Nuevo Consejo General del Notariado

EDITORIAL

Nuevo Consejo General del Notariado

EL 28 DE NOVIEMBRE quedó constituido el nuevo Consejo General del Notariado para los próximos cuatro años, que representa a los casi 3.000 notarios y está integrado por los decanos de los 17 Colegios Notariales.

El Consejo acordó la elección como presidente de José Ángel Martínez Sanchiz (decano del Colegio Notarial de Madrid); como vicepresidente de Raimundo Fortuñy Marqués (decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares), y de José Alberto Marín Sánchez (decano del Colegio Notarial de Cataluña), Ignacio Ferrer Cazorla (decano del Colegio Notarial de Extremadura) y Francisco Cantos Viñals (decano del Colegio Notarial de Valencia), como miembros de la Comisión Permanente, junto a los dos primeros.

Posteriormente fueron designados portavoz y delegado de nuevas tecnologías, respectivamente, María Teresa Barea (decana del Colegio Notarial de Andalucía) y Luis Fernandez‐Bravo (decano del Colegio Notarial de Castilla‐La Mancha). Ambos se incorporarán a la Comisión Permanente del CGN como miembros adscritos.

Este Consejo es una corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Representa al Notariado español y tiene entre sus principales fines colaborar con la Administración, mantener la organización colegial y coordinar determinadas funciones de los Colegios Notariales.

Principales objetivos
El objetivo primordial del nuevo Consejo será reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos, porque la función notarial ha ido siempre al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas, en especial respecto de los más vulnerables por las razones que sean, personales o económicas.

También impulsará al hilo de la Convención de Nueva York y de la reforma en ciernes del Código Civil y Código Civil de Cataluña, los apoyos voluntarios a las personas con discapacidad. En esta materia el Notariado cuenta con la dedicación y esfuerzo de la Fundación Æquitas, que ha cumplido 20 años. Asimismo, es propósito de este Consejo llevar a efecto un Congreso Notarial intersectorial sobre la problemática de los mayores, que habíase previsto en la legislatura anterior para mayo de este año y que la pandemia obligó a suspender.

También será fundamental continuar en el empeño que se inició hace veinte años por implantar, como parte del servicio público notarial, las nuevas tecnologías. De ahí se ha venido trabajando, y puesto a disposición de los poderes públicos, la posibilidad de que ciertos documentos notariales se otorguen a distancia mediante videoconferencia en la sede electrónica notarial, que se hará visible al ciudadano a través del nuevo Portal del Ciudadano. El objetivo estriba en que ciertos documentos notariales, muy frecuentes, se puedan llevar a efecto sin necesidad de desplazarse a la notaría; así es el caso de poderes especiales, pólizas mercantiles o la realización de actos societarios. Asimismo, hacer posible que el ciudadano obtenga la copia autorizada electrónica de su escritura o póliza y la lleve, si quiere, en su móvil. No es ciencia ficción. El Notariado dispone ya de las aplicaciones técnicas necesarias que habrán de acoplarse, en su caso, a las correspondientes reformas legales.

Otro objetivo igualmente prioritario será la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios, tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de sus empresas como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso. En esta línea, fomentaremos las encuestas con los sectores empresariales y realizaremos seminarios sobre estos temas, a través de la Fundación Notariado.

También hay que destacar la intención del Consejo General del Notariado de colaborar, como hasta ahora, con las Administraciones Públicas para proponer soluciones en beneficio del interés general, especialmente en los ámbitos señalados y en otros, que ocupan nuestra atención prioritaria, como la vivienda.

Por último, se reforzará la colaboración –reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)– en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Cumplimos 20 años

Escritura PÚBLICA ha cumplido en enero 20 años. Dos décadas en las que no ha faltado ni una vez a su cita con sus lectores, repartidos por toda España, al igual que los notarios y sus notarías.

Escritura PÚBLICA ha tratado de ser punto de encuentro entre el Notariado y la Sociedad. En sus páginas hemos analizado muchos de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y jurídicos vividos estos años, siempre desde el rigor y la seriedad. Por nuestra revista han pasado los representantes de las principales instituciones del país y de Europa, que nos han dejado interesantes reflexiones y sabios consejos.

En 2018 nuestro esfuerzo se vio recompensado con el Premio a la Mejor Publicación Profesional de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas y en 2020 hemos dado un paso más sacando su versión online www.escriturapublica.es para llegar a más personas y tener presencia en más canales.

El cuadernillo central de este número recoge las felicitaciones que hemos recibido de algunas de las personalidades entrevistadas, de los articulistas y de los colaboradores, encabezados por Sus Majestades los Reyes (todo un honor).

Pymes y autónomos – Su momento más incierto

EL ESCAPARATE

Pymes y autónomos

Su momento más incierto

Desde el pasado mes de marzo se han dado de baja en España cerca de 38.000 empresas y la Seguridad Social ha perdido más de 429.000 afiliados. La peor parte se la han llevado pymes y autónomos, a quienes la pandemia ha dejado en una situación crítica. Las ayudas recibidas les han dado un respiro, pero reivindican más apoyo para salir a flote.

ELVIRA ARROYO

[email protected]

LA CRISIS SANITARIA causada por la COVID‐19 no da tregua a empresarios y autónomos. Las perspectivas de mejora que se vislumbraban tras la vuelta a la normalidad después de la primera ola se han derrumbado con la llegada de la segunda, que ha obligado a imponer de nuevo restricciones a la actividad de muchos negocios para frenar la expansión del virus.

Ante esta realidad y con la amenaza de una tercera ola a partir de enero, las pymes miran al futuro con pesimismo. Según el tercer Barómetro de opinión #LaPymeHabla (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa‐CEPYME, octubre de 2020) más de la mitad de las empresas creen que su supervivencia está en riesgo y el 64% tienen expectativas negativas para los próximos 12 meses. Además, el 4,5% de los pequeños y medianos empresarios han tenido que echar el cierre definitivo, mientras que el 2,6% ha declarado concurso por insolvencia o prevé hacerlo. Solo han logrado reconvertir su negocio el 6,5% de las empresas.

Las perspectivas no parecen mejores para los más de 3 millones de autónomos dados de alta en España. Si bien las cifras de afiliación facilitadas por la Seguridad Social reflejan una tendencia creciente (noviembre se cerró con 3.267.873 afiliados en el Régimen de Autónomos, una cifra que, por segundo mes consecutivo, supera la de febrero de 2020, antes de la pandemia), el 84,8% de estos trabajadores verán reducida su facturación en 2020 y calculan unas pérdidas de 60.000 millones de euros. Así lo recoge la encuesta realizada a finales de noviembre por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), según la cual uno de cada diez autónomos, unos 300.000, creen que van a tener que cerrar su negocio próximamente.

Ayudas. Son circunstancias muy difíciles para un país en el que más del 99% del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos. La recuperación económica depende en gran medida de ellos, lo que exige hacer todo lo posible para sostenerlos. Al comienzo de la crisis sanitaria, se activó una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que empresas y autónomos pudieran atender el pago de salarios, la gestión de facturas, el pago de alquileres y suministros, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, y otras necesidades de liquidez. El aval para pymes y autónomos ascendía como máximo al 80% de la operación. Posteriormente, el Gobierno anunció nuevos avales por importe de 40.000 millones de euros para financiar la inversión empresarial —en lugar del capital circulante— de cara a la fase de recuperación.

Como resultado de estas acciones, a mediados de noviembre de 2020 se habían realizado 876.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos, por un importe de 81.787 millones de euros. Casi un tercio de los créditos concedidos han sido para los sectores del turismo, ocio y cultura, bienes de consumo, industria textil y moda, y comercio al por menor.

También se han autorizado planes específicos para el turismo, la automoción y el transporte. Estos sectores, aparte de ser los más afectados por las restricciones a la movilidad interna y externa, representan más del 25% del PIB español, tienen más capacidad de generar actividad en el resto de ramas, una gran vocación exportadora y un elevado peso en términos de empleo. En concreto, se han establecido planes sectoriales por más de 11.500 millones de euros, instrumentados a través de garantías, créditos o ayudas.

Para saber más

Barómetro #LaPymeHabla. CEPYME Octubre de 2020. Análisis periódico del estado del sector a partir de encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas españolas.

Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19. Acelera pyme.Gobierno de España. Ventanilla única de acceso a las soluciones, servicios, ayudas y herramientas ofrecidas por entidades colaboradoras del sector público y privado.

“Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020). Banco de España. Comparativo sobre las ayudas puestas en marcha por distintos gobiernos en todos en ámbito empresarial y de los hogares.

Buscador de ayudas e incentivos para empresas. Portal pyme. Gobierno de España. Permite hacer búsquedas de todas las ayudas concedidas por comunidades autónomas, sectores de actividad y fecha de publicación.

Las previsiones actuales del gobierno de España son que en 2023 se recuperará la senda de crecimiento económico previo a la pandemia

Por otro lado, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han permitido cubrir en el periodo más duro de la pandemia a casi 3,4 millones de trabajadores y más de 500.000 empresas. A finales de noviembre, el 78% de los trabajadores habían salido del ERTE con una reincorporación prácticamente completa a su puesto de trabajo (superior al 94%). Aun así, noviembre se cerró con 746.900 personas en ERTE, de los que 420.604 pertenecen a sectores ultraprotegidos y empresas afectadas por las restricciones administrativas. En principio, las empresas que vean impedido o limitado el desarrollo de su actividad de trabajo como consecuencia de las limitaciones sanitarias podrán prorrogar sus ERTE hasta el 31 de enero de 2021.

Además, la aportación extraordinaria para autónomos ha cubierto en los últimos meses a 1,5 millones de afiliados, amortiguando la paralización de su actividad. A primeros de diciembre, más de 355.000 autónomos cobraron alguna de las prestaciones aprobadas para paliar su situación, como las concedidas a aquellos que se han visto obligados a suspender temporalmente su actividad por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia. Al igual que los ERTE, las ayudas para autónomos se han ampliado hasta el 31 de enero.

Insuficientes. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

De hecho, el 53% de las empresas que han optado por un ERTE piensan que no podrán mantener el empleo en los próximos seis meses y que su plantilla disminuirá en los próximos meses. Entre los autónomos, sólo el 15,5% confían en poder conservar la totalidad de su plantilla.

En cuanto a la financiación con aval del Estado, el 47% de las empresas la han solicitado o prevén hacerlo, pero un 25% se quejan de haberse encontrado con dificultades para conseguirla.

La coyuntura es tan preocupante que la pyme española pide con urgencia medidas complementarias para sobrevivir, entre las que destacan una reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, la reducción temporal de impuestos y ayudas económicas directas a las pymes en los sectores más afectados.

 

El mapa empresarial español
Tipo de empresaEmpresas% Variación anual
empresas
Empleo% Variación anual
empleo
Pyme (0-249 asalariados)2.870.0960.22%10.172.518-3%
-Pyme sin asalariados1.588.4432.49%1.588.4432.49%
-Pyme con asalariados (1-249)1.281.653-2.47%8.584.075-3.95%
Grandes empresas (250 o más asalariados)4.783-1.46%5.676.7872.14%
TOTAL2.874.8790.21%15.849.305-1.22%

Fuente: Cifras Pyme. Octubre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Refuerzos. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto ley (en vigor desde el 17 de noviembre de 2020) una serie de medidas adicionales para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos.

Entre otras novedades, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de concesión de las dos líneas de avales públicos de hasta 140.000 millones de euros gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las empresas y autónomos que cumplan los criterios establecidos (fundamentalmente no estar en mora ni incursas en un procedimiento concursal) podrán ampliar el plazo de vencimiento de los préstamos desde los cinco años actuales hasta un máximo de 8. Además, podrán gozar de 12 meses más de carencia en el pago del principal, siempre que la carencia total no supere los 24 meses. Las entidades financieras dispondrán de hasta 30 días para aprobar las solicitudes de ampliación de plazos que reciban.

El objetivo es que las empresas que lo necesiten dispongan de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus servidumbres financieras. Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (77.500 euros con un tipo del 2,5%), que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 euros a partir de entonces.

Incertidumbre. Las hipótesis del Banco Central Europeo sostienen que en 2021 se recuperará el crecimiento económico a escala mundial, con una previsión del 5% para la zona euro. Para España, las estimaciones del Gobierno hablan de un crecimiento superior al 7% en 2021, que podría superar el 9% gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el que nuestro país recibirá entre 2021 y 2023 unos 70.000 millones de euros de la UE. En 2021, se transferirán 27.000 millones, que supondrán un fuerte impulso de la inversión, especialmente en bienes de equipo.

España ha depositado grandes expectativas en este plan para salir de la actual crisis. Las previsiones actuales son que en 2023 se recupere la senda de crecimiento económico previo a la pandemia. Es más, se espera ese año que el PIB de la economía española se sitúe 6 puntos por encima del nivel que se hubiera alcanzado sin dicho plan.

Sin duda, es un escenario prometedor pero, hoy por hoy, la realidad de millones de empresarios y trabajadores es muy distinta. Aun cuando poco a poco se vaya volviendo a la normalidad, las áreas de actividad relacionadas con el turismo y el transporte tardarán en alcanzar los niveles previos a la pandemia. La brecha se irá cerrando a un ritmo desigual y de forma mucho más lenta para los negocios que sigan afectados de alguna manera por medidas de distanciamiento.

Además, en el horizonte cercano, los empresarios miran con temor a un futuro amenazado por la morosidad. En este sentido, CEPYME subraya que el periodo medio de pago supera los 87 días –la cifra más alta desde 2011– y el 50% de las empresas que sufren mora pueden acabar en situación de insolvencia o cierre.

A eso se suma el peligro que puede implicar el elevado endeudamiento en el que están incurriendo las empresas para evitar su desaparición. En opinión de la Central de Balances del Banco de España, hasta el 10% de las empresas pueden acabar siendo inviables. Este porcentaje se eleva hasta el 30% en la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Diferentes políticas fiscales para hacer frente a la pandemia

PAÍSAplazamiento y suspensión de impuestos a empresasSubvención de costes laborales y desempleo, y apoyo a empresasApoyo a empresas (avales, créditos, recapitalizaciones)

España

● Moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 € por figura impositiva.
● Ajuste del pago del impuesto de la renta para autónomos.
● Flexibilización de los ERTE, extensión de la prestación por desempleo a más colectivos, mayor protección de desempleados con trabajos estacionales.● Avales y garantías públicas (ICO) de 100.000 millones € para préstamos de las empresas no financieras. Aprobada una línea adicional de 40.000 €.
● 2.000 millones € adicionales para exportadores.
● Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones €)

Alemania

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión.
● Reducción del IVA a empresas de restauración durante 1 año a partir del 1 de julio de 2020.
● Relajación y flexibilización del Kurzarbeit (modelo alemán de reducción de jornada) y aumento de las prestaciones.
● Programas de subvenciones y pagos directos a microempresas y autónomos (extendido a todo tipo de empresas).
● Extensión desempleo por 3 meses (hasta 2 años para los mayores de 50 años).
● Tope del 40% a contribuciones a la Seguridad Social
● Programa de avales públicos del banco KfW (presupuestado en 820.000 millones €).
● Creación de un fondo de rescate para grandes empresas: 400.000 millones € en garantías; 100.000 millones € préstamo al KfW; 100.000 millones € para recapitalizaciones.
● Apoyos a sectores estratégicos (aeronáutico).
Francia

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas.
● Se acelera la devolución de créditos fiscales.
● Refuerzo del sistema de desempleo parcial.
● Aplazamiento del pago de seguros sociales, alquileres y suministros.
● Creación del Fondo de Solidaridad para microempresas y autónomos.
● Programa de garantías públicas a empresas de cualquier tamaño a través de Bpifrance por 300.000 millones de euros.
● Apoyo a empresas estratégicas.

Fuente: Banco de España. “Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020).

«Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo», por Gerardo Cuerva

EL ESCAPARATE

Gerardo Cuerva.
 
GERARDO CUERVA

presidente de CEPYME

@CepymeNews

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo

LA CRISIS provocada por la COVID‐19 está impactando de forma muy acusada en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura definirá el futuro de la economía española. Está en juego la competitividad de nuestras empresas. No sólo se debe trabajar en superar esta crisis, sino en cómo superarla.

El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis definirá nuestro país para las próximas décadas. España no se puede permitir que las empresas españolas salgan con una importante pérdida de competitividad respecto de las empresas de nuestros países vecinos.

En estos momentos de crisis e incertidumbre, debemos mirar, y yo diría “mimar”, a nuestras empresas. Tanto a las empresas que intentan resistir esta crisis y que ven que está en riesgo su viabilidad, como a las empresas que tienen un crecimiento consolidado, para que puedan mantenerlo y seguir creciendo en el futuro. Estas empresas son esenciales para la competitividad de nuestra economía y para el progreso económico y social de nuestro país.

Porque, hoy más que nunca, las empresas son la clave de la recuperación.

Por eso, en las actuales circunstancias el objetivo prioritario debe ser salvar el mayor número posible de empresas, reducir al mínimo la destrucción del tejido empresarial, que debe ser la base sobre la que se sustente la larga, difícil e incierta recuperación que los organismos internacionales auguran para nuestro país, el más golpeado por la pandemia en Europa.

Las empresas están resistiendo de una manera ejemplar, pero el daño es considerable y en muchos casos irreparable.

Desde mediados de marzo hasta finales de abril, en los primeros envites de la pandemia, se destruyeron 100.000 empresas, más que en el peor año de la crisis anterior (2009), que registró una caída de 93.000 y más de la mitad de las empresas perdidas en el período 2007‐2012 (177.000).

Según los datos del Barómetro de la Pyme que realizamos desde CEPYME, el 90% de las empresas han reducido sus ingresos y el 40% factura la mitad. Además, el 51% de las pymes ve en riesgo la supervivencia, porcentaje que se eleva hasta el 79% en el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones a la actividad.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como los ERTE o los créditos ICO, que resultaron eficaces en la primera ola de la pandemia, son claramente insuficientes para afrontar esta situación que se prolonga en el tiempo y cuyos efectos sobre la situación económica se agravan a medida que se suceden las restricciones de la actividad para contener la pandemia.

Las empresas necesitan liquidez. No olvidemos que los avales del ICO son créditos que habrá que devolver y que las empresas se han endeudado en estos meses en más de 100.000 millones de euros. La crisis de liquidez puede llevar a una crisis de insolvencia, en la que muchas empresas se queden por el camino y el conjunto de nuestro tejido empresarial quede muy debilitado.


“El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis
definirá nuestro país para las próximas décadas”

Además, las empresas necesitan certidumbre. No podemos negociar la renovación de los ERTE cuando esté a punto de vencer su cumplimiento, mientras que el estado de alarma ya está previsto hasta el mes de mayo.

Se precisan ayudas directas para afrontar esta situación, similares a las que están adoptando otros países de nuestro entorno. Ayudas que permitan a nuestras empresas estar en las mismas condiciones competitivas que nuestras homólogas europeas, cuando esta crisis concluya y se inicie la ansiada recuperación.

Es urgente abordar medidas como el aplazamiento de los impuestos y otras obligaciones, facilitar la renegociación de los alquileres y la reestructuración de la deuda de las empresas. Y acometer planes de estímulo de la actividad económica.

España sólo ha dedicado un 12% de los recursos a apoyar al tejido empresarial, frente al 60% de Alemania, por ejemplo. Y, una vez más, es preciso insistir en que de esta crisis sólo saldremos con las empresas. Sin ellas, no hay progreso ni bienestar social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas, no hay futuro.

En estas condiciones, medidas como el incremento de los impuestos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional van precisamente en la dirección contraria, incrementando los costes de las empresas, muchas de ellas al límite como consecuencia de la falta de actividad y la caída del consumo.

Sin duda, los fondos de recuperación comunitarios son el necesario maná para afrontar la reestructuración y la recuperación de nuestro tejido productivo. Pero para que sus efectos sean reales, es preciso ejecutarlos con eficacia, en proyectos de futuro, que aborden los retos que tiene nuestra economía y nuestras empresas y, sobre todo, que lleguen realmente a las pequeñas y medianas empresas, las que más están sufriendo en estos momentos y la base de nuestro tejido empresarial. No olvidemos que el 99’8% de las empresas españolas son pymes y, sin ellas, la recuperación no será posible.

Entrevista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social

CON SELLO PERSONAL

Yolanda Díaz

ministra de Trabajo y Economía Social

“Demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible”

Con seguridad nos encontramos ante uno de los periodos más complicados de la historia reciente en materia económica y, como consecuencia, para la salud de nuestro mercado de trabajo. Por eso parece más que oportuno conocer los planes del Gobierno en materia laboral y la visión de la ministra del ramo, Yolanda Díaz.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Lleva casi toda su vida vinculada al mundo del trabajo como miembro de una familia de sindicalistas, como abogada laboralista, como diputada del Parlamento Gallego y también como diputada nacional. ¿Cree que el cargo que actualmente desempeña está cambiando su visión sobre las relaciones laborales?
–Al contrario, creo que me ha reafirmado en unas convicciones que vienen, precisamente, de mi educación, de la realidad que he vivido en una ciudad como Ferrol, tan castigada por la reconversión industrial y el desempleo, y de mi ejercicio como abogada laboralista. El cargo que actualmente ocupo me ha hecho más consciente de todo ello y me reafirma en la necesidad de lograr unas relaciones laborales más justas en nuestro país. Como miembro de este Gobierno es, además, mi obligación y a ello me he comprometido.

–En comparación con nuestro entorno, ¿cuál es el estado de salud real de nuestro mercado de trabajo y cuáles son sus principales desajustes?
–El modelo productivo español se enfrenta, desde hace mucho tiempo, a dos grandes hándicaps para su pleno desarrollo: la temporalidad y la precariedad. Son elementos estructurales, difíciles de atajar, y suponen una anomalía en nuestro contexto europeo. Pero todo nuestro empeño, desde el diseño de unas nuevas políticas activas de empleo hasta nuestra apuesta por la Economía Social, se dirigen a acabar con ese lastre.

–Por tanto, el desempleo y la precariedad laboral parecen ser problemas endémicos de nuestro sistema. Pero, ¿en España se puede llegar al pleno empleo y que éste sea rentable y sostenible tanto para empresas como para la Administración pública?
–Frente al resignado tópico que nos dice que solo es posible crear empleo a través de la precariedad, hemos incrementado en un 35,75% las partidas para el rediseño de las Políticas Activas de Empleo. Hemos puesto el foco en los jóvenes y en las mujeres, porque son quienes, en mayor medida, sufren la precariedad y la temporalidad.

Los Presupuestos Generales del Estado son una expresión clara de esta voluntad y demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible.

–¿Cuáles son las líneas maestras de la próxima reforma laboral que su Gobierno pretende sacar adelante durante esta legislatura y qué se proponen abolir de la vigente?
–Debo ser prudente, porque este es un debate de gran calado, que se encuentra en el marco del Diálogo Social. La reforma laboral del Partido Popular, que se realizó sin debate ni consulta alguna, supuso un envite muy doloroso a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Muchas de las medidas que hemos adoptado desde nuestra llegada al Ministerio, como la implementación del trabajo a distancia, a través de una ley, o la derogación del despido por bajas médicas justificadas, sortean una reforma cuya derogación se contempla en nuestro acuerdo de Gobierno y se encontraba ya, antes de la irrupción de la pandemia, en la mesa de Diálogo Social.

–Precisamente entre los principales logros de su labor como ministra está esa mesa de diálogo entre Administración, organizaciones empresariales y sindicatos, además de los acuerdos alcanzados en los últimos meses. ¿Cuál es la clave para haber llegado a ellos?
–El diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos. No es un mantra, es nuestra manera de trabajar. De forma transversal, participativa, siempre en contacto con los agentes sociales y sus aportaciones. Son ya seis grandes acuerdos sociales, en aspectos tan relevantes como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sistema de cobertura de los ERTE y sus prórrogas o el teletrabajo. Y queremos que siga siendo así. Hay, además, una dinámica transversal que tiene que ver con la cultura feminista, que impregna las decisiones y modos de actuación de este Ministerio.

–¿Cree que el teletrabajo ha llegado realmente para quedarse o, por el contrario, cuando la pandemia desaparezca, una gran mayoría de las personas que ahora trabajan desde sus casas volverán a sus puestos laborales?
–Tengo muy claro que sí, que ha llegado para quedarse. Y por eso hemos abordado su regulación legal de forma pionera. La pandemia ha acelerado muchos procesos y, entre ellos, el del cambio profundo en la organización del trabajo, en los tiempos y compatibilidades de la jornada laboral con nuestras vidas. Por eso el Real Decreto (Real Decreto‐ley 29/2020) contempla asuntos tan importantes como el derecho a la desconexión. El trabajo a distancia se basa, en cualquier caso, en la premisa de la voluntariedad y se estructura en torno a un acuerdo entre las partes.

–En este sentido, usted que además es trabajadora y madre, ¿qué nos queda aún por hacer en materia de conciliación familiar y trabajo?
–El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que, tal como estamos haciendo, debe cifrarse en leyes y usos laborales. En ese debate, la conciliación es un elemento que debe dialogar con otros elementos, como la reducción de jornada, el control de horas extraordinarias o el derecho a la desconexión. Nuestro Ministerio tiene desde el principio un compromiso del uso del tiempo para una distribución cualitativa digna de los tiempos de vida y los tiempos de trabajo, y en ese marco siempre estudiamos todas las posibilidades. Es un debate indisociable de los cuidados que, como mujeres (porque sobre nosotras suelen recaer los cuidados) nos atañe especialmente.

‐Como ferrolana, tiene usted una gran vinculación con el mundo de la industria. ¿Hacia dónde cree que debería ir este sector en nuestro país? Por otro lado, ante la nueva “revolución industrial” que supone la digitalización 2.0, ¿considera que las empresas
y trabajadores españoles están preparados para ello?
–La reactivación económica debe estar vinculada a la transformación productiva, integrando el cambio del modelo energético, la modernización digital, la reindustrialización, al mismo tiempo que el reto demográfico o el gran desafío del Estado del Bienestar del siglo XXI, que es la sociedad de los cuidados. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato. Y desde nuestro Ministerio, por ejemplo, impulsaremos la transformación tecnológica del SEPE, en la que se invertirán más de 70 millones de euros.

–Para el desarrollo económico, para la creación de empleos, es necesaria la seguridad jurídica preventiva. ¿Cómo valora la labor que realizan los casi 3.000 notarios que tenemos repartidos por todo el país?
–La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan, reforzado por el hecho de que se trata de un cuerpo de profesionales muy cualificado. Su función asesora e informativa a la ciudadanía, de acercarla a sus derechos, también es importante. Lo hemos vivido en los últimos tiempos, por ejemplo, con relación a las cláusulas hipotecarias abusivas y la labor informativa que han desarrollado las notarías.

“La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan”

Huella digital

LA MINISTRA de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, era ya conocida en las redes sociales desde mucho antes de ocupar su puesto actual. En sus diferentes perfiles públicos, como Twitter (@Yolanda_Diaz_) y Facebook (facebook.com y yolanda.diazperez.5) publica tanto cuestiones relacionadas con su labor ministerial como opiniones y comunicados sobre la tarea de sus compañeros de Gobierno. Publicaciones que se complementan con los perfiles oficiales del Ministerio en esas mismas redes sociales, Twitter (@empleogob) y Facebook (Facebook.com/empleogob), y con la página web ministerial: www.mites.gob.es

“El plan de transformación, recuperación y resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato”

Digitalizarse o desaparecer

LA @

Digitalizarse o desaparecer

EL TITULAR le puede resultar repetitivo. Pero precisamente por eso es más grave la inacción de nuestro país y de Europa ante lo que se nos viene encima. Una muestra: el 70% de las tecnologías más innovadoras se producen en cinco países: cuatro asiáticos y Estados Unidos.

GABRIEL CRUZ

@Gabrielcruztv
[email protected]

EMPEZAR DICIENDO QUE HEMOS entrevistado a Rodríguez Zapatero para hablar de la digitalización de las empresas, les resultará llamativo. Pero este Rodríguez Zapatero, Javier, domina el inglés y ha llegado a lo más alto en el competitivo mundo de la empresa privada, tanto que fue presidente durante 8 años de Google España y Portugal. Nos recibe en la sede de ISDI, su escuela de negocios digital. “Es una oportunidad única para cambiar el modelo productivo de España, si no queremos seguir siendo el bar de copas e Europa”. Se refiere a los 140.000 millones de euros que vendrán de la UE. “No vamos a tener otra como esta para cambiar y eso implica invertir en capacitación digital. Es decir, llevar el dinero donde después se puede hacer mucho más grande, dar más rentabilidad”.

España ha sido la economía más dañada del euro por la pandemia. Dependemos de la hostelería y el turismo y ambas están heridas de muerte con las nuevas reglas de la era Covid, entre ellas, el distanciamiento social. Es aquí, en el turismo, nuestra joya de la corona del PIB, donde se manifiesta la paradoja de nuestro sistema productivo. Teniendo el sol y la playa, imposible de “fabricar” fuera, gran parte de los beneficios se van a las plataformas de reservas online, en cuyas sedes, curiosamente, hace mal tiempo. Es el caso de Booking en Amsterdan (Holanda), Expedia en Seatle (USA) o Airbnb con sede europea en Dublín.

No somos competitivos. ¿Y qué tal estamos ahora? Pues lo cierto es que España está mal. Seguimos cayendo en el Ranking Mundial de Competitividad Digital que elabora la escuela de negocios suiza IMD, pasando a ocupar la posición 33, el peor resultado obtenido desde el inicio de este indicador global. La caída de España en el ranking se debe a “menor talento, formación, legislación, capital, capacidad de adaptación, agilidad empresarial e integración de las tecnologías de la información”. Al menos estamos muy bien en la red de fibra. Ya lo recordó a principios de diciembre el presidente Pedro Sánchez: “debemos avanzar sin descanso, replicando el milagro español de la fibra en la extensión de redes y del 5G”.

También lo destacó Carina Spilka, presidenta de la Asociación española de la economía digital, en una jornada del Foro Futuro sobre La digitalización de la economía y de la empresa. “En infraestructura y conexión jugamos en primera división. Sin embargo, en capacitación digital y en regulación estamos muy lejos del resto de países. Es como si tuviéramos muy buenos estadios de futbol pero sin ligas ni jugadores de nivel”. Porque digitalizarse no es poner una web de la empresa; es, por ejemplo, tener la información en la nube o tomar decisiones en base a datos analizados por inteligencia artificial. Por si fuera poco, el futuro no puede ser más desalentador. Según Carina Spilka “hacen falta dos generaciones para que alcancemos las capacitaciones digitales del resto de países”. Para Rodríguez Zapatero sería necesario un pacto en educación, pero viendo el tormentoso trámite de la octava ley de educación en democracia, la Lomloe, tengan por seguro que el acuerdo tardará años.

El gobierno presentó en julio su plan España digital 2025 que persigue ese cambio. Esperemos que no le pase como a los anteriores (el plan Info XXI o el Avanza, nunca cumplieron los objetivos). Tampoco extraña teniendo en cuenta que nuestra inversión en innovación es un 1,24% del PIB, mientras que la media de la Unión es un 2,06%, aproximadamente la misma que la de EE.UU. y China. Aparte están Suiza, Alemania o Dinamarca, todas por encima del 3%.

¿A favor o en contra del gigante? Ante esta situación: ¿es mejor luchar contra gigantes como Amazon y Aliexpress o unirse a ellos? Por un lado, surgen plataformas de venta como Zercal, en Aragón, donde el pequeño comercio vende sus productos. Los negocios adheridos abonan 39 euros mensuales. Otras plataformas son mucho más modestas como “Mojizon”, del ayuntamiento de Minas de Rio Tinto. El nombre procede de la unión de Amazon con mojinos, como coloquialmente se le llama a los habitantes del pueblo. En este caso la web es una página de Facebook y da servicio con ayuda del ayuntamiento a los comercios de la zona. Sin embargo, cuando nos recibe Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) piensan todo lo contrario: “Nosotros no les vemos como un enemigo, al contrario, son un aliado porque se puede vender dentro. De hecho, tenemos una oficina de transformación digital que ayuda a pequeños empresarios a vender en plataformas como Amazon, eBay o Aliexpress”.

"Por una España digital"

Lo que Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI, nos resumió en unos minutos de entrevista, se encuentra más detallado en este libro. El término “digital” no es sólo una tecnología, es una cultura. “El cambio no puede esperar”, sentencia. El caso es que se nos acumula el retraso viendo a nuestro país descender en puestos de competitividad mundial.

Seguimos cayendo en el ‘ranking’ mundial de competitividad digital que elabora la escuela de negocios suiza IMD, pasando a ocupar la posición 33

Datos: el nuevo oro

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DATOS: el nuevo oro

¿CUÁNTO PAGARÍA por una bola de cristal con la que predecir lo que le comprará un cliente? ¿Por qué partido votará alguien? ¿Es posible acertar con un diagnóstico médico? Todo depende de los datos y de la inteligencia artificial necesaria para procesarlos. Lo consiguen todo: desde aprobarle su hipoteca a ubicar la caída del próximo rayo. Con razón la llaman la cuarta revolución industrial. Y es que solo hay algo mejor que un dato: otro más.

GABRIEL CRUZ

@Gabrielcruztv
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EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA artificial es tan amplio que llega a todos los lugares. También al salón de su casa, o ¿no se ha planteado por qué cuando termina de ver una película en una plataforma esta le ofrece otra semejante a la que estaba viendo? En este caso, el responsable es un algoritmo que se llama “filtro colaborativo” y que se basa en la semejanza de los gustos de diferentes clientes. Es decir, si Manuel ha seleccionado una película que le gusta también a Gabriel, es más probable que a Manuel también le gusten otras películas que le hayan gustado a Gabriel. Dicho así, le parecerá demasiado simple para que acierte con sus predicciones. Pero es que la plataforma tiene la capacidad para analizar decenas de millones de usuarios y cuantos más datos tiene de ellos, más acierta. Ahí es donde nos damos cuenta de que, aunque creamos que somos únicos, en el fondo somos parecidos a los demás. Esta es la base principal de muchos algoritmos de las redes sociales.

Un algoritmo es una serie de pasos que se realizan para resolver un problema. Por ejemplo, una receta de cocina o unas instrucciones de bricolaje. A estos les llaman algoritmos cualitativos o los “paso a paso”. Pero hay muchos más: los algoritmos dinámicos, de reverso, oportunistas, de marcaje, aleatorios, etc. Por haber, hay un tipo denominado de “fuerza bruta” que efectúa muchas combinaciones y que por tanto necesita de mucha potencia de procesamiento. Este tipo de algoritmo fue el que utilizó el ordenador ‘Deep Blue’ en las partidas de ajedrez contra el maestro Kasparov. La primera, en 1996, la perdió, pero en 1997 venció al humano.

Panda y Pingüino. Aparte, cada empresa tiene los suyos, como Google con Hummingbird (Colibrí) que es el que busca la información cuando usted lo hace en su web. Recientemente ha sido mejorado porque ya no sólo busca por coincidencias de palabras sino también por el contexto. Pero Google tiene otros más, por ejemplo Panda y Pingüino, que penalizan aquellas webs que intentan manipular los resultados de búsqueda. Pero entonces, ¿es lo mismo un algoritmo que un programa informático? No, el algoritmo puede estar escrito en nuestro lenguaje, (la receta de una cocina que apuntamos en una libreta) mientras que el programa es la traducción de ese lenguaje al de la computadora para que ésta lo ejecute.

Los datos son la energía que hace que un algoritmo funcione. Y cuantos más tenga, mejor, porque así puede hacer lo que tanto queremos de ellos: crear patrones y previsiones. Cuando se empiezan a desarrollar todos los algoritmos de IA fallan bastante. Pero se les va educando a base de datos, de la misma forma que se hace con un niño cuando se le enseñan los colores. Y será por datos… Actualmente hay millones de millones: cuando da un like, navega por la web, su posicionamiento… Pero no solo los facilita usted a través del teléfono. También se envían datos a través del “internet de las cosas” (coches, electrodomésticos, supermercados…).

Las posibilidades son infinitas. Incluso es posible predecir dónde caerán (aproximadamente) los rayos. Así lo ha desarrollado la escuela politécnica de Suiza recopilando datos de las estaciones meteorológicas. ¿Se imaginan que en el futuro se perfeccione este sistema para aprovechar la energía de los relámpagos?

En el mundo jurídico parece que las cosas van lentas. Si bien se producen millones de datos, el problema está en procesarlos adecuadamente por la ambigüedad del lenguaje humano según sea el contexto. Es mucho más complicado de analizar que un “me gusta” de una red social. Como las sentencias están en nuestro lenguaje humano (aunque viendo la complejidad de algunas nos surjan las dudas), el ordenador debe realizar un proceso de conversión para entenderla. Lo hace a través del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o LNP) el campo de la inteligencia artificial que investiga cómo pueden hacer que las palabras de las personas las entienda la máquina.

Distinguir la Covid. Salvo algunas dificultades como la anterior, no hay campo que se le escape a la inteligencia artificial. La Universidad de Tsinghua en Pekín (China), ha desarrollado un sistema para distinguir la Covid‐19 de la gripe en menos de tres segundos. ¿Cómo? Con un algoritmo que digirió 11.356 tomografías computarizadas de 9.025 individuos.

¿Qué ha pasado para que se produzca esa revolución? Primero, el abaratamiento del almacenamiento de datos. En este sentido aún hoy se sigue repitiendo la afirmación que hizo Fabrizio Salvador, profesor de IE business school, en 2014. El experto aseguraba en su estudio sobre big data que almacenar “toda la música del mundo cabría en un dispositivo de 600 dólares”. De hecho, si en 1980 se pagaban 100.000 dólares por gigabyte, en 2015 era menos de 10 centavos.

Aparte de la capacidad de almacenar también ha mejorado la capacidad de refinar ese petróleo que son los datos. Así, China, que es potencia mundial en este campo, tiene una supercomputadora (el Tianhe‐3, vía láctea en Chino) que realiza un trillón de cálculos en un segundo, lo que permitirá encontrar respuestas a grandes enigmas de la medicina o la naturaleza. Las posibilidades dan vértigo y esto no ha hecho más que empezar.

 

Película ‘Her’


(2013) director, Spike Jonze; protagonista, Joaquin Phoenix.

¿PUEDE LLEGAR LA INTELIGENCIA artificial, si sabe tanto de nosotros, a enamorarnos? Es lo que plantea esta película que ganó un Oscar al mejor guión. Después de lo que ha leído: ¿qué es lo cree que quiere un sistema operativo con voz de mujer para ser conquistado? ¿Salir a cenar? No, datos.

Y en Twitter qué opinan

 

EN ESPAÑA:
@SEDIAgob Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

@Spain_AI_Spain Asociación sin ánimo de lucro que busca crear una comunidad colaborativa sobre Inteligencia Artificial en España.

@BigDataMagazine Primera revista española especializada en datos. Muy completa, incluyendo una serie de podcast de lo más variado.

EN EL EXTRANJERO:
@kirkdborne 272.000 seguidores. Elegido como el top de los influentes (influencers si quiere maltratar el idioma). Es un científico de datos. Fue durante doce años profesor de Astrofísica y Ciencias Computacionales.

MARK STEVENSON:
@TheDataAgent 55,1 mil Seguidores. Para los que creen que ya no se puede reciclar. Él es licenciado en Políticas e Historia y se ha transformado en un especialista del impacto del big data en el mundo laboral.

Policías cibernéticos

EL JEFE DE LA COMISARIA local de Las Rozas (Madrid), Manuel López, nos recibe en su despacho. Entre los objetos que tiene dispersos por él, está una expendedora de billetes de autobús, conocidas como churreras. “Es del año que trabajé en la EMT en 1990, todavía funciona”, nos señala dando la vuelta a la manivela. Bajamos un piso para acercarnos al verdadero motivo de nuestra visita: la sala de control de cámaras del municipio. Aquí uno espera ver a policías pendientes de las pantallas, pero no es así porque el propio sistema lo está por ellos. “Funciona con inteligencia artificial, nos salta una alarma si detectan una matrícula de un coche robado, los identifica por su tipología, color, marca, etc.”, señala López. Este tipo de tecnología también identifica el recorrido de un sospechoso. Por ejemplo, es capaz de ver por dónde ha pasado una persona con cazadora marrón. También avisan a los policías en caso de que alguien sufra un desmayo (el programa reconoce que una persona ha caído) e incluso puede predecir, aunque sea por segundos, si se va a producir un delito al detectar armas, una mochila abandonada o un rostro cubierto con pasamontañas.

«Los datos, una revolución rural», por Carmelo Encinas

Carmelo Encinas

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Carmelo Encinas.
CARMELO ENCINAS, periodista
[email protected]
@CarmeloEnc

Los datos, una revolución rural

EN SU PUEBLO no hay cable y mucho menos fibra; allí solo pueden usar el internet móvil y limitado al 2G. Así explicó Alexei Dudoladov en su facultad la peculiar maniobra que realizaba cada día para poder bajarse el material docente y lograr unos cuantos minutos de clase. Estudiante de Ingeniería, este joven siberiano de 21 años se encarama diariamente a un abedul de 10 metros para captar la señal, descargarse los vídeos y seguir las clases por Zoom. Su tenacidad convierte ese árbol en una suerte de símbolo para los territorios apartados y el mundo rural sobre la necesidad de ser dotados de cobertura total y de una alta calidad en materia de conexión a internet y telefonía móvil.

