La competencia desleal

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La competencia desleal

El objetivo marcado por la UE de prohibir la fabricación de vehículos de combustión para 2035 ha acelerado la carrera de los fabricantes por hacerse con el mercado eléctrico. China ha pasado en pocos años a ser líder mundial con la fabricación de baterías y todo tipo de vehículos de cero emisiones. El gigante asiático se ha convertido en un potente competidor y, en Europa, las marcas chinas ya están desbancando a las japonesas e incluso a las europeas.
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Los principales fabricantes de vehículos de la UE fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Una situación que ha provocado recelos entre los 27 sobre la política de subvenciones del gobierno chino, que ha derivado en la apertura de una investigación de la Comisión Europea.

Liderazgo

Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en China aumentaron un 82 % en 2022 respecto al año anterior. El país representó el 59 % de las ventas mundiales de este tipo de vehículos, consolidando su primera posición mundial.

En 2023, la industria automotriz de China mantuvo una expansión estable en los primeros tres trimestres, según la agencia de noticias china Xinhua citando datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. El valor añadido industrial de este sector aumentó un 11,4 % interanual durante este período, mientras que los ingresos operativos combinados de las empresas del sector se situaron en 7,11 billones de yuanes (más de 911.000 millones de euros), un 10,4 % más que en los primeros nueve meses de 2022. En cuanto a las exportaciones de vehículos, en noviembre habían alcanzado las 482.000 unidades, un aumento interanual del 46,3 % a pesar de que el volumen cayó un 1,1 % respecto del mes anterior. En total se exportaron 4,41 millones de unidades entre enero y noviembre, materializando un crecimiento interanual del 58,4 %. La producción y las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron los 1,07 millones y 1,03 millones de unidades, respectivamente, con aumentos interanuales del 39,2 % y el 30 %.

 

CHINA OBTUVO EN 2022 EL 59 % DE LAS VENTAS MUNDIALES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, CONSOLIDANDO SU LIDERAZGO MUNDIAL

 

Investigación

Los principales fabricantes de vehículos de la UE, con Renault a la cabeza, fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión» ante el creciente liderazgo de las marcas de vehículos eléctricos chinos en el mercado europeo. El gobierno de Francia planteó la necesidad de investigar posibles subvenciones ilegales del gobierno chino a fabricantes del país para facilitar la venta de vehículos eléctricos en el mercado internacional. Pese a las reticencias iniciales de algunos países como Alemania, cuya dependencia comercial con China es muy superior a la que tiene Francia, finalmente la Comisión Europea anunció en septiembre la apertura de una investigación antidumping contra los fabricantes chinos de coches eléctricos.

«Con demasiada frecuencia, nuestras empresas quedan excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas abusivas y a menudo se ven perjudicadas por competidores que se benefician de enormes subsidios estatales», declaró la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo el 13 de septiembre. La UE, aseguró, está a favor de la competencia, siempre que sea «justa». En el caso de los vehículos eléctricos, la presidenta recordó que es un sector con «enorme potencial para la competitividad futura de Europa y el liderazgo industrial ecológico» y en el que «los fabricantes de automóviles de la UE y los sectores relacionados ya están invirtiendo e innovando para desarrollar plenamente este potencial». «Los mercados globales ahora están saturados de coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado. Y así como no aceptamos esta distorsión de precios desde dentro de nuestro mercado, tampoco la vamos a aceptar desde fuera. Por lo tanto, hoy puedo anunciar que la Comisión va a abrir una investigación para detectar las subvenciones ilegales en la producción de los vehículos eléctricos que provienen de China».

El gobierno chino, a través del Ministerio de Comercio, calificó la investigación de «abiertamente proteccionista» que, aseguró, «tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE».

Tecnología ferroviaria

Además de los coches y otros vehículos eléctricos, China parece dispuesta a convertirse también en líder mundial del mercado ferroviario con la venta de sus productos eléctricos de última generación, y lo está haciendo, principalmente, a través de CRRC Corporation Ltd., empresa de propiedad estatal. Según el diario Expansión, representantes de esta empresa visitaron España el último trimestre de 2023 para analizar las líneas ferroviarias españolas y estudiar sus posibilidades. España, que ya ha liberalizado el mercado de alta velocidad, prevé hacer lo mismo con el mercado de cercanías y media distancia en 2026.

 

CHINA PARECE DISPUESTA A CONVERTIRSE TAMBIÉN EN LÍDER MUNDIAL DEL MERCADO FERROVIARIO CON LA VENTA DE SUS PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

 

La expansión de CRRC fuera de China comenzó en 2015 con la previsión de lograr el 35 % de sus ingresos del exterior para 2025. En Europa está presente desde 2022 en Oporto (Portugal) con 18 vagones, tras ganar en la licitación a Siemens Mobility y Škoda Transportation. Dicha compra fue la primera exportación de material rodante chino en un país de la UE. En la actualidad, la compañía compite con la española Talgo en una licitación que se decidirá en próximos meses para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros. Fuera de Europa, CRRC está presente en numerosos países.

Cumbre UE-China

Pese a la polémica suscitada por la investigación de la CE, la primera semana de diciembre se celebró en Pekín la 24ª Cumbre UE-China. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañados del alto representante, Josep Borrell, se reunieron con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. La cumbre supuso una ocasión de colaborar con China al más alto nivel y de que la UE y China mantengan unas relaciones constructivas y estables, informó la UE.

China y los 27 son socios económicos importantes, recuerda la UE, «aunque el déficit comercial de la Unión con China es de casi 400.000 millones de euros». Los representantes europeos insistieron al presidente chino en «lograr una relación económica más equilibrada, en la que haya reciprocidad y unas condiciones de competencia equitativas», y eso incluye el mercado de vehículos eléctricos. En este sentido, la UE espera que China adopte medidas más concretas para que «el acceso al mercado y el entorno de inversión mejoren para los inversores y exportadores de la UE».

China compite con España para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros.

Interés por España

Las cifras sobre el intercambio comercial entre España y China muestran un claro interés del gigante asiático en el mercado español. Las importaciones españolas desde China ascendieron a 22.375 millones de euros en el primer semestre de 2023, mientras que las exportaciones españolas a China sumaron en el mismo periodo 3.739 millones de euros, según datos de la Fundación Consejo España China. En concreto, China vendió a España en la primera mitad del pasado año, principalmente, equipo de oficina, destacando también otros bienes de equipo, con especial aumento de automóviles y motos. España, por su parte, vendió a China en ese periodo, sobre todo, productos químicos y cárnicos. Respecto a las inversiones en 2022, mientras que China invirtió en España 95 millones de euros, España sólo invirtió en China 42 millones de euros.

OTROS ENFOQUES

BUSINESS INSIDER: Reportaje en el que se aborda por qué los fabricantes de vehículos eléctricos chinos ven con buenos ojos el mercado español. 

MOTORPASIÓN: Artículo que se centra en BYD, fabricante chino de vehículos eléctricos, y su acuerdo con el gobierno de Hungría para establecer su primer fábrica en suelo europeo. 

MOTOR16: Esta revista se hace eco de las preocupaciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ante la avalancha de vehículos eléctricos procedentes principalmente de China. 

«Un dragón con el que conviene llevarse bien», por Casimiro García Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos.”

Un dragón con el que conviene llevarse bien

A finales de los años 50, Mao Zedong, el padre de la revolución China, lanzó el Gran Salto Adelante, un programa nacional que pretendía transformar el país pasando de una economía agraria a otra fundamentalmente industrial.

Si no la han visto, les recomiendo que vean la película Vivir (dirigida por Zhang Yimou, 1994), en la que se ve de forma muy gráfica cómo se llevó a cabo ese cambio. Los jefes de distrito pasaban por los hogares requisando todos los utensilios hechos de metal para llevarlos a la fundición y así poder alcanzar el objetivo de producción de hierro. Nadie se podía negar a esa colaboración, pero, de hecho, nadie se negaba a poner su granito de arena en la gran tarea de hacer que su país “fuera un día tan poderoso como los Estados Unidos”.

China hoy no es aquel país pobre que luchaba por salir del subdesarrollo. Es ya una potencia mundial que puede mirar de tú a tú a Estados Unidos. En noviembre de 2021 entrevisté para El Independiente al considerado como gurú más respetado internacionalmente en el campo de la inteligencia artificial (IA), Kai-Fu Lee (responsable de Sinovation Ventures y anteriormente CEO de Google en Asia). Kai-Fu decía entonces que China ya estaba al nivel de Estados Unidos en IA, que es la tecnología que lo está cambiando todo y que va a ser el principal factor de competitividad de las economías desarrolladas, si no lo está siendo ya.

