ENTRE MAGNITUDES

Bienvenida, Ms. Von der Leyen

La Unión estuvo, por fin, a la altura de las circunstancias de Europa. El programa de recuperación conocido como Next Generation EU (NGEU) es una potente bazuca dotada de un calibre financiero por un importe total de 750.000 millones de euros, repartidos entre los 390.000 millones para ayudas no reembolsables y los restantes 360.000 millones disponibles para préstamos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

FERNANDO GEIJO

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ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.

Ojo al dato

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidencia del Gobierno, Gobierno de España. Madrid, octubre de 2020.

Plan de Recuperación para Europa. Next Generation EU. Comisión Europea.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Comisión Europea.

Instrumento REACT-EU para la reconversión verde y digital de la economía. Comisión Europea.

Las claves de la transformación son la economía sostenible y la digitalización empresarial
Los ‘peros’ de Bruselas

Previamente al lanzamiento de una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano para obtener los fondos comunitarios, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene que obtener el visto bueno europeo, para lo que debe cumplir con una serie de exigencias, como son:

  • Potenciar la cohesión territorial, económica y social.
  • Atenuar el impacto de la crisis tanto en el ámbito financiero como en el plano humano.
  • Dejar una huella recurrente y constatable en la economía y sociedad del país.
  • Favorecer, de forma tangible y eficaz, los vectores relacionados con la creación de puestos de trabajo, el fomento del potencial crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía y la sociedad a la actual crisis.
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Un plan para diez políticas
EL PLAN NACIONAL de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende hacer palanca en la economía y la sociedad españolas mediante su implementación a través de diez políticas tractoras:
  • La Agenda urbana y rural, a la que se dedicará el 16% de los recursos, con el objetivo de luchar contra la despoblación en el ámbito rural y el desarrollo de la agricultura.
  • Los planes de Conservación y Restauración de Ecosistemas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, a los que se destinará el 12% del presupuesto.
  • La Transformación energética, con el 9% de los fondos, de cara a posicionar a España como líder de la renovación energética.
  • El 5% de los recursos irá a parar a la reforma de la Administración Pública, mediante el impulso a la Modernización del Sistema de Justicia.
  • El 17% de los fondos se reserva para el apoyo a la digitalización de las empresas.
  • El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud contarán, por su parte, con una partida específica del 17% del presupuesto.
  • La séptima política contará con el 18% de los recursos financieros con el objetivo de apuntalar el sistema educativo y el ecosistema del conocimiento.
  • La Nueva economía de los ciudadanos y las políticas activas de empleo ocupan la octava posición, lo que implica reservar el 6% de los recursos al refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia.
  • El 1,1% de los fondos servirá para sufragar el Desarrollo de la cultura y del deporte.
  • Finalmente, se abordará la Modernización del sistema fiscal con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno