Acaba de cumplirse un año de la invasión de Ucrania por Rusia. Una devastadora guerra que está destrozando millones de vidas y que ha sumido al mundo en la incertidumbre. La economía y la política internacional enfrentan una realidad inimaginable al inicio de la actual década.

El equilibro internacional se ha roto y los organismos mundiales se han dado de bruces con una de las mayores crisis de su historia. La ONU, que considera que la invasión de Ucrania por Rusia es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ha aprobado una nueva resolución de condena contra Rusia en el primer aniversario de la guerra, pero sigue teniendo a este país entre los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad.

Sanciones de la UE

Mayor conexión muestra la Unión Europea, que ha condenado enérgicamente «la brutal agresión, no provocada e injustificada, de Rusia a Ucrania y la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón». Su postura es firme: «Rusia debe detener inmediatamente esta guerra atroz. La Unión Europea permanecerá al lado de Ucrania y le prestará un apoyo inquebrantable durante el tiempo que sea necesario».

A lo largo de este año, los dirigentes de la UE han exigido a Rusia en diversas ocasiones que pusiera fin inmediatamente a sus acciones militares, retirase incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares de Ucrania, y respetase plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Su principal respuesta a la agresión militar rusa, además de proporcionar ayuda a los refugiados, ha sido sancionar económicamente al país, adoptando medidas restrictivas sin precedentes.

Estas medidas están concebidas para debilitar la base económica de Rusia, privándola de tecnologías y mercados vitales, y limitando de forma considerable su capacidad para mantener la guerra.

El primer paquete de medidas se adoptó el 23 de febrero de 2022 con sanciones individuales contra los miembros de la Duma Estatal rusa que votaron a favor del reconocimiento de las zonas de las provincias de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno; restricciones a las relaciones económicas con las zonas de estos mismos territorios no controladas por el Gobierno; y restricciones al acceso de Rusia a los mercados y servicios financieros y de capitales de la UE.

Desde entonces uno de los grandes retos de todos los países miembros ha sido poder descubrir a los titulares reales de las propiedades y empresas rusas en Europa, dado que muchos de ellos se valen de sofisticados entramados societarios y de sociedades «fantasma» para ocultar sus posesiones. Es en este terreno donde está siendo fundamental la colaboración de funcionarios públicos como los notarios, presentes en 22 Estados de la UE, con el Notariado español como referente.

La contribución notarial

Una contribución que reconocen la propia Unión Europea, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y nacionales como el Sepblac.

Esta labor de los notarios españoles de prevención y lucha contra la delincuencia financiera la destaca en las páginas de esta revista el Fiscal General de Estado español, Álvaro García Ortiz, para quien «las obligaciones o las capacidades de los notarios y los instrumentos de control de actividades financieras en los que participa el Notariado, como los registros de bienes, han hecho que ahora sea todo bastante más complicado para los delincuentes. Por ejemplo, hacer transacciones inmobiliarias o económicas que puedan ocultar o dificultar la investigación de los delitos».

También el nuevo presidente de los Notariados europeos, el alemán Peter Stelmaszczyk, asegura en estas mismas páginas que «la labor del Notariado español en la lucha contra el blanqueo de capitales es una referencia para todos los notariados europeos y pone de manifiesto el importante papel del notario como funcionario público y colaborador del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales».

Prueba aún más evidente de la colaboración de los casi 3.000 notarios españoles en la lucha contra delitos financieros tan graves como que Rusia pudiera saltarse las sanciones que la ha impuesto la UE, está siendo su contribución al bloqueo de activos en la Unión de los oligarcas rusos, que tratan de ocultarlos tras sociedades «fantasma» a nombre de testaferros.

Identificar al titular real

La labor iniciada en 2005 ha permitido a los notarios españoles, gracias a su función en el ámbito mercantil, crear una Base de Datos de Titular Real que notifica a las autoridades públicas quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas.

La información contenida en esta base procede del Índice Único Informatizado del Notariado, que es la piedra angular de los servicios de prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal del colectivo notarial, que sirve, junto a la Base de Datos de Titular Real, para identificar a los auténticos propietarios de las empresas y rastrear la constitución de sociedades «fantasma» y testaferros.

En ella están identificados de manera acreditada titulares reales de más de 2.100.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

Son los profesionales del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado quienes investigan, en consonancia con el Sepblac, para averiguar si determinadas personas, como los oligarcas rusos sancionados o sus allegados, son los titulares reales de personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones…) y contribuir así a impedir que puedan tratar de hacer operaciones.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha sido reconocido por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea. En este manual, los notarios españoles han sido positivamente valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos, así como por la centralización de la información y los avances tecnológicos alcanzados, entre los que destaca el Índice Único Informatizado Notarial español.

También la Oficina Anti Fraude, integrada en la Comisión Europea, puede solicitar información que figure en esta base mediante el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Administración General del Estado, como coordinador de las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros del Unión Europea contra el fraude.

Sobre esta base, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo de control mundial de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, ha señalado que «la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez mediante el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado. Las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países».

¿Por qué no ser sede europea?

Un ejemplo a sumar a otros que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué no ha de ser Madrid la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés)?

LOS 3.000 NOTARIOS ESPAÑOLES ESTÁN CONTRIBUYENDO AL BLOQUEO DE ACTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA DE LOS OLIGARCAS RUSOS

Para ello cuenta, como se recoge en un reportaje de esta misma revista, con el apoyo decidido de las Administraciones públicas españolas, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Sepblac a la cabeza; el sector bancario (por supuesto el Banco de España y las principales asociaciones); los empresarios (todas las patronales), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y numerosos profesionales, como los notarios, los abogados…

Las fortalezas de Madrid son innegables. Es la 6ª región por PIB de la UE, con una intensa actividad innovadora, y famosa por su conocido sentido de acogida, hospitalidad y tolerancia.

La candidatura madrileña está plenamente alineada con el estricto cumplimiento de los requisitos esgrimidos por los responsables de la adjudicación: contar con centros educativos y asistencia sanitaria de excelencia y calidad; un mercado laboral cualificado y accesible para los cónyuges de los empleados de la agencia; una amplia e integrada red de transporte público, y conectividad digital de alta velocidad.

A ello hay que añadir un hecho diferencial que suma puntos a favor de la candidatura española: la larga tradición de nuestro país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ello, sin dejar de lado otros aspectos como la legislación avanzada en la materia; la existencia de una potente UIF (el Sepblac) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo; o la existencia de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pioneros internacionalmente.