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La sede del Consejo General del Notariado (CGN) en Madrid acogió en febrero la jornada sobre La protección, social, económica y jurídica del menor. Este foro –organizado por la Fundación AEquitas- fue inaugurado por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y la Fundación AEquitas. Ana Sastre, directora general de Infancia, Familia y Natalidad, clausuró las jornadas. Notarios, catedráticos, magistrados, fiscales, abogados, juristas representantes de la Administración y del movimiento asociativo participaron en este encuentro, que cerró un ciclo de sesiones sobre infancia y función notarial que tendrá continuidad en próximo foros.
Responsabilidad parental. El primer panel de debate, bajo el título de La responsabilidad parental, protección de menores y subsidariedad de la intervención del Estado, fue moderado por la notaria Carmen Velasco y contó con la participación de María Linacero, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense; María de Arauz, de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), y Ana Cristina Gómez Aparicio, subdirectora general de protección del menor de la Comunidad de Madrid. Velasco señaló “el deseo común, no abstracto, de avanzar y mejorar en la respuesta que juntos podemos dar a los menores de edad cuando no están con sus padres. El Notariado quiere actualizarse e ir más allá en los documentos que elabora para dar respuesta a todas las necesidades. Demandamos una colaboración más intensa con todas las partes implicadas”. La catedrática Linacero apuntó que “de la salud de la familia depende la salud del propio Estado” y de Arauz demandó “un documento unificado en el caso de guarda de hecho, porque hay muchas situaciones diarias y complejas que es necesario contemplar”.
El ejercicio de la patria potestad y su función representativa. Este fue el título de la segunda mesa redonda, moderada por José Luis Castellano, subdirector general de Infancia (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), y en la que participaron Jorge Prades, vicesecretario del CGN y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, y Juan Pablo González del Pozo, magistrado juez del Juzgado de Familia número 24 de Madrid. Castellano hizo hincapié en que “por primera vez existe en la Administración Estatal una dirección general específica sobre protección de la infancia”. Sobre las jornadas, apuntó que “son un punto más en el camino iniciado por Æquitas impulsando una amplia red de agentes interesados en la defensa del interés superior del niño”.
Por otro lado, Prades señaló que “es imprescindible que la patria potestad deje de ser considerada guarda de hecho. En las notarías tenemos que dar respuesta a los progenitores, mediante el instrumento público podemos ofrecerles soluciones extrajudiciales”. Del Pozo cerraba la mesa indicando que “la reforma del Derecho de Familia ha introducido una ‘privatización’ que supone el reconocimiento de validez de los acuerdos de los progenitores, no sólo en los convenios reguladores”.
Guarda de hecho. Con Jorge Prades de moderador, se celebró un debate sobre La guarda de hecho, con las intervenciones de José Javier Huete, fiscal de sala coordinador de menores; Sara Sierra, letrada en Cortes, y Noelia Laso, jefa de servicio de Protección de Menores de la Región de Murcia. Sierra expuso que “la guarda de hecho no es acogimiento familiar y sería deseable una nueva figura en el sistema de protección jurídica del menor; un auxilio a la patria potestad, que permitiera una atribución temporal de funciones presentadas a terceros ante notario”. Huete concluyó con que “el notario también debería escuchar al menor-según su edad y madurez-además de a los progenitores”.
Salida de menores del territorio nacional. Este fue otro de los temas tratados, que moderó Juan Pérez Hereza, secretario del CGN, y contó con la presencia de Juan José Hernández, inspector jefe de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, y Antonia Fuentes, letrada del Menor del Principado de Asturias. Sobre el creciente número de autorizaciones de salida de menores no acompañados al extranjero solicitadas en las notarías, Hereza señaló que “los notarios queremos hacer documentos útiles y eficaces. Nuestra actuación se rige por el Derecho Civil; tenemos que evitar que la diversidad de criterios administrativos afecte a la vida de los ciudadanos, por lo que debemos acogernos a las instrucciones del Ministerio del Interior”.
Cuestiones internacionales en protección de menores. En este último panel de debate participaron Almudena Castro-Girona, directora de Æquitas (moderadora); María Segurado, abogada del equipo de incidencia política de Cáritas, y Esther Abad, jefe de área de protección del menor de la Comunidad de Madrid. Para Segurado, “existe una falta de conocimiento y reconocimiento jurídico a documentos notariales del país de origen. Aplaudimos la idea de un libro blanco de documentos notariales internacionales que permita expedir correctamente la cédula de inscripción, una identificación temporal para iniciar los trámites de residencia”. Por su parte, Abad realizó un repaso de la documentación exigida para los permisos internacionales.
Por Redacción
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