El Gobierno ha llevado al Congreso el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado; así como la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

El objetivo de estas modificaciones es cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la UE, adaptar la regulación española a las nuevas formas de delincuencia y armonizar los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

Estafas digitales. Los delitos informáticos han experimentado un crecimiento exponencial como consecuencia del aumento de los usuarios de internet. Las compras y otras operaciones económicas online han aumentado especialmente a raíz de la pandemia, a la vez que los delincuentes han ido sofisticando sus métodos para estafar a los usuarios. En realidad, cualquier usuario puede ser objeto de una de estas estafas, que cada vez proliferan más a través del teléfono móvil.

HABRÁ UNA REGULACIÓN CONJUNTA DEL FRAUDE Y LA FALSIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO

Para castigar estos delitos, en España se han introducido figuras penales paralelas a las tradicionales para cubrir las lagunas de punibilidad que iban surgiendo. Es decir, a cada tipo de delito se le ha ido sumando el equivalente mediante el uso de nuevas tecnologías. Ahora, con la trasposición de la directiva europea a la nueva ley, se da paso a una regulación conjunta del fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo. Entre estos medios figuran el uso de las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil o el uso de las monedas virtuales.

Además, se introducen descripciones mucho más detalladas de las conductas tipificadas y las sanciones que corresponden a cada una de ellas. Así, los reos de estafa serán castigados a prisión de seis meses a tres años. Si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, se impondrá una pena de uno a tres meses. Asimismo, quienes alteren, copien o falsifiquen de cualquier otro modo tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje u otros instrumentos de pago distintos del efectivo serán castigados con penas de prisión de cuatro a ocho años. Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

El nuevo texto legal dedica también un apartado a las prácticas contrarias a la competencia. En este sentido, los abusos de mercado que se producen mediante el uso de información privilegiada, lo que se conoce como insider trading, se castigarán con penas privativas de libertad de cuatro años como máximo.

Contra la delincuencia.

Por otro lado, con el fin de hacer frente a la delincuencia organizada y al terrorismo con mayor efectividad, se incluyen medidas adicionales para flexibilizar la transmisión de sentencias entre las autoridades judiciales de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales.

CUALQUIER USUARIO PUEDE SER OBJETO DE UNA DE ESTAS ESTAFAS, QUE CADA VEZ PROLIFERAN MÁS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

A través del Registro Central de Penados, España podrá consultar con la autoridad central de otro Estado miembro los antecedentes penales de una persona nacional o que haya residido en dicho país, cuando se requieran para un proceso penal o para otra finalidad válida en el ordenamiento jurídico español. Tal y como dispone la Directiva (UE) 2019/884, todos los certificados que se transmitan entre los países incluirán la imagen facial y la huella dactilar del condenado.

Este intercambio de información se realizará por vía electrónica, utilizando el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Este sistema permite que las condenas dictadas contra un ciudadano de la UE en cualquier Estado miembro sean notificadas al Estado de su nacionalidad, para que este las anote en su Registro de antecedentes penales y consten en los certificados que emita. En este sentido, cabe destacar que España ha sido pionera en la utilización de ECRIS para la comunicación electrónica con los demás Estados europeos.

A su vez, cuando un ciudadano de la UE solicite un certificado de antecedentes penales en España, deberá hacer constar su nacionalidad o nacionalidades de otro Estado miembro. De este modo, el Registro Central de Penados contrastará con el país correspondiente la información que pueda tener sobre dicha persona con el fin de completar su expediente.

ESPAÑA PODRÁ SOLICITAR A CUALQUIER ESTADO MIEMBRO LOS ANTECEDENTES PENALES DE UNA PERSONA NACIONAL O QUE HAYA RESIDIDO EN DICHO PAÍS

Finalmente, el incremento de la delincuencia juvenil en los últimos años ha hecho que se considere insuficiente el actual Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. En su lugar, el Ministerio de Justicia creará un Registro de Menores que albergará la inscripción no solo de las sentencias firmes, sino también de las medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas. Este registro pretende ser un instrumento de información que permita al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases de un procedimiento.

Las condenas impuestas a menores de edad por delitos contra la libertad sexual o trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, se remitirán de forma automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos. Las notificaciones relativas a condenas impuestas por hechos no punibles en España sólo se conservarán a efectos de su transmisión a otros Estados miembros.

El Registro de Menores entrará en funcionamiento un año después de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica.