Seguramente conviene empezar por recordar que Reporteros sin Fronteras, (RSF), organización no gubernamental nacida en Francia en 1985, es reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo de Europa. Desde hace veinte años, viene publicando un informe anual en el que analiza cómo se ejerce el periodismo en 180 países. Su evaluación se basa en lo que su propio panel de expertos define como libertad de prensa, principio con el que seguramente es fácil estar de acuerdo: «La libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones, en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental».

Los parámetros analizados.

La mejor manera de ver rápido y claro una situación es poner notas. En el caso del antes mencionado informe anual, y muy escuetamente, se lleva a cabo una valoración, de 0 a 100 puntos, mediante preguntas en cinco contextos diferentes: el político, el económico, el socio cultural, el marco legal y la seguridad. El fin del primero es valorar cómo se apoya a periodistas y medios cuando exigen claridad y transparencia a los políticos, pensando solo en el interés público, y cómo se acepta la diferencia de criterios profesionales según ideología o independencia políticas. En el aspecto económico se tienen en cuenta desde las trabas que ponen los gobiernos o la corrupción de los periodistas por parte de distintos actores, hasta las presiones hacia los editores y sus consecuencias respecto a los periodistas.

REPORTEROS SIN FRONTERAS SEÑALA QUE EXISTE UN CAOS INFORMATIVO CREADO POR UN ESPACIO DIGITAL GLOBALIZADO Y SIN REGULAR, QUE FAVORECE LAS INFORMACIONES FALSAS

El contexto sociocultural se mueve en dos líneas: las presiones sociales hacia los periodistas (machismo, racismo, xenofobia…) y las presiones culturales, concretadas en sugerir a los profesionales de la información que no «destapen» determinadas cosas para no perjudicar al conjunto del territorio o de la sociedad. El marco legal se refiere a la libertad de poder trabajar sin censura o sanción, la posibilidad normativa de proteger las fuentes o el grado de impunidad de quienes agreden a los periodistas. En lo tocante a la seguridad, por último, se analiza la existencia o no de daños físicos, sicológicos o emocionales a los periodistas y el perjuicio profesional, como pérdida de empleo, cuando el informador se sale de los límites impuestos por determinados poderes.

Caos informativo.

La expresión no es nuestra, sino fruto de la contundencia con que se expresan los redactores del informe de RSF: el informe «pone de manifiesto, en su edición de 2022, los efectos desastrosos del caos informativo, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda». También hacen referencia a una doble polarización «amplificada por el caos informativo: la polarización mediática, que crea fracturas dentro de los países, y la polarización de los Estados, a escala internacional». En el fondo, las frases son la reseña de situaciones que hemos visto o percibido últimamente, desde el asalto al capitolio de EE. UU. hasta la invasión en Ucrania por parte de tropas rusas, sin olvidar todo lo que viene concurriendo en torno a la pandemia del COVID-19.

Según esas puntuaciones antes citadas, en esta «nueva era de la polarización» –así lo califican en RSF– los diez países donde el estado de la libertad de prensa se considera mejor son Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituania y Liechtenstein, cuyas puntuaciones oscilan entre los 92.65 y los 84.03 puntos sobre 100. A la cola, los cinco con menor puntuación son Birmania, Turkmenistán, Irán, Eritrea y Corea del Norte, que solo obtuvieron entre 25.03 y 13.92 puntos sobre 100. España quedó en el puesto 32 con 76.71 puntos.

Por contextos.

Si lo vemos según el contexto político, Noruega, Dinamarca y Suecia también encabezan la clasificación, con Eritrea a la cola. Respecto al contexto económico, los mismos tres de cabeza, aunque intercambian puestos Suecia y Dinamarca, siendo el último país de la clasificación Corea del Norte. Cambia un poco el panorama en el contexto sociocultural, donde el primer lugar lo ocupa Jamaica, seguido de Noruega y Portugal; también aquí Corea del Note ocupa el último puesto. Si miramos la situación del marco legal, Noruega, de nuevo, Argentina y Suecia están arriba y Cuba abajo del todo. En el ámbito de la seguridad, por último, primeros puestos para Liechtenstein, Irlanda y Costa Rica y el último para Birmania, país del que RSF dice que «el golpe de Estado de febrero de 2021 ha hecho retroceder brutalmente diez años la situación de los periodistas».

DE 2013 A 2022, LOS PAÍSES CON BUENA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA HAN PASADO DE 26 A 8 Y LOS QUE TIENEN SITUACIÓN DIFÍCIL O MUY GRAVE, DE 58 A 70

Hay un contexto, no definido así en el informe, que es el histórico, donde podemos ver con mayor perspectiva el panorama internacional comparando los análisis de 2013 a 2022. En el primero de los años, los países con buena situación de la libertad de prensa, de los 180 estudiados, eran veintiséis. En 2022, solo ocho. En el lado contrario, los países con situación difícil o muy grave eran cincuenta y ocho en 2013. En 2022, setenta. Y no: Europa no se libra de esta situación de retroceso, aunque cope los primeros puestos de la clasificación. El informe cita específicamente a países de la zona Europa-Asia Central como Eslovenia, Polonia, Hungría, Albania, Grecia, Rusia, Bielorrusia o Turquía, donde «se han endurecido las medidas liberticidas» contra el periodismo.

EUROPA NO SE LIBRA DE ESTA SITUACIÓN DE RETROCESO, AUNQUE COPE LOS PRIMEROS PUESTOS DE LA CLASIFICACIÓN

En democracia.

Solo por curiosidad, hemos comparado los resultados del informe de RSF con el Índice de Democracia Global elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. Es verdad que este índice analiza 167 países (frente a los 180 del informe de RSF), con lo que la comparación no puede ser estricta; pero en su última edición (2021) solo veintiuno han sido calificados como democracias plenas. Y ahí se incluyen todos los países escandinavos, Irlanda o Costa Rica, que, oh coincidencia, son los que encabezan la clasificación hecha por los reporteros. Es un caso más de efecto y causa; es una llamada de atención a la sociedad compleja en la que estamos inmersos.