autodefensa habitual: para evitar que se quemaran.

Empezaron desconectando Granada, Badajoz, Segovia, Huelva y Cáceres. Muchos de estos disparos -palabra de argot- fueron por seguridad, pero algunas plantas saltaron de manera indebida, según recalcó la ministra Aagesen, apuntando a un segundo foco de responsabilidad de las eléctricas. “Las desconexiones, algunas de ellas aparentemente indebidas, aumentan la tensión”, ha remachado el ministerio.

En cualquier caso, estas desconexiones, automáticas o a la desesperada para evitar que las máquinas quedaran inservibles, fueron un fenómeno en cadena, imparable, que hizo imposible evitar el apagón.

En estas circunstancias, los habituales cortafuegos con los que se trata de circunscribir este tipo de fenómenos a áreas o zonas concretas —se intentaron hasta seis maniobras de deslastre de cargas, todas ellas fallidas— fueron del todo insuficientes. En definitiva, España y su sistema eléctrico se dieron de bruces con la tormenta perfecta.

Los desempleados que llevan más de un año sin trabajar representan el 38,5% del total de parados (999.700 personas), aunque eran un 43% hace 5 años y un 46% en 2010, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2024. Con todo, son cifras altas y «constituye uno de los grandes disparadores de pobreza y exclusión social en España», apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Desigualdades estructurales. El perfil del desempleado de larga duración evidencia la existencia de desigualdades estructurales que afectan en mayor medida a mujeres y a mayores de 50 años, tanto hombres como mujeres.

El colectivo más castigado es el de las mujeres, que representan el 55,8% de los parados de larga duración frente al 44,2% de hombres. La interrupción de las trayectorias laborales para ocuparse de los hijos o de familiares dependientes es una de las causas, al afrontar muchas dificultades para reincorporarse después al mercado laboral, de acuerdo con el análisis del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco publicado en febrero. También influye que haya más mujeres trabajando en sectores afectados por las crisis económicas como el comercio o la hostelería.

LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN ES UN PROBLEMA EN MUCHOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE, ENTRE LOS QUE DESTACA ESPAÑA

Además, el mercado laboral español penaliza, en general, a las personas mayores de 50 años, según el análisis de Fundación Adecco. Constituyen el 30,82% del total de parados y suponen el 45% entre los de larga duración. «Se trata de una generación especialmente vulnerable, teniendo en cuenta que suelen perder su empleo tras muchos años en la misma empresa o se incorporan al mercado laboral tras largos periodos de inactividad», indica la Fundación. “Existe una percepción anacrónica que asocia al mayor de 50 años con profesional obsoleto, olvidando sus atributos habitualmente presentes como la experiencia, la madurez, el pensamiento crítico o las habilidades interpersonales. Estas creencias estereotipadas son un completo contrasentido, en un contexto de envejecimiento sin precedentes», explica Francisco Mesonero, director general de la entidad, quien subraya cómo esta situación de desempleo prolongado «puede impactar severamente en su salud emocional y en su identidad, generando una sensación de vacío y pérdida de propósito”.

Causas y efectos. Entre los factores que explican este fenómeno, la Fundación Adecco apunta a las crisis económicas que España ha sufrido en los últimos años y que han evidenciado la «dependencia de sectores cíclicos como el turismo o la construcción que, cuando caen, provocan grandes oleadas de despidos, con dificultad para recolocar a sus profesionales en otras áreas de actividad». También influyen los avances de las nuevas tecnologías y la creciente automatización del mercado, que deja fuera a personas sin estas habilidades. Generalmente son mayores de 50 años y mujeres, pero también los más jóvenes debido a los elevados índices de abandono escolar que tiene España, «que no prepara a los profesionales para el mercado laboral real, perpetuando el desempleo y haciendo que pueda convertirse en estructural», denuncia el análisis. Hay un tercer factor destacado por la Fundación que tiene que ver con la discriminación y las barreras que afectan a las personas con discapacidad. «Prejuicios, desconocimiento, ausencia de accesibilidad, dificultando en gran medida su incorporación al empleo en el corto plazo».

Por su parte, el Observatorio Estatal de Desempleo de Larga Duración (OEDLD) revela en su último informe de febrero los efectos negativos en los parados de larga duración y cómo afecta a las relaciones de pareja, paternofiliales y sociales, al tiempo que disminuye la percepción del apoyo social y aumentan los sentimientos de soledad y de exclusión entre los afectados. El 37,3% percibe menos armonía en sus relaciones de pareja, y presentan dificultades para proporcionar a sus hijos menores acceso a chequeos médicos regulares (15,4%), alimentación nutritiva (15,4%) y ropa adecuada (23,1%). El 41,4% de los que llevan dos años o más desempleados ha percibido un deterioro ligero o sustancial en sus relaciones sociales.

Formación continua. Para combatir el paro de larga duración «es esencial fortalecer las políticas activas de empleo, poniendo el foco en la formación y la recualificación en sectores emergentes», propone Mesonero. «Esto es especialmente importante para las personas más vulnerables y con mayor riesgo de cronificación en el desempleo». También considera necesario que este colectivo asuma «un papel activo en su inclusión laboral, evitando quedar a merced de un mercado cada vez más competitivo y cambiante». «Es crucial que apuesten por el aprendizaje permanente, manteniendo una actitud proactiva para actualizar sus competencias y alinearse con los sectores que generan más empleo», concluye. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece cursos gratuitos de formación para desempleados que suponen oportunidades de aprendizaje, además de aumentar la autoestima de quienes participan.

PARA COMBATIR EL PARO DE LARGA DURACIÓN ES ESENCIAL FORTALECER LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, PONIENDO EL FOCO EN LA FORMACIÓN Y LA RECUALIFICACIÓN

El estudio del OEDLD subraya, por su parte, la necesidad de un «enfoque sistémico desde los programas de empleo, donde se aborde la problemática que representa el desempleo desde una perspectiva laboral, social y familiar». Pone a disposición de profesionales y entidades una guía de indicadores para la evaluación de programas de empleo, «facilitando la medición del impacto del desempleo en el entorno y, de esta manera, mejorar la intervención que se realiza con esta población».

La lucha contra el desempleo de larga duración es un problema en muchos Estados miembros entre los que destaca España. La tasa, como porcentaje de la fuerza laboral, fue del 2,1% en la UE en 2023. Marca, así, un mínimo histórico desde el comienzo de la serie temporal en 2009, según datos de Eurostat. Dinamarca y los Países Bajos se sitúan con el 0,5%, por delante de República Checa, Malta y Polonia (todos con el 0,8%). En el otro lado, Grecia tiene la tasa más alta, alcanzando el 6,2%, seguido de España (4,3%) e Italia (4,2%).