La historia de la fiscalidad europea está íntimamente ligada a la evolución de la propia complejidad del proyecto europeo, y podríamos decir que ha atravesado cuatro fases.

En una primera fase, en las primeras décadas tras el Tratado de Roma, era un mero instrumento presupuestario para recabar los recursos necesarios para financiar las políticas comunes, primero aranceles (denominados recursos propios tradicionales), y luego otros recursos complementarios basados en el IVA y en la renta nacional bruta (denominados atípicos, pero que terminarían siendo los más típicos).

En los años 80, con el avance del mercado único europeo, se entró en una segunda fase en la que el objetivo pasó a ser minimizar las distorsiones en su funcionamiento, como las divergencias en fiscalidad indirecta, que dificultaban las transacciones y perpetuaban la necesidad de fronteras físicas. Por ello, en los años 90 se optó por la armonización de la estructura de IVA e impuestos especiales, con el establecimiento de reglas uniformes para el cálculo de bases imponibles, el principio general de tributación en destino y un sistema de compensación.

En paralelo, el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones facilitó la expansión de las cadenas de suministro globales. Poco a poco las multinacionales comenzaron a reubicarse en países de tributación más favorable, protegidas por la resistencia de los Estados miembros a armonizar la imposición directa (más vinculada a la soberanía). Algo que se veía venir: ya el Informe Werner de 1970 advertía que un adecuado funcionamiento del mercado único requeriría armonizar la estructura de los impuestos con una influencia directa en los movimientos de capitales dentro de Europa, como el de sociedades.

Al abrigo de la unanimidad, por tanto, algunos países europeos favorecieron la creación en su territorio de auténticos paraísos fiscales, con tramposas estructuras como el “doble irlandés”, el “sándwich holandés” o el “solo maltés”. Paraísos fiscales que, pese a lo que a menudo se cree, no se sustentan en bajos tipos impositivos, sino más bien en lagunas legales y en definiciones laxas del concepto de hecho imponible o de residencia fiscal, o en el tratamiento de dividendos y royalties. Como se demostró con el IVA, cuando se trata de evitar distorsiones lo importante no es tanto armonizar los tipos como armonizar la estructura del impuesto.

Por otra parte, la tecnología fue añadiendo complejidad a la imposición, en especial con el desarrollo de los servicios digitales, que difuminaron conceptos fiscales antes muy evidentes, como el lugar de realización del hecho imponible o el de establecimiento permanente: ¿cómo gravar a empresas con millones de clientes pero sin establecimiento permanente y con servicios prestados desde ubicaciones imprecisas?

Con el cambio de siglo, en cualquier caso, se inició una tercera fase en Europa, derivada de la creación del euro, que implicaba renunciar a tipo de interés y tipo de cambio y por tanto la necesidad de contar con mecanismos de estabilización conjuntos en caso de crisis. Comenzó entonces un importante debate sobre la posibilidad de la UE de obtener nuevos recursos propios, y el esfuerzo se concentró en dos áreas: gravar capacidades de pago aún no gravadas (como las transacciones financieras, las actividades digitales o parte de una base armonizada del impuesto de sociedades) y aplicar impuestos medioambientales desincentivadores (a emisiones, residuos, o productos importados intensivos en carbono). Pero no es fácil: lo primero se ve dificultado por la alta movilidad del capital, y lo segundo por un contexto de inflación y de cooperación internacional bajo mínimos. ¿Cómo establecer aranceles medioambientales o impuestos a multinacionales extranjeras sin esperar fuertes represalias?

Hay que decir, sin embargo, que la crisis financiera de 2008 y la del euro aumentaron de forma considerable la presión social sobre los paraísos fiscales (europeos y no europeos), generando incentivos para reducir las prácticas de fiscalidad agresiva y avanzar en un acuerdo multilateral en el seno de la OCDE y el G20 para garantizar una mínima tributación de las multinacionales. Si los dos pilares ya acordados de esta iniciativa se culminan con éxito, la UE podría renunciar a aplicar arriesgadas iniciativas unilaterales.

La cuarta fase de la fiscalidad europea se deriva de la crisis del Covid y, sobre todo, de la invasión rusa de Ucrania, eventos que han venido a poner de manifiesto la existencia de bienes públicos europeos, como las vacunas, la independencia energética, la defensa, la tecnología digital y medioambiental (en un contexto de guerra de subsidios de política industrial), el aprovisionamiento de materias primas clave, o la estabilidad financiera. Si admitimos que existen estos bienes públicos europeos, entonces su provisión a nivel nacional resultará insuficiente. ¿Cómo financiar estas necesidades europeas del siglo XXI? ¿Cómo evitar que las empresas europeas emigren a otros países como EE.UU. con mejores condiciones de suministro energético, materias primas y apoyo industrial?

En un mundo cada vez más complejo y menos cooperativo, la supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen. La UE puede seguir engañándose, esperando que las cosas mejoren, o puede armarse de valor y audacia y disponerse a reformar tratados, o al menos a iniciar mecanismos de cooperación reforzada. Lo que en el siglo XXI la UE no puede permitirse es seguir con un mercado interior ineficiente por falta de voluntad armonizadora de unos pocos ni afrontar la financiación de imprescindibles bienes públicos europeos sin mecanismos fiscales comunes.

En Europa llevamos 15 años de déficits públicos recurrentes, resultado de un periodo de crisis bancarias, saneamiento y desapalancamiento de empresas y familias, deflación, pandemia y, ahora, guerra. Los gobiernos han asumido un papel más significativo que nunca en las economías, no solo regulando el funcionamiento de los mercados sino también en la provisión de servicios, la protección y el desarrollo de nuevas infraestructuras e innovación. Han sido los salvadores en situaciones extremas y han mantenido una actividad que en las sucesivas crisis se desmoronaba. No es extraño que ello haya despertado el debate sobre la sostenibilidad y coste del endeudamiento público.

El caso español no es diferente. La ratio de la deuda pública sobre el PIB era del 35,8% en 2007. Este mínimo histórico se había alcanzado gracias al fuerte crecimiento de los ingresos fiscales de los felices 2000, el periodo en que se gestó la peor burbuja de la deuda privada. Siete años después de explotar esta burbuja, la ratio había subido hasta el 105,1%. Parecía un máximo difícil de superar, pero en 2020 la ratio daba un nuevo salto hasta el 120,4%, a consecuencia de la pandemia. En 2022, gracias al fuerte incremento de ingresos fiscales provocado por la inflación –despertada por la guerra en Ucrania- y a pasar de las medidas para paliar el impacto en hogares y transporte de los precios energéticos, ha vuelto a descender, para situarse en el 116%. Por tanto, del 36% al 116%, 80 puntos de incremento en 15 años.

En la Eurozona la ratio de la deuda se elevaba en 2022 al 94,2%. En Alemania era del 67% ese mismo año, en contraste con el 113% de Francia o el 150% de Italia. la ratio de la deuda está en máximos históricos en toda la UE, aunque el coste medio de la deuda viva está en mínimos, gracias a los bajos o negativos niveles de tipos de interés de la política monetaria. Además, las compras masivas de deuda de los bancos centrales han mantenido bajos también los tipos de interés a largo plazo. En la zona euro, el coste medio del saldo de deuda es del 1,3% en los últimos años, con una vida media de ocho años. En el caso de España el coste medio es algo mayor, debido a las primas de riesgo, del 2,1%, con una vida media similar.

¿Es sostenible este nivel de deuda pública? No, es necesario que descienda, en España y en la UE. El concepto de sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de conseguir financiación en los mercados a un coste razonable. Estos consideran la deuda pública sostenible cuando la ratio de la deuda sobre PIB es capaz de ajustarse discrecionalmente, al alza o a la baja, según el momento del ciclo macro. No existe un nivel estático de ratio ideal. Son dos los factores de cuya evolución combinada se derivan los ascensos o descensos de la ratio de la deuda: si el saldo primario –es decir, el saldo no financiero ex intereses de la deuda- es negativo (déficit primario), la ratio sube; y si el interés real de la deuda es inferior al crecimiento real del PIB, la ratio baja.

La escalada de la ratio de la deuda en los últimos 14 años se ha debido a un saldo primario negativo recurrente y muy pronunciado. Y seguimos con un saldo negativo también en 2023. Para estabilizar y reducir la ratio de la deuda es imprescindible la generación de superávits primarios suficientes y prolongados, actuando sobre los ingresos o haciéndolo sobre los gastos. Otros países, como Alemania o Francia, han girado hacia saldos positivos pasado lo peor de la pandemia. Los tipos de interés reales negativos de la deuda han tenido un temporal y limitado efecto balsámico. Y recordemos que en España sufrimos la desventaja de la prima de riesgo, que supone 0,8 puntos porcentuales más de coste medio en la deuda viva. Es pues necesaria la generación de superávits primarios que reconduzcan la ratio de la deuda, pero ello choca con resistencias estructurales y políticas. Por eso precisa de un entorno a escala europea que lo favorezca.

El escrutinio de los mercados es un elemento clave en una unión monetaria sin unión fiscal, en la que las finanzas públicas no tienen, por definición, consecuencias cambiarias, y el peligro de moral hazard (irresponsabilidad) es alto. No obstante, episodios como el sufrido por la Eurozona en 2011-2012 –la crisis soberana y del euro del whatever it takes de Draghi- demuestran que ese escrutinio también puede generar ruido y volatilidad. La aplicación entonces de las rígidas reglas fiscales de la UE –límites estáticos a la ratio sobre PIB del déficit y la deuda— se considera ahora que fue contraproducente. Las reglas fiscales se suspendieron con la pandemia y ahora van a ser revisadas para introducir un esquema alternativo individualizado, con un plan país por país de retorno a la sostenibilidad en plazos realistas y fáciles de comunicar a los mercados. Además, aunque una unión fiscal está lejos del horizonte europeo, los programas de gasto “federal”, fuera de los presupuestos nacionales y financiados con deuda pública de la UE -como Next Generation EU-, serán un instrumento cada vez más utilizado, lo que reducirá la presión sobre la deuda de cada país.

Tras dos décadas relegada del centro de atención, la inflación ha recuperado el foco. El fuerte aumento de la tasa de crecimiento de los precios de los bienes y servicios que consumimos está siendo lo que más condiciona la actividad económica. Y también lo que más debate suscita respecto a sus causas, a las medidas para atajarla y a las perspectivas para su evolución. Vamos a tratar de dar respuesta a estos aspectos, que están interrelacionados. Porque para poder realizar una previsión sobre la tasa de inflación en 2023 y 2024 (lo que, a su vez, condicionará los tipos de interés), es imprescindible atender a las razones de su último repunte. Cabía esperar un aumento de los precios como consecuencia de la recuperación económica posterior a la COVID (desde la segunda mitad de 2020 hasta finales de 2021), pero no tan intenso. Porque tampoco se anticipaba una recuperación tan fuerte de la actividad económica, que fue rápida por el temprano descubrimiento de una vacuna eficaz y la consecución de la inmunidad de rebaño.

He aquí uno de los tres principales motores de la inflación de los últimos meses: la presión desde el lado de la demanda. Los otros dos son los factores de oferta y la elevada liquidez de los bancos centrales. Existe un intenso debate entre los economistas sobre la capacidad explicativa de la enorme base monetaria creada por los bancos centrales entre marzo de 2020 y junio de 2022 (del orden del 20% del PIB; 4 billones de EUR en el Área euro) que no hizo más que incrementar el importe creado desde la crisis financiera de 2008. En total, un 50% del PIB. Aunque existe una relación entre la cantidad de dinero y el crecimiento de los precios, el vínculo causal no tiene una importancia cuantitativa destacada. Eso es algo que está más que demostrado ya desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando el monetarismo fue relegado de la primera línea de análisis de los bancos centrales.

Analicemos los factores de oferta que son, en mi opinión, los más relevantes para explicar el repunte de la inflación del último año. Y dentro de estos, nos referimos a dos: por un lado, el encarecimiento de las materias primas y, por el otro, a los “cuellos de botella”. En lo que respecta al alza del precio de las materias primas, ha sido generalizado e intenso entre los mínimos de primavera de 2020 (en plena pandemia el barril de petróleo llegó a tener un precio negativo) y los máximos de principios del pasado junio. Las cotizaciones (que aumentaron del orden del 300%) experimentaron un empuje adicional con el inicio de la guerra en Ucrania. Pero hoy, cuando la corrección desde los máximos es del orden del 15%, podemos considerar que este factor no solo ya no es inflacionista, sino que va a ser el principal director de la moderación de la tasa de inflación en los próximos 12 meses.

Y similar conclusión podemos extraer del otro gran “causante”: los cuellos de botella, esto es, las distorsiones en las cadenas de producción y transporte globales. Tras los máximos de finales de 2021 , la moderación está siendo muy importante, gracias en gran medida a la normalización de la disponibilidad de barcos y a la recomposición de inventarios.

