La densidad de población y la renta van de la mano. Si se comparan los datos entre comunidades autónomas, la fotografía muestra con crudeza ese paralelismo. La densidad de población de Extremadura (con datos de 2023) es de 25,3 habitantes por kilómetro cuadrado; su renta -PIB por habitante- es la más baja de España, con 21.343 euros. Le siguen Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Estas cinco autonomías, que están entre las de menor renta, suponen más de la mitad del territorio.

La comunidad más poblada es Madrid, con 856 habitantes por kilómetro cuadrado, y su renta per cápita (38.435 euros) casi duplica a la de Extremadura.

La población se concentra en las ciudades y sólo un 13% vive en zonas rurales. Ese dato es coherente con los de población y renta. Esa es la realidad y tiene toda la lógica. La gente quiere vivir mejor y tener un futuro para sus hijos, lo cual significa buena calidad de la enseñanza, servicios públicos y oportunidades para lograr un empleo.

Luego está la ensoñación. Las ciudades implican tensión, angustia, contaminación, aglomeraciones, etc. Entre un atasco en una de las entradas a Madrid, Barcelona o Valencia a las ocho de la mañana, y la imagen idílica de un huerto y el trino de los pajarillos en los Montes de Toledo, la elección está clara. Pero, ¿quién está dispuesto a dejar su empleo para vivir del campo?

La visión naif de las zonas rurales es propia de urbanitas que creen que ir al campo consiste en pasar un fin de semana en una casa rural y admirar un rebaño de ovejas a la caída del sol.

La vida en el campo es muy dura. No sólo por el trabajo físico que conlleva, sino porque la rentabilidad de las explotaciones agrarias está siempre al albur de imponderables como la climatología, las plagas o vaivenes de precios en los que los pequeños agricultores no tienen ni arte ni parte. Por no hablar de las campañas que a menudo les demonizan. Como, por ejemplo, la que estuvo a punto de arruinar a los ganaderos cuando desde el Gobierno se patrocinó una ofensiva mediática contra la sana costumbre de comer carne de vez en cuando.

Por mucho que se empeñen algunos, será difícil que un número significativo de personas se vayan a vivir a las estepas de Teruel, zonas en las que incluso a veces no hay cobertura para el móvil, ni internet para poder trabajar. Los turolenses, como los extremeños o castellano leoneses, tienen todo el derecho del mundo a exigir escuelas, sanidad y oportunidades como los que viven en Madrid o en Barcelona, pero esa aspiración es una quimera, o lo que es peor, una reivindicación demagógica con fines espurios. Porque, nos guste o no, los servicios están en función de la población. Una gran empresa siempre preferirá instalarse en un gran núcleo urbano, bien comunicado por aeropuerto, puerto o carretera, con universidades de prestigio cercanas en las que nutrirse de profesionales, que apostar por una zona despoblada y carente de atractivo.

El teletrabajo es, sin duda, una herramienta para redistribuir a la población, pero lo que nos ha demostrado este fenómeno extendido tras el Covid es que los profesionales que pueden teletrabajar (que son una minoría) prefieren irse a la costa e instalarse en ciudades de tamaño medio bien comunicadas, con buen clima y vistas al mar.

LA POBLACIÓN SE CONCENTRA EN LAS CIUDADES Y SÓLO UN 13% VIVE EN ZONAS RURALES

De todas formas, la diferencia en la calidad de vida entre la ciudad y las zonas rurales se ha reducido mucho en los últimos años. España es una potencia en productos agrícolas y la ganadería ha ganado en productividad y en calidad. Castilla-La Mancha, por ejemplo, no es sólo la principal zona vinícola de Europa, sino que sus vinos se sitúan entre los mejores y más reconocidos a nivel internacional, compitiendo con denominaciones de origen tan afamadas como Rioja o Ribera. La industria alimentaria es el motor de la economía en Castilla y León. Extremadura ha hecho del turismo una recurrente fuente de ingresos, aprovechando sus parajes naturales únicos y la belleza de sus pueblos y ciudades.

