¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal? fue el título del panel de debate, presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fernando Fernández Méndez de Andés, exprofesor de economía de IE Business School; Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros); Luis Aribayos, secretario general de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), y Javier Máximo Juárez, notario y moderador, participaron como ponentes.

En la presentación del foro, Martínez Sanchiz señaló la importancia del tema elegido que “abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”.

Anomalía

Fernando Fernández inició su exposición describiendo las razones que justifican la creación de un impuesto: “Financiar bienes y gastos públicos; estabilizar la macroeconomía y evitar crisis, y contribuir a la justicia social”. Sin embargo, según el ponente, en España algunos tributos no responden a esas necesidades: “El Impuesto sobre Patrimonio no tiene justificación teórica al ser una renta ya gravada. Es una anomalía, ya se tributa por ser propietario de una vivienda o con la contribución urbana y rústica del IBI. Y por lo que se refiere al futuro impuesto sobre grandes fortunas, considero que es un tributo justiciero para las comunidades no leales”.

“Asimismo, impuestos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio impiden el ahorro. Necesitamos un ahorro que permita la inversión y hacer frente a la cifra histórica de deuda actual. Desde un punto de vista dinámico no tiene sentido establecer impuestos sobre el ahorro”, resaltó el economista.

DEBEMOS ANALIZAR Y COMPARAR LA SITUACIÓN
ESPAÑOLA CON LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

En nuestro país, la empresa familiar no puede ser competitiva debido a esa onerosa carga fiscal, señaló el profesor de IE: “La fiscalidad debe acabar con el raquitismo de nuestra empresa familiar, que no puede pasar del rango de micropyme. Sucesiones y Donaciones son un obstáculo para su desarrollo y, en ocasiones, la causa de la disolución de las empresas familiares”.

Entre las medidas concretas apuntadas por Fernández cabe destacar “la eliminación de diferencias formales entre sucesiones y donaciones entre vivos; asimismo, el sistema financiero debería asumir los costes bancarios asociados al abono de Sucesiones y Donaciones”.

Para concluir, señaló que “la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. Hay un modelo de familia implícito que la legislación favorece y en el que se detectan irregularidades, como en el caso de las legítimas y la penalización de los herederos colaterales”.

“En la actualidad existen demagogia y un populismo fiscal en el mapa tributario -resaltó-, por no hablar del laberinto autonómico en materia de impuestos. Esta situación provoca que haya contribuyentes que se vayan a otros países de la UE. Debemos analizar y comparar la fiscalidad internacional. España tiene una oportunidad de oro en la actual economía deslocalizada para atraer inversión -por el clima, la cultura, nuestra red digital- pero falta una fiscalidad competitiva”.

Principales cifras

Carmen Jover expuso algunas cifras sobre los impuestos analizados en este foro: “Por lo que se refiere a Patrimonio, en 2019 se recaudaron 1.300 millones en toda España. Al aprobar su bonificación la Comunidad de Madrid, las regiones que más recaudan pasan a ser Cataluña y Valencia. En cuanto a Sucesiones, se recauda casi el doble: 2.500 millones. En este tributo, Madrid ha aprobado bonificaciones para parientes próximos y colaterales. Aun así, están muy lejos de Impuestos como el de la Renta o el IVA con unos ingresos de 80.000 y 70.000 millones, respectivamente”.

¿TRIBUTOS COMO SUCESIONES,
DONACIONES O PATRIMONIO CREAN RIQUEZA O
SUPONEN UN OBSTÁCULO?

“Estos impuestos precisan una regulación más clara, homogénea y estricta; unas reglas generales que eviten ir caso por caso. Además, son muy antiguos; incluso recogen términos como el del ajuar, y deben actualizarse. Las empresas familiares se encuentran ante serios conflictos, con exenciones y reducciones que necesitan aclarar. Es muy significativo que existan tantas renuncias a herencias; son tributos tan caros que no se pueden asumir si en tu patrimonio no tienes líquido”.

Uno de los aspectos que abordó la vicepresidenta de REAF es la futura aprobación del Impuesto de solidaridad en las grandes fortunas, “prevista para antes de final de año. Será un impuesto estatal y temporal para el próximo bienio que afectará a los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros”.

Fiscalidad insoportable

Javier Máximo Juárez planteó a los asistentes una cuestión: “¿Tributos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio crean riqueza o suponen un obstáculo?”. Juárez señaló que “la ley del impuesto de sucesiones para la empresa familiar es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces. Por ello, los familiares colaterales -que ya empiezan a ser tenidos en cuenta en comunidades como Murcia y Madrid- enfrentan una fiscalidad insoportable. Si se renuncia a una herencia por sus impuestos es señal de que algo no funciona bien”.

Tras demandar una mejora en “la seguridad jurídica y la aplicación de los beneficios fiscales en la empresa familiar y la microempresa”, Juárez repasó ante el auditorio algunas de las principales preocupaciones que detecta en las personas y empresas que acuden a su notaría: “Les llama la atención tal disparidad tributaria. También se interesan, al ser una zona turística, por la tributación de los no residentes; algo, resuelto ya por la jurisprudencia de la UE, pero que siempre es fuente de problemas. ¿Por qué si el fallecido ha generado un patrimonio y satisfecho plusvalía, IVA, IRPF o ITP… tienen los parientes próximos que liquidar sucesiones?, me preguntan”.

La “muerte” de las empresas

Luis Aribayos realizó una foto fija del sector empresarial español antes de adentrarse en los aspectos fiscales: “Se debe conocer esta realidad antes de legislar. El 99,8% de las empresas son pymes; sólo hay 5.100 que no lo son. Y el 95% del total son microempresas; es decir, cuentan con menos de diez trabajadores. El 89% son empresas familiares y sólo el 18% tiene más de veinte años. La mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, por lo que ser emprendedor se puede calificar como una actividad de alto riesgo. No podemos perder tejido productivo por un impuesto; a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer”.

POR LO QUE SE REFIERE A PATRIMONIO, EN 2019 SE RECAUDARON 1.300 MILLONES EN TODA ESPAÑA

El representante de CEPYME hizo hincapié en una paradoja: “España es el país con mayor caída en su entorno del PIB y cuenta con una deuda récord, pero la recaudación tributaria es un 5% mayor. Ante este panorama, las pymes tienen un grave problema con una caída en la productividad de un 7% en los últimos cuatro años”.

Aribayos fue contundente en su diagnóstico sobre los impuestos analizados en el foro: “Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE. Tiene que desaparecer, no deben gravarse los bienes sino la capacidad de renta; el futuro Impuesto a las grandes fortunas introducirá inseguridad jurídica en los inversores extranjeros. Y sobre Sucesiones y Donaciones, pedimos simplificarlos, no podemos tener dudas y limitaciones”.

Sobre la competitividad autonómica en materia tributaria, declaró que “es algo lícito. Cuando Madrid decide no recaudar en Sucesiones o Patrimonio es porque está convencida que va a recaudar más por el IVA y el IRPF”.

Laberinto autonómico

Por último, Manuel Pardos señaló que “los consumidores de a pie, trabajadores, agricultores o autónomos a los que defiende ADICAE no se ven afectados por impuestos como el de Patrimonio. En cambio, sí que preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes; o la falta de capacidad para manejar instrumentos de disminución de impuestos. Los consumidores están peor pertrechados en cuanto a información, por lo que solicitamos la colaboración del Notariado en esta labor -como hemos hecho en otras ocasiones- para que la crisis no afecte como ocurrió en momentos anteriores. Nos interesa esa protección preventiva de los usuarios de los servicios financieros, algo de lo que los notarios saben mucho”.

Para concluir, el representante de ADICAE aludió a la justicia social para “apoyar de manera temporal el impuesto a la Banca, las energéticas y las grandes fortunas”.