Mientras que Estados Unidos basa su liderazgo tecnológico, ahora compartido con China, en la iniciativa privada (Google, Apple, Microsoft, Amazon, …), el dragón asiático basa su fuerza en la capacidad inversora del Estado. El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos. Así que no es extraño que sus productos sean cada vez más competitivos, hasta el punto de que el déficit comercial entre la UE y China supusiera en 2022 casi 400.000 millones de euros.

Con China sería bueno colaborar, establecer un diálogo abierto sobre proyectos conjuntos, sobre todo en el campo de la IA.

Pero hay tres problemas que dificultan la colaboración. El primero de ellos es que el Estado hace todo lo posible para que los productos chinos inunden los mercados y, para ello, no duda en subvencionarlos de diferentes modos (no sólo con aportaciones directas de capital a las empresas, sino con créditos baratos). Esa competencia desleal es lo que ha llevado a Ursula von der Leyen a ordenar la apertura de una investigación sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.

A pesar de que hay un arancel del 10% que grava a los vehículos importados, el precio de los fabricados en China es un 20% más barato de los que se producen en la UE. Vamos a ver como acaba ese proceso, pero lo más probable es que termine por imponerse un arancel de castigo a los coches chinos que los deje en la práctica fuera del mercado.

A eso hay que sumarle que China actúa sin ningún tipo de control en el desarrollo de tecnologías que incorporan IA. Los límites aprobados recientemente por Bruselas chocan frontalmente con esa manera de actuar sin respetar los derechos individuales, debido a que el Estado considera a sus ciudadanos como súbditos.

Por último, China se ha posicionado del lado de Rusia en la guerra con Ucrania, en la que Europa rechaza de forma decidida la invasión ordenada por el presidente Putin.

China quiere jugar sus propias bazas y su objetivo es superar económica, tecnológica y militarmente a Estados Unidos. Es decir, se quiere convertir en la superpotencia del siglo XXI a escala mundial.

Su expansión en África y América Latina preocupa a Estados Unidos. China es la verdadera obsesión de la Casa Blanca. Lo es ahora con Joe Biden y lo será con el presidente que le sustituya.

La política exterior de Xi Jinping se caracteriza por una cosa: apoyar a todo aquello que debilite a Estados Unidos. De ahí el posicionamiento a favor de Rusia en la invasión de Ucrania. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la UE, el gobierno chino no tiene que preocuparse por la opinión pública. El Estado, controlado por el Partido Comunista, lo abarca todo. Eso es lo que ha quedado de la revolución de Mao. La economía está basada en el crecimiento y en ganar mercados.

La revuelta de Tiananmén tan sólo fue un fogonazo de rebelión contra el régimen. De aquello no queda nada o casi nada. Ha vencido no sólo el aparato del Estado, sino ese espíritu de colaboración al que me refería antes cuando hablaba de la película Vivir y que lleva a que los chinos se sientan concernidos por un objetivo común.

En ese panorama, la UE se ha situado casi siempre del lado de Estados Unidos. Lógicamente, Europa debe hacer todo lo posible para defender los derechos humanos y la libertad en China, pero no debe olvidar que tiene sus propios intereses y que estos no siempre son coincidentes con los de EE.UU. Por ello, no habría que rechazar todo lo que provenga de China por principio, sino intentar colaborar en lo que sea beneficioso para los europeos. Lo cortés no quita lo valiente.

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Renovables, la mejor solución

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RENOVABLES,

LA MEJOR SOLUCIÓN

Frenar el calentamiento global y sus efectos adversos es uno de los principales retos de nuestra sociedad. Hace años que los líderes mundiales, mediante distintos organismos internacionales, proponen soluciones y compromisos en los que apenas se ha avanzado. El mejor ejemplo es el Acuerdo de París de 2015 en el que 196 países acordaron limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. Entre las soluciones para lograr este objetivo, las energías renovables cobran, cada vez más, un especial protagonismo.
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La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Como dice el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, «las renovables suponen el único camino hacia la verdadera seguridad energética, unos precios estables para la energía y oportunidades de empleo sostenibles».

Compromisos del G20
Los líderes mundiales del G20 -organismo que representa a dos tercios de la población mundial, el 85% del PIB mundial y más de 75% del comercio internacional- en su declaración conjunta hecha pública tras la cumbre de Nueva Delhi (India) los días 9 y 10 de septiembre, se comprometieron a adoptar acciones para abordar los desafíos globales del cambio climático poniendo el énfasis en la necesidad de «acelerar transiciones energéticas limpias y sostenibles» para mejorar la vida de los ciudadanos y «hacer posible un crecimiento fuerte y equilibrado que permita lograr los objetivos climáticos establecidos» en París.

«Ningún país debería tener que elegir entre luchar contra la pobreza y luchar por nuestro planeta. Buscaremos modelos de desarrollo que establezcan transiciones sostenibles, inclusivas y justas a nivel mundial, sin dejar a nadie atrás», se afirma en el texto. Para lograrlo, el G20 se comprometió a «mantener flujos ininterrumpidos de energía provenientes de diversas fuentes, proveedores y rutas, explorando caminos para mejorar la seguridad energética y la estabilidad del mercado, incluso mediante inversiones inclusivas para satisfacer la creciente demanda de energía» de acuerdo con los objetivos climáticos, al mismo tiempo que «promovemos mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres».

Los líderes mundiales asumieron el informe sobre Financiamiento de bajo coste para las transiciones energéticas preparado por la presidencia india junto con la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). En él se estima que «el mundo necesita una inversión anual de más de 4.000 millones de dólares, con una alta proporción de energía renovable». En este sentido, el G20 se comprometió a hacer todos los esfuerzos necesarios para triplicar la capacidad de energía renovable mundial a través de objetivos y políticas existentes, y «demostraremos una ambición similar con respecto a otras tecnologías de emisiones cero y bajas en función de las circunstancias nacionales para 2030». El compromiso incluyó también un reconocimiento específico a la importancia de los biocombustibles sostenibles en las estrategias de desarrollo de bajas emisiones y cero emisiones, para lo cual el G20 se mostró partidario de establecer una Alianza Mundial para los Biocombustibles.

La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario, añade, «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la energía eólica marina».

 

«NINGÚN PAÍS DEBERÍA TENER QUE ELEGIR ENTRE LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LUCHAR POR NUESTRO PLANETA”, SEÑALÓ EL G20 TRAS LA CUMBRE DE NUEVA DELHI

 

Países en desarrollo
El G20, en cuya cumbre de septiembre participó por primera vez la Unión Africana como miembro, se comprometió a integrar mejor las perspectivas de los países en desarrollo, incluidos los PMA (Programa Mundial de Alimentos de la ONU), los PDSL (Programa de Acción para los Países en Desarrollo sin litoral) y los PEID (Programa de Acción para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo), en la futura agenda del G20 y fortalecer la voz de los países en desarrollo en la toma de decisiones global. Por algo la cumbre celebrada en Nueva Delhi se desarrolló bajo el lema Somos Una Tierra, Una Familia y compartimos Un Futuro.

En su declaración final, los líderes mundiales reconocen las «necesidades, vulnerabilidades, prioridades y diferentes circunstancias nacionales» de los países en desarrollo. Por eso, «reconociendo que los países en desarrollo necesitan apoyo en sus transiciones energéticas hacia bajas emisiones de carbono, trabajaremos para facilitarles el acceso a financiación de bajo costo». Entre las acciones previstas se incluye promover mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres.

Lo fundamental para abordar esta crisis climática es dejar de depender de las energías generadas mediante combustibles fósiles, que son la causa principal del cambio climático.

Acciones de la UE
La Unión Europea lleva años dando pasos hacia una transición energética mediante iniciativas que promueven las inversiones en tecnologías limpias en el mercado único. «Como líder mundial en tecnologías limpias, la UE ha intensificado las ayudas financieras para acelerar su transición hacia la neutralidad climática. Como otros están haciendo lo mismo en todo el mundo, debemos asegurarnos de que los incentivos a las energías limpias utilizados en otros lugares no vayan en detrimento de la competencia leal. La financiación de tecnologías limpias debe brindarse en un espíritu de beneficio mutuo para mejorar la sostenibilidad climática y medioambiental del mundo y evitar una competencia de suma cero», indicó el pasado 23 de octubre Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas, a través de una comunicación de la Comisión.

 

LA UNIÓN EUROPEA LLEVA AÑOS DANDO PASOS HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DE INICIATIVAS QUE PROMUEVEN LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

 

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8% en 2021. Con un aumento medio anual de 0,67 puntos porcentuales desde 2010, alcanzar el nuevo objetivo de la UE del 42,5 % de aquí a 2030 requerirá un crecimiento mucho más rápido en los próximos años. Son datos del informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2023 publicado de 24 de octubre de 2023, en el que se subraya que «las emisiones de gases de efecto invernadero siguen disminuyendo de forma constante cada año, pero este ritmo debe aumentar para prácticamente triplicar las reducciones anuales, con el fin de cumplir nuestros objetivos para 2030». «Las conclusiones del informe muestran que el plan REPowerEU está dando resultados: la transición hacia una energía limpia, la diversificación y la eficiencia energética son las respuestas para aumentar nuestra seguridad energética y cumplir los objetivos del Pacto Verde», según Kadri Simson, comisaria responsable de Energía.

La transición a energías renovables

Naciones Unidas apunta cinco formas de reactivar la transición a energías renovables:

1. Hacer de las energías renovables un bien global al alcance de todos, de forma que se «eliminen los obstáculos que impidan el intercambio de conocimientos y la transferencia tecnológica, incluyendo las barreras impuestas a los derechos de propiedad intelectual».

2. Mejorar el acceso global a sus componentes y materias primas.

3. Nivelar las condiciones para implantar estas tecnologías en energías renovables.

4. Cambiar los subsidios destinados a los combustibles fósiles a las energías renovables, ya que «los subsidios para los combustibles fósiles son tan ineficaces como injustos». En todos los países en desarrollo, alrededor de la mitad de los recursos públicos destinados a un gasto que ayude al consumo de los combustibles fósiles beneficia a un 20% de la población con mayor riqueza, según el FMI. Este cambio, además de reducir las emisiones también contribuye al desarrollo de una economía sostenible, a la creación de empleo, a una mejor salud para la población y a una mayor igualdad, en particular para las comunidades más desfavorecidas y vulnerables en todo el planeta.

5. Una triple inversión en renovables. Según IRENA, al menos se necesitan invertir 4.000 millones de dólares anuales en energías renovables hasta 2030 para alcanzar el cero neto en emisiones en 2050. Para la ONU, con esta inversión «la reducción de la contaminación y el impacto negativo del cambio climático podría llegar a ahorrar al mundo hasta 4.200 millones de dólares cada año hasta 2030.

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8 % en 2021.

OTROS ENFOQUES

THE CONVERSATION: El texto analiza la situación de las renovables en España y subraya que «para que la transición energética sea real y efectiva es preciso que su aplicación en la vida cotidiana de los ciudadanos tome cuerpo».

ETHIC: La autora aborda los «mitos» sobre las capacidades reales de las renovables.

REAL INSTITUTO ELCANO: El análisis desgrana los costes de las tecnologías limpias y su impacto positivo sobre las economías.

«Por unas renovables responsables con el entorno», por José Luis Gallego

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JOSÉ LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“El desarrollo de la eólica y la fotovoltaica es necesario, pero debe cumplir con el obligado compromiso de preservar los valores naturales del territorio”

Por unas renovables responsables con el entorno

El progreso de las energías renovables es una de las herramientas básicas para avanzar hacia un modelo energético más limpio, seguro y sostenible. Un modelo que contribuya a la descarbonización de nuestra economía y al cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE a fin de evitar los peores escenarios hacia los que nos conduce el calentamiento global.

Unos objetivos que vienen marcados por lo que dicta la legislación ambiental europea, según la cual la UE deberá reducir en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, para seguir avanzando desde ahí hacia el objetivo final de ser climáticamente neutra en 2050. El reto es mayúsculo, pero el compromiso de los veintisiete al respecto no solo se mantiene, sino que se refuerza año tras año.

Para contribuir a ello la actual legislación ambiental europea establece que en 2030 al menos un 32% del consumo energético en la UE proceda de fuentes renovables. Si tenemos en cuenta que en España ese porcentaje se sitúa actualmente en el 20,7% y que hace siete años estaba en el 15,8%, está claro que en los próximos siete vamos a tener que redoblar los esfuerzos para incrementar en más del doble el ritmo actual en la implantación de las renovables.

Pero esa necesidad como país, ese objetivo compartido por todos, no puede justificar la relajación de los reglamentos destinados a evitar el impacto negativo de su implantación en el medio ambiente ni en las comunidades locales.

Porque si bien es cierto que para avanzar hacia la neutralidad climática es necesario alcanzar un modelo energético libre de emisiones de GEI, también lo es que, para garantizar la conservación de nuestra valiosa y amenazada biodiversidad, dicho modelo no puede desarrollarse a costa de poner en riesgo a la naturaleza. Algo que, como demuestran los manifiestos científicos y las protestas ciudadanas y confirman las numerosas denuncias y sentencias en contra, no se está cumpliendo.

Por ejemplo, las maniobras del cabildeo que se están llevando a cabo desde los sectores de las renovables, y de manera muy especial desde el lobby eólico y el fotovoltaico, han conseguido que, como dispone el Real Decreto Ley 20/2022, los proyectos de más de 50 MW no estén sujetos ni a evaluación ambiental ni a autorización administrativa. Y esa patente de corso, ése ceda el paso a los macro proyectos renovables por su prioridad climática, nos sitúa en un nuevo escenario legal donde la responsabilidad ambiental recae principalmente en la voluntad de los promotores.

Un escenario abierto al conflicto en el que los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos pueden empezar a caer en paracaídas sobre nuestros campos con el visto bueno del gobierno central, pero sin que las comunidades locales tengan derecho a conocer los expedientes ni a formular alegaciones en su contra, como está sucediendo en todo el país.

Para evitarlo, para lograr una implantación responsable de las renovables, es necesario que la crisis del clima y la crisis de la biodiversidad se aborden de manera conjunta, pues ambos conflictos se retroalimentan. El propio panel de expertos en cambio climático de la ONU, el famoso IPCC, lleva años advirtiendo que el cambio climático está acelerando la pérdida de biodiversidad en todo el planeta, lo que a su vez reduce la capacidad de respuesta para combatirlo.

La intensidad y la frecuencia de los fenómenos vinculados al calentamiento global, como las sequías extremas, los megaincendios forestales, la acidificación de los océanos, el avance de la desertificación o la desaparición de humedales está reduciendo la capacidad de la naturaleza de absorber y fijar las enormes cantidades de GEI que emitimos a la atmosfera, agravando aún más sus consecuencias. De ahí la urgente necesidad de salir cuanto antes de esa dinámica y entender que las acciones para mitigar el cambio climático deben estar basadas en la naturaleza, no en su contra.

En ese sentido, un reciente informe de la organización conservacionista WWF señalaba que la restauración de los ecosistemas silvestres degradados podría favorecer la absorción de alrededor de trescientos millones de toneladas de dióxido de carbono al año: una cantidad equivalente al conjunto de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de España. Si en lugar de ello degradamos todavía más ecosistemas con megaproyectos renovables implantados sin consenso estaremos agravando todavía más ambas crisis.

Las organizaciones ecologistas han sido las principales impulsoras de las renovables, y siguen apelando a su implantación. Pero no dejan de señalar la necesidad de que dicha implantación se lleve a cabo de una manera ordenada, consensuada con el territorio y responsable con la naturaleza.

Para ello reclaman una política energética basada en promover la eficiencia, que propicie una mayor participación ciudadana en el sistema eléctrico, con estímulos al autoconsumo doméstico y al desarrollo de las comunidades energéticas.

Reivindican que los proyectos de implantación de energías renovables se alejen de los espacios naturales protegidos, para redirigirlos hacia zonas mucho menos sensibles e incluso más propicias: como las cubiertas de los edificios, el entorno de los polígonos industriales o los espacios destinados a otras infraestructuras. Y en todo caso que se ubiquen en aquellos suelos degradados sin posible restauración ambiental.

En los últimos años los centros de investigación, las entidades conservacionistas y las instituciones públicas y privadas que trabajan en la defensa de la naturaleza han puesto a disposición de las administraciones y las empresas promotoras informes científicos, con mapas de implantación y zonas de exclusión, para lograr un despliegue responsable de las renovables. Unos informes que deberían ser vinculantes.

¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?

Suecia: a un paso de ingresar en la OTAN

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SUECIA:

A UN PASO DE INGRESAR EN LA OTAN

Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió su cooperación antiterrorista y reanudó las exportaciones de armas a Turquía.

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) continúa su proceso de crecimiento tras la reciente entrada de Finlandia y la próxima incorporación de Suecia, una vez levantado el veto que Turquía mantenía sobre los dos países nórdicos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Si Finlandia se convirtió en el socio número 31 de la OTAN el pasado 4 de abril, la entrada de Suecia está cada vez más cerca, según anunció el secretario general, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el 10 de julio en Vilnius, antes de la Cumbre de la OTAN celebrada los días 11 y 12 en la capital de Lituania.

Fin del veto turco. “Me complace anunciar que, tras la reunión que he mantenido con Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente Erdogan ha acordado remitir el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar su ratificación», declaró Stoltenberg a través de su cuenta de Twiter la víspera de la Cumbre de la OTAN. «Se trata de un paso histórico que hace a todos los aliados de la OTAN más fuertes y seguros”, añadió.

Queda por saber la fecha exacta en la que Turquía remitirá el Protocolo de Adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional para garantizar la ratificación, pero todos los aliados esperan que sea pronto. Suecia se convertirá entonces en el miembro 32 de la OTAN, reforzando así la frontera norte de Europa.

En la Cumbre de la OTAN en Madrid celebrada en junio de 2022, Suecia y Finlandia firmaron un memorando con Turquía donde se comprometían a hacer cambios en sus políticas en relación con los activistas y miembros del partido kurdo PKK, considerado por el gobierno de Ankara y la Unión Europea como un grupo terrorista. A cambio, Turquía se comprometió a levantar el veto al ingreso de ambos países nórdicos en la Alianza Atlántica. Suecia y Finlandia, países tradicionalmente neutrales, pidieron formar parte de la organización militar a raíz del inicio de la guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En el caso de Finlandia, Turquía levantó su veto en otoño y el país nórdico entró en la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023, coincidiendo en el 74º aniversario de la organización, durante una ceremonia celebrada en Bruselas encabezada por el presidente finlandés, Sauli Niinistö.

 

SUECIA SE CONVERTIRÁ EN EL MIEMBRO 32 DE LA OTAN, REFORZANDO ASÍ LA FRONTERA NORTE DE EUROPA

 

Acuerdos sobre terrorismo. Para Suecia, el proceso se ha alargado más debido a las negociaciones, no siempre fáciles, entre los gobiernos de Oslo y Ankara. Desde la Cumbre de Madrid, Suecia y Turquía han trabajado en estrecha colaboración «para abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de Turquía». Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió significativamente su cooperación antiterrorista contra el PKK y reanudó las exportaciones de armas a Turquía; en definitiva, cumplió con todos los pasos establecidos en el Memorándum Trilateral acordado en 2022, según informó la OTAN tras la reunión de su secretario general con Erdogan y Kristersson el pasado 10 de julio.

«Suecia y Turquía acuerdan hoy continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la Cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda», recoge la declaración aprobada tras la reunión del día 10. En la primera reunión de este Pacto de Seguridad, se añade en el comunicado que «Suecia presentará una hoja de ruta como base de su lucha continua contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones hacia la plena aplicación de todos los elementos del Memorándum Trilateral, incluido el artículo 4. Suecia reitera que no proporciona apoyo al YPG/PYD – considerada por la OTAN una ramificación del PKK – y a la organización descrita como FETÖ (Organización Terrorista Fetullahista) en Turquía».

 

LA QUEMA DE CORANES EN SUECIA, CASI A DIARIO, HA ENCENDIDO LOS ÁNIMOS Y ERDOGAN HA PEDIDO AL GOBIERNO SUECO QUE TOME MEDIDAS

 

Cuando parecía que todo estaba acordado, Erdogan sorprendió a finales de agosto con otra nueva exigencia al Gobierno sueco. «Suecia debe ante todo cuidar las calles de Estocolmo. Si no cuidan sus calles, si continúan estos ataques contra las cosas que consideramos sagradas, entonces no deberían culparnos», dijo Erdogan en declaraciones a la prensa turca. El dirigente turco hacía alusión a la quema de coranes que se ha sucedido en suelo sueco y danés desde el pasado mes de junio, casi a diario, y que ha encendido los ánimos de los países musulmanes con consecuencias imprevisibles desde el punto de vita diplomático. Para Erdogan, o el gobierno sueco toma medidas concretas para evitar estos sucesos o será difícil que el Parlamento de Ankara dé luz verde a la adhesión de Suecia en la OTAN.

Además, los gobiernos de Oslo y Ankara están de acuerdo en que «la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo, que continuará más allá de la adhesión de Suecia a la OTAN». En este sentido, el secretario general Stoltenberg volvió a confirmar que la OTAN «condena categóricamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones». Por eso, subrayó, «la OTAN intensificará significativamente su trabajo en este área, incluso mediante el establecimiento por parte del secretario general, por primera vez en la OTAN, del puesto de Coordinador Especial para la Lucha contra el Terrorismo».

Cooperación económica

Como parte de las negociaciones para levantar el veto a Suecia para su entrada en la OTAN, Turquía ha ido incrementando sus peticiones y exigencias al gobierno de Oslo con cuestiones económicas o poniendo sobre la mesa la candidatura de Turquía para entrar en la Unión Europea. En el comunicado hecho público el 10 de julio tras la reunión en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Vilnius, ambos mandatarios se comprometieron a salvaguardar el principio según el cual «no debe haber restricciones, barreras o sanciones para defender el comercio y la inversión entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos». En el punto seis del comunicado, Suecia y Turquía acuerdan también «intensificar la cooperación económica, a través del Comité Económico y Comercial Conjunto Turquía-Suecia. Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales». Y se subraya que Suecia «apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados».
QUEDA POR SABER LA FECHA EXACTA EN LA QUE TURQUÍA REMITIRÁ EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE SUECIA A LA GRAN ASAMBLEA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA RATIFICACIÓN

OTROS ENFOQUES

  • The Conversation: El texto recoge los cinco principales asuntos abordados en la Cumbre de Vilnius, entre los que está la próxima entrada de Suecia como miembro de la OTAN.
  • El Orden Mundial: Astrid Portero escribe sobre los beneficios que tiene para la OTAN la entrada de Suecia y Finlandia.
  • Política Exterior: Aborda los efectos de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y lo que esto supone para sus respectivas políticas de seguridad.

El caso de Ucrania

La reciente entrada de Finlandia en la OTAN y la próxima incorporación de Suecia suponen un importante paso de la Alianza Atlántica en su proceso de aumentar la seguridad frente a Rusia, sobre todo, tras la invasión de Ucrania. De hecho, los aliados acordaron en la Cumbre de Vilna en julio los planes de defensa más detallados y sólidos de la OTAN desde la Guerra Fría, fortaleciendo su compromiso con la inversión en defensa.

En ese proceso de reforzar la seguridad de occidente, la Cumbre de Vilnius supuso un espaldarazo a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelenskyy, invitado de excepción en la capital lituana. Los aliados acordaron dar luz verde a la incorporación de Ucrania como miembro de la OTAN y suprimir el requisito del MAP (Plan de Acción para la Adhesión, por sus siglas en inglés), reduciendo de dos pasos a uno el proceso de la entrada en la organización. “Emitiremos una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados acuerden que se cumplen las condiciones”, informó Stoltenberg tras finalizar la cumbre el 12 de julio en una declaración pública, asegurando a continuación que Ucrania está ahora “más cerca de la OTAN que nunca”. El secretario general enfatizó que los aliados deben asegurar que cuando termine esta guerra existan acuerdos fiables para la seguridad de Ucrania y, en este sentido, dio la bienvenida a que muchos aliados se hayan comprometido ya a proporcionar asistencia de seguridad a largo plazo a Ucrania. “Esto ayudará a disuadir cualquier futura agresión de Rusia después de que termine esta guerra”, dijo. “Las decisiones tomadas aquí en Vilnius marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansia el día en que nos reunamos como aliados”, concluyó Stoltenberg.

«La neutralidad es imposible con Putin en Moscú», por Casimiro García-Abadillo

EN PLENO DEBATE

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN”

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Cuando se creó la OTAN (4 de marzo de 1949) apenas si habían pasado cuatro años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, liderada por Stalin con puño de hierro, había participado junto a los aliados en la derrota de Hitler, pero aquella fue una alianza coyuntural, fruto del auxilio mutuo ante el expansionismo de la Alemania nazi. Ni Roosevelt, ni Churchill (presentes en la Cumbre de Yalta) se fiaron de Stalin.

Fue el entonces primer ministro británico el que acuñó la expresión “telón de acero” para describir la frontera entre los países europeos democráticos y los que quedaron bajó influencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

La OTAN nació precisamente como una organización de defensa, liderada por Estados Unidos, con la vista puesta en un enemigo común: la URSS, que había demostrado tener una enorme capacidad militar y que, además, pretendía extender el modelo comunista a escala global.

En los años 50 se instaura la llamada Guerra Fría, que ha marcado la política exterior mundial hasta la caída del comunismo.
Aunque Jrushchov hizo un amago de ingreso en la organización (1955), nadie creyó en su sinceridad. Poco después, el sucesor de Stalin creó el Pacto de Varsovia, una versión comunista de la OTAN, que actuó por primera vez para sofocar la revolución en Hungría en 1956.

También intentaron un acercamiento a la OTAN Gorvachov y Yeltsin. E incluso el propio Putin llegó a plantear la adhesión de Rusia en una conversación que mantuvo con Bill Clinton en Moscú en 2000.

A pesar del colapso del comunismo y la desintegración de la URSS, Europa Occidental y Estados Unidos siempre han mirado con recelo a Rusia, un país que cuenta con un poderoso arsenal nuclear y un gobierno con aspiraciones a restaurar el statu quo anterior a la caída del Muro de Berlín.

Al principio, Putin jugó a ser un presidente demócrata y se abrió a acuerdos de reducción de armamento con Estados Unidos. Durante algún tiempo la duda era: si Rusia ya no es el enemigo, ¿para qué necesitamos la OTAN?

La cruda realidad echó por tierra esa visión buenista sobre las intenciones de Putin. La invasión de Crimea en 2014 demostró que el neo imperialismo se había convertido en el eje fundamental para consolidar su poder en el interior.

Precisamente fue en esa fecha cuando Suecia recuperó el servicio militar obligatorio y echó marcha atrás en su idea de desmilitarizar la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico situado frente a Polonia y los países bálticos y también frente a la base naval rusa de Kaliningrado.

La invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022) ha sido un paso más, este ya definitivo, en la confirmación de que el expansionismo de Putin no es sólo un fin coyuntural, sino que forma parte de su esquema mental. Mientras Putin controle el Kremlin, el peligro de guerra global existirá.

La decisión de Finlandia y Suecia de incorporarse como socios plenos de la Alianza (hasta ahora sólo eran amigos muy cercanos) supone un cambio cualitativo en su estructura y en su capacidad. El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN.

La entrada de Suecia -que abandona casi dos siglos de neutralidad- estaba vetada hasta hace poco por Turquía, que alegaba que en ese país se daba refugio a los militantes del PKK (considerado terrorista por Ankara y por la UE). Ese escollo se salvó en la cumbre de Vilnius (Lituania) y Erdogan ha dado al ingreso sueco luz verde, que tendrá que ser ratificado por la Asamblea Nacional, probablemente a finales del mes de septiembre.

Las lecciones de este fortalecimiento de la Alianza no pueden ser más negativas para Putin. Empezó una guerra contra Ucrania que planificó casi como un paseo militar y sus tropas están empantanadas y sufriendo duros reveses. Quiso debilitar a la OTAN y lo que ha hecho ha sido fortalecerla, porque seguramente Suecia y Finlandia seguirían viviendo plácidamente en la neutralidad si no se hubiese producido la invasión de Ucrania. Y, por último, la cesión de Erdogan supone para Putin la pérdida de un importante aliado, al menos coyuntural, desde el comienzo de la guerra civil en Siria.

El presidente ruso está cada vez más aislado internacionalmente. Incluso China está marcando distancias respecto a una aventura que no puede acabar bien.

Al aislamiento exterior de Putin se suma la debilidad en el interior. El golpe del Grupo Wagner, y la posible complicidad de una parte de la cúpula militar con su caudillo Prigozhin ponen de relieve que el Kremlin ya no es una roca en torno a su jefe (posiblemente asesinado por su protector).

Ahora falta saber qué hará la OTAN sobre la petición de Zelenski de integrar como socio a Ucrania. El secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho que es pronto para tomar esa decisión, que Putin ha dibujado como una línea roja que abriría la perspectiva a un conflicto nuclear.

Lógicamente, si Ucrania entra ahora en la OTAN, podría apelar a su artículo 5, que establece que cualquier ataque a uno de sus socios se interpreta como un ataque al conjunto de sus miembros. Por tanto, el ingreso de Ucrania ahora supone una declaración de guerra de todos los países de la OTAN a Rusia.

Probablemente, ese paso sería imprudente. Pero la OTAN debe seguir apoyando a Zelenski con recursos e inteligencia, ya que una derrota de Ucrania sería un paso atrás de enormes consecuencias que daría a Putin un balón de oxígeno para seguir ejerciendo el papel de matón incontrolado que ahora desempeña.

Una bofetada de realidad

Estrategias para frenar la pérdida de la biodiversidad

EN PLENO DEBATE

ESTRATEGIAS PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

La pérdida de la biodiversidad es cada vez más alarmante. «Un millón de especies están amenazadas de extinción, los suelos se están volviendo infértiles y las fuentes de agua se están secando», asegura la Agencia de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Para tratar de frenar este proceso se celebró el pasado 19 de diciembre, en la ciudad canadiense de Montreal, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) en la que 196 países firmaron un «acuerdo histórico» para su protección.
MARTA RUIZ-CASTILLO
La Unión Europea quiere crear espacios protegidos que abarquen al menos el 30% de su superficie terrestre y marina.

Se trata de «un plan ambicioso para transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que, para 2050, se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza», además de concienciar a la población mundial de la importancia que tiene recuperar la diversidad ambiental porque, como subrayan los expertos, nos proporciona alimentos, agua dulce y aire limpio, y desempeña un papel importante en el equilibrio de la naturaleza, además de contribuir a hacer frente al cambio climático y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

Marco mundial.

La necesidad de actuar para recuperar la biodiversidad hace tiempo que es objeto de debates. En 1992, ante la creciente preocupación general por el estado de conservación de la biodiversidad, 168 países establecieron un marco legal y político para hacer frente a la pérdida de especies animales y vegetales. Fue durante la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Se firmó el Convenio sobre Biodiversidad Biológica por el que se reconoce la biodiversidad como «un recurso esencial para la vida en la Tierra y para nuestro bienestar».

Ahora, en Montreal, los países firmantes han acordado, entre otras medidas, conservar el 30% de su territorio terrestre y el 30% de sus mares. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «los sistemas alimentarios son responsables de la mayor parte de los cambios en el uso de la tierra y la conversión de hábitats. Son la principal causa de la pérdida de biodiversidad y responsables del 80% de la deforestación y del 70% del uso de agua dulce». El acuerdo insta a los gobiernos y a los ciudadanos, en general, a «una gestión sostenible de las zonas agrícolas, acuícolas y forestales; la reducción a la mitad del desperdicio mundial de alimentos, y una reducción significativa del consumo excesivo y la producción de residuos».

 

LA DIVERSIDAD AMBIENTAL NOS PROPORCIONA ALIMENTOS, AGUA DULCE Y AIRE LIMPIO

 

Invertir en naturaleza

Desde el punto de vista financiero, el programa propone «invertir en la naturaleza» porque «ofrece la oportunidad de generar 10.000 millones de dólares en valor empresarial y crear 395 millones de puestos de trabajo». Según la agencia de medio ambiente, es necesaria una «gestión ambiciosa» que permita «redirigir el capital privado hacia una economía verde y alinear los flujos financieros con los objetivos mundiales de biodiversidad, al tiempo que se evitan los peligros del uso de los combustibles fósiles y de llevar a cabo proyectos que dañan el medio ambiente». En concreto, el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares al año en financiación nacional e internacional, tanto de fuentes públicas como privadas de aquí a 2030. También pide que se eliminen gradualmente las subvenciones que perjudican los ecosistemas en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030.

«Cada gobierno, cada empresa, cada inversor y cada individuo debe hacer lo que esté en su mano para proteger y restaurar la naturaleza, hacer frente al cambio climático y reducir masivamente la contaminación y los residuos», manifestó la directora ejecutiva de la agencia, Inger Andersen.

Aparte de los acuerdos suscritos, de la Cumbre de Montreal salieron cuatro objetivos globales más a largo plazo, para 2050, que incluyen mantener, mejorar o restaurar la integridad, conectividad y resiliencia de todos los ecosistemas, «aumentando sustancialmente el área de los ecosistemas naturales para 2050». Además, los niveles de extinción y el riesgo de todas las especies deben reducirse y tiene que mantenerse la «diversidad genética dentro de las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, salvaguardando su potencial adaptativo».

También plantea que se gestione y se utilice la biodiversidad de manera sostenible» y «se restauran aquellos ecosistemas que actualmente están en declive, lo que respalda el logro del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras para 2050». Se aboga también por poner los medios adecuados para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal «siendo accesibles equitativamente para todas las partes, especialmente los países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, cerrando progresivamente la brecha financiera de la biodiversidad de 700 mil millones de dólares por año».

Políticas de la UE.

En el marco de la Unión Europea también existe una estrategia de aquí a 2030, presentada en mayo de 2020, que incluye crear espacios protegidos que abarquen al menos el 30% de la superficie terrestre y marina de la UE, ampliando la cobertura de los espacios de Natura 2000 existentes.

También se quieren recuperar los ecosistemas degradados en toda la UE mediante medidas concretas como reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50% y plantar 3.000 millones de árboles en toda la UE. Además, el compromiso de los 27 incluye asignar 20.000 millones de euros al año a la protección y el fomento de la biodiversidad a través de fondos de la UE y financiación nacional y privada, además de crear un ambicioso marco mundial en materia de biodiversidad.

 

INVERTIR EN LA NATURALEZA OFRECERÍA LA OPORTUNIDAD DE GENERAR 10.000 MILLONES DE DÓLARES EN VALOR EMPRESARIAL Y CREAR 395 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO

 

Otras políticas de la UE para proteger la biodiversidad incluyen las Directivas sobre aves y hábitats, la Directiva marco sobre el agua y la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Por otro lado, para financiar medidas sobre el terreno destinadas a proteger y restaurar la naturaleza está el Programa LIFE. Iniciado en 1992, es el único programa de financiación de la UE dedicado por entero a objetivos medioambientales y climáticos. Desde su creación, ha cofinanciado más de 5.000 proyectos.

España, el país más vulnerable

Dentro de la UE, España es uno de los países con mayor diversidad biológica debido a su situación geográfica, su diversidad geológica, la gran variabilidad climática, orográfica y edáfica, la historia paleobiogeográfica y la existencia de islas. Más del 80% del total de especies de plantas vasculares que hay en Europa y más del 50% de las especies animales se concentran en España, que tiene la mayor variedad de aves, mamíferos y reptiles y ocupa el tercer puesto en diversidad de anfibios y peces, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Al mismo tiempo, España es el lugar más vulnerable del continente, con el mayor porcentaje de especies amenazadas, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). «En total, unas 350 especies de flora y fauna». Así se indica en el informe La biodiversidad en estado de emergencia. Quince medidas para salvar la naturaleza en España. Unas medidas que incluyen elaborar planes de gestión de la Red Natura 2000 marina y terrestre con objetivos concretos de conservación y coordinados con los planes hidrológicos; ampliar la red de parques naturales y actualizar la estrategia nacional de humedales; ampliar la red de reservas marinas de interés pesquero; recuperar las poblaciones de las especies amenazadas, y aprobar un plan de acción contra las especies invasoras. WWF propone también aprobar una ley de cambio climático y transición energética, y un plan nacional de reducción del agua subterránea sobre explotada para garantizar la conservación de espacios naturales protegidos. Para esta entidad, «es urgente pasar a la acción y abordar esta grave crisis que amenaza el futuro del planeta y de nuestra propia especie».

Día Internacional de la Diversidad Biológica

En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra cada 22 de mayo para conmemorar la entrada en vigor del Convenio CDB de 1992, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que «hay que presionar a gobiernos y empresas para que tomen medidas más contundentes y rápidas contra la pérdida de biodiversidad y la crisis climática».

Bajo el lema Del acuerdo a la acción: Recuperar la biodiversidad, este 22 de mayo ha estado dedicado a evaluar la crisis medioambiental actual y a promover la aplicación del marco acordado en Montreal. “Ya se trate del aire que respiramos o de los alimentos que comemos, de la energía que nos impulsa o de las medicinas que nos curan, nuestras vidas dependen por completo de la buena salud de los ecosistemas”, dijo Guterres, lamentando a continuación que «nuestras acciones están devastando todos los rincones del planeta”.

Los científicos calculan que en la actualidad un millón de especies de plantas, insectos, aves y mamíferos están en peligro de extinción en todo el mundo, y la actividad humana tiene mucho que ver con ello.

OTROS ENFOQUES, MISMO TEMA

The Conversation: El artículo se centra en la responsabilidad ambiental de los ciudadanos para reducir «la destrucción de nuestro planeta».

Revista National Geographic: Alerta sobre las principales amenazas para la biodiversidad del planeta y qué se puede hacer para preservar el medio ambiente.

Science: La revista establece una clara interrelación entre la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, al tiempo que plantea la necesidad de afrontar ambas «crisis» de forma unitaria a la hora de buscar soluciones para evitar un mayor impacto sobre el planeta

«¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?», por Jose Luis Gallego

EN PLENO DEBATE

JOSE LUIS GALLEGO,
divulgador ambiental

"La pérdida de biodiversidad es, junto a la crisis climática, el dilema medioambiental más importante que debemos afrontar”

¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?

La biodiversidad del planeta, el conjunto de seres vivos con el que compartimos existencia y del que formamos parte inseparable, está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. La tasa de extinción de especies se está acelerando a tal ritmo que muchos científicos hablan ya de la ‘sexta extinción’ masiva que sufre la Tierra: el último de los cinco episodios anteriores ocurrió hace 65 millones de años y acabó con la existencia de los dinosaurios.

En su edición más reciente, la de 2022, el informe Planeta Vivo, publicado con carácter bianual por la prestigiosa organización conservacionista WWF, revela una caída en picado de las poblaciones de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Este riguroso estudio, que viene elaborándose hace casi medio siglo en base a los trabajos llevados a cabo en distintas regiones del planeta por investigadores de todo el mundo, está considerado como el mejor barómetro para conocer las tendencias poblacionales de la vida silvestre en la Tierra. En su última entrega destaca que las poblaciones de vertebrados han descendido un 70% en tan solo 30 años.

Según los científicos, para detener y revertir esta precipitada merma de seres vivos en la naturaleza es necesario afrontar la crisis de biodiversidad conjuntamente con la crisis climática, pues ambas están íntimamente relacionadas y se retroalimentan. A tal fin sería necesario aumentar los esfuerzos en conservación y restauración de los espacios naturales, avanzar de manera mucho más firme y generalizada hacia modelos de producción más sostenibles, basados en la economía circular y que disocien crecimiento económico de agotamiento de recursos naturales. Así como emprender una rápida y profunda descarbonización de todos los sectores productivos para mitigar el calentamiento global que está alterando la vida en la Tierra.

Unos retos sin duda muy ambiciosos, pero los avances logrados con los últimos acuerdos internacionales permiten albergar esperanzas. En el último año se han aprobado dos grandes tratados sobre biodiversidad que merecen ser especialmente celebrados, tanto por su notable relevancia como por el alto nivel de consenso institucional, económico y social alcanzado.

En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad celebrada el pasado diciembre en Montreal, Canadá, las delegaciones de los casi doscientos países participantes subscribieron un convenio histórico para detener y revertir la degradación de los espacios naturales marítimos y terrestres del planeta, así como para proteger y recuperar la biodiversidad que albergan. El pacto alcanzado, conocido desde entonces como Acuerdo 30+30+30, persigue lograr la protección del 30% de la superficie terrestre y el 30% de los océanos para 2030, conseguir que el 30% de los ecosistemas hoy en día degradados estén restaurados para entonces y habilitar un fondo internacional de ayudas directas a la conservación de la naturaleza de 30 mil millones de dólares anuales.

El programa de actuaciones para cumplir con tan ambiciosos propósitos consta de cuatro objetivos principales y 23 metas, y hace una mención especial a la necesidad de detener los daños causados por el uso de agroquímicos, tanto en la contaminación de los suelos y las aguas como en la pérdida de biodiversidad, especialmente en los insectos polinizadores. En este importante aspecto hay que recordar que, tal y como alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de los cultivos de frutas y verduras que nos sirven de alimento dependen de la polinización. Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones de los seres vivos que nos prestan este servicio, como abejas y mariposas, están en regresión. Esta es una clara demostración de hasta qué punto la pérdida de biodiversidad afecta directamente a la economía y a la sociedad en su conjunto.

Tras alcanzarse el acuerdo, el representante de la delegación europea, el comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevičius, no dudó en calificarlo como “el momento París para la biodiversidad del planeta”, aludiendo a la histórica aprobación del Acuerdo de París sobre el clima que tuvo lugar en la cumbre celebrada en 2015 en la capital francesa y que supuso un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Una cita muy bien traída para señalar la necesidad urgente de prestar la misma atención a frenar la pérdida de biodiversidad que a la adaptación y mitigación del cambio climático.

El pasado mes de marzo se lograba otro gran pacto internacional sobre biodiversidad, en este caso marina. Tras casi veinte años de negociaciones, el acuerdo alcanzado en la sede de la ONU en Nueva York por los delegados de la Conferencia sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional, sentaba las bases jurídicas para declarar protegidas en 2030 el 30% de las aguas internacionales de los océanos, es decir las situadas más allá de los límites jurisdiccionales de los países.

La aplicación del llamado Tratado de Alta Mar’ va a suponer un reto mayúsculo, ya que en la actualidad tan solo un 3% de dichas aguas goza de alguna figura de protección. Pero representa un paso de gigante para proteger la biodiversidad de los océanos “de los intereses destructivos que amenazan la salud de los océanos en alta mar”, tal y como destacaba el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la clausura del encuentro. Una victoria que el mandatario no dudaba en atribuir “al enorme trabajo llevado a cabo durante todos estos años por las organizaciones ecologistas, la sociedad civil, las instituciones académicas y la comunidad científica”.

Conviene mantener la ambición y perseverar en el esfuerzo para frenar la pérdida de biodiversidad que sufre el planeta: desde las regiones desérticas a los grandes humedales; desde las zonas polares hasta las selvas tropicales; desde las cumbres de las montañas a las zonas costeras y los fondos marinos. No podemos ni debemos cejar en el esfuerzo. Pero sería injusto y arbitrario no reconocer los avances que se están dando para lograrlo.

El largo camino hacia una política fiscal común

EN PLENO DEBATE

EL LARGO CAMINO HACIA UNA POLÍTICA FISCAL COMÚN

MARTA RUIZ-CASTILLO
La UE lleva años dando pasos hacia la creación de un Mercado Único de Capitales que no acaba de llegar.

El anuncio realizado en febrero por Ferrovial, empresa de infraestructuras y servicios española, de trasladar su sede social a Países Bajos, y acordada por mayoría en la Junta General de accionistas celebrada en abril, ha vuelto a poner de manifiesto la anómala situación que supone para la UE carecer de una política fiscal armonizada en vez de 27 modelos distintos.

Las instituciones europeas llevan años debatiendo cómo acordar una política fiscal de convergencia para que las ventajas impositivas en algunos Estados miembros no sean un reclamo para empresas de otros países socios con mayor presión fiscal. El principal avance, hasta ahora, ha sido la aprobación por el Consejo Europeo de la propuesta realizada por la OCDE en su informe presentado en julio de 2022 de establecer una «reforma histórica» del sistema fiscal internacional, que asegurará que las multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%. Ferrovial mantiene que su decisión no tiene que ver con pagar menos impuestos, sino con su deseo de salir a Bolsa en el mercado de Wall Street, algo que, asegura, no puede hacer desde España. Las voces más críticas, entre las que se encuentra el Gobierno, acusan al presidente de Ferrovial, Rafael de Pino, de «irse» para no pagar el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Ejecutivo. La decisión, en todo caso, plantea de nuevo la pregunta de si Países Bajos es un «paraíso fiscal» dentro de la UE o no, y la importancia de acabar con 27 políticas fiscales diferentes y las deslocalizaciones.

¿Más cerca de la convergencia fiscal?

En diciembre de 2022, el Consejo Europeo aprobó por unanimidad «la propuesta de Directiva de la Comisión por la que se garantiza un tipo impositivo efectivo mínimo para los grandes grupos multinacionales», recogido en el citado informe de la OCDE, que cuenta con el acuerdo de 137 países. Los 27 tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para transponer la nueva normativa que abarca un conjunto común de normas sobre la forma de calcular el tipo impositivo mínimo efectivo del 15%. Unas normas que afectarán a las multinacionales y a los grupos nacionales de gran tamaño presentes en la UE con unos ingresos financieros superiores a 750 millones de euros al año.

 

LAS INSTITUCIONES EUROPEAS LLEVAN AÑOS DEBATIENDO CÓMO ACORDAR UNA POLÍTICA FISCAL DE CONVERGENCIA

 

Se aplicará, según explica la Comisión Europea, «a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE». Además, en el caso de que el tipo efectivo mínimo «no sea aplicado por el país en el que esté establecida una filial, se contempla que el Estado miembro de la sociedad matriz pueda aplicar un impuesto complementario».

Cada Estado miembro de la UE tiene su propio régimen fiscal tanto para los ciudadanos como para las empresas. Acabar con esta situación que, según los dirigentes europeos, «es uno de los retos prioritarios que la UE debe resolver a corto plazo», genera situaciones indeseadas y de desigualdad entre los países miembros, además de fraude fiscal.

Una prioridad para los 27.

La política fiscal se ha vinculado siempre a la soberanía de los Estados miembros, pero la lucha contra el fraude fiscal es compartida por los países europeos y la UE, de ahí que la convergencia de la política fiscal se haya convertido en una «prioridad». Desde 2020, el Parlamento Europeo cuenta con una subcomisión permanente de asuntos fiscales, establecida para «apoyar a la comisión de asuntos económicos y monetarios en fiscalidad y luchar contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales». Además, se encarga de la transparencia financiera en la fiscalidad. Ha habido, incluso, una comisión de investigación que identificó «fallos en las disposiciones fiscales». En relación con el impuesto de sociedades y la evasión fiscal existen propuestas parlamentarias como «la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)» que, entre sus objetivos, tiene el hacer frente a obstáculos y distorsiones graves del mercado como consecuencia de la existencia de 27 sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades para «evitar los riesgos de doble imposición y la planificación fiscal agresiva»; o abordar la situación de las tasas impositivas de las «empresas con presencia digital significativa» para permitir a los Estados miembros que graven las ganancias obtenidas en su territorio, incluso si una empresa no está físicamente presente allí.

Mercado Único de Capitales.

La UE lleva años dando pasos hacia la creación de un Mercado Único de Capitales (UMC) que no acaba de llegar. En noviembre de 2021 la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas que cumplía con los compromisos clave de su Plan de Acción para la Unión de Mercados de Capitales de 2020. En él, incluía ayudar a conectar las empresas de la UE con los inversores, mejorar el acceso de las empresas a la financiación, ampliar las oportunidades de inversión para los inversores minoristas, e integrar mejor los mercados de capitales. La Comisión Europea se propuso impulsar durante 2022 la Unión del Mercado de Capitales. «La UMC se propone lograr el flujo del ahorro y la inversión en todos los Estados miembros, beneficiando a los ciudadanos, los inversores y las empresas, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que estén establecidos». La Comisión admitía entonces que se trataba de una «tarea compleja» que requería «avanzar en todos los ámbitos en los que todavía existen obstáculos a la libre circulación de capitales».

El 7 de diciembre de 2022 la Comisión presentó nuevas medidas para avanzar hacia la UMC que incluían, entre otras, hacer «aún más fácil la cotización de las empresas en las bolsas de valores y les damos más opciones de financiación», explicó Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas. «Las nuevas normas garantizarán unas condiciones de competencia equitativas, así como el apoyo a los inversores, la promoción de la libre circulación de capitales y el refuerzo del mercado mediante el establecimiento de salvaguardias y normas comunes adaptadas a la era digital», indicó, por su parte, el Comisario Didier Reynders.

 

EL PRINCIPAL AVANCE HA SIDO LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO EUROPEO DE LA PROPUESTA DE LA OCDE DE QUE LAS MULTINACIONALES ESTÉN SUJETAS A UN TIPO IMPOSITIVO MÍNIMO DEL 15%

 

Para Mairead McGuinness, comisaria responsable de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, lo aprobado por la CE supone dar «tres grandes pasos» hacia la UMC. En materia de compensación, «estamos desarrollando la capacidad de las infraestructuras del mercado en la UE, y al mismo tiempo manteniendo abiertos nuestros mercados». La propuesta apoyará los mercados de capitales de la UE, ofrecerá a las empresas más opciones de compensación y mantendrá la estabilidad financiera. En cuanto a la admisión a cotización, «estamos facilitando a las empresas el acceso a más tipos de financiación, reduciendo los costes y la burocracia para las empresas que desean cotizar en los mercados bursátiles de la UE». Y respecto a la insolvencia, las medidas buscan eliminar uno de los mayores obstáculos entre los mercados nacionales «ofreciendo a los inversores más seguridad en cuanto a la duración de los procedimientos de insolvencia y el importe que podrían recuperar, y hará que sea más probable que inviertan en empresas de otro Estado miembro».

