EN PLENO DEBATE
¿ES SOSTENIBLE NUESTRO ESTADO DEL BIENESTAR?
Seis de cada diez euros están destinados al gasto social. Por partidas, destaca la dependencia.
La pandemia de 2020, la elevada inflación originada por los altos precios de los productos energéticos y por la falta de suministros tras el confinamiento, la subida de los tipos de interés, la invasión de Ucrania por Rusia en 2021 y la consiguiente guerra han puesto fin a la etapa de prosperidad y bienestar de los últimos años, una vez superada la crisis de 2008. Si entonces gobiernos e instituciones internacionales defendieron las políticas de austeridad, en la actual situación la mayoría, entre ellos el gobierno español, han aplicado medidas sociales para proteger a los ciudadanos a costa de disparar la deuda pública.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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A 31 de diciembre, los gastos sociales habían elevado la deuda pública hasta el 115,6% del PIB, según datos del Banco de España. Aunque una parte importante de las medidas se financian con fondos europeos, España registró unos valores máximos de deuda (125,7%) en el primer trimestre de 2021 con un incremento de 27,5 puntos respecto a antes de la pandemia. Así lo refleja el Observatorio de Deuda de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su página web, donde se añade que en los siguientes meses se encadenaron cinco trimestres consecutivos de reducción «que acumulan un total de 9,6 puntos». Aun así, «en términos nominales, la deuda pública ha continuado creciendo, sumando 64.210 millones en los ocho primeros meses de 2022, hasta un nuevo máximo histórico de 1.491 billones».
Gastos asociados a la pandemia
El mayor incremento se ha producido en la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social, asumiendo el 93,5% del aumento de deuda de los dos últimos años y medio, al financiar la mayor parte de los gastos asociados a la pandemia. En cuanto a las previsiones para 2023, la AIReF estima una reducción de la ratio de deuda de 6,9 puntos del PIB respecto a 2021. «La reducción vendrá sustentada principalmente por el crecimiento del PIB nominal (15,3 puntos), donde el deflactor tendrá una contribución muy notable (8,8). El déficit público seguirá contribuyendo de manera significativa al incremento de la deuda». En este contexto, la AIReF considera factible la proyección de deuda incluida en el plan presupuestario para 2023. A largo plazo, la entidad prevé un escenario en el que «un alto nivel de endeudamiento, junto a unos tipos de financiación más elevados exigirán un ajuste estructural sostenido para mantener la estabilización de la ratio de deuda y la contención de la carga financiera». En este sentido, subraya la necesidad de reducir «el déficit primario de 0,16 puntos del PIB anuales para mantener estabilizada la ratio de deuda más allá del año 2026, lo que equivaldría aproximadamente a 2.500 millones de euros, según la proyección del PIB para 2026».
A 31 DE DICIEMBRE, LOS GASTOS SOCIALES HABÍAN ELEVADO LA DEUDA PÚBLICA HASTA EL 115,6% DEL PIB, SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA
Estas correcciones a la baja están, en parte, directamente relacionadas con los más de 100.000 millones de euros que España ha recibido de la Unión Europea desde 2021 entre préstamos blandos y trasferencias dirigidos a lograr un crecimiento de la economía en el marco del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia.
Las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión Europea indican que el saldo público estructural arrojará en 2023 un superávit del 1,4% del PIB. Por consiguiente, la situación prevista para la zona euro parece «razonablemente satisfactoria». En 2023, la deuda pública superaría el 100% del PIB en seis Estados miembros de la eurozona (Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica); se situaría entre el 60% y el 100% en otros seis Estados miembros y por debajo del 60% en los ocho restantes.
Presupuestos sociales
El Gobierno ha apostado por «blindar» el Estado del bienestar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Unas cuentas públicas con «la mayor partida de gastos sociales de la historia», aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre cuando se presentó el proyecto. El Congreso de los Diputados aprobó los PGE de 2023 el 24 de noviembre.
«Seis de cada diez euros están destinados al gasto social, con un total de 266.719 millones, 274.445 millones si se incluyen los fondos europeos, también la mayor cifra nunca registrada para estas partidas», explicó Montero. Por partidas, destacan la dependencia, un pilar del Estado del Bienestar, con 3.522 millones, «un 150% más que al inicio de la legislatura». El presupuesto de Sanidad aumenta un 6,7% con 1.258 millones más, mientras que las políticas de vivienda reciben 3.472 millones de euros. La partida para pensiones se incrementa y la revalorización anual se realizará conforme al IPC interanual. Montero destacó que «por primera vez en 13 años se realizará una aportación al fondo de reserva de la Seguridad Social con 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional». Esta aportación se hace «sin incrementar el déficit de este subsector», siendo posible «gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la mejor composición del empleo y su estabilidad, fruto de la reforma laboral, y a la buena gestión de la propia Seguridad Social». En educación, la inversión se incrementa un 62% respecto a las cuentas de 2018, mientras que la partida para becas se eleva un 68%, lo que suponen 900 millones más.
Si se descuentan los fondos europeos, el techo de gasto nacional se sitúa en 173.065 millones, un 1,9% más, «lo que también supone un hito». Ante el encarecimiento de los precios de la energía, los presupuestos de 2023 recogen un incremento del 65% del bono social térmico, que alcanza los 259 millones.
Previsiones de crecimiento
El Gobierno prevé, además, que la economía española crezca más de lo previsto en 2022 y se mantenga en niveles superiores a la media de la zona euro gracias a la modernización del tejido productivo y la creación de empleo de calidad. Esto será posible, en parte, por los 30.000 millones de euros que España recibirá en 2023 del Plan de Recuperación y el programa REACT-EU.
Estos fondos tienen como principal destino (72%) políticas para impulsar el cambio de modelo productivo con inversiones en investigación, industria, energía o infraestructuras.
EL GOBIERNO HA APOSTADO POR «BLINDAR» EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE) PARA 2023
El Proyecto de Presupuestos para 2023 prevé un crecimiento del PIB real del 2,1%. Para Funcas se trata de una «previsión optimista si se atiende al rango de estimaciones recientemente ofrecidas por las principales instituciones nacionales e internacionales de referencia: 1,5% de AIReF, 1,4% del Banco de España, 1,2% de FMI, 1% de BBVA-Research o 0,7% de Funcas». El Gobierno estima un incremento de ingresos totales entre 2022 y 2023 que se situará entre 35.000 y 36.000 millones de euros. Por el lado del gasto, el crecimiento oscilará, aproximadamente, entre 23.700 y 24.500 millones de euros, con un crecimiento próximo al 4%. Funcas subraya que «el grueso de las ganancias recaudatorias, resultantes de medidas que entrarán en vigor en 2023 con nuevos gravámenes, será de carácter temporal, en lugar de ser resultado de una reforma fiscal, tal como fue acordado previamente con Bruselas para el primer trimestre de 2023». La conclusión de la entidad es que «en el presupuesto de 2023 se observa una preocupante disfunción entre incrementos de recaudación en el corto plazo, con un elevado componente coyuntural debido a la inflación y a las medidas temporales aprobadas, frente al crecimiento de gastos de naturaleza estructural». Esta situación es, en su opinión, «un foco añadido de presión al deterioro del déficit estructural al que se enfrenta la economía española desde 2018». Para resolver esta disfunción, Funcas plantea «afrontar las políticas de gastos e ingresos públicos con una visión menos cortoplacista, con criterios tanto de equidad como de eficiencia».
¿Políticas sociales o deuda pública?
Esta es una de las preguntas a las que quiere dar respuesta el Informe sobre el futuro de la protección social y el Estado del bienestar de la Unión Europea, elaborado por el Grupo de Alto Nivel y presentado el 7 de febrero en Bruselas. El documento mantiene que «el Estado del bienestar es una inversión a largo plazo, fuerte y rentable» y «su debilitamiento podría provocar conflictos sociales, llevar a la marginación de grupos importantes dentro de nuestras sociedades y afectar a la competitividad y el crecimiento». Para los autores está claro que el crecimiento económico y un Estado del bienestar fuerte «van siempre de la mano» y, por tanto, «no podemos hablar de reforma del Estado del bienestar sin reformar y reforzar nuestras industrias».
«Dejando a un lado los años excepcionales, alrededor del 70% de todos los ingresos públicos de la UE se destinan al gasto del Estado del bienestar, incluso dejando fuera el gasto en educación, que es un elemento importante de la inversión social», subraya el informe.
En cuanto a la deuda pública, los expertos recuerdan que en la UE los límites máximos de deuda pública y déficit anual fijados por el Tratado de Maastricht siguen siendo limitaciones importantes. «Según los Tratados de la UE, los Estados miembros de la zona euro deben reducir sus déficits públicos estructurales al 0,5% del PIB siempre que la deuda pública sea superior al 60% del PIB y al 1% del PIB cuando la deuda sea inferior a este porcentaje».
En el informe, los autores mantienen que «la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar depende en gran medida del número de personas empleadas y de su productividad, así como de la obtención de ingresos de todas las fuentes de financiación posibles», pero puntualizan que lo contrario también es cierto: «Las políticas sociales pueden ayudar a maximizar el mercado laboral y la productividad». Respecto a los ingresos necesarios para financiar el Estado del bienestar, «la buena noticia es que, dada la estabilidad observada en el pasado, podemos confiar en que al menos un tercio del PIB futuro seguirá destinándose a ayudas sociales, en gran parte con cargo a los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social». En el lado negativo, la estabilidad del gasto social en una época de necesidades crecientes obliga a buscar nuevas fuentes de financiación. «En nuestra opinión, la financiación de las futuras prestaciones sociales debería depender menos de los impuestos sobre las rentas del trabajo y proceder en mayor medida de los impuestos sobre el capital, el patrimonio, las sucesiones, el consumo y las emisiones de carbono, basándose en el principio de que los más desfavorecidos no deberían soportar la carga más pesada». Para ello, concluye el informe, es necesario que los impuestos sean más progresivos y que se amplíen las bases impositivas y contributivas. También debe haber un fuerte impulso político para contener la evasión y la elusión fiscales, eliminar la competencia fiscal perniciosa y el dumping social.
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