El Parlamento Europeo aprobó en febrero con el apoyo abrumador de sus miembros un reglamento crucial que entró en vigor a finales de mayo. Este reglamento, que contó con 335 votos a favor y tan solo 190 en contra, es un paso clave hacia la creación de una aplicación móvil con forma de cartera digital (wallet) que emitirán para cada usuario las autoridades de los Estados miembros y que será reconocida en toda la UE. Las primeras versiones estarán disponibles en distintos países comunitarios a partir de 2026.

El enorme peso geopolítico europeo y la creciente necesidad de fórmulas parecidas en otras grandes potencias sugieren que los estándares del Viejo Continente acabarán aceptándose en otras circunscripciones. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ya anunció el pasado 30 de abril en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) que había firmado un memorándum con su homólogo japonés para que la identidad digital europea fuese interoperable con la nipona.

Aplicación móvil

Esta cartera europea se descargará voluntariamente en un dispositivo electrónico (un teléfono, una tableta…) con la forma de una aplicación móvil. El gran objetivo comunitario es que sirva para almacenar y compartir credenciales verificadas oficialmente, como pueden ser, en el caso de los ciudadanos, la edad, el carné de conducir, el pasaporte, las cualificaciones educativas o las recetas médicas. La app también podrá utilizarse como firma electrónica o repositorio de tarjetas bancarias. Las administraciones públicas quieren utilizar estas aplicaciones también para prevenir el fraude.

Los usuarios, tanto empresas como personas, podrán o no instalarse la aplicación, aunque ciertamente será más difícil resistirse si la adopción se vuelve masiva. Según la firma de análisis ABI Research, las apps ‘en circulación’ podrían pasar de casi 170 millones en 2026 a más de 300 millones tan solo cinco años después. Y aquí es donde pueden presentarse importantes desafíos.

LA CARTERA DIGITAL EUROPEA SE DESCARGARÁ VOLUNTARIAMENTE EN UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO(UN TELÉFONO, UNA TABLETA…) CON LA FORMA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL

Carrera de obstáculos

Para empezar, muchas de las apps se concentrarán durante algún tiempo en los Estados más avanzados tecnológicamente (Bulgaria, Croacia o Rumanía se encuentran bastante menos digitalizados que Francia o Estonia, por ejemplo), por lo que existirán disparidades nacionales considerables que afectarán a viajeros y empresas transnacionales.

En segundo lugar, a principios de la próxima década, la Comisión Europea espera una cobertura del 80% del mercado, algo que puede poner en dificultades a las poblaciones envejecidas y vulnerables del interior de los propios países. Según un informe reciente de UGT, más de 14 millones de españoles ni siquiera saben en qué consiste la banca online.

El perfil de la población o el ritmo de adopción pueden animar a los Estados a emitir wallets con distintas funcionalidades, y sus características se diversificarán aún más con las propias preferencias de los negocios, los ciudadanos y los residentes comunitarios, que son los que deberán elegir no solo las credenciales que quieren llevar en su aplicación, sino también las que prefieren revelar cada vez. Por ejemplo, podremos acreditar la edad, pero no la identidad en algunos sitios web o podremos compartir los datos que nos avalen como buenos inquilinos ante caseros o plataformas de alquiler, sin que tengamos que proporcionar en ese mismo momento el número del DNI o la tarjeta de crédito.

Otro gran desafío será la seguridad que blinde la privacidad y protección de unos datos tan sensibles para los usuarios y negocios no solo frente a las grandes tecnológicas o los hackers, sino también ante el posible abuso de las instituciones.

HAY 4 PROYECTOS PILOTO EN MARCHA EN LOS QUE COLABORAN MÁS DE 250 EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES DE NORUEGA, ISLANDIA, UCRANIA Y 25 ESTADOS EUROPEOS

Confianza y usabilidad

Las autoridades comunitarias prometen que, a través del panel de privacidad de las carteras, “los usuarios podrán tener el control total de sus datos y podrán solicitar su eliminación”. En paralelo, la app será de código abierto para “fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad” y “también se establecen normas estrictas para el registro y la supervisión de las empresas implicadas con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad”.

La confianza, la usabilidad y la credibilidad van a ser ingredientes fundamentales para el éxito de la nueva identidad digital europea. Y aquí el diseño y la reputación de la app comunitaria, que recordemos que será de descarga voluntaria, tendrán que medirse con rivales tan poderosos, experimentados y populares como Google. La UE lanzó en abril del año pasado cuatro proyectos piloto de 45 millones de euros. Y ahí están probando, desde entonces, las wallets en escenarios de la vida real con la participación de más de 250 empresas privadas y autoridades públicas de 25 Estados miembros, así como Noruega, Islandia y Ucrania.

EL GRAN OBJETIVO COMUNITARIO ES QUE SIRVA PARA ALMACENAR Y COMPARTIR CREDENCIALES VERIFICADAS OFICIALMENTE

Como se ve, quedan muchas incógnitas por despejar para la identidad digital europea y algunas, como la reacción de las grandes tecnológicas estadounidenses que vean amenazado el acceso gratuito a los datos de sus usuarios, ni siquiera dependen totalmente de ella. Por eso, nos esperan años interesantes en los que personas y empresas deberán tomar muchas decisiones sobre lo que quieren guardar, compartir y proteger.

Los números no son amables. Los casos de sarampión comenzaron a aumentar en la Unión Europea el año pasado, aunque se concentraron sobre todo en Rumanía, Liechtenstein, Austria, Bélgica y Estonia. Desde marzo de 2023 se han notificado más de 6.000 diagnósticos, una cifra que la Comisión Europea considera preocupante.

Riesgo para los bebés

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), la población más expuesta son los bebés menores de un año, porque todavía no pueden vacunarse y debería ‘protegerlos’ la inmunidad de un entorno que sí hubiera recibido las dos dosis de la vacuna del sarampión. Los expertos admiten que ya existen víctimas mortales, aunque los fallecimientos representen una tímida minoría.

La tosferina también está dando quebraderos de cabeza a las autoridades comunitarias. Aunque no se han publicado estadísticas europeas actualizadas, todo apunta a que el incremento está siendo significativo. En marzo se confirmó que España atraviesa el peor brote epidémico desde 2015 y, a modo de ejemplo, si el informe del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la tercera semana de marzo del año pasado recogió cuatro casos, el de este año ya recogía casi 900 diagnósticos en nuestro país.

DESDE MARZO DE 2023, SE HAN NOTIFICADO MÁS DE 6.000 DIAGNÓSTICOS DE SARAMPIÓN EN LA UE, CIFRA QUE LA COMISIÓN EUROPEA CONSIDERA PREOCUPANTE

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reconoce, no obstante, que se trata de una infección contagiosa que, incluso en aquellos países con una alta cobertura de vacunación, registra brotes cada tres o cinco años. Además, el ECDC matiza que el incremento que vemos en las cifras de hoy se debe en parte a la anormal falta de circulación de la infección por las restricciones a la movilidad y las extraordinarias medidas de prevención de la pandemia. En varios países europeos, los casos de 2023 y 2024 ya son diez veces más abundantes que los de 2021 y 2022.

Luis Ortigosa, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de España, recuerda que “nuestro país ha pasado de inmunizar contra siete enfermedades a inmunizar contra 16 mediante el calendario sistemático de vacunación que se puso en marcha en 1985 y que, como vemos, no ha dejado de ampliarse”. Otro de los grandes éxitos del programa, añade, “es que hace años que el 95% de los niños está vacunado, lo que nos ha permitido crear una inmunidad de grupo que también protege a los pocos que no se vacunan”.

Sin embargo, eso no significa, señala Ortigosa, que “muchas de las enfermedades, como ha ocurrido con la viruela, se hayan erradicado o hayan desaparecido para siempre, sino que —como ha sucedido con el sarampión, la tosferina, el tétanos o la difteria— hemos conseguido contenerlas en niveles mínimos y hemos eliminado la inmensa mayoría de los casos autóctonos”.

En consecuencia, lo que vemos ahora mismo, añade, es que “el origen de la mayoría de los brotes que están surgiendo en España provienen de personas extranjeras que o no habían podido inmunizarse en su país o que, como sucede más en Europa, habían preferido no hacerlo por motivos religiosos o por unas teorías de la conspiración que aprovecharon la pandemia para exagerar o inventar graves efectos secundarios para las vacunas”.

ESPAÑA ATRAVIESA EL PEOR BROTE EPIDÉMICO DE TOSFERINA DE CASI LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, SEGÚN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Tendencias negativas

Aunque la cobertura de vacunación general europea, según la Organización Mundial de la Salud, continúa en un saludable 94% de la población infantil, lo cierto es que, en los últimos tres años, casi dos millones de niños no se han inmunizado contra el sarampión. Y eso ayuda a explicar por qué hubo 60 veces más casos en 2023 que en 2022. La cobertura general de la población infantil de Reino Unido a los cinco años se encontraba en el 93,2% en 2022/2023, su nivel más bajo en casi 15 años según las últimas estadísticas publicadas por su sistema nacional de salud. Londres es el único de los nueve territorios británicos con una tasa inferior al 90%.

Existen otros indicadores que también empiezan a ser inquietantes. Según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, la encuesta que toman como referencia las autoridades comunitarias, la confianza en las vacunas es relativamente baja y lleva descendiendo desde 2018 en Holanda, Letonia y Lituania. Por su parte y también desde 2018, Croacia, Hungría, Lituania y Holanda cada vez creen menos en la vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Entre 2020 y 2022, la mayoría de los países comunitarios perdió confianza en la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Además de las diferencias entre países, también existen grandes diferencias entre grupos de edad. La población de entre 18 y 34 años cree menos en las vacunas que la población de 65 años, y su confianza se erosionó entre 2018 y 2022. Como los hijos se suelen tener antes de los 35 años, algunos expertos temen que algunas familias jóvenes del Viejo Continente estén empezando a dejar de vacunarlos.

Eficaces y seguras

Finalmente, según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, los profesionales sanitarios en países como Francia, Grecia y Eslovaquia confían cada vez menos en las vacunas, aunque una mayoría abrumadora, en la Unión Europea siga creyendo que son eficaces y seguras. Parte de esa incipiente desconfianza podría estar relacionada, según algunos estudios, con el creciente escepticismo entre los profesionales ante las autoridades sanitarias y las prácticas de las compañías farmacéuticas.

Luis Ortigosa cree que “nada de lo ocurrido hasta ahora debería llevar en ningún caso al alarmismo, sino a la precaución y la concienciación, muy especialmente, de la población adulta”. Hay adultos de más de 40 años, afirma, “que no saben todo lo que ha avanzado el calendario de vacunación en las últimas décadas y que podrían estar mejor inmunizados”. Y brotes increíbles como el de la tosferina, inéditos en España en los últimos 15 años, son una buena ocasión para recordarlo y acercarse a preguntar al ambulatorio.

“Uno para todos, todos para uno”, parece ser la intención que subyace en el espíritu de la legislación para tratar de meter en cintura la elusión fiscal que practican algunas multinacionales y grandes empresas aprovechando su dimensión y huella geográfica.

La idea es poner orden en la selva impositiva, donde los países compiten al ofrecer impuestos a la medida (léase a la baja) para captar inversiones en sus respectivos territorios en detrimento de otros Estados. Una estrategia administrativa que drena recursos tributarios en los mercados donde se produce la actividad comercial y concentra, en forma de maná, el pago de tasas en áreas privilegiadas. Además, supone una evidente desventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, excluidas de esta especie de juego del trilero fiscal al alcance sólo de las grandes corporaciones.

Un poco de historia

Para cambiar esta dinámica, desde el pasado 1 de enero, han entrado en vigor varias normativas comunitarias que introducen un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% paras las multinacionales con actividades en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El objetivo de esta nueva legislación es obtener una mayor ecuanimidad y estabilidad impositiva en un mundo interconectado, tanto en el ámbito comunitario como global. De hecho, esta senda se inició hace años con las recomendaciones emitidas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Fruto de ello, la UE adoptó medidas para convertir lo anterior en derecho comunitario, de cara a luchar contra la planificación fiscal agresiva en su mercado interior. De esta manera, aprobó sendas directivas: UE 2016/1164 y UE 2017/952, de 12 de julio de 2016 y 29 de mayo de 2017, por las que se establecían normas para evitar la elusión fiscal y se legislaba en materia de asimetrías híbridas con terceros países, respectivamente. Posteriormente, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva UE 2022/2523, de 15 de diciembre de 2022, en la que se definen aspectos como el gravamen mínimo de sociedades, establecido en el 15%, y el impuesto complementario.

140 PAÍSES YA SE HAN ADHERIDO A LAS NUEVAS NORMATIVAS ANTIELUSIÓN FISCAL EMPRESARIAL

Cuestión de pilares

Previamente, en octubre de 2021, la normativa tributaria recibió un nuevo impulso mediante la declaración conjunta de la OCDE y el G-20 en relación con la citada erosión impositiva y el traslado desleal de beneficios. Para ello se aprobó una declaración, apoyada hoy en día por alrededor de 140 países (incluidos China e India y, por parte europea, algunos países bajo la lupa de la laxitud, como Países Bajos, Luxemburgo y Malta), que suponen en conjunto más del 90% del PIB mundial, y que, entre otros aspectos, perseguía unificar el marco fiscal internacional con una solución basada en dos pilares.

El primero incluye mecanismos para permitir la reasignación de los derechos de imposición entre diferentes jurisdicciones, en las que grandes empresas y multinacionales comercian y obtienen sus beneficios. El segundo comprende las normas para garantizar que se abone el impuesto de sociedades al tipo mínimo acordado del 15%, transpuesto al derecho de la UE mediante Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 2022.

El tamaño importa

La nueva normativa comunitaria afecta por igual a multinacionales y a grupos nacionales considerados de gran magnitud, siempre y cuando tengan, por un lado, una sociedad matriz o filial en algún país de la UE y, por otro, ingresos combinados anuales iguales o superiores a los 750 millones de euros obtenidos en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores de operación en el mercado único.

Asimismo, la reciente legislación en vigor trata de no dejar cabos sueltos. De esta manera, si se da el caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15% en un país determinado, la directiva comunitaria contempla la posibilidad de calcular la carga fiscal a abonar mediante el denominado impuesto complementario. Una suerte de compensación efectiva cuando se dé la circunstancia de que una filial no esté sujeta al tipo mínimo en el país extranjero en el que desarrolla su actividad, para lo que se le aplicará la citada tasa a su sociedad matriz en el Estado miembro de la UE donde esté situada.

Además, esta directiva también garantiza el pago tributario en los casos en que la matriz no se encuentre ubicada en la UE sino en algún país con bajas tasas que, aún, no aplique normas similares.

Sangría económica

La importancia financiera de este asunto no es baladí. Así, la propia OCDE calculó en su día que los gobiernos pierden cada año nada menos que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por evasión fiscal debido a la ingeniería financiera practicada por grandes empresas y multinacionales.

Tras la puesta en marcha de la normativa europea se abre el turno para que los gobiernos nacionales aprueben leyes en línea con el tipo mínimo acordado, reduciendo las posibilidades de fraude. Esto, sin llegar a eliminar la competencia fiscal entre Estados, acotará el uso agresivo de estrategias de atracción de inversiones y supondrá, según la OCDE, la generación a escala global de ingresos adicionales anuales para las Administraciones por importe de 150.000 millones de dólares.

LA EVASIÓN POR INGENIERÍA FISCAL GENERA PÉRDIDAS ANUALES DE ENTRE 100.000 Y 240.000 MILLONES DE DÓLARES

Como mostró la célebre película Wall Street, el dinero nunca duerme, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas, la avidez por maximizar los ingresos y reducir los gastos es una constante de toda gestión empresarial que se precie. Sin embargo, las nuevas normativas aprobadas ya están dando sus resultados. Gracias al trabajo pionero de la UE, varios ‘paraísos’ ya han anunciado la implementación de un impuesto de sociedades para las empresas que operen en sus respectivos territorios. Una necesaria cuestión de justicia distributiva frente a las recurrentes prácticas ejercidas por algunos grandes conglomerados empresariales.

En un contexto de altos niveles de endeudamiento y dificultades en materia de inversión, la UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad. Aunque no ha sido fácil, después de unas largas negociaciones, el Consejo Europeo, bajo la presidencia española, alcanzó en diciembre de 2023 un acuerdo para implantar unas reglas fiscales que garanticen la reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda; una política económica contracíclica, y la protección de las inversiones.

El acuerdo será debatido antes de su entrada en vigor, prevista para 2024, y tendrá efectos en la planificación presupuestaria de 2025.

Claves

Los dirigentes europeos han definido un sistema más sencillo y transparente, con mejores normas de control para asegurar el crecimiento sostenible mediante reformas e inversiones sensatas.

Cada país presentará planes presupuestarios y estructurales a medio plazo, con una duración mínima de cuatro años (ampliables a siete), en los que detallarán cómo prevén hacer sus ajustes a partir de un único indicador operativo: el valor de referencia para el gasto. Su ejecución será objeto de un seguimiento más intenso para corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos.

SE MANTIENEN LOS VALORES DE REFERENCIA DEL 3 % DEL PIB PARA EL DÉFICIT Y DEL 60 % DEL PIB PARA LA DEUDA

Se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda. Si un país incumple el déficit del 3 %, se aplicará el procedimiento de déficit excesivo, que le obligará a hacer los ajustes necesarios hasta volver a estar dentro de los límites exigidos.

LAS NUEVAS NORMAS FISCALES MARCAN UNA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL DÉFICIT DEL 0,4 % DEL PIB AL AÑO

Además, se han incorporado salvaguardas, con umbrales de referencia para todos los países, con el fin de conseguir una reducción media anual del 1 % de la deuda en los países con una deuda superior al 90 % del PIB, como España; y del 0,5 % en los países que estén entre 60 % y el 90 %. En cuanto al déficit, se marca una velocidad de ajuste del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25 % en caso de extensión de los planes de 4 a 7 años.

Se contempla también un régimen transitorio hasta 2027, que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Políticas coordinadas

La reforma de las reglas fiscales adquiere especial importancia en un momento en el que las políticas monetaria y fiscal de la UE deben ir de la mano para que la economía funcione sin problemas. Esto a veces es complicado porque ambas son independientes.

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria única para los 19 países de la zona euro, mientras que la política fiscal está en manos de los gobiernos de cada país. Sin embargo, la estabilidad de los precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda.

Por ejemplo, en el actual contexto de inflación, las medidas fiscales de apoyo a la energía han ayudado a la contención de precios y a preservar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, tanto la Comisión Europea como el BCE piden retirar dichas medidas para evitar un impulso de la demanda que agravaría las presiones inflacionarias.

Fin de la tregua

Aunque el nuevo marco fiscal tardará un año en aplicarse, la UE ya ha vuelto en enero de 2024 a la normalidad fiscal, tras desactivar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se empezó a aplicar en marzo de 2020 por la pandemia y luego se mantuvo tras la invasión rusa de Ucrania, permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales.

España ya ha anunciado que en 2024 espera que su déficit público disminuya al 3% del PIB, con lo que volvería a estar dentro de los topes que exige Europa. Sin embargo, la ratio de deuda pública/PIB española seguirá muy por encima del límite del 60% del PIB que ponen las reglas europeas, a pesar de que se ha reducido en términos porcentuales. La previsión es que en 2024 siga bajando hasta el 106,3%, lo que supondría 14 puntos menos que en 2020.

ESPAÑA ESPERA QUE EN 2024 SU DÉFICIT PÚBLICO DISMINUYA AL 3 % DEL PIB, CON LO QUE VOLVERÍA A ESTAR DENTRO DE LOS TOPES QUE EXIGE EUROPA

Asimismo, el Ejecutivo español anticipa en 2024 un crecimiento del PIB del 2%, superior al de la media de la zona euro y espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. En todo caso, recuerda que la evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo. Los conflictos son en este momento el principal factor de riesgo por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica europea mundial.

Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando a reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo.