Los desempleados que llevan más de un año sin trabajar representan el 38,5% del total de parados (999.700 personas), aunque eran un 43% hace 5 años y un 46% en 2010, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2024. Con todo, son cifras altas y «constituye uno de los grandes disparadores de pobreza y exclusión social en España», apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Desigualdades estructurales. El perfil del desempleado de larga duración evidencia la existencia de desigualdades estructurales que afectan en mayor medida a mujeres y a mayores de 50 años, tanto hombres como mujeres.

El colectivo más castigado es el de las mujeres, que representan el 55,8% de los parados de larga duración frente al 44,2% de hombres. La interrupción de las trayectorias laborales para ocuparse de los hijos o de familiares dependientes es una de las causas, al afrontar muchas dificultades para reincorporarse después al mercado laboral, de acuerdo con el análisis del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco publicado en febrero. También influye que haya más mujeres trabajando en sectores afectados por las crisis económicas como el comercio o la hostelería.

LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN ES UN PROBLEMA EN MUCHOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE, ENTRE LOS QUE DESTACA ESPAÑA

Además, el mercado laboral español penaliza, en general, a las personas mayores de 50 años, según el análisis de Fundación Adecco. Constituyen el 30,82% del total de parados y suponen el 45% entre los de larga duración. «Se trata de una generación especialmente vulnerable, teniendo en cuenta que suelen perder su empleo tras muchos años en la misma empresa o se incorporan al mercado laboral tras largos periodos de inactividad», indica la Fundación. “Existe una percepción anacrónica que asocia al mayor de 50 años con profesional obsoleto, olvidando sus atributos habitualmente presentes como la experiencia, la madurez, el pensamiento crítico o las habilidades interpersonales. Estas creencias estereotipadas son un completo contrasentido, en un contexto de envejecimiento sin precedentes», explica Francisco Mesonero, director general de la entidad, quien subraya cómo esta situación de desempleo prolongado «puede impactar severamente en su salud emocional y en su identidad, generando una sensación de vacío y pérdida de propósito”.

Causas y efectos. Entre los factores que explican este fenómeno, la Fundación Adecco apunta a las crisis económicas que España ha sufrido en los últimos años y que han evidenciado la «dependencia de sectores cíclicos como el turismo o la construcción que, cuando caen, provocan grandes oleadas de despidos, con dificultad para recolocar a sus profesionales en otras áreas de actividad». También influyen los avances de las nuevas tecnologías y la creciente automatización del mercado, que deja fuera a personas sin estas habilidades. Generalmente son mayores de 50 años y mujeres, pero también los más jóvenes debido a los elevados índices de abandono escolar que tiene España, «que no prepara a los profesionales para el mercado laboral real, perpetuando el desempleo y haciendo que pueda convertirse en estructural», denuncia el análisis. Hay un tercer factor destacado por la Fundación que tiene que ver con la discriminación y las barreras que afectan a las personas con discapacidad. «Prejuicios, desconocimiento, ausencia de accesibilidad, dificultando en gran medida su incorporación al empleo en el corto plazo».

Por su parte, el Observatorio Estatal de Desempleo de Larga Duración (OEDLD) revela en su último informe de febrero los efectos negativos en los parados de larga duración y cómo afecta a las relaciones de pareja, paternofiliales y sociales, al tiempo que disminuye la percepción del apoyo social y aumentan los sentimientos de soledad y de exclusión entre los afectados. El 37,3% percibe menos armonía en sus relaciones de pareja, y presentan dificultades para proporcionar a sus hijos menores acceso a chequeos médicos regulares (15,4%), alimentación nutritiva (15,4%) y ropa adecuada (23,1%). El 41,4% de los que llevan dos años o más desempleados ha percibido un deterioro ligero o sustancial en sus relaciones sociales.