En conclusión, un análisis de las razones de la inflación de los últimos 18 meses permite afirmar que los máximos han podido quedar ya atrás gracias al cambio de signo de los factores vinculados a la oferta, pero también a la menor presión desde el lado de la demanda (menor crecimiento del PIB mundial) y al reducido impacto de la abundante liquidez inyectada por los bancos centrales.

Ahora bien, la moderación de la inflación se va a producir a un ritmo lento y serán necesarios entre 18 y 24 meses para regresar a la cota del 2,0% objetivo de los bancos centrales. Pero mucho antes, tan pronto como en el próximo trimestre, éstos podrían haber dejado ya de subir los tipos de interés, ante la consecución del punto de inflexión en la inflación y haber situado los tipos en una cota en línea con la media histórica.

Es obvio que este escenario tiene uno alternativo de riesgo, que es una mayor persistencia de la inflación en altas tasas debido a potenciales efectos de segunda ronda, así como los pasos atrás que se están produciendo en la globalización. La constatación de algunos de los efectos negativos de la misma (como los cuellos de botella) está favoreciendo una relocalización de los factores productivos en las economías desarrolladas, lo que sin duda puede generar ciertas presiones al alza en los costes de producción y, con ello, en los precios de venta finales de los productos y servicios que consumimos. Si en las dos últimas décadas hemos vivido con una tasa de inflación baja gracias a los efectos de la globalización, la desglobalización de los próximos años provocará una inflación más alta. Pero será en línea con el objetivo de los bancos centrales (2,0%) gracias a la capacidad de estos, vía política monetaria, para mantenerla bajo control.

A esto se suman sucesos como los ocurridos a finales de septiembre en los gasoductos rusos 1 y 2 del Nord Stream, que han provocado fugas en las aguas internacionales del mar Báltico y que, según la UE, han sido «ataques deliberados». Estos gasoductos conectan directamente Rusia con Alemania. «Son tiempos difíciles, y no acabarán pronto», ha admitido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen. «Pero estoy profundamente convencida de que, con nuestra unidad, nuestra determinación y nuestra solidaridad, prevaleceremos».

Medidas excepcionales

Ante esta situación, los ministros de Energía de la UE, reunidos con carácter extraordinario el 30 de septiembre, llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento presentada días antes por la Comisión para hacer frente a los altos precios de la energía. Los ministros acordaron una reducción global voluntaria del 10% del consumo bruto de electricidad y una reducción obligatoria del 5% del consumo de electricidad en las horas punta. También acordaron limitar los ingresos del mercado a 180 euros/MWh para los generadores de electricidad, incluidos los intermediarios, que utilizan las llamadas «tecnologías inframarginales» para producir electricidad, como las renovables, la nuclear y el lignito. Estos operadores, indicaron los ministros, «han logrado ganancias financieras inesperadamente grandes en los últimos meses, sin que aumenten sus costos operativos. Esto se debe al papel del carbón y el gas como fuentes marginales de fijación de precios que actualmente inflan el precio final de la electricidad». La idea de poner un tope al precio del gas del mercado mayorista está pensada para preservar la rentabilidad de los operadores y evitar entorpecer las inversiones en energías renovables, algo que ya se aplica en España y Portugal desde junio en el marco de la llamada «exención ibérica».

Respecto a la propuesta de la Comisión de «recaudar los ingresos obtenidos de excedentes de la producción de electricidad y una contribución solidaria de los beneficios excedentes del sector de los combustibles fósiles, que se utilizará para aliviar el impacto de los altos precios en los clientes finales y aumentar la protección a los clientes minoristas de electricidad», los ministros acordaron utilizar las medidas necesarias, en función de las circunstancias nacionales, «para recaudar y redirigir los ingresos excedentes hacia el apoyo y la protección de los consumidores, clientes finales de electricidad».

ANTES DE QUE PUTIN INVADIERA UCRANIA, LA CRISIS ENERGÉTICA YA HABÍA DADO SUS PRIMERAS SEÑALES

Contribución solidaria

También acordaron establecer una tasa de solidaridad para el sector de los combustibles fósiles. Se trataría de una contribución solidaria con carácter temporal y obligatorio a aplicar sobre las ganancias de las empresas en los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y las refinerías a aquellas que se sitúen por encima del 20% del incremento de la media anual, teniendo en cuenta como referencia el año fiscal de 2018. Los Estados miembros también podrán establecer temporalmente un precio para el suministro de electricidad para las pequeñas y medianas empresas y ayudarlas así a contrarrestar los altos precios de la energía, y de forma excepcional y temporalmente, podrán fijar un precio por el suministro de electricidad que esté por debajo del costo. «El acuerdo alcanzado hoy supondrá un alivio para los ciudadanos y para las empresas europeas. Los Estados miembros allanarán la curva de demanda de electricidad durante las horas pico, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios y redistribuirán los beneficios excedentes del sector energético entre aquellos que tienen dificultades para pagar sus facturas», dijo Jozef Síkela, ministro checo de Industria y Comercio tras la reunión.

Las medidas aprobadas tienen carácter temporal y extraordinario. Los objetivos de reducción del consumo de energía se aplicarán hasta el 31 de marzo de 2023. El límite máximo obligatorio de los ingresos del mercado se aplicará hasta el 30 de junio de 2023.

LOS MINISTROS DE ENERGÍA DE LA UE HAN ACORDADO UNA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GAS Y LIMITAR LOS INGRESOS DE LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD

La crisis, paso a paso.

Antes de que Putin invadiera Ucrania, la crisis energética ya había dado sus primeras señales con un aumento paulatino de los precios de los productos energéticos, destacando los de la electricidad y el gas. Desde septiembre de 2021 el precio de la energía es un tema recurrente en las reuniones de los jefes de estado y de gobierno de la UE y del Consejo Europeo. Así se refleja, por ejemplo, en la reunión informal del Consejo de Energía y Transporte del 22 de septiembre, cuando algunos Estados miembros expresaron su preocupación por el aumento de los precios de la energía y pidieron a la Comisión que investigara las causas de la importante subida de precios del gas y la electricidad. La comisaria de Energía, Kadri Simson, se comprometió a ofrecer una «caja de herramientas» energética con posibles medidas para la UE. Un par de semanas después, en el Consejo de Medio Ambiente celebrado el 6 de octubre, los ministros subrayaron la necesidad de emprender una acción urgente para proteger a los hogares vulnerables, y pidieron un enfoque coordinado de la UE.

El 24 de febrero de 2022 Rusia invade Ucrania. El Consejo Europeo celebró una reunión extraordinaria para abordar la situación y cuatro días después, los ministros de Energía de la UE presentaron sus puntos de vista sobre la situación y el estado de los suministros, existencias y flujos de energía en sus respectivos países. Pese a que, según dijeron, la UE no corría un riesgo inmediato de desabastecimiento de gas, incluso en el caso de una interrupción del suministro por parte de Rusia, sí plantearon la necesidad de adoptar medidas de contingencia, incluida la seguridad del suministro, la gestión optimizada de existencias y una mejor coordinación entre los socios para limitar el impacto de los precios de la energía en los hogares y las industrias.

En la reunión informal celebrada los días 11 y 12 de marzo de este año, los líderes europeos acordaron eliminar gradualmente la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos e instaron a la Comisión a proponer un plan REPowerEU y pidieron otro para garantizar la seguridad del suministro y unos precios de la energía asequibles.

El 2 de mayo, los ministros de Energía abordaron el problema del suministro de gas tras la suspensión por parte de Gazprom, la empresa rusa de gas, a algunos Estados de la UE. En este encuentro analizaron el nivel de preparación de la UE en caso de una crisis de suministro y posibles medidas de emergencia y solidaridad. Ese mes, el 19, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre nuevas normas para el almacenamiento de gas a través de un reglamento cuyo objetivo es garantizar que las capacidades de almacenamiento en la UE se llenen antes de la llegada del invierno y puedan compartirse entre los países miembros «en un espíritu de solidaridad». Los legisladores aprobaron que el almacenamiento subterráneo de gas en el territorio de la UE debe llenarse al menos al 80% de su capacidad antes del invierno de 2022-2023 y al 90% antes de los siguientes períodos invernales.

Los 27 alcanzaron en la reunión del Consejo Europeo celebrado el 20 de octubre en Bruselas un «importantísimo acuerdo» en materia energética para poner en marcha las medidas propuestas por la Comisión, informó el presidente del Consejo, Charles Michel. «Hemos acordado actuar juntos, como europeos, para conseguir tres objetivos: precios más bajos, garantizar la seguridad del suministro y seguir trabajando para reducir la demanda».

Un pequeño empresario de la construcción se lamentaba recientemente en un foro de jóvenes ejecutivos del sector de tener instalada en la empresa maquinaria pesada modificada por el fabricante para cumplir con una estricta normativa anticontaminación que, si bien suma en el aspecto medioambiental, también resta en el de productividad. Su queja no era tanto por este motivo como por el hecho de tener la seguridad a través del proveedor de que dicha normativa sólo afecta a las máquinas destinadas al mercado europeo, mientras que las que se comercializan en países como Japón o EE.UU. lo hacen libres de esas modificaciones, es decir, más contaminantes, pero con una mayor capacidad de producción y un menor riesgo de complicaciones y averías. “En Europa pretendemos salvar el mundo mientras los países más contaminantes miran cómo nos hundimos”, vino a decir.

Ampliando el foco al que se reducen las vicisitudes de este pequeño empresario, es cierto que Europa lidera la acción en materia de lucha contra el cambio climático y es la que de forma más enérgica ha defendido en los últimos años la necesidad de una transición ecológica hacia una economía verde y descarbonizada. El Acuerdo de París de 2015, que establece el marco de acciones que deben abordar los Gobiernos para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales, sigue marcando las decisiones que a nivel regulatorio está tomando la Unión Europea en materia de economía y clima y que se materializan en grandes hitos como el Pacto Verde Europeo presentado a finales de 2019 y que constituye una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Como continuación a ello, en junio de 2021 el Parlamento Europeo dio luz verde a la Ley del Clima de la UE, que transforma en obligación el compromiso político del Pacto Verde. En materia energética, el desarrollo de este marco normativo lleva implícita la superación paulatina de las energías fósiles como el carbón, el petróleo o el gas para dar primacía a energías renovables como la fotovoltaica, la eólica o los biocarburantes, y de esa forma revertir la tendencia de décadas de crecer más a base de contaminar más.

Todo ello con el telón de fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, establecida por Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la que los líderes mundiales se comprometieron a alcanzar una serie de metas globales para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. Pero entonces llegó febrero de 2022, Putin decidió consumar sus planes de invasión de Ucrania y el marco geopolítico y económico varió radicalmente.

Como advierte Forética en su informe ODS y Visión 2050, recientemente publicado, 2022 está siendo una auténtica “prueba de fuego” para los ODS. “El aumento de la inflación, los problemas energéticos, la crisis de recursos y los problemas derivados de la geopolítica están complicando el avance global en la consecución” de la Agenda 2030, asegura el informe de esta organización referente en sostenibilidad. Y uno de los puntos críticos de esta prueba de fuego reside, precisamente, en la energía.

La mayoría de expertos y organismos del sector coinciden en que el futuro energético en Europa y el mundo pasa sí o sí por las renovables y hay incluso quienes sostienen que, por sus condiciones climáticas, países como España o Grecia están llamados a convertirse en los próximos años respecto de la energía solar fotovoltaica o eólica en lo que hoy son los de Oriente Medio respecto del petróleo. Sin embargo, la realidad muestra que los combustibles fósiles aún representan más del 80% del consumo de energía en el mundo, prácticamente el mismo porcentaje que hace tres lustros. Una situación que la guerra no ha hecho más que agravar puesto que, en respuesta a la crisis energética y al encarecimiento del gas por los cortes de suministro de Rusia hacia Europa, hay países que han vuelto a quemar carbón y a poner la mirada en la energía nuclear. Por cierto, que la nuclear y el gas son desde el pasado mes de julio consideradas por Europa energías verdes, al ser incluidas en la taxonomía de inversiones sostenibles, lo que no deja de provocar controversia.

¿Supone la crisis de la energía un frenazo radical para los planes de transición verde? Está claro que la economía no se puede permitir una escasez de energía y que, hoy por hoy, la transición hacia una energía sostenible está sin hacer. Un parque fotovoltaico puede construirse en unos meses, pero su puesta en marcha efectiva hasta que esa energía limpia se vuelque a la red, puede demorarse años por cuestiones administrativas. Es ahí donde, según los expertos, está el mayor obstáculo para lograr esa transición y el mayor reto que enfrentan los Gobiernos. Por ello, la consecuencia de esta crisis no debería ser otra que la aceleración de esa transición. Europa ya tenía una estrategia de descarbonización y crecimiento verde, que muchos países intensificaron tras la pandemia con los fondos de recuperación. Ante una crisis energética de la magnitud de la actual, no quedaría otra solución que seguir pisando el acelerador apostando por las renovables para dar la razón a esas voces que afirman que no hay otro futuro posible. Y con una implicación a nivel mundial, para no tener que dársela a quienes creen que Europa está decidida a salvar el planeta a costa de hundirse ella misma.