La libertad de prensa es un derecho cardinal en cualquier sociedad democrática. Esta no existe sin aquella. En España viene recogido en el artículo 20 de la Constitución de 1978 como el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” y a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Es un derecho que la sociedad deposita históricamente en los periodistas.

Sin embargo, pocas veces en la historia reciente ha estado ese derecho más en peligro. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, realizada por Reporteros sin Fronteras, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países, pone de manifiesto en su vigésima edición, de 2022, los “efectos desastrosos del caos informativo creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda”.

En esa clasificación (que encabezan Noruega, Dinamarca y Suecia), España figura en el puesto 32, tres escalones más abajo que el año anterior y por debajo de Portugal (7), Alemania (16) o Francia (26), aunque por delante, por ejemplo, de Estados Unidos (42), donde se pone de manifiesto cómo la polarización mediática alimenta la fractura interna de una sociedad. Por razones obvias, Ucrania (106) y Rusia (155) ya pierden respectivamente nueve y cinco puestos (la verdad es la primera víctima de la guerra) tras la invasión de la primera por la segunda en febrero de 2022.

Titulado La nueva era de la polarización, el informe revela la existencia de una doble polarización, amplificada por el caos informativo: la mediática, que crea fracturas dentro de los países, y la polarización de los Estados, a escala internacional. Y sostiene que en las sociedades democráticas el desarrollo de ciertos medios de opinión y “la generalización de los circuitos de la desinformación, impulsada por las redes sociales, están provocando un aumento de las fracturas sociales”. En el plano internacional, insiste, “la asimetría que existe entre, por una parte, sociedades abiertas y, por otra, regímenes despóticos que controlan a sus medios y sus plataformas, mientras libran guerras de propaganda, debilita a las democracias”. En ambos niveles, “es un factor de intensificación de las tensiones”, concluye el estudio de Reporteros sin Fronteras.

A ello hay que añadir en demasiados casos una tercera y aún más inquietante polarización: la de muchos informadores que devienen en fans, cuando no en portavoces camuflados y simples productores de propaganda, sea de una idea o un concepto, o de publicidad, si se trata productos o servicios. Un proceso que anula el siempre inalcanzable ideal de la objetividad, pero que aniquila por completo la sagrada aspiración a la veracidad.
Todas ellas son el fértil caldo de cultivo en el que se desarrolla una generación de receptores a los que no les importa la verdad de los hechos ni la trascendencia de los acontecimientos.
La fotografía de la libertad de prensa, mejor sería decir el vídeo, muestra un campo sembrado de minas. Los Gobiernos, incluidos los de regímenes democráticos, y sus servicios de inteligencia, las Administraciones en sus diversas formas, los lobbies empresariales o de cualquier otro tipo y los grupos de presión en general desarrollan crecientes departamentos de imagen que medran al tiempo que las redacciones de la gran mayoría de los medios de comunicación pierden fortaleza. La inversión en capital humano de muchas grandes cabeceras ha pasado a un segundo plano, en paralelo al cambio de un modelo de negocio que ha puesto en tela de juicio buena parte de sus pilares a manos de la digitalización mal entendida, las redes sociales o el espectáculo, y esto a la vez que ha eclosionado un pretendido periodismo ciudadano que ignora con facilidad las normas básicas de la buena información. Conceptos como verificación, comprobación de las fuentes, precisión, claridad, credibilidad, profesionalidad o diferenciación expresa de información y opinión han perdido presencia a pesar de las facilidades proporcionadas por las nuevas tecnologías.

Es este un terreno fértil para las fake news (noticias falsas). Una contradicción en sus propios términos. Una noticia falsa es una mentira, y su peor efecto es que anula la capacidad de interpretar verazmente la realidad. La consecuencia de ello es que las personas, las organizaciones y la sociedad en general se convierten en vulnerables a los intereses de quienes mienten. Gobiernos, medios y gestores de redes sociales están obligados a no mentir, pero también a combatir las mentiras de otros. ¿Lo hacen? En un escenario como este quien sí está apremiado a evitar la mentira es el ciudadano, como individuo, contrastando sus fuentes, discriminándolas y acudiendo a medios fiables. La credibilidad, por tanto, será el principal activo de los medios y soportes, sea cual sea su formato. Contra la mentira están la verdad, y su hermana mayor, la transparencia. Aplicadas ambas con tanta contundencia como claridad.

Pero esa transparencia convive con dificultad con la libertad de prensa cuando los tres poderes básicos de una democracia se enmarañan. Si Montesquieu, el padre de la división de los poderes políticos en tres áreas independientes (ejecutivo, legislativo y judicial), se levantara hoy se echaría las manos a la cabeza. Lo mismo que quienes sigan creyendo en el cuarto poder como garante de la democracia. Y todo ello mientras se gesta ese quinto poder a manos de la intervención económica del Estado (más concretamente de los Gobiernos) sobre el mercado, unida a los nuevos fenómenos surgidos en torno a internet.

Al final, nadie interesado en la supervivencia de la libertad de prensa debe olvidar ese conocido aforismo, atribuido a George Orwell, pero conformado a lo largo de los años por muchos autores, que se sustancia en que “una noticia es aquello que alguien no quiere que se publique; el resto son propaganda o relaciones públicas”.