Nadie puede decir que nos ha cogido por sorpresa esta escalada de precios. Nadie puede quejarse de que ha sido provocada por circunstancias desconocidas y extraordinarias. Nadie, sobre todo los políticos (principalmente los que nos gobiernan) pueden escudarse en que es un problema global con soluciones que escapan de sus manos.

Ya el pasado verano avisábamos del tsunami que se avecinaba tras el explosivo incremento de la factura energética, puesto que no hay sectores, productos o servicios que se escapen a tener la energía (principalmente la eléctrica) como elemento muy tangible en su tabla de gasto y, por ello, era razonablemente esperado que más pronto que tarde empezasen a modificar precios finales en productos y servicios. Y posiblemente la falta de iniciativa de nuestros gobernantes (españoles y europeos) ha hecho que esa inflación que está golpeando fuertemente nuestros bolsillos y que está mermando diariamente nuestra capacidad adquisitiva se haya desbocado a niveles de dos dígitos y sin atisbar a corto plazo una solución que ponga freno a esta escalada de preocupante pendiente alcista.

Y, aunque todo incremento de precios es preocupante, hay ejemplos que ilustran mejor esta situación: por un lado, el caso de los combustibles, donde podemos ver cómo, a partir de la fecha en que se puso en marcha esa bonificación generalizada a la hora de repostar combustible, hemos podido observar récords continuos y semanales de precios históricamente altos hasta llegar a superar con creces los 2€ el litro, cuando no hay base real y clara que justifique ese brutal incremento; o el caso de la factura eléctrica, donde somos víctimas de un sistema tarifario que genera beneficios millonarios a unas compañías a costa de pagar el megavatio a un precio muy superior al del coste de generarlo. O también el caso de la cesta de la compra de alimentos y gran consumo, donde estudios e informes de alguna de nuestras organizaciones han constatado que la mayoría de productos alimenticios han tenido desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 incrementos de precios que van desde el 8/9% (pollo, conejo, miel, cerdo…) hasta un 20/30% (leche, aceite, arroz…) e inclusive algún producto estacional desde junio de 2021 a junio de 2022 con incrementos superiores al 40% (sandía) o al 100% (melón). Si analizamos estos precios y los comparamos con los incrementos de renta que tuvimos pensionistas, jubilados, trabajadores, autónomos, etc. y que en el mejor de los casos pudo estar sobre el 5%, todo lo que supere ese 5% significa pérdida de poder adquisitivo. Y a la mayoría de familias les da miedo coger la calculadora y verificar cuantos cientos o miles de euros de más les supone comprar lo mismo que el año pasado.

Esta situación, desde luego, es insostenible y necesita de acciones y herramientas con carácter urgente que permitan respirar a cientos de miles de familias, que eviten cambios en los hábitos alimenticios menos equilibrados nutricionalmente y que continúen beneficiándose unos pocos con el sufrimiento de muchos. Las administraciones públicas tienen medios para investigar, controlar y decir si todo lo que está pasando está justificado (también ética y moralmente hablando) o, por el contrario, hay sectores, empresas, etc. que están haciendo su agosto.

Y, mientras, sería muy bueno mejorar las condiciones de acceso a productos y servicios esenciales de las personas más vulnerables, ampliando el abanico de beneficiarios; estudiar la presión fiscal que hay sobre determinados productos y servicios para actuar de manera temporal o definitiva bajando esa presión fiscal en determinados momentos y situaciones; potenciar cambios en sistemas tarifarios y en ofertas energéticas que nos permitan producir energía más barata y dar herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que incremente su capacidad investigadora para dar luz a situaciones faltas de transparencia.

Asimismo, es el momento de la ética y la responsabilidad, pidiendo a cada empresa, a cada profesional, a cada administración que aplique las subidas estrictamente necesarias y que asuma cada uno lo que razonablemente pueda de esta situación inflacionista, porque si cargamos todo (y más) al consumidor final, en pocas semanas veremos una preocupante reducción del consumo interno y, con ello, un perjuicio generalizado a todos.

Las asociaciones de consumidores vamos a seguir investigando, auditando y denunciando a todos aquellos sectores y empresas que quieran beneficiarse de la dramática situación que estamos viviendo, porque las familias que han podido estos últimos meses tirar de los ahorros generados durante los primeros doce meses de pandemia están acabando con ellos y los que no han podido generar ese ahorro están tirando de tarjeta o cambiando de hábitos. Y eso, me temo, no traerá nada positivo.

En pocos meses podremos tener más datos cuando la MPAC (https://mesaparticipacion.com/) publique los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo que está realizando a más de 3.500 familias españolas y comprobaremos si la época estival ha mejorado o empeorado el preocupante otoño que se nos avecina.