Coto a los paraísos fiscales

ÁMBITO EUROPEO

La nueva legislación europea busca ecuanimidad impositiva en un mundo interconectado.

COTO A LOS PARAÍSOS FISCALES

La competencia es feroz. Ya sea entre bloques comerciales, Estados socios de un mercado común o incluso regiones de un mismo país, la necesidad de atraer inversiones es un objetivo prioritario de gobiernos nacionales y administraciones locales. Bajo distintas denominaciones: concierto o convenio económico, zona franca o de libre comercio, entre otras, existen determinados territorios en todo el planeta que gozan de ciertos beneficios que conllevan la exoneración en el pago de algunos impuestos. Esa laxitud tributaria, en ocasiones criticada como dumping, implica una fiscalidad a la carta que, tradicionalmente, ha beneficiado a grandes empresas y multinacionales, ávidas de rebajar su factura fiscal, que ahora puede tener los días contados.
FERNANDO GEIJO

“Uno para todos, todos para uno”, parece ser la intención que subyace en el espíritu de la legislación para tratar de meter en cintura la elusión fiscal que practican algunas multinacionales y grandes empresas aprovechando su dimensión y huella geográfica.

La idea es poner orden en la selva impositiva, donde los países compiten al ofrecer impuestos a la medida (léase a la baja) para captar inversiones en sus respectivos territorios en detrimento de otros Estados. Una estrategia administrativa que drena recursos tributarios en los mercados donde se produce la actividad comercial y concentra, en forma de maná, el pago de tasas en áreas privilegiadas. Además, supone una evidente desventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, excluidas de esta especie de juego del trilero fiscal al alcance sólo de las grandes corporaciones.

Un poco de historia

Para cambiar esta dinámica, desde el pasado 1 de enero, han entrado en vigor varias normativas comunitarias que introducen un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% paras las multinacionales con actividades en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El objetivo de esta nueva legislación es obtener una mayor ecuanimidad y estabilidad impositiva en un mundo interconectado, tanto en el ámbito comunitario como global. De hecho, esta senda se inició hace años con las recomendaciones emitidas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Fruto de ello, la UE adoptó medidas para convertir lo anterior en derecho comunitario, de cara a luchar contra la planificación fiscal agresiva en su mercado interior. De esta manera, aprobó sendas directivas: UE 2016/1164 y UE 2017/952, de 12 de julio de 2016 y 29 de mayo de 2017, por las que se establecían normas para evitar la elusión fiscal y se legislaba en materia de asimetrías híbridas con terceros países, respectivamente. Posteriormente, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva UE 2022/2523, de 15 de diciembre de 2022, en la que se definen aspectos como el gravamen mínimo de sociedades, establecido en el 15%, y el impuesto complementario.

 

140 PAÍSES YA SE HAN ADHERIDO A LAS NUEVAS NORMATIVAS ANTIELUSIÓN FISCAL EMPRESARIAL

 

Cuestión de pilares

Previamente, en octubre de 2021, la normativa tributaria recibió un nuevo impulso mediante la declaración conjunta de la OCDE y el G-20 en relación con la citada erosión impositiva y el traslado desleal de beneficios. Para ello se aprobó una declaración, apoyada hoy en día por alrededor de 140 países (incluidos China e India y, por parte europea, algunos países bajo la lupa de la laxitud, como Países Bajos, Luxemburgo y Malta), que suponen en conjunto más del 90% del PIB mundial, y que, entre otros aspectos, perseguía unificar el marco fiscal internacional con una solución basada en dos pilares.

El primero incluye mecanismos para permitir la reasignación de los derechos de imposición entre diferentes jurisdicciones, en las que grandes empresas y multinacionales comercian y obtienen sus beneficios. El segundo comprende las normas para garantizar que se abone el impuesto de sociedades al tipo mínimo acordado del 15%, transpuesto al derecho de la UE mediante Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 2022.

El tamaño importa

La nueva normativa comunitaria afecta por igual a multinacionales y a grupos nacionales considerados de gran magnitud, siempre y cuando tengan, por un lado, una sociedad matriz o filial en algún país de la UE y, por otro, ingresos combinados anuales iguales o superiores a los 750 millones de euros obtenidos en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores de operación en el mercado único.

Asimismo, la reciente legislación en vigor trata de no dejar cabos sueltos. De esta manera, si se da el caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15% en un país determinado, la directiva comunitaria contempla la posibilidad de calcular la carga fiscal a abonar mediante el denominado impuesto complementario. Una suerte de compensación efectiva cuando se dé la circunstancia de que una filial no esté sujeta al tipo mínimo en el país extranjero en el que desarrolla su actividad, para lo que se le aplicará la citada tasa a su sociedad matriz en el Estado miembro de la UE donde esté situada.

Además, esta directiva también garantiza el pago tributario en los casos en que la matriz no se encuentre ubicada en la UE sino en algún país con bajas tasas que, aún, no aplique normas similares.

Sangría económica

La importancia financiera de este asunto no es baladí. Así, la propia OCDE calculó en su día que los gobiernos pierden cada año nada menos que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por evasión fiscal debido a la ingeniería financiera practicada por grandes empresas y multinacionales.

Tras la puesta en marcha de la normativa europea se abre el turno para que los gobiernos nacionales aprueben leyes en línea con el tipo mínimo acordado, reduciendo las posibilidades de fraude. Esto, sin llegar a eliminar la competencia fiscal entre Estados, acotará el uso agresivo de estrategias de atracción de inversiones y supondrá, según la OCDE, la generación a escala global de ingresos adicionales anuales para las Administraciones por importe de 150.000 millones de dólares.

 

LA EVASIÓN POR INGENIERÍA FISCAL GENERA PÉRDIDAS ANUALES DE ENTRE 100.000 Y 240.000 MILLONES DE DÓLARES

 

Como mostró la célebre película Wall Street, el dinero nunca duerme, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas, la avidez por maximizar los ingresos y reducir los gastos es una constante de toda gestión empresarial que se precie. Sin embargo, las nuevas normativas aprobadas ya están dando sus resultados. Gracias al trabajo pionero de la UE, varios ‘paraísos’ ya han anunciado la implementación de un impuesto de sociedades para las empresas que operen en sus respectivos territorios. Una necesaria cuestión de justicia distributiva frente a las recurrentes prácticas ejercidas por algunos grandes conglomerados empresariales.

Tenemos un plan

La normativa emanada del impulso propuesto en el seno de la OCDE y avanzada por la UE tiene evidentes ventajas; entre ellas:

  • Permitir a los gobiernos incrementar la inversión en infraestructuras gracias al aumento de la recaudación impositiva.
  • Ayudar a recabar fondos para destinarlos a la lucha contra el cambio climático.
  • Garantizar que las grandes empresas paguen las tasas donde operan y obtienen beneficios.
  • Posibilitar una distribución más justa de los impuestos sobre los beneficios, incluidos los relativos al negocio de origen digital.
  • Aportar estabilidad y confiabilidad al sistema fiscal internacional.
A vueltas con lo digital

Tras el auge tecnológico y dado que la normativa aún presupone la presencia sobre el terreno para gravar la actividad empresarial, la UE también aboga por la implantación de un sistema digital de tasas que tenga esto en cuenta.

Por tanto, la UE trabaja desde 2017 para alinear la normativa tributaria actual a la era digital. Para ello, en marzo de 2021 adoptó nuevas normas (denominadas DCA7) con el objetivo de que las autoridades de los Estados miembros intercambiasen automáticamente, a partir de 2023, información sobre los ingresos de las plataformas digitales.

En octubre de 2023, el Consejo dio otra vuelta de tuerca y adoptó una nueva directiva (DCA8), cuyos principales cambios consistían en:

  • El intercambio automático de información sobre operaciones con criptoactivos.
  • La información para personas con elevado patrimonio neto sobre resoluciones fiscales previas.
OJO AL DATO

Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de diciembre de 2022.

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Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. OCDE, 8 de octubre de 2021.

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Directiva del Consejo por la que se modifica la 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Consejo de la Unión Europea, 19 de febrero de 2021.

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Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

ÁMBITO EUROPEO

Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

España ha finalizado la presidencia del Consejo de la Unión Europea sacando adelante in extremis uno de sus principales compromisos: alcanzar un acuerdo de los Veintisiete para reformar las reglas fiscales europeas. Su aplicación será efectiva en los presupuestos de 2025. Mientras, en 2024 los Estados miembros han vuelto a la senda del ajuste fiscal, tras más de tres años de suspensión por la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania.

La UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad.
ELVIRA ARROYO

En un contexto de altos niveles de endeudamiento y dificultades en materia de inversión, la UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad. Aunque no ha sido fácil, después de unas largas negociaciones, el Consejo Europeo, bajo la presidencia española, alcanzó en diciembre de 2023 un acuerdo para implantar unas reglas fiscales que garanticen la reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda; una política económica contracíclica, y la protección de las inversiones.

El acuerdo será debatido antes de su entrada en vigor, prevista para 2024, y tendrá efectos en la planificación presupuestaria de 2025.

Claves

Los dirigentes europeos han definido un sistema más sencillo y transparente, con mejores normas de control para asegurar el crecimiento sostenible mediante reformas e inversiones sensatas.

Cada país presentará planes presupuestarios y estructurales a medio plazo, con una duración mínima de cuatro años (ampliables a siete), en los que detallarán cómo prevén hacer sus ajustes a partir de un único indicador operativo: el valor de referencia para el gasto. Su ejecución será objeto de un seguimiento más intenso para corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos.

 

SE MANTIENEN LOS VALORES DE REFERENCIA DEL 3 % DEL PIB PARA EL DÉFICIT Y DEL 60 % DEL PIB PARA LA DEUDA

 

Se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda. Si un país incumple el déficit del 3 %, se aplicará el procedimiento de déficit excesivo, que le obligará a hacer los ajustes necesarios hasta volver a estar dentro de los límites exigidos.

 

LAS NUEVAS NORMAS FISCALES MARCAN UNA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL DÉFICIT DEL 0,4 % DEL PIB AL AÑO

 

Además, se han incorporado salvaguardas, con umbrales de referencia para todos los países, con el fin de conseguir una reducción media anual del 1 % de la deuda en los países con una deuda superior al 90 % del PIB, como España; y del 0,5 % en los países que estén entre 60 % y el 90 %. En cuanto al déficit, se marca una velocidad de ajuste del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25 % en caso de extensión de los planes de 4 a 7 años.

Se contempla también un régimen transitorio hasta 2027, que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Políticas coordinadas

La reforma de las reglas fiscales adquiere especial importancia en un momento en el que las políticas monetaria y fiscal de la UE deben ir de la mano para que la economía funcione sin problemas. Esto a veces es complicado porque ambas son independientes.

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria única para los 19 países de la zona euro, mientras que la política fiscal está en manos de los gobiernos de cada país. Sin embargo, la estabilidad de los precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda.

Por ejemplo, en el actual contexto de inflación, las medidas fiscales de apoyo a la energía han ayudado a la contención de precios y a preservar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, tanto la Comisión Europea como el BCE piden retirar dichas medidas para evitar un impulso de la demanda que agravaría las presiones inflacionarias.

Fin de la tregua

Aunque el nuevo marco fiscal tardará un año en aplicarse, la UE ya ha vuelto en enero de 2024 a la normalidad fiscal, tras desactivar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se empezó a aplicar en marzo de 2020 por la pandemia y luego se mantuvo tras la invasión rusa de Ucrania, permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales.

España ya ha anunciado que en 2024 espera que su déficit público disminuya al 3% del PIB, con lo que volvería a estar dentro de los topes que exige Europa. Sin embargo, la ratio de deuda pública/PIB española seguirá muy por encima del límite del 60% del PIB que ponen las reglas europeas, a pesar de que se ha reducido en términos porcentuales. La previsión es que en 2024 siga bajando hasta el 106,3%, lo que supondría 14 puntos menos que en 2020.

 

ESPAÑA ESPERA QUE EN 2024 SU DÉFICIT PÚBLICO DISMINUYA AL 3 % DEL PIB, CON LO QUE VOLVERÍA A ESTAR DENTRO DE LOS TOPES QUE EXIGE EUROPA

 

Asimismo, el Ejecutivo español anticipa en 2024 un crecimiento del PIB del 2%, superior al de la media de la zona euro y espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. En todo caso, recuerda que la evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo. Los conflictos son en este momento el principal factor de riesgo por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica europea mundial.

Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando a reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo.

Recomendaciones de la Comisión Europea a España para 2024

1. Retirar gradualmente las medidas de apoyo energético vigentes y destinar los recursos ahorrados a reducir el déficit público. En caso de que nuevos encarecimientos de la energía hicieran necesario aplicar medidas, estas deberían garantizar que se dirigen a los agentes más vulnerables con un coste fiscal contenido y que incentiven el ahorro energético.

2. Continuar con la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Simplificar y digitalizar los procedimientos de autorización de energías renovables, aumentar la disponibilidad de vivienda social eficiente energéticamente, e incrementar las habilidades de la población activa para la transición verde.

Próximos pasos

Una vez alcanzado el acuerdo político para la reforma fiscal, empezarán los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional.

Se completará el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una vez finalizado el texto, se presentará al Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros para su aprobación.

El acuerdo deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024.

EUROPA OPINA

“Necesitamos normas fiscales adaptadas a los retos de esta década. Las nuevas normas contribuirán a reducir los elevados niveles de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida. También mejorarán la responsabilización nacional sobre la base de normas comunes de la UE y reforzarán el control de su cumplimiento”. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

“El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva; dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en las economías europeas”. Nadia Calviño, aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa.

“La política fiscal debe ser realmente contracíclica, tanto para responder a shocks económicos adversos como para reconstruir las reservas una vez que la economía vuelva a la normalidad”. Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo.

«Justicia digital para la era digital», por Ana Gallego Torres

ÁMBITO EUROPEO

ANA GALLEGO TORRES,

directora general de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea.

“Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología"

Justicia digital para la era digital

Resulta ya un lugar común afirmar que vivimos en una era esencialmente digital. La pandemia puso aún más de relieve si cabe el papel crucial que desempeña la tecnología digital en nuestra vida diaria como consumidores o usuarios, como empresas o en las actividades comerciales, pero también de forma particular en el ámbito de la justicia. Como muestra el cuadro de indicadores de la justicia de la UE, los tribunales utilizan de forma abrumadora la tecnología digital para llevar a cabo su trabajo, aunque en distinto grado según los Estados miembros . Diversos factores pueden estar en el origen de estas diferencias, desde el grado de penetración de la tecnología, la formación de los operadores judiciales, hasta la existencia de un marco jurídico habilitante. En una Europa cada vez más transfronteriza, los ciudadanos y las empresas se desenvuelven con naturalidad en un entorno libre de fronteras, y se sirven de la tecnología digital para hacer realidad la ausencia de barreras entre los Estados miembros. Asimismo, las formas delictivas evolucionan y se adaptan rápidamente a estas nuevas circunstancias. Para poder responder a estos retos de manera eficaz, es esencial dotar a las autoridades judiciales de soluciones digitales modernas que les permitan operar en un entorno digital.

El papel de la digitalización va más allá de garantizar resiliencia institucional y gestión de crisis. La tecnología debe estar al servicio de la justicia y ayudar a mejorar los sistemas judiciales, de modo que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La digitalización aporta ante todo eficiencia a la hora de impartir justicia, ya que permite una comunicación más rápida y económica. A modo de ejemplo, una carta certificada puede tardar de 48 horas a 15 días en llegar de un Estado miembro a otro, con un coste de entre 3 y 5 € en franqueo, mientras que su envío por vía electrónica tarda segundos y el coste es prácticamente nulo, sin merma de las garantías en la seguridad de la transmisión. Las herramientas y tecnologías digitales también tienen el potencial de facilitar el acceso a la justicia, acelerar procedimientos judiciales, facilitar la cooperación, reforzar la asistencia mutua entre autoridades y aumentar la transparencia y eficiencia en la tramitación de casos. La digitalización también mejora la calidad de la justicia, ya que, acelerando tareas administrativas, los jueces pueden dedicarse plenamente a interpretar el Derecho y dictar sentencias, reduciendo la pendencia y propiciando un uso más eficiente de recursos valiosos y escasos.

No sorprende que la transformación digital del espacio de justicia sea una de las prioridades de la Comisión Europea y elemento clave en la agenda de la UE en los últimos años. La Comisión ya ha cumplido su objetivo principal de digitalizar todos los instrumentos de cooperación judicial transfronteriza, por ejemplo, adoptando normas sobre notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. La «norma de oro» de la UE para garantizarlo es una herramienta informática llamada e-CODEX, que permite a los sistemas nacionales de justicia informática comunicarse de forma segura. El comienzo de 2024 supone otro paso adelante en este ámbito, ya que las nuevas normas sobre digitalización de la justicia entran en vigor en enero. El Reglamento tiene por objeto mejorar la eficiencia y resiliencia de la comunicación transfronteriza entre autoridades que participan en la cooperación judicial mediante la introducción de un canal de comunicación digital seguro y fiable, obligatorio para todas las comunicaciones entre autoridades en procedimientos transfronterizos en materia civil y penal. Además, permitirá a particulares, empresas o sus representantes legales, presentar reclamaciones y comunicarse con las autoridades competentes por vía electrónica a través del denominado Punto de Acceso Electrónico Europeo, que se creará en el Portal Europeo de e-Justicia. También permitirá a las partes que se encuentren presentes en otro Estado miembro en el momento de una audiencia en asuntos transfronterizos civiles y penales, acceder a la audiencia por videoconferencia.

Esta panoplia de instrumentos sienta las bases para alcanzar nuestro objetivo de aquí a 2030 de modernizar la justicia transfronteriza e integrarla en la era digital, disponiendo de una comunicación «digital por defecto» entre las autoridades judiciales a finales de esta década.

Pero todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo es la necesidad de modernizar los procesos judiciales mediante herramientas digitales para establecer normas comunes y plataformas fiables. Los órganos jurisdiccionales nacionales emplean programas para llevar a cabo videoconferencias que no están diseñados para las vistas judiciales, suscitando preocupación por la seguridad, privacidad e igualdad en su uso. Otro ejemplo es la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y la capacitación de los jueces en el uso de herramientas digitales. Debe alentarse a los Estados miembros a poner a disposición de sus órganos jurisdiccionales las herramientas e instrumentos necesarios para la plena implantación de soluciones digitales en condiciones de seguridad jurídica y respeto de las garantías procesales. Para ello, la UE pone a disposición de los Estados miembros modos de financiación para herramientas de IA y otros proyectos de digitalización a través del programa Technical Support Instrument (TSI).

Otro reto a medio plazo será la necesidad de extender el principio de digital por defecto también a la cooperación judicial con terceros Estados, con el objeto de evitar la existencia de ángulos ciegos en la implantación de la tecnología al ámbito de la justicia. Para ello, seguimos con enorme interés iniciativas recientes de transmisión electrónica en áreas geográficas que resultan esenciales para la cooperación judicial, como es el caso del Tratado de Medellín adoptado en el contexto de IberRed.

Por otro lado, si bien la IA y otras tecnologías digitales pueden aportar beneficios significativos para una justicia eficaz, también entrañan una serie de riesgos que hemos de afrontar. La UE está firmemente a favor de la innovación, pero nunca en detrimento de la seguridad y los derechos fundamentales. Por consiguiente, la Comisión ha garantizado que todas las propuestas legislativas incluyan salvaguardias para proteger los derechos fundamentales. Si bien la IA puede ser una herramienta muy útil para liberar a los jueces y otros profesionales del Derecho de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo y, de este modo, aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales, es igualmente importante garantizar que los ciudadanos no reciban un trato injusto como resultado de su uso o que los sesgos integrados en los sistemas de IA afecten a la calidad de nuestros sistemas judiciales. Por lo tanto, el enfoque europeo coordinado de la IA, junto con la futura Ley de IA, apoya la innovación a través de un marco jurídico claro que proporcione seguridad jurídica a las empresas emergentes, aproveche los beneficios de la IA y centre la regulación en los riesgos. El enfoque de la Ley de IA reforzará el potencial de Europa para competir a escala mundial.

Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología o incluso en nuestros propios sistemas judiciales. Para ello, la UE y los Estados miembros deben aunar esfuerzos en pro de este objetivo común, propiciando el uso eficiente de herramientas de financiación, instrumentos jurídicos y políticas activas de digitalización de la justicia, e involucrando a las autoridades judiciales en este cambio cultural. Sólo así se logrará que la transformación de la justicia en una justicia digital sea sistémica y duradera, capaz de acompañar los profundos cambios sociales asociados a la transición digital.

* EU Justice Scoreboard 2023, figure 42, page 34.

Justicia europea en situaciones de vulnerabilidad

ÁMBITO EUROPEO

JUSTICIA EUROPEA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

El 25 de octubre, con motivo del Día Europeo de la Justicia, el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) celebró en el Parlamento Europeo la conferencia Fortalecer la protección de adultos en la UE, en apoyo a la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea (CE) para reforzar la protección de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en un contexto transfronterizo.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

La apertura del acto contó con la intervención del comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, que entró por videoconferencia. También participaron el eurodiputado griego, Stelios Kympouropoulos; el presidente del CNUE, Peter Stelmaszcyk y la notaria griega y miembro del consejo de administración del CNUE, Eftychia Karastathi.

Durante su discurso, Reynders explicó que “esta conferencia da voz a aquellos que no siempre son escuchados; los ciudadanos que, debido a un accidente, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyo y protección especial”. “Con el envejecimiento de la población y el crecimiento de la movilidad entre países de la Unión, el número de casos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad que se mudan a otro país va a seguir aumentando. Por ello, esta propuesta de la Comisión Europea tiene como objetivo eliminar los obstáculos legales que se puedan dar en esas situaciones y propone un conjunto de normas armonizadas y eficientes para que se reconozcan sus derechos en todos los estados”.

 

DIDIER REYNDERS: “LA CE PROPONE UN CONJUNTO DE NORMAS ARMONIZADAS Y EFICIENTES PARA PROTEGER A LOS ADULTOS EN SITUACIÓN TRASFRONTERIZA”

 

Normativas diferentes

Según Kympouropoulos, “las diferentes normativas nacionales crean barreras que impiden que los adultos vulnerables y sus familias vean reconocidos sus derechos en situaciones transfronterizas, por lo que la propuesta de Reglamento de la CE representa un importante paso adelante para resolver estos desafíos».

Por su parte, Stelmaszcyk señaló que “el hecho de que el legislador europeo sea consciente de la necesidad de un marco jurídico armonizado entre Estados y actúe en consecuencia es un paso importante hacia una sociedad europea más inclusiva”.

Finalmente, Karastathi señaló que la propuesta de Reglamento de la Comisión “representa un avance considerable en el respeto del derecho a la autonomía de todas las personas consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”. En este sentido destacó “el papel de los notarios a la hora de brindar apoyo institucional para garantizar que las personas con discapacidad reciban toda la información y las recomendaciones que necesitan para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”.

El paquete legislativo al que hicieron alusión los intervinientes contiene una propuesta de Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se autoriza a 14 Estados miembros que hasta la fecha no son partes del Convenio de la Haya sobre la protección internacional de los adultos, a adherirse a él. También recoge la propuesta de reglamento que tiene como objetivos, por un lado, determinar cuál es la ley aplicable a cada caso, y por otro, facilitar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección que hayan sido adoptadas en otro Estado miembro. Además, la iniciativa es un paso hacia una mayor digitalización de los procedimientos, en particular mediante la creación de registros nacionales y la interconexión entre ellos. Por último, las medidas recogen la introducción de un certificado europeo que facilitará a los apoderados demostrar la validez de los poderes que les han sido otorgados en otro Estado miembro de la UE.

 

PETER STELMASZCYK: “ESTA PROPUESTA ES UN PASO IMPORTANTE HACIA UNA SOCIEDAD EUROPEA MÁS INCLUSIVA”

 

Desamparo ciudadano

Tras la apertura tuvo lugar una mesa de diálogo moderada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y directora general de la Fundación Æquitas, Almudena Castro-Girona, en la que intervinieron la secretaria de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, Marie Vautravers; la consejera del Ministerio de Justicia en la Representación Permanente de España ante las Instituciones Europeas, Ruth Álvarez; y la coordinadora de Políticas de Derechos Humanos, Foro Europeo de la Discapacidad, Marine Uldry.

 

STELIOS KYMPOUROPOULOS: “LAS DIFERENTES NORMATIVAS CREAN BARRERAS QUE IMPIDEN QUE LAS PERSONAS VEAN RECONOCIDOS SUS DERECHOS EN SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS”

 

Para Vautravers “actualmente hay numerosas situaciones en las que los ciudadanos europeos se encuentran ante la falta de reconocimiento de sus derechos cuando se van a otro país de la Unión”. “Puesto que no hay una legislación europea de protección de adultos en situación de vulnerabilidad -explicó- se dan casos como el sucedido a un ciudadano griego que vivía en Alemania y estaba en coma. Su mujer y apoderada pidió obtener ayuda en Grecia y para ello tuvo que atravesar un proceso judicial de 12 años para resolverlo. O, por ejemplo, el caso de un ciudadano de Luxemburgo que vive en Bruselas y tiene un accidente y necesita ayuda, seguramente se va a encontrar con distintas leyes nacionales aplicables y probablemente cada país considerará que ese ciudadano debe acogerse a su jurisdicción”. “Con esta propuesta de reglamento queremos aportar seguridad jurídica a casos de este tipo”, finalizó la secretaria de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Por su parte, Álvarez incidió en que “necesitamos analizar artículo a artículo y sus implicaciones en nuestro sistema legal porque esta regulación debe ser luego aplicada a nivel nacional. Para los países que no han adoptado la Convención de Nueva York va a ser difícil, pero todos compartimos valores y objetivos en esta materia”.
Finalmente, Uldry insistió en que “debemos defender el derecho a la autonomía personal en todos los Estados miembros y aportar soluciones a este conflicto de legislaciones. Desde el Foro Europeo de Discapacidad estamos preparando una propuesta que próximamente publicaremos en nuestra web”.

Para clausurar la jornada, la moderadora, Almudena Castro-Girona, aseguró que «la protección de los adultos en situaciones transfronterizas afecta directamente al corazón mismo de la libre circulación de personas». Sin embargo, «el desafío de esta propuesta es coordinar o fusionar el texto de la UE y la Convención de La Haya bajo los auspicios de la Convención de Nueva York, lo cual no es nada sencillo». En este sentido, reiteró la voluntad del Notariado de “trabajar junto a las instituciones europeas”.

Un certificado europeo

La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea en materia de protección de adultos en situación de vulnerabilidad incluye la creación del Certificado europeo de representación. Así una persona (poderdante) que haya designado a otra (apoderado) en su país de origen para que actúe representando sus intereses en previsión de una necesidad de apoyo podrá ser representada también en otros Estados miembros de la Unión Europea.

De izda. a dcha.: Marine Uldry, Marie Vautravers, Almudena Castro- Girona y Ruth Álvarez.
De izda. a dcha.: Peter Stelmaszcyk, Stelios Kympouropoulos, Georgios Rouskas, ex presidente del CNUE, y Eftychia Karastathi.
Didier Reynders.
Conclusiones del encuentro

La moderadora del encuentro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL, y directora de la Fundación Æquitas, Almudena Castro-Girona, señaló los principales objetivos de la propuesta de la CE:

  • Garantizar la protección de las personas adultas en situación de vulnerabilidad cuando se produzca una situación transfronteriza o interna.
  • Respetar la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones propias y la independencia de las personas.
  • Garantizar la eficacia transfronteriza, el reconocimiento de las medidas de apoyo o de los poderes otorgados por un adulto en previsión de su necesidad de apoyo.
  • Contribuir a la creación del espacio de libertad, seguridad jurídica y justicia proporcionando un marco coherente de Derecho internacional privado aplicable a la protección de los adultos en situación de discapacidad o vulnerabilidad.
PARA SABER MÁS
Conferencia al completo.
Web del Notariado Europeo cofinanciada por la Comisión Europea sobre las medidas de protección actuales para personas vulnerables en 22 países europeos.
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Web del Foro Europeo de Discapacidad.

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Claves de la legítima en las herencias

ÁMBITO EUROPEO

CLAVES DE LA LEGÍTIMA EN LAS HERENCIAS

La sede del Colegio Notarial de Cataluña, en Barcelona, acogió el 19 y 20 de octubre las reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) y de la Academia Notarial Europea, pertenecientes a la Unión Internacional del Notariado (UINL).
Apertura de la Academia Notarial Europea, con José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (De izda. a dcha.).
REDACCIÓN

El encuentro, enmarcado en el décimo aniversario de la designación de Barcelona como sede, reunió a más de un centenar de notarios, procedentes de 41 países, quienes analizaron las claves de la legítima en las herencias, el futuro de la misma y los sistemas sucesorios europeos.

La sesión de la Academia Notarial de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) tuvo lugar el 19 de octubre en el Salón de Actos del Colegio Notarial de Cataluña.

La ceremonia contó con la apertura a cargo de la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL), Valentina Rubertelli, junto al presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

 

JOSÉ ALBERTO MARÍN: “LA LEGÍTIMA NO ES CUESTIONADA POR LA CIUDADANÍA, PERO SÍ GENERA DISCREPANCIAS LA DIFICULTAD DE PODER DESHEREDAR”

 

La legítima

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, destacó que la desheredación es “una senda por la que habría que avanzar, pues la legítima no es cuestionada por la ciudadanía, pero sí genera discrepancias la dificultad que supone poder llevar a cabo el proceso de desheredación de forma efectiva por parte de aquellos individuos que se encuentran en situaciones donde sus descendientes no cumplen con los méritos para recibir un bien, debido a la falta de relación con los mismos u otros motivos”.

 

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “EN ESPAÑA HA HABIDO REFORMAS PARA TRATAR DE DISMINUIR Y FLEXIBILIZAR LA LEGÍTIMA. HAY QUE SER PRUDENTE”

 

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, explicó que “en España ha habido reformas para tratar de disminuir y flexibilizar la legítima, pero allí donde todavía la cuestión es candente es en el ámbito del derecho común; es decir, en todas aquellas regiones en las que la herencia no tiene una forma propia, sino que mantiene la forma del Código Civil de 1889”. Asimismo, matizó que “hay que ser prudente y dejar que el cambio se vaya desarrollando en la vida cotidiana”.

Para finalizar, la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL), Valentina Rubertelli, consideró que “no se trata de promover la abolición total de la legítima hereditaria. El debate no ha de ser si debe prohibirse o flexibilizarse, sino buscar el balance entre la expresión de una libertad individual, la libertad de legar, la protección de los derechos individuales y la protección de los hijos, así como la preservación de la paz social. Por lo tanto, el objetivo que nos atañe es encontrar este equilibrio”.

Las sucesiones en Europa

Tras la ponencia de las principales autoridades, dio comienzo la mesa redonda para debatir sobre el futuro de las legítimas en los sistemas sucesorios europeos, moderada por la misma presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE), Valentina Rubertelli.

 

VALENTINA RUBERTELLI: “NO SE TRATA DE PROMOVER LA ABOLICIÓN TOTAL DE LA LEGÍTIMA HEREDITARIA. EL OBJETIVO QUE NOS ATAÑE ES ENCONTRAR ESTE EQUILIBRIO”

 

La mesa contó con la intervención del notario de Barcelona y profesor en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), Jesús Gómez Taboada; junto con Philippe Potentier, notario de Francia; Federico Tassinari, notario de Italia; Corinne Zimmerli, notaria de Suiza; y Fanny Orsini, notaria escribana del Reino Unido; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE y Elena Lauroba, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, quienes expusieron la situación de las legítimas en sus respectivos países y su futura evolución.

Al terminar dicha mesa, se llevó a cabo la presentación de las conclusiones del estudio de la CAE sobre la legítima, a cargo de la presidenta de la comisión, Valentina Rubertelli, quien destacó la importancia de la legítima, señalando que “la reserva hereditaria contribuye a la construcción de la identidad del niño y garantiza una igualdad mínima entre hermanos y hermanas, ayudando a evitar el resurgimiento de nuevas diferencias entre los hijos de una primera unión en familias reconstituidas”.

La presidenta de la CAE presentó una serie de propuestas que, manteniendo la estructura básica de la reserva hereditaria, “podrían adaptar su funcionamiento en línea con la evolución actual de los negocios jurídicos”. Como ejemplos señaló la reducción del monto de la reserva hereditaria y el correspondiente aumento de la porción disponible; la creación de nuevos pactos sucesorios que favorezcan una sucesión contractual negociada; la donación transgeneracional, o la transición de una reserva hereditaria a una simple compensación monetaria.

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE)

La sesión plenaria de la CAE tuvo lugar el 20 de octubre en el Saló del Tinell del Museo de Historia de Barcelona. En la apertura participaron la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL, Valentina Rubertelli -primera mujer en ocupar el cargo-, y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

En su discurso, la presidenta de la CAE destacó y agradeció la acogida que el Notariado les ha brindado, añadiendo que “poder celebrar la sesión de la Comisión de Asuntos Europeos en este lugar es conmovedor”.

Mesa de debate de la Academia Notarial Europea. De izda. a dcha.: Jesús Gómez Taboada; notario de Barcelona; Corinne Zimmerli, notaria de Suiza; Philipe Potentier, notario de Francia; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE; Fanny Orsini, notaria escribana del Reino Unido; Federico Tassinari, notario de Italia y Elena Lauroba, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona.
La Academia Notarial Europea

Es el centro de formación, análisis y estudio de los notarios de Europa. La academia supone un punto de encuentro de los notarios europeos y, a su vez, un acercamiento de estos con el resto de operadores jurídicos. Entre sus funciones destaca la promoción de relaciones con los notariados nacionales, con el objetivo de colaborar en su organización y desarrollo en previsión de su futura incorporación a la Unión Internacional del Notariado.

Sesión plenaria de la CAE, celebrada en el Salón del Tinell, en el Museo de Historia de Barcelona.
La Comisión de Asuntos Europeos
Reúne a todos los países miembros de la Unión Internacional del Notariado ubicados en Europa (41 Notariados). La Comisión se ocupa de estudiar distintos temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas, y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos al Parlamento europeo con el objetivo de promover las directivas europeas consideradas de interés. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.

«El futuro de las legítimas», por José Alberto Marín Sánchez

ALDEA GLOBAL

JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

“El reto del legislador es conseguir el equilibrio entre la legítima y la libertad de testar"

El futuro de las legítimas

Si existe una institución sucesoria popularmente conocida es la legítima, el mínimo que la ley garantiza a una persona en la sucesión de determinados familiares.

El debate sobre la conveniencia o no de la existencia de esta institución sigue abierto y cada vez son más los detractores de la misma partidarios de su supresión.

La legítima tenía sentido, dicen, en un momento histórico en el que la actividad económica de la familia era desarrollada por prácticamente todos sus miembros y la ley pretendía garantizar a todos ellos una participación en la sucesión del patrimonio familiar.

La realidad social y económica en la actualidad no casa con ese esquema histórico y la situación es la contraria. Los hijos, principales destinatarios de la legítima, no sólo no suelen colaborar en la generación de la riqueza familiar, sino que, al contrario, conviven en el hogar de los padres hasta una edad elevada.

Otro factor importante es la litigiosidad que provoca su propia existencia, especialmente en lo que se refiere a la valoración del patrimonio hereditario sobre el que ha de calcularse la legítima.

A pesar de ello prácticamente todas las legislaciones civiles europeas y las que coexisten en España siguen regulando la legítima con diferente extensión. En nuestro país tenemos un auténtico escaparate de normativa sobre legítima que oscila entre los dos tercios de derecho común y la legítima cero que cabe atribuir en Navarra. Las reformas legislativas más recientes han incidido en una “suavización” de la legítima para hacerla más acorde con la realidad social y las pretensiones de la ciudadanía en pro de una mayor libertad a la hora de testar.

Son muchos los elementos integradores de la legítima que pueden modificarse en las distintas normativas para “ajustar” su configuración a la sociedad más moderna en la que vivimos.

Así, el círculo de posibles beneficiarios es un aspecto fundamental; descendientes, ascendientes y cónyuge o pareja pueden ostentar (o no) esta condición. La determinación de los mismos es un buen mecanismo para dulcificar su contenido.

El reparto igualitario o no entre estos parientes permite establecer nuevos criterios. La cuantía es otro de los puntos en los que se puede incidir. Reparto libre a favor de uno o algunos de los legitimarios, reparto libre de una parte y no de otra ….

Además del círculo subjetivo es importante el objetivo: la cuantía a la que se refiera la herencia mediante la fijación de uno u otro porcentaje.

También las normas de computación (bienes y derechos que se incluyen para el cálculo de su cuantía) e imputación (disposiciones que se consideran pago de legítima, por ejemplo, donaciones hechas en vida, bienes que se reciben en la propia herencia) legitimaria pueden modular el contenido de la legítima.

La naturaleza jurídica que se atribuya al derecho de legitimario también tiene una enorme trascendencia, con especial repercusión en la intervención de los legitimarios en la partición de la herencia. La diferencia entre que se la considere como un derecho a parte de los bienes de la herencia a que se entienda que es un simple derecho de crédito, conlleva que, en el primer caso, el legitimario deba intervenir en la partición (y por tanto con posibilidad de bloquearla), mientras que, en el segundo supuesto, la partición se realiza sin él.

El plazo de prescripción, los casos en que se suspende este plazo, las acciones que asisten a los legitimarios y otros muchos aspectos menos relevantes son, junto con lo expuesto en los párrafos anteriores, unas piezas de un puzle que permite al legislador de cada territorio configurar la legítima en la forma que considere que es más útil para la economía social y familiar y para la mejor relación interna entre los vinculados por esos parentescos.

En las sesiones de la Academia Europea del Notariado (de las que se informa en este número de Escritura Pública) hubo consenso sobre el hecho de que no había un clamor en favor de la supresión de la legítima, pero sí la conveniencia de que en determinadas legislaciones se ajustara a estándares más modernos modificando los parámetros a que antes se ha hecho referencia.

En mi opinión, siendo cierto lo anterior, en la actualidad lo que la sociedad demanda con más intensidad no es tanto la revisión de la propia legítima sino las causas de privación de la misma: las causas de desheredación. Determinadas conductas que socialmente se consideran reprobables no están tipificadas como causas de privación de la legítima. Las causas clásicas que son comunes en prácticamente todos los ordenamientos (derivadas de comisión de delitos contra el causante o denegación de alimentos) son insuficientes para considerar al sistema como “justo”. Resulta paradójico que en supuestos en los que evidentemente el legitimario no da un trato adecuado al causante de la legítima pueda llegar a percibir este “premio”. El mal trato psicológico o la falta de trato familiar continuado por causa imputable al legitimario son dos ejemplos claros de lo que estamos expresando, siendo escasas las legislaciones que las recogen.

En definitiva, este es el reto del legislador: conseguir el equilibrio entre la legítima y la libertad de testar acompañando al sistema con una mejor regulación de las causas de privación de aquella. Si lo consigue la paz familiar resultará reforzada.

Reforma de las reglas fiscales europeas

ÁMBITO EUROPEO

REFORMA DE LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS

España preside el Consejo de la Unión Europea (UE) en un momento de grandes retos. Uno de ellos es sacar adelante la reforma del marco de gobernanza económica, que pretende implantar unos criterios fiscales más justos y realistas para los Estados miembros. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de 2024, cuando volverán a estar vigentes las normas suspendidas desde 2020, primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania.

ELVIRA ARROYO
La Comisión Europea ejercerá una estricta vigilancia para cerciorarse de que cada país cumple los compromisos adquiridos.

La presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2023 va a estar marcada por la inestabilidad económica. Aunque las previsiones de crecimiento de la economía europea son más positivas, se mantienen las incertidumbres derivadas de la invasión de Ucrania, las tensiones comerciales, el impacto del aumento de los tipos de interés y el incremento de los precios de las materias primas.

En este contexto, adquiere especial importancia la definición de un nuevo escenario económico que garantice la estabilidad financiera en Europa y la financiación de las inversiones públicas. Esto exige actualizar el marco de gobernanza económica, que regula los valores fiscales de referencia de los Estados miembros, supervisa su cumplimiento y corrige las tendencias económicas problemáticas.

 

EN 2024 LA COMISIÓN EUROPEA PONDRÁ FIN A MÁS DE TRES AÑOS EN LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS HAN PODIDO DESVIARSE DE LOS LÍMITES FISCALES

 

El objetivo es imponer una fiscalidad que permita a cada país mantener unas cuentas públicas saneadas y reducir los altos niveles de endeudamiento de forma gradual. Al mismo tiempo, deberán contemplar inversiones que faciliten el desarrollo económico, la creación de empleo y la competitividad, sin olvidar otras metas comunes como la transición ecológica y la transformación digital.

Ya en febrero de 2020 la Comisión Europea inició un debate para lograr un consenso sobre esta reforma, pero se interrumpió al empezar la pandemia. Una vez retomado el tema, se definieron las propuestas para establecer una gobernanza económica más transparente, que asegure la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento mediante inversiones sensatas. Se trata de la reforma más completa desde el período que siguió a la crisis económica y financiera.

Pilares. El elemento central de la propuesta de la Comisión son los planes nacionales de política fiscal y estructural a medio plazo. Los Estados miembros formularán planes con sus objetivos presupuestarios, las medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y las reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años. De este modo, se reforzará la responsabilidad de cada Estado, al darle más margen de maniobra para marcar sus propias medidas de ajuste fiscal y sus compromisos de inversión.

Al mismo tiempo, se quiere avanzar hacia un marco de supervisión que dé preferencia a la sostenibilidad de la deuda. Las sendas de ajuste fiscal se formularán en objetivos de gasto plurianuales como único indicador para la supervisión fiscal, simplificando así las normas en materia fiscal. La Comisión Europea elaborará trayectorias técnicas que ayudarán a los Estados miembros a fijar sus objetivos de gasto plurianuales.

Se seguirán aplicando las salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda, manteniéndose los valores de referencia actuales del 3% del PIB para el déficit y del 60% del PIB para la deuda. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al vencimiento del plan nacional. Cuando el déficit se mantenga por encima del 3% deberá hacerse un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual. Además, los Estados miembros que se acojan a un período de ajuste fiscal ampliado deberán velar por que el esfuerzo fiscal no se aplace a los últimos años del programa.

Todo ello irá acompañado de una estricta vigilancia por parte de la Comisión Europea para cerciorarse de que cada país cumple los compromisos adquiridos.

 

EL NUEVO MARCO DE GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UE ES LA REFORMA MÁS COMPLETA DESDE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 2008

 

Excepciones. La nueva regulación mantendrá la cláusula de escape, que se aplica en situaciones de crisis o de recesión económica grave permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales. De hecho, actualmente lleva activa más de tres años, a raíz de la pandemia y posteriormente por la invasión rusa de Ucrania. Esto ha permitido adoptar medidas de emergencia para atenuar las consecuencias de estas crisis.

 

EL OBJETIVO ES IMPONER UNA FISCALIDAD QUE PERMITA A CADA PAÍS MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS

 

Sin embargo, la Comisión Europea ha anunciado su desactivación a partir de 2024, por lo que en la primavera de este mismo año ya podrá ejecutarse el procedimiento de déficit excesivo tomando como referencia los datos que los países hayan registrado en 2023. Esto significa que los Estados miembros deben trabajar para corregir cuanto antes sus posibles desequilibrios.
Es importante entrar en 2024 con un acuerdo sobre la revisión de las normas fiscales de la UE y otros elementos del marco de gobernanza económica. Este es uno de los principales retos de la presidencia española, que ha subrayado su intención de cerrar el asunto.

La Comisión Europea ha señalado que para la economía de la UE es apremiante conseguir un pacto en estos momentos. El Consejo ha pedido que el trabajo legislativo concluya en 2023.

Aparte de la reforma de las reglas fiscales, España ha anunciado que en su semestre de presidencia atenderá de manera preferente el nuevo marco de recursos propios de la UE, para devolver la deuda financiada por el programa Next Generation; la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2021-2027; y la financiación de la reconstrucción y el apoyo a Ucrania en el medio y largo plazo.

Nuevas normas de gobernanza económica europeas
  • Los Estados miembros deberán presentar planes presupuestarios y estructurales nacionales a medio plazo que serán evaluados por la Comisión Europea y aprobados por el Consejo de la UE.
  • La duración de los planes a medio plazo podría ampliarse si un Estado miembro se compromete a introducir un conjunto aceptable de reformas e inversiones.
  • No varían los valores de referencia del 3% del PIB para el déficit y del 60% del PIB para la deuda.
  • Si un Estado miembro tiene un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, la Comisión formulará una “trayectoria técnica” específica para ese país, exigiéndole ajustes con el fin de preservar la estabilidad económica del bloque.
  • La Comisión Europea supervisará continuamente la aplicación de los planes. Los Estados miembros presentarán informes anuales para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia.
Simplificación del marco fiscal europeo
  • La supervisión presupuestaria anual de los planes nacionales se centrará en un único indicador operativo: los objetivos de gasto plurianuales del Estado miembro. Dejarán de existir la referencia de reducción de la deuda, la referencia de reducción del saldo estructural, el procedimiento de desviación significativa y la matriz de requisitos de ajuste fiscal.
  • El seguimiento anual por parte de la Comisión Europea será menos complicado. En lugar de proponer recomendaciones anuales de política fiscal, se centrará en el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los objetivos de gasto plurianuales.
Deuda y déficit públicos europeos con relación al PIB
Ojo al dato

Web de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

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Marco de Gobernanza económica y fiscal. Comisión Europea

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«Acertar con el modelo adecuado», por José Ramón Patterson

ALDEA GLOBAL

JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

“España, que preside este semestre el Consejo de la Unión, aspira a poner de acuerdo a los 27, pero no lo tiene fácil"

Acertar con el modelo adecuado

Cualquier organización que se precie exige a sus miembros que cumplan una serie de requisitos, más o menos severos en función de la implicación que se espera de ellos. Para ser miembro de la OTAN, por ejemplo, los países candidatos deben ser democracias con economías de mercado. A cambio, se comprometen a defender a los demás cuando son atacados. Por eso Ucrania no entrará en la Alianza hasta que acabe la guerra con Rusia, ya que pondría en un aprieto a los 31 socios actuales (32 cuando se incorpore Suecia).

Con la Unión Europea ocurre algo similar: los aspirantes deben reunir un cúmulo de condiciones y asumir obligaciones como son el contenido de los tratados, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los acuerdos y resoluciones que se adopten, etc. Es lo que en la jerga de Bruselas se llama acervo, plasmado en miles de páginas que deben seguir al dedillo a riesgo de que un inesperado traspié acabe en un correctivo, lo cual es poco habitual porque casi siempre basta la simple amenaza.

Son muchos los requisitos políticos, económicos y administrativos que debe cumplir un país para adherirse a la UE y el proceso es largo. “Es uno de los nuestros y lo queremos dentro”, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, días después de que las tropas rusas entrasen en Ucrania. Sus palabras, nada realistas, sólo fueron un pronunciamiento retórico para mostrar el apoyo de la Unión, ya que acelerar el proceso para acogerlo degradaría los rígidos criterios de ampliación.

La Unión Europea, o, mejor dicho, los Estados que la integran, deberían aprender de la equivocación que supuso la precipitada incorporación en bloque -en 2004 y 2007- de los países de la Europa Central y Oriental. Algunos, especialmente Hungría y Polonia, han demostrado que no comparten los valores de la Unión y que son un obstáculo permanente para el desarrollo de las políticas comunitarias. El error de la UE fue tratar de aprovechar la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS para reunificar el continente por la vía rápida.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la biblia fiscal de la UE, es uno de esos compromisos que se adquieren al entrar en ella. Su objetivo es evitar que los países gasten más allá de sus posibilidades, y para ello deben contener el déficit en el 3% del Producto Interior Bruto y la deuda por debajo del 60%. Si lo incumplen durante tres años seguidos son multados con el 0,5% del PIB, algo que nunca ha sucedido porque todo el mundo entiende que es incongruente sacudirle a un indigente los bolsillos cuando están vacíos.

En realidad, el PEC fue una imposición de los opulentos del norte a los menesterosos del sur, esto es, de los llamados frugales o halcones a los más pobres, entre ellos España, a los que consideran unos derrochones. “Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir ayuda”, advirtió el holandés Jeroen Dijsselbloem en 2017, meses antes de perder su trabajo como ministro de Finanzas y, de rebote, la presidencia del Eurogrupo. El caso es que tenía algo de razón, aunque la forma fuese inapropiada.

Lo que quiso decir Dijsselbloem -y expresó mal- es que los países cumplidores estaban un poco hartos de acudir al rescate de los recalcitrantes que malbarataban sus caudales y después acudían llorando a Bruselas. Grecia, sin ir más lejos. Entró en el euro en 2001 exhibiendo unas estadísticas hechas de aquella manera y después de un primer rescate tras las turbulencias de 2009 -que amenazaron con arrastrar a Irlanda, España, Italia y Portugal- seguía prejubilando a locutores de radio, peluqueros y músicos a los cincuenta y cinco años (ellas a los cincuenta) por ejercer “profesiones de riesgo”.

La principal crítica al PEC es que establece unas reglas rígidas cuya única intención es embridar a los débiles, mientras países como Francia, que ha superado el límite del déficit varias veces, se han escapado del ojo vigilante de Bruselas. “Francia es Francia”, aseguró cínicamente el entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. También hay coincidencia en que, en determinadas circunstancias, el Pacto es un corsé que no ayuda a reconducir la precaria situación económica de un país y, paradójicamente, la agrava.

La pandemia y la guerra de Ucrania han obligado a suspender temporalmente las reglas del PEC. La deuda y el déficit se han disparado y ahora toca retomar la senda del rigor. Todos están abiertos a reformularlas -ya lo estaban antes-, unos, como España y Francia, para hacerlas más flexibles; otros, los frugales virtuosos, con una posición más dura contra el despilfarro. España, que preside este semestre el Consejo de la Unión, aspira a poner de acuerdo a los 27, pero no lo tiene fácil.

La economía europea ya había perdido fuelle antes de la pandemia. Y estaba claro que las reglas no funcionaban: los recortes durante la Gran Recesión complicaron claramente la salida de la crisis. La cuestión es acertar con el punto exacto, de manera que la funesta austeridad no sea el modus operandi del nuevo régimen, pero tampoco se ponga en peligro la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, la Eurozona y la Unión en su conjunto. O sea, unas reglas sencillas y flexibles pero efectivas para lograr unos objetivos de déficit y deuda creíbles.

Una unión más estable e integrada

Contra el blanqueo de capitales: Perspectivas, fortalezas y retos

ÁMBITO EUROPEO

Contra el blanqueo de capitales:

Perspectivas, fortalezas y retos

El pasado viernes, los jardines de Cecilio Rodríguez acogieron las Jornadas Madrid ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo). Perspectivas, fortalezas y retos, en la que se dieron cita expertos y personalidades de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de debatir sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Organizadores de las jornadas.
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA
De izda. a dcha.: Pedro Galindo, José Luis Martínez-Almeida, Concepción Barrio del Olmo y Manuel Tarrío.

Este debate se celebró en pleno proceso de tramitación de un paquete de medidas para reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra ambos delitos y con la decisión pendiente de designar la ciudad europea que albergará la futura sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para la que se postula Madrid.

España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra ambas lacras, con altas calificaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, Madrid es hoy uno de los centros financieros más importantes de Europa, junto con Londres, París y Frankfurt.

Colaboración pública y privada.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, inauguró el encuentro; mientras que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lo clausuró. La vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el secretario del Consejo General del Notariado (CGN), Manuel Tarrío, también acudieron a esta cita.

Calviño señaló que «la colaboración pública y privada es esencial para evitar una lacra de este tipo. Europol estima que el 1% del PIB tiene que ver con operaciones sospechosas de blanqueo. En el contexto de la presidencia europea de España, aprobamos la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), de carácter transfronterizo. Es un paso muy importante y España apoya completamente este nuevo organismo. Se hará todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales”.

El primer panel de debate, Perspectivas de futuro sobre la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa, contó con la participación de Nicolas Véron, investigador senior de Bruegel and Peterson Institute for International Economics (moderador); François-Louis Michaud, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE); Eva María Poptcheva, relatora sobre blanqueo de capitales y lavado de activos del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de unidad de la Dirección General de Estabilidad y Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la UE; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

 

NADIA CALVIÑO: «EN LA PRESIDENCIA EUROPEA DE ESPAÑA APROBAREMOS LA CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (AMLA)»

 

Michaud destacó que «el impulso de los últimos años en la prevención del blanqueo llevado a cabo por los supervisores bancarios e institucionales, debe quedar reflejado en una autoridad potente, como AMLA». Delgado coincidió en que dicha autoridad «tendría un impacto enorme en el crecimiento del PIB y la confianza del sistema». Poptcheva hizo hincapié en la necesidad de «luchar contra el dinero sucio, incrementando la seguridad de los criptoactivos, o implementando sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por ejemplo». Fullin destacó «la influencia de España en el impulso de normas antiblanqueo en Latinoamérica, una Región donde no hay directivas como las comunitarias». Por último, Pruna señaló «el importante papel de notarios, abogados y agentes inmobiliarios en la prevención del lavado».

El marco preventivo español: fortalezas y desafíos fue el tema de la segunda mesa redonda. Moderada por Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tuvo como ponentes a Pedro Comín, director del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias); Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del CGN; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial.

El modelo notarial español.

Pedro Galindo subrayó «la potencia de Madrid como sede, al contar con una plena colaboración pública y privada en la lucha contra los delitos económicos. Algo que suele ser desconocido, debido a la necesaria discreción de los asuntos tratados». El responsable del OCP notarial puso de manifiesto el reconocimiento de organizaciones como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el GAFI al modelo desarrollado por el CGN: «Conocer, con una información consistente y prácticamente inmediata, quién está detrás de una sociedad mercantil demuestra la robustez del sistema».

 

MADRID ES HOY UNO DE LOS CENTROS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, JUNTO CON LONDRES, PARÍS Y FRANKFURT

 

El director del OCP apuntó cuatro retos principales de la colaboración de estos profesionales en la prevención del blanqueo: «Relaciones internacionales: en Europa, 22 países cuentan con modelo notarial, a los que se suman otros 77 en el mundo; podemos afirmar que el OCP ha sido un referente a seguir en multitud de estas jurisdicciones, desde Japón a Alemania. Reto normativo: la regulación precisa de un ajuste fino; entidades como notarios y registradores tienen unas especificidades que deben ser reguladas, como es el caso de la diligencia debida. Los criptoactivos: en las notarías estamos viendo el uso de monedas virtuales, lo que supone un riesgo, a pesar de contar con el nuevo reglamento MICA sobre estos mercados. Y, por último, la necesidad de estrechar el intercambio de información transnacional, algo que ya hemos hecho con otras Unidades de Inteligencia Financiera».

«Pero como se dice coloquialmente: ‘El malo siempre va por delante’. La evolución de las nuevas tecnologías plantea un auténtico reto y todos los actores tenemos un desafío, como en el caso de los análisis de riesgos. Hay que ser positivos. Europa ha dado un paso adelante con una potente normativa; pero debe haber estabilidad en la regulación. Los continuos cambios generan dificultades en una aplicación eficaz», concluyó Galindo.

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA: «ES MUY IMPORTANTE CORTAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y ESPAÑA HA DEMOSTRADO SER UN MODELO A SEGUIR»

 

Por lo que se refiere a los otros ponentes del panel, Comín señaló la coordinación existente en España, a nivel humano e institucional, «lo que genera colaboración y homogeneidad en las unidades adscritas». Asimismo, el responsable del Sepblac alertó sobre el reciente uso de la inteligencia artificial en las operaciones sospechosas que reciben en su entidad. Kindelán defendió la candidatura de la autoridad: «Nuestro marco legal y supervisores son fundamentales para estar a la vanguardia». Adán apuntó que «el sistema español de colaboración permite dotar de las mejores herramientas a la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». Por último, Pérez Pérez compartió con los asistentes sistemas utilizados por los terroristas como «el pitufeo o la red Hawala», además de un incremento exponencial de activos virtuales». Por todo ello, «la Policía Judicial nos tenemos que adaptar constantemente a las nuevas tecnologías».

Nadia Calviño en el acto inaugural.
Pedro Galindo en un momento de su intervención.

Unidad nacional

Este congreso fue organizado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Consejo General del Notariado (CGN) , el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Muebles de España y el Colegio Madrid Futuro; con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

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Madrid se postula como sede de la AMLA

En la clausura, José Luis Martínez-Almeida hizo hincapié en «la unión de las tres Administraciones -estatal, autonómica y municipal- y de todos los actores implicados en una jornada como esta. Es muy importante cortar las fuentes de financiación del terrorismo; y España ha demostrado, con su normativa, ser un modelo a seguir». El regidor avaló la candidatura de Madrid como sede de la AMLA (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo: «Somos uno de los grandes centros financieros y empresariales comunitarios. Nuestro proyecto es serio, un ejemplo de unidad y el mejor ecosistema en la lucha contra el blanqueo; reúne las mejores condiciones, ofrecemos experiencia y condiciones de calidad de vida y proyección hacia el futuro».

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Migración y asilo, hacia una respuesta europea

ÁMBITO EUROPEO

MIGRACIÓN Y ASILO

HACIA UNA RESPUESTA EUROPEA

Fiel a sus tradicionales valores de acogida y refugio, las autoridades comunitarias están empeñadas en acordar en los próximos meses un nuevo pacto en torno al asilo y la migración. Un encaje de bolillos que requerirá de grandes dosis de solidaridad y comprensión mutua hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, capaz de conjugar la salvaguarda de los derechos fundamentales con los intereses económicos y de seguridad de las distintas naciones que componen el mosaico europeo.
El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación.
FERNANDO GEIJO

El eterno dilema sobre la gestión de la inmigración y el asilo en Europa parece más próximo al acuerdo en el seno de la Unión Europea, a pesar de su inherente complejidad, mediante la posible finalización en los próximos meses de un proceso basado en el consenso. Para ello, los 27 Estados miembros están siendo conminados por las instituciones comunitarias para que este mismo año, tras los avances logrados en la reunión de ministros de Justicia e Interior celebrada los pasados 8 y 9 de junio, se pueda lograr el denominado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La legislación propuesta en la materia sustituirá a la anterior, aunque el llamado Reglamento de Dublín, que data de 2013 y establece que el solicitante de asilo sólo puede presentar su solicitud en el primer Estado miembro al que llega, permanecerá vigente, pero con cambios importantes en función de los lazos familiares o educativos que mantenga con un país en concreto. Este complicado proceso de aprobación se produciría, previsiblemente y tras los deseos expresados por el Presidente del Gobierno a finales de junio en la cumbre de Bruselas, en el marco de la presidencia española de turno europea, que lo ha fijado como uno de sus objetivos principales de actuación.

Sudoku de intereses.

El sistema se sustentaría en una serie de pilares indispensables para lograr su necesaria estabilidad futura y, por ende, duración. Entre ellos, destaca la obtención de un marco jurídico sólido, que aporte claridad en los requisitos y confianza mutua entre los distintos países; la apuesta preferente por la migración legal, de cara a atraer talento y cubrir las necesidades del mercado laboral intracomunitario; una estrategia común para tejer acuerdos de asociación y mutuo beneficio con los países emisores; la dotación de un presupuesto integral que cubra las políticas internas y externas y, finalmente, lo más importante, el compromiso firme de todos los gobiernos implicados.

 

EL ETERNO DILEMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO EN EUROPA PARECE MÁS PRÓXIMO AL ACUERDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Tras la petición formal desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para darle un nuevo impulso a esta iniciativa, los siguientes pasos serían la aprobación del nuevo mecanismo de solidaridad, incluyendo los procedimientos de control y fronterizo, para continuar con la aprobación del paquete legislativo. Si la Comisión Europea y la actual presidencia española de turno sacan adelante la propuesta, aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

El problema para alcanzar un acuerdo satisfactorio para una amalgama de 27 países con sus propias realidades e intereses reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes y de solicitantes de asilo. Y todo ello en un contexto en el que varios de esos Estados simplemente se niegan a participar en planes que impliquen la reubicación en su territorio de extranjeros extracomunitarios.

Esta aparente cuadratura del círculo se lograría con la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad efectiva. Para lograrlo, se prevé una terna de medidas para superar el sudoku del reparto equitativo de migrantes y de ciudadanos que solicitan acogida y asilo cada año en Europa.

Tres en uno.

La citada estructura permitiría ofrecer a los países un triple nivel de implicación de cara a aliviar a un Estado miembro en situación puntual de crisis, al estar sometido a una inusitada presión migratoria en determinadas épocas del año, como en verano o primavera, o por causas como el estallido de un conflicto bélico (Siria, Ucrania…).

Por un lado, los países podrían optar por aceptar un determinado número de solicitantes de asilo reubicados; pagar para sufragar el retorno de los solicitantes rechazados a sus países de origen o, en última instancia, financiar medidas operativas como centros de acogida o medios de transporte que ayuden a mantener la logística del sistema.

Este mecanismo de solidaridad se nutriría presupuestariamente en función del PIB y población de cada país, además de tener en cuenta el flujo de llegadas a territorio comunitario, y sería vinculante una vez alcanzados los correspondientes acuerdos jurídicos al respecto.

 

LA PIEDRA DE CLAVE PARA LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO MIGRATORIO PANEUROPEO SERÍA EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE UNOS Y OTROS

 

El término ‘vinculante’ se antoja clave a la hora de afrontar, con garantías, la distribución equitativa de los inmigrantes entre el conjunto de países de la Unión Europea. Conscientes de la tentación que supondría la solidaridad a la carta, los responsables de las negociaciones tendrán que lidiar con la sensibilidad de los países que se encuentran en la primera línea del perímetro de la frontera exterior de la Unión, a lo que se añade el enfoque de otros, como Dinamarca y Austria, que apuestan directamente por la imposición de medidas restrictivas a los flujos migratorios.

La piedra de clave para levantar el nuevo edificio migratorio paneuropeo sería, por tanto, el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, los países partidarios de una mayor reubicación (Alemania, Francia, Italia y Grecia) temen que otros se beneficien del diseño del nuevo sistema, al preferir pagar antes que acoger, mientras que los opositores al reparto de migrantes y solicitantes de asilo (Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia) consideran que el sistema les obligaría a contribuir financieramente al mantenimiento del mismo, quieran o no.

Acoger o pagar.

La última propuesta de la anterior presidencia sueca recalcaba este concepto de solidaridad a la carta, baja la tesitura de ‘acoger o pagar’. Una nueva vuelta de tuerca a un sistema de contribución, obligatoria pero flexible, que ya se ha intentado en otras ocasiones pero que nunca consiguió salir adelante.

Entre los escollos se encuentran países como Polonia y Hungría, que se oponen a todo, al negarse a acoger solicitantes de asilo, a contribuir a la cesta financiera y/o a aportar medios logísticos (uniformes, material de apoyo, helicópteros, drones, etc.), mientras que otros quieren negociar, a la baja, la aportación financiera que les tocaría, sin olvidar el caso de Italia, país central en este asunto que muestra serias dudas al respecto.

Ante este panorama, que no se descarta que pueda conducir al perpetuo bloqueo y acabe dejando la iniciativa en un limbo legal ante la falta de consenso, puede que se produzca el efecto contrario y que, finalmente, desemboque en una especie de efecto no deseado al aumentar el retorno y la repatriación de los ciudadanos no admisibles, tanto a sus países de origen como a terceros que hayan alcanzado acuerdos al respecto con la UE.

El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación, el control de los migrantes en la frontera y el establecimiento de los mecanismos de retorno. Sin embargo, también existe el riesgo cierto de que al final se fomente un enfoque en el que, frente a la acogida, se imponga la visión egocéntrica de la seguridad, lo que contribuiría a favorecer el concepto de Europa como una fortaleza inexpugnable.

Flecos del pacto

El borrador del nuevo reglamento maneja aún una serie de incógnitas como:

  • La revisión del plazo en que es responsable del caso el primer país que recibe a la persona en situación irregular.
  • La adopción de mayor dureza de las normas actuales en cuanto a devoluciones y repatriaciones en términos de agilización de plazos.
  • El establecimiento de una lista común de ‘países seguros’ de procedencia a la hora de analizar y, ocasionalmente, rechazar las solicitudes de asilo.
  • Perfilar el reglamento de gestión de crisis ante la llegada masiva, extraordinaria e inesperada de migrantes.

Estadísticas 2022

Migración irregular:

  • 330.000 cruces irregulares de las fronteras europeas, un 64% más que en 2021 y la cifra más alta desde 2016.
  • Las rutas más transitadas fueron los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Oriental, con un 136% y un 108% de aumento, respectivamente.
  • Se calcula que alrededor de 2.500 personas fallecieron intentando llegar a la UE.

Fuente: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Migración legal:

  • Alrededor de 3 millones de personas se establecieron legalmente en el bloque comunitario.
  • España, Alemania y Francia fueron los destinos preferidos.

Fuente: Eurostat.

Asilo:

  • 996.000 solicitudes recibidas en la UE, Noruega y Suiza, un 50% más que en 2021.
  • Principal procedencia de los ciudadanos: India, Burundi, Marruecos, Egipto, República Democrática del Congo, Perú, Moldavia, Yemen, Bielorrusia y Cuba.

Fuente: Agencia de Asilo de la UE (AAUE).
Nota: No se incluyen los 4 millones de refugiados ucranianos.

Devoluciones:

  • 500.000 salidas de extranjeros.
  • 25.000 devoluciones.

Fuente: Comisión Europea y Frontex.

OJO AL DATO

Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Comisión Europea. Bruselas, 23-09-2020.

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Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

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Consejo de la Unión Europea. Infografía sobre llegadas irregulares a la UE (2008-2023). Fuente Frontex y Ministerio del Interior de España.

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El problema reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes.