DEBATE PARLAMENTARIO

FRAUDE FISCAL

Se estrecha el cerco

La evasión de impuestos hace que el fisco deje de ingresar miles de millones de euros, que podrían destinarse a cubrir gastos en sanidad, educación y servicios sociales. La nueva Ley Contra el Fraude Fiscal, que ahora se debate en el Parlamento, incorpora el Derecho comunitario al ordenamiento español y refuerza las medidas contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

ELVIRA ARROYO

elviraarroyocorrales@gmail.com

LA COMISIÓN EUROPEA CALCULA que las arcas de la UE pierden alrededor de un millón de euros anuales debido a los comportamientos fraudulentos de empresas y ciudadanos. En España, el fraude fiscal supone unas pérdidas anuales de 91.600 millones de euros, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Son cifras aproximadas porque la falta de trazabilidad de estas operaciones hace muy difícil medir su alcance real, pero el perjuicio que ocasionan al bienestar social es indudable.

La lucha contra la evasión de impuestos es un objetivo prioritario de los gobiernos europeos desde hace años pero, en las actuales circunstancias, es todavía más apremiante para poder cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. “Hay que buscar formas de gravar a aquellos que no están pagando justamente su parte. Solo las empresas evitan pagar entre 50.000 y 190.000 millones de euros en impuestos cada año. Podemos salir de esta crisis de una manera justa y mantener la confianza de nuestros ciudadanos”, ha afirmado Paul Tang, presidente de la comisión de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo.


El gobierno cree que esta reforma podría tener un impacto de 828
millones de euros en las arcas públicas el próximo año


En España, el Congreso debate el nuevo proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que, además de recoger la directiva europea 2016/1164, contempla diversas acciones para reducir el fraude fiscal. El gobierno cree que esta reforma podría tener un impacto de 828 millones de euros en las arcas públicas el próximo año.

Entre otras novedades, se endurecen los requisitos para los pagos en efectivo, una de las prácticas defraudatorias más habituales. Concretamente, las transacciones en efectivo entre empresarios y profesionales no podrán superar los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales. Sin embargo, para minimizar los efectos colaterales en pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares a empresarios y profesionales. También se reducen de 15.000 a 10.000 euros las operaciones en efectivo de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Se pondrá fin a las amnistías fiscales, al prohibir expresamente cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la deuda tributaria. El objetivo es impedir que haya beneficios tributarios injustificados para los que no cumplieron en su momento, con el consiguiente agravio comparativo para los españoles que atienden puntualmente sus obligaciones fiscales.


Las transacciones en efectivo entre empresarios y profesionales no
podrán superar los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales


Asimismo, habrá cambios en los requisitos para ser incluido en los listados de deudores que publica la Administración Tributaria. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, entrarán en la lista aquellos que tengan deudas y sanciones tributarias superiores a los 600.000 euros, cuando ahora el límite está en un millón de euros. La ley aclara que, para evitar entrar en estas listas, las deudas se deben satisfacer durante el periodo de ingreso voluntario, sin que este pueda alargarse por solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento presentadas en dicho plazo.

Además, por primera vez se hará público el nombre de los responsables solidarios, con el objetivo de que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

Paraísos fiscales. Los paraísos fiscales pasarán a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente, y se ampliarán los lugares que tendrán esta consideración. Por ejemplo, formarán parte de la lista de paraísos los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real; países con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos; aquellos donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se tenía en cuenta la nula tributación); y los regímenes fiscales preferenciales que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Con esto se pretende que los paraísos fiscales dejen de ser el refugio de una gran parte del dinero que se evade de las arcas públicas. Solo la pérdida impositiva asociada al entramado de sociedades conocido como los “papeles de Panamá”, podría haberse destinado a dar apoyo a 1,5 millones de puestos de trabajo.

Pero no hay que irse fuera de la UE para localizar territorios que facilitan la evasión de impuestos. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo recordaba que siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) tienen lagunas legislativas que facilitan la planificación fiscal agresiva. Entre otras acciones, se pedía la supresión de los programas que permiten obtener la nacionalidad o la residencia en un Estado miembro a cambio de una inversión, en especial los de Malta y Chipre, dadas las escasas exigencias a los solicitantes.

Por otro lado y como resultado de la transposición de la directiva europea, se incluyen medidas para garantizar el pago de los impuestos allí donde se generen los beneficios. La implantación del exit tax hará que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal a otro país, se grave en España el valor económico de cualquier plusvalía creada.


Se pone fin a las amnistías fiscales al prohibir cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que reduzca la deuda tributaria


Sistemas informáticos. Otro aspecto fundamental es acabar con los denominados software de doble uso, programas informáticos que permiten la manipulación de los datos contables. A partir de ahora, los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial deberán cumplir una serie de requisitos que garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Finalmente, para aumentar el control sobre las criptomonedas, será obligatorio informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Los españoles opinan
  • El 91,2% de los españoles piensan que en España existe mucho o bastante fraude fiscal.
  • El 59,6% de los españoles creen que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.
  • La falta de honradez y conciencia ciudadana es la principal razón que mueve a las personas a ocultar sus ingresos a Hacienda.
  • El principal efecto del fraude fiscal es que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales.

Fuente: CIS Estudio nº 3259. Opinión Pública y Política Fiscal (XXXVI) Septiembre-octubre 2019.

Regulación del juego

LA NUEVA NORMATIVA se propone acabar con el fraude en las actividades de juego, con especial atención a la manipulación de las apuestas deportivas. Con este fin, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso a los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas.

Además, para acabar con el juego no autorizado, se podrá requerir a cualquier proveedor de juegos, servicios de pago, entidades de comunicación audiovisual, medios de comunicación, agencias de publicidad y redes publicitarias, entre otros, información relativa a las operaciones realizadas por los operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante.

Colaboración notarial

EN 2007 ENTRÓ en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria.

El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.

Nuevo valor de referencia para la adquisición de inmuebles

LA ELEVADA litigiosidad existente en la valoración de los bienes gravados con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha llevado a plantear una reforma que dé más seguridad jurídica a los contribuyentes y a las administraciones tributarias, basada en la doctrina del Tribunal Supremo.

En el caso de los bienes inmuebles, la base imponible de los tributos patrimoniales será el valor de referencia del Catastro. Este valor será fijado a partir de las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante un fedatario público.

El valor de referencia es distinto del valor catastral y, por tanto, esta norma no afectará a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (IRPF, IBI o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

MARIO GARCÉS
Diputado Grupo Parlamentario Popular
@MarioGarcesSan
“Una oportunidad perdida”
En múltiples ocasiones, para desgracia de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, las normas no cubren las expectativas para las que han sido elaboradas. Este es un caso inequívoco. El texto adolece de una estructura lógica, en línea con la asistemática propuesta de un Gobierno que legisla a golpe de contingencia ideológica, tal como se ha comprobado también en la modificación de 13 figuras tributarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Más allá de la necesaria transposición de la directiva comunitaria, el resto de artículos adolecen de un fin unitario y responden más bien a la adaptación a cierta doctrina del Tribunal Supremo que a buscar respuestas cabales compatibles con el interés general y los derechos de los contribuyentes. En ese orden de cuestiones, llama especialmente la atención la regulación de los pactos sucesorios en el IRPF, que, en los términos redactados, podría constituir una violación de los principios que rigen nuestro sistema constitucional.

PATRICIA BLANQUER
Diputada Grupo Parlamentario Socialista
@Patri_Blanquer

“Pretende aumentar la transparencia fiscal e impedir el agravio que causan las prácticas abusivas”

El proyecto de ley persigue lograr una política tributaria más justa y eficaz con medidas como la prohibición de las amnistías fiscales y del denominado software de doble uso, la lucha del fraude en el juego, el mayor control sobre las criptomonedas, el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones y la transposición de normas comunitarias contra las prácticas de elusión fiscal, de planificación fiscal agresiva. Normas que pretenden aumentar la transparencia fiscal e impedir el agravio y la competencia desleal que las prácticas abusivas y fraudulentas causan a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Legislación imprescindible para generar un entorno estable y con condiciones equitativas a todas las empresas que generarán un incremento recaudatorio estimado de más de 800 millones de euros para el próximo año.

RODRIGO JIMÉNEZ REVUELTA
Diputado Grupo Parlamentario VOX
@rodrijr111
“Enmascara una subida de impuestos generalizada”
Un proyecto de ley oscuro, complejo y propio del régimen que hoy nos gobierna que enmascara una subida de impuestos generalizada sobre el Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones. Con la excusa de la transposición de la directiva, que sólo trata el Impuesto sobre Sociedades y que aprovechan para tocar todos los impuestos.

Con la excusa de alta litigiosidad por el concepto de valor real provocará un incremento de los costes para el contribuyente en el nuevo intento de cálculo de valor de los inmuebles.

Nuevas imposiciones fiscales a través de sanciones, penalización de la transmisión de negocios familiares, ataca las competencias de las comunidades autónomas y promueve inseguridad jurídica del contribuyente.

Limita la posibilidad de recursos y pretende la eliminación temporal del dinero en efectivo perjudicando a los colectivos más desfavorecidos, al pequeño comercio, a la mayoría de pensionistas y condiciona la libertad.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.