Formación continua. Para combatir el paro de larga duración «es esencial fortalecer las políticas activas de empleo, poniendo el foco en la formación y la recualificación en sectores emergentes», propone Mesonero. «Esto es especialmente importante para las personas más vulnerables y con mayor riesgo de cronificación en el desempleo». También considera necesario que este colectivo asuma «un papel activo en su inclusión laboral, evitando quedar a merced de un mercado cada vez más competitivo y cambiante». «Es crucial que apuesten por el aprendizaje permanente, manteniendo una actitud proactiva para actualizar sus competencias y alinearse con los sectores que generan más empleo», concluye. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece cursos gratuitos de formación para desempleados que suponen oportunidades de aprendizaje, además de aumentar la autoestima de quienes participan.

PARA COMBATIR EL PARO DE LARGA DURACIÓN ES ESENCIAL FORTALECER LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, PONIENDO EL FOCO EN LA FORMACIÓN Y LA RECUALIFICACIÓN

El estudio del OEDLD subraya, por su parte, la necesidad de un «enfoque sistémico desde los programas de empleo, donde se aborde la problemática que representa el desempleo desde una perspectiva laboral, social y familiar». Pone a disposición de profesionales y entidades una guía de indicadores para la evaluación de programas de empleo, «facilitando la medición del impacto del desempleo en el entorno y, de esta manera, mejorar la intervención que se realiza con esta población».

La lucha contra el desempleo de larga duración es un problema en muchos Estados miembros entre los que destaca España. La tasa, como porcentaje de la fuerza laboral, fue del 2,1% en la UE en 2023. Marca, así, un mínimo histórico desde el comienzo de la serie temporal en 2009, según datos de Eurostat. Dinamarca y los Países Bajos se sitúan con el 0,5%, por delante de República Checa, Malta y Polonia (todos con el 0,8%). En el otro lado, Grecia tiene la tasa más alta, alcanzando el 6,2%, seguido de España (4,3%) e Italia (4,2%).

A mediados de febrero las imágenes de Elon Musk en el Despacho Oval de la Casa Blanca posando junto a un meditabundo Donald Trump y con su hijo pequeño X Æ A-12 en hombros dieron la vuelta al mundo.

El nuevo mandatario de los Estados Unidos había convocado a la prensa americana para anunciar nada más y nada menos que el despido “a gran escala” de miles de funcionarios de la Administración Central.

Se trataba de un acto ejecutivo, de enorme trascendencia política y peligrosamente autoritario.

Pero si preguntamos a la opinión pública qué ocurrió aquel día, la mayoría de los ciudadanos nos dirán que Musk llevaba una gorra negra, que el pequeño, de nombre impronunciable, se aburría y que el viejo Donald parecía absorto y ajeno al teatrillo que había montado. Ni rastro de los despidos.

DONALD TRUMP HA VUELTO Y HA PUESTO A EUROPA CONTRA LA PARED, ADEMÁS DE CAMBIAR EL PASO A TODO EL PLANETA

Cambio de paradigma. De esto es de lo que parece que hoy en día trata la gobernanza mundial, de ocultar el fondo de las cosas y construir un relato efectista, histriónico y grandilocuente, y, por supuesto, peligrosamente antidemocrático. Capaz de “regalar” grandes momentos televisivos, como la humillación pública a Volodímir Zelenski.

Si todo quedase en hipérboles y motosierras, la cosa podría observarse como un paréntesis en el curso de los acontecimientos, pero resulta que no es así. Estamos hablando de un momento crítico, en el que se está produciendo una inflexión histórica.

Donald Trump ha vuelto y ha puesto a Europa contra la pared, además de cambiar el paso a todo el planeta. La diplomacia ha sido sustituida por el caos.

CON DONALD TRUMP EN EL PODER, Y VLADIMIR PUTIN COMO ALIADO DE ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO DEL BIENESTAR EUROPEO SE TAMBALEA

De este cambio de paradigma, de la sustitución de la globalización por la seguridad y de la llegada de la incertidumbre, se habló el pasado 27 de enero en el Foro Lunes de Actualidad del Colegio Notarial de Madrid. Con el coronel José María Pardo de Santayana y los economistas Enrique Feás y Raymond Torres. Geopolítica y economía en una conversación que moderó el periodista Carlos Sánchez.

