A finales de septiembre, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública de los notarios. En el acto estuvieron acompañados por el decano del Colegio Notarial de Baleares, Raimundo Fortuñy.

Con esta colaboración, la Oficina balear incorporará a sus actuaciones inspectoras un nuevo sistema de comprobación e investigación. El acceso a las bases del notariado se realizará con un sistema telemático de encriptación segura, conforme a la normativa española de Protección de Datos.

En 2016, el Parlamento balear puso en marcha esta Oficina independiente que tiene, entre otras, las siguientes funciones: investigar el incremento del patrimonio de los cargos públicos; analizar los riesgos en contratos, ayudas o subvenciones oficiales; impulsar medidas que impidan el uso irregular de los fondos; prevenir conductas del personal que comporten conflicto de intereses; y detectar el abuso de información privilegiada o beneficio privado de la condición pública de un cargo.

Por otro lado, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece determinadas obligaciones de identificación del titular real, a cuyos efectos contempla que los sujetos obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del CGN, previa celebración del correspondiente acuerdo de formalización. Asimismo, la Directiva comunitaria relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo establece que los Estados miembros velarán por que toda la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes.

“Desde la firma de este convenio”, ha afirmado Duarte Cuadrado, director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, “los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, activos financieros…). Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de tecnologías del Notariado”.

Los técnicos del OCP analizarán la información –de la misma manera que hacen con los datos remitidos por los notarios españoles–, y la incorporarán a la información que remiten al Sepblac o a las instituciones con las que colaboran (fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Agencia Tributaria…).

“Desde la firma de este convenio”, ha afirmado Duarte Cuadrado, director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, “los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, activos financieros…). Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de tecnologías del Notariado”.