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Lo que comenzó siendo una alternativa económica para el turista medio, una buena oportunidad envuelta en las bondades de la economía colaborativa, se ha convertido en un negocio difícil sin el control necesario.
Alquilar un apartamento para pasar un fin de semana se ha convertido en una buena opción para los que desean independencia a la hora de alojarse. También para los que buscan precios más baratos o, simplemente para los que lo prefieren a un hotel. Se trata de una demanda creciente que el sector turístico no puede obviar y al que plataformas como Airbnb, Windu o Homeaway, entre otras, han sabido sacar partido.
Problemas. El problema llega cuando el turista se convierte en una molestia para los vecinos y crea situaciones como el desplazamiento de los inquilinos habituales a barrios más tranquilos cansados del trajín que acarrean los turistas o el encarecimiento de las viviendas de alquiler. Además, preocupa la seguridad y la responsabilidad. No todas las comunidades exigen a los propietarios contar con un seguro de responsabilidad civil ni con medidas de prevención como extintores, salidas de emergencia, etc. Tampoco se sabe quiénes son las personas que están alojadas en dichos apartamentos, lo que crea inseguridad.
Medidas de urgencia. Es casi imposible conocer cuántas viviendas turísticas hay ahora mismo en España y, sobre todo, cuántas de ellas cumplen los requisitos necesarios para serlo porque a la falta de un registro oficial, hay que añadir las diecisiete normativas diferentes que las regulan. La situación se ha vuelto tan insostenible que las principales capitales españolas están abordando el asunto a golpe de prohibiciones y restricciones. El ruido, la suciedad, los cambios en la vida cotidiana del barrio y otras molestias han obligado a los consistorios de muchas ciudades a tomar decisiones de urgencia. La decisión más radical la ha tomado Palma de Mallorca, en cuyo centro se han prohibido este tipo de viviendas; pero no ha sido la única en anunciar medidas urgentes antes de que comience la campaña estival. En Madrid se va a empezar a exigir que estos pisos cuenten con una entrada independiente; en Valencia los van a concentrar en las viviendas bajas y primeras plantas, y en San Sebastián se han limitado a un 20% del espacio disponible de los edificios y se han prohibido en las calles más emblemáticas de la ciudad.
Por Marián Lezaun
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