España no es Siberia pero, a pesar de registrar una densidad media de población relativamente moderada, el 55% de nuestro territorio está escasamente poblado con densidades inferiores a 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

La llamada España vaciada no parecía ofrecer perspectiva alguna de futuro hasta que la pandemia introdujo una corriente a favor de la vida fuera de las ciudades. Son muchos los que, tras sentir el agobio del confinamiento en pisos o apartamentos y las limitaciones perimetrales urbanas, han vuelto los ojos hacia esos pueblos pequeños que languidecen y donde las casas y el suelo no valían casi nada. El prestigio emergente del mundo rural constituye una extraordinaria ventana de oportunidad para repoblar aquellos territorios abandonados y hacer de la necesidad virtud.

Hay otros vectores que empujan este deseable renacimiento de los pueblos proyectando un porvenir económico antes inimaginable. La creciente demanda de productos agrícolas junto a la imperiosa necesidad de proteger el medioambiente obliga a buscar ideas innovadoras que aprovechen la tecnología digital para introducir en el sector agrario los métodos más vanguardistas de producción, lo que operaría una auténtica revolución en el campo. Son herramientas que introducen el Big Data, para lo que resulta esencial la recolección de datos que permita realizar predicciones y asesorar con precisión a los productores sobre la materia prima con la que trabajan obteniendo información del mercado, el clima y los suelos. Técnicas que determinarán un cambio generacional atrayendo a la agricultura a gente más joven y preparada interesada en optimizar la producción de alimentos y en formas de explotación más sostenibles y ecológicas libres de elementos químicos y pesticidas. Es obvio que la introducción de estos nuevos instrumentos digitales tiene un coste más que considerable, pero su financiación encaja a la perfección en la filosofía de la Unión Europea para la concesión de fondos que estimulen la digitalización y el uso de energías verdes.

El relevo generacional en el ámbito rural se considera estratégico por el Gobierno de la nación cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, se declara convencido de que la producción de alimentos en España puede incrementarse de forma extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes pilares de nuestra economía y de generación de nuevas empresas y empleos de alta cualificación. Para ello el sector ha de buscar nuevos mercados fuera de la UE, sobre todo en China y Estados Unidos, sin dejar de ser la gran huerta de Europa.

En esa tarea también desempeñará un papel fundamental la agricultura digital. Una de las funciones de la Oficina del Dato, tal y como se recoge en la orden de creación del departamento que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en materia de Big Data, es precisamente la creación de espacios de intercambio de información entre ciudadano, empresas y la Administración, además de desarrollar un Centro de competencia de analítica avanzada. Teniendo a su disposición esos instrumentos, esa nueva agricultura podría operar en las mismas condiciones de competitividad que quienes trabajan desde las ciudades.


“Asistimos a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia.
Los datos encenderían una auténtica revolución rural”

Es obvio que nada de esto será posible de no avanzar de forma decisiva en la extensión del acceso a internet de banda ancha dotando de redes de fibra óptica hasta el último y más remoto rincón del país. Ello facilitará la práctica del “teletodo” en zonas inmensas de nuestra geografía hasta ahora yermas por ser incompatibles con las exigencias de los actuales modos de vida. El teletrabajo, la teledocencia, la telemedicina o la telecompra cambiarán radicalmente el escenario anterior reduciendo al mínimo la demanda de movilidad de las personas, aunque no de las mercancías que, en cambio, tenderán previsiblemente a crecer. Se hará, por tanto, necesaria la construcción de infraestructuras de transporte complementarias basadas en la sostenibilidad, contribuyendo al deseable equilibrio territorial.

En un reciente Foro sobre ingeniería y obra pública, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Mauricio Gómez Villarino, director de la Consultora IDOM, planteaba la conveniencia de conectar los ámbitos de influencia de las metrópolis hasta unos 100 kilómetros de las mismas. Proponía, en concreto, la construcción de un anillo M‐100 que enlazara las provincias de Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca, y hacer lo propio en la Serranía Celtibérica, ese enorme espacio entre Madrid, Valencia, el País Vasco, Zaragoza y Cataluña. Operaciones, en definitiva, destinadas a rescatar del ostracismo las zonas despobladas y claramente susceptibles de ser financiadas con los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

Asistimos pues a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia poniendo en valor más de la mitad del territorio nacional conjurando su paulatino abandono y degradación. Esto es lo que convierte en estratégico el acceso a la banda ancha y la inmersión de toda nuestra geografía en el 5G. Los datos encenderían una auténtica revolución rural y nadie en España tendría que subirse a un abedul.

Entrevista al presidente del Consejo General del Notariado

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,
presidente del Consejo General del Notariado

“Durante el confinamiento fuimos declarados un servicio público esencial”

A finales de noviembre José Ángel Martínez Sanchiz fue reelegido presidente del Notariado para los próximos cuatro años. Se sitúa así, nuevamente, al frente de los casi 3.000 notarios que ejercen en pueblos y ciudades de toda España. Su objetivo es reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia, con todo lo que ello implica de servicio público y atención personal, fundamentalmente de los más vulnerables. Un rasgo que se puso de manifiesto durante los meses del confinamiento, durante los cuales todas las notarías permanecieron abiertas.

ANA TOGORES

[email protected]

@AnaTogores

anatogores

Estar al frente del Notariado es un honor, pero también una gran responsabilidad. ¿Qué le ha llevado a volver a presentarse?
–Principalmente la situación que se ha creado como consecuencia de la pandemia, con toda una serie de proyectos, algunos que habíamos iniciado y otros que están pendientes de desarrollo. Parecía lo más conveniente acabar estas tareas. También el sentimiento de la responsabilidad tras los anteriores cuatro años.

–En esos años ha tenido a su lado, como tendrá ahora, a los decanos de los colegios notariales. ¿Qué le gustaría decirles a los salientes?
–Reconocerles que han desarrollado una gran labor y agradecerles su dedicación al Notariado. Estoy seguro de que contaremos con su experiencia y su apoyo en tiempos venideros.

–¿Y a los que se embarcan por primera vez en este reto?
–Sin duda hay que agradecerles que hayan decidido acometer esta empresa, representado a su Colegio Notarial y al Notariado y desearles mucha suerte. Entre todos tendremos que enfrentar los nuevos retos que se presenten.

–Es obligado preguntarle qué destacaría de lo conseguido en estos cuatro años.
–La realidad es que se han hecho cortos. Cuando iniciamos la singladura nos encontrábamos en plena crisis del crédito hipotecario. Estaba en riesgo la subsistencia misma de la hipoteca y tuvimos que reconsiderar cuál era nuestra posición y qué teníamos que hacer para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado hipotecario. Propusimos al Gobierno intervenir en la fase precontractual del préstamo, comprobando el cumplimiento de los deberes de las entidades financieras, por un lado, y proporcionando al consumidor un asesoramiento imparcial y gratuito, por otro.

Creo que podemos estar razonablemente satisfechos. En la última encuesta de percepción social que hemos realizado, en mayo de 2020, ha aumentado la satisfacción de los consumidores por la asesoría recibida. Estoy orgulloso de este resultado.

–También se ha seguido avanzando mucho en la colaboración que prestan los notarios en la prevención de blanqueo de capitales y el fraude fiscal…
–Nuestro deber de colaborar en estos ámbitos es fundamental. Este tipo de delitos, y para qué decir de la financiación del terrorismo, se han presentado tradicionalmente como de cuello blanco, como si solo tuvieran consecuencias en el ámbito económico. Pero la realidad es que detrás se ocultan situaciones muy duras, desde la venta de drogas hasta la esclavitud y el tráfico de órganos. Los notarios tenemos la responsabilidad de luchar contra ellos: como personas y como funcionarios públicos, evitando que se utilice la garantía notarial para su salvaguarda. Desde la creación en 2005 de nuestro Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales hemos desarrollado una labor muy reconocida tanto nacional como internacionalmente, siendo ejemplo de los notariados de otros países. La actuación de este órgano ha dado lugar a una serie de denuncias que han traído como consecuencia que muchas de ellas, más del 80%, hayan acabado en los tribunales.

–¿En qué medida ha contribuido la Base de Datos de Titularidad Real?
–Esta base constituye, de momento, un ejemplo único en el mundo y su eficacia ha sido reconocida por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Es una aportación a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Notariado gracias al esfuerzo ímprobo hecho por todos los compañeros y por nuestro Órgano de Prevención Centralizado. En gran medida se nutre de la información contenida en el Índice Único Notarial, que recoge de forma parametrizada los datos precisos contenidos en las escrituras públicas.

La Base de Datos de Titularidad Real ha prestado y presta unos servicios importantísimos en la lucha contra estas lacras sociales ya que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas.

–Otro estandarte de su mandato ha sido impulsar el desarrollo tecnológico de los notarios para prestar un servicio aún más ágil y efectivo…
–El desarrollo de los instrumentos tecnológicos que necesitan los notarios para prestar sus servicios tiene que constituir el objetivo de cualquier legislatura, tanto pasada como presente. En este punto hay que agradecer la actuación de mis predecesores que, con muy buen criterio y anticipados en cierto sentido a los tiempos, crearon un centro tecnológico propio del Notariado, que ahora cumple 20 años: Ancert, nuestra empresa de tecnologías.

Gracias a ella, y al esfuerzo de adaptación realizado por todos los notarios, estamos en disposición de poder prestar una serie de servicios íntegramente online. Con este objetivo hemos abierto la sede electrónica notarial a través del Portal Notarial del Ciudadano. En él particulares y empresas se beneficiarán de diversos servicios notariales telemáticos, con la misma seguridad y garantías que compareciendo físicamente en las notarías, pero con la agilidad y facilidades propias de las operaciones digitales.

–De hecho, en pocos meses es muy posible que podamos crear una sociedad limitada íntegramente por vía online a través de ese Portal. ¿No le da vértigo estar al frente de este proyecto?
–No, porque estamos preparados. La tramitación de la Directiva de herramientas digitales comenzó su andadura al poco de iniciarse la legislatura anterior y la verdad es que estuvimos muy pendientes de su evolución y transmitimos en todo momento a las instituciones europeas que los notarios no serían nunca un problema sino parte de la solución. Y así lo entendió la Comisión Europea. La directiva potencia la actuación notarial porque lo que quiere es garantizar la mayor seguridad jurídica del proceso, y eso precisamente es lo que brinda la intervención notarial. Por eso en países como Alemania, Italia o España se está impulsando la constitución en escritura pública de sociedades mercantiles mediante videoconferencia como canal seguro.

–¿Cómo vivió el Notariado los meses de confinamiento?
–Durante el confinamiento fuimos declarados un servicio público esencial y todas las notarías permanecieron abiertas para casos de urgencia.

Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros. En este sentido el Gobierno actuó de forma rápida y segura para que pudiéramos atender las necesidades de urgencia, tanto personales como económicas, de ciudadanos y empresas. La relación con el Ministerio de Justicia fue muy buena, con una excelente coordinación con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que dependemos los notarios.

–La protección jurídica de las personas más vulnerables ha sido y es otro de los objetivos del Consejo. De hecho, la Fundación creada para tal fin, Aequitas, ha cumplido 20 años. ¿Qué retos enfrenta en este ámbito en 2021?
–Las personas con discapacidad y vulnerables constituyen un grupo de atención especial para los notarios. Nuestra Fundación ha desarrollado una labor intachable, que se ha apoyado en los últimos años en la aplicación de la Convención de Nueva York. El artículo 12 de esta convención supone una gran responsabilidad para los notarios porque quiere garantizar que estas personas ejerzan sus derechos y deberes jurídicos contando con los apoyos necesarios. Los notarios debemos propiciar la autonomía de estas personas y que la puedan desempeñar, en su caso, disponiendo de esos apoyos. Es una tarea que implica una gran responsabilidad, pero muy bonita y en consonancia con nuestra función.

–En su día a día el Notariado trabaja estrechamente con otros muchos profesionales: abogados, economistas, jueces, procuradores, registradores. ¿En qué se diferencia su labor con respecto a estos últimos?
–Aunque tenemos una formación muy similar, nos encontramos en distintos lados del proceso de la seguridad jurídica. Nosotros desarrollamos una seguridad jurídica genuinamente preventiva, porque la actuación notarial se produce simultáneamente con la prestación del consentimiento.

El notario atiende directamente a la persona y trata de resolver los problemas que pueda tener y a partir de ahí se realiza el documento notarial. Un préstamo ante notario, por ejemplo, no consiste solamente en la prestación del consentimiento, sino también en la materialización del negocio: se recibe el dinero con la asunción de una serie de obligaciones. En cambio, la inscripción, que cumple una función básica de publicidad, siempre se produce en un momento posterior, cuando el negocio ya se ha consumado.

–Ahora que se habla tanto de la España abandonada… ¿Están los notarios abandonando los pueblos o volviendo a ellos?
–Los notarios no estamos abandonando los pueblos. De hecho hemos estado siempre en ellos y estamos repartidos por toda la geografía nacional. No siempre el pueblo con notario tiene una gran actividad económica, pero estamos porque se necesita nuestro servicio. Nunca hemos pensado alejarnos de la España despoblada. Nos sentimos orgullosos de que el servicio notarial llegue a todos los españoles y de que lo encuentren cerca de donde ellos viven: en su pueblo o en su comarca.

–En octubre de 2017 se reunieron en Santiago de Compostela los notariados de 22 países de la UE… ¿Es nuestro modelo de sistema el más seguido en Europa?
–El más seguido y el más seguro. Es una institución originalmente europea con muchos puntos de similitud, que además se extendió a América, África y Asia. La mayor parte de la población mundial confía en los notarios.

Y dentro de ellos el Notariado español, tengo que decirlo, constituye un referente en el ámbito de los 90 países que integran la Unión Internacional, seguramente porque hemos sabido mantener nuestra esencia, pero ajustada a las nuevas necesidades y al desarrollo tecnológico. Durante mi anterior mandato, de hecho, dos notarios españoles presidieron nuestros organismos europeo y mundial.

“Nunca hemos pensado alejarnos de la España despoblada. Nos sentimos orgullosos de que el servicio notarial llegue a todos los españoles”

Huella digital

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y notario desde 1979, José Ángel Martínez Sanchiz es, además de presidente del Consejo General del Notariado, decano del Colegio Notarial de Madrid y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. A su reconocida trayectoria académica y erudita hay que sumar su dedicación al Notariado, lo que puede apreciarse con una visita a la página web https://www.notariado.org/portal/, la revista https://escriturapublica.es/ o a las redes sociales @Notarios_ES (en Twitter e Instagram).

“Los notarios tenemos la responsabilidad de luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal: como personas y como funcionarios públicos”

Las familias necesitan más justicia

EN ESTE PAÍS

Las familias necesitan más justicia

Se atribuye al abogado y diplomático estadounidense Robert Anderson la aseveración de que “en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio”. Lo cierto es que las cifras han de darle en España algo de razón ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019 casi 6 de cada 10 matrimonios acabaron en divorcio. 

CARLOS CAPA

[email protected]
@capa_carlos

LA PANDEMIA de Covid‐19 y las medidas adoptadas para combatirla no han venido a mejorar mucho las cosas y, según expertos en Derecho de Familia, 2020 puede ser el primer año, a falta del recuento final, en que en España se hayan producido más separaciones que matrimonios.

Además de las inevitables consecuencias en el plano emocional, existen situaciones de carácter legal que deben ser resueltas en una crisis familiar.

Derecho de Familia. Así, el Derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales tanto de los miembros de una familia entre sí, como con respecto a terceros en procesos de separación, divorcio y nulidades matrimoniales, custodias y régimen de visitas, capitulaciones y contratos prematrimoniales, incapacitaciones y tutelas o filiaciones.

Las demandas de disolución matrimonial experimentaron un incremento interanual generalizado en el tercer trimestre de 2020 y supusieron un 16,6% más respecto al tercer trimestre de 2019. Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

También otros asuntos relacionados, como son las demandas de modificación de medidas y las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuales como litigiosas, tuvieron un importante incremento según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, las demandas de modificación de medidas consensuadas se incrementaron un 28,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas lo hicieron un 8,6 por ciento.

Por otro lado, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un incremento interanual del 56,8 por ciento, mientras que las no consensuadas se incrementaron un 21,3 por ciento.

El Real Decreto‐ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID‐19 en la Administración de Justicia, introdujo una regulación ‘ex Novo’ para un procedimiento especial y sumario respecto a la resolución de cuestiones relativas al Derecho de Familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento de los juicios verbales relativos al Derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero de 2020. Asimismo, las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Para afrontar esta realidad, España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas. Un reciente estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares. 