Vivir en una de las regiones menos pobladas y con menor renta no es un drama. Pero, para seguir acortando distancias con las zonas de mayor densidad, hay que explotar los propios recursos utilizando tecnología punta. Es decir, generando riqueza.

Hay poblaciones de tamaño medio, como Talavera de la Reina, que han aumentado significativamente su población y su renta en los últimos cuarenta años. Es un modelo a seguir. Lo que no tiene sentido es reivindicar los núcleos pequeños y aislados.

En fin, todo tiene pros y contras. Nadie nos obliga a vivir en Madrid o en Barcelona. Desde luego, los precios de la vivienda son mucho más baratos en Huesca o en Albacete. Pero tenemos que elegir. Humo o escarcha. Esa es la cuestión.

Ser competitivo hoy en día es un must. Sobre todo, en el plano económico y empresarial. Porque una empresa, un sector, un país necesita ser competitivo, no solo para sobresalir, sino que es requisito para mantenerse e, incluso, para sobrevivir. Y también requiere de ese marco y ese apoyo necesarios para desarrollar todo su potencial.

Europa es consciente de ello. Tras las recientes elecciones europeas, se están sentando las bases para crear ese necesario marco que permita a la Unión Europea lograr una industria, con medidas que potencien su competitividad industrial en el contexto global. El escenario creado para ello es el Clean Industry Deal, presentado por Ursula von der Leyen tras su reelección, y orientado a descarbonizar y reindustrializar la economía europea.

Para articularlo, se propone un nuevo Fondo Europeo de Competitividad, basado en un modelo de financiación permanente que supere el actual esquema de ayudas. Porque, como venimos advirtiendo diferentes voces, ayudas como los Fondos Next Generation, aun siendo positivas, tienen un efecto limitado, yendo en detrimento de países con menor capacidad fiscal y de financiación para poder desplegarlas. Esto afecta negativamente a su capacidad para competir en igualdad de condiciones, y, en consecuencia, lastra la competitividad industrial y económica de la UE.

Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española venimos promoviendo desde hace tiempo un escenario en esta línea para la industria.

Y es que impulsar la mejora continua de la competitividad industrial en nuestro país permitiría desarrollar un tejido empresarial de alta productividad y valor añadido, con una potente capacidad exportadora y de inversión en I+D+i y tecnologías avanzadas.

Además, atraería el establecimiento de grandes proyectos industriales en territorio nacional, lo que tendría un destacado impacto en el aumento del tejido industrial, pilar para establecer un modelo económico sólido y generador de empleo de calidad, estable y cualificado.

En estos momentos, el Ministerio de Industria y Turismo se encuentra diseñando un nuevo escenario para impulsar la industria española conforme a lo establecido por el Clean Industry Deal europeo. El primer paso para definir el nuevo escenario ha sido la presentación a comienzos de julio del Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Tras el análisis de ese primer esbozo del proyecto, desde la Alianza consideramos positivo el marco que propone. ¿El ‘pero’ que le vemos? Que debe ganar en ambición y concreción para que no se quede en buenas intenciones. Sin el debido aterrizaje y sin los recursos humanos y financieros necesarios, las intenciones que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España no serán factibles.

En esta línea, el compromiso de recursos financieros resulta imprescindible para poder financiar los proyectos y programas que plantea. De no ser así, dependerían de una eventual dotación presupuestaria si las circunstancias lo permiten.

Desde el plano de los recursos humanos, si contáramos solo con los actuales equipos, sería imposible hacer todo lo que la nueva ley plantea. Es fundamental que la ley sea coherente con lo que propone, dimensionando los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la política industrial estatal.

También es esencial, para esa necesaria concreción, fijar plazos concretos. Nos preocupa que queden demasiado abiertos. Aparentemente, muchas cuestiones quedarían sujetas a posteriores desarrollos reglamentarios.

Otro punto importante que el nuevo marco legislativo debería contemplar, a nuestro juicio, es garantizar seguridad jurídica para las empresas industriales. Solo así será posible impulsar una verdadera reindustrialización de España. ¿Qué pasaría si en mitad del partido nos cambiasen las reglas del juego? Eso sería algo totalmente contraproducente y daría al traste con todo el trabajo y el esfuerzo previos invertidos.

De igual modo, el nuevo marco legislativo debería contemplar la simplificación de la burocracia administrativa, y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido.

La reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello, desde la Alianza consideramos básico que la ley incluya medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.

En materia de energía, las industrias que conformamos la Alianza -ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia)-, coincidimos en que son necesarias medidas concretas que aseguren un coste energético competitivo para nuestra industria en el contexto internacional.

Sin duda, España sufre el lastre del precio energético. Ahora, de manera coyuntural, la situación es un poco mejor, pero el diferencial respecto a Estados Unidos o China, e incluso de toda Europa, es muy significativo.

En otro ámbito, como la logística y el transporte, consideramos esencial la ampliación de los pesos y medidas del transporte por carretera, una variación que nos sitúe al mismo nivel que en muchos países de nuestro entorno. Nuestras carreteras e infraestructuras no son peores que en otros países de la UE, por lo que no es comprensible por qué aquí los pesos y medidas del transporte por carretera son mucho más bajos. ¿Qué conlleva todo ello? El incremento de los costes logísticos y de transporte, así como el aumento de las emisiones asociadas, ya que resultan más camiones en circulación.

Quizá debiéramos entender la industria como una competición que engloba muchas disciplinas. Porque la política industrial es transversal e implica a muchos ámbitos del Gobierno: carteras tales como Energía, Transporte, Logística, Fiscalidad, Laboral, etcétera.

En esta línea, creemos necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales, semejante a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

También planteamos una vicepresidencia de Gobierno específica de Industria, para asegurar la coherencia y coordinación de todas las carteras del Ejecutivo en política industrial, así como la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria.

Con todo ello, las industrias enmarcadas en la Alianza, y que representamos el 60% del Producto Industrial Bruto en España, aspiramos a que las cuestiones aquí planteadas sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria. Porque una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España.

La observación de la realidad nos permite constatar que estamos inmersos en una descomunal presencia de normas jurídicas provenientes de los diversos titulares del poder normativo, entendiendo esta expresión en su más amplio sentido compresiva de leyes, reglamentos y demás manifestaciones de los textos a aplicar. Dos fechas son de destacar como obligado referente de lo expuesto. En efecto, a partir del año 1978, la Constitución de dicho año alumbró como entes territoriales con importantes competencias a las comunidades autónomas, y a partir del año 1986 tenemos como obligado centro de producción normativa a la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, con sus reglamentos y directivas.

Estos tres puntos de referencia podrían completarse con la Administración Local y con aquellos órganos que, si bien con competencia sectorial, producen normas de directa aplicación.

Lo expuesto recuerda que son muy numerosas las normas que cada año aparecen procedentes de la Unión Europea, del Estado y de las Comunidades Autónomas, y que integran lo que en amplia expresión se denomina Ordenamiento Jurídico de aplicación a todos los ciudadanos afectados por las mismas.

Este punto de partida sólo deriva como inicialmente se ha expuesto de la observación de la realidad, pero veamos sus consecuencias.

La primera de ellas es que hay que conocer el conjunto de disposiciones que han quedado sucintamente reseñadas. ¿Cómo ha se ser ese conocimiento? ¿Existe alguna obligación al respecto?

La respuesta nos viene dada por un conocido precepto que se plasmó en el artículo segundo del Código Civil y, desde la reforma de su Título Preliminar en el año 1974, en su artículo sexto, apartado primero, en el que se dispone que: “La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Este precepto ha dado lugar a varias y enjundiosas interpretaciones sin desconocer a quienes lo consideran algo completamente prescindible.

Ante todo, digamos que en el mencionado precepto se contiene un antiguo postulado normativo que ya estaba en un nuestro Derecho Histórico, y más concretamente en Las Partidas.

Pero en dicho momento histórico: ¿cuántas disposiciones había o si se prefiere a dónde tenía que remitirse el ciudadano para acreditar su conocimiento o su no ignorancia de las leyes? El precepto, pasados los años, se mantiene en su inicial redacción pero la situación que sirve de punto de partida ha cambiado por ser muy numeroso el componente del Ordenamiento Jurídico, que algunos entienden como “inalcanzable”.

Las posiciones doctrinales más ajustadas entienden que no existe un deber de conocer todas las disposiciones sino sólo la posibilidad de acceder a las mismas o dicho, de otra forma, para el Código Civil es sólo la presunción de que el ciudadano conoce o puede efectivamente conocer toda la legislación, como en su momento expuso en un documentado estudio el profesor García Amado, quien añade que la regla de que la ignorancia no excusa el cumplimiento de las leyes se fundamenta en la garantía de validez y eficacia de las normas.

En fin, no sólo se hace preciso conocer las leyes sino también cómo se interpretan, lo que nos lleva a la conclusión, no muy correcta, de que el Ordenamiento Jurídico sólo sería aplicable a los juristas o abogados, que son los que están más próximos a la aparición de nuevas normas y a la divulgación de los criterios de los Tribunales de Justicia sobre las mismas.

El precepto tiene un alcance general y ningún ciudadano puede alegar que desconoce los textos a aplicar si bien con el criterio de presunción y demás precisiones que la doctrina ha aportado sobre el particular.

Ello además nos permite llegar a otra conclusión acuñada por la jurisprudencia, hasta ahora francesa, pero de próxima incorporación a nuestro Sistema Jurídico que es lo que se denomina el “derecho al error”, pues dada la profusión normativa y haberse desplazado al ciudadano su aplicación, es frecuente que este no esté en condiciones de acertar “a la primera” sobre el significado y alcance de la norma.

Este “derecho al error” apareció en una ley del país vecino y se refirió especialmente al ámbito tributario, pues un contribuyente que incumple por primera vez una norma tributaria que le sea aplicable o que haya cometido un error material no podrá ser objeto de una sanción pecuniaria, o consistente en la privación de una prestación debida, si ha regularizado su situación por iniciativa propia o después de haber sido admitido para hacerlo por la Administración dentro del plazo correspondiente.

Qué duda cabe que si el Ordenamiento Jurídico Tributario fuese más sencillo y estuvieran redactados con más claridad los preceptos a aplicar, la conclusión sería otra, pero ha surgido este “derecho al error”, expresión sistemática de cómo están las cosas en la realidad, cuya contrapartida es el “derecho a la buena administración”, este ya positivizado, pero que cabe aquí citar cuando quiere constatarse lo que supone la enorme cantidad de nuevas normas a aplicar.

Últimamente se habla mucho de jóvenes: sobre nuestra adicción a las redes sociales, nuestras pocas ganas de trabajar, “la generación de cristal”, dicen. A lo largo de las generaciones, ha sido común escuchar críticas sobre los jóvenes por parte de nuestros predecesores.

Ya en el año 500 a. de C. se decía que «nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos”. Seguramente si Sócrates estuviera hoy en día, lo veríamos twittear cosas como: «Es triste ver cómo algunos jóvenes carecen de respeto hacia los mayores. Los valores y la educación empiezan en casa” y quizás añadiría algún hashtag del tipo #vergüenza o #irresponsables.

Esto no es algo exclusivo de Sócrates. La preocupación por el comportamiento y las actitudes de la juventud es una parte intrínseca de la historia y la crítica parece ser una tradición intemporal que ha perdurado a lo largo de los siglos, recordándonos que las preocupaciones sobre las generaciones más jóvenes son, de cierta manera, tan antiguas como la propia filosofía.

Estas críticas, a menudo, ignoran el contexto y las dificultades específicas que enfrentamos los jóvenes. En un mundo donde los desafíos económicos y sociales evolucionan constantemente, los únicos indicadores de nuestro sistema de bienestar que parecen haber empeorado son los relativos a la juventud. Cada generación tiene su propio contexto y desafíos únicos.

En la última década, han sido tres las crisis sociales que han profundizado las desigualdades: la Gran Recesión de 2008, la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la crisis de inflación en los precios de alimentos y energía. Todas comparten un factor común: se han enfrentado con un sistema de protección social que ha marginado sistemáticamente a los jóvenes.

Actualmente, las personas jóvenes constituimos el segundo grupo de edad con mayor riesgo de pobreza o exclusión social, solo superado por la infancia. Este alto riesgo se debe en gran parte a una precariedad laboral caracterizada por salarios bajos, empleos a tiempo parcial no deseados, alta temporalidad, y la prevalencia de prácticas no remuneradas y situaciones de falsos becarios. La sobrecualificación también juega un papel, ya que más del 40% de los jóvenes trabajamos en empleos que no corresponden a nuestro nivel de formación o habilidades.

En cuanto a la vivienda, la situación es igualmente desalentadora. De hecho, en la actualidad nos encontramos con los peores datos en materia de emancipación juvenil desde que estos se registran. La edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. Es decir: que las personas jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes.

La tasa de emancipación juvenil es solo del 15,9%, notablemente inferior a la media de la Unión Europea, del 32%. De hecho, una persona joven debe destinar, en promedio, el 83,7% de su salario mensual al alquiler de un espacio propio, dejando solo un 3% del ingreso, aproximadamente 36 euros, para cubrir necesidades básicas como el transporte, el ocio y la alimentación.

Estas condiciones han llevado a que muchos jóvenes optemos por alquilar viviendas compartidas con personas con las que no mantenemos una relación de parentesco. Estas circunstancias económicas precarias no solo afectan el bienestar material sino también el emocional y psicológico.

Nos hemos convertido en uno de los perfiles más vulnerables y propensos a experimentar problemas de salud mental, con una percepción cada vez más negativa sobre este aspecto vital. Un dato completamente desalentador que ilustra esta problemática es que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes, superando a los accidentes de tráfico y al cáncer.

Si hablamos entonces de filosofía, quizás Hipócrates tenía razón en algo cuando dijo: “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir”. Quizás sí, los jóvenes hemos perdido parte de la esperanza en el futuro que, como bien hemos visto, se refleja en datos desalentadores.

Ante esta situación, es imperativo que reexaminemos la manera en que nuestra sociedad aborda las necesidades y desafíos de la juventud. Las críticas perennes a los comportamientos juveniles, aunque intemporales y universales, necesitan ser contextualizadas dentro de las condiciones socioeconómicas actuales que son significativamente diferentes a las que enfrentaron generaciones anteriores.

Las políticas de bienestar y los sistemas de protección social deben ser reformados para reconocer y responder efectivamente a la precariedad laboral, a los desafíos de vivienda y la crisis de salud mental que nos afectan desproporcionadamente a los jóvenes hoy en día.

Es tiempo de dejar atrás los estigmas y estereotipos y enfrentar la realidad con políticas que no solo reconozcan los desafíos únicos de la juventud, sino que también nos empoderen como agentes de cambio y pilares de una sociedad más justa y equitativa. Nuestro futuro colectivo depende de cómo respondamos hoy a estas necesidades críticas. Y para ello, las personas mayores tienen que asumir que no siempre “todo tiempo pasado fue mejor” y que hay realidades de los jóvenes en la actualidad por las que merece la pena luchar.

Se cumple más de un mes de tractoradas por toda España para reclamar un ambicioso plan de choque para el campo que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE), como de gobierno de España y de las comunidades autónomas. El sector agrario está sumido en una frustración y malestar crecientes debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Los agricultores luchamos frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. “Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.

Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, las organizaciones agrarias españolas hemos reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria.

Asimismo, reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual Política Agraria Común (PAC). Esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM (Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales). La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado, a nivel nacional, desde COAG hemos pedido la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debería aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

A nivel estatal se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la Ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la Cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más mediante los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los precios anormalmente bajos, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son víctimas inocentes. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

A nivel de Gobierno y comunidades autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo. Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizar por falta de presupuesto; debe frenarse la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario; es importante facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor; y por último, debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.

Queremos seguir cultivando alimentos sanos y seguros a precios asequibles para el ciudadano y eso pasa por garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrarias.