EL NOTARIO MAYOR del Reino hacía hincapié en que el colectivo de las personas mayores necesita en estos momentos de una especial protección debido a la pandemia del COVID: “Ahora es preciso desarrollar políticas públicas para garantizar su calidad de vida. Urge que revisemos nuestros sistemas de dependencia para lograr alcanzar un envejecimiento activo. En la actualidad llegamos a la vejez con los relojes evolutivos intactos pero las desigualdades muchas veces se ensanchan tras la jubilación: soledad, dependencia, vulnerabilidad, pensiones reducidas…”.

El titular de Justicia reveló las importantes sinergias entre las competencias de su ministerio y el colectivo senior: “Hemos puesto en marcha un plan 20‐30 que adapte la justicia a la sociedad para hacerla más accesible, aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Campo puso como ejemplo un proyecto para hacer llegar la Justicia a la España rural, un lugar con un acusado índice de población de elevada edad: “Queremos convertir los 7.600 juzgados de paz en oficinas de Justicia municipales. Debidamente digitalizados se readaptarán para evitar a los ciudadanos tener que desplazarse para realizar gestiones procesales. Queremos hacer una justicia accesible para todos, sobre todo para las personas mayores, superando la brecha digital, ya que son culturalmente ‘analógicas’: más del 20% de la población tiene más de 65 años”.

Protección jurídica. La mesa redonda inaugural, moderada por el abogado Javier Laorden, contó con las intervenciones de Mª José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección y defensa de las personas mayores, y Almudena Castro‐Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas.

Segarra resaltó “la contribución del Notariado y de su Fundación Aequitas para hacer llegar la justicia a los colectivos en situación de vulnerabilidad”. La fiscal señaló que “existe una percepción estereotipada del ministerio fiscal; se sigue pensando en el fiscal ‘de las películas’ centrado en los procesos penales, pero realizamos numerosas funciones comprometidas con los más vulnerables y que salvaguardan el principio de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos”.

Antes de dar paso a Castro‐Girona, el moderador Javier Laorden alabó el carácter práctico de las publicaciones de la Fundación Aequitas, como la recientemente editada 100 preguntas sobre derechos después de los cincuenta años (disponible en www.aequitas.org).

“Una de las principales preocupaciones de los notarios –resaltaba la directora de Aequitas– son las personas mayores. Somos como confesores en pueblos repartidos por toda la geografía española y tenemos una función niveladora con los más necesitados de protección jurídica. En la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestra vida puede cambiar en poco tiempo; por eso muchas personas han acudido al notario para dotarse de mecanismos de protección –como la autocuratela o los poderes preventivos– donde les hemos hecho ‘trajes a medida’ para asegurar jurídicamente su futuro”.

La notaria respondió a cuestiones concretas planteadas por los asistentes al seminario sobre testamentos, donaciones o poderes preventivos: “Mi recomendación es que hay que acudir al notario para asesorarse, no puedo aconsejar un modelo sucesorio, existen desde usufructos a sustituciones fideicomisarias: hay tantos testamentos como personas. En cuanto a los poderes preventivos, es fundamental realizarlos cuando uno se encuentre bien y tenga plenas capacidades. Sobre las donaciones, depende de la situación económica de la familia; no hay que autoimponerse sacrificios innecesarios, no hay obligación de dejar nada, la legítima no existe hasta que uno se muere. Es necesaria una reforma del actual sistema de legítimas, es algo que venimos demandando desde hace años en el sector de la discapacidad”.