Para explicar lo que está ocurriendo, el dilema al que se enfrenta el mundo, y Europa en especial, los medios de comunicación han recuperado un viejo eslogan nazi: los cañones antes que la mantequilla.

Este tuit fue acuñado por Rudolf Hess en un discurso el 11 de octubre de 1936 y repetido muchas veces después por los líderes alemanes y los agitadores. La versión más famosa lleva el sello de Hermann Göring: “Las armas nos harán más fuertes, la mantequilla sólo nos hará más gordos”.

El miedo europeo. Con Donald Trump en el poder, y Vladimir Putin como aliado de Estados Unidos, el Estado del Bienestar europeo se tambalea y el fantasma de la contienda mundial agita el miedo del Viejo Continente. Hoy las capitales europeas se debaten entre subir los impuestos o aumentar la deuda para impulsar su gasto militar.

JOSÉ MARÍA PARDO DE SANTAYANA: “ES EL MOMENTO MÁS PELIGROSO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS Y EL PELIGRO DE QUE SE DESENCADENE LA III GUERRA MUNDIAL ES REAL”

Pero hay que tener cuidado con el pasado, porque en este momento de aceleración histórica las tendencias de antaño ya no explican lo que va a ocurrir en el futuro, ni siquiera qué ocurrirá mañana.

Un diagnóstico en el que coincidieron Pardo de Santayana, Feás y Torres en el encuentro que mantuvieron en el Colegio Notarial de Madrid: en la actualidad la incertidumbre se ha adueñado del planeta, pero mientras el riego se podía medir, la incertidumbre, no.

“Es el momento más peligroso de las últimas décadas y el peligro de que se desencadene la III Guerra Mundial es real”, aseguró el coronel José María Pardo de Santayana durante la conversación. Eso mismo le dijo Donald Trump a Zelenski unas semanas después delante de una audiencia mundial atómica.

Es más, la geopolítica ha adelantado a la economía por la izquierda y está pergeñando un nuevo orden mundial que se traduce en una reorganización del mundo económico entorno a diversos bloques políticos que incorporan un sesgo proteccionista a todas las decisiones económicas que se adoptan.

Economía de bloques. Estamos dejando atrás el multilateralismo para adentrarnos en la economía de los bloques y del repliegue en pro de la seguridad. Con otro cambio determinante que afianza esta lógica: mientras que el uso de los recursos hasta ahora se guiaba por un patrón de eficiencia, la regla acrtual es el interés geopolítico.

Todos estos cambios se están produciendo, además, en un marco de rivalidad tecnológica desconocida hasta la fecha. ¿Qué gigante tecnológico dominará próximamente el planeta? Los expertos aseguran que esta pugna tecnológica difícilmente se va a resolver con un acuerdo transaccional.

En este contexto, el liderazgo de Europa peligra. La Unión Europea se halla muy debilitada en muchos frentes y su flaqueza se ve agravada por el cambio de posición de Estados Unidos, que ha pasado de la noche a la mañana de ser un socio fiable, un “amigo”, a un enemigo. Con un presidente que gobierna el mundo como se dirige un consejo de administración.

HAY QUE TENER CUIDADO CON EL PASADO, PORQUE EN ESTE MOMENTO DE ACELERACIÓN HISTÓRICA LAS TENDENCIAS DE ANTAÑO YA NO EXPLICAN LO QUE VA A OCURRIR EN EL FUTURO

Nuestra dependencia energética, tecnológica y militar es hoy un problema que puede mermar a la calidad de vida de los ciudadanos y que al mismo tiempo puede minar la cohesión del Continente. Con un inconveniente añadido: al tiempo que lo hace Estados Unidos, el resto de “gigantes” se están replegando y ya no parece haber aliado fiable.

Así las cosas, la urgencia de un rearme militar es extrema en la Unión Europea, y no sólo para los países colindantes con Rusia y su gran apetito imperialista. Los Estados miembros han decido apretar el acelerador con la humillación a Ucrania en el punto de mira.

El pacifismo ha quedado atrás. También Europa apuesta en estos momentos por las armas y se olvida de la mantequilla, como pidió George Orwell en 1938 parafraseando al eslogan nacionalsocialista en un viaje de vuelta.

Fue en una carta al director publicada en New English Weekly para alertando sobre la pasividad de Europa frente al nazismo. La historia no puede repetirse.

Uno de los principales focos de atención a la hora de prevenir las consecuencias de las catástrofes climáticas tiene que ver con el urbanismo y las infraestructuras. En España «más de tres millones de habitantes viven en zonas inundables», según el estudio de la Universidad de Almería titulado Una aproximación a la exposición al riesgo de inundación fluvial en España a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, publicado en la revista científica Geomatics, Natural Hazards and Risk. Los resultados muestran, por primera vez, la distribución para el conjunto del país de la exposición de la población, que afecta al 6,9% de la española, y de las pérdidas económicas potenciales, que ascienden al menos a 122.132 millones de euros. Los resultados también indican una mayor concentración de exposición a lo largo de la costa mediterránea. «Los datos obtenidos permiten fortalecer el debate sobre la gestión del riesgo de inundación y contribuyen a mejorar los procesos de toma de decisiones. En concreto, pueden contribuir a mejorar políticas sectoriales de mitigación, adaptación y respuesta al riesgo como la ordenación territorial, la planificación urbana o la protección civil», informa la universidad. Además, «al presentar datos por primera vez para el conjunto de España, los resultados también son útiles para mejorar la educación y preparación ciudadana, al incrementar la sensibilización sobre el riesgo de inundación».

El Ministerio para la Transición Ecológica cuenta con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, «un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia administrativa». Se trata, en definitiva, de adaptar el urbanismo y las infraestructuras a la nueva realidad producida por un cambio climático que, según los expertos, provoca fenómenos naturales cada vez más extremos.

UNO DE LOS PRINCIPALES FOCOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS ES EL URBANISMO

La financiación

Sólo una pequeña parte de la financiación pública y privada se destina a la prevención de desastres, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés). «La creciente complejidad del mundo significa que los riesgos y las medidas de desarrollo no pueden aislarse. Si queremos prevenir futuros desastres y crisis necesitamos un enfoque holístico para abordar los riesgos relacionados y cómo influyen en los resultados que nos importan», mantiene Loretta Hieber Girardet, jefa de la Subdivisión de Conocimiento de Riesgos, Monitoreo y Desarrollo de Capacidades de la UNDRR.

El presupuesto para 2025 de la Unión Europea (UE) acordado en noviembre entre el Parlamento Europeo y los países miembros incluye el adelanto de asignaciones de pago de hasta 3.000 millones de euros para brindar apoyo a las regiones afectadas por desastres naturales, incluidas las recientes inundaciones en España. Una vez confirmada la base jurídica, los Estados miembros podrían utilizar hasta el 10% de los fondos existentes de la Política de Cohesión para prevenir y recuperarse de tales desastres, siempre que presenten un programa modificado a la Comisión.

LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ESTABLECE LAS COMPETENCIAS DE CADA ADMINISTRACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

«El acuerdo sobre el presupuesto para 2025 demuestra la capacidad de la UE para actuar y adaptarse durante estos tiempos de incertidumbre. Se basa en la revisión intermedia de los límites de gasto en el marco financiero plurianual y aborda los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, incluidos los desastres naturales», enfatizó Johan Van Overtveldt (ECR, BE), presidente de la Comisión de Presupuestos tras el acuerdo alcanzado.

Estar preparados para situaciones climáticas extremas como inundaciones torrenciales, incendios cada vez más gigantescos o sequías más prolongadas, exige un sistema de información completo y comprensible para el conjunto de la sociedad. Las diferentes Administraciones coinciden en que las actividades de prevención y preparación mitigan los efectos de las catástrofes. El Gobierno, con el apoyo de la UE, considera necesario promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, que incluya conocimientos y actitudes de autoprotección, «reforzando las capacidades de resiliencia ante emergencias súbitas e inesperadas». También es fundamental «promover programas de educación para la prevención en centros escolares», así como adoptar protocolos de gestión y comunicación de situaciones de crisis en coordinación con la UE y otros organismos internacionales de referencia.

Competencias institucionales

En España, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de julio de 2015 establece las competencias de cada Administración ante situaciones de emergencia. Las líneas de acción estratégica incluyen la adopción de «un enfoque integrador y potenciador de las actuaciones entre administraciones» y protocolos de actuación coordinada de las diferentes partes involucradas. Los niveles de alerta según la citada ley son: la situación operativa 1, que puede afectar a uno o varios municipios y en la que la dirección de la emergencia es responsabilidad de la Comunidad Autónoma; situación operativa 2, que puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad y la dirección la ejercen igualmente el Gobierno autonómico en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales necesarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME); y situación operativa 3, que se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por el Ministerio del Interior. Este nivel implica que el ministerio asume la gestión y coordinación de recursos, como movilizar efectivos. Por último, está la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno. Esta fase no depende únicamente del Estado sino también del presidente de la comunidad, que podrá solicitar al Gobierno esta declaración.

EL PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2025 INCLUYE
EL ADELANTO DE HASTA 3.000 MILLONES DE EUROS PARA APOYAR A LAS REGIONES AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES

La UE, por su parte, puede activar el Mecanismo de Protección Civil para organizar y coordinar una respuesta de emergencia entre los Estados participantes, que incluye a todos los países miembros de la UE, así como a otros 10 países europeos. Ofrece apoyo logístico y operativo sobre el terreno para mejorar la prevención, la reparación y la respuesta a los desastres.

España es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más densidad de población urbana, detrás de los Países Bajos y Malta, según Eurostat. Sin embargo, hay encuestas que muestran un creciente interés de los españoles por vivir en zonas rurales. Así se refleja, por ejemplo, en el Análisis sobre la España Vaciada realizado por el portal inmobiliario Fotocasa que indica que «el 61% de los ciudadanos mayores de 18 años demandantes de vivienda tiene planes reales o, al menos, interés por mudarse a una zona rural, aunque sólo uno de cada diez se trasladaría a un pueblo de menos de 100 habitantes».

SEGÚN DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA, “EL 42% DE MUNICIPIOS ESPAÑOLES ESTÁ EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN”

Por comunidades, los catalanes y madrileños son los que más aspiran a mudarse a un pueblo y los valencianos los que tienen más planes reales de hacerlo. Por edad, la población de entre 35 y 54 años es la más interesada en vivir en el entorno rural y la de entre 25 y 34 la menos dispuesta a este cambio.

Pros y contras. Dar este paso depende de muchos factores. Hay ventajas de las que disfrutan las personas que viven en zonas rurales, incluyendo más espacio, una mejor calidad de vida, menores costes y menos contaminación. Unas ventajas que suelen verse superadas por limitaciones como las menores oportunidades de empleo, las infraestructuras más débiles, y la mayor dificultad para acceder a servicios públicos y comerciales.

Cuando las limitaciones superan a los beneficios, muchas personas suelen optar por abandonar las regiones rurales en busca de mayores oportunidades. «Esto puede reducir la tasa de natalidad y la tasa de cambio de la población natural en algunas regiones predominantemente rurales, lo que resulta en un envejecimiento de la población y un menor número de personas en edad de trabajar», señala Eurostat.

El 42% de municipios españoles está en riesgo de despoblación, según datos del Banco de España. Una cifra que es considerablemente más alta que la del conjunto de la eurozona (con un 10%) y sólo es superada por Letonia (con un 50%), Finlandia (con un 56%) y Estonia (con un 58%).

