–¿Ha sido la Justicia la ‘cenicienta’ de los servicios públicos? ¿Los gobiernos le dan poco valor?

–Sería necesario lograr un pacto sobre la Justicia, con la mirada a largo plazo, que la dote de los medios y los recursos necesarios más allá de lo inmediato. Hay más problemas que los meramente materiales, pero sí es necesario avanzar en la dotación de medios, especialmente personales, probablemente en un horizonte que llegue al menos a dos legislaturas.

Tengo dudas en el sistema de selección de los jueces. Quizás se valora mucho la memoria, pero no tanto la inteligencia. En mi opinión no hay carrera en la que haga menos falta la memoria que el Derecho. En un ordenamiento como el actual, con tantos multiniveles, desde el local al internacional, hay que estudiar la aplicación del Derecho desde múltiples perspectivas. En Derecho cada caso es único y eso exige una capacidad de análisis y comprensión que choca con lo memorístico. Por supuesto “cantar” los temas es un modelo que garantiza la objetividad y la imparcialidad en la selección, pero no sé si consigue seleccionar a los mejores. Habría que introducir una prueba de resolución razonada de un caso.

–¿Cuál debe ser nuestro modelo de Justicia con una perspectiva excesivamente corta?

–Se debería consensuar el modelo sin pensar quién se va a llevar los méritos de su implementación, con una aplicación que seguramente llevaría varias legislaturas. En este caso pasa como en la legislación electoral. Nadie quiere emprenderla cuando gobierna por si le perjudica en las siguientes elecciones. Hay una cierta falta de generosidad política.

–¿A quién protege más el Derecho Administrativo –en el que usted es un referente indiscutible– a la administración o al administrado?

–Un juez ordinario no es capaz de resolver muchas de las cuestiones que se originan en la actividad administrativa. La jurisdicción especializada resuelve con mayor eficiencia estos casos, equilibrando el interés colectivo con el particular.

–¿Qué rol juega en el sistema el Derecho Administrativo?

–El Derecho Administrativo es una parte del Derecho Público y siempre hay que remontarse a la Constitución y a la Unión Europea. No se puede prescindir de ese continuo. Quizás hay una separación artificial entre el Derecho Constitucional y el Administrativo. En la realidad no se puede entender uno sin otro. Quizás lo adecuado sería entenderlo todo como Derecho Público.

–¿Conserva la Administración demasiadas prerrogativas frente al ciudadano?

–La Administración no tiene prerrogativas en obsequio a ser poderosa. Es un punto de vista equivocado. Sus capacidades privilegiadas lo son porque está al servicio de lo público y en todo caso están controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

–¿El actual modelo autonómico responde a lo que fue la voluntad del constituyente?

–El Estado es hoy mucho mejor que el que hubiéramos tenido sin modelo autonómico. España era un estado macrocefálico y eso hacía perder calidad democrática. Si el Estado está solo en Madrid, eso, para muchos, está muy lejos. La democracia tiene muchos niveles y es necesario tener conciencia de que está cerca. Así, el sistema autonómico ha hecho que nadie en Europa haya considerado que Cataluña fuera una colonia sojuzgada y nadie va a aceptar que se rompa el marco constitucional. Los nacionalismos están en el origen de muchos de los problemas en el mundo. El sistema autonómico da legitimidad al Estado y ha sido beneficioso para la sociedad. Creo que el conflicto catalán pasará y, si no es así, conviviremos con él, pero cargados de razón.

–¿Cuál es su opinión acerca del papel que juega el notariado en la sociedad?

–Los notarios juegan un papel insustituible. Nuestro modelo de fe pública, sin perjuicio de mejoras, no tiene alternativa y es, además, exportable. El notariado es una figura indispensable para la sociedad.

–Usted ha transitado por diversas funciones en el servicio público: la Universidad, el Gobierno, el Consejo de Estado… ¿En cuál se ha sentido mejor?

–Indudablemente formar parte del primer gobierno socialista en 1982 fue un momento increíble, alcanzar un objetivo por el que se había trabajado mucho. Era poder hacer lo que siempre habíamos deseado hacer en democracia. Tuve la suerte de haber ocupado carteras ministeriales en las que se podían hacer grandes cosas y, a pesar de tener mayoría absoluta, la mayoría de las leyes que promoví fueron pactadas.

En la etapa en que fui Ministro de Justicia, tuve la oportunidad de promover los pactos con todas las confesiones religiosas, coincidiendo con el quinto centenario de la expulsión de los judíos o la toma de Granada.

Mi etapa como presidente del Consejo de Estado me ofreció la oportunidad de participar en el servicio público de forma más sosegada y reflexiva.

Echo en falta el respeto, que hoy se ha perdido, en la política.