Más procesos, mismos medios. A pesar de esta carencia, durante 2019 solo se abrió un juzgado nuevo de Primera Instancia propio de Familia y tampoco se ha visto beneficiada esta especialidad por la creación extraordinaria de nuevos juzgados que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre en previsión de la sobrecarga de actividad jurisdiccional como efecto de la pandemia de Covid‐19 y las medidas adoptadas para su contención. De los 30 nuevos juzgados creados ninguno es de Familia. Por lo tanto, en 32 provincias españolas los ciudadanos que residen en ellas no tienen acceso a un tribunal especializado.

Los residentes en poblaciones como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres o Lugo, entre otras miles, quedan fuera de la especialización y deben conformarse con que sus asuntos sean resueltos por los llamados “juzgados mixtos”, aquellos que comparten jurisdicción civil de primera instancia y jurisdicción penal en materia de instrucción, y con frecuencia otras tareas encomendadas como el Registro Civil o la Violencia sobre la Mujer.

La escasez de medios y de recursos humanos en este estrato jurisdiccional provoca que las vistas sobre asuntos de familia lleguen a demorarse muchos meses, en ocasiones más de un año, con el consiguiente trastorno y notable perjuicio, si cabe más lacerante cuando existen decisiones a tomar sobre menores como la custodia, la pensión alimenticia o el régimen de visitas de los menores.

La falta de especialización provoca, además de una menor velocidad de tramitación, gran disparidad de criterios entre los diferentes juzgados, lo que en la práctica supone tener una Justicia de dos velocidades.

Los divorcios sin acuerdo en la pareja tardan en resolverse en España más de tres años y medio cuando se tramitan a través de juzgados de Primera Instancia y las audiencias provinciales no especializadas en asuntos de Derecho de Familia. En cambio, cuando estos mismos procesos contenciosos se despachan en órganos especializados, –con jueces, magistrados, fiscales y equipos técnicos correctamente formados en la materia– el tiempo se reduce a dos años de media contando ambas instancias, según se desprende del informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). 

En definitiva, nos encontramos ante una Justicia desigual, entrando en contradicción con el mandato constitucional.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano considera que “esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filio parental”. Lozano ha pedido al Ministerio de Justicia para los asuntos de Familia el mismo tratamiento que reciben los de Mercantil o Violencia de Género, que son atendidos por jueces, fiscales y funcionarios especializados en la materia.

En esta dirección en septiembre de 2019 nacía la Plataforma Familia y Derecho, una asociación formada por jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, psicólogos, docentes y trabajadores sociales y cuya finalidad fundamental es conseguir la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad.

Alternativa notarial

EN JULIO de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Una norma que amplió las competencias de los notarios para resolver determinados asuntos que hasta ese momento tenían que llevarse a los juzgados. Uno de los actos de jurisdicción voluntaria más demandados por los ciudadanos es la declaración de herederos abintestato (cuando no existe testamento) por parte de ascendientes, descendientes o cónyuges. Estos expedientes han superado los 500.000 en cinco años.

Esta ley también permite a las parejas separarse o divorciarse ante notario, siempre que estén de acuerdo y que no tengan hijos menores a su cargo o con la capacidad judicialmente modificada. También se puede, entre otras cosas, recurrir a la conciliación ante notario ante cualquier controversia mercantil, sucesoria o familiar.

La Asociación Española de Abogados de Familia indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares

Para saber más

Divorcio ante notario. “La pregunta de la semana”.

Informe del Observatorio de Derecho de Familia de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

Web de la Plataforma Derecho y Familia. Asociación multiprofesional que promueve una jurisdicción especializada en Familia.

Estadística de nulidades, separaciones y divorcios elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Se ofrecen resultados a nivel nacional, autonómico y provincial.

Solo disponemos de 124 juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia repartidos entre 56 partidos judiciales

«Divorcios de pandemia», por Pilar Cernuda

EN ESTE PAÍS

PILAR CERNUDA

periodista

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Divorcios de pandemia

TODOS CONOCEMOS parejas que han saltado por los aires tras los meses de confinamiento y las medidas que, posteriormente, han restringido la libertad de movimientos sin posibilidad de salir del barrio, la ciudad, la provincia o la región en la que residían. Y todos conocemos parejas que se han fortalecido tras los meses de confinamiento y las medidas que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la pandemia.

Que se viviera una situación u otra ha dependido del carácter de los confinados y de la fortaleza de su relación; pero también, quizá sobre todo, del espacio en el que vivieron el encierro. No era igual para una familia de uno o dos hijos que disponían de amplio piso, incluso de chalet con jardín privado y ordenadores suficientes para no tener que compartirlos, que la situación de familias numerosas en apenas 80 metros cuadrados, uno o dos ordenadores, una persona enferma o discapacitada, un padre angustiado porque preveía la llegada del paro y además no cobraba el ERTE porque el gobierno se ha mostrado incapaz de atender cualquier tipo de solicitud o gestión de bajas, altas, ertes, subsidios y ayudas. Y encima los niños quejándose de aburrimiento, los mayores poniendo a prueba su paciencia y los adolescentes mascullando que estaban hartos de no poder encontrarse con amigos.

El covid 19 ha traído muertes, agonías inacabables, meses de lucha en una UCI, personal sanitario desbordado, soledades, incertidumbres y muchos problemas, infinitos problemas. Han sido muy afortunadas las familias que tras la pandemia se sienten más unidas que antes, con padres que han descubierto a sus hijos y viceversa, maridos que han comprendido, al fin, que una casa no funciona sola y han mirado a sus mujeres con admiración, y centenares de familias, por no decir millones, que también han hecho descubrimientos asombrosos, como que cocinar es muy entretenido y relajante, que tenían razón los que decían que la lectura es un placer, o que hay juegos de mesa apasionantes con los que las horas se pasan rápido.

El problema, serio problema, lo han vivido, y lo viven, aquellos a los que el confinamiento ha sacado a la luz sus diferencias irremediables. Que convivir tantos días sin posibilidad de salir de casa era un infierno, que se han dado cuenta de que ya no soportan los defectos del otro o de la otra y que incluso lo que les atraía se ha convertido en algo aborrecible. Muchas de esas parejas han tenido que aguantar la situación porque no disponían de los medios económicos necesarios para plantearse una separación; otras sin embargo, en cuanto han salido a la calle, han acudido a un abogado para poner en marcha la tramitación de un divorcio.

Algunos, ante las advertencias de los abogados respecto a la acumulación de casos que se amontonaban ante los juzgados de familia, que no daban abasto, han acudido a notarías para preguntar sobre la posibilidad de iniciar un paso intermedio, una separación notarial, e incluso, de divorciarse por esta vía.

Para muchos un divorcio es una liberación, pero generalmente es un drama incluso para quien lo haya solicitado por las razones que sean, desamor, nuevo amor, incompatibilidad de caracteres, violencia doméstica o pérdida de confianza. Si al drama se le añade que no hay manera de acelerar trámites, que no llega nunca la fecha de la vista, que los abogados se encuentran con un bloqueo de los juzgados, imposibilitados de ir más deprisa, ampliar personal y disponer de más medios, faltos de horas y con los nervios tan a flor de piel como los propios demandantes de que resuelvan sus problemas… esa espera, esa falta de avances, ese no saber cuándo resolverán los jueces, se convierte en una pesadilla.

Se comprende que en estos meses de desasosiego por tantas razones, que no se sabe además cuando se podrá superar, los juzgados de familia se hayan convertido en la diana de todos los venablos que lanzan las familias que no tienen más aspiración que solucionar de una vez por todas su situación familiar y que un juez intervenga con una decisión de obligado cumplimiento. Si hay hijos menores, que determine quién ejercerá la patria potestad o si será compartida, quién ocupará la vivienda familiar, régimen de visitas a los hijos, reparto de vacaciones, pensión alimenticia, qué gastos corresponde a cada cónyuge, quién se hace cargo de la hipoteca si la hubiera, e incluso tomar disposiciones sobre las visitas de los abuelos a los nietos; un asunto cada vez más habitual cuando se trata de los padres de un cónyuge fallecido.

La pandemia, además de una tragedia que parece no tener fin, es desesperante para quienes están pendientes de una resolución que lleve un poco de sosiego a la familia. No hay más que echar una mirada alrededor para darse cuenta de que para los ciudadanos que sufren la pandemia sin más cambio en su vida que un encierro, sufrir el toque de queda, no disfrutar de una reunión familiar o de amigos, y estar pegado durante horas a un ordenador, es un privilegio.