En Europa llevamos 15 años de déficits públicos recurrentes, resultado de un periodo de crisis bancarias, saneamiento y desapalancamiento de empresas y familias, deflación, pandemia y, ahora, guerra. Los gobiernos han asumido un papel más significativo que nunca en las economías, no solo regulando el funcionamiento de los mercados sino también en la provisión de servicios, la protección y el desarrollo de nuevas infraestructuras e innovación. Han sido los salvadores en situaciones extremas y han mantenido una actividad que en las sucesivas crisis se desmoronaba. No es extraño que ello haya despertado el debate sobre la sostenibilidad y coste del endeudamiento público.

El caso español no es diferente. La ratio de la deuda pública sobre el PIB era del 35,8% en 2007. Este mínimo histórico se había alcanzado gracias al fuerte crecimiento de los ingresos fiscales de los felices 2000, el periodo en que se gestó la peor burbuja de la deuda privada. Siete años después de explotar esta burbuja, la ratio había subido hasta el 105,1%. Parecía un máximo difícil de superar, pero en 2020 la ratio daba un nuevo salto hasta el 120,4%, a consecuencia de la pandemia. En 2022, gracias al fuerte incremento de ingresos fiscales provocado por la inflación –despertada por la guerra en Ucrania- y a pasar de las medidas para paliar el impacto en hogares y transporte de los precios energéticos, ha vuelto a descender, para situarse en el 116%. Por tanto, del 36% al 116%, 80 puntos de incremento en 15 años.

En la Eurozona la ratio de la deuda se elevaba en 2022 al 94,2%. En Alemania era del 67% ese mismo año, en contraste con el 113% de Francia o el 150% de Italia. la ratio de la deuda está en máximos históricos en toda la UE, aunque el coste medio de la deuda viva está en mínimos, gracias a los bajos o negativos niveles de tipos de interés de la política monetaria. Además, las compras masivas de deuda de los bancos centrales han mantenido bajos también los tipos de interés a largo plazo. En la zona euro, el coste medio del saldo de deuda es del 1,3% en los últimos años, con una vida media de ocho años. En el caso de España el coste medio es algo mayor, debido a las primas de riesgo, del 2,1%, con una vida media similar.

¿Es sostenible este nivel de deuda pública? No, es necesario que descienda, en España y en la UE. El concepto de sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de conseguir financiación en los mercados a un coste razonable. Estos consideran la deuda pública sostenible cuando la ratio de la deuda sobre PIB es capaz de ajustarse discrecionalmente, al alza o a la baja, según el momento del ciclo macro. No existe un nivel estático de ratio ideal. Son dos los factores de cuya evolución combinada se derivan los ascensos o descensos de la ratio de la deuda: si el saldo primario –es decir, el saldo no financiero ex intereses de la deuda- es negativo (déficit primario), la ratio sube; y si el interés real de la deuda es inferior al crecimiento real del PIB, la ratio baja.

La escalada de la ratio de la deuda en los últimos 14 años se ha debido a un saldo primario negativo recurrente y muy pronunciado. Y seguimos con un saldo negativo también en 2023. Para estabilizar y reducir la ratio de la deuda es imprescindible la generación de superávits primarios suficientes y prolongados, actuando sobre los ingresos o haciéndolo sobre los gastos. Otros países, como Alemania o Francia, han girado hacia saldos positivos pasado lo peor de la pandemia. Los tipos de interés reales negativos de la deuda han tenido un temporal y limitado efecto balsámico. Y recordemos que en España sufrimos la desventaja de la prima de riesgo, que supone 0,8 puntos porcentuales más de coste medio en la deuda viva. Es pues necesaria la generación de superávits primarios que reconduzcan la ratio de la deuda, pero ello choca con resistencias estructurales y políticas. Por eso precisa de un entorno a escala europea que lo favorezca.

El escrutinio de los mercados es un elemento clave en una unión monetaria sin unión fiscal, en la que las finanzas públicas no tienen, por definición, consecuencias cambiarias, y el peligro de moral hazard (irresponsabilidad) es alto. No obstante, episodios como el sufrido por la Eurozona en 2011-2012 –la crisis soberana y del euro del whatever it takes de Draghi- demuestran que ese escrutinio también puede generar ruido y volatilidad. La aplicación entonces de las rígidas reglas fiscales de la UE –límites estáticos a la ratio sobre PIB del déficit y la deuda— se considera ahora que fue contraproducente. Las reglas fiscales se suspendieron con la pandemia y ahora van a ser revisadas para introducir un esquema alternativo individualizado, con un plan país por país de retorno a la sostenibilidad en plazos realistas y fáciles de comunicar a los mercados. Además, aunque una unión fiscal está lejos del horizonte europeo, los programas de gasto “federal”, fuera de los presupuestos nacionales y financiados con deuda pública de la UE -como Next Generation EU-, serán un instrumento cada vez más utilizado, lo que reducirá la presión sobre la deuda de cada país.