ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.