Competitividad mundial

El hecho de que la política fiscal europea siga dependiendo de cada Estado miembro, más allá de las propuestas planteadas por la Comisión Europea, supone que la UE «avance de forma desigual». Como recordaba el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, en su intervención en Nueva Economía Forum el 7 de marzo en Madrid, la UE ha conseguido poner en marcha un mercado interior, ha desarrollado al máximo las cuatro libertades -circulación de capitales, mercancías, personas y de prestación de servicios-. «Hemos dado a las empresas un pasaporte que pueden utilizar igual que el pasaporte que todos nosotros utilizamos en su momento; pero, en cambio, no hemos armonizado suficientemente una serie de políticas, incluida la política fiscal». Eso «crea desajustes». Para el portavoz del Parlamento Europeo, «aparte de que hay que avanzar en serio en una armonización de la política fiscal europea, empezando por la política fiscal de las empresas, el reto verdadero es la competitividad», no tanto entendida como «competencia entre países de la UE sino competencia ante el resto del mundo y, fundamentalmente, ante EE.UU». En su opinión, la convergencia de la política fiscal, entre otros retos, es una cuestión de «voluntad política».

El caso Ferrovial

La decisión del Consejo de Administración de Ferrovial, el 28 de febrero, de proponer a la Junta General de Accionistas «la fusión de la matriz del grupo Ferrovial, S.A. con su filial íntegramente participada, Ferrovial International SE, mediante absorción de la primera por la segunda», supondrá trasladar el domicilio social a Países Bajos. La explicación que ha ofrecido la empresa obedece a la «internacionalización creciente de Ferrovial, que tiene el mayor volumen de su actividad en el exterior» y el deseo de cotizar en EEUU. Nada que ver, asegura, con una posible inseguridad jurídica de España, como se dijo en un primer momento, o con pagar menos impuestos.

Al Gobierno, muy crítico con el anuncio, no le queda más remedio que cumplir el mercado único y la libre circulación de capitales, aunque siga estudiando posibles vías para evitar que Ferrovial cambie su domicilio fiscal. En este sentido se enmarca el análisis realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsa y Mercados Españoles (BME) a instancias del Gobierno para valorar la decisión de Ferrovial. La conclusión, de la que se hicieron eco todos los medios el 24 de marzo, es que las empresas españolas pueden pedir su cotización en la bolsa de Estados Unidos sin ningún impedimento y, por lo tanto, no es necesario que trasladen su sede social fuera de España, una opinión que no comparte la empresa. «Esta operación es la mejor contribución que Ferrovial puede hacer a la sociedad», aseguró su presidente, Rafael del Pino, tras aprobarse el 13 de abril por mayoría de la Junta General de accionistas el traslado de su sede social.

Otros enfoques

Cinco Días: El análisis de José Luis Escario se centra en el problema de la competencia fiscal europea y cómo se ha dado prioridad a las libertades del mercado único sin prever una mínima convergencia tributaria.

El Economista: Carlos Simón y Víctor Blanco abordan el caso Ferrovial desde la perspectiva de la cotización en la bolsa de EE.UU. y el impacto directo en el volumen de negociación de las compañías.

Infolibre: El artículo responde, a través de opiniones de expertos, a la pregunta: ¿puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos?

«Una fiscalidad europea para un mundo complejo», por Enrique Feás

EN PLENO DEBATE

ENRIQUE FEÁS,
técnico comercial y economista del Estado e investigador principal del Real Instituto Elcano

"La supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen”

Una fiscalidad europea para un mundo complejo

La historia de la fiscalidad europea está íntimamente ligada a la evolución de la propia complejidad del proyecto europeo, y podríamos decir que ha atravesado cuatro fases.

En una primera fase, en las primeras décadas tras el Tratado de Roma, era un mero instrumento presupuestario para recabar los recursos necesarios para financiar las políticas comunes, primero aranceles (denominados recursos propios tradicionales), y luego otros recursos complementarios basados en el IVA y en la renta nacional bruta (denominados atípicos, pero que terminarían siendo los más típicos).

En los años 80, con el avance del mercado único europeo, se entró en una segunda fase en la que el objetivo pasó a ser minimizar las distorsiones en su funcionamiento, como las divergencias en fiscalidad indirecta, que dificultaban las transacciones y perpetuaban la necesidad de fronteras físicas. Por ello, en los años 90 se optó por la armonización de la estructura de IVA e impuestos especiales, con el establecimiento de reglas uniformes para el cálculo de bases imponibles, el principio general de tributación en destino y un sistema de compensación.

En paralelo, el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones facilitó la expansión de las cadenas de suministro globales. Poco a poco las multinacionales comenzaron a reubicarse en países de tributación más favorable, protegidas por la resistencia de los Estados miembros a armonizar la imposición directa (más vinculada a la soberanía). Algo que se veía venir: ya el Informe Werner de 1970 advertía que un adecuado funcionamiento del mercado único requeriría armonizar la estructura de los impuestos con una influencia directa en los movimientos de capitales dentro de Europa, como el de sociedades.

Al abrigo de la unanimidad, por tanto, algunos países europeos favorecieron la creación en su territorio de auténticos paraísos fiscales, con tramposas estructuras como el “doble irlandés”, el “sándwich holandés” o el “solo maltés”. Paraísos fiscales que, pese a lo que a menudo se cree, no se sustentan en bajos tipos impositivos, sino más bien en lagunas legales y en definiciones laxas del concepto de hecho imponible o de residencia fiscal, o en el tratamiento de dividendos y royalties. Como se demostró con el IVA, cuando se trata de evitar distorsiones lo importante no es tanto armonizar los tipos como armonizar la estructura del impuesto.

Por otra parte, la tecnología fue añadiendo complejidad a la imposición, en especial con el desarrollo de los servicios digitales, que difuminaron conceptos fiscales antes muy evidentes, como el lugar de realización del hecho imponible o el de establecimiento permanente: ¿cómo gravar a empresas con millones de clientes pero sin establecimiento permanente y con servicios prestados desde ubicaciones imprecisas?

Con el cambio de siglo, en cualquier caso, se inició una tercera fase en Europa, derivada de la creación del euro, que implicaba renunciar a tipo de interés y tipo de cambio y por tanto la necesidad de contar con mecanismos de estabilización conjuntos en caso de crisis. Comenzó entonces un importante debate sobre la posibilidad de la UE de obtener nuevos recursos propios, y el esfuerzo se concentró en dos áreas: gravar capacidades de pago aún no gravadas (como las transacciones financieras, las actividades digitales o parte de una base armonizada del impuesto de sociedades) y aplicar impuestos medioambientales desincentivadores (a emisiones, residuos, o productos importados intensivos en carbono). Pero no es fácil: lo primero se ve dificultado por la alta movilidad del capital, y lo segundo por un contexto de inflación y de cooperación internacional bajo mínimos. ¿Cómo establecer aranceles medioambientales o impuestos a multinacionales extranjeras sin esperar fuertes represalias?

Hay que decir, sin embargo, que la crisis financiera de 2008 y la del euro aumentaron de forma considerable la presión social sobre los paraísos fiscales (europeos y no europeos), generando incentivos para reducir las prácticas de fiscalidad agresiva y avanzar en un acuerdo multilateral en el seno de la OCDE y el G20 para garantizar una mínima tributación de las multinacionales. Si los dos pilares ya acordados de esta iniciativa se culminan con éxito, la UE podría renunciar a aplicar arriesgadas iniciativas unilaterales.

La cuarta fase de la fiscalidad europea se deriva de la crisis del Covid y, sobre todo, de la invasión rusa de Ucrania, eventos que han venido a poner de manifiesto la existencia de bienes públicos europeos, como las vacunas, la independencia energética, la defensa, la tecnología digital y medioambiental (en un contexto de guerra de subsidios de política industrial), el aprovisionamiento de materias primas clave, o la estabilidad financiera. Si admitimos que existen estos bienes públicos europeos, entonces su provisión a nivel nacional resultará insuficiente. ¿Cómo financiar estas necesidades europeas del siglo XXI? ¿Cómo evitar que las empresas europeas emigren a otros países como EE.UU. con mejores condiciones de suministro energético, materias primas y apoyo industrial?

En un mundo cada vez más complejo y menos cooperativo, la supervivencia de la UE está condicionada a la posibilidad de obtener recursos fiscales imprescindibles para hacer frente a los desafíos que vienen. La UE puede seguir engañándose, esperando que las cosas mejoren, o puede armarse de valor y audacia y disponerse a reformar tratados, o al menos a iniciar mecanismos de cooperación reforzada. Lo que en el siglo XXI la UE no puede permitirse es seguir con un mercado interior ineficiente por falta de voluntad armonizadora de unos pocos ni afrontar la financiación de imprescindibles bienes públicos europeos sin mecanismos fiscales comunes.