La banca se prepara para un mundo imprevisible

ÁMBITO EUROPEO

La banca se prepara para un mundo imprevisible

GORKA R. PÉREZ

Durante años, los supervisores europeos sometieron a los bancos a pruebas que reproducían algunas de las peores pesadillas económicas imaginables: profundas recesiones, desplomes del mercado inmobiliario, crisis de deuda soberana, aumentos bruscos del desempleo… El objetivo era comprobar si las entidades podrían seguir en pie cuando la economía se tambalease. Pero el mundo ha cambiado y con él también lo han hecho los riesgos que amenazan la estabilidad financiera.

Hoy, las mayores incertidumbres no nacen necesariamente de un ciclo económico adverso. Surgen de conflictos armados que alteran el comercio mundial, de sanciones que pueden bloquear operaciones de la noche a la mañana, de tensiones entre grandes potencias que reconfiguran cadenas de suministro construidas durante décadas, o de ataques informáticos capaces de paralizar infraestructuras críticas. La geopolítica, durante mucho tiempo considerada una preocupación periférica para las entidades financieras, se ha convertido en una variable central de su actividad.

BUENA PARTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DESCANSA SOBRE COMPLEJAS INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

Vulnerabilidades

Basta con observar el panorama internacional para comprobarlo. La guerra de Ucrania ha transformado las relaciones económicas entre Europa y Rusia; la rivalidad entre Estados Unidos y China introduce incertidumbre en sectores estratégicos y los conflictos que afectan a rutas comerciales fundamentales están alterando el movimiento de mercancías y materias primas. En un contexto así, resulta cada vez más difícil separar los riesgos políticos de los económicos.

Con este telón de fondo, el Banco Central Europeo está sometiendo a 110 bancos de la eurozona a un ejercicio inédito para medir su capacidad de adaptación a un entorno cada vez más fragmentado e imprevisible. A diferencia de las pruebas de estrés tradicionales, las entidades deben identificar ahora sus propias vulnerabilidades, analizar cómo afectarían a su negocio y estimar qué impacto tendrían sobre sus resultados y su solvencia. Las conclusiones de sus estudios ofrecerán una fotografía reveladora sobre la preparación de la banca europea para afrontar una nueva generación de amenazas.

La singularidad de este ejercicio radica precisamente en su planteamiento. Tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda europea, los supervisores se centraron en escenarios económicos muy concretos y relativamente fáciles de modelizar. Se analizaban variables como el crecimiento, el desempleo, los tipos de interés o la evolución del mercado inmobiliario para determinar la resistencia del sistema financiero ante una posible recesión.

La realidad actual es mucho más compleja. Las amenazas ya no proceden únicamente de factores económicos. Pueden originarse a miles de kilómetros de distancia, en una decisión política, en una escalada diplomática o incluso en un incidente tecnológico. Por eso el ejercicio abandona la lógica tradicional del escenario único y obliga a cada entidad a examinar sus puntos vulnerables.

UN INCIDENTE GRAVE PUEDE INTERRUMPIR PAGOS, BLOQUEAR SERVICIOS ESENCIALES O COMPROMETER INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Punto de inflexión

La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión. Numerosas entidades europeas se vieron obligadas a revisar de urgencia sus exposiciones en Rusia, asumir pérdidas y adaptarse a un complejo régimen de sanciones. Lo que durante años parecía un riesgo remoto se materializó en cuestión de semanas.

Desde entonces, la percepción ha cambiado. Los supervisores han comprobado que los conflictos internacionales no son acontecimientos ajenos al negocio bancario. Aunque las entidades no participan directamente en ellos, financian empresas, proyectos e inversiones repartidos por todo el mundo. Cualquier alteración significativa del entorno geopolítico termina encontrando un camino hacia sus balances.

La preocupación va más allá de los conflictos concretos. Lo que inquieta a las autoridades es la creciente fragmentación de la economía mundial. Restricciones comerciales, controles a la exportación de tecnologías sensibles, sanciones financieras y procesos de relocalización industrial están dibujando un escenario muy distinto al de las últimas décadas.

Para los bancos, esta transformación implica nuevos desafíos. Deben conocer mejor las exposiciones de sus clientes, identificar dependencias críticas y anticipar posibles interrupciones en mercados o sectores estratégicos. La capacidad de adaptación se convierte en una ventaja tan importante como la fortaleza financiera.

LA RESILIENCIA TECNOLÓGICA HA PASADO A OCUPAR UN LUGAR DESTACADO EN LAS PRIORIDADES DE LAS AUTORIDADES FINANCIERAS

El ciberespacio, una nueva frontera

La ampliación del concepto de riesgo no termina en la geopolítica. Otro de los grandes focos de preocupación es la creciente vulnerabilidad tecnológica del sistema financiero. La digitalización ha revolucionado la relación entre bancos y clientes. Las operaciones se realizan en segundos, la documentación circula de forma electrónica y buena parte de la actividad financiera descansa sobre complejas infraestructuras digitales. Esta evolución ha aportado enormes beneficios, pero también ha abierto nuevas puertas a amenazas que hace apenas dos décadas resultaban impensables.

Los ataques informáticos forman ya parte del paisaje habitual. Sin embargo, los expertos advierten de que el problema trasciende la delincuencia económica tradicional. En un contexto de creciente tensión internacional, las infraestructuras financieras se han convertido en objetivos especialmente sensibles. Un incidente grave puede interrumpir pagos, bloquear servicios esenciales o comprometer información estratégica.

La característica más inquietante de estos riesgos es su velocidad. Mientras que una crisis económica suele desarrollarse de forma gradual, un ataque informático puede provocar consecuencias inmediatas. Horas de interrupción pueden traducirse en pérdidas millonarias y generar problemas de confianza entre clientes y mercados.

Además, la dependencia de proveedores tecnológicos externos añade una nueva dimensión al problema. Servicios en la nube, plataformas de procesamiento de datos y herramientas de software avanzadas sustentan buena parte de la actividad financiera actual. Si uno de estos operadores sufriera una incidencia grave, el impacto podría extenderse simultáneamente a numerosas entidades.

Por esa razón, la resiliencia tecnológica ha pasado a ocupar un lugar destacado en las prioridades de las autoridades financieras. La seguridad ya no se mide únicamente en términos de liquidez o solvencia. También depende de la capacidad para mantener operativos sistemas esenciales en situaciones de estrés. A esta transformación se suma la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que promete modificar profundamente el funcionamiento del sector financiero.

NADIE CONSIDERA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL REPRESENTE UNA AMENAZA INMEDIATA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA

Dependencia tecnológica

Existe además otra cuestión menos visible pero igualmente importante: la dependencia tecnológica. Gran parte de las infraestructuras necesarias para desarrollar inteligencia artificial se concentra en un número reducido de compañías globales. Eso introduce nuevos elementos de vulnerabilidad en un momento en el que la competencia tecnológica entre grandes potencias ocupa un lugar central en la agenda internacional.

Por ahora, nadie considera que la inteligencia artificial represente una amenaza inmediata para la estabilidad financiera. Sin embargo, sí constituye una muestra de cómo está cambiando la naturaleza de los riesgos que deben gestionar las entidades.

Y precisamente ahí reside la principal enseñanza de este ejercicio. Durante décadas, la fortaleza de un banco se medía fundamentalmente por la calidad de sus activos y el volumen de capital disponible para absorber pérdidas. Esos factores siguen siendo esenciales, pero ya no bastan para explicar la capacidad de resistencia de una entidad.

En un mundo donde una guerra puede alterar los mercados energéticos, una sanción puede bloquear operaciones internacionales, un ciberataque puede paralizar servicios esenciales y una innovación tecnológica puede transformar modelos de negocio enteros en pocos años, la estabilidad financiera depende de muchos más elementos que las cifras de un balance.

La gran cuestión que plantea el nuevo examen del BCE es, en realidad, mucho más amplia que la solvencia de los bancos europeos. Porque en la economía del siglo XXI el reto ya no consiste únicamente en resistir una crisis cuando llega, sino en ser capaz de reconocerla antes de que aparezca.

Certezas en cuestión

La pregunta de fondo ya no es solo cuánto capital tiene un banco para soportar una crisis, sino si dispone de los mecanismos necesarios para detectar riesgos emergentes y reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados. La gestión del riesgo deja de ser un ejercicio centrado exclusivamente en balances y ratios financieras para incorporar factores políticos, tecnológicos y estratégicos que hasta hace poco ocupaban un lugar secundario en las evaluaciones supervisoras.

Ese cambio refleja una transformación profunda de la economía global. Durante décadas, la integración comercial y financiera favoreció la expansión de empresas y bancos más allá de sus fronteras naturales. Sin embargo, el auge de las tensiones geopolíticas está obligando a revisar muchas de las certezas sobre las que se construyó la globalización. Las relaciones internacionales son hoy más inestables, las cadenas de suministro más vulnerables y las decisiones políticas tienen una capacidad creciente para alterar la actividad económica.

Pros y contras de la Inteligencia Artificial

Los bancos utilizan desde hace años algoritmos para analizar riesgos, detectar fraudes o gestionar inversiones. Sin embargo, la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa está acelerando el proceso. La automatización de tareas, el análisis masivo de información y la mejora de la atención al cliente son algunas de las aplicaciones que ya comienzan a extenderse.

Las oportunidades son evidentes. Una mayor eficiencia puede reducir costes, agilizar procesos y mejorar la calidad de los servicios. Pero la tecnología también plantea interrogantes relevantes. Los especialistas alertan sobre posibles errores en los modelos, problemas de transparencia en determinadas decisiones automatizadas o sesgos derivados de los datos utilizados para entrenar los sistemas.

EUROPA OPINA

Financial stability implications of geopolitical and geoeconomic risks

Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism

Cyber resilience oversight expectations for financial market

The banking sector is preparing for an unpredictable world

GORKA R. PÉREZ

For years, European regulators subjected banks to stress tests that simulated some of the worst economic nightmares imaginable: deep recessions, property market crashes, sovereign debt crises, and sharp rises in unemployment… The aim was to see whether the organisations would be able to stay afloat when the economy faltered. But the world has changed, and so too have the risks threatening financial stability.

Today, the greatest uncertainties do not necessarily stem from an adverse economic cycle. They arise from armed conflicts that disrupt global trade, from sanctions that can bring operations to a standstill overnight, to tensions between major powers that reshape supply chains built up over decades, or cyber-attacks capable of paralysing critical infrastructure. Geopolitics, long regarded as a peripheral concern for financial institutions, has become a key factor in their operations.

Vulnerabilities

You only have to look at the international scene to see that. The war in Ukraine has transformed economic relations between Europe and Russia; the rivalry between the United States and China is creating uncertainty in strategic sectors; and conflicts affecting key trade routes are disrupting the movement of goods and raw materials. In such a context, it is becoming increasingly difficult to distinguish between political and economic risks.

MUCH OF THE FINANCIAL SECTOR RELIES ON COMPLEX DIGITAL INFRASTRUCTURES

Against this backdrop, the European Central Bank is subjecting 110 eurozone banks to an unprecedented exercise to assess their ability to adapt to an increasingly fragmented and unpredictable environment. Unlike traditional stress tests, institutions must now identify their own vulnerabilities, analyse how these would affect their business, and estimate the impact they would have on their results and solvency. The findings of their studies will provide a revealing snapshot of the European banking sector’s preparedness to tackle a new generation of threats.

The uniqueness of this exercise lies precisely in its approach. In the wake of the 2008 financial crisis and the subsequent European debt crisis, supervisors focused on very specific economic scenarios that were relatively easy to model. Variables such as growth, unemployment, interest rates and trends in the property market were analysed in order to determine the financial system’s resilience in the event of a possible recession.

The reality today is far more complex. Threats no longer stem solely from economic factors. They can originate thousands of kilometres away, from a political decision, a diplomatic escalation or even a technological incident. That is why the exercise moves away from the traditional single-scenario approach and requires each organisation to examine its vulnerabilities.

A SERIOUS INCIDENT COULD DISRUPT PAYMENTS, BLOCK ESSENTIAL SERVICES OR COMPROMISE STRATEGIC INFORMATION

Turning point

The Russian invasion of Ukraine in 2022 marked a turning point. Numerous European institutions were forced to urgently review their exposures in Russia, take losses and adapt to a complex sanctions regime. What had seemed a remote risk for years came to pass in a matter of weeks.

Since then, the perception has changed. Regulators have found that international conflicts are not events unrelated to the banking sector. Although these organisations do not participate directly in them, they finance companies, projects and investments all over the world. Any significant alteration of the geopolitical environment eventually finds its way into their balance sheets.

The concern goes beyond specific conflicts. What is causing concern amongst the authorities is the increasing fragmentation of the global economy. Trade restrictions, controls on the export of sensitive technologies, financial sanctions and industrial relocation processes are shaping a very different landscape from that of recent decades.

For banks, this transformation presents new challenges. They need to gain a better understanding of their clients’ exposures, identify critical dependencies and anticipate potential disruptions in strategic markets or sectors. The ability to adapt is becoming just as important an advantage as financial strength.

TECHNOLOGICAL RESILIENCE HAS COME TO OCCUPY A PROMINENT PLACE AMONGST THE PRIORITIES OF THE FINANCIAL AUTHORITIES

Cyberspace, a new frontier

The broadening of the concept of risk does not stop at geopolitics. Another major cause for concern is the financial system’s growing technological vulnerability. Digitalisation has revolutionised the relationship between banks and their customers. Transactions are completed in seconds, documentation is exchanged electronically and much of financial activity relies on complex digital infrastructures. This development has brought enormous benefits, but it has also opened the door to new threats that were unthinkable just two decades ago.

Cyber-attacks are now a common occurrence. However, experts warn that the problem goes beyond traditional economic crime. Against a backdrop of growing international tension, financial infrastructure has become a particularly vulnerable target. A serious incident could disrupt payments, block essential services or compromise strategic information.

The most worrying aspect of these risks is their speed. Whilst an economic crisis tends to unfold gradually, a cyber-attack can have immediate consequences. Hours of downtime can result in losses running into millions and undermine confidence amongst customers and in the markets.

Furthermore, reliance on external technology providers adds a new dimension to the problem. Cloud services, data processing platforms and advanced software tools underpin much of today’s financial activity. If one of these operators were to experience a serious incident, the impact could spread simultaneously to numerous organisations.

For this reason, technological resilience has come to occupy a prominent place among the priorities of the financial authorities. Security is no longer measured solely in terms of liquidity or solvency. It also depends on the ability to keep essential systems operational in times of stress. Added to this transformation is the emergence of artificial intelligence, a technology that promises to profoundly change the way in which the financial sector operates.

NO ONE CONSIDERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO POSE AN IMMEDIATE THREAT TO FINANCIAL STABILITY

Technological dependence

There is also another, less obvious but equally important issue: technological dependence. Much of the infrastructure required to develop artificial intelligence is concentrated in a small number of global companies. This introduces new vulnerabilities at a time when technological competition between major powers is at the heart of the international agenda.

At present, no one considers artificial intelligence to pose an immediate threat to financial stability. However, it does illustrate how the nature of the risks that organisations must manage is changing.

And that is precisely where the main lesson of this exercise lies. For decades, a bank’s strength was measured primarily by the quality of its assets and the amount of capital available to absorb losses. These factors remain essential, but they are no longer sufficient to explain an organisation’s resilience.

In a world where a war can disrupt energy markets, a sanction can block international transactions, a cyberattack can paralyse essential services and a technological innovation can transform entire business models in just a few years, financial stability depends on far more than just the figures on a balance sheet.

The key issue raised by the ECB’s new assessment is, in fact, much broader than the solvency of European banks. Because in the 21st century economy, the challenge is no longer just to weather a crisis when it arrives, but to be able to recognize it before it appears.

Certainties called into question

The key question is no longer simply how much capital a bank has to withstand a crisis, but whether it has the necessary mechanisms in place to identify emerging risks and react swiftly to unexpected events. Risk management is no longer an exercise focused exclusively on balance sheets and financial ratios; it now incorporates political, technological and strategic factors which, until recently, played a secondary role in supervisory assessments.

This change reflects a profound transformation of the global economy. For decades, trade and financial integration has facilitated the expansion of companies and banks beyond their natural borders. However, the rise in geopolitical tensions is forcing us to re-examine many of the certainties upon which globalisation was built. International relations are now more unstable, supply chains are more vulnerable, and political decisions have an increasing capacity to disrupt economic activity.

The pros and cons of Artificial Intelligence

Banks have been using algorithms for years to analyse risks, detect fraud and manage investments. However, the emergence of generative artificial intelligence tools is speeding up the process. Task automation, big data analytics and improved customer service are just some of the applications that are already beginning to gain ground.

The opportunities are clear. Greater efficiency can reduce costs, streamline processes and improve the quality of services. But technology also raises important questions. Experts are warning of potential errors in the models, transparency issues in certain automated decisions, and biases arising from the data used to train the systems.

EUROPE'S VIEW

Implications for financial stability of geopolitical and geo-economic risks

Geo-economic Fragmentation and the Future of Multilateralism

Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures

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Entrevista a Cosita Delvaux, presidenta de la Asociación de la Red Europea de Registros Testamentarios (ARERT)

ÁMBITO EUROPEO

La Red Europea de Registros de Testamentos evita que una sucesión se tramite ignorando la existencia de un testamento o utilizando una versión ya revocada”

Cosita Delvaux,

presidenta de la Asociación de la Red Europea de Registros Testamentarios (ARERT)

GORKA R. PÉREZ

Cosita Delvaux es la presidenta de la Asociación de la Red Europea de Registros Testamentarios (ARERT) desde el pasado mes de junio. Esta notaria luxemburguesa considera que la interconexión de los registros testamentarios es esencial para garantizar el respeto de la voluntad del causante y señala que la digitalización debe reforzar, y nunca sustituir, las garantías de seguridad jurídica que aporta la función notarial.

-¿Qué objetivos se ha fijado para este mandato y cuáles son los principales desafíos de la cooperación europea en materia sucesoria?

– Al asumir la presidencia de la ARERT me he marcado varias prioridades: reforzar la interconexión de los registros testamentarios, extender esa cooperación a los registros de certificados sucesorios europeos y consolidar el diálogo con las instituciones europeas para que la consulta transfronteriza de registros sea una práctica habitual. También considero esencial preparar tecnológicamente la red mediante soluciones de identidad digital e interoperabilidad. El principal desafío sigue siendo la diversidad de marcos jurídicos, sistemas técnicos y prácticas nacionales, por lo que la cooperación sucesoria europea debe construirse progresivamente sobre la confianza mutua entre los distintos notariados.

“GRACIAS A LA INTERCONEXIÓN DE REGISTROS, LOS NOTARIOS PUEDEN COMPROBAR DE FORMA RÁPIDA SI EXISTE UN TESTAMENTO EN OTRO PAÍS PARTICIPANTE”

-Cada vez más ciudadanos viven, trabajan o poseen bienes en varios países. ¿Cómo ha transformado esta realidad la gestión de las sucesiones y qué papel desempeñan los notarios para aportar seguridad jurídica en este contexto?

– El aumento de las situaciones transfronterizas ha multiplicado las cuestiones relacionadas con la ley aplicable, la competencia de las autoridades y el reconocimiento de documentos. Muchas familias descubren estas complejidades únicamente cuando se produce el fallecimiento. En este contexto, el notario desempeña un papel preventivo esencial al asesorar sobre la ley aplicable, las posibles opciones jurídicas y la organización de la transmisión patrimonial. También garantiza que las últimas voluntades estén correctamente formuladas y puedan ser localizadas, ya sea mediante un único testamento o mediante varios instrumentos coordinados cuando las circunstancias lo requieran.

-¿Qué problemas permite evitar la Red Europea de Registros de Testamentos y qué beneficios aporta tanto a las familias como a los profesionales del derecho?

– La Red Europea de Registros de Testamentos evita que una sucesión se tramite ignorando la existencia de un testamento o utilizando una versión ya revocada. Gracias a la interconexión de registros, los notarios pueden comprobar de forma rápida si existe un testamento en otro país participante. Esto aporta seguridad a las familias, facilita el trabajo de los profesionales y reduce los conflictos sucesorios. Además, la interconexión de los registros de certificados sucesorios europeos permite verificar si un certificado ha sido emitido, modificado o retirado en otro Estado miembro.

“CONSIDERO NECESARIO AVANZAR HACIA UN CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO COMPLETAMENTE DIGITAL, CUYA EMISIÓN, CONSULTA Y VERIFICACIÓN PUEDAN REALIZARSE ELECTRÓNICAMENTE”

-¿Qué balance hace del Reglamento europeo sobre sucesiones, en vigor desde hace más de diez años, y qué dificultades prácticas siguen encontrando los ciudadanos cuando una sucesión afecta a varios países?

– El balance es claramente positivo. El reglamento ha contribuido a la unidad de la sucesión, ha permitido a los ciudadanos elegir en determinados casos su ley nacional y ha introducido el certificado sucesorio europeo, que facilita el reconocimiento de los derechos sucesorios en toda la Unión. También ha favorecido la circulación de documentos públicos entre Estados miembros reduciendo formalidades administrativas. Sin embargo, persisten algunas dificultades prácticas, especialmente en la determinación de la residencia habitual, en la aceptación del certificado sucesorio europeo por determinadas entidades y en la coexistencia de procedimientos nacionales diferentes. Además, la fiscalidad sucesoria sigue quedando fuera del ámbito del reglamento.

“LA TECNOLOGÍA DEBE SEGUIR SIENDO UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA AUTENTICIDAD Y DE LAS GARANTÍAS PROPORCIONADAS POR LA INTERVENCIÓN NOTARIAL”

-La digitalización está transformando la administración de la justicia y los servicios jurídicos. ¿Qué avances tecnológicos considera prioritarios para mejorar la interconexión de los registros de testamentos en Europa y acelerar los procedimientos sucesorios?

– Resulta prioritario ampliar la consulta electrónica entre registros mediante formatos armonizados y sistemas seguros. Igualmente, importante será la integración con las nuevas infraestructuras europeas de identidad digital y con herramientas como e-CODEX para facilitar los intercambios transfronterizos. También considero necesario avanzar hacia un certificado sucesorio europeo completamente digital, cuya emisión, consulta y verificación puedan realizarse electrónicamente. No obstante, la tecnología debe seguir siendo una herramienta al servicio de la autenticidad y de las garantías proporcionadas por la intervención notarial.

-Muchas personas desconocen las implicaciones jurídicas que puede tener residir o poseer bienes en distintos países. ¿Cómo puede corregirse esta falta de información?

– Existe un importante déficit de información sobre las consecuencias sucesorias de la movilidad internacional. Para corregirlo es necesario mejorar la difusión de herramientas informativas fiables, reforzar el asesoramiento individualizado por parte de los notarios y aprovechar momentos relevantes de la vida de las personas, como una expatriación, un matrimonio internacional o una inversión inmobiliaria en el extranjero. Una mayor concienciación permitiría a muchos ciudadanos anticipar adecuadamente la organización de su sucesión.

-En los próximos años tendrá lugar una importante transferencia de patrimonio entre generaciones. ¿Qué desafíos plantea este fenómeno a los sistemas sucesorios europeos y a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica?

– La gran transferencia patrimonial prevista en las próximas décadas supondrá un reto en términos de volumen, complejidad y cohesión familiar. Los sistemas sucesorios deberán gestionar un número creciente de expedientes, a menudo con elementos internacionales, activos digitales y estructuras patrimoniales más sofisticadas. Al mismo tiempo, una planificación insuficiente puede generar conflictos familiares y pérdidas económicas. Por ello, la seguridad jurídica preventiva y la modernización de registros e instituciones serán elementos esenciales para afrontar este proceso.

“LOS REGISTROS NO ALMACENAN EL CONTENIDO DE LOS TESTAMENTOS, SINO ÚNICAMENTE SU EXISTENCIA Y EL LUGAR DONDE ESTÁN DEPOSITADOS”

-Usted ejerce como notaria en Luxemburgo y cuenta con una amplia experiencia jurídica y académica. ¿Cómo le ayuda esta trayectoria a comprender las necesidades de los ciudadanos que se enfrentan a sucesiones de dimensión internacional?

– Luxemburgo constituye un entorno especialmente internacional, con una elevada presencia de residentes extranjeros y trabajadores transfronterizos. Esta realidad hace que las sucesiones con elementos internacionales formen parte de la práctica diaria. La experiencia adquirida permite comprender que detrás de las cuestiones jurídicas existen familias que necesitan soluciones claras, rápidas y seguras. Asimismo, la participación en instituciones notariales nacionales y europeas refuerza la convicción de que los problemas transfronterizos requieren respuestas coordinadas a escala internacional.

-¿Qué mensaje dirigiría a quienes ignoran la importancia de hacer testamento y de disponer de mecanismos que permitan localizarlo y hacerlo valer cuando llegue el momento?

– Mi mensaje es sencillo: hacer testamento es un acto de responsabilidad que permite a cada persona decidir el destino de su patrimonio y ofrecer mayor seguridad a sus familiares. Cuando existe una dimensión internacional, conviene además analizar la ley aplicable y valorar las opciones que ofrece la normativa europea. Finalmente, tan importante como otorgar un testamento es garantizar que pueda ser localizado cuando sea necesario, mediante su inscripción en un registro adecuado. Un testamento que nunca se localiza es un testamento que no existe. Nuestro objetivo es que la movilidad internacional siga siendo una oportunidad y no una fuente de inseguridad jurídica en el momento de la transmisión patrimonial.

La protección de los datos personales es particularmente sensible cuando se trata de últimas voluntades y sucesiones. ¿Cómo conciliar una cooperación transfronteriza reforzada con las garantías más estrictas en materia de confidencialidad y seguridad?

La clave reside en un principio fundamental: los registros no almacenan el contenido de los testamentos, sino únicamente su existencia y el lugar donde están depositados. El acceso a esta información solo es posible tras el fallecimiento y para personas que acrediten un interés legítimo. Este modelo responde plenamente al principio de minimización de datos y permite compatibilizar la cooperación internacional con elevados niveles de seguridad, confidencialidad, autenticación de los solicitantes y trazabilidad de todas las consultas.

EUROPEAN SCOPE

The European Network of Registers of Wills prevents a succession from being settled without the existence of a will being taken into account or on the basis of a will that has already been revoked””

Cosita Delvaux,

Chair of the Association of the European Network of Probate Registers (ARERT)

GORKA R. PÉREZ

Cosita Delvaux has been the chair of the Association of the European Network of Probate Registers (ARERT) since last June. This Luxembourg notary considers that the interconnection of probate registers is essential to ensure that the deceased’s wishes are respected, and points out that digitisation should reinforce – and never replace – the legal certainty provided by the notarial function.

-What objectives have you set for this term of office, and what are the main challenges facing European cooperation in the field of succession?

– On taking up the chair of ARERT, I have set myself several priorities: to strengthen the interconnection of registers of wills, extend this cooperation to registers of European certificates of succession, and consolidate dialogue with the European institutions so that cross-border access to registers becomes standard practice. I also consider it essential to enhance the network’s technological capabilities through digital identity and interoperability solutions. The main challenge remains the diversity of legal frameworks, technical systems and national practices; therefore, European cooperation on succession matters must be built progressively on mutual trust between the various notarial systems.

-An increasing number of citizens live, work or own property in several countries. How has this situation transformed the administration of estates, and what role do notaries play in providing legal certainty in this context?

– The rise in cross-border situations has led to a proliferation of issues relating to applicable law, the jurisdiction of authorities and the recognition of documents. Many families only discover these complexities when a death occurs. In this context, the notary plays a vital preventive role by providing advice on the applicable law, the possible legal options and the organisation of the transfer of assets. It also ensures that a person’s last wishes are correctly set out and can be located, whether through a single will or through several coordinated documents where circumstances so require.

“DUE TO THE INTERCONNECTION OF REGISTERS, NOTARIES CAN QUICKLY CHECK WHETHER A WILL EXISTS IN ANOTHER PARTICIPATING COUNTRY”

-What problems does the European Network of Registers of Wills help to prevent, and what benefits does it offer to both families and legal professionals?

– The European Network of Registers of Wills prevents a succession from being settled without taking into account the existence of a will or by using a version that has already been revoked. Due to the interconnection of registers, notaries can quickly check whether a will exists in another participating country. This provides peace of mind for families, makes the work of professionals easier and reduces disputes over inheritance. Furthermore, the interconnection of European Succession Certificate registers makes it possible to check whether a certificate has been issued, amended or withdrawn in another Member State.

-What is your assessment of the European Succession Regulation, which has been in force for over ten years, and what practical difficulties do citizens still encounter when a succession involves several countries?

– The overall picture is clearly positive. The Regulation has contributed to the uniformity of succession law, enabled citizens to choose their national law in certain cases, and introduced the European Certificate of Succession, which facilitates the recognition of succession rights throughout the Union. It has also facilitated the circulation of public documents between Member States by reducing administrative formalities. However, a number of practical difficulties remain, particularly with regard to determining habitual residence, the acceptance of the European Certificate of Succession by certain bodies, and the coexistence of different national procedures. Furthermore, inheritance tax remains outside the scope of the regulation.

“I BELIEVE IT IS NECESSARY TO MOVE TOWARDS A FULLY DIGITAL EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION, WHICH CAN BE ISSUED, ACCESSED AND VERIFIED ELECTRONICALLY”

-Digitalisation is transforming the administration of justice and legal services. Which technological advances do you consider to be a priority for improving the interconnection of registers of wills in Europe and speeding up probate proceedings?

– It is a priority to expand electronic data exchange between registers using standardised formats and secure systems. Equally important will be integration with the new European digital identity infrastructures and tools such as e-CODEX in order to facilitate cross-border exchanges. I also believe that it is necessary to move towards a fully digital European Certificate of Succession, which can be issued, accessed and verified electronically. However, technology must remain a tool in the service of authenticity and the safeguards provided by notarial involvement.

-Many people are unaware of the legal implications of living in or owning property in different countries. How can this lack of information be rectified?

– There is a significant lack of information on the inheritance implications of international mobility. To address this, it is necessary to improve the dissemination of reliable information resources, strengthen the provision of personalised advice by notaries, and capitalise on key moments in people’s lives, such as moving abroad, an international marriage or a property investment overseas. Greater awareness would enable many people to plan their estate properly in advance.

“TECHNOLOGY MUST REMAIN A TOOL THAT SERVES THE PURPOSES OF AUTHENTICITY AND THE SAFEGUARDS PROVIDED BY NOTARIAL INTERVENTION”

-Over the coming years, there will be a significant transfer of wealth between generations. What challenges does this phenomenon pose for European succession systems and for the institutions responsible for ensuring legal certainty?

– The large-scale transfer of wealth expected over the coming decades will pose a challenge in terms of scale, complexity and family unity. Inheritance systems will have to handle a growing number of cases, often involving international elements, digital assets and more sophisticated wealth structures. At the same time, inadequate planning can lead to family disputes and financial losses. For this reason, preventive legal certainty and the modernisation of registers and institutions will be essential elements in tackling this process.

-You practise as a notary in Luxembourg and have extensive legal and academic experience. How does this background help you to understand the needs of citizens facing inheritance matters with an international dimension?

– Luxembourg is a particularly international environment, with a large number of foreign residents and cross-border workers. As a result, inheritance cases involving international elements form part of our day-to-day practice. The experience we have gained has taught us that behind the legal issues lie families who need clear, swift and reliable solutions. Furthermore, participation in national and European notarial institutions reinforces the conviction that cross-border problems require coordinated responses at an international level.

“THE REGISTERS DO NOT RECORD THE CONTENTS OF WILLS, BUT ONLY THEIR EXISTENCE AND THE PLACE WHERE THEY ARE HELD”

-What message would you convey to those who are unaware of the importance of drawing up a will and putting in place arrangements to ensure that it can be found and enforced when the time comes?

– My message is simple: drawing up a will is an act of responsibility that enables each person to decide what happens to their estate and provides greater security for their family. Where there is an international dimension, it is also advisable to analyse the applicable law and assess the options provided by European legislation. Finally, as important as making a will is ensuring that it can be located when necessary, by registering it in a suitable registry. A will that can never be found is a will that does not exist. Our aim is to ensure that international mobility remains an opportunity rather than a source of legal uncertainty when it comes to the transfer of assets.

The protection of personal data is a particularly sensitive issue when it comes to last wills and testaments and inheritance. How can enhanced cross-border cooperation be reconciled with the strictest safeguards regarding confidentiality and security?

The key lies in a fundamental principle: the registers do not record the contents of wills, but only their existence and the place where they are held. Access to this information is only possible following a person’s death and for individuals who can demonstrate a legitimate interest. This model fully complies with the principle of data minimisation and makes it possible to reconcile international cooperation with high standards of security, confidentiality, applicant authentication and the traceability of all enquiries.

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Entrevista a Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España

ÁMBITO EUROPEO

Somos la voz, los ojos y oídos de la Comisión Europea en nuestro país”

Daniel Calleja,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

GORKA R. PÉREZ

Daniel Calleja es director de la Representación de la Comisión Europea en España desde hace apenas seis meses. En esta charla valora el papel de Bruselas en nuestro país y los retos de comunicación en un contexto de desinformación. Defiende una percepción “muy positiva” de la UE en España, y subraya la importancia de reforzar la cercanía institucional sin perder rigor.

-Acaba de cumplir sus primeros seis meses en el cargo. ¿Cuál es la misión principal de la Representación de la Comisión Europea en España y qué papel desempeña dentro del entramado institucional de la UE?

– La Representación de la Comisión Europea en España se halla bajo la autoridad directa de la presidenta de la Comisión Úrsula von der Leyen. Tiene una triple misión: representar oficialmente a la Comisión ante las autoridades españolas, ejecutar la política de información y comunicación en todas las áreas de acción de la Unión Europea y en tercer lugar mantener informada a la Comisión de todas las cuestiones relevantes en las relaciones entre España y la UE. Se puede resumir en una sola frase: somos la voz los ojos y oídos de la Comisión en nuestro país.

-Como director de la Representación: ¿cuáles son sus responsabilidades diarias y cómo se articula su trabajo con Bruselas y con las autoridades españolas?

– La actividad del director de la Representación es muy intensa. España es el segundo país de la UE más visitado por los Comisarios europeos, a los que acompañamos y apoyamos en todas sus actividades. Hay una relación muy fluida con las autoridades españolas a nivel nacional, autonómico y local con las que estamos en permanente contacto, para asegurar una estrecha cooperación con Bruselas.

“LA DESINFORMACIÓN ES UN FENÓMENO PREOCUPANTE QUE DEBEMOS COMBATIR OFRECIENDO UNA INFORMACIÓN VERAZ Y OBJETIVA”

-Una de las funciones de la Comisión es velar por la correcta aplicación del Derecho de la UE. ¿Qué papel juega la Representación en ese seguimiento desde el ámbito nacional?

– La Representación juega esencialmente un papel de información y de comunicación en lo que se refiere al control de la aplicación del derecho de la Unión. Además de informar a la opinión pública del estado de los distintos procedimientos, también tenemos, mucho contacto con la sociedad civil que nos hace partícipe de sus preocupaciones en relación a la aplicación del derecho europeo, para que las traslademos a Bruselas.

-¿Cómo se relaciona con los distintos niveles de la Administración —Estado, comunidades autónomas y entidades locales— y con qué objetivos?

– La relación se establece a todos los niveles, en la medida en que prácticamente todas las políticas de la Unión Europea tienen una incidencia a nivel nacional, regional y local. Si pensamos en el impacto de la PAC, de la política de cohesión y los fondos estructurales, de la acción del fondo social europeo, de cuestiones de inmigración, de transportes o energía, en todos estos ámbitos es importante explicar y recibir las observaciones de las Administraciones responsables a todos los niveles.

“ESPAÑA ES EL SEGUNDO PAÍS DE LA UE MÁS VISITADO POR LOS COMISARIOS EUROPEOS”

-Más allá de las instituciones: ¿qué tipo de interlocución mantiene con empresas, organizaciones profesionales, colegios, universidades o sociedad civil

– La interlocución es muy directa. Se establece a través de la participación de la Representación de la Comisión en los distintos actos y manifestaciones que todos los días tienen lugar en torno a Europa. También recibimos muchas visitas en nuestra sede donde además del contacto directo con la sociedad civil, celebramos muchos actos de dimensión europea. En estos meses he tenido múltiples contactos con las empresas, los sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, colegios y todos los estratos de la sociedad.

“UN 74% DE LOS ESPAÑOLES SE DECLARA SATISFECHO DE PERTENECER A LA UE”

-La comunicación con los ciudadanos es una tarea clave para la UE. ¿Qué instrumentos utiliza para explicar las políticas europeas y acercarlas al debate público en España en un momento internacional tan convulso como el actual?

– Tenemos múltiples instrumentos. Además de la labor de nuestro servicio de prensa en la Representación, y de la organización de eventos, tenemos un instrumento muy eficaz gracias a los 37 centros de información Europe Direct, que repartidos a lo largo y ancho de toda la geografía española están en contacto directo con los ciudadanos. Por otra parte, disponemos de 29 centros de documentación europea en toda España para facilitar cualquier tipo de información sobre Europa al ciudadano que la solicite. Estoy visitándolos todos. Todo ello sin olvidar la importante acción de nuestra oficina regional de la Comisión Europea en Barcelona.

Por otra parte, España es un país que cuenta con numerosas agencias y organismos comunitarios que son muy activos en el ámbito de sus respectivas competencias.

-En un contexto de desinformación y escepticismo hacia las instituciones, ¿qué retos encuentra a la hora de trasladar el valor añadido de la Unión Europea?

– La desinformación es un fenómeno preocupante que debemos combatir ofreciendo una información veraz y objetiva a la ciudadanía. No he percibido una actitud euroescéptica por parte de la sociedad española. En España, este año celebramos el 40 aniversario de nuestra adhesión. La percepción de los españoles sobre nuestra pertenencia a la UE es muy positiva. Un 74% se declara satisfecho de pertenecer a la UE y un 77% desearía que se tomaran todavía más decisiones a nivel de la UE. Estos datos demuestran que nuestro país existe un alto grado de confianza en las instituciones europeas.

“LA FUNCIÓN NOTARIAL ES TRANSCENDENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DEL ESTADO DE DERECHO”

-Desde la amplia experiencia que le dan sus más de 35 años en las instituciones europeas, ¿en qué ámbitos considera que la acción de la Comisión Europea tiene hoy un impacto más directo y tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos españoles?

– Es difícil citar un ámbito especifico, porque la acción de la Unión Europea se despliega y tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Desde su adhesión a la Unión Europea, España se ha beneficiado de la modernización de sus infraestructuras, la internacionalización de su economía, nuevos derechos y libertades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas, el programa Erasmus para los jóvenes, una mejora de la salud y de la calidad de vida gracias a la acción de la Unión y en general una mayor influencia y presencia como europeos en la escena internacional.

-¿Qué le gustaría que ciudadanos y profesionales entendieran mejor sobre el funcionamiento de la Comisión Europea y su presencia en nuestro país?

– A pesar de la percepción positiva que los españoles tienen de Europa, sigue siendo un gran desafío explicar y hacer pedagogía sobre las instituciones europeas acercándolas a la opinión pública española y haciendo hincapié en que detrás de la complejidad de la toma de decisiones, que es inherente a una organización que agrupa a 27 Estados miembros, nuestra acción solo tiene sentido al servicio de los ciudadanos.

-Y, por último: ¿Cómo valora la labor que realizan los notarios españoles y europeos y que aportan a la seguridad jurídica y al desarrollo de la normativa comunitaria?

– Lo he dicho en otras ocasiones: la función notarial es transcendental para el mantenimiento de la seguridad jurídica y del estado de derecho en nuestro país. Dos conceptos definen la profesión notarial: confianza y seguridad. Facilitar las transacciones y garantizar las relaciones en nuestras sociedades es una tarea imprescindible en el marco de una profesión que cada vez tiene una mayor dimensión europea.

HUELLA DIGITAL

En el portal de la Comisión Europea se ofrece información detallada sobre su área de trabajo, además de distintas vías de contacto con Daniel Calleja.
En este enlace se puede consultar toda la actividad de Daniel Calleja al frente de la Representación de la Comisión Europea en España hasta el momento.

EUROPEAN SCOPE

We are the voice, the eyes and the ears of the European Commission in our country”

Daniel Calleja,

Head of the European Commission Representation in Spain

GORKA R. PÉREZ

Daniel Calleja has been Head of the European Commission’s Representation in Spain for just six months. In this talk, he assesses the role of Brussels in our country and the challenges of communication in a context of disinformation. He argues that there is a “very positive” perception of the EU in Spain, and emphasises the importance of strengthening institutional ties without compromising on rigour.

-You have just completed your first six months in the post. What is the main remit of the European Commission’s Representation in Spain, and what role does it play within the EU’s institutional framework?

– The European Commission’s Representation in Spain operates under the direct authority of the Commission President, Ursula von der Leyen. It has a threefold mission: to represent the Commission officially before the Spanish authorities; to implement the information and communication policy across all areas of the European Union’s activities; and, thirdly, to keep the Commission informed of all relevant issues concerning relations between Spain and the EU. It can be summed up in a single sentence: we are the Commission’s voice, eyes and ears in our country.

“DISINFORMATION IS A WORRYING PHENOMENON THAT WE MUST COMBAT BY PROVIDING ACCURATE AND OBJECTIVE INFORMATION”

-As Head of the Representation: what are your day-to-day responsibilities, and how does your work relate to Brussels and the Spanish authorities?

– The head of the Representative Office has a very busy schedule. Spain is the second most visited country in the EU by European Commissioners, whom we accompany and support in all their activities. We have a very smooth working relationship with the Spanish authorities (with whom we are in constant contact to ensure close cooperation with Brussels) at the national, regional and local level.

-One of the Commission’s roles is to ensure the correct application of EU law. What role does the Representation play in this monitoring at the national level?

– The Representation essentially plays an information and communication role with regard to monitoring the application of EU law. As well as keeping the public informed about the progress of the various procedures, we also have close contact with civil society, which shares its concerns with us regarding the application of European law, so that we can pass these on to Brussels.

“SPAIN IS THE SECOND MOST VISITED COUNTRY IN THE EU BY EUROPEAN COMMISSIONERS”

-How does it interact with the various levels of government — central government, autonomous communities and local authorities — and to what end?

– This relationship is established at all levels, given that virtually all European Union policies have an impact at national, regional and local levels. If we consider the impact of the CAP, cohesion policy and the Structural Funds, the work of the European Social Fund, and issues relating to immigration, transport and energy, it is important in all these areas to explain matters and to take on board the comments of the relevant authorities at all levels.

-Beyond institutions: what sort of dialogue do you maintain with businesses, professional organisations, schools, universities and civil society?

– The dialogue is very direct. This is achieved through the Commission’s Representation taking part in the various events and demonstrations that take place every day across Europe. We also welcome many visitors to our headquarters, where, in addition to engaging directly with civil society, we host numerous events with a European dimension. Over the past few months, I have had numerous contacts with businesses, trade unions, professional associations, universities, schools and all sections of society.

“74 PER CENT OF SPANIARDS SAY THEY ARE SATISFIED WITH BEING PART OF THE EU”

-Communicating with citizens is a key task for the EU. What tools do you use to explain European policies and bring them into the public debate in Spain at such a turbulent time on the international stage as the present?

– We have a wide range of tools. In addition to the work carried out by our press office at the Representation and the organisation of events, we have a highly effective tool in the form of the 37 Europe Direct information centres, which are spread throughout Spain and are in direct contact with the public. Furthermore, we have 29 European documentation centres throughout Spain to provide any kind of information about Europe to members of the public who request this. I’m visiting all of them. All this without forgetting the important work carried out by our European Commission regional office in Barcelona.

Furthermore, Spain is a country with numerous EU agencies and bodies that are very active within their respective areas of competence.

-Against a backdrop of disinformation and scepticism towards institutions, what challenges do you face in conveying the added value of the European Union?

– Disinformation is a worrying phenomenon that we must combat by providing the public with accurate and objective information. I have not noticed any Eurosceptic sentiment amongst the Spanish public. In Spain, this year we celebrate the 40th anniversary of our membership. The Spanish people’s view of our membership of the EU is very positive. 74 per cent say they are satisfied with EU membership, and 77 per cent would like to see even more decisions taken at an EU level. These figures show that there is a high level of trust in European institutions in our country.

“THE ROLE OF NOTARIES IS CRUCIAL TO MAINTAINING LEGAL CERTAINTY AND THE RULE OF LAW”

-Drawing on the wealth of experience you have gained from more than 35 years working in the European institutions, in which areas do you think that the European Commission’s actions currently have the most direct and tangible impact on the daily lives of Spanish citizens?

– It is difficult to single out a specific area, because the European Union’s activities extend across many fields and have a direct impact on our daily lives. Since joining the European Union, Spain has benefited from the modernisation of its infrastructure, the internationalisation of its economy, new rights and freedoms for our citizens and businesses, the Erasmus programme for young people, improvements in health and quality of life due to the Union’s actions, and, in general, greater influence and presence as Europeans on the international stage.

-What would you like members of the public and professionals to understand better about how the European Commission works and its presence in our country?

– Despite the positive perception that Spaniards have of Europe, it remains a major challenge to explain and raise awareness of the European institutions by bringing them closer to the Spanish public and emphasising that, behind the complexity of decision-making – which is inherent in an organisation comprising 27 Member States – our actions only make sense when they are there to serve citizens.

-And finally: How do you view the work carried out by Spanish and European notaries and the contribution they make to legal certainty and the development of EU legislation?

– I have said this on other occasions: the role of notaries is of paramount importance for the maintenance of legal certainty and the rule of law in our country. Two concepts define the notarial profession: trust and security. Facilitating transactions and safeguarding relationships within our societies is an essential task within the context of a profession that is taking on an increasingly European dimension.

Digital signature

The European Commission’s website provides detailed information on his area of work, as well as various ways to contact Daniel Calleja.
This link provides an overview of all the work carried out by Daniel Calleja as Head of the European Commission’s Representation in Spain to date.

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El Notariado en el aniversario del European Law Institute

ÁMBITO EUROPEO

El Notariado en el aniversario del European Law Institute

Carlos Capa

El European Law Institute (ELI) nació en 2011 con un propósito tan sencillo como ambicioso: mejorar la calidad del Derecho en Europa a través del análisis jurídico y de la cooperación entre profesionales e instituciones. Hoy reúne a cerca de 1.800 miembros individuales y 180 institucionales. Trabaja en ámbitos tan sensibles como la armonización del Derecho europeo, la transformación digital, la inteligencia artificial y la cooperación judicial. Con esa tarjeta de visita celebró en Madrid su 15º aniversario.

En el Colegio Notarial de Madrid se reunieron representantes de primer nivel del mundo jurídico e institucional para hablar de Europa, de seguridad jurídica y de la función de las instituciones en un contexto en el que la tecnología, la cooperación y la protección de derechos ya no pueden tratarse como materias separadas. La jornada dejó una imagen muy precisa del momento: el ELI como espacio de encuentro, el Notariado como garante de confianza y las Administraciones como actores de una agenda jurídica en movimiento.

EL ENCUENTRO TUVO MUCHO DE CONMEMORACIÓN Y BASTANTE DE ADVERTENCIA: EL DERECHO EUROPEO NECESITA PUENTES, PERO TAMBIÉN NECESITA SOSTENERSE CON FIRMEZA

El encuentro tuvo mucho de conmemoración y bastante de advertencia: el Derecho europeo necesita puentes, pero también necesita sostenerse con firmeza en un tiempo de cambios rápidos y de certezas frágiles.

Puentes entre sistemas

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, manifestó ante los asistentes que “el Derecho europeo necesita instituciones que tiendan puentes entre las distintas tradiciones jurídicas, entre el mundo académico y la práctica profesional, entre la innovación y la protección de los derechos”, para añadir que el European Law Institute desempeña esa labor “con rigor, excelencia y visión de futuro”.

LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMPARTIERON EL MENSAJE DE REFORZAR LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS EN UNA EUROPA QUE NECESITA MÁS COORDINACIÓN Y CONFIANZA

La presidenta del CGN situó el debate en un tiempo de transformaciones jurídicas, económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas que exigen respuestas más sofisticadas y cohesionadas. Defendió el papel del Notariado como institución pública al servicio de la seguridad jurídica preventiva, con capacidad para verificar identidades y capacidades jurídicas también en medios digitales y recordó que “ese control preventivo debe ir unido a la lucha contra el blanqueo de capitales, un terreno en el que el Notariado aporta herramientas concretas a través de su Órgano Centralizado de Prevención y de las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública”.

Convergencia normativa

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inauguró la jornada con un discurso de tono claramente europeísta, pero también reformista, defendiendo “la importancia del análisis comparado del Derecho como herramienta para modernizar los sistemas jurídicos nacionales” y llamó a aproximar el modelo español de investigación penal a los estándares mayoritarios en Europa, apostando por la convergencia normativa como vía para reforzar instituciones y mejorar la respuesta del sistema jurídico.

Bolaños señaló que era para él un honor “participar en estas jornadas que conmemoran el XV aniversario de la creación del ELI y, hacerlo en este entorno del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, donde realmente se pone de manifiesto la importancia y la solera que tiene el Notariado en nuestro país».

FÉLIX BOLAÑOS DEFENDIÓ “LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS COMPARADO DEL DERECHO COMO HERRAMIENTA PARA MODERNIZAR LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES”

En su opinión “ELI se ha convertido en una institución internacional referente en el estudio del Derecho europeo, desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. No sólo aspira a un conocimiento teórico, doctrinal o académico, sino también, y más importante para las Administraciones Públicas, a mejorar el ordenamiento jurídico europeo a través de propuestas y recomendaciones a los legisladores y a los Gobiernos».

El ministro puso además en valor la convergencia de los ordenamientos jurídicos europeos sobre la base de “valores comunes como la democracia, la separación de poderes y la protección de los derechos de la ciudadanía”, añadiendo una advertencia que dio densidad política a la jornada: esos valores, dijo, no son irreversibles. Bolaños enlazó ese diagnóstico con el papel de España en iniciativas europeas sobre menores en entornos digitales, responsabilidad de plataformas y lucha contra contenidos ilícitos y manipulaciones digitales.

CONCEPCIÓN BARRIO SEÑALÓ QUE “EL DERECHO EUROPEO NECESITA INSTITUCIONES QUE TIENDAN PUENTES ENTRE LAS DISTINTAS TRADICIONES JURÍDICAS”

Lugar de cooperación

Por su parte. la presidenta del ELI, la profesora de la universidad Carlos III de Madrid, Teresa Rodríguez de las Heras, definió la razón de ser del instituto: actuar como lugar de cooperación entre academia, práctica profesional e instituciones en un terreno: el Derecho europeo, donde la comparación y la coordinación son ya parte del trabajo cotidiano, y situó el programa como “un encuentro concebido para reflexionar sobre el papel del ELI en la articulación de respuestas comunes ante los nuevos desafíos jurídicos”.

De su mano descubrimos la actividad y el impacto que ha tenido en el ámbito jurídico europeo en estos 15 años, en una mesa redonda en la que participó junto con los vicepresidentes del ELI Geoffrey Vos y Pietro Sirena.
El primero señaló que “ELI reúne a las instituciones educativas, al sector tecnológico, al mundo académico y a expertos internacionales que trabajan para abordar los grandes desafíos jurídicos de nuestro tiempo». Se refirió particularmente a los retos tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial: «Cuando trabajamos sobre el ámbito tecnológico, la colaboración entre operadores jurídicos y académicos de toda Europa resulta fundamental para proteger el Estado de Derecho y preservar nuestras democracias. Por ello, espero con ilusión los próximos cincuenta años de esta organización y la labor que seguirá desarrollando». Por su parte, Pietro Sirena, señaló que «la evolución a futuro del Derecho europeo no depende tanto de la producción de nuevos instrumentos o reglamentos, como del desarrollo de una cultura, educación y práctica jurídica comunes». Además, hizo hincapié en que «un Derecho genuinamente europeo solo puede surgir si los juristas de Europa desarrollan un sentido compartido de comunidad; una comunidad en la que los distintos estilos, lenguas y sistemas jurídicos sigan siendo diversos, pero sean entendidos como expresiones de una historia compartida y una cultura jurídica común”.

Bajo la moderación de Teresa Rodríguez de las Heras conocimos las perspectivas de cuatro miembros fundadores del ELI sobre el desarrollo, evolución y proyección de la institución: Marc Schmitz, presidente de la Unión Internacional de Agentes Judiciales (UIHJ); Leo Netten, presidente honorario de la UIHJ; Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y Annerie Ploumen, vicepresidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE).

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS DEFINIÓ LA JORNADA COMO “UN ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ARTICULACIÓN DE RESPUESTAS COMUNES ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS JURÍDICOS”

En sus intervenciones hicieron un repaso de los logros alcanzados por el Instituto y destacaron el importante papel de ELI en la construcción del Derecho europeo, así como la necesidad de seguir colaborando entre instituciones para fortalecer el Estado de Derecho en la Unión Europea y la importancia de la cooperación profesional para afrontar los retos que trae consigo la digitalización.

El Notariado en la era digital

En su intervención final Concepción Pilar Barrio Del Olmo insistió en que “la función notarial está preparada para seguir desempeñando un control preventivo eficaz en un entorno digital, donde la verificación de la identidad y de la capacidad jurídica resulta cada vez más delicada”. La idea no es menor: en un ecosistema jurídico cada vez más automatizado, el valor de la intervención notarial se mide precisamente por su capacidad para dar seguridad antes de que surja el conflicto.

A eso se sumó la referencia al Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, sobre el que la presidenta del Consejo General del Notariado expresó “preocupación por la falta de claridad en torno al papel de la escritura notarial”, recordando “que no toda reforma mejora por sí sola la arquitectura institucional”. Barrio Del Olmo cerró su intervención con una apelación a la colaboración del Ministerio de Justicia, especialmente en lo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En conclusión: el control preventivo no puede rebajarse en nombre de la modernización.

Control preventivo

En la última mesa redonda de la jornada, moderada por el notario Gonzalo Cano, participaron José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia y delegado del CGN para Europa; Juan Gómez-Riesco, notario miembro de la Sección Internacional del CGN, y Marcos Ruiz, director de Negocio y Operaciones del Centro Tecnológico del Notariado.

José Carmelo Llopis señaló que la Unión Europea camina hacia un modelo en el que “la confianza se deposita en el origen primario del dato o atributo”, y si queremos atributos fiables “debemos mantener la autenticidad en el origen del dato”. En este sentido, remarcó que “el Notariado no sólo cumple con los requisitos del Derecho europeo para ser considerado fuente auténtica, sino que, además, por su propia configuración institucional y normativa, es el paradigma de dicha definición. Prescindir del Notariado como fuente auténtica implicaría debilitar la fiabilidad del sistema”.

Juan Gómez-Riesco abordó las novedades normativas que plantea el Régimen 28 de la UE, que propone la creación de un nuevo tipo societario El notario puso de relieve cuestiones y dudas que suscita, entre otras, la base jurídica empleada, así como «la necesidad de reforzar e incluir medidas de control preventivo adicionales que garanticen la máxima seguridad jurídica y una eficaz prevención del blanqueo de capitales, desde la constitución de la sociedad, a sus modificaciones, transmisión de participaciones sociales, disolución y liquidación».

Marcos Ruiz explicó el marco regulatorio y el funcionamiento de los wallet digitales de identidad que prepara la UE para ciudadanos y empresas. «En el ámbito empresarial no basta con identificar a la persona o a la sociedad: hay que acreditar representación, facultades, vigencia y efectos jurídicos. La Business Wallet no sustituye a las fuentes auténticas: las necesita para que el atributo tenga valor jurídico», señaló. En ese mismo sentido, explicó que estas tecnologías «canalizan la actuación, pero realmente son las fuentes auténticas de información las que aportan validez jurídica a las operaciones. Automatizar no debe significar perder controles que aportan trazabilidad, análisis de riesgo y prevención, como la intervención notarial”.

Los participantes en la jornada compartieron el mensaje de reforzar las instituciones jurídicas en una Europa que necesita más coordinación, más confianza y más capacidad de respuesta. El ministro habló de convergencia; el Notariado, de puentes y control preventivo; el ELI, de cooperación y mejora del Derecho. No fue una suma de discursos paralelos, sino una convergencia de diagnósticos sobre el momento presente.

El ELI celebró su XV aniversario con una idea nítida: el Derecho europeo solo será fuerte si sigue siendo capaz de tender puentes entre tradición e innovación, entre práctica y teoría, entre seguridad y cambio, en definitiva, una llamada a seguir construyendo confianza.

Firma en el libro de honor

Previo a la inauguración del encuentro, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó en el Libro de Honor del Colegio Notarial de Madrid, acompañado de Concepción Pilar Barrio Del Olmo, decana del mismo y presidenta de Consejo General del Notariado, y de Teresa Rodríguez de las Heras, presidenta del European Law Institute (ELI).

Cadena de seguridad

Para la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, “en estos 15 años ELI ha demostrado algo que nos parece muy valioso: que es posible un espacio independiente, plural y técnico capaz de abordar el Derecho desde diferentes perspectivas, pero también desde diferentes tradiciones públicas”.

En su ponencia sobre La justicia penal en el futuro ordenamiento jurídico europeo, Peramato subrayó que «el Estado de Derecho comienza en esa cadena institucional que arranca en la seguridad jurídica preventiva. Como parte de esa cadena de seguridad jurídica, resulta obligado reconocer el papel que han desempeñado los notarios, especialmente en la era digital, como parte activa y decisiva de esa arquitectura de protección”. También resaltó el papel de los fiscales en esa arquitectura europea del Estado de Derecho. “Son piezas esenciales de una cadena sostenida en redes de confianza y trabajo conjunto”. Una cadena que ya no es sólo nacional, sino europea. Por último, recalcó que «el Índice Único Informatizado Notarial y los sistemas de identificación de titularidad real constituyen hoy una herramienta estructural muy valiosa en la lucha contra la delincuencia económica». «Gracias a ellos es posible levantar con rapidez el velo de las estructuras societarias opacas; identificar a quienes se sitúan tras ellas, y proporcionar a los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad una información que no solamente es fiable, sino que es completa y en tiempos compatibles con la complejidad de la criminalidad», detalló.

La política comunitaria

En la jornada participó la directora general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Ana Gallego Torres, que habló sobre la política comunitaria y el futuro del ordenamiento jurídico europeo. «Este aniversario sirve para reconocer el trabajo y contribución de ELI al proyecto europeo y a la construcción de una Unión basada en el Derecho, la Cooperación y la Justicia. Una labor que ha ayudado a transformar la experiencia en guías prácticas, a reforzar el tejido jurídico de Europa y a la evolución de las políticas de justicia de la UE», aseguró.
«Hoy, la Justicia en el marco de las políticas de la UE es reconocida como un eje central en términos de potencia democrática, económica y geopolítica». También apuntó que «sin la confianza en que los productos jurídicos emanados de las instituciones de los Estados miembros son equivalentes, se rompen las bases del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia». «En definitiva, la confianza de los ciudadanos y las empresas depende en gran medida de la aplicación del Derecho transfronterizo; de que el acceso a la justicia sea real, efectivo y no solamente teórico», concluyó.

EUROPEAN SCOPE

The Notariat on the anniversary of the European Law Institute

Carlos Capa

The European Law Institute (ELI) was founded in 2011 with a simple yet ambitious purpose: to improve the quality of law in Europe through legal analysis and cooperation between professionals and institutions. Today it has about 1,800 individual members and 180 institutional members. It works in sensitive areas such as the harmonization of European law, digital transformation, artificial intelligence, and judicial cooperation. With that business card, it celebrated its 15th anniversary in Madrid.

Representatives of the highest level of the legal and institutional world met at the Madrid Notary Association to discuss Europe, legal security and the role of institutions in a context in which technology, cooperation and the protection of rights can no longer be treated as separate issues. The day provided a very clear snapshot of the moment: the ELI as a meeting place, the notariat as a guarantor of trust, and the administrations as key players in a dynamic legal agenda.

THE MEETING WAS PART COMMEMORATION AND PART WARNING: EUROPEAN LAW NEEDS BRIDGES, BUT IT ALSO NEEDS TO STAND FIRM

The meeting was part commemoration and part warning: European law needs bridges, but it also needs to stand firm in a time of rapid change and fragile certainties.

Bridges between systems

The president of the General Council of Notaries (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, told those present that “European law needs institutions that build bridges between different legal traditions, between the academic world and professional practice, between innovation and the protection of rights“, adding that the European Law Institute carries out this work “with rigour, excellence and a forward-looking vision‘.

The president of the CGN placed the debate in a time of legal, economic, social, technological, and geopolitical transformations that demand more sophisticated and cohesive responses. She defended the role of the Notary as a public institution serving preventive legal security, with the ability to verify identities and legal capacities, including in digital media, and recalled that “‘this preventive control must be combined with the fight against money laundering, an area in which the Notary provides concrete tools through its Centralized Prevention Body and the databases of beneficial owners and public officials“.

PARTICIPANTS IN THE EVENT SHARED THE MESSAGE OF STRENGTHENING LEGAL INSTITUTIONS IN A EUROPE THAT NEEDS MORE COORDINATION AND TRUST

Regulatory convergence

The Minister of the Presidency, Justice and Relations with the Cortes, Félix Bolaños, opened the day with a speech that was clearly pro-European, but also reformist, by defending “the importance of comparative analysis of law as a tool for modernizing national legal systems” and called for the Spanish model of criminal investigation to be brought closer to the majority standards in Europe, advocating regulatory convergence as a way to strengthen institutions and improve the response of the legal system.

Bolaños said it was an honour for him to «participate in these events commemorating the 15th anniversary of the creation of the ELI, and to do so in this setting of the General Council of Notaries and the Madrid Notary Association, where the importance and the long-standing tradition of the Notariat in our country are truly evident».

In his opinion, “ELI has become an international institution that is a benchmark in the study of European law, from the perspective of both regulations and case law. It does not only aspire to theoretical, doctrinal or academic knowledge, but also, and more importantly for Public Administrations, to improve the European legal system through proposals and recommendations to legislators and governments».

The minister also emphasised the convergence of European legal systems based on ”common values such as democracy, the separation of powers and the protection of citizens’ rights”, adding a warning that gave political weight to the day: these values, he said, are not irreversible. Bolaños linked this diagnosis to Spain’s role in European initiatives on minors in digital environments, platform responsibility, and the fight against illegal content and digital manipulation.

FÉLIX BOLAÑOS DEFENDED «THE IMPORTANCE OF COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS AS A TOOL FOR MODERNIZING NATIONAL LEGAL SYSTEMS»

Place of cooperation

For her part, the president of the ELI, Professor Teresa Rodríguez de las Heras from Carlos III University of Madrid, defined the raison d’être of the institute: to act as a place of cooperation between academia, professional practice and institutions in one field: European law, where comparison and coordination are already part of everyday work. She positioned the programme as ”a meeting designed to reflect on the role of the ELI in articulating common responses to new legal challenges”..

With her help, we discovered the activity and impact it has had in the European legal sphere over the last 15 years, in a roundtable discussion in which she participated alongside ELI Vice-Presidents Geoffrey Vos and Pietro Sirena.
Vos noted that ”ELI brings together educational institutions, the technology sector, the academic world, and international experts who work to address the major legal challenges of our time”. He referred specifically to technological challenges and the emergence of artificial intelligence: «When we work in the technological sphere, collaboration between legal and academic operators from across Europe, it is essential to protect the rule of law and preserve our democracies. Therefore, I look forward to the next fifty years of this organization and the work it will continue to do». For his part, Pietro Sirena pointed out that «the future development of European law does not depend so much on the production of new instruments or regulations, but on the development of a common legal culture, education and practice». In addition, he emphasized that «a genuinely European law can only emerge if European jurists develop a shared sense of community; a community in which different legal styles, languages, and systems remain diverse, but are understood as expressions of a shared history and a common legal culture».

CONCEPCIÓN BARRIO POINTED OUT THAT «EUROPEAN LAW NEEDS INSTITUTIONS THAT BUILD BRIDGES BETWEEN THE DIFFERENT LEGAL TRADITIONS»

Under the moderation of Teresa Rodríguez de las Heras, we heard the perspectives of four founding members of the ELI on the development, evolution, and future of the institution: Marc Schmitz, president of the International Union of Judicial Officers (UIHJ); Leo Netten, honorary president of the UIHJ; Noemí Alarcón, vice-president of the Council of the Bars and Law Societies of Europe (CCBE) and Annerie Ploumen, vice-president of the Council of Notaries of the European Union (CNUE).

In their speeches, they reviewed the achievements of the Institute and highlighted the important role of ELI in the construction of European law, as well as the need to continue collaborating between institutions to strengthen the rule of law in the European Union and the importance of professional cooperation to address the challenges posed by digitalization.

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS DEFINED THE DAY AS “A MEETING TO REFLECT ON THE ARTICULATION OF COMMON RESPONSES TO NEW LEGAL CHALLENGES”

Notaries in the Digital Age

In her final speech, Concepción Pilar Barrio Del Olmo insisted that “the notarial function is prepared to continue performing effective preventive control in a digital environment, where the verification of identity and legal capacity is becoming increasingly delicate”. The idea is not insignificant: in an increasingly automated legal ecosystem, the value of notarial intervention is precisely measured by its ability to provide security before a conflict arises.

This was added to the reference to the Public Integrity Bill, on which the president of the General Council of Notaries expressed “concern about the lack of clarity surrounding the role of the notarial deed”; she recalled that “that not every reform improves the institutional architecture on its own”. Barrio Del Olmo concluded his speech with an appeal for cooperation from the Ministry of Justice, particularly in the fight against money laundering and the financing of terrorism. In conclusion: preventive control cannot be sacrificed in the name of modernization.

Preventive control

The last round table of the day, moderated by notary Gonzalo Cano, featured José Carmelo Llopis, dean of the Valencia Notarial Association and CGN delegate for Europe; Juan Gómez-Riesco, notary member of the International Section of the CGN, and Marcos Ruiz, Business and Operations Director of the Notarial Technology Centre.

José Carmelo Llopis pointed out that the European Union is moving towards a model in which ”trust is placed in the primary source of the data or attribute”, and if we want reliable attributes, “we must maintain authenticity at the source of the data”. In this regard, he emphasised that ”the Notary not only meets the requirements of European law to be considered an authentic source, but also, due to its own institutional and regulatory structure, is the paradigm of this definition. Doing away with the Notary as an authentic source would mean weakening the reliability of the system”.

Juan Gómez-Riesco addressed the regulatory changes brought about by EU Regulation 28, which proposes the creation of a new type of company. The notary highlighted the issues and doubts that it raises, among other things, the legal basis used, as well as «the need to strengthen and include additional preventive control measures that guarantee maximum legal certainty and effective prevention of money laundering, from the incorporation of the company, to its amendments, transfer of shares, dissolution and liquidation».

Marcos Ruiz explained the regulatory framework and the functioning of the digital identity wallets that the EU is preparing for citizens and businesses. “In the business world, it is not enough to identify the person or company: representation, powers, validity and legal effects must also be proven. The Business Wallet does not replace authentic sources: it needs them for the attribute to have legal value”, he pointed out. In the same vein, he explained that these technologies “channel the action, but it is really the authentic sources of information that provide legal validity to the operations. Automation should not mean losing controls that provide traceability, risk analysis, and prevention, such as notarial intervention».

Participants in the event shared the message of strengthening legal institutions in a Europe that needs more coordination, trust, and responsiveness. The minister spoke of convergence; the Notariat, of bridges and preventive control; the ELI, of cooperation and the improvement of law. It was not a sum of parallel speeches, but a convergence of diagnoses about the present moment.

ELI celebrated its 15th anniversary with a clear idea: European law will only be strong if it continues to be able to build bridges between tradition and innovation, between practice and theory, between security and change, in short, a call to continue building trust.

Sign the guestbook

Prior to the opening of the meeting, the Minister of the Presidency, Justice and Relations with the Courts, Félix Bolaños, signed the Guestbook Madrid Notary Association, accompanied by Concepción Pilar Barrio Del Olmo, dean of that institution and president of the General Council of Notaries, and Teresa Rodríguez de las Heras, president of the European Law Institute (ELI).

Safety chain

For the Spanish Attorney General, Teresa Peramato, “in these 15 years, ELI has demonstrated something that we regard as highly valuable: that an independent, plural and technical space is possible, capable of addressing the law from different perspectives, but also from different public traditions”.

In her presentation on Criminal Justice in the Future European Legal Order, Peramato emphasised that “the Rule of Law begins in that institutional chain that starts with preventive legal security. As part of this chain of legal security, it is mandatory to recognize the role that notaries have played, especially in the digital age, as an active and decisive part of this protection architecture». She also highlighted the role of prosecutors in this European architecture of the Rule of Law. «They are essential pieces of a chain sustained by networks of trust and collaboration». A chain that is no longer just national, but European. Finally, she emphasized that «the Computerized Single Notarial Information Index and the systems for identifying beneficial ownership are now a very valuable structural tool in the fight against economic crime. These enable us to swiftly lift the veil of opaque corporate structures; identify those behind them; and provide judges, prosecutors, and law enforcement agencies with information that is not only reliable but also complete and delivered within a timeframe compatible with the complexity of the criminality,” she explained.

EU Policy

The Director General for Justice and Consumers of the European Commission, Ana Gallego Torres, participated in the event, speaking about the European Union’s policy and the future of European legal order. This anniversary serves to recognize the work and contribution of ELI to the European project and the construction of a Union based on Law, Cooperation and Justice. «This work has helped transform experience into practical guidelines, strengthen the legal fabric of Europe, and advance the EU’s justice policies,» she said.
Today, justice within the framework of EU policies is recognized as a central pillar in terms of democratic, economic, and geopolitical power. Se also pointed out that «without confidence that the legal products emanating from the institutions of the Member States are equivalent, the foundations of the European area of security, freedom and justice are broken. «Ultimately, the trust of citizens and businesses depends largely on the application of cross-border law; on whether access to justice is real, effective, and not just theoretical,» she concluded.

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15º aniversario del European Law Institute, por Teresa Rodríguez de las Heras. Presidenta del ELI

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

Superado el hartazgo de una actividad regulatoria ciertamente desaforada debe venir la calma, pero no la quietud, y menos aún la parálisis"

El 15º aniversario de la fundación del European Law Institute

El 1 de junio de 2026 marca el 15º aniversario de la fundación del European Law Institute (ELI)¹. Los aniversarios son ocasiones para la memoria y la celebración por lo logrado, pero son, sobre todo, momentos de reflexión sobre el presente y ocasiones singularmente fértiles para pensar el futuro. Tres lustros podrían parecer una corta historia, sin embargo, en estos quince años, el ELI ha ganado dimensión, escala e influencia de forma extraordinaria y se ha convertido en un foro independiente de referencia, en un catalizador del debate de política legislativa a nivel global, y en un promotor de la reforma y la modernización legislativas con instrumentos de soft-law en todas las áreas del Derecho^2.

Multilateralismo cuestionado

El ELI celebra su joven aniversario en un contexto internacional radicalmente diferente, con un multilateralismo frontalmente cuestionado, unas organizaciones internacionales intencionadamente debilitadas para convertir las delicadamente tejidas relaciones de cooperación en oportunistas interacciones desiguales entre Estados, guiadas por la insensible lógica transaccional, y una escena geopolítica turbulenta, fracturada y lastrada por la desconfianza. Tras décadas de construcción robusta y leal de una comunidad jurídica global, el presente muestra que vivimos en la “Era de la Fragilidad”, una alarmante fragilidad multidimensional. Las fracturas del presente evidencian una triple fragilidad del mundo contemporáneo: la fragilidad del planeta, que nos enfrenta al reto, esperemos que no demasiado tardío e irremediable, de hacer nuestras sociedades sostenibles; la fragilidad del ser humano, expuesto principalmente hoy por la Inteligencia Artificial (IA) al dilema apabullante de imaginar futuros utópicos de trascendencia o de temer los horizontes más distópicos que encierran incluso un genuino riesgo existencial; y la fragilidad de la Ley y del Estado de derecho, sumidos en un ataque sistemático y descarado y enfrentados a sus propias limitaciones inherentes de legitimidad, justicia y eficacia. Consciente de este presente, el ELI ha hecho suya esta fragilidad como misión, ha interiorizado estas fragilidades, que ha convertido en sus ejes de reflexión, de acción y de propuesta para la adopción de sus instrumentos de política y reforma legislativas³.

Raíces europeas

Las raíces europeas del ELI la hacen también sensible al radical cambio estratégico con que la Unión Europea se ha enfrentado a este nuevo, ciertamente imprevisible e incómodo, contexto geopolítico. Tras el intenso despliegue normativo y regulatorio con el que la UE cerró el ciclo 2019-2024 – Comisión Von der Leyen I – se aboga ahora por una “simplification revolution”. Esta estrategia de simplificación está tensionada por dos fuerzas, una externa y otra interna. Una geopolítica, en la que se defiende, ya sin contención alguna, una retórica antiregulación que cuestiona radicalmente todo marco de derecho internacional y, en particular, los esfuerzos dirigidos a la gobernanza de la IA, acusando toda regulación en este sentido de excesos e ineficiencias, de intromisión en el mercado y del fracaso de un modelo económico europeo en declive. Este argumentario ha calado con gran facilidad en un terreno ya abonado por el diagnóstico y las advertencias y recomendaciones de los Informes Draghi y Letta, sobre el futuro de Europa. Las preocupaciones, legítimas e identificadas con finura y agudeza por sus autores, sobre el impacto de la regulación (excesiva) en la competitividad, la innovación y la prosperidad de Europa, han dado razones a la repetidamente alegada “fatiga regulatoria”.

Sin embargo, a pesar de la hostilidad del entorno geopolítico en el que la UE debe bracear, la sensatez de una “pausa regulatoria” no debe conducir a la temeridad de una retirada del terreno global o una renuncia al modelo europeo. La UE debe luchar por preservar y reforzar su soberanía digital y apuntalarla en el modelo de valores europeo. Esta soberanía digital naturalmente requiere financiación, tejido industrial, ciencia básica y aplicada e innovación tecnológica. Pero además acción política, compromiso ciudadano y un marco normativo facilitador que mire hacia los nuevos horizontes (IA sostenible, IA agéntica, computación cuántica, robots polifuncionales) y anticipe el escenario, que propongo, de las sociedades híbridas⁴.

Superado el hartazgo de una actividad regulatoria ciertamente desaforada debe venir la calma, pero no la quietud, y menos aún la parálisis y la retirada de la escena internacional. La pasividad por temor a ahondar en un problema que debe resolverse con acciones adecuadas es tan perniciosa como la respuesta excesiva o desencaminada.

La gobernanza de la IA

En este contexto, la gobernanza de la IA se ha convertido en un eje vertebrador de las estrategias de sostenibilidad, de soberanía digital y de resiliencia jurídica, tecnológica y social. Por ello, pensar y consensuar un modelo para la IA es pensar y consensuar un modelo de sociedad que incorpora la reflexión y la acción sobre las tres dimensiones de la fragilidad actual. Es un posicionamiento ante el reto de la sostenibilidad; una respuesta a los peligros y las promesas de una economía de la IA, hoy asimétrica, desigual, con altísimos niveles de integración vertical y preocupantes grados de concentración empresarial; y, finalmente, un desafío a la resiliencia del Estado de derecho.

Abogamos por superar una visión reduccionista de la IA como simple producto y entenderla también como una palanca cultural y de construcción civilizatoria. La prometida estrategia “AI Continent” para la UE requiere articular también estructuras jurídicas facilitadoras de la adopción de la IA – con un marco jurídico-privado para la “Economía de Agentes de IA”⁵–, ofrecer instrumentos de certidumbre y previsibilidad al mercado⁶, acompañar su incorporación con el liderazgo científico y técnico en computación cuántica y otras áreas de pensamiento y desarrollo humanista, y apostar por un uso responsable de la IA en todos los frentes que, lejos de una simplista visión instrumentalista de la IA, se atreva a pensar el mundo en términos imaginarios de “hibridación”.

[1] Sobre la institución, su origen, sus objetivos y su misión, https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/.
[2] El ELI cuenta con 1800 miembros individuales que recorren todas las profesiones jurídicas y representan hoy la comunidad jurídica en 64 países y con 200 miembros institucionales, que reflejan las raíces europeas de la institución, pero la clara vocación internacional: https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/current-members/.
[3] Tres ejes temáticos que ordenan la amplia actividad del ELI, sus proyectos y sus instrumentos: Rule of Law and the Convergence of Legal Systems; Law and Governance for the Digital Age; Climate Justice and Sustainable Societies.
[4] Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, “Editorial: The Next Frontier for Private Law: Envisioning Rules and Constructing Legal Fictions for an AI-Human Hybrid Society”, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), Vol. 15, Issue 1 (2026) pp. 1 – 5.
[5] El ELI ha aprobado sus Guiding Principles and Model Rules on Digital Assistants for Consumer Contracts, en línea con las iniciativas internacionales de CNUDMI/UNCITRAL con la adopción de la Ley Modelo de Contratación Automatizada.
[6] Con el proyecto de ELI Model Contractual Terms on Automated Contracting and Digital Assistants in Business and Consumer Transactions (B2C and B2B), in collaboration with UNCITRAL Contractual Terms.

EUROPEAN SCOPE

Now that we have overcome the weariness caused by what was certainly an excessive level of regulatory activity, calm must now set in – but not stagnation, and certainly not paralysis."

The 15th anniversary of the founding of the European Law Institute

1 June 2026 marks the 15th anniversary of the founding of the European Law Institute (ELI)¹. Anniversaries are occasions to remember and celebrate what has been achieved, but they are, above all, moments to reflect on the here and now and particularly valuable opportunities to think about the future. Three lustrums may seem like a short period of time; however, over these fifteen years, the ELI has grown extraordinarily in scope, scale and influence, and has become a leading independent forum, a catalyst for global debate on legislative policy, and a promoter of legislative reform and modernisation through soft-law instruments in all areas of law².

Multilateralism under scrutiny

The ELI is celebrating its first anniversary against a radically different international backdrop, with multilateralism coming under direct challenge, international organisations deliberately weakened in order to transform delicately woven cooperative relationships into opportunistic, unequal interactions between States guided by a callous transactional logic, and a turbulent, fractured geopolitical landscape weighed down by mistrust. After decades of steadfast and committed efforts to build a global legal community, the current situation shows that we are living in the “Age of Fragility” – a period of alarming, multidimensional fragility. Fractures in the here and now reveal a threefold fragility in the contemporary world: the fragility of the planet, which confronts us with the challenge – hopefully not too late and not yet irreversible – of making our societies sustainable; the fragility of human beings, who are today exposed, primarily by Artificial Intelligence (AI), to the overwhelming dilemma of either imagining utopian futures of transcendence or fearing the most dystopian horizons, which even harbour a genuine existential risk; and the fragility of the Law and the Rule of Law, which are under systematic and brazen attack and confronted with their own inherent limitations in terms of legitimacy, justice and effectiveness. Aware of this reality, the ELI has embraced this fragility as its mission; it has internalised these fragilities, turning them into the cornerstones of its reflection, action and proposals for the adoption of its policy instruments and legislative reforms³.

European roots

The ELI’s European roots also make it sensitive to the radical strategic shift with which the European Union has responded to this new, certainly unpredictable and uncomfortable, geopolitical context. Following the intensive legislative and regulatory drive with which the EU brought the 2019–2024 cycle to a close, Von der Leyen’s 1st Mandate, there is now a call for a “simplification revolution”. This simplification strategy is subject to pressure from two forces, one external and the other internal. A geopolitical landscape in which an anti-regulation rhetoric is now being championed without any restraint whatsoever, radically calling into question the entire framework of international law and, in particular, efforts aimed at governing AI, whilst accusing any regulation in this regard of excesses and inefficiencies, of market interference and of the failure of a European economic model in decline. This line of argument has taken root very easily in a climate already prepared by the analysis, warnings and recommendations contained in the Draghi and Letta reports on the future of Europe. The concerns – which are legitimate and have been identified with subtlety and insight by the authors – regarding the impact of (excessive) regulation on Europe’s competitiveness, innovation and prosperity have provided grounds for the frequently cited “regulatory fatigue”.

However, despite the hostile geopolitical environment in which the EU must operate, the wisdom of a “regulatory pause” must not lead to the recklessness of withdrawing from the global stage or abandoning the European model. The EU must strive to preserve and strengthen its digital sovereignty and anchor it in the European values-based model. This digital sovereignty naturally requires funding, an industrial base, basic and applied science, and technological innovation. But also political action, civic engagement and a supportive regulatory framework that looks towards new horizons (sustainable AI, agentic AI, quantum computing, multifunctional robots) and anticipates the scenario – which I propose – of hybrid societies⁴.

Having overcome the weariness caused by what was certainly an excessive level of regulatory activity, calm must now set in – but not stagnation, and certainly not paralysis or withdrawal from the international stage. Passivity based on a fear of delving into a problem that needs to be resolved through appropriate action is just as harmful as an excessive or misguided response.

AI governance

In this context, AI governance has become a cornerstone of strategies for sustainability, digital sovereignty and legal, technological and social resilience. Therefore, devising and agreeing on a model for AI means devising and agreeing on a model for society that incorporates reflection and action on the three dimensions of our current fragility. It is a stance in the face of the challenge of sustainability; a response to the dangers and promises of an AI-driven economy – which is currently asymmetrical and unequal, with extremely high levels of vertical integration and worrying degrees of corporate concentration; and, finally, a challenge to the resilience of the Rule of Law.

We advocate moving beyond a reductionist view of AI as merely a product and also understanding it as a cultural catalyst and a force for the development of civilisation. The proposed “AI Continent” strategy for the EU must also establish legal structures that facilitate the adoption of AI – including a private-law framework for the “AI Agents Economy”⁵, to provide the market with tools that ensure certainty and predictability⁶, to support its implementation through scientific and technical leadership in quantum computing and other areas of humanistic thought and development, and to commit to the responsible use of AI on all fronts – a commitment which, far from a simplistic, instrumentalist view of AI, dares to think of the world in imaginative terms of “hybridisation”.

[1] To find out more about the organisation, its origins, objectives and mission, please visit https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/.
[2] The ELI has 1,800 individual members spanning the entire legal profession, who today represent the legal community in 64 countries, and 200 institutional members, reflecting the organisation’s European roots but also its clear international focus: https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/current-members/.
[3] Three thematic areas that underpin the ELI’s wide-ranging activities, projects and tools: Rule of Law and the Convergence of Legal Systems; Law and Governance for the Digital Age; Climate Justice and Sustainable Societies.
[4] Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, “Editorial: The Next Frontier for Private Law: “Envisioning Rules and Constructing Legal Fictions for an AI-Human Hybrid Society”, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), Vol. 15, Issue 1 (2026) pp. 1 – 5.
[5]The ELI has endorsed its Guiding Principles and Model Rules on Digital Assistants for Consumer Contracts, in line with the international initiatives of UNCITRAL following the adoption of the Model Law on Automated Contracting.
[6]Through the project entitled ELI Model Contractual Terms on Automated Contracting and Digital Assistants in Business and Consumer Transactions (B2C and B2B), in collaboration with UNCITRAL Contractual Terms.

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Sucesiones internacionales

ÁMBITO EUROPEO

Sucesiones internacionales

Elena Domínguez Romero

La movilidad de los ciudadanos, la existencia de patrimonios repartidos entre varios países y la diversidad de los sistemas civiles han convertido las sucesiones transfronterizas en una realidad cotidiana. Notarios, jueces, abogados y académicos de toda Europa se reunieron en Barcelona los días 21 y 22 de mayo precisamente para hablar sobre ello en la Conferencia anual sobre Derecho europeo de sucesiones, celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña.

En el foro, organizado por la Academy of European Law (ERA), se debatió sobre un fenómeno cada vez menos excepcional: una persona vive en un país, tiene bienes en otro, herederos en un tercero y ha otorgado testamento conforme a una ley de un país diferente; poniendo el foco, especialmente, en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Certificado Sucesorio Europeo y la función notarial. También se abordó la repercusión de la creciente digitalización en las cuestiones sucesorias y la futura revisión del Reglamento Europeo de Sucesiones.

CADA VEZ ES MÁS COMÚN QUE UNA PERSONA VIVA EN UN PAÍS, TENGA BIENES EN OTRO Y HEREDEROS EN UN TERCERO

Una Europa sin fronteras

La conferencia fue inaugurada por José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, y Angelika Fuchs, jefa de la Sección de Derecho privado europeo de ERA. Marín subrayó en su intervención “el papel del Reglamento Europeo de Sucesiones en la creación de una Europa real y sin fronteras, que está permitiendo formalizar las herencias de una manera mucho más fácil y eficiente para el ciudadano.” Fuchs, por su parte, destacó la importancia de los temas tratados, que “reflejan las realidades complejas de planificar y liquidar herencias en un contexto plenamente transfronterizo”.

El primer bloque del foro abordó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la mano de Gottfried Musger, presidente de Sala del Tribunal Supremo de Austria, quien presentó varios casos recientes.

EL REGLAMENTO EUROPEO DE SUCESIONES PARTE DE DOS PRINCIPIOS: UNIDAD Y UNIVERSALIDAD, QUE PERMITEN APLICAR UNA SOLA LEY A TODA LA HERENCIA

Por otro lado, Cristina González Beilfuss, catedrática de Derecho internacional privado de la Universitat de Barcelona, se centró en la ley aplicable. Subrayó que “el Reglamento Europeo de Sucesiones parte de dos principios, unidad y universalidad, que permiten aplicar una sola ley a toda la herencia, con independencia de dónde estén los bienes. Esa regla facilita la libre circulación de resoluciones y documentos, pero no elimina todos los problemas”. El más evidente es la residencia habitual, ya que no se identifica automáticamente con el empadronamiento ni con la residencia fiscal y exige una valoración global de la vida del causante. “Los jubilados europeos que pasan gran parte del año en España, pero mantienen vínculos familiares, económicos o administrativos con su país de origen, muestran la dificultad” apuntó. También lo hacen los ciudadanos globales, con varias nacionalidades y patrimonios dispersos, o las personas mayores dependientes cuya residencia cambia por decisión de sus familiares.

A ello se suma la professio iuris, es decir, la posibilidad de elegir la ley nacional para regir la sucesión. Se trata de una herramienta útil, pero no debería usarse de forma automática. Elegir la ley de la nacionalidad no solo afecta a la legítima; también condiciona la ejecución de la herencia, la responsabilidad por deudas, los poderes de los administradores y la coordinación con otros sistemas. Además, en España la cuestión se complica por la existencia de diversos derechos civiles.

EL CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO (CSE) POSIBILITA ACREDITAR EN OTRO ESTADO MIEMBRO LA CONDICIÓN DE HEREDERO, LEGATARIO, ADMINISTRADOR O EJECUTOR

Certificado Sucesorio Europeo

El Certificado Sucesorio Europeo (CSE) fue uno de los grandes ejes del congreso. Concebido como una especie de pasaporte sucesorio, permite acreditar en otro Estado miembro la condición de heredero, legatario, administrador o ejecutor. Su balance, sin embargo, es desigual. “En algunos países se usa con normalidad, mientras que en otros, en cambio, los certificados nacionales siguen desplazándolo”, aseguró Patrick Wautelet, catedrático de la Universidad de Lieja.

Ioana Olaru, formadora del Instituto Notarial Rumano, y Jens Kleinschmidt, catedrático de la Universidad de Tréveris, pusieron el acento en los problemas de contenido del CSE: qué bienes deben identificarse, qué ocurre cuando hay impugnaciones y hasta dónde puede llegar la autoridad emisora. Por su parte, la autoridad emisora debe verificar información, valorar pruebas, identificar beneficiarios y, en su caso, describir bienes o facultades. El problema aparece cuando hay impugnaciones. El TJUE ha señalado que, si los elementos a certificar están discutidos, la autoridad emisora no puede resolver el litigio dentro del procedimiento de expedición. Aunque la objeción parezca infundada, debe acudir al cauce judicial o al recurso correspondiente.

Planificación patrimonial

La planificación patrimonial abrió otro frente. Frans Sonneveldt, catedrático de la Universidad de Leiden, abordó la fiscalidad de las herencias ante el TJUE y recordó que la doble imposición sucesoria sigue siendo una de las grandes frustraciones de los ciudadanos europeos. “Un mismo patrimonio puede quedar gravado por la residencia del causante, la residencia de los herederos, la nacionalidad o la ubicación de los bienes. El TJUE ha corregido tratamientos discriminatorios, por ejemplo, en deducciones de deudas, reducciones personales o valoración de activos situados en otro Estado, pero no puede resolver por sí solo la doble imposición cuando los Estados ejercen soberanamente sus competencias fiscales.” La solución ideal planteada es tan sencilla como difícil: una herencia: un impuesto de sucesiones. Mientras no exista un convenio multilateral europeo, la planificación seguirá combinando testamentos, pactos sucesorios, regímenes matrimoniales, sociedades, trusts, fundaciones y otras entidades patrimoniales.

En el bloque dedicada a la planificación patrimonial, Guillermo Palao Moreno, catedrático de la Universitat de València y presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, habló sobre la interacción entre Derecho de sociedades y sucesiones, mientras que Troels Rovsing Koch, por su parte, trató la protección de activos y sus límites frente al Derecho imperativo. El mensaje fue común: planificar no es esconder el patrimonio, sino ordenar su transmisión respetando las normas de protección de herederos, acreedores y terceros.

EL NOTARIO DEBE AUTORIZAR HERENCIAS APLICANDO NORMAS ESTATALES, AUTONÓMICAS, EUROPEAS Y EXTRANJERAS

El papel del Notariado

La segunda jornada del congreso se centró en el papel del Notariado en las sucesiones internacionales y el futuro de estas. Antonio Ripoll Soler, notario de Alicante, explicó la función del notario en España como pieza de seguridad jurídica preventiva, en un contexto de coexistencia de diversas legislaciones civiles autonómicas y de convenios de doble nacionalidad. “Estas legislaciones están en un plano horizontal. El Código Civil no está por encima de ellas, y eso ha generado abundante jurisprudencia y resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Todo ello sitúa al notario en el centro del problema, porque debemos autorizar herencias aplicando normas estatales, autonómicas, europeas y extranjeras.”

Por otro lado, Anna Wysocka-Bar, profesora adjunta de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, repasó la evolución de la digitalización en el ámbito de la Justicia, que ha dado origen a herramientas digitales como el Portal Europeo de e-Justice o el Reglamento de Justicia Digital, que incorpora la comunicación electrónica, las videoconferencias, las firmas y los sellos electrónicos y el pago electrónico de tasas a las sucesiones transfronterizas. “Este reglamento pretende modernizar el marco legislativo de los procedimientos transfronterizos sobre la base del principio de “digital por defecto”. Esto es, las administraciones públicas ofrecen sus servicios primordialmente en formato digital, como opción preferente, pero manteniendo el uso de los canales tradicionales con el objetivo de no excluir a quienes no tienen acceso o competencias digitales.”

Para finalizar, Maria Vilar Badia, miembro de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, hizo balance sobre los diez años de aplicación del Reglamento Europeo de Sucesiones y aseguró que “aunque el informe de aplicación aún no está en marcha, la Comisión está trabajando en la digitalización del Reglamento de Sucesiones y en algunas mejoras técnicas, detectadas gracias a cartas de ciudadanos, comunicaciones de profesionales y aportaciones de los Estados miembros.” Entre sus prioridades figuran simplificar el formulario del CSE, su expedición bilingüe obligatoria, crear vías no legislativas para reducir la reticencia de los bancos a aceptar el CSE, crear mensajes electrónicos predefinidos para dar respuesta a las solicitudes de información y explorar registros interconectados de certificados.

EL NOTARIO EN LAS SUCESIONES INTERNACIONALES

En las sucesiones internacionales, el notario desempeña una función clave de seguridad jurídica preventiva. Debe comprobar si existe competencia internacional, identificar la ley aplicable, verificar el título sucesorio, recabar certificados, localizar bienes y orientar a los herederos sobre los pasos fiscales y registrales. Su labor no consiste solo en autorizar una escritura, también debe advertir de los efectos de la ley extranjera, comprobar la validez de documentos y facilitar la coordinación entre ordenamientos.

LA PLURALIDAD CIVIL EN ESPAÑA

Durante la celebración del congreso se puso el foco en una de las singularidades del ordenamiento español: la coexistencia de varios derechos civiles territoriales con regulación propia en materia de sucesiones. Esta pluralidad adquiere especial importancia en el contexto del Reglamento Europeo de Sucesiones. Cuando la norma remite al Derecho español como ley aplicable, no basta con identificar el Estado, también hay que determinar qué Derecho civil interno resulta competente. En esta línea, se debatió sobre si la professio iuris permite elegir directamente un Derecho civil territorial o si la elección debe referirse necesariamente a la ley estatal.

LA LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS DIGITALES, UN NUEVO RETO

La digitalización ha transformado el contenido de las herencias. Cada vez más personas dejan activos digitales, como criptoactivos, NFT, cuentas en plataformas o archivos en la nube, los cuales plantean un nuevo reto en las sucesiones: determinar dónde se localizan. Su localización puede depender del servidor, del proveedor o de la residencia del titular. Al no existir actualmente un régimen horizontal general en la Unión Europea sobre esta materia se generan controversias.

EUROPEAN SCOPE

International Successions

Elena Domínguez Romero

The mobility of citizens, existence of assets spread across several countries and diversity of civil systems have made cross-border successions a daily reality. Notaries, judges, lawyers and academics from all over Europe met in Barcelona on 21 and 22 May to discuss this very issue at the Annual Conference on European Succession Law, held at the Catalonian Notarial Association.

At the forum, organised by the Academy of European Law (ERA), the discussion focused on an increasingly common phenomenon: a person lives in one country, has assets in another, heirs in a third, and has drawn up a will under the laws of a different country; with a particular focus on the recent case law of the Court of Justice of the European Union, the European Certificate of Succession and the notarial function. The impact of increasing digitalisation on succession issues and the future review of the European Succession Regulation were also addressed.

IT IS BECOMING INCREASINGLY COMMON FOR A PERSON TO LIVE IN ONE COUNTRY, HAVE ASSETS IN ANOTHER, AND HEIRS IN A THIRD COUNTRY

A Europe without borders

The conference was opened by José Alberto Marín, Dean of the Catalonian Notary Association, and Angelika Fuchs, Head of the European Private Law Section of ERA. In his speech, Marín emphasised “the role of the European Succession Regulation in the creation of a real and borderless Europe, which is making it much easier and more efficient for the citizen to formalise inheritances”. Fuchs, for her part, highlighted the importance of the topics covered, which “reflect the complex realities of planning and settling estates in a fully cross-border context”.

The first block of the forum addressed the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) with Gottfried Musger, President of the Chamber of the Supreme Court of Austria, who discussed several recent cases.

On the other hand, Cristina González Beilfuss, professor of Private International Law at the Universitat de Barcelona, focused on applicable law. She stressed that “the European Succession Regulation is based on two principles, unity and universality, which allow a single law to be applied to the entire estate, regardless of where the assets are located. That rule facilitates the free circulation of resolutions and documents, but does not eliminate all the problems». The most obvious is the habitual residence, which is not automatically identified with residence registration or tax residence and requires a global assessment of the life of the deceased. «European pensioners who spend a large part of the year in Spain, but maintain family, economic, or administrative ties with their home country, illustrate this difficulty,» she pointed out. Global citizens, with multiple nationalities and scattered assets, or dependent elderly people whose residence changes at the decision of their relatives, are further examples.

THE EUROPEAN SUCCESSION REGULATION IS BASED ON TWO PRINCIPLES: UNITY AND UNIVERSALITY, WHICH ALLOW A SINGLE LAW TO BE APPLIED TO THE ENTIRE ESTATE

In addition, there is the professio iuris, i.e. the possibility of choosing national law to govern the succession. It is a useful tool, but should not be used automatically. Choosing the law of nationality affects not only the legitimate heirs; it also conditions the execution of the inheritance, liability for debts, powers of the administrators, and coordination with other systems. In addition, in Spain, the issue is complicated by the existence of various civil rights.

European Certificate of Succession

The European Certificate of Succession (ECS) was one of the main focuses of the conference. Conceived as a kind of inheritance passport, it allows the status of heir, legatee, administrator or executor to be accredited in another Member State. Their balance, however, is uneven. «In some countries it is used normally, while in others, on the other hand, national certificates continue to replace it,» assured Patrick Wautelet, professor at the University of Liège.

Ioana Olaru, trainer at the Romanian Notarial Institute, and Jens Kleinschmidt, professor at the University of Trier, emphasised the ECS content-related issues: which assets must be identified, what happens when there are challenges, and the extent of the issuing authority’s powers. For its part, the issuing authority must verify information, assess evidence, identify beneficiaries and, where applicable, describe assets or powers. The problem arises when there are challenges. The CJEU has stated that if the elements to be certified are disputed, the issuing authority cannot resolve the dispute within the certification procedure. Although the objection may seem unfounded, the matter must be referred to the courts or the appropriate appeal.

THE EUROPEAN CERTIFICATE OF SUCCESSION (ECS) MAKES IT POSSIBLE TO PROVE THE STATUS OF HEIR, LEGATEE, ADMINISTRATOR OR EXECUTOR IN ANOTHER MEMBER STATE

Estate planning

Estate planning has opened up another front. Frans Sonneveldt, professor at Leiden University, addressed the issue of inheritance taxation before the CJEU and recalled that double inheritance taxation remains one of the major frustrations for European citizens. «The same estate may be subject to taxation based on the residence of the deceased, residence of the heirs, nationality, or the location of the assets. The CJEU has corrected discriminatory treatments, for example, in debt deductions, personal reductions or valuation of assets located in another State, but it cannot resolve double taxation on its own when States exercise their tax powers in a sovereign manner”. The ideal solution proposed is as simple as it is difficult: an inheritance: an estate tax. As long as there is no European multilateral agreement, planning will continue to combine wills, inheritance agreements, matrimonial regimes, companies, trusts, foundations and other asset entities.

In the segment dedicated to estate planning, Guillermo Palao Moreno, professor at the University of Valencia and president of the Spanish Association of Professors of International Law and International Relations, spoke about the interaction between company law and succession law, while Troels Rovsing Koch, for his part, addressed the protection of assets and its limits in relation to mandatory law. The message was unanimous: planning is not about hiding assets, but about organizing their transfer while respecting the protection of heirs, creditors, and third parties.

THE NOTARY MUST AUTHORIZE INHERITANCES BY APPLYING STATE, REGIONAL, EUROPEAN, AND FOREIGN RULES

The Role Of Notaries

The second day of the conference focused on the role of notaries in international successions and their future. Antonio Ripoll Soler, a notary from Alicante, explained the role of the notary in Spain as a preventive legal safeguard, in a context of coexistence of various regional civil legislations and double nationality agreements. “This legislation is on a horizontal plane. The Civil Code is not above them, and this has generated abundant case law and rulings from the General Directorate of Legal Security and Public Faith. All of this places the notary at the centre of the problem, because we must authorize inheritances by applying state, regional, European, and foreign laws”.

On the other hand, Anna Wysocka-Bar, associate professor at the Jagiellonian University in Krakow, reviewed the evolution of digitalization in the field of justice, which has given rise to digital tools such as the European e-Justice Portal or the Digital Justice Regulation, which incorporates electronic communication, video conferencing, electronic signatures and seals, and electronic payment of fees for cross-border successions. “This regulation aims to modernize the legislative framework for cross-border procedures based on the ‘digital by default’ principle. This means that public administrations offer their services primarily in digital format, as a preferred option, but maintaining the use of traditional channels in order to not exclude those who do not have access to or possess digital skills”.

To conclude, Maria Vilar Badia, a member of the European Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers, reviewed the ten years of application of the European Succession Regulation and assured that «although the application report is not yet underway, the Commission is working on the digitalization of the Succession Regulation and on some technical improvements, detected due to letters from citizens, notifications from professionals and contributions from Member States”. Its priorities include simplifying the ECS form, making it mandatory to issue the document in two languages, creating non-legislative ways to reduce banks’ reluctance to accept the ECS, creating pre-defined electronic messages to respond to requests for information, and exploring interconnected certificate registries.

THE NOTARY IN INTERNATIONAL SUCCESSIONS

In international successions, notaries play a key role in preventive legal security. They must verify whether there is international jurisdiction, identify the applicable law, check the title of succession, obtain certificates, locate assets, and advise the heirs on tax and registration procedures. Their work is not just about authorizing a deed; they must also warn about the effects of foreign law, verify the validity of documents, and facilitate coordination between legal systems.

CIVIL PLURALITY IN SPAIN

During the conference, focus fell on one of the unique features of the Spanish legal system: the coexistence of several territorial civil laws with their own regulations on inheritance matters. This plurality is particularly important in the context of the European Succession Regulation. When the rule refers to Spanish law as the applicable law, identifying the State is not enough; the applicable internal civil law must be determined. In this regard, there was a debate on whether professio iuris allows for the direct choice of a territorial civil law or whether the choice must necessarily refer to state law.

THE LOCATION OF DIGITAL ASSETS: A NEW CHALLENGE

Digitalisation has transformed the content of inheritances. More and more people are leaving behind digital assets, such as cryptocurrencies, NFTs, accounts on platforms, or cloud storage, which pose a new challenge in inheritance matters: determining where they are located. Its location may depend on the server, the provider or the residence of the holder. Since there is currently no general horizontal regime in the European Union on this matter, controversies arise.

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El Notariado ante el reto internacional: colaboración con la Academia de Derecho Europeo (ERA), por Pablo Vázquez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

ERA es el proveedor líder de formación jurídica en el continente. Entre sus patronos se encuentran los 27 Estados de la UE, el Reino Unido y diversas instituciones de la Unión"

El Notariado ante el reto internacional: colaboración con la Academia de Derecho Europeo (ERA)

En un entorno globalizado como el actual, la práctica diaria del Notariado español ha experimentado una transformación profunda. Hoy en día es habitual que a nuestros despachos acudan ciudadanos extranjeros para otorgar todo tipo de negocios jurídicos: compraventas, herencias, testamentos… Esta realidad nos exige aplicar de forma constante el Derecho Internacional Privado, una materia regida de forma directa por reglamentos comunitarios. Ante este escenario, la formación continua de máxima calidad no es un accesorio, sino una necesidad absoluta para garantizar la seguridad jurídica.

Una provechosa alianza

Precisamente con esta finalidad formativa, hace más de cincos años se constituyó en el Colegio Notarial de Cataluña, con las catedráticas Cristina González Beilfuss y Beatriz Añoveros Terradas, el Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado (INDIP). Y fue a través de Cristina González Beilfuss, miembro de su patronato, que contactamos con la Academia de Derecho Europeo (ERA, por sus siglas en alemán), institución europea de referencia en este ámbito que, a pesar de su relevancia, muchos notarios y juristas en España desconocen. Con el objetivo de situar al Notariado a la vanguardia, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña está consolidando una provechosa alianza con ERA, permitiéndonos estrechar lazos con una entidad que es un auténtico referente en la aplicación del derecho comunitario.

Fundada en 1992 por iniciativa del Parlamento Europeo, ERA nació como una fundación pública sin ánimo de lucro con sede en la histórica ciudad de Tréveris (Alemania). Su creación respondió a un momento clave de la integración europea, con la consolidación del Mercado Único, donde se hacía indispensable una aplicación uniforme y coherente del derecho comunitario.

Hoy en día, ERA es el proveedor líder de formación jurídica en el continente. Cuenta con el respaldo institucional de sus patronos, entre los que se encuentran los 27 Estados miembros de la Unión Europea —España se adhirió formalmente en el año 2001—, el Reino Unido y diversas instituciones de la UE. Cofinanciada por la Unión Europea y el Estado federado alemán de Renania-Palatinado, su misión fundamental es capacitar a jueces, fiscales, notarios, abogados, funcionarios y juristas de toda Europa, dotándolos de las herramientas y redes de contactos necesarias para aplicar con eficacia el marco normativo común.

La propuesta de la Academia destaca por su enfoque práctico y su adaptabilidad. Diseñada por un equipo internacional de juristas, abarca todas las ramas del derecho europeo a través de múltiples formatos: conferencias presenciales, programas híbridos, seminarios en línea y productos de aprendizaje electrónico (e-learning). Además, publica de forma trimestral la prestigiosa revista jurídica ERA Forum.

Más allá del aprendizaje técnico, los eventos de ERA se han convertido en un foro de debate de primer nivel. Ofrecen una oportunidad inigualable para que profesionales de distintos Estados miembros intercambien experiencias directas, unificando criterios de interpretación y elevando las inquietudes de la práctica diaria hacia las propias instituciones de la Unión.

Colaboración mutua

Esta provechosa colaboración mutua se ha materializado con fuerza en el ámbito del derecho privado, un terreno donde el Notariado ejerce un papel crucial. El despliegue de esta alianza en Barcelona se ha estructurado a través de dos grandes hitos especializados.

La primera gran cita tuvo lugar en octubre de 2024 con la Conferencia anual sobre Derecho de familia europeo. En ella se abordaron cuestiones de máxima complejidad práctica, tales como la protección transfronteriza de adultos vulnerables en la Unión Europea y las dificultades inherentes a la preparación y redacción de contratos matrimoniales con elementos internacionales.

Dando continuidad a este éxito formativo, el pasado mes de mayo de 2026 el Colegio Notarial de Cataluña albergó la Conferencia anual sobre el Derecho europeo de sucesiones. Durante estas jornadas, ponentes de la máxima relevancia académica y judicial europea —incluyendo catedráticos de universidades de Barcelona, Tréveris, Leiden y Lieja, notarios y magistrados de tribunales supremos— analizaron al detalle la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al Reglamento 650/2012 de sucesiones. Se debatieron cuestiones tan vivas como la expedición del certificado sucesorio europeo, la identificación de activos, el impacto de la digitalización, la labor del notario en materia sucesoria transfronteriza y las lecciones aprendidas tras años de aplicación de la norma.

Estas conferencias no solo sirven para desgranar las últimas sentencias del TJUE o anticipar reformas normativas, sino que actúan como un extraordinario catalizador de relaciones humanas y profesionales. En las pausas de trabajo los asistentes pudieron tejer redes de colaboración directa con juristas de múltiples nacionalidades. Para un notario español, conocer personalmente a los operadores jurídicos que aplican las mismas normas en Francia, Alemania o Rumanía resulta de una utilidad incalculable a la hora de resolver dudas en escrituras transfronterizas futuras.

Acoger a una institución de la talla y el prestigio de ERA consolida al Colegio Notarial de Cataluña como un referente en la formación jurídica internacional y demuestra nuestro firme compromiso con la excelencia. Seguiremos impulsando esta colaboración para que el derecho europeo no sea percibido como una normativa lejana, sino como una herramienta cotidiana que dominamos con absoluta seguridad en beneficio de los ciudadanos.

ÁMBITO EUROPEO

ERA is the leading provider of legal training on the continent. Its members include the 27 EU Member States, the United Kingdom and various EU institutions"

The Notarial Profession Facing International Challenges: Collaboration with the European Law Academy (ERA)

In today’s globalised world, the day-to-day practice of the Spanish notarial profession has undergone a profound transformation. Nowadays, it is common for foreign nationals to visit our offices to carry out all manner of legal transactions: purchases and sales, inheritances, wills… This reality requires us to consistently apply Private International Law, a field governed directly by EU regulations. Against this backdrop, top-quality continuous training is not a luxury, but an absolute necessity to ensure legal certainty.

A beneficial alliance

It was precisely with this aim for training in mind that, more than five years ago, the Notarial Institute of Private International Law (INDIP) was established at the Notarial Association of Catalonia, under the leadership of Professors Cristina González Beilfuss and Beatriz Añoveros Terradas. It was through Cristina González Beilfuss, a member of its board of trustees, that we made contact with the Academy of European Law (ERA, as it is known by its German acronym), a leading European institution in this field which, despite its importance, is unknown to many notaries and legal professionals in Spain. With the aim of positioning the Notarial Profession at the forefront, the Board of Directors of the Notarial Association of Catalonia is forging a beneficial alliance with ERA, enabling us to strengthen our ties with an organisation that is a true leader in the application of EU law.

Founded in 1992 through an initiative of the European Parliament, ERA was established as a public, non-profit foundation based in the historic city of Trier (Germany). Its creation came at a pivotal moment in European integration, with the consolidation of the Single Market, when a uniform and consistent application of Community law had become essential.

Today, ERA is the leading provider of legal training on the continent. It enjoys the institutional support of its members, which include the 27 Member States of the European Union — Spain formally joined in 2001 —, the United Kingdom and various EU institutions. Co-funded by the European Union and the German federal state of Rhineland-Palatinate, its key mission is to train judges, prosecutors, notaries, lawyers, civil servants and legal professionals across Europe, equipping them with the tools and networks necessary to effectively implement the common regulatory framework.

The Academy’s proposal stands out due to its practical approach and its adaptability. Designed by an international team of legal experts, it covers all areas of European law through a range of formats: in-person conferences, hybrid programmes, online seminars and e-learning resources. It also publishes the prestigious legal journal ERA Forum on a quarterly basis.

Beyond technical learning, ERA events have become a leading forum for debate. They offer an unrivalled opportunity for professionals from different Member States to exchange first-hand experiences, thereby unifying interpretation criteria and bringing the concerns arising from day-to-day practice to the attention of the European Union’s institutions themselves.

Mutual cooperation

This mutually beneficial collaboration has been particularly evident in the field of private law, an area in which the notarial profession plays a crucial role. The roll-out of this partnership in Barcelona has been organised around two major specialised milestones.

The first major event took place in October 2024 with the Annual Conference on European Family Law. The conference addressed issues of the utmost practical complexity, such as the cross-border protection of vulnerable adults in the European Union and the difficulties inherent in preparing and drafting marriage contracts with international features.

Building on this success in training, last May 2026 the Notarial Association of Catalonia hosted the Annual conference on European succession law. During the conference, speakers of the highest academic and judicial standing in Europe — including senior lecturers from the universities of Barcelona, Trier, Leiden and Liège, as well as notaries and judges from supreme courts — analysed in detail the most recent case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning Regulation 650/2012 on succession. The discussions covered such topical issues as the issue of the European Certificate of Succession, the identification of assets, the impact of digitalisation, the role of the notary in cross-border succession matters, and the lessons learnt following years of implementing the regulation.

These conferences not only serve to analyse the latest rulings of the CJEU or anticipate regulatory reforms, but also act as an exceptional catalyst to build personal and professional relationships. During breaks in the proceedings, participants were able to forge direct collaborative links with legal professionals of various nationalities. For a Spanish notary, being able to meet in person the legal practitioners who apply the same regulations in France, Germany or Romania is of enormous value when it comes to resolving any queries regarding future cross-border deeds.

Hosting an institution of the calibre and prestige of ERA cements the Notarial Association of Catalonia’s position as a leading centre for international legal education and demonstrates our firm commitment to excellence. We will continue to promote this collaboration so that European law is not seen as a distant set of regulations, but as an everyday tool that we can use with complete confidence for the benefit of citizens.

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Entrevista a Alberto de Gregorio, director del Servicio Jurídico de la UE

ÁMBITO EUROPEO

El Servicio Jurídico actúa como la brújula jurídica de la Comisión”

Alberto de Gregorio,

director del Servicio Jurídico de la UE

Carlos Capa

Alberto de Gregorio, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, con máster en el College of Europe, es uno de los juristas españoles con mayor recorrido en las instituciones comunitarias. Con más de 25 años de experiencia en Bruselas, ha participado en algunos de los grandes hitos jurídicos de la UE, del Brexit a la Unión Bancaria, pasando por el fondo Next Generation EU y la respuesta legal a la invasión rusa de Ucrania.

-Con más de 25 años de experiencia en las instituciones de la Unión Europea y habiendo sido responsable en este mismo Servicio Jurídico de otras áreas, ¿qué supone para usted esta nueva responsabilidad?

– Esta responsabilidad constituye tanto un honor como un deber. Tras muchos años al servicio de la Unión en diversas funciones, dirigir el Servicio Jurídico implica garantizar la continuidad, la excelencia y la independencia en nuestro asesoramiento jurídico. Hoy en día, liderar el Servicio Jurídico significa ayudar a la Comisión a desenvolverse en un entorno jurídico cada vez más complejo, preservando al mismo tiempo sus principios fundamentales.

“EL SERVICIO JURÍDICO PROPORCIONA ASESORAMIENTO LEGAL INDEPENDIENTE A LA COMISIÓN, LA REPRESENTA ANTE EL TJUE Y VELA POR QUE TODOS LOS ACTOS SE AJUSTEN AL DERECHO DE LA UE”

-¿Qué funciones desempeña el Servicio Jurídico de la UE? ¿Quiénes lo integran?

– El Servicio Jurídico proporciona asesoramiento legal independiente a la Comisión, la representa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y vela por que todos los actos legislativos y administrativos se ajusten al Derecho de la UE. Está integrado por juristas altamente cualificados procedentes de todos los Estados miembros, que aportan diversas tradiciones jurídicas y conocimientos en múltiples ámbitos del Derecho. En otras palabras, el Servicio Jurídico actúa como la brújula jurídica de la Comisión.

-¿Cree que los ciudadanos y las empresas comunitarios conocen el trabajo que realizan

– Nuestro trabajo no siempre es visible, ya que se desarrolla “entre bastidores”. Sin embargo, su impacto es muy tangible. Cada propuesta conforme a Derecho, cada acuerdo internacional y cada asunto defendido contribuyen directamente a los derechos de los ciudadanos a un entorno económico estable. Seguir aumentando la concienciación resulta fundamental, especialmente para demostrar cómo el Derecho de la UE protege la vida cotidiana.

“EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE, EL RESPETO DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA ADQUIEREN AÚN MAYOR RELEVANCIA”

-La legalidad y la seguridad jurídica son pilares básicos de la Unión Europea. Una de las principales funciones del Servicio que dirige es asesorar a las instituciones europeas y garantiza la legalidad de sus actos. ¿Es posible mantener estos pilares en la actual situación internacional

– Así es, y es esencial que así sea. En tiempos de incertidumbre, el respeto de la legalidad y la seguridad jurídica adquieren aún mayor relevancia. Estos principios garantizan previsibilidad, confianza y equidad. Aunque el entorno global sea complejo, la fortaleza de la UE reside precisamente en su compromiso con el Estado de Derecho. La seguridad jurídica no es un lujo, sino una condición para la confianza, la inversión y la cooperación.

-Otra de sus funciones es controlar la correcta aplicación del Derecho comunitario, lo que debe ser muy complejo teniendo en cuenta las diferentes regulaciones y puntos de vista de los Estados miembros. ¿Podemos hablar de una estrategia o política jurídica común?

– Más que una “estrategia” única, existe un ordenamiento jurídico compartido. Los tratados proporcionan una base común, y nuestra tarea consiste en garantizar que dicha base se aplique de manera coherente, respetando al mismo tiempo las especificidades nacionales. Si bien las perspectivas nacionales difieren, el papel del Servicio Jurídico es asegurar una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la UE. Ello no elimina la diversidad, sino que la encauza dentro de un orden jurídico coherente.

Uno de nuestros desafíos es reconciliar la identidad constitucional europea con la identidad constitucional de los Estados Miembros.

“LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UE DEBE PRESERVARSE, PERO SIEMPRE A TRAVÉS DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO Y LA COOPERACIÓN, Y NO DE LA CONFRONTACIÓN”

-Ha asesorado en asuntos críticos para la UE, como el Brexit, la creación de la Unión Bancaria, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo Next Generation EU y la respuesta jurídica ante la invasión de Ucrania. ¿Cuál considera en estos momentos el asunto jurídico que más ocupa o preocupa a la UE?

– El principal desafío consiste en adaptar el marco jurídico a cambios rápidos ya sean geopolíticos, económicos o tecnológicos sin perder coherencia. Garantizar que el Derecho de la UE siga siendo eficaz en ámbitos como las sanciones, la seguridad e independencia energética, la regulación digital, la competitividad y la cooperación en materia de defensa resulta especialmente exigente en la actualidad. El Derecho de la UE debe reorientarse hacia el Derecho de la independencia de la UE.

-La primacía del Derecho Comunitario frente a los tribunales nacionales provocará a menudo momentos de tensión. ¿Cómo hacen para mantener la tensión sin «rompe la cuerda»?

– La tensión es inherente a un sistema jurídico multinivel. La clave reside en el diálogo, el respeto mutuo y los mecanismos previstos en los tratados. La primacía del Derecho de la UE debe preservarse, pero siempre a través del razonamiento jurídico y la cooperación, y no de la confrontación. Mi servicio tiene una vocación también transnacional. El desafío es articular sin disonancias la identidad constitucional nacional con al europea.

“LA SEGURIDAD JURÍDICA NO ES UN LUJO, SINO UNA CONDICIÓN PARA LA CONFIANZA, LA INVERSIÓN Y LA COOPERACIÓN”

-La Inteligencia Artificial, la descarbonización y la autonomía estratégica europea generan nuevas competencias compartidas y fronteras normativas difusas. ¿Qué papel desempeña el Servicio Jurídico para garantizar que la legislación europea se mantenga coherente y compatible con las regulaciones nacionales

– Nuestra función es garantizar la coherencia, legalidad, la seguridad jurídica y la compatibilidad con los tratados. En ámbitos en rápida evolución, contribuimos a definir los límites jurídicos, apoyamos al legislador y velamos porque las nuevas normas se integren de manera fluida en los marcos existentes, tanto a nivel de la UE como nacional.

-La seguridad jurídica es una de las señas de identidad de Europa. También es cierto que hay voces que consideran que la UE se encuentra sobrerregulada y que eso le resta competitividad. ¿Cuál es su opinión?

– Se trata de una preocupación legítima, pero la cuestión no es la cantidad de regulación, sino su calidad. La Unión debe regular cuando sea necesario, pero siempre de forma proporcionada y eficiente, y conforme al principio de subsidiariedad, de modo que apoye en lugar de obstaculizar. La regulación debe encontrar un equilibrio. La seguridad jurídica y los altos niveles de calidad legislativa son fortalezas de la UE, pero debemos mantenernos atentos a la proporcionalidad y a la competitividad. El objetivo no es más regulación, sino una mejor regulación: clara y eficaz.

¿Cómo contribuye el Notariado a la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas de la Unión Europea?

«La profesión notarial desempeña un papel preventivo fundamental. Al garantizar la legalidad y la autenticidad de los actos jurídicos, los notarios reducen los litigios, refuerzan la confianza y facilitan las transacciones transfronterizas. Permite que existan pruebas claras y accesibles para las partes involucradas y para el sistema judicial. Constituyen un componente esencial del sistema más amplio que garantiza la seguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas en toda la Unión, proporcionando garantías de transparencia y estabilidad en la vida cotidiana y las relaciones comerciales.»

HUELLA DIGITAL

Alberto de Gregorio mantiene un perfil activo en Linkedin.
En el portal de transparencia de la UE se encuentra una biografía extensa y dirección de contacto.

EUROPEAN SCOPE

The Legal Service acts as the Commission’s legal compass”

Alberto de Gregorio,

Head of the EU Legal Service

Carlos Capa

Alberto de Gregorio, a law graduate from the University of Salamanca, with a master’s degree from the College of Europe, is one of the most experienced Spanish jurists in EU institutions. With over 25 years’ experience in Brussels, he has been involved in some of the EU’s major legal milestones, ranging from Brexit and the Banking Union to the Next Generation EU fund and the legal response to Russia’s invasion of Ukraine.

-With over 25 years of experience in European Union institutions and Legal Servicemanagement of other departments, what does this new responsibility mean for you?

– This responsibility is both an honour and a duty. After many years of service in the Union in various capacities, heading the Legal Service means ensuring continuity, excellence and independence in our legal advice. Today, leading the Legal Service means helping the Commission to navigate an increasingly complex legal environment, while preserving its fundamental principles.

«THE LEGAL SERVICE PROVIDES INDEPENDENT LEGAL ADVICE TO THE COMMISSION, REPRESENTS IT BEFORE THE CJEU AND ENSURES THAT ALL ACTS COMPLY WITH EU LAW»

-What is the role of the EU Legal Service? Who are its members?

– The Legal Service provides independent legal advice to the Commission, represents the Commission at the Court of Justice of the European Union and ensures that all legislative and administrative acts comply with EU law. Its members are highly qualified lawyers from all Member States who draw on different legal traditions and expertise in many areas of law. In other words, the Legal Service acts as the Commission’s guide on legal matters.

-Do you think that EU citizens and businesses are aware of the work you do?

– Our work is not always visible, as it takes place «behind the scenes». However, its impact is very tangible. Every lawful proposal, every sound international agreement and every defended issue contributes directly to citizens’ rights and to a stable business environment. Raising awareness further is essential, especially to demonstrate how EU law protects everyday life.

“IN TIMES OF UNCERTAINTY, RESPECT FOR LEGALITY AND LEGAL CERTAINTY ACQUIRE EVEN GREATER IMPORTANCE.”

-Legality and legal certainty are some of the basic foundations of the European Union. One of the main functions of the Service you manage is to advise European institutions and ensure the legality of their actions. Is it possible to continue to do this in the current international situation?

– Of course, and it is crucial that we do.. In times of uncertainty, respect for legality and legal certainty is even more important. These principles ensure predictability, trust and fairness. Although the global environment is complex, the EU’s strength lies precisely in its commitment to the rule of law. Legal certainty is not a luxury, but a condition for trust, investment and cooperation.

-Another of its functions is to monitor the correct application of Community law, which must be very complex in view of the different regulations and points of view of the Member States. Can we speak of a common legal strategy or policy?

– Rather than a single ‘strategy’, there is a shared legal framework. The treaties provide a common basis, and our task is to ensure that this basis is applied consistently, while respecting national specificities. While national perspectives differ, the role of the Legal Service is to ensure a uniform interpretation and application of EU law. This does not eliminate diversity, but channels it into a coherent legal order.

– You have advised on critical EU issues such as Brexit, the creation of the Banking Union, the European Stability Mechanism, the Next Generation EU fund and the legal response to the invasion of Ukraine. What do you think is the current legal issue of greatest concern or preoccupation for the EU?

– The main challenge is to adapt the legal framework to rapid changes, be they geopolitical, economic or technological, without losing coherence. Ensuring that EU law remains effective in areas such as sanctions, energy security and energy independence, digital regulation, competitiveness and defence cooperation is particularly demanding today. EU law must be realigned towards the law of EU independence.

«THE PRIMACY OF EU LAW MUST BE PRESERVED, BUT ALWAYS THROUGH LEGAL REASONING AND COOPERATION, NOT CONFRONTATION”.

– The primacy of Community law over national courts will often lead to moments of tension. How do you manage that tension without «breaking the rope»?

– Tension is inherent in a multi-level legal system. The key lies in dialogue, mutual respect and the mechanisms provided for in the treaties. The primacy of EU law must be preserved, but always through legal reasoning and cooperation, not confrontation. The challenge is to balance national constitutional identity with European identity through agreement.

– Artificial Intelligence, decarbonisation and European strategic autonomy generate new shared purviews and blurred regulatory boundaries. What role does the Legal Service play in ensuring that European legislation remains consistent and compatible with national regulations?

– Our role is to ensure consistency, legality, legal certainty and compatibility with the treaties. In rapidly evolving areas, we help define legal boundaries, support the legislator and ensure that new rules are smoothly integrated into existing frameworks, both at the EU and national level.

“LEGAL CERTAINTY IS NOT A LUXURY, BUT A CONDITION FOR TRUST, INVESTMENT AND COOPERATION”

-Legal certainty is one of Europe’s hallmarks. It is also true that there are voices that believe that the EU is over-regulated and that this undermines its competitiveness. What is your opinion?

– This is a legitimate concern, but the issue is not the quantity of regulation, but its quality. The Union should regulate where necessary, but always in a proportionate and efficient manner, and in accordance with the principle of subsidiarity, so that it supports rather than hinders. Regulation must strike a balance. Legal certainty and high standards of legislative quality are strengths of the EU, but we must remain vigilant regarding proportionality and competitiveness. The aim is not more regulation, but better, clear and effective regulation.

How does the Notariat contribute to legal certainty for citizens and businesses in the European Union?

«The notarial profession plays an essential preventive role. By ensuring the legality and authenticity of legal acts, notaries reduce disputes, strengthen trust and facilitate cross-border transactions. It enables clear and accessible evidence for the parties involved and for the judicial system. They are an essential component of the wider system that ensures legal certainty for citizens and businesses throughout the Union by providing guarantees of transparency and stability in everyday life and business relations.»

Digital signature

Alberto de Gregorio maintains an active Linkedin profile.
An extensive biography and contact address can be found on the EU’s transparency portal.

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Todo lo que eres cabe en una cartera

ÁMBITO EUROPEO

Todo lo que eres cabe en una cartera

GORKA R. PÉREZ

La Unión Europea prepara la llamada Cartera Europea de Identidad Digital, una iniciativa común destinada a simplificar la identificación y a redefinir la relación entre ciudadanos, Estados y servicios en la próxima década. Los países miembros deberán tenerla operativa antes de finales de año. La seguridad y la confianza se perfilan como los ejes de un proyecto que aspira también a reforzar la soberanía digital del bloque.

Reunir en una sola aplicación todos los documentos necesarios para acceder, desde el móvil, a servicios públicos y privados suena —al menos sobre el papel— como una promesa razonable. No solo porque simplificaría la relación digital con Administraciones y empresas, sino porque aliviaría una burocracia identificativa cada vez más pesada, que obliga a demostrar quiénes somos una y otra vez. Ese es el horizonte que persigue la llamada Cartera Europea de Identidad Digital, un proyecto comunitario que los Estados miembros deberán tener operativo antes de finales de 2026 y que aspira a convertir la identificación en un trámite casi invisible.

Carteras paneuropeas

Como ocurre con muchos proyectos que acaban desplegándose a escala comunitaria, la cartera digital europea no surge de la nada. Se apoya en el recorrido previo de distintos sistemas nacionales de identidad digital, desarrollados y probados en varios países durante los últimos años. La ambición ahora es dar un salto más: que esas soluciones, nacidas dentro de fronteras concretas, evolucionen hacia carteras paneuropeas capaces de funcionar más allá de su país de origen y ser reconocidas por el conjunto de los Estados miembros.

Esta convergencia no persigue la creación de una única aplicación común para todos los ciudadanos, sino el establecimiento de un ecosistema de carteras digitales capaces de funcionar de forma interoperable en cualquier país de la Unión. Esto es, un entramado de aplicaciones distintas, pero compatibles entre sí, concebido para que la identidad digital pueda circular sin fricciones dentro del mercado único europeo.

El atractivo de este tipo de herramientas digitales radica, sobre todo, en las facilidades que ofrecen al usuario. Una comodidad basada en la posibilidad de almacenar y compartir de forma selectiva las credenciales necesarias para acreditar la identidad ante terceros, todo ello desde una única aplicación instalada en el teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo electrónico que lo permita, sin necesidad de repetir el proceso una y otra vez.

Superado el umbral de la identificación —el primer cuello de botella—, la equiparación a escala comunitaria abre la puerta a otros usos. La cartera digital permitirá también almacenar documentos oficiales como el permiso de conducir, recetas médicas, titulaciones académicas, pasaportes o certificados profesionales. Y añadirá una función clave: la posibilidad de firmar documentos electrónicamente con plena validez legal, integrando en un mismo entorno gestiones que hoy siguen dispersas.

Regulación digital

En los últimos años, la Unión Europea ha desplegado un volumen cada vez mayor de regulación digital, y es en ese entramado normativo donde encaja la futura identidad electrónica común. No solo como una herramienta de uso cotidiano, sino también como un instrumento que puede facilitar la aplicación de normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA). Todo ello en un contexto en el que muchos ciudadanos, aun habituados a introducir sus datos personales en un número creciente de plataformas, empiezan a desconfiar de las garantías de seguridad que ofrecen esos espacios. Proporcionar un entorno fiable desde el que gestionar una identidad digital de alcance europeo se presenta, así, como una forma de restaurar esa confianza, fomentar el intercambio de información y alimentar infraestructuras consideradas estratégicas.

Ese énfasis en la seguridad fue, precisamente, uno de los ejes sobre los que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, articuló la presentación de la iniciativa. Lo subrayó en septiembre de 2020, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, al defender la necesidad de ofrecer a los ciudadanos una identidad digital que reforzara la confianza y les devolviera el control sobre sus datos.

La fecha del discurso de Von der Leyen no fue casual. En plena pandemia, las aplicaciones destinadas a acreditar el estado de vacunación se situaron en el centro del debate público, también en los despachos de Bruselas. En buena medida porque esas herramientas dependían de infraestructuras controladas por gigantes tecnológicos como Apple y Google, que fijaron las reglas sobre cómo podían intercambiarse los datos necesarios para los sistemas de rastreo, limitando el margen de maniobra de los Estados.

Seguridad e independencia

Desde entonces, y como ha ocurrido con otras iniciativas estratégicas, evitar volver a depender de grandes compañías estadounidenses en ámbitos considerados sensibles se ha convertido en una convicción compartida dentro del proyecto europeo. La apuesta por una cartera digital propia se inscribe así en una voluntad más amplia de las instituciones comunitarias de reforzar su autonomía tecnológica y avanzar hacia una soberanía digital capaz de reducir vulnerabilidades externas.

De ahí que la seguridad y la privacidad se hayan convertido en los dos pilares sobre los que se sostiene el proyecto. Son condiciones indispensables para su éxito y, sobre todo, para que los ciudadanos perciban esas garantías en su relación cotidiana con la cartera digital. No hacerlo supondría comprometer la iniciativa y debilitar esa nueva vía de comunicación autónoma que pretende consolidar Bruselas. Más aún si se tiene en cuenta que el uso de estas carteras interconectadas será voluntario para los ciudadanos, y no obligatorio, tal y como ha subrayado la propia Comisión Europea.

La Cartera Europea de Identidad Digital se sitúa, así, en ese territorio en el que confluyen la técnica, la política y la vida cotidiana. No es solo una nueva herramienta administrativa ni un ejercicio de modernización digital más, sino el intento de redefinir cómo se articula la relación entre ciudadanos, Estados y servicios en un espacio europeo cada vez más interconectado. Su complejidad no es menor: exige resolver desafíos técnicos, garantizar estándares de seguridad elevados, coordinar a veintisiete países con trayectorias y culturas digitales muy distintas y, sobre todo, generar un nivel de confianza ciudadana que no se decreta, sino que se construye. De ese equilibrio dependerá buena parte de su viabilidad.

De ese delicado equilibrio dependerá buena parte de su viabilidad. Si falla alguno de esos pilares —una experiencia opaca, insegura o poco útil—, el proyecto corre el riesgo de quedarse en una promesa más del catálogo digital europeo. Si, por el contrario, logra asentarse como una herramienta eficaz y percibida como legítima, la cartera podría convertirse en una de las transformaciones silenciosas más profundas de la relación entre el ciudadano y el Estado en la Unión Europea.

Finales 2026: fecha clave

Las carteras digitales interoperables deberán estar disponibles para ciudadanos, residentes y empresas antes de que concluya 2026. Ese es el horizonte fijado para un proceso que no comenzó ayer, sino que es el resultado de años de trabajo preparatorio y negociación técnica, y que todavía atraviesa una fase decisiva. Los desarrollos sobre arquitectura segura, estándares comunes y especificaciones continúan avanzando, apoyados en una “caja de herramientas” compartida a escala europea. En paralelo, la Unión ha puesto en marcha proyectos piloto de gran alcance, con la participación de administraciones públicas y empresas, destinados a poner a prueba el funcionamiento real de un sistema llamado a operar en todo el continente.

Un activo estratégico

Estas nuevas funcionalidades, además de simplificar procedimientos tradicionalmente tediosos —y en muchos casos poco accesibles para quienes carecen de habilidades digitales, como las personas mayores—, descansan sobre decisiones que van más allá de lo puramente técnico. Hay en su impulso una lectura política de fondo: la conciencia, cada vez más extendida en Bruselas, de que los datos se han convertido en un activo estratégico en la era de la inteligencia artificial. No en vano, como señaló el analista Peter Sondergaard: “La información es el petróleo del siglo XXI”.

Para saber más

The European Digital Identity Wallet: Why it matters and to whom. Caribou Digital.

Balance de ciberseguridad 2025. Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Mi Carpeta Ciudadana: ¿qué es y para qué sirve? Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

ÁMBITO EUROPEO

Your whole life in a wallet

GORKA R. PÉREZ

The European Union is preparing the so-called European Digital Identity Wallet, a common initiative aimed at simplifying identification and re-defining the relationship between citizens, states and services over the next decade. Member countries must make it operational by the end of the year. Security and trust are seen as the cornerstones of a project that also aims to strengthen the bloc’s digital sovereignty.

Bringing together in a single application all the documents required in order to access public and private services from a mobile phone sounds — at least on paper — like a reasonable promise. Not only because it would simplify the digital relationship with administrations and companies, but also because it would alleviate an increasingly burdensome identification bureaucracy that requires us to prove who we are time and time again. This is the horizon pursued by the so-called European Digital Identity Wallet, an EU project that Member States must make operational before the end of 2026 and which aims to make identification an almost invisible process.

Pan-European Wallets

As with many projects that end up being rolled out at community level, the European digital wallet has not come out of the blue. It builds on the previous experience of different national digital identity systems, developed and tested in several countries over the last few years. The ambition now is to go one step further: for these solutions, conceived within specific borders, to evolve into pan-European wallets that function beyond their country of origin and are recognised by all Member States.

The aim of this convergence is not to create a single common application for all citizens, but to establish an ecosystem of digital wallets capable of functioning interoperably in any EU country. That is, a web of different but mutually compatible applications designed to enable digital identity to circulate smoothly within the European single market.

The appeal of such digital tools lies, above all, in the ease they offer to the user. A convenience based on the possibility of selectively storing and sharing the credentials needed to prove identity to third parties, all from a single application installed on the mobile phone or any other compatible electronic device, without the need to repeat the process over and over again.

Once the threshold of identification – the first bottleneck – has been crossed, EU-wide alignment opens the door to other uses. The digital wallet will also allow the storage of official documents such as driving licences, medical prescriptions, academic qualifications, passports and professional certificates. It will add a key function: the ability to electronically sign documents with full legal validity, integrating into a single environment processes that are currently dispersed.

Digital regulation

In recent years, the European Union has deployed an increasing volume of digital regulation, and it is within this regulatory framework that the future common electronic identity fits. Not only as a tool for everyday use, but also as an instrument that can facilitate the implementation of regulations such as the Digital Services Act (DSA). All this in a context in which many citizens, even though they are used to entering their personal data on a growing number of platforms, are beginning to distrust the security guarantees offered by these spaces. Providing a trusted environment from which to manage a Europe-wide digital identity is therefore presented as a way of restoring trust, fostering information exchange and nurturing infrastructures considered strategic.

This emphasis on security was precisely one of the pillars on which the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, based her presentation of the initiative. This was underlined in September 2020, during the State of the Union address, when the need to provide citizens with a digital identity that would strengthen trust and return control to them over their data was defended.

The timing of Von der Leyen’s speech was not coincidental. In the midst of the pandemic, applications to prove vaccination status were at the centre of public debate, including in the offices of Brussels. This was largely because these tools depended on infrastructures controlled by tech giants such as Apple and Google, which set the rules on how the data required for tracking systems could be exchanged, limiting the room that states have for manoeuvre.

Security and independence

Since then, and as has been the case with other strategic initiatives, avoiding a return to dependence on large US companies in areas considered sensitive has become a shared conviction within the European project. The commitment to the EU’s own digital wallet is therefore part of a broader desire by its institutions to strengthen their technological autonomy and move towards a digital sovereignty capable of reducing external vulnerabilities.

Hence, security and privacy have become the two pillars on which the project is based. These are essential conditions for its success and, above all, for citizens to perceive these guarantees in their day-to-day dealings with the digital wallet. Failure to do so would compromise the initiative and weaken the new autonomous communication channel that Brussels is seeking to consolidate. All the more so as the use of these interconnected wallets will be voluntary for citizens, and not compulsory, as the European Commission itself has underlined.

The European Digital Identity Wallet therefore lies in the territory where technology, politics and everyday life converge. It is not just another new administrative tool or exercise in digital modernisation, but an attempt to redefine how the relationship between citizens, states and services is articulated in an increasingly interconnected European space. It is somewhat complex: it requires solving technical challenges, guaranteeing high security standards, co-ordinating twenty-seven countries with very different digital backgrounds and cultures and, above all, generating a level of public trust that is not decreed, but built. Much of its viability will depend on this balance.

Much of its viability will depend on that delicate balance. If any one of these aspects is not delivered, and the experiences proves to be opaque, insecure or unhelpful, then the project risks becoming just another promise in the European digital catalogue. If, on the contrary, it can be established as effective tool and perceived as legitimate, the wallet could become one of the most profound silent transformations of the relationship between the citizen and the state in the European Union.

Late 2026: key date

Interoperable digital wallets should be available to citizens, residents and businesses by the end of 2026. This is the horizon set for a process that did not start yesterday, but is the result of years of preparatory work and technical negotiation, and is still going through a decisive phase. Developments on secure architecture, common standards and specifications continue to progress, supported by a shared European-wide «toolbox». In parallel, the European Union has launched wide-ranging pilot projects, involving public administrations and businesses, in order to test the actual functioning of a system that is intended to operate across the continent.

A strategic asset

These new features, in addition to simplifying traditionally tedious procedures (which are often inaccessible to those lacking digital skills, such as the elderly) are based on decisions that go beyond the purely technical. There is a fundamental political interpretation behind this initiative: the growing awareness in Brussels that data has become a strategic asset in the age of artificial intelligence. Not without reason, as analyst Peter Sondergaard points out: «Information is the oil of the 21st century”.

Find out more

The European Digital Identity Wallet: Why it matters and to whom. Caribou Digital.

2025 Cybersecurity Overview. National Cybersecurity Institute.

My Citizen’s Wallet : what is it and what is it for? Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation.

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Un radar para entender y aplicar el Derecho europeo

ÁMBITO EUROPEO

Un radar para entender y aplicar el Derecho europeo

Redacción

Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó en enero el Radar Europeo ICAM, una herramienta digital que permite seguir de forma actualizada y comprensible el ciclo legislativo europeo y su aplicación en el ordenamiento jurídico español.

En las últimas cuatro décadas España ha incorporado 6.747 normas europeas a su sistema jurídico. Solo en 2025, el 45 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tuvo origen comunitario, ya sea por transposición de directivas o por adaptación a reglamentos europeos. Sin embargo, España sigue siendo el país de la UE con mayor número de directivas pendientes de transposición: 101, de las cuales la mitad acumulan ya retrasos.

En este contexto, el Radar Europeo ICAM se presenta como una herramienta de servicio público orientada a reforzar la seguridad jurídica, facilitar el trabajo de la abogacía y de otros operadores jurídicos y reducir la distancia entre Bruselas y la práctica jurídica diaria. Su diseño ha corrido a cargo del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, una estructura estratégica creada en 2024 para ofrecer análisis riguroso, recursos especializados y formación sobre Derecho comunitario a los profesionales del sector legal.

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS, ESPAÑA HA INCORPORADO 6.747 NORMAS EUROPEAS A SU SISTEMA JURÍDICO

Acercar Europa

Durante el acto de presentación, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, su director, Daniel Calleja, señaló que “la digitalización de la Justicia es un tema prioritario para la UE”, además de recordar que “la privacidad y la seguridad de los datos deben ocupar un lugar primordial”. También aseguró que “la Comisión Europea está convencida de que no puede haber justicia de calidad sin profesionales formados y capacitados. El papel de los colegios profesionales es absolutamente central”.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó que el Radar Europeo nace para responder a una necesidad estructural del sistema jurídico español: “Europa no sufre una carencia normativa, sino un déficit de ejecución y de armonización”. Recordó que España encabeza actualmente la lista de Estados miembros con directivas pendientes de transposición, y alertó de que “la fragmentación en la aplicación del Derecho de la Unión es un vector de inseguridad jurídica, dificultando la actividad económica y el fortalecimiento del mercado interior europeo en un contexto de alta tensión geopolítica comercial”.

Por su parte, la diputada Teresa Mínguez, responsable de Relaciones Internacionales y copresidenta del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, subrayó que “el Radar Europeo ICAM es una herramienta viva y en evolución que refuerza la capacidad de la abogacía para comprender, anticipar y participar activamente en estos procesos de transformación”.

LA HERRAMIENTA PERMITE SEGUIR EL CICLO LEGISLATIVO COMUNITARIO CON CRITERIOS JURÍDICOS Y ENFOQUE PRÁCTICO

Una plataforma para juristas

Desarrollado por el Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea en colaboración con Newtral, el Radar Europeo ICAM se presenta como una plataforma especializada para anticipar, entender y aplicar el Derecho comunitario desde la práctica profesional. Diseñado expresamente para juristas y operadores del sistema legal, permite realizar un seguimiento estructurado y comprensible del ciclo legislativo europeo, desde la propuesta normativa hasta su adopción, transposición y entrada en vigor, con acceso inmediato a los textos legales, medidas nacionales de transposición, jurisprudencia europea y alertas de cumplimiento. Todo el sistema está alojado en la nueva web del Observatorio, accesible en www.observatorioue.icam.es.

Justicia Digital 2030

La presentación del Radar tuvo lugar en el marco de un coloquio titulado Justicia Digital 2030, organizado por el ICAM en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España. El acto se inició con las intervenciones del decano del Colegio, Eugenio Ribón; del director de la Representación de la Comisión, Daniel Calleja; y de la diputada responsable de Internacional del ICAM, Teresa Mínguez.

A continuación, intervino desde Bruselas el director en funciones de Políticas de Justicia de la Comisión Europea, Peter Csonka, antes de dar paso al coloquio, que contó con la participación de Irina Vasiliu, analista política de la Comisión Europea en Madrid; Miguel Ángel de la Pisa, vicepresidente de la Comisión de Sector Público y coordinador del grupo de trabajo de Justicia de AMETIC; y Javier Díez-Hochletiner, catedrático emérito de Derecho de la UE de la UAM, junto a Teresa Mínguez.

Sistema de alertas

Entre las funcionalidades del Radar Europeo ICAM se incluyen un sistema de alertas legislativas semanales que avisa de los hitos más relevantes del ciclo normativo europeo y nacional, así como un boletín mensual con análisis, agenda legislativa y contribuciones de expertos. Además, la plataforma incorpora cuatro paneles interactivos embebidos en la web del Observatorio: el tren legislativo nacional, el listado de directivas sin transponer en la Unión Europea, el estado de transposición en España y una herramienta específica para seguir el ciclo completo de cada directiva europea

ÁMBITO EUROPEO

A radar for understanding and applying European law

Editorial staff

Coinciding with the 40th anniversary of Spain’s accession to the European Union, in January, the Madrid Bar Association (ICAM) launched the ICAM European Radar, a digital tool that enables users to track the European legislative process and its application in the Spanish legal system in an up-to-date and easily understandable way.

In the last four decades, Spain has incorporated 6,747 European standards into its legal system. In 2025 alone, 45% of the laws passed by the Spanish Parliament were of EU origin, either by transposition of directives or by adaptation to European regulations. However, Spain remains the EU country with the highest number of directives pending transposition: 101, half of which are already behind schedule.

In this context, the ICAM European Radar is presented as a public service tool aimed at strengthening legal certainty, facilitating the work of the legal profession and other legal operators, and reducing the gap between Brussels and everyday legal practice. It was designed by the ICAM European Union Law Observatory, a strategic structure created in 2024 to offer rigorous analysis, specialist resources and training on EU law to legal professionals.

IN THE LAST FOUR DECADES, SPAIN HAS INCORPORATED 6,747 EUROPEAN STANDARDS INTO ITS LEGAL SYSTEM

Bringing Europe closer

During the launch ceremony, held at the headquarters of the European Commission Representation in Madrid, its director, Daniel Calleja, pointed out that “the digitisation of justice is a priority issue for the EU”. He also recalled that “privacy and data security must be of paramount importance”. He also stated that «the European Commission is convinced that there can be no quality justice without trained and skilled professionals. The role of professional associations is absolutely central».

The Dean of ICAM, Eugenio Ribón, underlined that the European Radar was born to respond to a structural need of the Spanish legal system: “Europe does not suffer from a lack of regulation, but from a lack of implementation and harmonisation”. He recalled that Spain currently heads the list of Member States with directives pending transposition, and warned that «fragmentation in the application of EU law is a vector of legal uncertainty, hindering economic activity and the strengthening of the European internal market in a context of high geopolitical and commercial tension».

For her part, Teresa Mínguez, Head of International Relations and Co-Chairperson of the ICAM EU Law Observatory, underlined that “the ICAM European Radar is a living and evolving tool that strengthens the capacity of the legal profession to understand, anticipate and actively participate in these transformation processes”.

THE TOOL ALLOWS USERS TO FOLLOW THE EU LEGISLATIVE PROCESS WITH LEGAL CRITERIA AND A PRACTICAL APPROACH.

A platform for lawyers

Developed by the ICAM European Union Law Observatory in collaboration with Newtral, the ICAM European Radar is a specialist platform to anticipate, understand and apply EU law in professional practice. Designed specifically for lawyers and legal system operators, it enables structured and comprehensible monitoring of the European legislative process, from legislative proposal to adoption, transposition and entry into force, with immediate access to legal texts, national transposition measures, European case law and compliance alerts. The entire system is hosted on the Observatory’s new website, accessible at www.observatorioue.icam.es.

Digital Justice 2030

The launch of the Radar took place in the context of a colloquium entitled Digital Justice 2030, organised by ICAM in collaboration with the Representation of the European Commission in Spain. The event began with speeches by the College Dean, Eugenio Ribón; the Director of the Commission’s Representation, Daniel Calleja; and the ICAM Deputy for international affairs, Teresa Mínguez.

This was followed by a speech from Brussels by the European Commission’s Acting Director of Justice Policy, Peter Csonka, before giving way to the colloquium, with the participation of Irina Vasiliu, Policy Analyst at the European Commission in Madrid; Miguel Ángel de la Pisa, Vice-Chairperson of the Public Sector Committee and Co-ordinator of AMETIC’s Justice working group; and Javier Díez-Hochletiner, Professor Emeritus of EU Law at the UAM, together with Teresa Mínguez.

Alert system

The ICAM European Radar’s features include a weekly legislative alert system that notifies of the most relevant milestones in the European and national regulatory process, as well as a monthly newsletter with analysis, legislative agenda and expert contributions. In addition, the platform incorporates four interactive panels embedded in the Observatory’s website: the national legislative tracker, the list of directives not yet transposed into the European Union, the state of transposition in Spain and a specific tool to follow the complete process of each European directive