LA PANDEMIA de Covid‐19 y las medidas adoptadas para combatirla no han venido a mejorar mucho las cosas y, según expertos en Derecho de Familia, 2020 puede ser el primer año, a falta del recuento final, en que en España se hayan producido más separaciones que matrimonios.

Además de las inevitables consecuencias en el plano emocional, existen situaciones de carácter legal que deben ser resueltas en una crisis familiar.

Derecho de Familia. Así, el Derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales tanto de los miembros de una familia entre sí, como con respecto a terceros en procesos de separación, divorcio y nulidades matrimoniales, custodias y régimen de visitas, capitulaciones y contratos prematrimoniales, incapacitaciones y tutelas o filiaciones.

Las demandas de disolución matrimonial experimentaron un incremento interanual generalizado en el tercer trimestre de 2020 y supusieron un 16,6% más respecto al tercer trimestre de 2019. Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

También otros asuntos relacionados, como son las demandas de modificación de medidas y las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuales como litigiosas, tuvieron un importante incremento según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, las demandas de modificación de medidas consensuadas se incrementaron un 28,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas lo hicieron un 8,6 por ciento.

Por otro lado, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un incremento interanual del 56,8 por ciento, mientras que las no consensuadas se incrementaron un 21,3 por ciento.

El Real Decreto‐ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID‐19 en la Administración de Justicia, introdujo una regulación ‘ex Novo’ para un procedimiento especial y sumario respecto a la resolución de cuestiones relativas al Derecho de Familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento de los juicios verbales relativos al Derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero de 2020. Asimismo, las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Para afrontar esta realidad, España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas. Un reciente estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares. 

Más procesos, mismos medios. A pesar de esta carencia, durante 2019 solo se abrió un juzgado nuevo de Primera Instancia propio de Familia y tampoco se ha visto beneficiada esta especialidad por la creación extraordinaria de nuevos juzgados que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre en previsión de la sobrecarga de actividad jurisdiccional como efecto de la pandemia de Covid‐19 y las medidas adoptadas para su contención. De los 30 nuevos juzgados creados ninguno es de Familia. Por lo tanto, en 32 provincias españolas los ciudadanos que residen en ellas no tienen acceso a un tribunal especializado.

Los residentes en poblaciones como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres o Lugo, entre otras miles, quedan fuera de la especialización y deben conformarse con que sus asuntos sean resueltos por los llamados “juzgados mixtos”, aquellos que comparten jurisdicción civil de primera instancia y jurisdicción penal en materia de instrucción, y con frecuencia otras tareas encomendadas como el Registro Civil o la Violencia sobre la Mujer.

La escasez de medios y de recursos humanos en este estrato jurisdiccional provoca que las vistas sobre asuntos de familia lleguen a demorarse muchos meses, en ocasiones más de un año, con el consiguiente trastorno y notable perjuicio, si cabe más lacerante cuando existen decisiones a tomar sobre menores como la custodia, la pensión alimenticia o el régimen de visitas de los menores.

La falta de especialización provoca, además de una menor velocidad de tramitación, gran disparidad de criterios entre los diferentes juzgados, lo que en la práctica supone tener una Justicia de dos velocidades.

Los divorcios sin acuerdo en la pareja tardan en resolverse en España más de tres años y medio cuando se tramitan a través de juzgados de Primera Instancia y las audiencias provinciales no especializadas en asuntos de Derecho de Familia. En cambio, cuando estos mismos procesos contenciosos se despachan en órganos especializados, –con jueces, magistrados, fiscales y equipos técnicos correctamente formados en la materia– el tiempo se reduce a dos años de media contando ambas instancias, según se desprende del informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). 

En definitiva, nos encontramos ante una Justicia desigual, entrando en contradicción con el mandato constitucional.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano considera que “esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filio parental”. Lozano ha pedido al Ministerio de Justicia para los asuntos de Familia el mismo tratamiento que reciben los de Mercantil o Violencia de Género, que son atendidos por jueces, fiscales y funcionarios especializados en la materia.

En esta dirección en septiembre de 2019 nacía la Plataforma Familia y Derecho, una asociación formada por jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, psicólogos, docentes y trabajadores sociales y cuya finalidad fundamental es conseguir la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad.