Una negociación larga y difícil

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La reforma de la jubilación flexible, o reversible, tiene por objetivo hacer más atractivo el hipotético regreso al mercado laboral para quienes ya se han retirado

Una negociación larga y difícil

MELCHOR DEL VALLE

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La Comisión Europea presentó en julio su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Se inició así el escabroso camino de negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo, que probablemente lleguen hasta finales de 2027. Con un volumen previsto de 1,98 billones de euros, este presupuesto se define por su reorientación estratégica. La UE busca simplificar sus instrumentos financieros, aumentar su flexibilidad y abordar los grandes retos de la seguridad y la soberanía; también de la competitividad.

Como cada siete años, la UE tiene que establecer sus presupuestos. En 2027 finaliza el actualmente vigente (2021-2027) y toca mirar a lo que haremos a partir de 2028 y hasta 2034. Los casi dos billones de euros de la propuesta presentada el pasado verano suponen el 1,26% de la renta nacional bruta (RNB) media de los Estados miembros, según explica la Comisión.

Principales asignaciones

Las partidas principales del presupuesto son cuatro: 865.000 millones de euros —casi la mitad del presupuesto— irían a los planes de colaboración nacionales y regionales; 409.000 millones de euros, al fondo europeo de competitividad o, dicho de otro modo, a hacer que Europa sea más competitiva en la economía mundial y, también, en sus capacidades de defensa; 49.000 millones de euros, a invertir en educación (Erasmus+) y a promover los valores democráticos (AgoraEU); y 200.000 millones de euros, para la llamada Europa Global o establecer asociaciones más sólidas con el resto del mundo.

 

LOS CASI DOS BILLONES DE EUROS DE LA PROPUESTA PRESENTADA EL PASADO VERANO SUPONEN EL 1,26% DE LA RENTA NACIONAL BRUTA MEDIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

 

Los analistas, y ahí tiene mucho que ver el informe Draghi (The future of European competitiveness de 2025), que se ha tenido en cuenta por parte de la Comisión, calculaban que esta plantearía un incremento del 2% respecto al MFP 2021-2027; pero, en la práctica, ese 1,26% sobre la RNB antes citado se quedaría en un 1,15%, porque a partir de 2028 habrá que destinar unos 28.000 millones anuales a devolver fondos asociados al programa NextGenerationEU. En otras palabras, el incremento real es insignificante.

Los más y los menos

En la comparación entre los presupuestos actuales, y teniendo en cuenta los ajustes durante el tiempo que llevamos de vigencia, y los de 2021-2027, el mayor incremento se da en el reembolso de los NextGenerationEU, que supondrán en torno al 990% más. Esto es lógico porque hasta ahora apenas se ha devuelto nada. Si dejamos esta partida al margen, es la asignación a competitividad la que más crece, con un 217,8%, seguida de lejos por las previstas para las redes transeuropeas (96,7%) y la migración y control de fronteras (88%). Solo hay una partida que pierde peso: la destinada a cohesión y política agraria desciende algo más de un 17,5%.

 

COMPETITIVA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EN SUS CAPACIDADES DE DEFENSA

 

Como era previsible, los actores del sector primario ya están haciendo oír sus quejas. En ámbitos agropecuarios, se calcula que la reducción prevista de los fondos para la Política Agrícola Común (PAC), que caería de los 386.000 millones actuales a algo menos de los 300.000 en el siguiente septenio, cifra a la que la Comisión añade la coletilla de “como mínimo”. Y aunque aún no se sabe si el importe final incluirá solo el Pilar I, los pagos directos a agricultores, o también el Pilar II, dedicado al desarrollo rural, sí se calcula que el recorte estaría en torno al 22%, según distintas organizaciones agrícolas. Por otro lado, Europêche, que agrupa a las principales organizaciones pesqueras de la UE, como la española Cepesca, denuncia que el MFP 2028-2034 limita la asignación a la pesca y advierte del riesgo de “una ‘doble absorción’ de los fondos pesqueros: por un lado, al integrarse en un instrumento más amplio, y por otro, al alinearse con los objetivos del Pacto Europeo del Océano”.

El gasto militar

Dentro de esa asignación al capítulo de competitividad, que hemos visto incrementarse por encima de las otras partidas en el MFP 2028-2034, se incluye el gasto en defensa, que es el que más dispara la “factura”. La propuesta plantea quintuplicar los fondos para defensa y aumentar la dotación del Fondo Europeo de Defensa (FED) de 8.000 millones de euros (MPF 2021-2027) hasta cerca de los 131.000 millones de euros. A nadie se le escapa que hay dos factores que pesan en la provisión: la guerra de Ucrania, que conlleva episodios de entrada de drones rusos en el espacio de la UE y mensajes de Putin tipo “si la UE quiere guerra, la tendrá (diciembre de 2025), y la amenaza constante del inquilino de la Casa Blanca de reducir su peso en la OTAN y debilitar, por tanto, las capacidades de defensa europeas.

 

SOLO HAY UNA PARTIDA QUE PIERDE PESO: LA DESTINADA A COHESIÓN Y POLÍTICA AGRARIA DESCIENDE ALGO MÁS DE UN 17,5%

 

Además, se intenta que la Unión Europea refuerce dicha capacidad mediante varios instrumentos financieros. El Mecanismo «Conectar Europa» jugará un papel central al apoyar la movilidad militar y la infraestructura civil con un presupuesto de casi 18.000 millones de euros, multiplicando por diez la financiación del actual MFP. Por su parte, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) mantendrá su función como vehículo extrapresupuestario para la financiación de operaciones que impliquen aspectos militares y de defensa. Finalmente, las reformas e inversiones contempladas en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales incluirán apoyo a la industria de defensa, la seguridad interior, la ciberseguridad y la gestión de fronteras y migración. Y quizás también la vuelta de la “mili” en varios de los Estados miembros.

La financiación

Visto en qué se pretende utilizar el dinero, interesa saber de dónde sale. A las aportaciones de los Estados según las respectivas rentas nacionales brutas, el IVA, los aranceles o el impuesto a los plásticos no reciclados, en el MPF 2028-2034 se han añadido cinco nuevos recursos propios que hacen descender el peso de las aportaciones por renta, pasando del casi 69% del vigente presupuesto a algo menos del 54% en la previsión presentada por la Comisión. En otras palabras, saldrá algo menos de los bolsillos de los ciudadanos… ¡que no fumen! Porque uno de los nuevos recursos es un impuesto especial sobre el tabaco, consistente en añadir un tipo al mínimo del impuesto especial específico de cada Estado miembro. Se espera que genere alrededor de 11.200 millones de euros anuales.

 

SE QUINTUPLICAN LOS FONDOS PARA DEFENSA Y AUMENTA LA DOTACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DEFENSA HASTA CERCA DE LOS 131.000 M€.

 

Los otros cuatro recursos propios incorporados son el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que aportará 9.600 millones; el mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, 1.400 millones; un recurso propio basado en residuos electrónicos no recogidos, 15.000 millones; y un recurso corporativo consistente en una contribución anual a tanto alzado de todas las empresas “incluidas en el ámbito de aplicación que operan y venden en la UE con una facturación anual superior a 100 millones de euros” (6.800 millones).

La negociación

Una vez presentada la propuesta por parte de la Comisión Europea, cosa que sucedió en julio de 2025, se entró en una fase de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por medio del Consejo, que debe finalizar necesariamente, como límite, a finales de 2027, para que el presupuesto aprobado entre en vigor el 1 de enero de 2028. “Una vez aprobado –dicen desde la Comisión–, el próximo presupuesto de la UE no solo financiará los objetivos de Europa, sino que reconfigurará la manera en que la Unión aporta valor a través de las fronteras y las generaciones”. La experiencia nos dice que el debate está siendo y será apasionado, porque los intereses políticos y económicos son dispares y porque los distintos presupuestos nacionales no están para muchas alegrías.

 

SALDRÁ ALGO MENOS DE LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS… ¡QUE NO FUMEN! PORQUE UNO DE LOS NUEVOS RECURSOS ES UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL TABACO.

 

Ya estamos viendo que frente a las posiciones que reclaman la extensión del modelo utilizado para los fondos NextGenerationEU, con deuda mancomunada y transferencias no reembolsables, otro conjunto de países muestra sus habituales reticencias, ahora reforzadas porque la factura de dichas emisiones absorberá un 8% del total del presupuesto comunitario (168.000 millones de euros). También hemos conocido la primera rectificación de Ursula von der Leyen. El plan presupuestario apostaba, inicialmente, por fusionar los fondos agrícolas y regionales en un solo bloque gestionado directamente por los gobiernos nacionales, cosa contra la que se reveló un gran sector del Parlamento (noviembre de 2025). La presidenta de la Comisión ofreció una serie de compromisos, entre los que cabe mencionar una cláusula que obligará a los Estados a destinar al menos un 10% de los fondos a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales, que se añadirá a ese capítulo de ,“como mínimo”, 300.000 millones asignados a la política agraria común.

Origen de los fondos MPF 2028-2034

Comparativa de las fuentes de financiación de los marcos financieros plurianuales actual (2021-2027) y previsto (2028-2034).

Fuente: Comisión Europea

Para saber más

El MFP 2028-2034: una propuesta que augura duros enfrentamientos políticos que no conducirán a resolver los problemas de la UE.

Judith Arnal. Apuntes FEDEA (octubre de 2025).

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The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe.

Comisión Europea (julio de 2025)

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EUROPE’S BUDGET Defence.

Comisión Europea (julio de 2025).

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The Draghi report on EU competitiveness.

Comisión Europea (2025).

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Invertir juntos para defender mejor a Europa, por Amparo Valcarce

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

AMPARO VALCARCE,

secretaria de Estado de Defensa

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Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida"

Invertir juntos para defender mejor a Europa

Europa atraviesa un punto de inflexión histórico. La guerra en Ucrania, el deterioro acelerado del entorno geopolítico y la constatación de dependencias estratégicas acumuladas durante décadas han obligado a la Unión Europea a replantearse con urgencia su modelo de seguridad. La defensa ha dejado de ser una cuestión secundaria o exclusivamente nacional para situarse en el centro del proyecto europeo. En este contexto se inscribe la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y, dentro de él, una apuesta clara: reforzar la capacidad de Europa para protegerse a sí misma.

La Comisión Europea ha propuesto incentivar el gasto destinado a defensa con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Europea de la Defensa. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor: de forma coordinada, eficiente y alineada con los intereses estratégicos comunes. Esa es la filosofía que inspira el instrumento SAFE (Security Action for Europe).

SAFE es un mecanismo financiero excepcional, creado en 2025, que pone a disposición de los Estados miembros hasta 150.000 millones de euros en préstamos en condiciones especialmente favorables. Su finalidad es clara: acelerar la preparación defensiva europea mediante inversiones urgentes y de gran escala, al tiempo que se refuerza la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea. En la práctica, SAFE permite a los países europeos adquirir capacidades críticas de defensa de manera conjunta, apoyándose en su propia industria y reduciendo dependencias externas.

Este enfoque responde a una lección aprendida con crudeza en los últimos años. Europa ha invertido durante demasiado tiempo de manera fragmentada, comprando de forma aislada y, en muchos casos, fuera del continente. El resultado ha sido una pérdida de economías de escala, problemas de interoperabilidad y una industria europea con dificultades para aumentar rápidamente su capacidad productiva cuando la situación lo exige. SAFE busca corregir estas debilidades fomentando las adquisiciones conjuntas, la planificación compartida y el fortalecimiento de cadenas de suministro europeas.

El instrumento prioriza capacidades esenciales: munición y misiles, defensa aérea y antimisil, sistemas terrestres y navales, drones y antidrones, ciberdefensa, guerra electrónica, movilidad militar o activos espaciales. Además, introduce un criterio estratégico fundamental: al menos el 65% del valor de los componentes debe proceder de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Ucrania. No se trata de proteccionismo, sino de resiliencia y autonomía estratégica.

Para España, SAFE representa una oportunidad estratégica de primer orden. Nuestro país cuenta con una industria de defensa sólida, tecnológicamente avanzada y plenamente integrada en los grandes programas europeos. Esa realidad se ve reforzada por el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa impulsado por el Gobierno de España, que comparte plenamente la filosofía europea de invertir mejor, de forma coordinada y con una clara orientación estratégica. Este Plan sitúa a la industria de defensa como un vector de soberanía, innovación y crecimiento económico, y actúa como un instrumento de alineamiento nacional con las prioridades europeas.

Desde la Secretaría de Estado de Defensa estamos trabajando intensamente para que España participe activamente en SAFE, no solo como beneficiario, sino también como país tractor de proyectos y capacidades compartidas, liderando adquisiciones conjuntas que refuercen tanto nuestras capacidades militares como la proyección internacional de nuestra industria. Esta visión combina responsabilidad estratégica, compromiso europeo y una apuesta decidida por el tejido industrial nacional, entendiendo la defensa como una política pública con efectos multiplicadores.

En este esfuerzo resulta esencial el trabajo de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID). Desde este órgano se está llevando a cabo una intensa labor de coordinación con las empresas del sector para identificar capacidades disponibles, proyectos maduros y soluciones que permitan a España presentarse ante sus socios europeos como un proveedor fiable, competitivo y tecnológicamente avanzado.

Gracias a este trabajo conjunto, España está en condiciones de liderar o participar en proyectos de alto valor estratégico. El desarrollo de los programas como la construcción de las fragatas F-110, los submarinos S-80 o la modernización de sistemas de mando y control o determinados vehículos tácticos son un claro ejemplo de ello. Se trata de capacidades maduras, con plazos de entrega compatibles con la urgencia actual y con un claro interés para otros países europeos y aliados. Además, SAFE introduce incentivos relevantes, como la exención del IVA en las operaciones financiadas por el instrumento, que refuerzan la competitividad de estos proyectos.

Un marco estable

Pero el impacto de SAFE va más allá de los grandes programas. Uno de sus efectos más positivos es la creación de un marco estable y previsible para la industria, que facilita inversiones, incrementa la capacidad productiva y activa un potente efecto tractor sobre el conjunto del ecosistema industrial, incorporando pymes, empresas tecnológicas, centros de investigación y capacidades de doble uso. La defensa, conviene recordarlo, no es solo seguridad: es también innovación, empleo cualificado, cohesión territorial y progreso tecnológico con aplicaciones civiles.

La seguridad y el bienestar no son conceptos opuestos. Sin seguridad no hay estabilidad económica, ni cohesión social, ni capacidad para sostener el modelo europeo de libertades y derechos.

Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida. SAFE encarna esa visión: cooperación frente a fragmentación, industria europea frente a dependencia, inversión estratégica frente a improvisación. Es un instrumento financiero, sí, pero sobre todo es una decisión política de gran calado.

Las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual serán complejas, como siempre ocurre cuando se trata de equilibrar intereses diversos. Pero hay algo que ya no admite demora: la necesidad de que Europa esté preparada. Invertir juntos para defender mejor a Europa es, hoy, una condición imprescindible para garantizar nuestro futuro común.

Una bofetada de realidad

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Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Acto inaugural del foro por la presidenta del Notariado.

Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

En septiembre tuvo lugar el seminario La importancia de detectar y reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, organizado por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) en el Colegio Notarial de Madrid.

REDACCIÓN

“España debería aumentar la transparencia en la transmisión de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. Esta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un informe en 2014, no se ha cumplido y es de gran importancia para la lucha contra el blanqueo de capitales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el seminario celebrado en Madrid sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. “Después de este informe del GAFI -continuó- la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas se incrementó en un 74% y es fácil deducir cuál es la finalidad de mantenerse en el anonimato en la transmisión de acciones que se realizan sin intervención notarial”.

Colaboración notarial

En sus palabras de bienvenida, Barrio Del Olmo señaló que “desde que se constituyó en 2005, nuestro Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales ha contestado de forma telemática 400.000 requerimientos de información de este tipo, erigiéndose como uno de los pilares en la lucha contra el blanqueo. Además, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban judicializándose”.

“Nuestro Índice Único Informatizado Notarial es la segunda mayor base de datos de España y en torno a ella se articula toda la colaboración del Notariado con las autoridades competentes en materia de prevención de lacras como el blanqueo o la financiación del terrorismo. Los datos de este índice provienen de los documentos notariales, por lo que son auténticos, completos y actualizados”, incidió.

La presidenta continuó explicando que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política. La BDTR nos permite determinar en tiempo real el porcentaje de propiedad de una persona física en una sociedad limitada”. “Esta base permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Notariado europeo

Tras la presidenta del Notariado español, intervino la presidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), Cosita Delvaux, de forma remota: “El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas reales que socavan la Justicia, la seguridad y la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema legal”. “Cada año, miles de millones de euros procedentes de actividades delictivas entran en la economía legítima, y este desafío es transfronterizo, complejo y está en constante evolución”. “Como notarios -continuó- estamos en primera línea, somos guardianes de la legalidad y la transparencia, ya sea en el ámbito inmobiliario, en la constitución de sociedades o en otras transacciones clave. Nos aseguramos de que se respete la Ley, detectando anomalías e informando cuando sea necesario. No es solo una obligación legal, es nuestro deber para con la sociedad”.

En la primera charla titulada La importancia de la comunicación de operaciones sospechosas en la lucha contra el BC/FT, el director de la UIF española (SEPBLAC), Pedro Comín explicó que “toda la información que recibimos de los notarios es de utilidad. Por ejemplo, si existe una investigación abierta enviamos esa información a las fuerzas de seguridad del Estado o a Hacienda. Si no, la guardamos en una base de inteligencia básica a través de la que realizamos análisis estratégicos”.

En la intervención sobre El rol de los notarios en la detección y comunicación de las operaciones sospechosas de BC/FT, el notario José Nieto, señaló que “cuando el notario percibe que hay relación entre el documento que se pretende autorizar y un posible riesgo, debe comunicarlo al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado. Después, con su asesoramiento, se observa si las circunstancias se acomodan a una posible comunicación al SEPBLAC”.

España como referencia

El notario alemán Maximilian Wosgien abordó el funcionamiento del sistema notarial alemán y explicó que “en Alemania no disponemos de una base de datos como la del Notariado español para la prevención del blanqueo. Deberíamos tenerla y está ahora en discusión con el Gobierno alemán. La idea es poder contener toda la información de las transacciones y toda la actividad que sea relevante en una base de datos que pueda ayudarnos en el análisis a detectar patrones comunes, para posteriormente informar a las autoridades pertinentes”.

El jefe de la Unidad de Análisis del SEPBLAC, Francisco Córcoles, aludió a la detección y análisis de operaciones sospechosas y aseguró que el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es sobre todo “la prevención; conseguir que disminuya el número de delitos”. “Los notarios colaboran en la minimización del impacto del crimen”, señaló.

En la última conferencia de la mañana intervino el comandante y jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Guardia Civil de España, Mario García, que abordó la financiación del terrorismo y los nuevos indicadores y tendencias como “el crowdfunding, los criptoactivos, o la Inteligencia Artificial, a la que los terroristas consultan nuevas formas de cometer delitos”.

Operaciones sospechosas

La primera intervención de la tarde corrió a cargo del jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, Mariano García Fresno que aludió a los indicadores de riesgo que llevan a los notarios a reportar operaciones sospechosas. “Nosotros creamos una batería de 28 indicadores de riesgo y lo que decimos a los notarios es que si al hacer una operación aparece uno de ellos deben extremar las precauciones”, señaló. “Los indicadores de riesgo pueden ser desde el uso de criptomonedas, hasta algún poder que es extraño, un territorio de riesgo, o si la persona que dirige la operación no está presente en la notaría, por ejemplo”. “Ese tipo de cosas las detectan los notarios, nos llegan y tras analizarlas las enviamos al SEPBLAC”, destacó. “En uno de los ejercicios anteriores, siete de los casos que comunicamos al SEPBLAC, en nombre de los notarios, respondieron a casos de financiación del terrorismo. Trabajamos para detectar a delincuentes de delitos graves”, finalizó.

En la segunda conferencia, intervino el responsable de PBC/FT de Anticipa, Aliseda Real Estate, Francisco Martín: “Nosotros, como parte del sector inmobiliario, tenemos muchísimas similitudes desde la perspectiva de análisis en materia preventiva con la labor que hacen los notarios, a través de su OCP, pero también desde cada una de las notarías de España».

COSITA DELVAUX:

“EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SON AMENAZAS REALES QUE SOCAVAN LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA DE NUESTROS CIUDADANOS EN EL SISTEMA LEGAL”

Los riesgos de los criptoactivos

En la clausura de la jornada el notario y presidente del Grupo de Trabajo AML de CNUE, Juan Kutz, abordó la intervención notarial en relación a los criptoactivos: «Los sistemas descentralizados son especialmente vulnerables a los riesgos de anonimato. Por su diseño, las direcciones de bitcoin no llevan nombres, ni ningún otro tipo de identificación del cliente, y no existe un organismo central de supervisión”. “Las fuerzas de seguridad no pueden dirigirse a una entidad central con fines de investigación o incautación de activos, por lo que los criptoactivos suponen un riesgo potencial», explicó. En sus palabras de clausura, Kutz recordó que «el grupo de trabajo específico en materia de prevención del blanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea se reúne periódicamente, produciéndose valiosos intercambios de experiencias y conocimientos».

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

“ESPAÑA DEBERÍA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA. ES FÁCIL DEDUCIR CUÁL ES LA FINALIDAD DE MANTENERLAS EN EL ANONIMATO SIN INTERVENCIÓN NOTARIAL”

¿Qué es el SEPBLAC?
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), creado en 1993, es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, siendo única en todo el territorio nacional. Es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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MAXIMILIAN WOSGIEN:

“EN ALEMANIA NO DISPONEMOS DE UNA BASE DE DATOS COMO LA DEL NOTARIADO ESPAÑOL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO. DEBERÍAMOS TENERLA Y ESTÁ AHORA EN DISCUSIÓN CON EL GOBIERNO”

Un momento de la intervención de la presidenta del Notariado, Concepción Barrio.

PEDRO COMÍN:

“LA INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS DE LOS NOTARIOS ES DE GRAN UTILIDAD. SI EXISTE UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA SE LA ENVIAMOS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD O A HACIENDA”

MARIANO GARCÍA FRESNO:

“EN UN EJERCICIO ANTERIOR, SIETE DE LOS CASOS QUE COMUNICAMOS AL SEPBLAC RESPONDIERON A FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”

“Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo”, por A. S.

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A.S.S.,
Inspector Jefe de la Policía Nacional

“Es conveniente recordar el estándar del GAFI que señala la importancia de know your client. La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación”

Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo de capitales

En fechas recientes Madrid acogió un seminario de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales para el Notariado organizado por el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE).

En este foro se trataron temas dispares que afectan a la seguridad pública y en los que los notarios, como parte del engranaje jurídico-financiero, desempeñan un papel muy relevante. Entre los extremos tratados se hizo referencia a los nuevos retos y amenazas emergentes a los que nuestra sociedad se enfrenta desde el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y radicalismos.

No es posible avanzar sin dibujar la estructura y sinergias entre el sector público y privado a las que, de manera permanente, el GAFI alude a través de sus 40 recomendaciones. Este concepto fue nítidamente definido en el Fórum de colaboración con el Sector Privado desarrollado en marzo de 2025 en Bombay (India): La colaboración entre ambos sectores es primordial para lograr, entre otros, el objetivo de la prevención, esto es, disminuir el número de delitos.

En este ecosistema preventivo conviven varias instituciones. Gracias a la estructura híbrida del SEPBLAC, que aporta la conjunción de distintas sensibilidades, el Servicio es capaz de combinar experiencia con un conocimiento específico de los fenómenos. Esta funcionalidad se implementa con la presencia de las unidades adscritas de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria que aportan la capacidad analítica propia de sus especialidades. Los agentes de la Policía Nacional provienen del ámbito táctico operativo, de ahí ese conocimiento de los fenómenos, que se actualiza con formación periódica sobre los radicalismos y tipologías terroristas conocidas, como sobre las nuevas amenazas y tendencias (criptoactivos, crowdfunding, gaming, o Inteligencia Artificial). Esta simbiosis entre la experiencia policial, el espíritu investigador y el conocimiento de los fenómenos, junto con la materia financiera, favorecen que el analista sea capaz de transformar la información en inteligencia útil y operativa en la prevención, facilitando así la reacción ante el blanqueo de capitales, el terrorismo y su financiación.

El SEPBLAC, incluido el equipo de enlace de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, desarrolla una labor transversal e impulsora desde las obligaciones de cumplimiento de los sujetos obligados en materia de prevención. El hecho de que un notario comunique una operativa es considerado como una alerta temprana que forma parte de la base de la estructura piramidal de la investigación. Las comunicaciones realizadas por el Consejo General del Notariado (CGN) conllevan un complejo aporte documental, perfectamente estratificado y simplificado, permitiendo a los analistas del SEPBLAC enfrentarse al mismo con una comprensión inmediata de la operativa. En definitiva, toda la información que se recibe es de utilidad y es tratada para enriquecer futuros análisis tácticos o estratégicos, generando inteligencia financiera propia del Servicio, para incorporarla posteriormente, si procede, al cauce policial y/o judicial. 

Para que una comunicación de información sea útil debe reunir una serie de características, siendo una de ellas la oportunidad, es decir, la actualidad temporal. Esta celeridad comienza con los propios sujetos obligados al reportar las actividades sospechosas. Continúa con el SEPBLAC, que a través del Plan de Transformación Digital persigue mejorar sus esquemas de trabajo. Todo ello permitirá un tratamiento de la información aún más eficiente; implementando mayor dinamismo en las comunicaciones; aportando una elevada inmediatez a su difusión, dotando al sistema preventivo de una eficacia superior.

Recientemente el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en UE 2025 (TE-SAT) de Europol señalaba que el terrorismo y los extremismos violentos siguen siendo una grave amenaza para UE. Si bien, al inicio de este siglo, la principal preocupación a nivel de seguridad provenía del terrorismo yihadista, hoy en día ha mutado hacia amenazas diferentes y transversales, presentes en nuestra sociedad y que le afectan en sus distintos estratos. Han aparecido y se han asentado un sinfín de radicalismos con vocación violenta que en ocasiones se instrumentalizan o solapan con el terrorismo o el crimen organizado, así como otras amenazas híbridas con origen en Estados hostiles.

En este contexto, no se puede obviar el papel del notario con respecto a los intervinientes en las operativas y la capacidad de este para observar la evolución, el trato, las formas, … del cliente que acude a su despacho. En este sentido es conveniente recordar el estándar número 10 de GAFI, relacionado con la debida diligencia de conocimiento del cliente, y en el que se señala la importancia del “KYC” (know your client). La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación, no solo por parte del notario, sino también por el propio personal de su despacho. Este reto y responsabilidad a la que se enfrentan las notarías requiere de una formación específica en las fenomenologías emergentes, en las amenazas, riesgos y tipologías genéricas y particulares del momento actual.  No en vano la CGI de Policía Nacional, ha organizado dos congresos (2024 y 2025) relacionados con la formación y colaboración público-privada.

Si bien se ha señalado la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de la inmediatez en las comunicaciones y la transcendencia de la formación, no se puede olvidar, para finalizar estas líneas, que todo esto es posible gracias a la plataforma que supone el SEPBLAC para las FFCCS y concretamente para la Policía Nacional, que enlazan el entorno de la inteligencia financiera con la prevención y la investigación del terrorismo y los radicalismos violentos.

Bruselas flexibiliza las reglas

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BRUSELAS FLEXIBILIZA LAS REGLAS

Los fondos han permitido aplicar importantes reformas en los sistemas judiciales y de pensiones, los mercados laborales y la contratación pública.

Cuando apenas queda un año para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y con más de 335.000 millones de euros aún disponibles, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros agilizar sus planes para concluir con éxito este ambicioso programa. Para lograrlo, propone a los Estados simplificar sus planes y explorar alternativas para las cantidades pendientes. España es el país que más fondos no reembolsables ha recibido pero todavía no ha dispuesto de la mayoría de los préstamos asignados.
ELVIRA ARROYO

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), piedra angular de Next Generation EU, ha entrado en su recta final con la mitad de sus fondos sin desembolsar. Nacido como una respuesta excepcional a los daños causados por la pandemia del coronavirus, el MRR está dotado con más de 650.000 millones de euros que los Estados miembros pueden recibir en forma de subvenciones y préstamos para financiar reformas e inversiones estructurales.

 

LOS PAÍSES PODRÁN USAR EL FONDO DE RECUPERACIÓN PARA APOYAR PROGRAMAS DE LA UE PARA COMUNICACIONES POR SATÉLITE O DEFENSA

 

Ahora el tiempo apremia porque los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir los hitos y objetivos de sus planes nacionales, y todavía faltan 335.000 millones (154.000 millones en subvenciones y 180.000 millones en préstamos). La implementación se ha visto dificultada por la guerra en Ucrania y la inflación, entre otras razones. También ha influido la carga administrativa y la falta de capacidad en algunos Estados.

La Comisión Europea hace un balance positivo de lo efectuado hasta el momento y destaca que, gracias a las inversiones apoyadas por el MRR, se han podido aplicar en la Unión Europea (UE) importantes reformas en los sistemas judiciales y de pensiones, los mercados laborales y la contratación pública. También se han hecho avances significativos para dotar a la UE de un suministro energético más limpio, mejores servicios e infraestructuras públicas, y empresas más digitalizadas. Aun así, queda mucho por hacer para que el fondo de recuperación despliegue todo su potencial y se complete la entrega de los recursos comprometidos.

 

PARA LOS PROYECTOS QUE NO PUEDAN COMPLETARSE A TIEMPO, LAS AUTORIDADES EUROPEAS HAN ABIERTO LA PUERTA A DIVIDIR LAS ACTUACIONES EN TRAMOS

 

Allanar el camino. Los países que no consigan cumplir los plazos establecidos se arriesgan a perder parte del apoyo financiero que les corresponde. Para que esto no suceda, la Comisión Europea ha optado por flexibilizar sus criterios, pero a la vez advierte que los Estados miembros deben esforzarse con este reto.

Como primer paso, las autoridades europeas recomiendan a los países revisar sus respectivos planes de recuperación para incluir en ellos únicamente medidas que puedan lograrse antes del 31 de agosto de 2026. En concreto, les sugieren ampliar las acciones que estén funcionando bien y reducir o eliminar los proyectos sobredimensionados, especialmente cuando los costes estimados superen la asignación prevista. En estos casos, se podrá suprimir parcialmente una medida sin necesidad de reemplazo, siempre que no afecte al total del importe no reembolsable.

Para los proyectos que no puedan completarse a tiempo, se abre la puerta a dividir las actuaciones en tramos, financiando con el fondo de recuperación solo las partes que puedan concluirse antes de la fecha límite, y completando el resto con fondos nacionales u otros programas europeos.

Además, los Estados miembros podrán transferir al programa InvestEU hasta el 4% de su asignación total del MRR y un 6% adicional para medidas que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

También se contemplan inyecciones de capital en Bancos Nacionales de Promoción e Instituciones (BNIPs por sus siglas en inglés) con el fin de fortalecer el papel de estas entidades en sectores como la transición energética, la vivienda asequible o la innovación industrial.

Asimismo, en línea con el giro estratégico de la UE hacia una mayor autonomía en defensa, los fondos del MRR podrán utilizarse para financiar aportaciones al futuro Programa Europeo de Industria de Defensa (EDIP).

Finalmente, los países podrán destinar su asignación a programas europeos para impulsar las comunicaciones por satélite, como el Programa Espacial y el Programa de Conectividad Segura, cuyo objetivo es potenciar la autonomía estratégica de la UE, su independencia tecnológica, y contribuir a la seguridad y defensa.

Situación de España. España tiene adjudicados 163.000 millones de euros del MRR, de los que casi 83.160 millones corresponden a transferencias no reembolsables y el resto a créditos.

En junio de 2025, la Comisión Europea aprobó el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, por importe de 22.926 millones de euros netos (6.991 millones para subvenciones y 15.935 millones para préstamos).

A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud de pagos.

 

ESPAÑA HA DISPUESTO DE UN 43% DEL TOTAL
DE FONDOS QUE TIENE ASIGNADOS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

 

Firmeza. Bruselas ha manifestado su voluntad de colaborar con los Estados miembros para cerrar satisfactoriamente el MRR, pero les pide organizarse con antelación y garantizar la solidez de las pruebas presentadas para evitar retrasos durante la evaluación. En este aspecto, la posición de la Comisión Europea es clara: solo se adoptarán decisiones de pago dentro del plazo si se presentan solicitudes completas. La falta de pruebas que demuestren el cumplimiento de todos los requisitos de hitos y objetivos supondrá la pérdida de los fondos. Por ello, aconseja a los países compartir las pruebas de manera informal con los servicios de la Comisión tan pronto estén preparadas, incluso antes de la presentación formal de las solicitudes de pago.

Plazos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
  • 31 de agosto de 2026. Límite para que los Estados europeos completen sus hitos y objetivos. A partir de esta fecha, no se aplicarán enmiendas a sus planes de recuperación y resiliencia.
  • 30 de septiembre de 2026. Fecha tope para presentar solicitudes de pago.
  • 31 de diciembre de 2026. La Comisión deberá efectuar los pagos finales antes de esta fecha.
¿Qué pueden hacer los Estados para no perder las ayudas europeas?
  • Modificar o eliminar medidas que no puedan ejecutarse antes del 31 de agosto de 2026.
  • Trasladar recursos a otros instrumentos.
  • Reasignar préstamos no utilizados a los fondos no reembolsables.
  • Dividir proyectos complejos y continuar su desarrollo con financiación nacional o europea posterior a 2026.
  • Avanzar solicitudes de pago de medidas ya ejecutadas, aunque no estuvieran previstas para 2026.
  • Contar con recursos administrativos adecuados para procesar la última avalancha de pagos.
Lo fondos europeos están dotados con más de 650.000 millones de euros que los Estados miembros pueden recibir en forma de subvenciones y préstamos.
Europa opina.

“Desde el principio, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se concibió como un instrumento temporal con fecha de finalización en 2026. Ahora que ese final está a la vista, la Comisión está preparada para colaborar con los Estados miembros a fin de garantizar un cierre fluido y exitoso del instrumento”. Comunicación NextGenerationEU: El camino hacia 2026. Comisión Europea. 4 de junio de 2025.

 “Si no actuamos ahora, inversiones cruciales corren el riesgo de quedar inconclusas tras la finalización del Mecanismo en agosto de 2026. Necesitamos acelerar la ejecución, reducir la burocracia y ayudar a los beneficiarios”. Victor Negrescu (S&D). Eurodiputado y coponente en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2025.

Colaboración notarial con Red.es

Red.es y el Consejo General del Notariado han formalizado varios convenios de coloración relacionados con el programa Kit Digital, con el fin de mejorar la eficiencia y seguridad en la tramitación de ayudas a medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Este programa está impulsado por el Gobierno de España y dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Esta colaboración se centra en la automatización de procesos de verificación, optimizando la comprobación de la representación de beneficiarios, representantes voluntarios y la titularidad real de las entidades solicitantes. El Consejo General del Notariado proporciona acceso a su Índice Único Informatizado Notarial, que permite verificar de manera automatizada la representación legal de los beneficiarios y representantes voluntarios. Además, facilita información clave (titularidad real) para prevenir fraude y garantizar la transparencia en la concesión de ayudas. Estas verificaciones han permitido agilizar la tramitación de ayudas y mejorar la detección de posibles irregularidades, reduciendo significativamente la necesidad de documentación adicional y mejorando la eficiencia en la gestión del programa. La automatización de estas comprobaciones ha supuesto importantes beneficios en términos de eficiencia administrativa, reducción de tiempos de tramitación, ahorro en costes administrativos y mayor seguridad y control.

“Los Fondos Next GenerationEU», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

“Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito"

Los Fondos Next GenerationEU

La implantación de los fondos Next GenerationEU encara ya su recta final. Nacieron de la pandemia en 2020 con una duración limitada: en agosto de 2026 todos los hitos y objetivos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del que se ejecutan, tendrán que haber sido cumplidos para que España pueda recibir los correspondientes fondos.

El 8 de agosto pasado se desembolsó el quinto pago por una cuantía total de 23.000 millones de euros. A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan, esto es, el 44%, tras cinco solicitudes de pago. El PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% del PIB de España). Estas cifras nos muestran que, en este momento, queda todavía trabajo por hacer en el año escaso que resta.

Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito, pero quedan desafíos por abordar. El ritmo de implementación, ejecución y desembolsos se ha visto ralentizado en el último año debido a la alta carga administrativa. Además, la evaluación de la consecución de los hitos y objetivos es compleja debido a su alto grado de detalle. Es por ello por lo que la evaluación de la quinta solicitud de pago ha sido larga (el pago se solicitó el 20 de diciembre de 2024 y se desembolsó el 8 de agosto de 2025) y ha necesitado de varias revisiones del plan.

Estos desafíos son comunes a los planes de todos los Estados miembros y por ello el pasado 4 de junio la Comisión Europea publicó una comunicación que busca simplificar los planes, de una forma integral y sistemática, antes de que termine el año 2025. Esta simplificación ayudará a agilizar la labor de los Estados miembros (la consecución de los hitos y objetivos) y de la Comisión Europea (la evaluación de las solicitudes de pago), para así asegurar los desembolsos pendientes en este último año. Entre las opciones que esta comunicación presenta para simplificar los planes, se encuentra extender aquellas medidas que han sido exitosas hasta el momento, reducir el tamaño de los préstamos en caso de que la demanda fuera más baja de lo esperado, o separar aquellas partes de proyectos que no puedan completarse antes de agosto de 2026 para que sean financiadas por otros mecanismos de financiación nacionales o europeos. La comunicación propone, también, revisar la literalidad de los hitos y objetivos para centrarse únicamente en los elementos esenciales y así facilitar su implementación.

El mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido pionero en la forma de implementar fondos europeos, y ha supuesto un éxito sin precedentes al facilitar reformas estructurales que la Comisión Europea llevaba años requiriendo en el marco del Semestre Europeo y al ejecutar inversiones con un alto impacto en la competitividad y desempeño del tejido industrial español. Además, como los planes han sido elaborados con la estrecha participación de los Estados Miembros, se han tenido en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, y cada país ha tenido un alto grado de sentido de propiedad de su propio plan.

Por ello, teniendo en cuenta las ventajas del modelo basado en resultados del mecanismo de recuperación, el pasado 16 de julio la Comisión Europea propuso mantener esa metodología de cara al próximo presupuesto de la UE (el llamado Marco Financiero Plurianual (años 2028-2034)), que ahora debe ser discutido y acordado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En su propuesta, la Comisión Europea incluye planes nacionales y regionales de asociación que agruparían gran parte de los fondos europeos existentes. Al igual que los planes del marco de recuperación y resiliencia, los planes nacionales de asociación se basarían en las prioridades europeas, adaptándose a las necesidades específicas de los Estados miembros y de las regiones, y los fondos se desembolsarán de acuerdo al cumplimiento de hitos y objetivos. El nuevo sistema ofrecería flexibilidad a los Estados miembros para incluir capítulos nacionales, sectoriales y, cuando corresponda, regionales y territoriales, como en la normativa vigente, en función de las estructuras y tradiciones constitucionales de cada Estado miembro. Proporcionarían apoyo específico en todas las políticas de la UE para atender necesidades urgentes, como los desafíos que enfrentan las regiones fronterizas orientales más afectadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, o la prevención y mitigación de desastres naturales. En general, los planes nacionales de asociación serían menos prescriptivos en cuanto a cómo alcanzar los objetivos comunes, pero más exigentes en cuanto a qué lograr, garantizando el pleno respeto del principio de subsidiariedad.

Como conclusión, el último año del mecanismo de recuperación y resiliencia será clave para el éxito del instrumento. Aún queda mucho por hacer, y el esfuerzo común de todas las administraciones, empresas y ciudadanos es fundamental para que las inversiones y reformas del PRTR lleguen a buen puerto. Esto es así, no sólo porque la economía española tiene mucho de lo que beneficiarse aún, sino porque es el reflejo de un nuevo modelo de financiación europea que tiene el potencial de traspasar el ámbito limitado del mecanismo de recuperación y resiliencia para alimentar el marco del presupuesto de la Unión. Está en el interés de todos, ciudadanos, empresas e instituciones nacionales y europeas, aprovechar al máximo esta oportunidad.

Los Next Generation: una oportunidad de oro

Un mercado digital europeo más justo y competitivo

ÁMBITO EUROPEO

UN MERCADO DIGITAL EUROPEO MÁS JUSTO Y COMPETITIVO

La Comisión Europea ha multado con 500 millones de euros a Apple y con 200 millones de euros a Meta por incumplir la Ley de Mercados Digitales. Esta norma, junto con la Ley de Servicios Digita-les, promueven un espacio digital más seguro y competitivo.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Se trata de las primeras multas que aplica Bruselas desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en 2024. A partir de ahora, los desarrolladores de las aplicaciones Apple deben informar a sus usuarios de opciones de compra más baratas fuera de su AppStore. En el caso de Meta, debe retirar la obligación que tienen los usuarios de elegir entre consentir el rastreo de datos o pagar por no tener publicidad en Facebook e Instagram. Meta y Apple son dos de los guardianes de acceso designados en su día por la Comisión Europea junto a Alphabet, Amazon, ByteDance y Microsoft.

 

LOS DESARROLLADORES DE LAS APLICACIONES APPLE DEBEN INFORMAR A SUS USUARIOS DE OPCIONES DE COMPRA MÁS BARATAS FUERA DE SU APPSTORE

 

Seguridad y competencia.

Para ser guardianes de acceso, las plataformas tecnológicas deben ofrecer servicios de intermediación online como tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios informáticos en la nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

Junto a la propuesta de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión propuso la Ley de Mercados Digitales en diciembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de las grandes tecnológicas que actúan como guardianes digitales del mercado único de la UE. La normativa «constituye un conjunto único de normas que se aplican en toda la UE con la finalidad de crear un espacio digital más seguro en el que estén protegidos los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativa entre las empresas», explica la Comisión Europea. Se busca, así, poner fin a las «prácticas desleales de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas digitales». La DMA fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2022.

Para lograr un correcto cumplimiento de la legislación, la UE cuenta «con una sólida estructura de supervisión, en la que la Comisión Europea es la única instancia responsable del cumplimiento de las normas, en estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros de la UE».

La Comisión puede también imponer sanciones y multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de una empresa y hasta del 20% en caso de reincidencia. «En caso de infracciones sistemáticas, podrá imponer las medidas correctoras estructurales o de comportamiento necesarias para garantizar la eficacia de las obligaciones, incluida la prohibición de nuevas adquisiciones».

La DMA también otorga a la Comisión la facultad de llevar a cabo «investigaciones de mercado que garanticen que las obligaciones establecidas en el reglamento se mantengan realmente actualizadas».

 

META DEBE RETIRAR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE ELEGIR ENTRE CONSENTIR EL RASTREO DE DATOS O PAGAR POR NO TENER PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

 

Transparencia

La DMA supone un paso importante para mejorar el mercado digital en constante evolución, asegura la CE. Entre los beneficios de la norma, destaca que «las empresas usuarias que dependen de los guardianes de acceso para ofrecer sus servicios en el mercado único tengan un entorno empresarial más justo». Además, «los innovadores y las empresas tecnológicas emergentes disponen de nuevas oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones abusivas que limiten su desarrollo».

Para apoyar la aplicación de las normas con conocimientos técnicos y científicos de alto nivel, el Centro Común de Investigación (CCI) creó en 2023 el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica (CETA), una herramienta clave para la regulación digital de la Comisión. El CETA ayuda a la Comisión a evaluar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que sirven de base a los servicios digitales se ajusta a las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas en línea. «Lo que pretendemos es comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos. Estos sistemas pueden tomar decisiones autónomas sobre los contenidos y los resultados de búsqueda que han de visualizarse. Queremos asegurarnos de que este proceso de toma de decisiones sea transparente, de modo que los ciudadanos puedan comprender porque se les ofrecen determinados contenidos o productos», explicó Carlos Torrecilla Salinas, jefe de la Unidad de Economía Digital del CCI durante la presentación del centro.

Defensa de los usuarios.

Los usuarios profesionales establecidos en la UE que dependen de los servicios ofrecidos por los seis guardianes de acceso para llegar a sus clientes disfrutan, gracias a la legislación, de nuevas oportunidades. Podrán «beneficiarse de un trato justo y de unas condicio-nes de competencia equitativas cuando compitan con los servicios de los guardianes de acceso en sus plataformas», explica la Comisión Europea. También podrán «solicitar la interoperabilidad con los servicios de los guardianes de acceso para ofrecer nuevos servicios innovadores», y «vender sus aplicaciones a través de canales alternativos distintos de las tiendas de aplicaciones de éstos». Estas empresas tienen acceso, con la entrada en vigor de la norma, «a los datos generados por sus actividades en las plataformas de los guardianes de acceso, promover ofertas y realizar con-tratos con clientes fuera de las plataformas» de las seis grandes.
Los usuarios directos, por su parte, «podrán elegir entre más y mejores servicios, tendrán más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutarán de un acceso directo a los ser-vicios, por los que pagarán precios más justos».
Los guardianes de acceso, añade la Comisión Europea, «conservarán todas sus oportunidades de innovar y ofrecer nuevos servicios. La única diferencia es que no se les permitirá someter a prácti-cas desleales, para obtener ventajas indebidas, a las empresas y clientes usuarios que dependen de ellos».

Mercado único digital.
«Se ha concebido para eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros que ha dado lugar al mercado interior, que promueve la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales», informa la CE. Para impulsar el mercado único digital, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la Ley de Servicios Digitales el 20 de octubre de 2020 y, posteriormente, la Ley de Mercados Digitales para «reforzar el mercado interior, garantizar la igualdad de trato de las actividades dentro y fuera de internet, mantener la transparencia, respetar los derechos e incluir a las entidades de terceros países que afecten a los consumidores de la Unión».
Europa opina.
«El nuevo conjunto de normas hará que los mercados digitales sean más abiertos para que las pequeñas empresas innovadoras tengan también una oportunidad equitativa de ha-cerlo. Como consumidores, tendremos opciones más asequibles. Esto cambiará profundamente la forma en que funcionan los mercados digitales y abrirá este mercado en beneficio de todos los agentes económicos y usuarios europeos», afirma Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia. Para Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, la norma «cambiará profundamen-te el panorama digital. La Unión Europea adopta con ella un planteamiento proactivo para garantizar unos mercados digitales equitativos, transparentes y competitivos. Un pequeño número de gran-des empresas tiene en sus manos un poder de mercado considerable. Los guardianes de acceso que disfruten de una posición afianzada en los mercados digitales tendrán que demostrar que compiten de forma equitativa». «El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores empresas y no sólo a las más grandes. Por eso tenemos que centrarnos en la aplicación de la legislación. Necesitamos una supervisión adecuada para asegurarnos que el diálogo regulador funciona», opina Andreas Schwab, eurodiputado alemán del PPE encargado de la Ley de Mercados Digitales en el Parlamen-to Europeo. Por su parte, Christel Schaldemose, eurodiputado danés del grupo S&D, encargado de la Ley de Servicios Digitales en el Parlamento, considera que «durante demasiado tiempo los gigan-tes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas. Ahora se reforzarán las normas y los derechos».

“De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?», por Esther Paniagua

ÁMBITO EUROPEO

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

“La UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste"

De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Monika Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

«Bueno para China, bueno para Europa»

¿Sigue defendiendo Europa la transición verde?

ÁMBITO EUROPEO

¿SIGUE DEFENDIENDO EUROPA

LA TRANSICIÓN VERDE?

La Comisión Europea ha creado dudas e inquietud entre los expertos sobre su compromiso con la transición verde después lanzar unos grandes paquetes de reformas legales llamados Ómnibus 1 y Ómnibus 2, que aspiran a reducir los requisitos que tienen que cumplir las empresas en áreas como la sostenibilidad o la diligencia debida.
GONZALO TOCA

La Comisión Europea ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha hablado alto y claro. Según su propia versión, se propone “llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, logrando una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y de al menos un 35% para las pymes antes de que finalice el mandato”. Hablamos, reconoce Bruselas, de “una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la Unión Europea”.

 

LA COMISIÓN EUROPEA SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESFUERZO DE SIMPLIFICACIÓN SIN PRECEDENTES, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 25% DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

 

Equilibro adecuado. Ahora, algunas de las regulaciones sucesivas que impulsaron las autoridades comunitarias en los últimos tres años se consideran unas “normas solapadas, superfluas o desproporcionadas que están creando una carga innecesaria para las empresas”. Y el motivo es que no contribuyen, según la Comisión, a un “equilibrio adecuado” entre las recientes exigencias en transparencia y sostenibilidad y las necesidades empresariales de “crecer, crear puestos de trabajo de calidad, atraer inversiones, obtener los fondos necesarios para la transición hacia una economía más sostenible y ayudar a la UE a cumplir los ambiciosos objetivos del Pacto Verde”.

Para los expertos consultados, el notable abanico de reformas incluidas en los paquetes legislativos Ómnibus 1 y Ómnibus 2 de la Comisión afectan, principalmente, a dos grandes normas: la Directiva CSRD (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, estrechamente relacionada con el reporte de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas; y la Directiva CS3D (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, que se ocupa de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que, si los cambios legislativos propuestos llegan a buen puerto, “entonces solo van a tener que presentar informes de sostenibilidad las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual que supere los 50 millones de euros”. Además, sigue, “incluso para esas grandes empresas, que no representan ni al 30% del total de las compañías, se retrasan dos años los requisitos de presentación de informes y se flexibilizan los estándares sectoriales obligatorios”.

Para Izabel Rigo, subdirectora del área de Derecho Público y Coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de la Rioja, el segundo aspecto más destacable de la reforma que intenta la Comisión Europea impacta de lleno en la “diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad”.

 

EL AVANCE HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE VE AHORA MATIZADO Y COMPENSADO POR LAS NECESIDADES DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

Investigar e informar. La diligencia debida obligaba a los negocios a investigar e informar sobre el cumplimiento o quebranto de las normas sobre riesgos ambientales y sociales de sus principales socios comerciales. Estos riesgos incluían un amplio espectro que iba desde el quebranto de leyes medioambientales al abuso de derechos humanos o laborales.

Izabel Rigo considera que la Comisión intenta ahora que las empresas solo investiguen e informen sobre “sus socios comerciales directos”, que no son otros que los del “primer nivel de la cadena de valor”. De este modo, sigue la experta, “no se tiene en cuenta que los mayores abusos —como violaciones de derechos humanos, explotación laboral o daños ambientales— suelen ocurrir precisamente en los niveles más bajos [y alejados] de la cadena… y en ámbitos como la extracción de materias primas o la subcontratación de mano de obra”.

Para Antoni Pigrau, Bruselas “ha vuelto a demostrar un cambio de sensibilidad que ya se estaba viendo venir en los últimos meses en cuestiones como el reglamento de deforestación o en el reporte del trabajo forzoso”. Y el principal motivo, sigue, “ha sido la presión que han ejercido las grandes corporaciones en Bruselas”, que han conseguido que el avance hacia la transición ecológica se vea ahora matizado y compensado por las necesidades de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

Por su parte, Izabel Rigo, confirma que “este giro no ocurre en el vacío”, porque “en febrero de 2024, 73 líderes de grandes sectores industriales —como la energía, la automoción o la minería— entregaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En ella pedían regulaciones más flexibles y menos burocracia, alegando que las normas actuales estaban lastrando la competitividad europea”.

A esto se suma, sigue la experta, “el Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por el ex presidente del BCE, Mario Draghi. El informe, solicitado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, propone una nueva estrategia para impulsar la economía de la UE y una de sus claves es simplificar y armonizar la regulación para facilitar el crecimiento empresarial y eliminar obstáculos dentro del mercado único”.

 

73 LÍDERES DE GRANDES SECTORES PIDIERON
REGULACIONES MÁS FLEXIBLES Y MENOS BUROCRACIA, ALEGANDO QUE LAS NORMAS ESTABAN LASTRANDO LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

 

Pragmatismo. A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos como Antoni Pigrau o Izabel Rigo, la línea oficial de la Comisión es que “en Europa, la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”, porque “las empresas apoyan nuestros objetivos del Pacto Verde, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos”.

Bruselas reconoce que ha tomado buena nota de “las preocupaciones de las partes interesadas”, que consideran no solo que “algunas normas de presentación de informes de sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar”, sino que además “su utilidad es limitada para los inversores… lo que obstaculiza la competitividad de la UE y su impulso a la inversión”.

Por otra parte, la Comisión Europea sostiene que lo único que está haciendo es reducir burocracia innecesaria. Así, Bruselas espera que si se aplican las medidas que propone, estas podrían suponer “un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y la movilización de una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros”.

Así, zanja la Comisión, “al facilitar la vida de las empresas europeas y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, animar las inversiones y, en última instancia, permitir que las empresas adopten la transición hacia una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática”. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son “adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas”.

Como se ve, la Comisión y sus escépticos se enfrentan a un espinoso debate que, además, deberá desarrollarse, desgraciadamente, en medio de la espectacular crisis arancelaria y geopolítica que ha provocado el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál será el resultado?

Europa opina

Para José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, “todas las iniciativas de la Comisión Europea en materia de simplificación y paquetes ómnibus parecen realmente sustantivas y van en la dirección correcta”. Mientras tanto, Lara Wolters, vicepresidenta del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, cree que “eliminar la responsabilidad de las normas de diligencia debida no ayuda a las empresas, sino que complica las cosas para las víctimas de la explotación laboral y es una obstrucción a la justicia y una burla para la legislación de la UE”.

Ómnibus: un instrumento controvertido
Para Izabel Rigo Portocarrero, de la Universidad Internacional de la Rioja, “la Comisión ha elegido el formato ómnibus para su nueva regulación porque le permite presentar al Consejo y al Parlamento una propuesta de modificación de las normativas mencionadas al mismo tiempo, sin tener que abrir una reforma completa de cada ley por separado”. Eso puede ser eficiente, apunta, “pero también genera preocupación cuando los cambios se hacen sin suficiente debate público o participación de la sociedad civil”.
Es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas.
El Parlamento europeo apoya (por ahora) a la Comisión
En abril, el Parlamento Europeo votó a favor de posponer las fechas de aplicación de las nuevas leyes de la UE sobre los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad. Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, los eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión, que forma parte de los esfuerzos de simplificación administrativa expresados en sus paquetes Ómnibus 1 y Ómnibus 2. Las empresas más grandes tendrán un año más para prepararse para las nuevas reglas de diligencia debida y algunas dispondrán de dos años adicionales para la elaboración de informes de sostenibilidad.

“El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea”, por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“Todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación"

El ‘trilema’ que envenena a la Unión Europea

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

«La incierta autonomía estratégica de Europa»