Es para mí un honor poder explicar desde esta publicación las inquietudes de las pymes españolas, a las que pertenezco y represento. Una publicación como Escritura Pública, que tanto predicamento tiene entre los juristas y que es un referente para cualquiera que se quiera aproximar al conocimiento del Derecho, supone para la organización que presido, CEPYME, un inigualable trampolín para poder exponer las vicisitudes de las pymes, así como sus demandas. Desde el más absoluto respeto, sin concitar conflictos, pero también desde la responsabilidad que supone dar voz al 99,8% del tejido productivo español.

Porque ese, el 99,8%, es el porcentaje del parque empresarial que representan las pymes. Por ello, son las pymes españolas el principal empleador del sector privado y por ello merecen una atención especial que CEPYME jamás cejará en reclamar.

El empleo de las familias españolas depende de nuestras empresas y las mayoritarias son las pequeñas. Sin embargo, la legislación que nos afecta está confeccionada, en general, para la gran empresa. Una sorprendente paradoja sobre la que desde CEPYME tratamos de llamar la atención para poder disolverla.

El hecho de que predomine una legislación desacorde con la empresa mayoritaria en el país y la circunstancia de que existan escalones regulatorios que impidan la ganancia de tamaño de las pymes limita las posibilidades de mejora de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad. No es un asunto baladí. Doce millones de empleos dependen del trabajo por cuenta propia y las pymes, elementos productivos que necesitan una legislación que tenga en cuenta su realidad y a sus necesidades.

Los empresarios estamos acostumbrados a sacar fuerzas de flaqueza. Lo hemos demostrado durante la pandemia, ante los vaivenes en las cadenas de suministro, frente al vendaval inflacionario, pese a la carestía del crédito. Muchos han sacrificado sus márgenes para mantener el empleo. Lo hemos hecho sin queja, orgullosos de sacar adelante nuestros negocios y poder cubrir la demanda de bienes y servicios en un entorno de modernización, digitalización, y de nuevas exigencias medioambientales. Siempre hemos dado la cara y se demuestra en los datos de empleo de estos adversos tiempos en materia económica.

Hay elementos que afectan a la actividad empresarial diaria que nadie puede predecir. Los empresarios lo asumimos: no se puede calcular la duración de un conflicto bélico o una sequía. Con ese azar se enfrenta a diario la pyme. Pero hay otros elementos sobre los que sí se puede actuar y en tal sentido reclamamos de los legisladores que actúen en concordancia con las necesidades del tejido empresarial español.

Según la última edición del informe Crecimiento Empresarial, elaborado por el servicio de Estudios de CEPYME, una normativa adaptada a la pyme, que permita a las empresas españolas crecer hasta asimilarse en tamaño con la empresa media europea reduciría la tasa de paro en cinco puntos porcentuales; elevaría un cinco por ciento el PIB, e incrementaría la recaudación en 21.000 millones de euros sin que hubieran de mediar subidas de impuestos y cotizaciones, algo esencial para que España minore su déficit y su deuda pública, que tantos intereses cuestan a los ciudadanos.

Y esa normativa que necesita la pyme, adaptada a sus circunstancias, precisa de una reflexión pausada de los legisladores, de una toma en cuenta del principio think small first, de pensar primero en pequeño para poder ser más grandes.

No pedimos que la legislación se amolde a la pyme por capricho, sino por carta de naturaleza. Somos el tejido productivo y quienes brindamos no sólo los bienes y servicios que demandan los consumidores, sino también el sostén de servicios públicos esenciales mediante nuestra aportación a las arcas públicas. Y, además, queremos atraer recursos del exterior: vender fuera, poner a España en cada rincón del mundo. Para todo ello necesitamos viento a favor en vez de palos en las ruedas. Necesitamos tanta certidumbre y seguridad jurídica como flexibilidad para poder adaptarnos a la coyuntura.

Las pymes españolas son más vulnerables que las grandes empresas. Y son también más vulnerables que sus homólogas europeas. Difícilmente, con normativas ajenas a esta realidad, podrán salvar escollos. Las pymes tienen menos recursos que las grandes empresas para, sin ir más lejos, asimilar las 5.300 páginas diarias de producción normativa; adolecen de una mayor dificultad para acceder al crédito; son las primeras que soportan las crisis y, sin embargo, son más rehenes de escalones regulatorios que las grandes compañías.

No expongo una lucha de David contra Goliat, no. Ni mucho menos una diatriba que dependa de colores políticos. Al contrario. Hablo de una unión de todos los estamentos en pro de la empresa y de nuestro consiguiente progreso como sociedad. Anhelo unos cauces normativos diseñados específicamente para la pyme, que permitan ensanchar el retorno que la empresa española brinda a la sociedad, esa mano invisible que retroalimenta la riqueza y el progreso. Si las pymes han llegado hasta aquí con éxito en sus negocios y brindando solidez laboral, ¿qué no harían con una legislación ahormada a su idiosincrasia? Demos respuesta a esta pregunta retórica con unas leyes de talla… de la talla que gasta la empresa española.