La revolución del euro digital se abre camino

ÁMBITO EUROPEO

La revolución del euro digital se abre camino

The digital euro revolution comes forward

El BCE acelera la preparación de su divisa digital, la cual podría traer en un lustro cambios significativos para el mundo de los pagos y sacudir el sistema financiero.

JORGE VALERO

@europressos

En junio de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital. La posibilidad de que sus 2.800 millones de usuarios pudieran usar este token disparó las alarmas de bancos centrales, reguladores y gobiernos, con sacudidas que todavía se sienten hoy. Su iniciativa, inicialmente bautizada como Libra y que ha terminado por conocerse como Diem, fue la chispa que impulsó la creación de versiones digitales de monedas soberanas en medio planeta. Y entre todos los bancos centrales, ninguno ha pisado el acelerador tanto como el Banco Central Europeo.

Apoyo generalizado. «El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer”, dijo en abril el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayando la “relevancia» de este proyecto. Pero la introducción de estas monedas digitales puede provocar un auténtico terremoto en el sistema financiero, si los ciudadanos convierten sus depósitos en los nuevos euros digitales, que custodiarán las arcas (o, mejor dicho, los servidores) de los bancos centrales. Por eso, las autoridades de todo el planeta, y en particular el BCE, están gestionando con paciencia y mucho cuidado todos los aspectos técnicos y regulatorios de sus monedas digitales.

Como dijo en abril la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tras un largo periodo de desarrollo, el campo [de las monedas digitales] está en la cúspide de cambios importantes”. Si hace cinco años tan solo unos pocos países estaban inmersos en estos proyectos, como Suecia y China, ahora al menos 80 bancos centrales están digitalizando sus monedas. Tras más de un lustro experimentando, China está bastante avanzada con sus proyectos piloto, mientras que. Bahamas ya ha introducido este año la primera moneda digital desarrollada por sus autoridades.
Tal y como reconoció el BCE, fue la idea de Facebook de lanzar su moneda digital la “poderosa llamada de atención” para que los países se pusieran las pilas. La generalización de los pagos digitales durante la pandemia del covid-19 ha terminado de dar el empujón definitivo.

Porque en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico, en la que el uso del efectivo continúa disminuyendo, las autoridades monetarias son conscientes de que, si no desarrollan ellas sus propias versiones digitales, otros países u entidades privadas ocuparán ese hueco, con el riesgo que supone para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

En este contexto, un euro digital facilitaría los pagos al ofrecer mayor capacidad de elección a los consumidores, ya que no sustituirá a las monedas y billetes. Además, abaratará las transacciones electrónicas y facilitará la innovación en los pagos minoristas, también con la posibilidad de nuevos servicios ofrecidos por intermediarios como bancos y otras plataformas de pago.

Ningún banco central ha acelerado más los trabajos para sondear la posibilidad de crear una moneda digital que el BCE. Aunque China y Suecia llevan la delantera, el banco con sede en Fráncfort ha conseguido en poco más de un año y medio realizar un primer estudio de fondo, llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para su posible desarrollo, concluir una consulta pública, cuyos datos presentó en abril, y tiene previsto arrancar en los próximos meses un proyecto piloto para probar las diferentes características técnicas de la divisa digital.

Por su parte, EE.UU. arrancó los trabajos para desarrollar un dólar digital en la segunda mitad de 2020, mientras que el Banco de Inglaterra también va un par de pasos por detrás.

Reforzar el rol del euro. Para Europa, el desarrollo del euro digital también está vinculado a su voluntad de reforzar la soberanía europea en el planeta y, más en concreto, el papel internacional del euro. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable del euro digital en la institución, comentó recientemente que «un euro digital podría protegernos de la posibilidad de que un medio de pago digital público o privado -emitido y controlado desde fuera de la zona euro-, desplace los ya existentes, lo que podría plantear problemas de regulación y amenazar la estabilidad financiera o, incluso, nuestra soberanía monetaria y financiera”.

Pero como ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es un proyecto que aún llevará tiempo: al menos cuatro o cinco años.

La razón para esta demora es que esta innovación acarrea también algunos riesgos y despierta preocupaciones. Una de las principales es el terremoto que podría provocar en el sistema bancario. Dado que el BCE sería el emisor y custodio de los euros digitales, los ciudadanos podrían decidir trasladar sus depósitos bancarios tradicionales a las seguras manos de los bancos centrales y sus nuevos depósitos de euros digitales, sobre todo con la memoria fresca de la gran crisis bancaria de 2008. Esta fuga de depósitos hundiría una de las principales fuentes de financiación de la banca europea, añadiendo más dificultades a su crónica baja rentabilidad, en comparación con sus pares estadounidenses.

Para evitar ese peligro, Panetta indicó que una de las posibilidades que se estudian es limitar a 3.000 euros la cantidad de la divisa digital que podría tener cada ciudadano, con penalizaciones si se sobrepasan estos límites. Además, el BCE también prevé reservar un rol de intermediación para la banca, lo que les permitirá desarrollar nuevos servicios con los monederos digitales y continuar explotando sus servicios de pagos, los cuales representan casi un tercio de los ingresos de la banca minorista.

Pero la sacudida podría ser importante. Un estudio de Bank of América estima que se podría producir una fuga de fondos de la banca al BCE de hasta un billón de euros, casi un quinto de los ingresos vinculados a las nóminas de los europeos, y que representan uno de los pilares de la financiación para las entidades.

Trabajo por delante. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses, alrededor del verano, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si empieza “una fase de investigación formal” sobre el euro digital. En esta fase, el BCE analizará posibles opciones de diseño y especificaciones técnicas para el usuario, así como las condiciones en las que los intermediarios financieros podrían ofrecer servicios basados en el euro digital.

“Esperamos que este análisis lleve dos años. Al final de esta investigación, el Consejo de Gobierno tomaría una decisión sobre el diseño y si avanza para aplicar los requerimientos de usuario”, señaló Panetta en abril.

En este estadio posterior, el cual llevaría de nuevo varios años, se crearían servicios integrados, se realizarían más pruebas y “posiblemente una experimentación en vivo del euro digital”, añadió el italiano.

Paso a paso, prueba a prueba, y tras largos años de estudios, consultas, discusiones y trabajo, el Consejo de Gobierno decidiría entonces si lanza o no el euro digital, superado el ecuador de esta década. Un avance que todavía es un pequeño paso para muchos que desconocen su naturaleza, pero un gran paso para la economía europea y su sistema financiero.

Bitcoin y el euro digital

El bitcoin y el euro digital comparten similitudes, pero también significativas diferencias. Ambos son tokens digitales que se utilizarán como medio de pago. No obstante, el bitcoin, basado en la tecnología de blockchain (registro único descentralizado) también es utilizado por inversores para especular. Al no estar respaldado por ninguna institución o cesta de bienes, ni tener como referencia ninguna moneda (como es el caso de Diem con el dólar) su valor ha sufrido una enorme volatilidad, pasando de los 9.600 euros el pasado septiembre a superar los 43.000 euros a finales de abril. Por el contrario, los usuarios del euro digital podrán tener la misma confianza que en sus monedas y billetes, ya que la versión digital contará con el firme respaldo del BCE.

Bitcoin and the digital euro
Bitcoin and the digital euro share various similarities but also significant differences. Both are digital tokens that will be used as a means of payment. Bitcoin however is based on blockchain technology (decentralized distributed ledger) is also used by investors to speculate. As it is not backed by any institution or back of assets, nor it has any currency as a reference (as in the case of Facebook’s Diem with the dollar) Bitcoin value has suffered enormous volatility over the past years. Over the past months, it skyrocketed from 9,600 euro last September to exceeding 43,000 euro at the end of April. On the contrary, users of the digital euro will be able to have the same level confidence as in their coins and banknotes, since the digital version will have the strong support of the ECB.

in English

The ECB is accelerating the preparation of its digital currency, which could bring significant changes to the world of payments in five years and shake up the financial system.

In June 2019, Facebook announced the launch of a digital currency. The possibility of having its 2.8 billion users using this token sounded the alarm bells of central banks, regulators and governments around the world.

Facebook’s initiative, initially named Libra and now called Diem, triggered the creation of digital versions of sovereign currencies around the planet. And no central bank accelerated the preparatory work as the European Central Bank.

General support. «The digital euro is not an option, it is something we have to do,» said ECB Vice President Luis de Guindos last April, underlining the «relevance» of this project. But the introduction of digital currencies can cause a huge impact in the financial system, if citizens convert their deposits into digital euros, damaging one of the main sources of financing for the banking system. For this reason, authorities from across the world, and in particular the ECB, are carefully managing all the technical and regulatory aspects of their digital currencies.

IMF managing director Kristalina Georgieva said in April that, ”after a long period of development, the field [of digital currencies] is on the cusp of major changes”. While only a few countries were involved in these projects five years ago, such as Sweden and China, now at least 80 central banks are digitizing their currencies. Beijing is quite advanced with its pilot projects, while The Bahamas already introduced the first digital currency developed by its authorities this year.

As the ECB admitted, it was Facebook’s Libra project the “wake-up call” for countries to get involved. The spread of digital payments during the covid-19 pandemic gave a fresh push to the initiative.

In a society marked by technological development and the declining use of cash, monetary authorities are aware that, if they do not develop the digital versions of their sovereign currencies, other countries or private entities will fill that gap, posing a risk to monetary sovereignty and financial stability.

Against this backdrop, a digital euro would facilitate payments by offering greater choice to consumers, as it will not replace coins and banknotes. In addition, it will make electronic transactions cheaper, and facilitate innovation in retail payments, also with the possibility of new services offered by intermediaries such as banks and other payment platforms.

No central bank has sped up the work more than the ECB. In just over a year and a half, the Frankfurt-based institution has managed to carry out a first in-depth study, reach an agreement with the European Commission on its possible development, concluded a public consultation, whose results presented in April, and has plans to start a pilot project in the coming months to test the technical requirements of the digital currency.

Meanwhile, the US started developing a digital dollar in the second half of 2020, while the Bank of England remains a couple of steps behind.

Strengthening the role of the euro. For the  EU, the development of the digital euro will also help to strengthen the European sovereignty on the planet and, more specifically, the international role of the euro. Fabio Panetta, member of the Executive Committee of the ECB and responsible for the digital euro in the institution, said that «a digital euro could protect us from the possibility that a public or private digital means of payment – issued and controlled from outside the euro zone -, displace the existing ones, which could pose regulatory problems and threaten financial stability or even our monetary and financial sovereignty ”.

But as the President of the ECB, Christine Lagarde, already said, it will take at least four or five years before the digital euro sees the light of day.

The reason for this ample time is that this innovation also carries some risks and raises concerns. One of the main issues is that it could cause an earthquake in the banking system. Given that the ECB would be the issuer and custodian of digital euros, citizens could decide to transfer their traditional bank deposits into the safe hands of central banks and their new digital euro deposits, as the memories of the 2008 banking crisis remain vivid.

This deposit run would severely affect one of the main sources of financing for European banks, adding more difficulties to its chronic low profitability, compared with its US peers.

To address this risk, Panetta said that one of the possibilities under consideration is to limit to €3,000 the amount allowed for the new digital version, with penalties if these limits are exceeded. In addition, the ECB also plans to give intermediary role for banks, which will allow them to develop new services with digital wallets and continue to exploit their payment services, which represent almost a third of the income of retail banking.

Still, the impact could be significant. A Bank of America study estimated that up to a trillion euros could move from banks to the ECB, almost a fifth of the deposits of European’s salaries, which represent one their main pillars of financing.

Work ahead. But there is still a lot of work ahead. In the coming months, around the summer, the ECB Governing Council will decide whether to start «a formal investigation phase» on the digital euro. In this phase, the ECB will analyze possible design options and user requirements, as well as the conditions under which financial intermediaries could offer services based on the digital euro.

“We expect this analysis to take two years. At the end of this investigation, the Governing Council At the end of the investigation, the Governing Council would take a decision on the design and on whether to move to the implementation of user requirements, ”Panetta said in April.

In this later stage, which would take again several years, integrated services would be created, more tests would be carried out and «possibly a live experiment of the digital euro», added the Italian central banker.

Step by step, test by test, and after several years of studies, consultations, discussions and preparatory work, the Governing Council would then decide in the second half of this decade whether to launch the digital euro. An advance that is still a small step for many unaware of its nature, but a great step for the European economy and its financial system.

El temor a perder privacidad

Para los ciudadanos y organizaciones civiles, la principal preocupación que emerge del desarrollo del euro digital es la privacidad. Así se destila de las más de 8.000 respuestas enviadas durante la consulta pública del BCE.

Según explicó Panetta en el Parlamento Europeo el pasado abril, “la privacidad se consideró la característica más importante de un euro digital en aproximadamente el 43% de las respuestas”, aunque los consultados también añaden que la divisa digital debe tener características que permita evitar actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dos de los principales riesgos vinculados a criptomonedas como el Bitcoin.

Otras características importantes para los europeos son la posibilidad de utilizar el euro digital para pagos seguros (ocupa el primer lugar para el 18% de los encuestados); que se pueda usar en toda la zona del euro (enfatizado por el 11% de los encuestados); sin costes adicionales y fuera de línea (destacado por el 9% y el 8% de los encuestados respectivamente).

El énfasis dado a la privacidad nace del recelo de organizaciones y asociaciones civiles a que los bancos centrales puedan tener una ventana para controlar la vida y actividades económicas de los ciudadanos a través de sus pagos. Panetta dio la vuelta al argumento al señalar que el euro digital aumentará la privacidad en comparación con los servicios de pago actuales, los cuales recolectan información del usuario. Sin embargo, indicó que el anonimato del ciudadano debe ser considerado en relación con la protección de otros intereses generales, como la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, o la estabilidad financiera.

También explicó que el BCE está trabajando para intentar lograr un equilibrio entre las diferentes prioridades usando la tecnología. “Nuestras pruebas preliminares con un euro digital están mostrando resultados prometedores sobre cómo se puede utilizar la tecnología para proteger la privacidad del usuario sin relajar los estándares contra las actividades ilícitas”, aclaró. Por ejemplo, se puede separar la identidad de los usuarios de la información sobre los pagos, permitiendo que las oficinas de inteligencia financiera accedan a la identidad solo si se detecta una actividad sospechosa.

Fear of losing privacy

Nevertheless, citizens’s main concern is privacy, according to more than 8,000 responses sent during the ECB’s public consultation.

As Panetta explained in the European Parliament last April, «privacy was considered the most important characteristic of a digital euro in approximately 43% of the responses», although those consulted also added that the digital currency must have the necessary features that allow for avoiding illicit activities, such as money laundering or terrorist financing, two of the main risks linked to cryptocurrencies including Bitcoin.

Other important features for Europeans are the ability to use the digital euro for secure payments (ranked first for 18% of respondents), the possibility to use it throughout the euro area (highlighted by 11% of respondents ), and without additional costs and offline (pointed out by 9% and 8% of respondents respectively).

The emphasis given to privacy stems from citizens’ distrust of central banks interfering in their life and economic activities through their payments. Panetta turned the argument around by noting that the digital euro will increase privacy compared to current payment services, which collect users’ information. But he added that the anonymity must be considered in relation to the protection of other general interests, such as the fight against money laundering and terrorism financing, or financial stability.

He explained that the ECB is working to try to strike a balance between different priorities using technology.

«Our preliminary tests with a digital euro are showing promising results on how technology can be used to protect user privacy without relaxing standards against illicit activities,» he clarified. For example, the identity of users can be separated from information about payments, allowing financial intelligence units to access the identity of users only if a suspicious activity is detected.

Europa informa / Europe informs

Resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital

The results of the ECB public consultation on the digital euro

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Estudio del BCE sobre el euro digital

Study of the ECB on the digital euro

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«Una divisa digital al servicio de las personas», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

Una divisa digital al servicio de las personas

[email protected]

@joseramonpatter

José Ramón Patterson

Los pensionistas vascos son, probablemente, los más reivindicativos del país. Desde hace algo más de tres años han salido a la calle innumerables veces para, entre otras cosas, reclamar unas pensiones que les permitan vivir dignamente y denunciar la situación de las residencias geriátricas. A su catálogo de exigencias han añadido en las últimas semanas otra que ha pasado casi inadvertida porque apenas ha tenido eco en los medios de comunicación: que los bancos mejoren su atención, que consideran cada vez más deficiente debido al cierre de oficinas, la reducción de personal en las sucursales y la digitalización de muchos trámites y operaciones.

La pandemia ha agravado la situación y temen que las fusiones bancarias la empeoren todavía más. Nuestros hábitos han cambiado mucho estos meses (teletrabajo, comercio online) y se ha reducido el uso de efectivo, que, no obstante, sigue siendo el medio de pago minorista más habitual, según el Banco de España. Son los mayores de 64 años y los menores de 24 los que más lo emplean, esto es, los colectivos con menores ingresos y, por lo tanto, más vulnerables. En ambos casos prefieren el dinero contante y sonante porque, dicen, controlan mejor el gasto y porque las tarjetas bancarias conllevan costes añadidos que no se pueden permitir.

Y para disponer de efectivo hace falta acudir al banco, de ahí que las protestas de los pensionistas vascos tengan bastante sentido. Lo que no parece probable, sin embargo, es que su descontento logre frenar los planes para que monedas y billetes desaparezcan, aunque más tarde que pronto, en favor de tarjetas u otros medios de pago electrónicos, cuya utilización ha aumentado de forma considerable desde que comenzó la pandemia. Sus ventajas – rapidez, seguridad, facilidad de uso – son cuantiosas, pero su generalización y la consiguiente supresión del efectivo también pueden tener efectos muy negativos si no se hace de forma gradual.

Impulsado en parte por los cambios de comportamiento en la manera de comprar y pagar, pero sobre todo por la aparición de medios de pago privados y el proyectado lanzamiento de divisas digitales por China y Rusia, el Banco Central Europeo planea la introducción del “euro digital”, que para la Unión Europea sería un paso más hacia la ansiada digitalización de su economía; es decir, hacia la modernidad; además, claro, de un importante paso hacia la integración. Aparte de una mayor eficiencia, sus principales virtudes son que evitará la dependencia de otros medios de pago ajenos a la Eurozona y que, como el efectivo, también será dinero “público”, creado y custodiado por el BCE.

Ahora bien: ¿estamos preparados para asumir un cambio tan importante? La respuesta es no, al menos a corto y medio plazo. De hecho, pese a la ambición del proyecto, todo indica que no se llevará a cabo antes de cuatro o cinco años y que muy posiblemente seguirá un camino similar al que transitó el euro antes de que lo utilizasen los ciudadanos. Lo aconsejable, también en este caso, es ir despacio para avanzar de manera firme y sin dar traspiés que puedan malograr su desarrollo, lo que a su vez supondría un notable descrédito para la Unión Europea en un momento en el que lo que menos necesita son más agujeros en su línea de flotación.

Las bondades del “euro digital” son, como digo, incuestionables, pero su introducción tendrá consecuencias para el sistema financiero y la política monetaria, que por ahora son difíciles de pronosticar, e implica también riesgos nada desdeñables. Uno de ellos es la posibilidad de que los casi diez millones de pensionistas que hay en España -buena parte de ellos “analfabetos digitales”- queden al margen, aun cuando el dinero en efectivo siga circulando; otro, la exposición a ciberataques y a apagones de internet, intencionados o no, que podrían bloquear las transacciones.

Hace años, mientras estaba de vacaciones con mi familia en una pequeña isla del Mediterráneo, padecí lo que los técnicos suelen llamar “una caída del sistema”, en este caso la conexión a la red de cajeros de las cajas de ahorros. Sin efectivo en el bolsillo y con apenas un paquete de jamón de york y algo de queso en la nevera del apartamento, durante dos días no pude sacar dinero en ningún sitio. Aún recuerdo la cara de angustia de mi hija, entonces una niña, mientras recorríamos la isla en busca de restaurantes que todavía utilizasen lechugueras sin contacto a internet para cobrar con tarjeta. No encontramos ninguno, así que tuvimos que comer de fiado hasta que se arregló.

Suprimir completamente las monedas y billetes y sustituirlos por el “euro digital” no es, pues, una opción, al menos de momento. Llegará, pero tranquilos, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene prisa. Alguien me dijo una vez que la Unión Europea es un como un paquidermo: se mueve con lentitud y aparente torpeza, pero con pasos firmes. Y en el terreno económico todavía más. Sus decisiones tienen muchas implicaciones que afectan de una manera u otra a los ciudadanos, y doy fe de que, aunque en ocasiones no lo parezca, para Bruselas y Fráncfort, donde está la sede del BCE, la prioridad es una economía que sirva para reducir la desigualdad y la pobreza; o sea, al servicio de las personas.

 

 

 

 

 

English version

A digital currency at the service of the people

The pensioners of the Basque Country are probably bigger campaigners than anywhere else in Spain. For the past three years and more they have taken to the streets repeatedly to call for decent living pensions and to protest at the condition of the care homes, among other issues. Over recent weeks they have added to their list of demands another which has gone almost unnoticed, having scarcely been reflected in the media: better service from banks, which they see as increasingly poor because of branch closures, staff cuts and the digitalisation of many procedures and transactions.

The pandemic has aggravated the situation, and they fear that bank mergers will make things worse still. Our habits have changed a great deal over the past months (homeworking, e-commerce), and there has been a drop in the use of cash, which nonetheless remains the most common form of retail payment, according to the Bank of Spain. It is those aged over 64 and under 24 who use cash the most, in other words the groups that have the lowest income, and so are the most vulnerable. In both cases they prefer hard cash as they claim they can keep better control of their expenditure and because bank cards come with added costs they cannot afford.

And to withdraw cash they need to go to the bank, which is what makes the Basque pensioners’ protests so understandable. It seems unlikely, however, that their unhappiness will serve to halt plans for coins and notes to disappear, albeit later rather than sooner, to be replaced with cards and other electronic means of payment, the use of which has increased considerably since the pandemic began. They have many advantages (speed, security, ease of use), but their universal use and the corresponding elimination of cash could have very negative impacts unless it takes place gradually.

Driven in part by behavioural changes in the way we buy and pay, but above all the emergence of private means of payment and China’s and Russia’s plans to launch digital currencies, the European Central Bank is planning to bring in a “digital euro”, which for the European Union would represent a further step towards the sought-after digital transformation of its economy. In other words towards modernity, as well, of course, as a major step towards integration. Aside from greater efficiency, the main virtues of such a system are that it would avoid dependence on other means of payment from outside the Eurozone, and that just like cash, this will also be “public” money, created and safeguarded by the ECB.

However: are we ready to address such a major change? And the answer is no, at least in the short and medium term. In fact, despite the project’s ambition, all the signs are that it will not be implemented for the next four or five years, and will very possibly follow a similar path to the euro, before being used by the general public. It would also be advisable in this case to progress slowly but steadily, avoiding any missteps that could undermine its development, and would furthermore harm the reputation of the European Union at a time when the last thing it needs is another hole along its waterline.

The benefits of the “digital euro” are, as I say, unquestionable, but its introduction will have consequences for the financial system and monetary policy which for the moment are difficult to foresee, and likewise involve far from negligible risks. One of these is the possibility that the almost ten million pensioners in Spain, many of whom are “digital illiterates” would be left by the wayside, even if cash remains in circulation. Another would be exposure to cyberattacks and Internet blackouts, whether deliberate or not, which could block transactions.

A few years ago, while on holiday with my family on a small Mediterranean island, I suffered what technicians typically refer to as a “system outage”, in this case the connection to the savings bank ATM network. With no cash in my pocket and little more than a packet of ham and some cheese in the fridge of the apartment, it was two days before I could get money out anywhere. I can still recall the worried face of my daughter, who was still just a girl, as we roamed the island in search of restaurants that still used the old manual card machines for payments. We couldn’t find any, and so had to eat on tick until the problem was resolved.

The complete elimination of coins and notes, to be replaced with a “digital euro” is not an option, then, at least for the moment. It will come, but no need to worry, as the European Central Bank is itself in no hurry. I once heard someone say that the European Union is like a pachyderm: it is slow and seemingly clumsy in its movements, but treads firmly. And in the field of the economy, even more so. Its decisions have numerous implications that affect the general public in one way or another, and I can vouch that although it might sometimes not seem to be the case, for Brussels and Frankfurt, where the ECB has its headquarters, the priority is an economy that reduces inequality and poverty, in other words, that is at the service of the people.

«Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea», por Juan Martín Queralt

ÁMBITO EUROPEO

 
JUAN MARTÍN QUERALT
catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado

 

Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea

Una reciente sentencia del TJUE, de 3 de marzo de 2021, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana acerca de la compatibilidad del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica con el Derecho Comunitario. Compatibilidad que ha sido ratificada por el TJUE, haciendo gala de algo que viene repitiéndose con frecuencia en los pronunciamientos del tribunal comunitario: su versatilidad conceptual y la indudable permeabilidad a la toma en consideración de los efectos económicos derivados de sus fallos. Si a ello le añadimos los estrechos confines en que el legislador español –Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– ha configurado la responsabilidad del Estado legislador por la aprobación de leyes que vulneran el Derecho Comunitario –ley cuya adecuación al Derecho Comunitario también se encuentra pendiente de la decisión del TJUE- nos encontraremos con que las reflexiones que sugiere la sentencia del pasado 3 de marzo se proyectan sobre quicios esenciales de nuestro Derecho.

Incertidumbres y perplejidades. Veamos cuáles han sido los mojones que han acotado el camino que conduce a la sentencia del TJUE, mojones que han ido poniendo de relieve las incertidumbres y perplejidades que han azacaneado no poco las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica fue creado por Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad eléctrica, ley que expresamente lo calificó como impuesto de carácter directo y naturaleza real. En su preámbulo señala que, al amparo del art. 45 CE, perseguía armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por Auto de 14 de junio de 2016, el TS planteó cuestión de inconstitucionalidad por posible contradicción con el principio constitucional de capacidad económica, toda vez que la capacidad económica gravada por el impuesto – que, además, carecía de otra finalidad extrafiscal- podía encontrarse ya gravada por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Auto del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 inadmitió tal cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que, antes de emitir juicio sobre su constitucionalidad, debería resolverse la posible contradicción del Impuesto con el Derecho comunitario. Señala el TC:

“… al disponer los arts. 163 CE y 35.1 LOTC que la cuestión de inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal «aplicable al caso», ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión prejudicial del art. 267 TFUE. La incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y por tanto faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable…”

Con posterioridad -ATC de 20 de junio de 2018- el mismo TC entendió que no se produce doble imposición entre el IVPEE y el IAE, toda vez que:

“… debe en primer término subrayarse que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es de titularidad estatal, mientras que el Impuesto sobre Actividades Económicas es local, por lo que, al no entrar en liza ningún tributo autonómico, no resulta de aplicación el artículo 6 de la LOFCA que … es el único precepto del bloque de la constitucionalidad que establece una prohibición de doble imposición… Así pues, la doble imposición entre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto sobre Actividades Económicas no vulnera per se ningún precepto constitucional…”

Podía darse el caso de que, aun no existiendo prohibición de doble imposición, la existencia de un doble gravamen podría vulnerar la prohibición de confiscatoriedad ex art. 31.1 CE. Tampoco el TC entendió que se diera tal circunstancia, señalando en el antedicho ATC que:

“… en los casos en que el Tribunal ha debido analizar esta tacha siempre ha exigido a quien la denuncia la aportación de los correspondientes datos o argumentos que la sustenten…En el presente caso ni en el Auto por el que se promueve la cuestión ni, lo que es más revelador, en el recurso de Iberdrola Generación, S.A.U., que da lugar a la misma, se aporta dato o argumento alguno dirigido a fundamentar que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tenga alcance confiscatorio, lo que nos conduce a descartar esta imputación.”

Cuestión prejudicial. Con posterioridad, el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019 planteó cuestión prejudicial acerca de la conformidad o no del IVPEE con el Derecho Comunitario, inquiriendo aclaración acerca de: si el impuesto, calificado por el legislador español como directo, es, en rigor, un impuesto indirecto; si, pese a la calificación del IVPEE como impuesto medioambiental, este tributo persigue una finalidad esencialmente recaudatoria; si el principio de libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables se opone al IVPEE en la medida que concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema de apoyo previsto en el art. 2.k) y concordantes de la Directiva 2009/28/CE, y si el mencionado principio de libre competencia y los arts. 32, 33 y 34 de la Directiva 2009/72/CE se oponen al IVPEE por considerar que permite una discriminación positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red.

Finalmente, la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021 concluyó en la inexistencia de vulneración alguna del Derecho Comunitario por parte de la Ley española.

En apretada síntesis los artículos 1 y 3 de la Directiva 2009/28/CE – relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios.

El artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE– sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro.

Acerca de una cuestión esencial –naturaleza directa o indirecta del tributo- el TJUE se decanta por reconocer su naturaleza directa, como expresamente reconoce la ley española. Por tanto, impide que el impuesto sea repercutible como coste empresarial. Al menos, claro, en pura teoría.

Ancha es Castilla. Como anchos y portátiles son los conceptos de impuesto directo e indirecto, fin fiscal o extrafiscal. En el fondo, no muy en el fondo, aparecen las consecuencias económicas que para los Estados miembros conlleva la declaración de vulneración del ordenamiento comunitario. La vieja razón de Estado.

 

Abstract

Articles 1 and 3 of Directive 2009/28/EC, on the promotion of the use of energy from renewable sources, raise no objection to a national regulation establishing a tax levied on one single type of electricity generation and the corresponding input into the electricity system, likewise if the electricity is generated from renewable sources, and for the purpose not of protecting the environment, but increasing the level of budgetary revenues.

Article 107 TFEU, subsection 1, and Articles 32 to 34 of Directive 2009/72/EC, concerning common rules for the internal market in electricity, raise no objection to a national regulation establishing a national tax levied on the generation of electricity and the corresponding input into the electricity system within the territory of a Member State.

Regarding one essential issue (the direct or indirect nature of the tax), the TJEU opts for recognition of direct status, as explicitly recognised under Spanish law. This therefore prevents the tax from being passed on as a business cost. At least in purely theoretical terms, of course.

There is plenty of room for manoeuvre. And plenty of flexibility in the concept of direct and indirect tax, and tax and non-tax purposes. Deep down, or not so deep down, we arrive at the economic consequences for Member States of a declaration that they have breached Community legislation. The old issue of national interest. 

Europa quiere conquistar su soberanía digital

ÁMBITO EUROPEO

Europa quiere conquistar su soberanía digital

La UE invertirá al menos 7.500 millones de euros en desarrollar superordenadores y la inteligencia artificial, confiando la recuperación y el progreso en la agenda verde y el avance tecnológico.

 

JORGE VALERO

@europressos

La recuperación europea tras la pandemia del Covid-19 está orientada por tres grandes coordenadas: digital, ‘verde’ y soberanía. La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo. Pero, al mismo tiempo, la pandemia ha expuesto la dependencia europea en varios sectores críticos, desde el material médico hasta las vacunas, subrayando debilidades estructurales añadidas a otras más antiguas, como su dependencia energética o la etiqueta de ‘segundona’ en la carrera tecnológica.

Aprovechando el estreno de un nuevo marco presupuestario de algo más de un billón de euros, y la inyección del fondo de recuperación de 800.000 millones, Bruselas y los Estados miembros se disponen a dar un impulso al frente tecnológico guiado por esas tres coordenadas. No solo conseguirá desarrollar la agenda digital; también ayudará a progresar en el Pacto Verde Europeo y fortalecerá la soberanía europea frente a los gigantes tecnológicos de Sillicon Valley o los inmensos recursos de China.

El principal instrumento comunitario para acelerar esta transformación será el programa Europa Digital.

“La transformación digital en curso toca todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos adoptarla y asegurarnos de que tenga un efecto positivo en el crecimiento, el empleo y el bienestar de Europa, al tiempo que se cumplen nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad,” señala la Comisión Europea en el borrador de orientaciones estratégicas de este programa.

Nueva economía. “Pero hasta ahora, Europa no ha invertido colectivamente lo suficiente en las últimas tecnologías y existe un desajuste creciente entre la oferta y la demanda. Las empresas, el sector público y la comunidad académica tienen que buscar cada vez más fuera de Europa para acceder a las capacidades de informática, manejo de datos o ciberseguridad que necesitan, mientras que los ciudadanos a menudo carecen de las habilidades para prosperar en la nueva economía digital. Además, no todos los sectores y regiones geográficas de la UE se han beneficiado por igual de la innovación digital”, destaca la Comisión.

La UE destinará 7.500 millones de euros para desarrollar sus capacidades estratégicas en este campo, así como la transformación digital de la sociedad y la economía, con el objetivo de mejorar la competitividad europea y su soberanía tecnológica.

El programa apoyará inversiones en sectores clave como la supercomputación o la inteligencia artificial.

La mayor parte de los recursos se dedicarán al desarrollo de superordenadores (2.200 millones de euros); seguido de inteligencia artificial (2.000 millones); ciberseguridad (1.650 millones); la mejora de las capacidades digitales y la interoperabilidad (1.000 millones), y conocimientos digitales avanzados (577 millones). A estos fondos se sumará la cofinanciación que aportarán los Estados miembros (que dependerá de las diferentes iniciativas) y, en algunos casos, los recursos de las propias empresas.

Estos 7.500 millones de euros no serán los únicos recursos que Europa dedicará a su desarrollo digital los próximos años. Los Estados miembros además tendrán que dedicar un 20% de los fondos que reciban del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros, a las prioridades digitales. Este es el instrumento aprobado por los líderes europeos el pasado julio para superar la recesión causada por la pandemia.

Además, la UE también cuenta con dinero de Horizonte Europa, el gran fondo europeo para investigación e innovación, así como del Mecanismo Conectar Europa, que invierte en la infraestructura digital.

“El refuerzo de las capacidades digitales traerá un valor añadido verdadero a los ciudadanos europeos, y esto es aún más cierto con una pandemia que continúa apretándonos”, señaló en diciembre el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, cuyo país ocupaba entonces la presidencia rotatoria de la UE. “También es evidente que el sector digital jugará un papel clave en la recuperación económica tras el Covid-19, lo que hace del programa Europa digital un elemento vital del plan de recuperación”, añadió el ministro alemán.

Prioridades. El proyecto de orientaciones que publicó la Comisión a finales del pasado año representa el marco para las iniciativas que se irán presentando dentro de este programa.

El primer objetivo es convertir a Europa en una de las principales regiones de supercomputación mundial, adquiriendo al menos una supercomputadora a exaescala para 2021. Estos sistemas de computación aspiran a ser capaces de realizar un mínimo de un exaflop u operaciones de coma flotante por segundo. Existe una carrera global para ser el primer país en lograr este hito en la computación relacionado con el rendimiento del procesamiento de datos, con aplicaciones en la medicina avanzada o la meteorología.

Además, la Comisión Europea quiere actualizar las supercomputadoras existentes, con un centro muy destacado en Barcelona, y extender el uso de la informática avanzada a la industria, incluidas las pymes.

La segunda área prioritaria del programa es la creación de centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial en campos como salud, medio ambiente y clima, movilidad, manufactura y energía.

El tercer objetivo es reforzar la ciberseguridad, aprovechando para ello las ventajas que ofrece el cifrado cuántico, creando una infraestructura de comunicación paneuropea.

Además, se quiere impulsar la creación de un sistema de certificación para productos de ciberseguridad.

Se necesita personal. Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras. Por eso, la cuarta prioridad será crear programas de formación y master específicos para inteligencia artificial, informática avanzada y ciberseguridad.

Sin embargo, todo este desarrollo servirá de poco si no empapa el sector público y privado. Así, la quinta prioridad será la creación de la red de centros de innovación digital para proporcionar a las pymes y las Administraciones públicas el acceso a las últimas tecnologías.

La sanidad es uno de los campos que más se beneficia del desarrollo digital, lo que resulta aún más necesario en este periodo marcado por la pandemia. Por eso, el sexto objetivo será garantizar la transformación satisfactoria de los servicios sanitarios y asistenciales de la UE, mediante el despliegue de herramientas y servicios innovadores basados en la inteligencia artificial y el análisis de los datos.

Las dos últimas prioridades pretenden explotar las ventanas tecnológicas para luchar contra el calentamiento global, uno de los grandes ejes de actuación de la UE. Para ello, se buscará que las Tecnologías de la Información y Comunicación, sus productos y servicios, sean sostenibles, no solo abordando el enorme consumo energético que realizan, sino también alargando la vida útil de los equipos y facilitando su reciclaje.

La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo

Epicentro de la tecnología verde

“El volumen de datos global seguirá creciendo rápidamente. Es por eso que estamos fomentando infraestructuras adecuadas para servicios en la nube eficientes y ecológicos y centros de datos energéticamente eficientes. Europa será el epicentro de la tecnología verde,” comentó el pasado noviembre el comisario de Agenda Digital, Thierry Breton.

Se espera que el consumo de energía de los centros de datos en los Estados miembros de la UE aumente del 2,7% de la demanda de electricidad en 2018 al 3,2% para 2030.

Por último, la UE quiere extender las ventajas digitales a los ciudadanos, creando plataformas urbanas interoperables y seguras, que sirvan para operar diferentes servicios explotando los datos y usando la inteligencia artificial en el sector energético, la movilidad urbana, la gestión de residuos, la industria o el gobierno electrónico.

Europa opina

Página del Parlamento Europeo sobre el programa Europa digital (en inglés).

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Página de la Comisión Europea sobre la propuestaCompás digital

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Fabricación europea de semiconductores 

La conquista de la soberanía europea en el terreno digital y el esfuerzo para reducir la distancia con nuestros grandes competidores tiene numerosos frentes: el desarrollo del capital humano; contar con un sector financiero europeo de capital riesgo más voluminoso para apoyar a empresas pioneras y start-ups, y también apostar por una manufactura europea en sectores claves, para reducir dependencias de “alto riesgo” respecto a firmas de Estados Unidos o Asia.

Por eso, la Comisión Europea lanzó este marzo el plan Brújula digital, con el que detalla sus prioridades en este programa. Entre ellas, la UE aspira a producir sus propios semiconductores avanzados para 2030, una pieza clave para todo tipo de objetos que incorporan ordenadores.

Según la propuesta, Europa quiere que al menos el 20% de estos semiconductores se produzcan dentro de sus fronteras. En la actualidad, los grandes fabricantes de estos microchips se encuentran sobre todo en Asia, en países como Taiwan y Corea del Sur.

Este Compás Digital ahonda en las prioridades del programa Europa Digital, fijando una serie de metas para esta década. Entre ellas, la construcción de 10.000 centros con un consumo reducido de energía que faciliten el acceso a servicios de datos al sector privado; el desarrollo de un ordenador con aceleración cuántica para 2025, o extender el 5G en los principales centros urbanos para 2030.

La Comisión quiere establecer un sistema para controlar el progreso de los Estados miembros y publicará anualmente un informe para recopilar los avances conseguidos.

Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras

«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

[email protected]

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

"El virus que nos puso en evidencia"

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

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Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

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Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos

«Europa sienta las bases de nuestro futuro», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO

FRANCISCO FONSECA,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

[email protected]

 

Europa sienta las bases de nuestro futuro

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia del coronavirus es ya el acontecimiento histórico de las últimas décadas. Lo es, en primer lugar, por su dimensión sanitaria, por la tragedia de los miles de personas fallecidas y por el sufrimiento de todos los que han pasado la enfermedad o han tenido que adoptar severas medidas para preservar su salud y la de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, por el impacto económico de las decisiones adoptadas para contener la expansión del virus.

Hemos puesto a prueba nuestros sistemas de salud, el estado de bienestar y la capacidad de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo de afrontar un choque sin precedentes. España se encuentra entre los países más castigados por la crisis económica. La última previsión de la Comisión Europea ofrece una caída del PIB del 12,4 % para 2020. La tasa de paro se situaría ya en el 16,7%.

Ante este escenario, la Comisión Europea aprovechó de manera rápida y eficaz todas las oportunidades que nos brinda el presupuesto de la UE de manera urgente y flexible, apoyando el mantenimiento de los empleos y financiando los ERTEs a través de los más de 21.000 millones de euros para España del programa europeo SURE; apoyando la financiación de las PYMEs con 200.000 millones de euros o aprobando 240.000 millones más en líneas precautorias de crédito por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La virulencia de la pandemia nos ha enseñado que la transformación de nuestra economía ha pasado de presentarse como una opción política, a convertirse en una exigencia para la consolidación de nuestro modo de vida europeo basado en la salud y la protección social. Y esto explica el gran salto adelante que hemos dado con el Marco Financiero Plurianual adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre último.

La transición verde, la digitalización y la economía al servicio de las personas serán los tres ejes directores de los presupuestos europeos para el período 2021‐2027, en los que se incluyen los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, el NextGenerationEU, que no tiene precedentes en la UE, ni en importe, ni en rapidez y distribución para la inversión de los fondos. España va a ser uno de los máximos beneficiarios de este plan con más de 140.000 millones de euros, poniendo en valor el carácter redistributivo de los fondos europeos como catalizador de la recuperación económica, precisamente en aquellos países, regiones y sectores económicos que más están siendo golpeados por la crisis.

Como hemos insistido en los últimos meses, el presupuesto de la UE, junto con el NextGenerationEU, diseñado para impulsar de manera intensa la recuperación, serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,84 billones de euros para la reconstrucción de los sólidos cimientos de la Europa posterior a la COVID19.

“Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que,
sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá
más débil y protegerá peor a sus ciudadanos”

Más allá de la urgencia de la inversión en infraestructuras digitales o en proyectos de transformación verde, un capítulo emerge entre los más importantes del presupuesto de la UE: la inversión en investigación y desarrollo. La inversión en I+D es la plataforma sobre la que asentamos los pilares de nuestro crecimiento futuro. Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que, sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá más débil y protegerá peor a sus ciudadanos frente a los diferentes retos a los que se enfrenta.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” en expresión atribuida al Emperador Marco Aurelio.

Con solo un 7 % de la población mundial, Europa representa hoy un 20 % del total de inversión en I+D a escala global, es responsable de un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el farmacéutico, el químico o la ingeniería mecánica.

El programa de investigación señero del presupuesto europeo, el Horizonte 2020, ha sido hasta este año el mayor programa de investigación e innovación de la UE de todos los tiempos, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible en los últimos 7 años, sin contabilizar los fondos privados atraídos por la financiación pública.

Para su sucesor, el programa Horizonte Europa, la Comisión Europea ha propuesto aumentar su dotación hasta los 95.000 millones de euros a precios actuales, poniendo de manifiesto la voluntad decidida de la Unión Europea en este ámbito.

Estos fondos tienen el objetivo central de contribuir a apoyar la modernización de nuestras economías a través de la investigación e innovación; las transiciones climática y digital, a través de un gran apoyo a la investigación aplicada y a un partenariado público privado que juegue un gran efecto multiplicador; y, en fin, la preparación, recuperación y resiliencia de nuestras sociedades, a través del Fondo de Recuperación, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.

En suma, estos Fondos se van a destinar específicamente a apoyar la recuperación y a permitir un mayor apoyo europeo a las actividades de investigación e innovación relacionadas en tres pilares fundamentales: la salud, incluida la lucha contra la COVID19; la acción por el clima, y la garantía que Europa tendrá su propia autonomía estratégica en la digitalización de nuestra economía y sociedad.

Todos estos recursos puestos a disposición de los investigadores son esenciales para que Europa no pierda su liderazgo en muchos sectores y sea, a su vez, punta de lanza en otros, a la vez que seamos capaces de proteger lo que nos caracteriza como sociedades europeas: la protección social y la calidad de nuestros sistemas de salud.

Europa se construye respondiendo con urgencia a los daños sanitarios, sociales y económicos que se producen, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo, pero también lo hace mirando hacia adelante, apuntalando los cimientos de nuestras sociedades futuras. Y esto solo puede hacerse teniendo como prioridad apoyar, junto con los países de la UE, la inversión en investigación y desarrollo.

"Una ley en defensa de la libertad de expresión"

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

El plan “Próxima Generación UE” para superar la crisis del Covid-19 nació a partir de un pacto intergeneracional: los jóvenes pagarán el enorme endeudamiento que financiará el estímulo, a cambio de tener mejores oportunidades, y una Europa más ‘verde’ y digital.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado julio, los líderes europeos llegaron a un acuerdo histórico, en el sentido pleno de la palabra. Por primera vez, la UE se endeudará en los mercados en una cantidad sin precedentes para financiar un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros. Este estímulo masivo persigue superar no solo la mayor pandemia que ha sufrido Europa en un siglo, sino también la mayor crisis económica en las siete décadas de historia de la UE.

Los numerosos instrumentos y matices del paquete, las cientos de horas de negociación y miles de páginas que lo hacen realidad, envuelven el principio nuclear a partir del que surge: un pacto intergeneracional entre aquellos que toman las decisiones hoy, y las generaciones de mañana.

Europa va camino de dejar un planeta más contaminado y economías más endeudadas a los jóvenes. Por eso, quiere aprovechar el mazazo del Covid-19, para que el gasto sin precedentes que requerirá salir del agujero sea inversión productiva para transformar cómo vivimos y cómo producimos.

“Propongo un Pacto Generacional para el mañana”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el borrador del plan de recuperación en el Parlamento Europeo en mayo.

“Sí, los efectos de esta crisis significan que necesitamos realizar inversiones a una escala sin precedentes en la actualidad. Pero lo haremos de manera que la próxima generación de Europa coseche los beneficios mañana”, resaltó.

Explicó que se trata no solo de preservar los logros de la UE conseguidos durante siete décadas de integración europea, sino también para conseguir una Europa sostenible, impulsar la transición digital, la cohesión social y reforzar el peso de la UE en un mundo más competitivo e inestable.

Cómo logarlo. Y la herramienta para conseguirlo será el presupuesto comunitario ordinario, que durante los próximos siete años superará el billón de euros, y el fondo de recuperación frente a la pandemia, precisamente bautizado “Próxima Generación UE” (Next Generation EU). En total, más de 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones del fondo, un torrente de ayuda europea histórico para salir del agujero.

A España le corresponderán 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. El resto son préstamos en condiciones ventajosas, que el Gobierno ha señalado que no utilizará de momento.

No es la primera vez que la juventud está en el radar de las políticas comunitarias. Tras la pasada crisis, y el riesgo de una ‘generación perdida’ debido a las dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral, la Comisión lanzó en 2013 la llamada “Garantía juvenil”.

Se han beneficiado 24 millones de jóvenes de este instrumento. Sin embargo, ha tenido un impacto desigual, en parte debido a la rigidez del sistema y su ambición. El Tribunal de Cuentas de la UE ha cuestionado sus resultados, y en 2017 concluyó que no cumplió con las expectativas creadas. “Muchos jóvenes no han visto su impacto positivo sobre el terreno”, señaló por su parte Ludovic Voet, de la Confederación de Sindicatos Europeos, al medio Euractiv.

Como ya sucediera durante la pasada crisis, los jóvenes han sido de nuevo uno de los colectivos más expuestos al impacto de la recesión causada por el Covid-19. Por eso, junto al gran pacto intergeneracional que representa el fondo de recuperación a largo plazo, la Comisión también propuso el pasado julio una puesta a punto de la “Garantía Juvenil”.

La reforma ya estaba prevista cuando la Comisión von der Leyen tomó los mandos el pasado diciembre. Sin embargo, el impacto de la pandemia le dio nuevas dimensiones y una importancia adicional.

Así, el Ejecutivo comunitario propuso que al menos 22.000 millones de euros del presupuesto plurianual (2021-2027) se destinen al apoyo al empleo juvenil. Tal y como señaló entonces el comisario europeo a cargo de Empleo, Nicolas Schmit, “existe el riesgo de que los jóvenes sean víctimas de esta crisis, lo que podría llevar a una generación perdida o generación bloqueada”.

Schmit advirtió que los jóvenes en trabajos precarios, con contratos laborales limitados, y aquellos que aún no ingresaron en el mercado laboral, no están protegidos por los ERTEs y otros sistemas de corta duración establecidos por los Estados miembros para amortiguar las consecuencias del coronavirus.

Por eso, para la Comisión es importante enviar una «señal» a los jóvenes europeos, para mostrarles que «no se les olvida» en la salida de la crisis más profunda en la historia de la UE, explicó Schimt.

Parte de los 22.000 millones destinados a los jóvenes se canalizarán a través de la nueva Garantía Juvenil.

Compromiso. La Comisión mantiene el compromiso de recibir una oferta de empleo, educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses para quienes se apunten a la “Garantía Juvenil”. La novedad es que será más inclusiva, para evitar cualquier forma de discriminación, con un alcance más amplio a los grupos más vulnerables. Además, se vinculará con las necesidades de las empresas, proporcionando las habilidades requeridas, en particular las de las transiciones verde y digital, y se ofrecerán cursos preparatorios y asesoramiento, orientación y tutoría personalizados, para así facilitar la transición al mercado laboral.

La actuación de la Comisión para apoyar a los jóvenes también incluyó una recomendación para los Estados miembros sobre educación y formación profesional, para que los sistemas nacionales sean más modernos, atractivos, flexibles y alineados con la economía digital y verde. Y propuso dar un nuevo impulso a la Alianza Europea para el Aprendizaje, que ha puesto a disposición más de 900.000 oportunidades. Esta alianza apoya a las pymes y agrupa a sindicatos y organizaciones de empleadores.

El director del centro de análisis Bruegel, Guntram Wolff, considera que los 22.000 millones de euros son “insuficientes para los tres millones de jóvenes desempleados de la UE”, una cifra que probablemente aumentará durante los próximos meses. Por eso pide que las capitales aporten más.

“Europa no puede permitirse volver a olvidar a sus jóvenes. Las instituciones deben contribuir al esfuerzo de evitar otra generación perdida, y los responsables políticos nacionales, en particular, tienen que poner su grano de arena”, escribió Wolff en una tribuna publicada en El País el 11 de noviembre.

Una vez más, el viejo dicho de que Europa avanza a golpe de crisis se ha vuelto a cumplir con la germinación del fondo de recuperación, primer paso hacia la unión fiscal europea. Pero está por ver cuál será el impacto real del gran esfuerzo movilizado por las instituciones comunitarias y por los Gobiernos, para apoyar a la juventud y para garantizarles un futuro más digital y sostenible.

En juego no está solo salir de esta crisis, sino hacerlo garantizando los niveles de bienestar y seguridad que esperan los ciudadanos europeos, en un mundo más duro e inestable.

Draghi: apoyar a los jóvenes es un «imperativo moral»

El pasado mes de agosto, Mario Draghi señaló, en su primer discurso tras dejar la presidencia del Banco Central Europeo, que los gobiernos europeos se enfrentan a «un imperativo moral» para invertir en la educación de los jóvenes. “La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y tendrá que ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy”, comentó.

Por lo tanto, el italiano subrayó que “es nuestro deber equiparlos con los medios para pagar esa deuda, y hacerlo mientras vivimos en sociedades mejoradas”. Draghi, quien abandonó el BCE el pasado noviembre, dijo que “durante años, una forma de egoísmo colectivo ha llevado a los gobiernos a desviar la atención y los recursos hacia iniciativas que generen retornos políticos garantizados e inmediatos. Esto ya no es aceptable hoy“.

Draghi: Supporting young people is a “moral imperative” 

Mario Draghi said Last August in his first speech after leaving the presidency of the European Central Bank that European governments face «a moral imperative» to invest in the education for young people. «The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be repaid mainly by those who are young today,» he said.

Therefore, the Italian stressed that «It is therefore our duty to equip them with the means to service that debt, and to do so while living in improved societies.» Draghi, who left the ECB last November, said that “For years, a form of collective selfishness has led governments to divert attention and resources towards initiatives that generated guaranteed and immediate political returns. This is no longer acceptable today.

Los jóvenes, insatisfechos

A pesar del foco dado a las nuevas generaciones, el Foro Europeo de la Juventud no se mostró satisfecho con el gran acuerdo de la cumbre de julio.

“En un momento en que los jóvenes ya están soportando el peso de otra crisis más, este acuerdo presupuestario es una decepción. La mayoría de los programas sectoriales que se centran directamente en la juventud o que tienen el potencial de apoyar la transición hacia una Europa más justa, más social y ambientalmente sostenible, ahora no podrán cumplir sus ambiciosos objetivos”, señalaron en un comunicado.

El problema radica en que los líderes dieron un tijeretazo a la propuesta de la Comisión para numerosas partidas del presupuesto comunitario ordinario, como Erasmus, para hacer hueco al fondo de recuperación.

Además, el Foro añadió que, aunque “Próxima Generación UE” tiene previsto ofrecer oportunidades a los jóvenes en el mundo post-covid, no está claro qué recursos se destinarán del total de 750.000 millones. Principalmente porque el uso sobre el terreno de la ayuda europea dependerá de los planes de recuperación que preparen los Estados miembros, y que deberá aprobar la Comisión.

El Parlamento Europeo consiguió revertir parte de los recortes realizados por los líderes el pasado verano, y amarró 2.200 millones más para Erasmus durante las negociaciones con los Estados miembros, pasando a tener 23.400 millones para los próximos siete años.

Young people, dissatisfied

Despite the focus given to the new generations, the European Youth Forum was not happy with the deal achieved in the July summit.

“At a time when young people are  already bearing the burden of yet another crisis, this budget agreement comes as a disappointment. Most of the sectoral programmes with a direct focus on youth or with the potential to support the transition towards a fairer, more socially and environmentally sustainable Europe, will now not be able to meet their ambitious targets, the Forum said in a statement.

They criticised that EU leaders cut the Commission’s proposal for numerous programmes in the EU budget, such as Erasmus, to make room for the recovery fund.

In addition, the Forum added that although “Next Generation EU” plans to offer opportunities to young people in the post-covid world, it is not clear what resources will be allocated of the total of €750 billion, given that the implementation will depend on the national recovery plans drafted by the member states, and which must be approved by the Commission.

The European Parliament managed to reverse part of the cuts made by the leaders last summer, and added €2,2 billion more for Erasmus during negotiations with the member states, now totalling €22,4 billion for the next seven years.

in English

Helping young people to ensure the European recovery

“Next Generation EU” plan to overcome the covid-19 crisis was born from an intergenerational pact: young people will pay the huge debt that will finance the stimulus, in exchange for having better opportunities, and a more ‘green’ and digital Europe.

Last July, EU leaders reached a true historic agreement. For the first time, the EU will borrow an unprecedented amount from the markets to finance a € 750 billion recovery package. This massive stimulus seeks to overcome not only the biggest pandemic that Europe has suffered in a century, but also the most severe economic crisis in the EU’s seven-decade history.

The numerous instruments and nuances of the package, the hundreds of hours of negotiation and thousands of pages behind its implementation hide the core principle from which it came from: an intergenerational pact between today’s decision-makers , and the generations of tomorrow.

Europe is on its way to become more polluted and its economies more indebted for the young. For that reason, the Union wants to take advantage of the covid-19 crisis, to ensure that the unprecedented spending required to get out of the hole becomes a productive investment to transform how we live and how we produce.

«I propose a Generational Pact for tomorrow,» said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when presenting the draft recovery plan in the European Parliament in May.

“Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe’s next generation will reap the benefits tomorrow,” she stressed stressed.

She explained that it is not only about preserving the EU’s achievements conquered during seven decades of European integration, but also about progressing towards a sustainable Europe, promoting the digital transition, social cohesion and reinforcing EU’s weight in a more competitive unstable world.

How to do it. The instrument to achieve these lofty goals will be the EU budget, totalling more than one trillion euro over the next seven years, and the new recovery fund against the pandemic, named «Next Generation EU». In total, more than €1.8 trillion, including the fund’s €750 billion.

Spain will receive €140 billion from the recovery fund, of which €72 billion will be non-refundable grants. The rest are cheap loans that will remain untapped for the time being, the Government said.

It is not the first time that youth has been on the radar screen of the EU institutions. In the aftermath of the past crisis, and given the risk of a ‘lost generation’ due to the difficulties of young people to enter the labor market, the Commission launched in 2013 the“Youth Guarantee”.

Around 24 million young people have benefited from this instrument. However, it had an uneven impact, partly due to the rigidity of the mechanism and its bold ambition.

The EU Court of Auditors questioned its results, and in 2017 concluded that it did not meet the expectations created. «Many young people have not seen its positive impact on the ground,» Ludovic Voet, a representative of the European Trade Union Confederation, told Euractiv.

As it happened during the past crisis, young people have once again been one of the most affected groups by the impact of the recession caused by covid-19. For this reason, together with the intergenerational pact behind the long-term recovery fund, the Commission also proposed an overhaul of the “Youth Guarantee” in July.

The reform was already planned when the von der Leyen Commission took over last December. The impact of the pandemic however gave a new dimension and added fresh importance to its reform.

The EU Executive proposed that at least €22 billion of the EU’s multi-annual financial framework (2021-2027) be allocated to support youth employment. As EU commissioner in charge of Employment, Nicolas Schmit, pointed out in July, «there is a risk that young people will be victims of this crisis, which could lead to a lost generation’ or a ‘lockdown generation’».

Schmit warned that young people in precarious jobs, with limited employment contracts, and those who have not yet entered the labor market, are not protected by ERTEs and other short-term systems established by member states to cushion the consequences of the coronavirus.

For this reason, it is important for the Commission to send a «signal» to young Europeans, to show them that they are «not forgotten» in the exit from the deepest crisis in the EU history, he explained.

Part of the €22 billion earmarked for youth will be channeled through the new “Youth Guarantee».

In the revision, the Commission maintains the commitment to offer a job, education, apprenticeship or training proposal within four months for those who sign up for the “Youth Guarantee”.

The novelty is that it will be more inclusive, to avoid any form of discrimination, with a broader scope to ensure the participation of the most vulnerable groups. In addition, it will be linked to companies’ needs, providing the required skills, in particular those of the green and digital transitions, and preparatory courses and personalised advice, guidance and tutoring will be offered, to facilitate the transition to the labor market.

The Commission’s action to support young people also included a recommendation for member states on vocational education and training, to make national systems more modern, attractive, flexible and aligned with the digital and green economy. The institution also proposed to give new impetus to the European Alliance for Apprenticeships, which has made more than 900,000 opportunities available to date. This alliance supports SMEs and brings together unions and employers’ organizations.

The director of Bruegel, a think-tank, Guntram Wolff, said that the €22 billion are «insufficient for the three million unemployed young people in the EU», a figure that is likely to increase in the coming months. That is why he called on the capitals to contribute more.

“Europe cannot allow itself to forget its young people again. Institutions must contribute to the effort to avoid another ‘lost generation’, and national political leaders, in particular, have to do their bit,”Wolff wrote in an op-ed published in El País on November 11.

Once again, the old mantra of Europe moving forward thanks to a crisis period proved to be right with the creation of the recovery fund, a first step towards a European fiscal union.

But it remains to be seen what will be the real impact of the great effort made by EU institutions and governments to support youth and to secure a more digital and sustainable future.

At stake is not only getting out of this crisis, but doing so while ensuring the levels of well-being and security that European citizens expect, in a harsher and more unstable world.

Europa informa

Página web de la Comisión Europea con toda la información y las últimas noticias sobre el fondo de recuperación y el presupuesto plurianual comunitario (en inglés).

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Tribuna del Foro Europeo de la Juventud sobre la mejora de la “Garantía Juvenil” (en inglés).

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Nota informativa de los servicios del Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación (en inglés).

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Europe informs

European Commission’s website with all the information and the latest news on the recovery fund and the EU multi-annual financial framework.

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European Youth Forum’s op-ed on improving the “Youth Guarantee”.

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European Parliament’s background document on the recovery fund.

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«Repatriar talento», por Carmelo Encinas

ÁMBITO EUROPEO

Carmelo Encinas.

 

CARMELO ENCINAS, periodista

 

[email protected]

@CarmeloEnc

Repatriar talento

La opinión era unánime, nuestra joya de la Corona era la Sanidad pública. Teníamos asumido que en este país a la investigación apenas se le apoyaba y que tampoco éramos fuertes en educación, pero estábamos orgullosos de nuestro sistema de Salud hasta el punto de pensar que la de España era la mejor Sanidad del mundo. Ese mito nos lo ha tumbado de un golpe la pandemia poniendo en jaque la red hospitalaria hasta colapsarla. El esfuerzo realizado en las naves de IFEMA, donde se instalaron miles de camas en un tiempo récord para atender a los enfermos Covid, aunque constituyera una hazaña logística, vino a poner de manifiesto las debilidades estructurales que padecíamos para hacer frente al estrés sanitario en una situación excepcional.

Una circunstancia que provocó escenas terribles en los hospitales que solo vieron en su descarnada realidad quienes las vivieron personalmente. Situación límite que, en gran medida, fue paliada por el sobresfuerzo que realizaron los sanitarios cuya labor profesional, reconocida públicamente, se adentró en el terreno de la épica. Todas las tardes les aplaudimos durante semanas desde ventanas y balcones para agradecer públicamente un trabajo que salvaba vidas asumiendo grandes riesgos.

El posterior avance de la pandemia y la llegada de los rebrotes con su segunda ola ha proyectado una visión aún más preocupante de las debilidades de nuestro sistema público de Salud. La necesidad de cubrir las bajas en un sector sanitario que llega exhausto y, sobre todo, la aún más imperiosa de reforzar la atención primaria como primera fuerza de choque contra los focos de contagio están poniendo de manifiesto una falta de médicos y enfermeras de la que antes apenas se hablaba.

Los sindicatos de sanitarios aseguran que la Sanidad en España y especialmente la Sanidad pública padece un déficit de recursos humanos tan extremo que la mantiene inmersa en el caos. Estas organizaciones sindicales, que lógicamente defienden los intereses de la profesión pero que tienen una información precisa y de primera mano sobre lo que acontece en los hospitales y centros de Salud, atribuyen esta situación a los recortes que durante más de un lustro fueron mermando la capacidad y la calidad del sistema. Eran los años de la crisis, había que ahorrar y se hizo a bulto practicando reducciones de interinos, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR. Todo ello derivó en una precariedad que ya se apreciaba desde hace tiempo pero que se ha revelado alarmante ahora en los tiempos de pandemia.

Desde hacía varios años había ya problemas para cubrir plazas de anestesistas, de pediatras, de radiólogos y otras especialidades, déficit que las circunstancias actuales agravaron. Cuando los consejeros de Sanidad, por el avance de los contagios, se vieron en la tesitura de contratar más médicos y enfermeras para los centros de Atención Primaria se encontraron que no había. Tanto es así que fue planteada la necesidad de homologar los títulos de profesionales extra comunitarios para poder cubrir esas plantillas, algo que de facto venía ocurriendo en los últimos años y que los gerentes justificaban al no tener más remedio que hacerlo ante la falta de profesionales.

Tal carencia de especialistas resulta, como poco, paradójica en un país que tiene más de cuarenta facultades de medicina en funcionamiento y donde no faltan vocaciones ni estudiantes brillantes. Facultades en las que han cursado y cursan estudios decenas de miles de sanitarios muchos de los cuales se vieron abocados a buscarse la vida en el extranjero porque en España o no les daban trabajo o se lo ofrecían en unas condiciones de precariedad impropias de su nivel de formación. El resultado de todo ello fue un éxodo casi masivo de sanitarios a países extranjeros donde su cualificación era reconocida y retribuida adecuadamente. De esta forma, países como el Reino Unido acogían un caudaloso flujo de médicos y enfermeras españoles cubriendo satisfactoriamente esas necesidades que ahora aquí nos aprietan.

El problema originado por la marcha de profesionales sanitarios ha cobrado especial protagonismo a causa de la pandemia, pero no es el de la Sanidad el único sector donde la falta de oportunidades laborales provocó fugas masivas de talento. El mismo desatino condujo a informáticos, ingenieros, biólogos, matemáticos e investigadores altamente cualificados a dejar España y poner en valor sus conocimientos en otras latitudes, lo que constituye un pésimo negocio para el país que costeó su formación.

Todo ese talento expatriado se necesita ahora más que nunca para afrontar el gran reto que supone una pretendida recuperación económica fundamentada en la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El Plan de Reconstrucción Europea dispone de cantidades ingentes de recursos para financiar inversiones en proyectos de vanguardia con los que se pretende crear cientos de miles de puestos de trabajo de alto nivel y estabilidad.

Es un desafío exigente para la Administración central, para los gobiernos autonómicos y también para los empresarios que, de forma coordinada, han de diseñar una estrategia de planificación adecuada de los proyectos capaces de captar y aprovechar esa inyección de liquidez que se oferta en unas condiciones de financiación inmejorables.

Habrá, sin duda, que potenciar la formación para alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo, pero solo obtendremos resultados inmediatos si somos capaces de repatriar el talento fugado con ofertas seductoras. Hay un país por levantar y modernizar y el trabajo de los españoles es apreciado y valorado en todo el mundo. Ahora falta que se valore aquí.

Repatriating talent

Everyone concurred: the public health system was the jewel in our crown. We were accustomed to research attracting barely any support in this country and knew we weren’t strong on education, but we were proud of our health system to the point where we thought Spain had the best one in the world. That myth has been blown out of the water by the pandemic, leaving the hospital network teetering on the brink of collapse. The exertions made at the IFEMA trade fair grounds to set up thousands of Covid beds in record time may have been a logistical feat but only served to show the structural weaknesses we had to deal with when faced with health stress in an exceptional situation.

The pandemic triggered terrible scenes in hospitals only truly appreciated in their stark reality by the people who experienced them personally. This borderline situation was largely alleviated by the huge and publicly recognised effort of the health workers, whose professional labour was nothing short of epic. For weeks we applauded them every evening from windows and balconies in a public display of thanks for their life-saving work that entailed great risks.

The subsequent advance of the pandemic and the arrival of outbreaks in the second wave has been an even more worrying window onto the weaknesses in our public health system. The need to cover absences in a health sector that is already exhausted and, above all, the even more pressing requirement to shore up primary care as the first line of defence against pockets of contagion are revealing a lack of doctors and nurses that was previously scarcely talked about.

Health unions say that health in Spain and especially public health is suffering from a direct shortfall of human resources that keeps it in chaos. These groups, which logically defend the interests of the profession but also have accurate and first-hand information on what is happening in hospitals and health centres, attribute the situation to the cuts that had been impacting system capacity and quality for more than five years. These were the years of the financial downturn, when savings had to be made and so temporary contracts were slashed, involuntary retirements driven through and restrictions placed on the number of medical residents. All this developed into an instability that had been seen for some time but which has proven alarming in a pandemic.

For several years there had been difficulties filling places for anaesthetists, paediatricians, radiologists and other specialties, a shortfall the current circumstances only fuelled. When health departments were forced to cast around for more doctors and nurses for primary care centres due to the advance of infections, they found there were none. The situation was so desperate the authorities considered approving the qualifications of non-EU professionals to secure personnel. Indeed, this had been happening on a de facto basis for years, with managers saying they had no choice given the lack of staff.

This deficit of specialists is, at the very least, paradoxical in a country with more than forty medical faculties and no shortage of bright students or vocations. Faculties that tens of thousands of health workers studied at before being forced to make a life for themselves abroad since in Spain they either could not get a job or were offered one in conditions that fell far short of their level of education. The upshot of all this was a near-mass exodus of health workers to foreign countries where their qualifications were properly recognised and remunerated. Places like the United Kingdom witnessed a steady flow of Spanish doctors and nurses successfully covering the needs we now so urgently have here.

The problem caused by health professionals leaving has become particularly acute with the pandemic, but health is not the only sector where the dearth of employment opportunities has led to significant brain drains. The same job insecurity has seen highly qualified computer scientists, engineers, biologists, mathematicians and researchers leave Spain to supply their expertise to other countries – and this is a terrible business for a country that paid for their education.

All this expatriate talent is now needed more than ever to rise to the enormous challenge of an economic recovery driven by environmental sustainability and digitalisation. The European Recovery Plan can tap vast amounts of resources to fund investments in cutting-edge projects aimed at creating hundreds of thousands of high-level, stable jobs.

It is a demanding challenge for the central government, regional authorities and entrepreneurs, who must pull together to design an appropriate planning strategy to attract and leverage this injection of liquidity provided under excellent financing terms.

It will certainly be necessary to bolster education to deliver on medium- and long-term goals, but we will only get immediate results if we can draw the talent that left back home with attractive offerings. There is a country to be built up and modernised and the work of Spaniards is appreciated and valued the world over. Now it only remains to be valued here.

 

"Regreso a Pompeya y Epidauro"

Entrevista a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

ÁMBITO EUROPEO

Virginijus Sinkevičius,

comisario de la UE de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

«Dar prioridad al medio ambiente hará que las pandemias sean menos probables»

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) es el comisario de la UE más joven de la historia. Antiguo ministro de Economía e Innovación de Lituania, se convirtió en el responsable de Medio Ambiente de la UE. Su prioridad para la Europa post-Covid es que la biodiversidad y la «economía azul» sean parte integral del ‘Pacto Verde Europeo’ y la recuperación en su conjunto, según explica a Escritura Pública en una entrevista.

JORGE VALERO

@europressos

Prestamos mucha atención al clima y a reducir las emisiones, pero la protección de la biodiversidad parece ser una prioridad secundaria. ¿Por qué es eso?

El clima y las emisiones han entrado en el centro del debate político, después de muchos años de promoción y convencimiento. La biodiversidad sigue siendo una frontera nueva para muchos políticos. Sin embargo, la crisis mundial de la biodiversidad y la crisis climática son, en muchos sentidos, las dos caras de la misma moneda. Si dañamos un ecosistema, en realidad liberamos carbono en lugar de almacenarlo en la biomasa y los suelos. Lo contrario es igualmente cierto: cuando restauramos la naturaleza, bloqueamos el carbono y ayudamos a estabilizar nuestro clima. De hecho, más del 30 por ciento de nuestros objetivos de mitigación climática podrían cumplirse con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales, y creando espacios verdes en las ciudades.

La buena noticia es que la concienciación está aumentando, y la crisis del Covid-19 la ha acelerado. Ha mostrado cómo todos dependemos de la naturaleza y cuán devastadores pueden ser los impactos de la pérdida de biodiversidad.

La biodiversidad además está aumentando su importancia en la agenda política. La Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre atestigua la creciente concienciación entre los líderes mundiales de que es necesario actuar ahora. Por primera vez en la historia, se comprometieron conjuntamente a revertir la degradación del entorno, poniendo la naturaleza en primer término de los planes de recuperación, y trabajando para lograr un acuerdo ambicioso para la naturaleza y las personas.

La UE predicará con el ejemplo, ya que ser pioneros es esencial si queremos llegar a un ‘Marco Global de Biodiversidad’ posterior a 2020 ambicioso, significativo y de alto impacto en Kunming (China) el próximo año.

Algunas tendencias que vimos durante la pandemia, como las entregas a domicilio o la comida para llevar, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Está preocupado por esto?

Estoy de acuerdo, se trata de tendencias preocupantes y un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente las describió en detalle. La pandemia del Covid-19 ha provocado cambios significativos en la producción y consumo de plásticos y en los residuos plásticos. Además de un aumento repentino en la demanda mundial de equipos de protección personal, se impusieron medidas de bloqueo en la mayor parte de Europa, junto con estrictos requisitos de higiene. Muchos restaurantes pasaron a ofrecer servicios de comida para llevar y entrega con envases de plástico de un solo uso, y varios grandes minoristas de café dejaron de permitir que los clientes trajeran envases recargables.

A corto plazo, esto puede representar un desafío adicional para los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación plástica y avanzar hacia un sistema más sostenible y circular. La Comisión está prestando un gran apoyo al sector de la gestión de residuos y, en particular, al sector del reciclaje, garantizando que tengan acceso a la financiación necesaria.

¿Considera que los esfuerzos realizados por el sector privado son suficientes para proteger el medio ambiente y los océanos?

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental, a medida que crece la concienciación de que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que brinda. Durante el último año hemos visto un cambio importante en la agenda medioambiental, con el creciente interés de la comunidad empresarial.

En la última Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre, más de 600 empresas, que representan 4,1 billones de dólares de ingresos anuales, pidieron un plan colectivo por la naturaleza, instando a los gobiernos a adoptar políticas para revertir la pérdida del medio ambiente en esta década. Si queremos que las empresas amplíen sus acciones, necesitamos las políticas adecuadas y eso es lo que estamos haciendo con el Pacto Verde Europeo.

¿Cuál es su mayor prioridad legislativa para este mandato, considerando que gran parte de la atención se centrará en salir de la recesión?

Mi prioridad es asegurar que nuestro medio ambiente y “la economía azul” formen parte integral del Pacto Verde Europeo, que es el plan de Europa para hacer que la economía de la UE sea sostenible y hacer que esta transición sea justa e inclusiva para todos.

En cuanto a la biodiversidad, esto significa revertir la pérdida del entorno europeo para 2030 y liderar los esfuerzos mundiales para reducir los daños a nuestro medio ambiente. Esto también significa cumplir con la ambición de cero contaminación, teniendo en cuenta la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones y los pesticidas. Igualmente queremos desvincular el crecimiento del uso de recursos, avanzando en el plan de acción de la economía circular, especialmente en sectores intensivos en recursos y de alto impacto, como la construcción, el textil y la electrónica.

Los océanos son un desafío particular. Dependemos de ellos para la alimentación, el transporte, el aire que respiramos. Al mismo tiempo, también encaran una presión increíble, desde el agotamiento de las poblaciones de peces hasta el aumento de la contaminación. Para abordar estos problemas, estoy liderando los esfuerzos para conseguir océanos libres de plásticos y contaminación, mientras que al mismo tiempo quiero garantizar una pesca sostenible y una economía azul próspera para los mares y océanos de Europa.

Todo esto jugará un papel importante en el proceso de recuperación. Como sugiere la evidencia científica más reciente, dar prioridad a las políticas respetuosas con el medio ambiente también hará que crisis como la actual pandemia del Covid-19 sean menos probables, y nos hará más resistentes para enfrentar situaciones similares en el futuro.

¿Está haciendo la UE lo suficiente en materia de alimentación sostenible?

Va a ser extremadamente relevante, ya que avanzar hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible es una piedra angular del Pacto Verde Europeo. Por eso, la Comisión presentó las estrategias de Biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio entre la naturaleza y los sistemas alimentarios, proteger la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE.

Para llegar hasta ahí, debemos involucrar a todos los elementos en la cadena alimentaria (agricultores, procesadores de alimentos, minoristas y consumidores), y hacerles comprender que la naturaleza y la agricultura van de la mano, y dependen en gran medida unos de otros. Sin suelos sanos y polinizadores, no hay agricultura.

La UE apoyará a los agricultores en esta transición a través de una amplia gama de instrumentos, con beneficios para ellos y sus comunidades, y también se esforzará por orientar a la industria alimentaria hacia prácticas que hagan que la elección saludable y sostenible sea fácil para los consumidores.

¿Teme que la grave crisis económica y sanitaria en España obstaculice sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la biodiversidad?

España fue uno de los Estados miembros más ambiciosos en el Consejo de Medio Ambiente, apoyando firmemente la ambición de la estrategia de Biodiversidad de la UE y todos sus objetivos. Por eso, creo que nuestros homólogos españoles entienden muy bien que proteger y restaurar la naturaleza puede estimular la recuperación y crear empleo, ayudándonos a construir una sociedad más sana y resiliente. Ahora es el momento de invertir en la naturaleza en lugar de desinvertir.

España tiene excelentes condiciones para hacerlo. Es una referencia destacada dentro de la UE en términos de capital natural y posee una biodiversidad muy rica.

Sin embargo, al igual que en cualquier lugar de Europa, sus hábitats y especies están bajo una presión continua, con solo el 8,9% de los hábitats y solo el 18,9% de las especies en buenas condiciones. Esto se debe principalmente a las presiones de la agricultura, el desarrollo, la construcción, el transporte y la silvicultura. Por tanto, queda mucho por hacer y espero que España pueda garantizar la protección de su biodiversidad, de acuerdo con la legislación medioambiental europea.

Entiendo que el Plan de Recuperación Post-Covid, lanzado recientemente por el Gobierno español, tiene como meta lograr ambiciosos objetivos ambientales, climáticos y energéticos en un plazo de tres a cuatro años, financiado con hasta 140.000 millones de euros de subvenciones y préstamos de la UE, por lo que creo que se trata de un desarrollo muy positivo.

In English

Virginijus Sinkevičius,

commisioner for Environment, Oceans and Fisheries
“Prioritizing the environment will make pandemics less likely”

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) is the youngest ever EU commissioner. A former minister of Economy and Innovation in Lithuania, he became the EU’s environment chief. His priority for the. post-Covid Europe is that the environment and ‘blue economy’ become an integral part of the European Green Deal and the recovery as a whole, he tells ‘Escritura Pública’ in an interview.

-We pay a lot of attention to climate and curbing emissions, but the protection of biodiversity seems to be a secondary priority. Why is that?
Climate and emissions have entered the mainstream in politics, after many years of advocacy and convincing. Biodiversity is still a new frontier for many policymakers. But the global biodiversity crisis and climate crisis are in many ways the two sides of the same coin. If you damage an ecosystem, it actually releases carbon instead of storing it in biomass and soils. But the opposite is true as well when we restore nature, we lock away carbon and help stabilize our climate. In fact, over 30 percent of our climate mitigation targets could be met by nature-based solutions, such as restoring forests, soils and wetlands, and creating green spaces in cities.

The good news is that this understanding is increasing, and the Covid crisis accelerated it. It showed how we all depend on nature, and how devastating the impacts of biodiversity loss can be.

Biodiversity is also rising on the political agenda. The UN Biodiversity Summit in September testifies to the growing awareness among world leaders that action is needed now. For the first time ever, world leaders made a joint commitment to reverse nature loss, put nature first in recovery plans, and work towards an ambitious deal for nature and people.

The EU will lead by example as front runners are essential if we want to arrive at an ambitious, meaningful and high-impact post-2020 Global Biodiversity Framework in Kunming next year.

Some trends we saw during the pandemic (home deliveries, take-aways) can have a negative impact on the environment. Are you worried about that?
I agree, these are worrying trends, and a recent EEA report describes them in detail. The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the production and consumption of plastics, and in plastic waste. In addition to a sudden surge in global demand for personal protective equipment, lockdown measures were imposed across most of Europe, coupled with stringent hygiene requirements. Many restaurants moved to offering take away and delivery services using single-use plastic containers, and several large coffee retailers stopped allowing customers to bring refillable containers. 

In the shorter term, this may bring an additional challenge to EU’s efforts to curb plastic pollution and move towards a more sustainable and circular plastics system. The Commission is providing a lot of support to the waste management sector and in particular the recycling sector, ensuring that they have access to the necessary funding.

Do you consider that the efforts made by the private sector are sufficient to protect the environment and oceans?
Businesses are increasingly becoming aware of the risks associated with climate change and environmental degradation as understanding is growing that half of global GDP depends on nature and the services it provides. Over the last year we have seen a major change on the nature agenda, with the growing interest of the business community.

At the last UN Biodiversity Summit in September, more than 600 companies, representing 4.1 trillion US dollars of annual revenue called for collective action for nature, urging governments to adopt policies to reverse nature loss in this decade. So if we want business to scale up action, we need the right policies in place and that’s what we’re doing with the European Green Deal.

What is your biggest legislative priority for this mandate, considering that most of the focus will be given to getting out of the recession?
My priority is to ensure that our environment and blue economy form an integral part of the European Green Deal, which is Europe’s plan to make the EU’s economy sustainable and make this transition just and inclusive for all.

On biodiversity, this means reversing the loss of nature in Europe by 2030 and leading global efforts to curtail biodiversity loss. This also means delivering on the zero-pollution ambition, looking at air and water quality, hazardous chemicals, emissions and pesticides. We also want to decouple growth from resource use, advancing on the circular economy action plan, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as construction, textiles and electronics.

Oceans are a particular challenge. We rely on them for food, for transport, for the air we breathe. At the same time, they also face incredible pressures, from depleting fish stocks to increasing pollution. To address this, I am leading efforts towards plastic-free and pollution-free oceans, while at the same time ensuring sustainable fishing and a thriving blue economy for Europe’s seas and oceans.

All this will play a major role in the recovery process. As the latest scientific evidence suggests, prioritizing environmentally friendly policies will also make crises like the current Covid-19 pandemic less likely and will make us more resilient in dealing with similar situations in the future.

Is the EU doing enough on sustainable food?
It is going to be extremely relevant, as moving towards a healthier and sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal. This is why the Commission came forward with the Biodiversity and Farm to Fork strategies, which aim to restore the balance between nature and food systems, to protect our people’s health and wellbeing, and at the same time increase the EU’s competitiveness and resilience.
In order to get there, we need to get everybody in the food chain on board –farmers, food processors, retailers and consumers– and make them understand that nature and agriculture go hand in hand and depend heavily on one another. Without healthy soils and pollinators, there is no agriculture. 

The EU will support farmers in this transition through a wide range of instruments with benefits for them and their communities, as well as strive to steer the food industry towards practices that make the healthy, sustainable choice the easy one for consumers.

Do you fear that the severe economic and health crisis in Spain will hamper its efforts to protect the environment and biodiversity?
Spain was among the most ambitious Member State in the Environment Council, strongly supporting the ambition of the EU Biodiversity Strategy and all of its targets. So I think our Spanish counterparts understand very well that protecting and restoring nature can stimulate recovery and create jobs, helping us to build a healthier and more resilient society. That now is the time to invest in nature rather than divest.

Spain has excellent conditions to do that. It is an outstanding reference within the EU in terms of natural capital and holds a very rich biodiversity.

However, just like anywhere in Europe, its habitats and species are under continued pressure, with only 8,9% of the habitats and only 18,9 % of species in good condition. This is mostly due to pressures from agriculture, development, construction, transport and forestry. So a lot remains to be done and I’m hope that Spain will be able to ensure the protection of its biodiversity in line with European environmental legislation.

I understand that the recently launched Post-Covid Recovery Plan by the Spanish government aims to achieve ambitious environmental, climate and energy objectives within three to four years, financed by up to 140 billion euros of EU grants and loans, so I think this is very positive development.