EL PACTO RURAL ADOPTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA BUSCA CONSEGUIR «ZONAS RURALES MÁS FUERTES, CONECTADAS Y PRÓSPERAS PARA 2040”

Revertir la tendencia. Ante la España vaciada hay un creciente interés por parte de las autoridades nacionales y comunitarias de adoptar medidas que eviten que ese éxodo provoque la desaparición de numerosos núcleos rurales. El Plan de Recuperación: 130 frente al Reto Demográfico, aprobado por el Gobierno en 2021, incluye diez ejes estratégicos con un presupuesto de 13.000 millones de euros para revitalizar las zonas rurales. Entre sus objetivos están el impulso a la transición ecológica y digital, al desarrollo e innovación en el territorio, o al fomento del emprendimiento, entre otros.

Por su parte, el Pacto Rural adoptado por la Comisión Europea (CE) es una política dirigida a conseguir unas «zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040». Durante el período 2021-2027 se está centrando en cinco prioridades clave de inversión: una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; más verde y libre de carbono; con mayor conectividad, con redes estratégicas de transporte y digitales; y más social. También una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando estrategias de desarrollo dirigidas a nivel local y un desarrollo urbano sostenible en toda la UE.

Teletrabajo. En España, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE correspondiente al segundo trimestre de 2024, un total de 3.150.000 personas trabajan en su domicilio particular, casi un 15% de la población activa. Estas cifras están por debajo de 2020, coincidiendo con el periodo del confinamiento por la pandemia, cuando teletrabajaba el 16,2% de los ocupados.

Dentro de la UE, estamos lejos de otros países donde el teletrabajo está más generalizado. En Europa teletrabaja, de media, el 9% de los trabajadores, siendo los países donde más expandida está esta práctica Finlandia (alcanzando un 22%) e Irlanda (con un 21%) así como Suecia y Bélgica (con un 14%) y Países Bajos, Luxemburgo y Alemania (con 13%), según datos de Eurostat de 2023.

Según una encuesta realizada por el portal de empleo InfoJobs, para los usuarios, las ventajas del teletrabajo son principalmente el tiempo ahorrado en los desplazamientos, la comodidad y la mejora de la conciliación. Los encuestados también destacan la flexibilidad que permite el teletrabajo (en un 47%), el ahorro de dinero en desplazamientos (en un 44%) o la posibilidad de trabajar desde otros lugares (con un 37%).

Reto demográfico. Mientras el campo siga siendo una opción más que una realidad, la densidad de población en las grandes ciudades y sus alrededores sigue aumentando. Se estima que el número de habitantes en la UE alcanzará su punto máximo en 2026 y que después disminuirá cada año hasta 2050. Esta proporción aumentará en las regiones predominantemente urbanas, con un porcentaje cada vez mayor de la población concentrada en estas regiones. La densidad de población en regiones urbanas aumentará en 16 de los 24 Estados miembros. Sólo en Suecia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda se prevé que aumente la densidad de población en las regiones rurales.

La industria española representa el 16,7% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea al 12,9% de la población en edad de trabajar. En el conjunto del año 2023, la producción industrial bajó un 0,8%, según datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sectores, Energía (1,9%) presentó la mayor tasa anual. Por el contrario, Bienes de consumo duradero (-6,0%) registró la tasa más baja. Esta tendencia rompe el ciclo de crecimiento de los últimos años, a excepción de 2020, año de la pandemia. En el primer trimestre de 2024, la industria española se recuperó algo hasta situarse en un 0,6% en marzo.

En la zona euro, la producción industrial registró en enero de 2024 un descenso del -3,2% y del -2,1% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -6,7% y -5,7%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2023. Las variaciones de España, Alemania y Francia fueron del +0,9% (0,0% frente a 2023), +0,6% (-5,4%) y -1,0% (+1,0%) respectivamente, de acuerdo con los datos de Eurostat publicados en marzo de 2024.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA REPRESENTA EL 16,7%
DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) Y EMPLEA AL 12,9% DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

Situación actual

La demanda en la industria española se debilita y los expertos advierten de una amenaza de “desaceleración intensa” en la eurozona, ya que la industria ha sufrido la mayor contracción en los tres últimos años. La mayoría de los profesionales del sector (74%) considera que «estamos ante una situación estructural -España es, cada vez más, una economía de servicios, con baja productividad, con la competencia de países extracomunitarios, el elevado endeudamiento público, desempleo, inflación, etc.-«, frente al 26% que opina que es coyuntural por la incertidumbre provocada por la formación de Gobierno, la desaceleración de la demanda externa u otros factores externos que generan inestabilidad. Esta es una de las principales conclusiones del VII Barómetro Industrial correspondiente a 2023 publicado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Colegio de Economistas de España en febrero de este año.

De acuerdo con el barómetro, el 53% de los profesionales considera que «la pérdida de competitividad de la industria española es el principal motivo de la merma De su peso en el PIB español», mientras que un 30% cree que se debe a la falta de inversión en el sector industrial en I+D+i. El 81,57% cree que se debería generar un tejido industrial manufacturero en torno al sector energético.

En el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2023 que se incluye en el Barómetro, donde se analiza la situación de la industria española desde el punto de vista económico, se constata que la recuperación del sector ha sido más débil de lo que se podría esperar. En cuanto al peso del empleo en la industria sobre el total nacional, muestra una preocupante desaceleración durante el segundo trimestre de 2023, donde pasó del 13,6% del empleo total en el primer trimestre al 12,9%.

En la comparativa europea, España ocupa el sexto lugar en el número de empresas (7,85% del total) y el cuarto lugar en el volumen de cifra de negocios (6,46% del total). En cuanto al número de trabajadores del sector industrial de cada país, en relación con el total de la UE, España ocupa el quinto lugar con el 6,80% de los trabajadores del total de la Unión.

El Gobierno, a través del Componente 12 del Plan de Recuperación, propone medidas concretas para hacer frente a los principales retos de la política industrial, con una inversión estimada de 8.356,5 millones de euros de los cuales 6.031,5 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

ASOCIACIONES DEL SECTOR Y GOBIERNO CENTRAL ESTÁN DE ACUERDO EN LA NECESIDAD DE APROBAR UNA LEY DE INDUSTRIA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

Nueva Ley de Industria

Asociaciones del sector y Gobierno central están de acuerdo en la necesidad de aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica que incorpore las nuevas realidades y la transformación de la economía española hacia un modelo más verde y sostenible de acuerdo con el Plan Industrial del Pacto Verde aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas e impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática.

Esta reforma legal proporcionará nuevos instrumentos de política industrial como los denominados Proyectos de Interés Estratégico Estatal, la ventanilla única digital, un Consejo Estatal de Política Industrial, un nuevo mecanismo para la gestión de procesos de reindustrialización, y una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), según informó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El impulso a la competitividad de las empresas industriales pasa por medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria. “Aspiramos a que estas alegaciones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, concluyó Reinoso, para quien “una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón, manifestó durante la presentación del Barómetro que los problemas estructurales percibidos por la mayoría de los profesionales tendrían que afrontarse en la nueva Ley de Industria. En su opinión, la norma «debería apostar por la autonomía estratégica y considerar las zonas despobladas como eje del nuevo desarrollo industrial que dé soporte a la transición energética y la descarbonización de la economía”.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su informe Producción normativa en 2023, que analiza desde 2015 la evolución del complejo marco legislativo español, llama la atención sobre el exceso de producción normativa y sus efectos negativos para la estabilidad empresarial.

LA CEOE HA ALERTADO SOBRE EL EXCESO DE PRODUCCIÓN NORMATIVA Y SUS EFECTOS NEGATIVOS PARA LA ESTABILIDAD EMPRESARIAL

En 2023 «se aprobaron 683 normas estatales en nuestro país, es decir, dos cada día, a pesar de que durante cinco meses el Gobierno estuvo en funciones, con las consiguientes limitaciones que esto implica», señalan. El hecho de que en 2023 se celebraran elecciones en julio y no se formara gobierno hasta noviembre, «ha supuesto un factor clave en el descenso de la producción normativa (casi un 20% menos que en 2022), pero también en la multiplicación de normas en los meses hábiles», aseguran. En este sentido, el informe publicado destaca que «si en 2022 se promulgaron un promedio de 70 normas mensuales, en 2023 este número se elevó hasta las 113 normas por mes hábil».

