España lleva décadas con cifras de natalidad descendentes. Un dato basta para visualizar esta tendencia: en 1976 se produjeron en España un total de 677.456 nacimientos, mientras que en 2021 (último año con datos definitivos) fueron 337.380; la mitad. De hecho, la tasa de reposición generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil) no se alcanza en nuestro país desde principios de los años 80 del siglo pasado y se sitúa actualmente en 1,19, muy cerca de la tasa más baja de la serie histórica.

No es posible atribuir a una única causa un fenómeno tan complejo como este. Sabemos que las dinámicas sociales son siempre multifactoriales, fruto de una combinación variable de elementos culturales, sociales, económicos y políticos, muchos de ellos estructurales.

Todos somos conscientes de que el modelo familiar tradicional basado en el reparto de roles por género quebró socialmente a partir del último tercio del siglo XX y lo que era la excepción (que ambos integrantes de la pareja trabajaran), se convierte progresivamente en la norma. Actualmente son mayoría los hogares en que la mujer trabaja fuera de casa, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. También son cada vez más numerosos los hogares no formados por parejas sino por una sola persona (en la gran mayoría de los casos una mujer) con sus hijos o hijas.

Como consecuencia de ello, el debate sobre la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad en los cuidados emerge con fuerza a principios de siglo XXI y, pese a los evidentes avances, lo cierto es que aún estamos lejos de contar con un marco normativo y social que facilite la conciliación. Las mujeres siguen asumiendo una carga desproporcionada en materia de cuidados que se traduce en que son ellas quienes de forma mayoritaria reducen su jornada, solicitan excedencias laborales o tienen mayores tasas de empleo a tiempo parcial. Todo ello redunda en importantes brechas de género en materia de empleo, salarios o pensiones.

Si miramos al panorama internacional podemos comprobar que los países que en mayor medida facilitan la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres tienen mayores tasas de empleo femenino, pero también mayores tasas de natalidad. Muy al contrario, la falta o la insuficiencia de conciliación supone un claro desincentivo para la natalidad.

Pero hay otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a una vivienda o la precariedad de las condiciones laborales, que condicionan enormemente la formación de nuevas familias y retrasan la emancipación de los y las jóvenes y la edad en que se tiene el primer hijo.

La necesidad de contar con servicios de cuidado y educación infantil desde edades tempranas aumenta la carga económica y la exigencia para madres y padres cuando la oferta y la disponibilidad de los mismos es reducida. La normativa española garantiza la universalidad y la gratuidad de la educación infantil a partir de 3 años de edad, pero tenemos aún un reto importante en su extensión al tramo 0 a 3 años.

Por otro lado, las encuestas sobre fecundidad señalan que, incluso en un contexto ideal, el número de hijos deseados se sitúa en 2, y aparece un número creciente de personas que no desean ser madres o padres. Se trata de un fenómeno sociocultural que va más allá del contexto económico y que tiene que ver más con las expectativas vitales de la ciudadanía y sus valores.

No obstante, es también cierto que un número importante de personas manifiesta que tiene un número menor de hijos de lo que hubiera deseado, básicamente por dificultades materiales (coste de la crianza, conciliación problemática, falta de un empleo estable o de una vivienda adecuada…) pero también por consideraciones personales (no tener una pareja adecuada, preferencias por desarrollar una vida laboral plena, sensación de incompetencia para las dificultades de la crianza, o falta de confianza ante el futuro…). Todo ello nos da pistas sobre cómo debemos orientar las políticas públicas de apoyo a las familias: es necesario promover las condiciones para que éstas decidan tener el número de hijos que desean con mayor libertad y apoyos que en la actualidad.

La experiencia comparada nos enseña que la dedicación de recursos presupuestarios en forma de prestaciones económicas por nacimiento ha tenido resultados modestos en términos de aumento de la natalidad. Lo realmente interesante es desarrollar políticas de acompañamiento a la crianza, favoreciendo un ecosistema legal y social más favorable a la vida familiar. Debemos apostar por un enfoque integral de apoyo que tenga en cuenta la realidad, las expectativas y las necesidades de las familias en nuestro país. Una política que reconozca la creciente diversidad de modelos y situaciones familiares, que mejore el marco de protección económica y social, que facilite una conciliación corresponsable, que incida también en la mejora del acceso al empleo y a la vivienda y que permita un reconocimiento social y un apoyo claro a la maternidad y la paternidad, a la vez que garantice a niños, niñas y adolescentes sus derechos y su adecuado desarrollo.

Se trata, en definitiva, de potenciar unas condiciones que ofrezcan seguridad y confianza para que las personas desarrollen sus proyectos familiares de forma digna, pues sólo desde esa base podremos recuperar tasas de natalidad más cercanas a las deseadas por la mayoría de la población.