La situación de crisis energética, derivada del alza sostenida de los precios del gas desde abril del pasado año 2021, y el carácter sistémico que la electricidad tiene para la economía, han traído graves consecuencias para las economías domésticas, que han visto cómo se incrementaban enormemente sus facturas y presentaban serias dificultades para afrontar el pago del suministro eléctrico.

La fuerte dependencia de los mercados de gas y el impacto de los derechos de emisiones de CO2 en la determinación del coste de la energía han repercutido de forma negativa en el precio de la electricidad, sometido a un sistema de fijación vinculado a mercados muy volátiles y sensibles a movimientos especulativos.

El Gobierno ha tenido que hacer frente a los continuos incrementos de precio de la electricidad aprobando medidas coyunturales para intentar paliar los efectos de la subida del coste energético en los consumidores: rebajas de las cargas impositivas del IVA y del impuesto de electricidad; nueva estructura de peajes y cargos con tramos horarios diferenciados para el término de energía y de potencia; reformas del bono social eléctrico para incrementar tanto los descuentos como el colectivo beneficiado, y la puesta en marcha del llamado mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar, por esta vía, el de la electricidad mediante la fijación de un precio máximo de referencia para el gas natural usado en su producción.

Estos son sólo algunos de los cambios regulatorios que se han introducido para corregir las consecuencias indeseadas del funcionamiento de los mercados energéticos.

No obstante, estas medidas siguen siendo insuficientes para garantizar un nivel de protección adecuado a los consumidores domésticos más allá del horizonte temporal previsto en las mismas.

La fijación de los precios de la energía eléctrica a través del sistema marginalista seguirá produciendo distorsiones, con subidas de tarifas desproporcionadas y una gran inestabilidad que se trasladarán a la tarifa semirregulada, el llamado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), pero también al resto de tarifas en un mercado liberalizado.

Las correcciones implementadas hasta ahora no han frenado las turbulencias de los mercados, afectando de manera considerable a los consumidores domésticos. El sistema eléctrico en España adolece de problemas estructurales a los que debe hacerse frente con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar el acceso al suministro a todos ellos, incluidos los colectivos más vulnerables, evitando la exclusión y el incremento de la pobreza energética.

Tenemos un modelo de producción oligopólico que permite que unas pocas empresas tengan la capacidad de condicionar el precio de la electricidad, en ocasiones mediante prácticas anticompetitivas sancionadas por la CNMC. De otra parte, la fijación de los precios se basa en un sistema marginalista que provoca que se pague un sobreprecio por la energía en relación a su coste individual de producción, dando lugar a los denominados beneficios caídos del cielo, que enriquecen a unas pocas empresas energéticas.

Además, la dependencia de las centrales de ciclo combinado, y, en consecuencia, del gas natural y del precio del CO2, cuyo coste se establece en los mercados internacionales, en el contexto de crisis actual han acelerado y subido el tono del debate sobre la estructura y el funcionamiento de un mercado eléctrico que debe avanzar hacia un modelo menos dependiente, más sostenible y donde tengan un mayor peso las energías renovables.

Desde la óptica del consumidor final de energía cabe preguntarse si la estructura y las reglas del mercado pueden ser realmente extrapoladas y aplicables al funcionamiento de un suministro y servicio esencial e imprescindible como es la energía eléctrica sin que ello suponga graves distorsiones que dificulten su acceso. ¿Permite este modelo, con sus correcciones oportunas, garantizar un suministro estable, asequible y sostenible, con altos niveles de protección para los consumidores?

La liberalización de los servicios energéticos y, en concreto, del suministro eléctrico, alteró su naturaleza y las relaciones de los sujetos productores, distribuidores y comercializadores con el consumidor, introduciendo importantes niveles de inseguridad y precariedad en ese marco de relaciones de consumo.

Las reglas del mercado en la fijación del precio y demás condiciones de servicio para millones de consumidores domésticos que necesitan del suministro para vivir dignamente han supuesto en estos años un incremento de la pobreza energética y de la vulnerabilidad del conjunto de los consumidores, no solo de los más desfavorecidos.

Hoy por hoy, los consumidores domésticos no cuentan con una tarifa refugio estable y asequible, que les permita adoptar decisiones de consumo y hábitos sostenibles y que garantice la adecuada cobertura de las necesidades básicas de la vida en condiciones de continuidad y calidad. La complejidad del entramado regulatorio y la deficiente política de información de administraciones competentes, organismos reguladores y de control y empresas del sector agravan aún más la situación de desprotección y la falta de garantías.

Europa debe reflexionar sobre su política energética. Debe abordar una revisión en profundidad del sistema energético y del funcionamiento del mercado eléctrico y debe hacerlo situando las necesidades de los consumidores en un primer plano, en lugar de los intereses de las grandes empresas energéticas.

El acceso a los servicios energéticos se considera una parte esencial de la inclusión social y el pilar europeo de derechos sociales incluye desde 2017 la energía entre los servicios esenciales a los que toda persona tiene derecho.

No habrá progreso social y económico sólido si los consumidores no son el principal sujeto beneficiario de las políticas energéticas. No habrá progreso social y económico sostenible si Europa no trabaja por mitigar la pobreza energética y garantizar el acceso a la energía como un derecho social fundamental.