¿Sigue defendiendo Europa la transición verde?

ÁMBITO EUROPEO

¿SIGUE DEFENDIENDO EUROPA

LA TRANSICIÓN VERDE?

La Comisión Europea ha creado dudas e inquietud entre los expertos sobre su compromiso con la transición verde después lanzar unos grandes paquetes de reformas legales llamados Ómnibus 1 y Ómnibus 2, que aspiran a reducir los requisitos que tienen que cumplir las empresas en áreas como la sostenibilidad o la diligencia debida.
GONZALO TOCA

La Comisión Europea ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha hablado alto y claro. Según su propia versión, se propone “llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, logrando una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y de al menos un 35% para las pymes antes de que finalice el mandato”. Hablamos, reconoce Bruselas, de “una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la Unión Europea”.

 

LA COMISIÓN EUROPEA SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESFUERZO DE SIMPLIFICACIÓN SIN PRECEDENTES, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 25% DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

 

Equilibro adecuado. Ahora, algunas de las regulaciones sucesivas que impulsaron las autoridades comunitarias en los últimos tres años se consideran unas “normas solapadas, superfluas o desproporcionadas que están creando una carga innecesaria para las empresas”. Y el motivo es que no contribuyen, según la Comisión, a un “equilibrio adecuado” entre las recientes exigencias en transparencia y sostenibilidad y las necesidades empresariales de “crecer, crear puestos de trabajo de calidad, atraer inversiones, obtener los fondos necesarios para la transición hacia una economía más sostenible y ayudar a la UE a cumplir los ambiciosos objetivos del Pacto Verde”.

Para los expertos consultados, el notable abanico de reformas incluidas en los paquetes legislativos Ómnibus 1 y Ómnibus 2 de la Comisión afectan, principalmente, a dos grandes normas: la Directiva CSRD (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, estrechamente relacionada con el reporte de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas; y la Directiva CS3D (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, que se ocupa de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que, si los cambios legislativos propuestos llegan a buen puerto, “entonces solo van a tener que presentar informes de sostenibilidad las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual que supere los 50 millones de euros”. Además, sigue, “incluso para esas grandes empresas, que no representan ni al 30% del total de las compañías, se retrasan dos años los requisitos de presentación de informes y se flexibilizan los estándares sectoriales obligatorios”.

Para Izabel Rigo, subdirectora del área de Derecho Público y Coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de la Rioja, el segundo aspecto más destacable de la reforma que intenta la Comisión Europea impacta de lleno en la “diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad”.

 

EL AVANCE HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE VE AHORA MATIZADO Y COMPENSADO POR LAS NECESIDADES DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

Investigar e informar. La diligencia debida obligaba a los negocios a investigar e informar sobre el cumplimiento o quebranto de las normas sobre riesgos ambientales y sociales de sus principales socios comerciales. Estos riesgos incluían un amplio espectro que iba desde el quebranto de leyes medioambientales al abuso de derechos humanos o laborales.

Izabel Rigo considera que la Comisión intenta ahora que las empresas solo investiguen e informen sobre “sus socios comerciales directos”, que no son otros que los del “primer nivel de la cadena de valor”. De este modo, sigue la experta, “no se tiene en cuenta que los mayores abusos —como violaciones de derechos humanos, explotación laboral o daños ambientales— suelen ocurrir precisamente en los niveles más bajos [y alejados] de la cadena… y en ámbitos como la extracción de materias primas o la subcontratación de mano de obra”.

Para Antoni Pigrau, Bruselas “ha vuelto a demostrar un cambio de sensibilidad que ya se estaba viendo venir en los últimos meses en cuestiones como el reglamento de deforestación o en el reporte del trabajo forzoso”. Y el principal motivo, sigue, “ha sido la presión que han ejercido las grandes corporaciones en Bruselas”, que han conseguido que el avance hacia la transición ecológica se vea ahora matizado y compensado por las necesidades de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

Por su parte, Izabel Rigo, confirma que “este giro no ocurre en el vacío”, porque “en febrero de 2024, 73 líderes de grandes sectores industriales —como la energía, la automoción o la minería— entregaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En ella pedían regulaciones más flexibles y menos burocracia, alegando que las normas actuales estaban lastrando la competitividad europea”.

A esto se suma, sigue la experta, “el Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por el ex presidente del BCE, Mario Draghi. El informe, solicitado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, propone una nueva estrategia para impulsar la economía de la UE y una de sus claves es simplificar y armonizar la regulación para facilitar el crecimiento empresarial y eliminar obstáculos dentro del mercado único”.

 

73 LÍDERES DE GRANDES SECTORES PIDIERON
REGULACIONES MÁS FLEXIBLES Y MENOS BUROCRACIA, ALEGANDO QUE LAS NORMAS ESTABAN LASTRANDO LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

 

Pragmatismo. A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos como Antoni Pigrau o Izabel Rigo, la línea oficial de la Comisión es que “en Europa, la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”, porque “las empresas apoyan nuestros objetivos del Pacto Verde, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos”.

Bruselas reconoce que ha tomado buena nota de “las preocupaciones de las partes interesadas”, que consideran no solo que “algunas normas de presentación de informes de sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar”, sino que además “su utilidad es limitada para los inversores… lo que obstaculiza la competitividad de la UE y su impulso a la inversión”.

Por otra parte, la Comisión Europea sostiene que lo único que está haciendo es reducir burocracia innecesaria. Así, Bruselas espera que si se aplican las medidas que propone, estas podrían suponer “un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y la movilización de una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros”.

Así, zanja la Comisión, “al facilitar la vida de las empresas europeas y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, animar las inversiones y, en última instancia, permitir que las empresas adopten la transición hacia una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática”. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son “adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas”.

Como se ve, la Comisión y sus escépticos se enfrentan a un espinoso debate que, además, deberá desarrollarse, desgraciadamente, en medio de la espectacular crisis arancelaria y geopolítica que ha provocado el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál será el resultado?

Europa opina

Para José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, “todas las iniciativas de la Comisión Europea en materia de simplificación y paquetes ómnibus parecen realmente sustantivas y van en la dirección correcta”. Mientras tanto, Lara Wolters, vicepresidenta del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, cree que “eliminar la responsabilidad de las normas de diligencia debida no ayuda a las empresas, sino que complica las cosas para las víctimas de la explotación laboral y es una obstrucción a la justicia y una burla para la legislación de la UE”.

Ómnibus: un instrumento controvertido
Para Izabel Rigo Portocarrero, de la Universidad Internacional de la Rioja, “la Comisión ha elegido el formato ómnibus para su nueva regulación porque le permite presentar al Consejo y al Parlamento una propuesta de modificación de las normativas mencionadas al mismo tiempo, sin tener que abrir una reforma completa de cada ley por separado”. Eso puede ser eficiente, apunta, “pero también genera preocupación cuando los cambios se hacen sin suficiente debate público o participación de la sociedad civil”.
Es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas.
El Parlamento europeo apoya (por ahora) a la Comisión
En abril, el Parlamento Europeo votó a favor de posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad. Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión, que forma parte de los esfuerzos de simplificación administrativa expresados en sus paquetes Ómnibus 1 y Ómnibus 2. Las empresas más grandes tendrán un año más para prepararse para las nuevas reglas de diligencia debida y algunas dispondrán de dos años adicionales para la elaboración de informes de sostenibilidad.

“El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea”, por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“Todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación"

El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

«La incierta autonomía estratégica de Europa»

Next Generation. ¿Están siendo eficaces los fondos europeos?

ÁMBITO EUROPEO

NEXT GENERATION

¿ESTÁN SIENDO EFICACES LOS FONDOS EUROPEOS?

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó unas ayudas, los fondos Next Generation, con el objetivo de lograr la rápida recuperación de las maltrechas economías comunitarias, financiando áreas estratégicas como la transición energética o la transformación digital. Cinco años después, y asignados ya muchos de los fondos por Bruselas más la Adenda de 2023, ha llegado el momento de empezar a hacer balance.

GONZALO TOCA

Y para eso, hay que recordar primero que las alarmas no dejaban de sonar en 2020. Se avecinaba una fortísima recesión mundial y muchos europeos todavía recordaban el desastre que había desatado la gran crisis financiera de 2008, en la que habían peligrado la moneda única y la permanencia de algunos miembros como Grecia dentro de la propia UE.

Los políticos sabían que, esta vez, la reacción tenía que ser rápida y contundente y debía materializarse sobre todo a través de ayudas directas (transferencias y préstamos), porque la política monetaria comunitaria tenía poco margen de maniobra con unos tipos de interés que llevaban años clavados en el 0%. Y así es como se llegó a un acuerdo sin precedentes en julio 2020 que, con la conocida Adenda de 2023, ascendió a unos 750.000 millones de euros en ayudas para Europa, que ha tenido a España e Italia como sus beneficiarios principales.

 

SEGÚN LA COMISIÓN EUROPEA, AL CIERRE DE 2024, SE HABÍAN ASIGNADO A ESPAÑA MÁS DEL 95% DE LAS SUBVENCIONES Y MÁS DEL 60% DE LOS PRÉSTAMOS

 

Fondos para España. De esas ayudas europeas, que muy pronto empezamos a llamar fondos Next Generation, España podría movilizar hasta 2026 algo más de 160.000 millones de euros, repartidos casi a la mitad entre préstamos y transferencias no reembolsables, a cambio del cumplimiento de una serie de hitos y reformas en cuatro grandes partidas de gasto: movilidad sostenible, transición energética, pymes & emprendimiento y transformación digital.

Según la Comisión Europea, al cierre de 2024, se habían asignado a España más del 95% del presupuesto de las subvenciones y más del 60% del importe de los préstamos, unas cantidades que, en total, rebasan el 10% del PIB Español y que van a seguir aumentando. A finales de este año, si todo sale bien, habría que añadir los 23.900 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a Bruselas hace pocos meses.

El PIB español, gracias a la temprana recuperación pospandémica que vivieron sus principales socios comerciales, al rugido del turismo y a la llegada de las ayudas a nuestro país, pasó de hundirse casi un 11% en 2020 a galopar más del 6% en 2021 y 2022; casi el 3% en 2023 y más del 3% en 2024. El año pasado, nuestro país aportó el 40% del crecimiento de la eurozona y se convirtió en su gran locomotora económica.

Así las cosas, en un primer balance de los fondos Next Generation hay que destacar que han permitido mitigar un cataclismo económico, devolvernos rápidamente a cifras positivas de crecimiento y poner en marcha grandes transformaciones. Sin embargo, como sucede con todas las grandes medidas políticas, no solo han tenido luces, sino también sombras.

 

EN JULIO DE 2020 LA UE ACORDÓ DESTINAR 750.000 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA EUROPA, CON ESPAÑA E ITALIA COMO SUS BENEFICIARIOS PRINCIPALES

 

¿Esperábamos demasiado? Otra fuente de discusión que planea sobre los fondos es que, como advierte el economista de BBVA Research, Rafael Doménech, en un análisis reciente, “el gran motor del crecimiento ha sido el consumo público, que ha contribuido en un 60,7% a la recuperación del PIB desde 2019 hasta finales de 2024”. Lo que debería haber sucedido, según Doménech, es que “el consumo privado y, sobre todo, la inversión” hubieran liderado el crecimiento a partir de 2022 y más teniendo en cuenta que coincidían con la fuerte expansión del turismo y de las exportaciones de servicios no turísticos.

Según un documento de trabajo publicado por el BCE, las expectativas sobre los Next Generation en la eurozona en general y España en particular tampoco se han cumplido por culpa de la inflación, que ha reducido el valor y con ello el impacto esperado de los fondos iniciales. En nuestro país, 160.000 millones de euros de 2021 no eran 160.000 millones de 2024, después de una subida del nivel de precios que se correspondió con el 3% en 2021, el 8,4% en 2022, el 3,5% en 2023 y casi el 3% en 2024.

También es cierto, según el documento de trabajo del BCE, que el ascenso fulminante de los tipos de interés ha influido en la eficacia y la aceptación de la mitad de los fondos Next Generation que eran préstamos. Los tipos de referencia en la eurozona se multiplicaron por más de cuatro entre 2022 y 2023 (pasando del 0% al 4,5%) y, a principios de este año, casi rozaban el 3%. La financiación se encareció rotundamente y sigue mucho más cara que antes del zarpazo pandémico.

 

LA PRINCIPAL ‘SOMBRA’ DEL DESEMBOLSO
DE LOS FONDOS ENTRE 2021 Y 2026 ES QUE
PARECE QUE VAN A IMPULSAR LA ECONOMÍA MENOS DE LO ESPERADO

 

Primer balance. Los Next Generation tampoco han funcionado exactamente como se esperaba en España, porque, según Rafael Doménech, el crecimiento se ha concentrado en sectores y empleos de bajo valor añadido. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo se ha quejado de la excesiva flexibilidad de las condiciones que la Comisión Europea ha exigido a nuestro país a cambio de los fondos, y esto podría haber influido en que no se distribuyeran después con más eficiencia.

El otro origen de las quejas del Tribunal de Cuentas Europeo han sido los fuertes retrasos en la llegada de la financiación a sus destinatarios finales, algo que el documento de trabajo del BCE identifica también como una de las causas principales de que los fondos hayan aportado menos de lo esperado al PIB. Según datos de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el porcentaje de fondos efectivamente desembolsados por el Gobierno se situó, el pasado mes de diciembre, en el 22% del total presupuestado para el ejercicio 2024.

Dicho esto, y a pesar de que, cinco años después de su aprobación, ya se puede hacer un primer balance sobre el impacto de los Fondos Next Generation, también hay que reconocer las notables limitaciones de cualquier análisis ahora mismo.

Al fin y al cabo, a las administraciones públicas españolas les faltan por ejecutar buena parte de la financiación de 2024, la que ya han solicitado para 2025 y la que pedirán, muy probablemente, para 2026. Además, como colofón, el retraso de la llegada de los Next Generation a sus beneficiarios finales también puede estar retardando su impacto en el PIB y haciendo que las últimas proyecciones del BCE hayan subestimado el crecimiento que son capaces de generar los fondos en países como España. ¿Y si lo mejor está por llegar?

Europa opina
Según un documento de trabajo del BCE, todavía faltan “bastantes años” para hacer un balance deffondos Next Generation en la eurozona, porque alrededor de la mitad del presupuesto no ha llegado a sus destinatarios finales y “muchos países aún tienen que implementar más de la mitad de las medidas de reforma” comprometidas a cambio del dinero. El economista Rafael Doménech matiza, en un análisis de BBVA Research, que el impacto de los fondos en nuestro país “ha sido menor al esperado en inversión y productividad, pero con consensos amplios y reformas estructurales, España puede aprovechar su potencial”.
El retraso de la llegada de los Next Generation a sus beneficiarios finales también puede estar retardando su impacto en el PIB.
Esperábamos mas
La principal sombra del desembolso de los fondos entre 2021 y 2026 es que parece que van a impulsar la economía menos de lo esperado. En sus proyecciones iniciales, el Banco Central Europeo creía que los Next Generation elevarían más de un 2% el PIB de España y sus proyecciones más recientes, del pasado mes de diciembre, sitúan el incremento entre un 1,2% y un 1,7% entre 2021 y 2026. Este escenario resulta aún más sorprendente si recordamos que en los primeros cálculos no se incluyeron miles de millones en ayudas que se aprobaron después.
Colaboración del Notariado

En el marco de los programas de digitalización impulsados por Red.es, la entidad ha formalizado varios convenios de colaboración con el Consejo General del Notariado con el fin de mejorar la eficiencia y seguridad en la tramitación de ayudas a medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Esta colaboración se centra en la automatización de procesos de verificación, optimizando la comprobación de la representación de beneficiarios, representantes voluntarios y la titularidad real de las entidades solicitantes.

Desde la puesta en marcha del primer convenio hasta finales de febrero se habían realizado más de 1.800.000 consultas a los sistemas del Consejo General del Notariado para verificar la representación legal de los beneficiarios y representantes voluntarios, incluyendo las consultas que se han realizado mediante bastanteo. Adicionalmente, se han efectuado casi 600.000 consultas con motivo de verificar la titularidad real de las entidades.

Estas verificaciones han permitido agilizar la tramitación de ayudas y mejorar la detección de posibles irregularidades, reduciendo significativamente la necesidad de documentación adicional y mejorando la eficiencia en la gestión del programa.

Estos convenios representan un paso adelante en la digitalización de los procesos administrativos y refuerza el compromiso de Red.es con la eficiencia y la transparencia en la gestión de ayudas públicas.

«Los Next Generation: una oportunidad de oro», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

“Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos"

Los Next Generation: una oportunidad de oro

Los fondos Next Generation EU nacieron como una respuesta inmediata y potente a los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, durante estos últimos cuatro años se ha demostrado que las reformas e inversiones que contienen los planes de recuperación asociados a estos fondos han supuesto mucho más para España y han promovido transformaciones estructurales de la economía española.

Nuestro “momento hamiltoniano” llevó a que, en 2020, ante los estragos económicos y personales de la pandemia y en un ejercicio de solidaridad sin precedentes, la Unión Europea decidió dotarse, de forma unánime, de un instrumento temporal de deuda mancomunada que prácticamente duplicaba el monto total del presupuesto de la UE para el siguiente septenio, en un contexto de salida de un contribuyente neto tradicional como era el Reino Unido. Las cifras de crecimiento económico de los últimos años dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia, ejecutado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR), está siendo un éxito consiguiendo que los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con datos macroeconómicos de pre-pandemia invirtiendo en las prioridades de futuro de forma coordinada, en un contexto socioeconómico y geopolítico enormemente exigente. La estrategia de los fondos Next Generation EU está fuertemente anclada en el liderazgo en la transición verde y digital llevada a cabo a la europea, es decir, sin dejar a nadie atrás.

El inicio de una nueva Comisión Europea en 2025 será también el año decisivo para la implementación efectiva de este plan en España y en todos los países de la Unión Europea, sabiendo que la fecha límite de ejecución es el verano de 2026.

A nivel europeo, a través de estos fondos se han comprometido 648.000 millones de euros del presupuesto de la UE, en forma de subvenciones no reembolsables y préstamos al Estado del total disponible de 750.000 millones de euros.

En el caso de España, el PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% de su PIB), de los cuales 48.000 millones ya han sido desembolsados, un 60% del total de subvenciones, cubriendo un total de 181 hitos y objetivos del total de 594 que el contiene el plan; esto es, el 36%, en cuatro solicitudes de pago. El avance ha sido mayor en las reformas que en las inversiones, ya que esas en general tenían mayor peso en los pagos iniciales del PRTR. Evidentemente, esto implica que queda mucho por hacer (el 70% de los deberes) y en un plazo muy corto de 18 meses (hasta agosto de 2026). Desplegar este nuevo instrumento en un país como España ha supuesto un ejercicio titánico por parte de todos los niveles de la Administración, dado que, en muchos ámbitos, hay una gestión descentralizada. Por poner un ejemplo, a nivel regional, 161 conferencias sectoriales han recibido fondos para gestión de las comunidades autónomas, en paralelo con la gestión por parte de la Administración General del Estado y autoridades locales. A día de hoy, a nivel europeo, la Comisión ya ha desembolsado más de 300.000 millones de euros en pagos que se producen una vez cumplidas las medidas comprometidas.

Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos (de hasta 83.000 millones). El despliegue exitoso del gran número de instrumentos financieros bajo el capítulo de préstamos, que supondrán hasta 76.000 millones de euros para 14 nuevos instrumentos en total, es clave para la finalización exitosa del PRTR. Estos instrumentos financieros están siendo ejecutados por organismos con amplia experiencia y reconocido prestigio, como el Instituto de Crédito Oficial (con ICO verde, ICO pyme, ICO vivienda o ICO Next Tech), el grupo Banco Europeo de Inversiones, así como otros organismos, incluyendo los de reciente creación, como SEPIDES, COFIDES y SETT.

Las últimas revisiones del plan en enero de 2025 ya han buscado modos de agilizar las cosas y, de hecho, han avanzado decenas de hitos y objetivos ya acometidos para que sean desembolsados y se consideren cerrados. Se trata de un esfuerzo que ha de ser compartido y coordinado con todos los niveles de la Administración que forman parte del plan, para llegar a la meta con todos los hitos y objetivos conseguidos a finales de 2026.

Como conclusión, será crítico que todas las administraciones públicas sigan demostrando altas competencias tanto en la asignación como en el uso de estos recursos financieros extraordinarios, cumpliendo con los requerimientos que el plan solicita. El éxito del plan de recuperación y resiliencia en España es una oportunidad de oro para sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible con una ventana de oportunidad que va cerrándose cada vez más rápido.

Señalaba Aristóteles que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Ese bien común, expresado en este caso a través de un esfuerzo fiscal mancomunado, dedicado a contrarrestar los daños económicos de ciudadanos y empresas derivados de la pandemia, es el que nos refuerza como comunidad dentro de la Unión Europea.

«Europa como respuesta»

Así espera volver a Europa el Reino Unido

ÁMBITO EUROPEO

ASÍ ESPERA VOLVER A EUROPA EL REINO UNIDO

Londres desea volver al corazón de la política del Viejo Continente al menos en las áreas de seguridad, defensa y migración ilegal… y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, la inquietante evolución de la guerra de Ucrania y la receptividad de Bruselas han acelerado los acercamientos.
GONZALO TOCA

Los puntos de inflexión del deshielo no dejan de sucederse. El primer ministro británico, Keir Starmer, asistirá a un encuentro inédito desde el Brexit con los líderes de los 27 estados comunitarios en febrero. Y su intención es cristalina: quiere que le sirva para avanzar hacia “el reseteo” de las relaciones después de que David Lammy se convirtiera, en octubre, en el primer jefe de la diplomacia británica en acudir a una reunión de ministros de Exteriores europeos.

Primeros pasos

Los movimientos no se limitan ni mucho menos a un ramillete de fotos bonitas. En otoño, Reino Unido firmó acuerdos sobre seguridad con Rumanía y Alemania. Además, Londres ha nombrado oficialmente a un negociador para reconducir unas relaciones con el Viejo Continente muy dañadas desde el mandato de Boris Johnson en Downing Street. Finalmente, Keir Starmer ya se ha reunido en París con Emmanuel Macron y en Bruselas con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

LOS OBJETIVOS DE DOWNING STREET SON AMBICIOSOS. BUSCA, SEGÚN EL ‘FINANCIAL TIMES’, UN PACTO CON BRUSELAS QUE PIVOTE EN TORNO A LA SEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Antes de Navidades, Francia dejó de oponerse a que las empresas extracomunitarias accedieran a los subsidios redoblados con los que la UE va a impulsar su industria de defensa y el nuevo ejecutivo británico aceptó que los aviones antisubmarinos alemanes operen desde una base escocesa para proteger el Atlántico Norte de la creciente amenaza de Rusia. David Odalric de Caixal i Mata, director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, recuerda además que “Alemania y Reino Unido también colaborarán en la creación de nuevos drones, tanto terrestres como aéreos, así como misiles de largo alcance”.

Los objetivos de Downing Street son ambiciosos. Busca, según el Financial Times, un pacto con Bruselas que pivote en torno a la seguridad y que abarque tanto defensa como cuestiones energéticas y migratorias. Tampoco están satisfechos con los acuerdos comerciales que se firmaron con el Brexit y creen que pueden conseguir un tratamiento más favorable para los bienes y servicios británicos ahora que las relaciones con Europa ya no son tan frías.

Sin embargo, como en cualquier negociación, los protagonistas no solo han dejado entrever las oportunidades, sino también las líneas rojas. Por ejemplo, una cosa es que Francia haya aceptado que empresas extracomunitarias (¿británicas?) accedan a subsidios de defensa de la UE y otra muy distinta que París esté dispuesta a que superen un porcentaje minoritario. Keir Starmer, por su parte, también ha insistido en que resetear las relaciones “no es lo mismo que revertir el Brexit o volver a entrar en el mercado único o en la unión aduanera”.

El libre tránsito de personas está descartado, pero los europeos podrían contar con facilidades para estudiar en tierras británicas. Y esto no es una cuestión menor, porque uno de los motores del divorcio británico de la Unión Europea fue la oleada masiva de inmigrantes de la que la población acabó responsabilizando a Bruselas.

EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS ESTÁ DESCARTADO, PERO LOS EUROPEOS PODRÍAN CONTAR CON FACILIDADES PARA ESTUDIAR EN TIERRAS BRITÁNICAS

Oleada migratoria

Es verdad que ahora todo es distinto. La migración comunitaria está en números negativos desde hace dos años y la migración ilegal extracomunitaria, que llega en pequeños botes, ha despegado. Según datos oficiales, estas llegadas por mar pasaron de menos de 2.000 en 2020 a más de 8.000 en 2021, 45.000 en 2022 y casi 30.000 en 2023. Los resultados iniciales de 2024 apuntan a cifras parecidas a las del año anterior, lo que no sería precisamente una buena noticia.

Además de la gran oleada migratoria, que difícilmente puede contener Londres sin más ayuda de los países vecinos, todo parece indicar que a Downing Street le inquietan los peligrosos avances en la guerra de Ucrania y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, dos asuntos que han acelerado las negociaciones con la Unión Europea.

En Ucrania, advierte David Odalric de Caixal i Mata, “nos encontramos en medio de una escalada bélica marcada por las amenazas del Kremlin, la incorporación de tropas norcoreanas al teatro de operaciones en apoyo de Rusia y el lanzamiento por parte de Ucrania de misiles de largo alcance con procedencia británica (Storm Shadow) y estadounidense (ATACMS)”.

Las naciones occidentales, matiza el experto, “se habían mostrado reacias a permitir el uso de estas armas hasta ahora, por temor a que pudiera llevar a los miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia… y sus temores se han visto confirmados, ya que la administración de Putin ha amenazado con escalar el conflicto con armas nucleares”.

TODO PARECE INDICAR QUE A DOWNING STREET LE INQUIETAN LOS PELIGROSOS AVANCES EN LA GUERRA DE UCRANIA Y LA VICTORIA DE DONALD TRUMP EN ESTADOS UNIDOS

La victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre también ha impulsado el ritmo de las negociaciones entre Londres y Bruselas. Reino Unido aumentó tras el Brexit su dependencia hacia Estados Unidos y ahora podría necesitar reequilibrar la balanza para no estar en manos de un inquilino de la Casa Blanca notoriamente imprevisible. En paralelo, Trump ha amenazado con imponer aranceles generalizados del 10 al 20% a las importaciones, algo que puede impactar sobre todo a la UE y, en menor medida, al Reino Unido.

Finalmente, como advierte la analista de Chatham House, Olivia O’Sullivan, “en materia de defensa y seguridad, el compromiso de Trump a largo plazo con la defensa colectiva a través de la OTAN está en duda, y su desdén por los países europeos que gastan porcentajes mínimos de su PIB en defensa es muy claro”. La Alianza Atlántica es el medio principal por el que los miembros del bloque comunitario y Reino Unido coordinan el despliegue internacional y conjunto de sus tropas y recursos militares.

Por todo ello, es evidente que Londres y Bruselas se necesitan, pero también lo es que eso no garantiza el éxito de las negociaciones. Mucho dependerá de la flexibilidad y estabilidad política de países europeos como Francia o Alemania; del margen de maniobra que dejen los británicos a su gobierno para renegociar algunos aspectos del Brexit; de la propia solidez del ejecutivo de Starmer en medio del fuerte desplome de su popularidad, y de que la inquietud que representan el reto de Trump y la violencia de Putin sea lo suficientemente acuciante como para que los negociadores pongan sobre la mesa una oferta que el otro no pueda permitirse el lujo de rechazar.

Europa opina
“Reino Unido siempre ha tenido una participación indispensable en la resolución de los grandes problemas europeos”, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Mientras tanto, Michel Barnier, primer ministro francés, ha afirmado que “la amistad franco-británica” será “valiosa para afrontar los desafíos que tenemos por delante”. Finalmente, Sandro Gozi, presidente de la delegación comunitaria en la Asamblea Parlamentaria UE-Reino Unido, cree que la victoria de Trump es “una gran oportunidad” para acercarse a la Unión Europea.
Starmer no quiere elegir entre Europa y Estados Unidos
“La idea de que debemos elegir entre nuestros aliados, que de alguna manera estamos con Estados Unidos o Europa, es simplemente errónea», dijo el primer ministro británico Keir Starmer. “La rechazo rotundamente”, aclaró, porque “el interés nacional exige que trabajemos con los dos”.
Gran Bretaña cree que puede conseguir un tratamiento más favorable para los bienes y servicios británicos ahora que las relaciones no son tan frías.
La preocupante situación del ejército británico
Según David Odalric de Caixal i Mata, director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, las fuerzas armadas británicas podrían pasar de 82.000 a 70.000 soldados entre 2021 y 2026. En un contexto de desplome de las vocaciones militares y grandes desafíos geopolíticos, Londres necesita, según el experto, el apoyo de la UE y, muy especialmente, de Francia, Alemania e Italia para que su ejército no pierda capacidad operativa.

«Un ‘reseteo’ estratégico en tiempos de Trump», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS,
directora de la oficina del Parlamento Europeo en España

“Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común"

Un reseteo estratégico en tiempos de Trump

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha reavivado las tensiones sobre el compromiso del país con la OTAN y la seguridad europea. En sus primeros discursos, Trump ha advertido que no protegerá a los países que no cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar -España está a la cola de toda la UE con un 1,28%-, dejando claro que reducirá la implicación americana en la Alianza. Este escenario plantea una amenaza directa a la estabilidad del continente en un momento de gran volatilidad por la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento Europeo aprobó recientemente en Estrasburgo una dura resolución en la que exigía más apoyo militar concertado a Ucrania ante la implicación reciente de China y Corea del Norte en el conflicto y ante las pruebas rusas de nuevos misiles balísticos. El lenguaje bélico invade ya los comunicados de prensa de unas instituciones creadas para la paz hace ahora 67 años.

La Eurocámara, a diferencia del nuevo mandatario norteamericano, deja claro que “no pueden llevarse a cabo negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania” y pide a la UE trabajar para lograr el apoyo internacional más amplio posible al país, sobre todo teniendo en cuenta la escalada reciente y el preocupante apoyo en recursos a Rusia de Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Todos estos acontecimientos urgen reforzar la autonomía estratégica de la UE y su cooperación en defensa, especialmente con el Reino Unido, un aliado clave que ha quedado fuera de la estructura comunitaria tras el Brexit. Las noticias que nos llegan de Londres son positivas: el nuevo gobierno de Keir Starmer, con su enfoque proeuropeo y su voluntad de resetear las relaciones con Bruselas, ofrece una oportunidad única.

Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común. En un mundo cada vez más inseguro, la UE y el Reino Unido tienen mucho que ganar de una asociación más estrecha.

La Unión Europea, consciente de las implicaciones de un Estados Unidos obsesionado con China y menos comprometido con nuestro continente, debe liderar el esfuerzo para fortalecer su pilar defensivo dentro de la OTAN, integrando las capacidades británicas en un marco europeo más sólido. El Reino Unido, por su parte, tiene el incentivo de consolidar su influencia en Europa a través de acuerdos que no solo refuercen su posición como socio privilegiado, sino que también le permitan mantener su relevancia en un entorno geopolítico cada vez más hostil.

La clave radica en una negociación de doble vía: por un lado, garantizar que la UE mantenga una postura unida y cohesionada en sus negociaciones en bloque con el Reino Unido. Por otro, es lógico que en políticas como la de defensa su colaboración incluya acuerdos bilaterales adicionales, como el mantenido con Francia y el reciente Acuerdo Trinity House con Alemania, que incluye la construcción de una fábrica de artillería en Reino Unido, el despliegue de aviones alemanes para proteger el Atlántico Norte y el desarrollo conjunto de misiles de largo alcance y drones.

Insisto: Aunque valiosos, estos acuerdos nunca deben contemplarse en detrimento del refuerzo de una verdadera dimensión europea de la defensa. Cierto, la UE no tiene ejército propio, pero el margen de cooperación es amplio. El Reino Unido debe participar también en proyectos estratégicos conjuntos, en iniciativas como el Instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa, diseñado para fomentar adquisiciones conjuntas y optimizar el gasto público en capacidades militares. Además, invertir en otras áreas estratégicas como la ciberseguridad y la conectividad espacial fortalecería la resiliencia de las infraestructuras críticas de ambos.

El liderazgo de Starmer llega en un momento oportuno. Un acuerdo estructurado con la UE permitiría finalmente al Reino Unido participar en misiones militares y civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.

Además, la cooperación podría extenderse a áreas críticas como la seguridad energética y la gestión de migraciones. Británicos y europeos ya dieron en febrero un paso significativo en esta última materia, al acordar una colaboración entre sus agencias de control de fronteras para combatir la migración irregular con un mayor intercambio de información y la coordinación operativa. Paralelamente, se están explorando mecanismos que permitan una movilidad juvenil más estructurada, facilitando que jóvenes europeos y británicos vivan y trabajen temporalmente en el otro territorio. El enfoque es delicado: busca fortalecer la seguridad y la cooperación, evitando la percepción de un regreso a la libre circulación, algo aún sensible en Reino Unido.

No hay luna de miel después de un divorcio traumático. La UE ha dejado claro que cualquier avance significativo en este reseteo de relaciones requerirá que el Reino Unido cumpla plenamente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020. Esto incluye la implementación de controles fronterizos y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, cuestiones que hasta ahora han sido fuente de fricciones.

En todo caso, el regreso de Trump a la Casa Blanca deja claro que Europa ya no puede depender del paraguas de seguridad estadounidense como lo ha hecho en el pasado. Debe asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, y el Reino Unido, con sus capacidades militares avanzadas, su potencia nuclear y su experiencia global, es un socio natural en este esfuerzo.

En última instancia, el éxito de este reseteo dependerá de la voluntad política de ambas partes para priorizar el interés común sobre las diferencias pasadas. Y la elección de Trump podría terminar siendo el mejor catalizador para ello.

Colocar bien las fichas

Desafíos jurídicos de las parejas

ÁMBITO EUROPEO

Desafíos jurídicos de las parejas

El Colegio Notarial de Cataluña (CNC) fue anfitrión, en octubre, de la reunión anual de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) y de la Academia Notarial Europea de la Unión Internacional del Notariado (UINL), de la que es sede semipermanente desde 2013. Más de un centenar de notarios provenientes de 41 países acudieron a la ciudad para abordar los desafíos jurídicos relacionados con las parejas no matrimoniales en Europa. Los participantes pusieron en común las diferencias entre legislaciones nacionales, así como los retos futuros en este ámbito.
REDACCIÓN

La presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, Valentina Rubertelli, inauguró la sesión de la Academia Notarial de la Comisión de Asuntos Europeos, destacando “el papel del notario en la formación de pactos de convivencia o cohabitación, como funcionario público, asesor familiar y profesional”.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, puso en valor el compromiso del Notariado español en establecer lazos con el Notariado internacional, destacando como principal objetivo “mantener un vínculo cercano con la sociedad, ofreciendo asesoramiento y seguridad jurídica y atendiendo a sus necesidades”. Además, Marín hizo alusión a las uniones no matrimoniales y a “la dispersión que hay tanto en España, en las distintas comunidades autónomas, como en Europa” y señaló que “lo fundamental en esta cuestión es plantearse qué instituciones son necesarias en esta materia y qué alcance deben tener.”

Análisis en profundidad. La directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Catalunya, Inmaculada Barral, señaló que “este encuentro nos permitirá analizar la situación de las parejas no matrimoniales en profundidad, ver cómo se regula en los distintos países y si esas soluciones son aplicables a nuestro entorno, teniendo en cuenta que cada lugar cuenta con unas regulaciones que están adaptadas a su ciudadanía”.

 

LOS PARTICIPANTES EN ESTE ENCUENTRO EXAMINARON LAS UNIONES NO MATRIMONIALES, ANALIZANDO LAS DIFERENCIAS LEGALES ENTRE PAÍSES

 

Finalmente, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, José Ignacio González Álvarez, en representación del Consejo General del Notariado, puso de manifiesto que “en España existen 15 legislaciones distintas en esta materia. Solo en 2023 se registraron más de 36.000 acuerdos de pareja de hecho en España”, un dato que muestra la tendencia de la sociedad actual.

Situación europea. El tema central del encuentro de la Academia Notarial Europea de la Comisión de Asuntos Europeos fue Parejas no matrimoniales en Europa: uniones de hecho, uniones civiles y uniones registradas. En este contexto, los representantes del Notariado internacional examinaron las diversas formas de uniones no matrimoniales, analizando las diferencias legales entre los países y proponiendo áreas donde hay espacio de mejora.

Así, entre las parejas no matrimoniales se incluyen las uniones de hecho, las relaciones estables no formalizadas que pueden tener derechos y obligaciones similares al matrimonio en ciertos países; las uniones civiles, que proporcionan un reconocimiento legal formal con derechos equiparables al matrimonio en temas como herencia y seguridad social; y las uniones registradas, inscritas oficialmente y dotadas de un marco legal claro y específico.

En la conferencia inaugural, la profesora titular de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, Esperança Ginebra Molins, destacó los distintos modelos que existen en materia de uniones no matrimoniales y su pluralidad de expresiones. Tras ello, la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universitat de Barcelona, Cristina González Beilfuss, intervino con su ponencia Uniones civiles y uniones registradas: perspectivas de Derecho internacional privado.

Después, en una mesa redonda moderada por la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, las autoridades notariales abordaron las diferencias legislativas de las uniones no matrimoniales entre sus respectivos países, con la participación de Gianfilippo Laurini como representante de Italia; Hana Hoblai, procedente de Croacia; Alain Deliège, de Bélgica; Christina Chatzidandi, de Grecia; y como representante de Letonia, Ilze Metuzāle.

Iglesias hizo hincapié en el hecho de que “ante el panorama legislativo actual tanto en la Unión Europea como a nivel nacional y autonómico, los notarios debemos velar por la aplicación del derecho vigente. Además, teniendo en cuenta la situación en Cataluña y en España, son muchas las cuestiones que nos podemos plantear; y para eso resulta de especial interés la calebración de estas jornadas. Cada país cuenta con elementos en común, pero también con muchos otros aspectos diferenciadores que pueden propiciar el debate y llegar a conclusiones que sean favorables para todos los países”.

 

ITALIA REGULÓ LAS UNIONES CIVILES PORQUE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS LA CONMINÓ A RECONOCER LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

 

Conclusiones. Finalmente, la catedrática de la Universidad de Barcelona, Elena Lauroba, hizo una síntesis de las intervenciones anteriores. Así, destacó cómo en buena medida, “las regulaciones surgen de la problemática de cada país y de las necesidades e idiosincrasia de su sociedad. Por ejemplo, Italia ha regulado las uniones civiles, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la conminó a procurar algún reconocimiento a las parejas del mismo sexo y Letonia no ha regulado las uniones de hecho hasta este año”.

Por otro lado, la catedrática insistió en “las simetrías y diferencias con la institución del matrimonio, y si cabe mantener una regulación de parejas cuando se regula el matrimonio para todos. De hecho, cuando Alemania reguló el matrimonio homosexual, eliminó la regulación de las parejas, y Suiza ha hecho lo propio recientemente. El debate está abierto, y es especialmente relevante en un momento en que la sociedad está envejeciendo y es previsible que las personas tengan una sucesión de relaciones que quepa calificar de ‘uniones’”.

 

EN ESTOS ENCUENTROS SE TRATARON ASPECTOS COMO LA DESJUDICIALIZACIÓN, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Desjudicialización. En la sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) se abordaron temas fundamentales de derecho comparado e internacional privado. En particular, aspectos como la desjudicialización, la seguridad jurídica y la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito notarial. Las autoridades notariales presentaron estudios al respecto, que permitirán valorar los progresos realizados hasta la fecha y anticipar los próximos pasos a seguir.

En la inauguración de la sesión, la presidenta de la CAE, Valentina Rubertelli, en agradecimiento a José Alberto Marín, por su implicación y apuesta por el Notariado internacional, le hizo entrega de la bandera de la Unión Internacional del Notariado (UINL). Por su parte, el decano destacó “el continuo aprendizaje gracias al intercambio permanente con los distintos notariados”. También puso de relieve la importancia del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, uno de los más importantes del mundo junto al de París y Génova, así como el papel del Centro Tecnológico del Notariado, cuya sede principal se ubica muy cerca de la ciudad condal. Finalmente, puso en valor la importancia de la seguridad jurídica que otorgan los notarios a todos los ciudadanos.

La unión de 86 países
La Unión Internacional del Notariado (UINL) es una organización no gubernamental que promueve, coordina y desarrolla la función y la actividad notarial en todo el mundo. La UINL integra a 86 notariados de los que forman parte cerca de 300.000 notarios. Cuenta con dos millones de colaboradores y genera, aproximadamente, 400 millones de escrituras públicas cada año. Entre sus funciones destacan las relaciones entre los notarios de los países miembros para el intercambio de información y experiencias profesionales; la promoción de la aplicación de los principios fundamentales del notariado y de los principios de deontología notarial; la representación del notariado ante otros organismos internacionales, además de la colaboración con los mismos. También la colaboración en el plan internacional de la armonización de las legislaciones notariales nacionales; y la promoción, organización y desarrollo de la formación profesional y el apoyo a los trabajos científicos en el ámbito notarial.
De izda. a dcha.: Raquel Iglesias, Immaculada Barral, Cristina González Beilfuss, Valentina Rubertelli, Esperança Ginebra, José Alberto Marín, Elena Lauroba y José Ignacio González.
Europa: un mismo sistema
La Comisión de Asuntos Europeos reúne a todos los países miembros de Unión Internacional del Notariado ubicados en Europa. La Comisión se ocupa de estudiar los distintos temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas, y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos al Parlamento Europeo con la finalidad de promover directivas europeas. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.
Sesión plenaria de la CAE, con representantes de 41 países.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Europeos, con representantes de 41 países, en el Colegio.

¿Qué necesita Europa para defenderse militarmente?

ÁMBITO EUROPEO

Washington quiere que Europa asuma parte de la carga que le supone la OTAN.

¿QUÉ NECESITA EUROPA PARA DEFENDERSE MILITARMENTE?

A la Unión Europea (UE) se le agolpan los retos geopolíticos con la menor implicación de Estados Unidos en la OTAN, la escalada en Oriente Medio, la prolongada guerra de Rusia en Ucrania o el ascenso de China. Y Bruselas quiere poner fin a la debilidad militar de Europa.
GONZALO TOCA

Muchos se quedaron sorprendidos ante la franqueza del entonces futuro comisario europeo de Defensa y Espacio con sus declaraciones a la agencia Reuters en septiembre. Andrius Kubilius, que todavía no había sido ratificado por el parlamento comunitario en un cargo de nueva creación, había planteado que la UE debería prepararse para una posible guerra directa con Rusia antes de diez años.

“Los ministros de Defensa y los generales de la OTAN coinciden en que Vladimir Putin podría estar listo para la confrontación con la OTAN y la UE en seis u ocho años, no nos queda mucho tiempo. Y esto significa que debemos tomar decisiones rápidas y ambiciosas”, dijo Kubilius.

Sin embargo, una cosa es la voluntad del mandatario y otra muy distinta que recabe el apoyo que necesita entre los Estados miembros, incluso cuando hay multitud de frentes geopolíticos que también justificarían una ampliación de las capacidades militares. Parece claro que, si la UE quiere ser una superpotencia global, ya no solo a la altura de Estados Unidos sino también de China en el siglo XXI, eso pasa por que sus tropas e industria militar sean comparables.

 

TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA EN 2022, ACABAREMOS ESTE AÑO CON ESTADOS INCUMPLIENDO EL UMBRAL DEL 2% DE GASTO EN DEFENSA AL QUE SE COMPROMETIERON

 

Iniciativas de la UE. Sin ir más lejos, a principios de este mismo año, la UE tuvo que ‘improvisar’ Eunavfor Aspides, una operación de seguridad marítima en el Mar Rojo y el Golfo. La UE depende, como China o Estados Unidos, de las mercancías que atraviesan la región y los ataques hutíes ‘obligaron’ a Bruselas a lanzar una iniciativa para escoltar a los buques, defenderlos de las agresiones y que no tuvieran que sufrir “un retraso de 100 días, que son los que se necesitan para hacer que los cargueros atraviesen el Cabo de Buena Esperanza en vez del Canal de Suez”, según advierte Ángel Saz-Carranza, director del Centro de Economía Global y Geopolítica, EsadeGeo.

Sin embargo, estas iniciativas ocasionales se parecen poco a las reformas permanentes que Kubilius persigue y que se presentan difíciles según los precedentes. Después de que Rusia invadiera por primera vez Ucrania en 2014, los miembros de la OTAN, una organización mayoritariamente europea, acordaron por unanimidad gastar al menos el 2% de su PIB anual en defensa antes de 2025. ¿Qué ha sucedido? Pues que los analistas prevén que, incluso después de la nueva y mucho más brutal invasión de Ucrania en 2022, acabaremos este año con un tercio de los Estados incumpliendo el umbral de gasto al que se comprometieron.

Hitos. El comisario europeo de Defensa y Espacio no solo tiene como prioridad que todos los miembros de la UE lleguen a ese 2%, sino también que avancen desde ahora hasta 2030 en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la estrategia industrial europea de defensa.

Y entre ellos destacan, por ejemplo, que los Estados comunitarios compren coordinadamente como mínimo el 40% de los equipos de defensa, gasten al menos la mitad del presupuesto de sus contratos públicos de defensa en productos europeos y comercialicen, como mínimo, el 35% de los productos de defensa solo entre países de la UE.

A cambio de ese esfuerzo, Bruselas prometió en marzo 1.500 millones de euros en financiación mediante el Programa para la Industria de Defensa; en abril, el Banco Europeo de Inversiones pidió que le permitieran que la mitad o más de los proyectos que financia pudieran ser militares y, ya en octubre, este banco y la Agencia Europea de Defensa anunciaron una cooperación reforzada en la financiación de proyectos militares con la asistencia del Fondo Europeo de Inversiones.

 

LOS ENVÍOS DE LA UE A UCRANIA LLEVAN MESES PARALIZADOS POR EL BLOQUEO DE HUNGRÍA

 

Notables e insuficientes. Álvaro Silva Soto, subdirector del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, reconoce “que los últimos esfuerzos comunitarios son notables históricamente”. Sin embargo, apunta, “resultan insuficientes para que Europa dé el gran salto adelante de poder defenderse sola a medio plazo”. Y eso incluye, probablemente, los seis u ocho años en los que Andrius Kubilius quiere que el Viejo Continente sea capaz de medirse con Rusia.

La UE, aclara Silva Soto, “seguirá recurriendo a la presencia de las tropas americanas; la OTAN seguirá coordinando muchas veces a los ejércitos europeos y el paraguas nuclear de Estados Unidos seguirá siendo fundamental”. Otra cosa, matiza, “es que asumamos cada vez más porciones de nuestra defensa común y del sostenimiento de la OTAN y que nos adaptemos más rápido a una realidad innegable: Washington necesita en su competición con China parte de los recursos militares que, hasta ahora, le había dedicado a Europa”.

 

JOSEP BORRELL: “TENEMOS 6.000 MILLONES QUE HAN PUESTO LOS ESTADOS MIEMBROS Y NO LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE HAY UN PAÍS QUE SE OPONE”

 

De todos modos, tampoco será este un camino fácil. Washington quiere que Europa asuma parte de la carga que le supone la OTAN pero desea, al mismo tiempo, continuar liderando la organización de forma abrumadora y que sus miembros le compren sus armas en vez de producir las suyas. Por otra parte, el ritmo de las decisiones comunitarias es casi imposible de predecir.

Y para muestra un botón. La UE necesita unanimidad para tomar decisiones sobre la gestión del fondo mediante el que los Estados miembros cofinancian las armas que envían a Ucrania y los envíos llevan meses paralizados por el bloqueo de Hungría.

Es más, el alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, reconoció en octubre a la agencia EFE que en la UE “estamos rompiéndonos la cabeza para intentar encontrar una solución que evite este bloqueo un poco absurdo, porque tenemos 6.000 millones que han puesto los Estados miembros, están en caja, y no los podemos utilizar para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania porque hay un país que se opone”.

Andrius Kubilius se va a encontrar como comisario europeo de Defensa y Espacio con muchas dificultades como las de Borrell. ¿Podrá superarlas haciendo que la UE avance al galope en su capacidad para defenderse? ¿Y qué sucederá si no es así cuando, en menos de diez años, Rusia pueda enfrentarse a Europa en una guerra abierta?

Europa opina
El Programa para la Industria de Defensa, que la UE impulsó en marzo por valor de 1.500 millones de euros, no tiene suficiente presupuesto, según un dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo de octubre a cargo del magistrado Marek Opioła, que recomendó mejorarlo con un “equilibrio adecuado entre los objetivos políticos, el presupuesto propuesto y el marco temporal”. Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, reconoció que estaban estudiando “cómo recaudar dinero lo más rápido posible”.
Si la UE quiere ser una superpotencia a la altura de Estados Unidos, eso pasa por que su industria militar sea comparable.
La UE y Reino Unido
David Lammy se convirtió, en octubre, en el primer ministro de Exteriores británico en acudir a una reunión de titulares de estas carteras de la Unión Europea después del Brexit. La nota de prensa posterior reconoció el “elevado grado de puntos de acuerdo” entre las partes y que, además, se considerarían consultas regulares sobre cuestiones específicas. Lammy quiere que Reino Unido participe en misiones militares europeas.
¿Defensa común sin ejército?
Álvaro Silva Soto, subdirector del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, explica que “si la UE no quiere ser una federación, tener un ejército común carece de sentido”. Sin embargo, sí que cabe prever ahora, sigue, “más coordinación y más interoperabilidad entre las tropas como ya estamos viendo con la integración de brigadas alemanas en Lituania, de brigadas holandesas en las alemanas y de integración de equipos franceses y belgas”.

«La incierta autonomía estratégica de Europa», por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“¿Hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN?"

La incierta autonomía estratégica de Europa

No deja de sorprender que uno de los primeros proyectos de la construcción europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Roma, fuera la creación de lo que un día se llamó Comunidad Europea de Defensa. Corría el año 1952, y la misma Europa que dejaba atrás un continente devastado por la guerra, entendió casi desde el primer día —salvo Francia, que dos años después vetaría el acuerdo— que era necesario levantar una arquitectura propia de seguridad y de defensa, dos conceptos que necesariamente van unidos. Setenta y dos años después, la vieja Europa, ahora con 27 miembros, sigue dándole vueltas a la misma idea. No es ninguna novedad. Europa se ha acostumbrado a pasar por el diván después de cada crisis, y son legión.

Es cierto que la ampliación de la OTAN a nuevos territorios respecto de sus miembros fundacionales ha resuelto muchos de los problemas de defensa y seguridad en el flanco Este, pero hay pocas dudas de que no puede haber autonomía estratégica, el proyecto central de la Comisión Europea, sin una arquitectura propia en aras de lograr una posición común en el tablero geopolítico.

La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN? Lo que sabemos es que los límites los marca la llamada Política Común de Seguridad y Defensa, pero no deja de ser un desiderátum en la medida que cualquier avance en esa dirección, necesariamente, genera recelos en EE. UU., cuya política exterior no siempre coincide con los intereses europeos. Sin contar con que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Las sucesivas ampliaciones hacia el Este, de hecho, han metido en un problema a Europa que, quiera o no, debe intentar convivir con un vecino incómodo, como es Rusia. Otra cosa es que Moscú lo desee.

Y es por eso, precisamente, por lo que la aspiración a una cultura de seguridad y defensa propias —articulada en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común— no deja de tener algo de voluntarista. Entre otras razones, porque ambas zonas del Atlántico comparten, en lo general, una misma visión que las dos partes quieren proteger ante el avance de las autocracias y el pensamiento iliberal. Eso sí, con un evidente desequilibrio de fuerzas. En estos momentos, Europa dispone de apenas 3.500 militares y 2.000 civiles en operaciones de paz en el mundo; no parece mucho en un contexto de fuertes tensiones en determinadas áreas geográficas. Desde luego, a años luz del imponente despliegue de EE. UU. en el conjunto del planeta.

El caso de Ucrania, donde no ha habido fisuras relevantes en el seno de la OTAN tras más de dos años de guerra, es el más evidente. Tampoco hay divergencias en el otro teatro de operaciones actual, Oriente Medio, donde Europa juega un papel irrelevante. Esto es así porque lo que se ha llamado vínculo transatlántico es, de hecho, la pieza esencial de la política de seguridad y defensa, y así lo seguirá siendo hasta donde alcanza la vista a ver, por lo que habría que hablar más de un reforzamiento de la complementariedad entre EE.UU. y Europa, que del nacimiento de una verdadera autonomía estratégica. Entre otras razones porque una cosa es predicar y otra, como dice el refrán, dar trigo, y Europa, por razones presupuestarias, ahí están sus reglas fiscales, no está en condiciones de crear una arquitectura propia. Ni siquiera ha sabido o podido articular una posición común en el frente Sur, que atañe directamente a países como España, donde el terrorismo yihadista ha expulsado a Francia como el guardián de la región.

Cabe recordar, en este sentido, que fue el Tratado de Maastricht (en 1993) el que decidió avanzar en la integración europea a través de la economía, pero dejando en un segundo plano la defensa y la seguridad. Probablemente, porque, tras la caída del Muro, se pensó que las viejas tensiones de la guerra fría se habrían de disolver para siempre. No fue así y hoy, con décadas de retraso, Europa intenta recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que existen compromisos internacionales en el marco de la OTAN o que el Banco Europeo de Inversiones está ya en condiciones de ofrecer vías de financiación, pero en un contexto de envejecimiento hay pocas dudas de que lo prioritario para muchos gobiernos será el sostenimiento del Estado de bienestar, pese a las amenazas procedentes del frente oriental.

También es cierto que Europa, en aras de lograr una cierta autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a los Estados miembros a cooperar en la adquisición conjunta en la región de material de guerra (el 50% hasta 2030), pero, igualmente, los intereses de cada país con sus industrias nacionales son demasiado fuertes para pensar que esto pueda materializarse con la dimensión prevista. Y ello pese a que una colaboración más estrecha de las industrias nacionales de defensa generaría beneficios globales gracias al aprovechamiento de las economías de escala y así evitar las duplicidades en una actividad clave desde el punto de vista de la investigación tecnológica o de la ciberseguridad.

No es un asunto menor teniendo en cuenta que, según la Agencia Europea de Defensa, el gasto total de los Estados miembros superó en 2022 los 240.000 millones de euros, incluidos 58.100 millones de inversiones en defensa. Es una cifra mareante, pero probablemente reducida respecto de lo que gasta EE. UU., lo que aboca a Europa a seguir siendo subalterna de Washington. Basta recordar que la Agencia Europea de Defensa, creada hace dos décadas, cuenta con una plantilla de apenas 180 funcionarios. No parece mucho para enfrentarse a un mundo tan convulso.

Esto no ha hecho más que empezar

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

ÁMBITO EUROPEO

La política comercial china podría poner en peligro 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia.

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

La Unión Europea lleva años perdiendo fuelle frente a las otras dos superpotencias que rigen los destinos de la economía mundial. Y la remontada se vuelve más acuciante cada día que pasa.

GONZALO TOCA

Hay pocos expertos más sobrios y ponderados que el ex presidente del BCE Mario Draghi. Y sus palabras fueron muy reveladoras hace pocos meses: la UE no se estaba tomando en serio la competencia extranjera en un mundo en el que sus rivales económicos ya no jugaban “según las reglas”.

El manual clásico de la globalización liberal tras la Guerra Fría, con excepciones y zonas grises sobre todo en materias como fiscalidad transnacional, ha ido dejando paso a un modelo cada vez más definido por la intervención abrumadora de las grandes potencias en la promoción de sus campeones e industrias nacionales en sectores críticos.

Un ejemplo reciente de esto es la transición ecológica en general y la movilidad sostenible en particular. Si, en 2009, China solo vendía 500 vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés) en su territorio, en 2022 y más de 29.000 millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales después, ya comercializaba en su territorio más de seis millones de unidades y concentraba más de la mitad de la demanda mundial. Y no es solo eso: el gigante asiático ha catapultado sus exportaciones de EV en más de un 70% en los últimos dos años, algo que ha atizado la respuesta de Washington.

Mayores aranceles

Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que supuestamente iba a desescalar la “guerra comercial” de su predecesor con Pekín, anunció en mayo unos aranceles que incluyen el 100% para los vehículos eléctricos importados del gigante asiático y el 50% para los componentes de placas solares hasta 2026. China, que siguió una estrategia parecida en el sector fotovoltaico a la de los EV, produce hoy el 86% de toda la energía solar fotovoltaica global.

 

ESTADOS UNIDOS AVENTAJA A LA UE EN ÁREAS TAN CRUCIALES COMO TECNOLOGÍAS ESPACIALES, BIOTECNOLOGÍA SANITARIA, COMPUTACIÓN CUÁNTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

La Unión Europea, en un contexto en el que se esperaba un diluvio de vehículos eléctricos del gigante asiático ante el cierre de facto del mercado estadounidense, fue la última en mover, una vez más, sus peones. En agosto, la Comisión propuso unos aranceles sobre los EV chinos durante los próximos cinco años que irían del 17% como mínimo a poco más del 36% como máximo dependiendo de las marcas afectadas cuando, hasta ahora, se habían mantenido en un 10%.

Esa propuesta quedaba sujeta a negociación con Pekín y con los miembros del bloque comunitario, que deberían aprobarla en su forma definitiva antes de noviembre. También cabe recordar que los coches Tesla fabricados en China “disfrutarían” de un arancel privilegiado del 9%, porque el lugar de procedencia de la marca es Estados Unidos.

 

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Mucho más que coches

Lo que está sucediendo ahora con la movilidad sostenible se puede extender fácilmente a otros sectores, como advirtió el economista-jefe del Centre for European Reform, en una reflexión de urgencia en la red social X en agosto. Según Sander Tordoir, China ha paliado la pérdida de empleo, derivada del estallido de su burbuja inmobiliaria en 2023, híper-estimulando la producción no solo de vehículos eléctricos, sino también de chips, productos químicos y maquinaria… y canalizando toda la sobreproducción hacia unas exportaciones fuertemente subvencionadas.

Eso, apunta Tordoir, podría poner en peligro los 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia y llevar al bloque comunitario a perder más ocupaciones industriales de las que perdió Estados Unidos en su desindustrialización con China a principios del siglo XXI.

En estas circunstancias, todas las miradas se han vuelto sobre Bruselas. Y las dudas sobre su capacidad de reacción no son pocas, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años en su competición con Estados Unidos, que es una potencia mucho más comparable que China.

Si una de las claves de los elevados niveles de vida comunitarios son los estados del bienestar, la otra podría ser perfectamente la renta per cápita (RPC) que los financia. Pues bien, según Eurostat, la RPC estadounidense habría crecido el doble que la europea desde 1993 hasta 2022 y, según el Banco Mundial, Estados Unidos habría ampliado su ventaja en renta per cápita sobre la eurozona en más de un tercio durante las últimas dos décadas.

Pero los problemas no terminan ahí. Según un informe de DigitalEurope, la UE solo lidera dos de los ocho grandes sectores tecnológicos (conectividad avanzada y fabricación aditiva) que definirán la economía del futuro y China ya se habría convertido en el campeón mundial en innovación energética gracias, sobre todo, a su apuesta por la solar fotovoltaica.

Mientras tanto, Estados Unidos nos aventajaría en áreas tan cruciales como tecnologías espaciales, biotecnología sanitaria, semiconductores avanzados, computación cuántica e inteligencia artificial. En estos momentos, según las cifras de la OCDE, el volumen de inversión del capital riesgo en inteligencia artificial en Estados Unidos multiplica por más de ocho la de la Unión Europea.

 

LA UE SOLO LIDERA DOS DE LOS OCHO GRANDES SECTORES TECNOLÓGICOS: CONECTIVIDAD AVANZADA Y FABRICACIÓN ADITIVA

 

Claves de la remontada

Los expertos coinciden en que la remontada comunitaria necesitaría avanzar en las recomendaciones que presentó el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe de abril. Según Letta, sería necesario suscribir un Pacto Europeo por la Competitividad que extendiera el mercado común a la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.

Dentro de la parte financiera, habría que dar pasos hacia la integración de los mercados de capitales en línea con el esfuerzo iniciado en 2014 y, al mismo tiempo, Bruselas debería tener, según el informe, cada vez más que decir en la coordinación de ayudas públicas concretas a sectores críticos y que ya están recibiendo enormes subsidios o ventajas fiscales no solo en China… sino también en Estados Unidos con la reciente Inflation Reduction Act, que ha movilizado 350.000 millones de dólares para impulsar, entre otras, la transición ecológica.

De todos modos, aunque Europa se juega mucho y Hungría se ha comprometido a implementar durante estos meses de su presidencia europea un pacto por la competitividad, lo cierto es que hoy sigue siendo una mera declaración de intenciones que comparten sobre el papel los 27 miembros de la Unión con notables discrepancias en aspectos como la integración del mercado de capitales o el aumento del poder de Bruselas sobre las ayudas públicas a empresas y sectores críticos. ¿Seremos capaces de pisar el acelerador?

Europa opina

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “la competitividad y el mercado único parten de una base sólida”. Sin embargo, considera que hay que ampliar el acceso al capital, reducir la factura energética, mejorar la formación y fortalecer los lazos comerciales. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pide apostar por “la unión de los mercados de capitales y aumentar las capacidades del Banco Europeo de Inversiones para financiar sectores estratégicos”.

Rivales comerciales sí, pero no enemigos

EE.UU., China y la UE comparten grandes intereses globales, como la lucha contra el cambio climático, la estabilidad de la economía mundial o la resolución pacífica de conflictos como el de Ucrania. También depende de ellos pactar un nuevo marco legal que prevenga la competencia desleal que suponen las ayudas públicas masivas a las empresas.

Un nuevo futuro para las relaciones transatlánticas

Como recuerda el informe del Centre for European Reform Europe and the superpowers: Responding to economic nationalism, hay que buscar una forma de preservar el histórico vínculo entre Estados Unidos y la UE que compatibilice la autonomía estratégica europea en sus relaciones con Pekín y la estrecha cooperación transatlántica de Washington y Bruselas frente a los excesos comerciales de China.

China ha paliado la pérdida de empleo híper-estimulando la producción con exportaciones fuertemente subvencionadas.