Los empresarios llaman la atención sobre el «peso de los reales decretos sobre el total de normas con rango de ley», que aumentaron un 32% en 2023, cinco puntos más que un año antes, lo que sugiere la persistencia en la justificación de ‘urgente necesidad’ a la hora de legislar».

EN 2023 SE APROBARON 683 NORMAS ESTATALES; DOS CADA DÍA, A PESAR DE QUE DURANTE CINCO MESES EL GOBIERNO ESTUVO EN FUNCIONES

Marco jurídico estable

Aparte de las leyes estatales, España cuenta con la legislación autonómica a través de sus 17 gobiernos y parlamentos regionales. En 2023 hubo 291 normas aprobadas por las comunidades, un 14% menos que en 2022, según el informe de la CEOE. En el conjunto del país, la producción normativa ascendió a 945, «casi tres novedades normativas (nuevas leyes y modificación de las existentes) al día». En definitiva, 2023 fue uno de los años más prolíficos. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza y en 2023 casi triplicó la media anual de páginas publicadas por el conjunto de las comunidades. Le siguen Andalucía, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Para la CEOE el hecho de que las comunidades sean responsables del 80% de las páginas publicadas en los boletines oficiales «afecta negativamente a la unidad del mercado y a la seguridad jurídica». La organización empresarial insiste en la importancia de «establecer un marco jurídico estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social».

Cada año, desde 2016, el Consejo de Ministros da luz verde al Plan Anual Normativo, «una hoja de ruta» que analiza la actividad normativa de la Administración General del Estado en relación con las previsiones del año anterior, y donde se reflejan los resultados de la aplicación de las leyes aprobadas en años precedentes. Entre los objetivos destaca la planificación y la posterior evaluación del grado de ejecución para extraer conclusiones de cara a mejorar esta actividad. «Es una garantía para los ciudadanos y para todos los operadores jurídicos y económicos puesto que ofrece una panorámica de la actuación de los poderes públicos que les permite anticiparse a la aprobación de normas, participar en su elaboración y planificar su propia actividad».

Regular los imprevistos

La acción normativa en 2023 se vio afectada, según el Ejecutivo, por diversas acciones ajenas al propio Gobierno, como la invasión rusa en Ucrania, que obligó a hacer frente a sus consecuencias económicas y sociales como el aumento de los precios del gas, los carburantes y los alimentos. «La necesidad de implementar estas medidas a través de diferentes instrumentos normativos influyó en la actividad de 2022, pero también, dada la persistencia de los efectos derivados de la guerra, en la de 2023, y en la propia previsión normativa».

LA ACCIÓN NORMATIVA EN 2023 SE VIO AFECTADA, SEGÚN EL EJECUTIVO, POR DIVERSAS ACCIONES AJENAS AL PROPIO GOBIERNO, COMO LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

Asimismo, el Gobierno justifica el aumento de normas en las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria mundial de 2020, con una «ambiciosa agenda de reformas comprendidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, previo informe favorable de la Comisión Europea». Dicho plan recogía 212 medidas, de las que 102 eran para el periodo 2021-2023, y en el mismo se contemplaban «reformas normativas que exigían ser implementadas de forma inmediata, lo cual también afectó a la ejecución de la planificación normativa inicialmente prevista».

Pese a las dificultades, la acción normativa del Gobierno durante el año 2023 «ha continuado dirigiéndose hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad a la pandemia; la incorporación y ejecución del Derecho de la Unión Europea; las intervenciones regulatorias exigidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y otras catástrofes; así como a la aplicación de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su ejecución», señalan.