«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

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@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

"El virus que nos puso en evidencia"

«Europa sienta las bases de nuestro futuro», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO

FRANCISCO FONSECA,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

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Europa sienta las bases de nuestro futuro

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia del coronavirus es ya el acontecimiento histórico de las últimas décadas. Lo es, en primer lugar, por su dimensión sanitaria, por la tragedia de los miles de personas fallecidas y por el sufrimiento de todos los que han pasado la enfermedad o han tenido que adoptar severas medidas para preservar su salud y la de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, por el impacto económico de las decisiones adoptadas para contener la expansión del virus.

Hemos puesto a prueba nuestros sistemas de salud, el estado de bienestar y la capacidad de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo de afrontar un choque sin precedentes. España se encuentra entre los países más castigados por la crisis económica. La última previsión de la Comisión Europea ofrece una caída del PIB del 12,4 % para 2020. La tasa de paro se situaría ya en el 16,7%.

Ante este escenario, la Comisión Europea aprovechó de manera rápida y eficaz todas las oportunidades que nos brinda el presupuesto de la UE de manera urgente y flexible, apoyando el mantenimiento de los empleos y financiando los ERTEs a través de los más de 21.000 millones de euros para España del programa europeo SURE; apoyando la financiación de las PYMEs con 200.000 millones de euros o aprobando 240.000 millones más en líneas precautorias de crédito por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La virulencia de la pandemia nos ha enseñado que la transformación de nuestra economía ha pasado de presentarse como una opción política, a convertirse en una exigencia para la consolidación de nuestro modo de vida europeo basado en la salud y la protección social. Y esto explica el gran salto adelante que hemos dado con el Marco Financiero Plurianual adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre último.

La transición verde, la digitalización y la economía al servicio de las personas serán los tres ejes directores de los presupuestos europeos para el período 2021‐2027, en los que se incluyen los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, el NextGenerationEU, que no tiene precedentes en la UE, ni en importe, ni en rapidez y distribución para la inversión de los fondos. España va a ser uno de los máximos beneficiarios de este plan con más de 140.000 millones de euros, poniendo en valor el carácter redistributivo de los fondos europeos como catalizador de la recuperación económica, precisamente en aquellos países, regiones y sectores económicos que más están siendo golpeados por la crisis.

Como hemos insistido en los últimos meses, el presupuesto de la UE, junto con el NextGenerationEU, diseñado para impulsar de manera intensa la recuperación, serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,84 billones de euros para la reconstrucción de los sólidos cimientos de la Europa posterior a la COVID19.

“Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que,
sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá
más débil y protegerá peor a sus ciudadanos”

Más allá de la urgencia de la inversión en infraestructuras digitales o en proyectos de transformación verde, un capítulo emerge entre los más importantes del presupuesto de la UE: la inversión en investigación y desarrollo. La inversión en I+D es la plataforma sobre la que asentamos los pilares de nuestro crecimiento futuro. Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que, sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá más débil y protegerá peor a sus ciudadanos frente a los diferentes retos a los que se enfrenta.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” en expresión atribuida al Emperador Marco Aurelio.

Con solo un 7 % de la población mundial, Europa representa hoy un 20 % del total de inversión en I+D a escala global, es responsable de un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el farmacéutico, el químico o la ingeniería mecánica.

El programa de investigación señero del presupuesto europeo, el Horizonte 2020, ha sido hasta este año el mayor programa de investigación e innovación de la UE de todos los tiempos, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible en los últimos 7 años, sin contabilizar los fondos privados atraídos por la financiación pública.

Para su sucesor, el programa Horizonte Europa, la Comisión Europea ha propuesto aumentar su dotación hasta los 95.000 millones de euros a precios actuales, poniendo de manifiesto la voluntad decidida de la Unión Europea en este ámbito.

Estos fondos tienen el objetivo central de contribuir a apoyar la modernización de nuestras economías a través de la investigación e innovación; las transiciones climática y digital, a través de un gran apoyo a la investigación aplicada y a un partenariado público privado que juegue un gran efecto multiplicador; y, en fin, la preparación, recuperación y resiliencia de nuestras sociedades, a través del Fondo de Recuperación, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.

En suma, estos Fondos se van a destinar específicamente a apoyar la recuperación y a permitir un mayor apoyo europeo a las actividades de investigación e innovación relacionadas en tres pilares fundamentales: la salud, incluida la lucha contra la COVID19; la acción por el clima, y la garantía que Europa tendrá su propia autonomía estratégica en la digitalización de nuestra economía y sociedad.

Todos estos recursos puestos a disposición de los investigadores son esenciales para que Europa no pierda su liderazgo en muchos sectores y sea, a su vez, punta de lanza en otros, a la vez que seamos capaces de proteger lo que nos caracteriza como sociedades europeas: la protección social y la calidad de nuestros sistemas de salud.

Europa se construye respondiendo con urgencia a los daños sanitarios, sociales y económicos que se producen, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo, pero también lo hace mirando hacia adelante, apuntalando los cimientos de nuestras sociedades futuras. Y esto solo puede hacerse teniendo como prioridad apoyar, junto con los países de la UE, la inversión en investigación y desarrollo.

"Una ley en defensa de la libertad de expresión"

«Repatriar talento», por Carmelo Encinas

ÁMBITO EUROPEO

Carmelo Encinas.

 

CARMELO ENCINAS, periodista

 

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@CarmeloEnc

Repatriar talento

La opinión era unánime, nuestra joya de la Corona era la Sanidad pública. Teníamos asumido que en este país a la investigación apenas se le apoyaba y que tampoco éramos fuertes en educación, pero estábamos orgullosos de nuestro sistema de Salud hasta el punto de pensar que la de España era la mejor Sanidad del mundo. Ese mito nos lo ha tumbado de un golpe la pandemia poniendo en jaque la red hospitalaria hasta colapsarla. El esfuerzo realizado en las naves de IFEMA, donde se instalaron miles de camas en un tiempo récord para atender a los enfermos Covid, aunque constituyera una hazaña logística, vino a poner de manifiesto las debilidades estructurales que padecíamos para hacer frente al estrés sanitario en una situación excepcional.

Una circunstancia que provocó escenas terribles en los hospitales que solo vieron en su descarnada realidad quienes las vivieron personalmente. Situación límite que, en gran medida, fue paliada por el sobresfuerzo que realizaron los sanitarios cuya labor profesional, reconocida públicamente, se adentró en el terreno de la épica. Todas las tardes les aplaudimos durante semanas desde ventanas y balcones para agradecer públicamente un trabajo que salvaba vidas asumiendo grandes riesgos.

El posterior avance de la pandemia y la llegada de los rebrotes con su segunda ola ha proyectado una visión aún más preocupante de las debilidades de nuestro sistema público de Salud. La necesidad de cubrir las bajas en un sector sanitario que llega exhausto y, sobre todo, la aún más imperiosa de reforzar la atención primaria como primera fuerza de choque contra los focos de contagio están poniendo de manifiesto una falta de médicos y enfermeras de la que antes apenas se hablaba.

Los sindicatos de sanitarios aseguran que la Sanidad en España y especialmente la Sanidad pública padece un déficit de recursos humanos tan extremo que la mantiene inmersa en el caos. Estas organizaciones sindicales, que lógicamente defienden los intereses de la profesión pero que tienen una información precisa y de primera mano sobre lo que acontece en los hospitales y centros de Salud, atribuyen esta situación a los recortes que durante más de un lustro fueron mermando la capacidad y la calidad del sistema. Eran los años de la crisis, había que ahorrar y se hizo a bulto practicando reducciones de interinos, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR. Todo ello derivó en una precariedad que ya se apreciaba desde hace tiempo pero que se ha revelado alarmante ahora en los tiempos de pandemia.

Desde hacía varios años había ya problemas para cubrir plazas de anestesistas, de pediatras, de radiólogos y otras especialidades, déficit que las circunstancias actuales agravaron. Cuando los consejeros de Sanidad, por el avance de los contagios, se vieron en la tesitura de contratar más médicos y enfermeras para los centros de Atención Primaria se encontraron que no había. Tanto es así que fue planteada la necesidad de homologar los títulos de profesionales extra comunitarios para poder cubrir esas plantillas, algo que de facto venía ocurriendo en los últimos años y que los gerentes justificaban al no tener más remedio que hacerlo ante la falta de profesionales.

Tal carencia de especialistas resulta, como poco, paradójica en un país que tiene más de cuarenta facultades de medicina en funcionamiento y donde no faltan vocaciones ni estudiantes brillantes. Facultades en las que han cursado y cursan estudios decenas de miles de sanitarios muchos de los cuales se vieron abocados a buscarse la vida en el extranjero porque en España o no les daban trabajo o se lo ofrecían en unas condiciones de precariedad impropias de su nivel de formación. El resultado de todo ello fue un éxodo casi masivo de sanitarios a países extranjeros donde su cualificación era reconocida y retribuida adecuadamente. De esta forma, países como el Reino Unido acogían un caudaloso flujo de médicos y enfermeras españoles cubriendo satisfactoriamente esas necesidades que ahora aquí nos aprietan.

El problema originado por la marcha de profesionales sanitarios ha cobrado especial protagonismo a causa de la pandemia, pero no es el de la Sanidad el único sector donde la falta de oportunidades laborales provocó fugas masivas de talento. El mismo desatino condujo a informáticos, ingenieros, biólogos, matemáticos e investigadores altamente cualificados a dejar España y poner en valor sus conocimientos en otras latitudes, lo que constituye un pésimo negocio para el país que costeó su formación.

Todo ese talento expatriado se necesita ahora más que nunca para afrontar el gran reto que supone una pretendida recuperación económica fundamentada en la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El Plan de Reconstrucción Europea dispone de cantidades ingentes de recursos para financiar inversiones en proyectos de vanguardia con los que se pretende crear cientos de miles de puestos de trabajo de alto nivel y estabilidad.

Es un desafío exigente para la Administración central, para los gobiernos autonómicos y también para los empresarios que, de forma coordinada, han de diseñar una estrategia de planificación adecuada de los proyectos capaces de captar y aprovechar esa inyección de liquidez que se oferta en unas condiciones de financiación inmejorables.

Habrá, sin duda, que potenciar la formación para alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo, pero solo obtendremos resultados inmediatos si somos capaces de repatriar el talento fugado con ofertas seductoras. Hay un país por levantar y modernizar y el trabajo de los españoles es apreciado y valorado en todo el mundo. Ahora falta que se valore aquí.

Repatriating talent

Everyone concurred: the public health system was the jewel in our crown. We were accustomed to research attracting barely any support in this country and knew we weren’t strong on education, but we were proud of our health system to the point where we thought Spain had the best one in the world. That myth has been blown out of the water by the pandemic, leaving the hospital network teetering on the brink of collapse. The exertions made at the IFEMA trade fair grounds to set up thousands of Covid beds in record time may have been a logistical feat but only served to show the structural weaknesses we had to deal with when faced with health stress in an exceptional situation.

The pandemic triggered terrible scenes in hospitals only truly appreciated in their stark reality by the people who experienced them personally. This borderline situation was largely alleviated by the huge and publicly recognised effort of the health workers, whose professional labour was nothing short of epic. For weeks we applauded them every evening from windows and balconies in a public display of thanks for their life-saving work that entailed great risks.

The subsequent advance of the pandemic and the arrival of outbreaks in the second wave has been an even more worrying window onto the weaknesses in our public health system. The need to cover absences in a health sector that is already exhausted and, above all, the even more pressing requirement to shore up primary care as the first line of defence against pockets of contagion are revealing a lack of doctors and nurses that was previously scarcely talked about.

Health unions say that health in Spain and especially public health is suffering from a direct shortfall of human resources that keeps it in chaos. These groups, which logically defend the interests of the profession but also have accurate and first-hand information on what is happening in hospitals and health centres, attribute the situation to the cuts that had been impacting system capacity and quality for more than five years. These were the years of the financial downturn, when savings had to be made and so temporary contracts were slashed, involuntary retirements driven through and restrictions placed on the number of medical residents. All this developed into an instability that had been seen for some time but which has proven alarming in a pandemic.

For several years there had been difficulties filling places for anaesthetists, paediatricians, radiologists and other specialties, a shortfall the current circumstances only fuelled. When health departments were forced to cast around for more doctors and nurses for primary care centres due to the advance of infections, they found there were none. The situation was so desperate the authorities considered approving the qualifications of non-EU professionals to secure personnel. Indeed, this had been happening on a de facto basis for years, with managers saying they had no choice given the lack of staff.

This deficit of specialists is, at the very least, paradoxical in a country with more than forty medical faculties and no shortage of bright students or vocations. Faculties that tens of thousands of health workers studied at before being forced to make a life for themselves abroad since in Spain they either could not get a job or were offered one in conditions that fell far short of their level of education. The upshot of all this was a near-mass exodus of health workers to foreign countries where their qualifications were properly recognised and remunerated. Places like the United Kingdom witnessed a steady flow of Spanish doctors and nurses successfully covering the needs we now so urgently have here.

The problem caused by health professionals leaving has become particularly acute with the pandemic, but health is not the only sector where the dearth of employment opportunities has led to significant brain drains. The same job insecurity has seen highly qualified computer scientists, engineers, biologists, mathematicians and researchers leave Spain to supply their expertise to other countries – and this is a terrible business for a country that paid for their education.

All this expatriate talent is now needed more than ever to rise to the enormous challenge of an economic recovery driven by environmental sustainability and digitalisation. The European Recovery Plan can tap vast amounts of resources to fund investments in cutting-edge projects aimed at creating hundreds of thousands of high-level, stable jobs.

It is a demanding challenge for the central government, regional authorities and entrepreneurs, who must pull together to design an appropriate planning strategy to attract and leverage this injection of liquidity provided under excellent financing terms.

It will certainly be necessary to bolster education to deliver on medium- and long-term goals, but we will only get immediate results if we can draw the talent that left back home with attractive offerings. There is a country to be built up and modernised and the work of Spaniards is appreciated and valued the world over. Now it only remains to be valued here.

 

"Regreso a Pompeya y Epidauro"

Entrevista a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

ÁMBITO EUROPEO

Virginijus Sinkevičius,

comisario de la UE de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

«Dar prioridad al medio ambiente hará que las pandemias sean menos probables»

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) es el comisario de la UE más joven de la historia. Antiguo ministro de Economía e Innovación de Lituania, se convirtió en el responsable de Medio Ambiente de la UE. Su prioridad para la Europa post-Covid es que la biodiversidad y la «economía azul» sean parte integral del ‘Pacto Verde Europeo’ y la recuperación en su conjunto, según explica a Escritura Pública en una entrevista.

JORGE VALERO

@europressos

Prestamos mucha atención al clima y a reducir las emisiones, pero la protección de la biodiversidad parece ser una prioridad secundaria. ¿Por qué es eso?

El clima y las emisiones han entrado en el centro del debate político, después de muchos años de promoción y convencimiento. La biodiversidad sigue siendo una frontera nueva para muchos políticos. Sin embargo, la crisis mundial de la biodiversidad y la crisis climática son, en muchos sentidos, las dos caras de la misma moneda. Si dañamos un ecosistema, en realidad liberamos carbono en lugar de almacenarlo en la biomasa y los suelos. Lo contrario es igualmente cierto: cuando restauramos la naturaleza, bloqueamos el carbono y ayudamos a estabilizar nuestro clima. De hecho, más del 30 por ciento de nuestros objetivos de mitigación climática podrían cumplirse con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales, y creando espacios verdes en las ciudades.

La buena noticia es que la concienciación está aumentando, y la crisis del Covid-19 la ha acelerado. Ha mostrado cómo todos dependemos de la naturaleza y cuán devastadores pueden ser los impactos de la pérdida de biodiversidad.

La biodiversidad además está aumentando su importancia en la agenda política. La Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre atestigua la creciente concienciación entre los líderes mundiales de que es necesario actuar ahora. Por primera vez en la historia, se comprometieron conjuntamente a revertir la degradación del entorno, poniendo la naturaleza en primer término de los planes de recuperación, y trabajando para lograr un acuerdo ambicioso para la naturaleza y las personas.

La UE predicará con el ejemplo, ya que ser pioneros es esencial si queremos llegar a un ‘Marco Global de Biodiversidad’ posterior a 2020 ambicioso, significativo y de alto impacto en Kunming (China) el próximo año.

Algunas tendencias que vimos durante la pandemia, como las entregas a domicilio o la comida para llevar, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Está preocupado por esto?

Estoy de acuerdo, se trata de tendencias preocupantes y un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente las describió en detalle. La pandemia del Covid-19 ha provocado cambios significativos en la producción y consumo de plásticos y en los residuos plásticos. Además de un aumento repentino en la demanda mundial de equipos de protección personal, se impusieron medidas de bloqueo en la mayor parte de Europa, junto con estrictos requisitos de higiene. Muchos restaurantes pasaron a ofrecer servicios de comida para llevar y entrega con envases de plástico de un solo uso, y varios grandes minoristas de café dejaron de permitir que los clientes trajeran envases recargables.

A corto plazo, esto puede representar un desafío adicional para los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación plástica y avanzar hacia un sistema más sostenible y circular. La Comisión está prestando un gran apoyo al sector de la gestión de residuos y, en particular, al sector del reciclaje, garantizando que tengan acceso a la financiación necesaria.

¿Considera que los esfuerzos realizados por el sector privado son suficientes para proteger el medio ambiente y los océanos?

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental, a medida que crece la concienciación de que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que brinda. Durante el último año hemos visto un cambio importante en la agenda medioambiental, con el creciente interés de la comunidad empresarial.

En la última Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre, más de 600 empresas, que representan 4,1 billones de dólares de ingresos anuales, pidieron un plan colectivo por la naturaleza, instando a los gobiernos a adoptar políticas para revertir la pérdida del medio ambiente en esta década. Si queremos que las empresas amplíen sus acciones, necesitamos las políticas adecuadas y eso es lo que estamos haciendo con el Pacto Verde Europeo.

¿Cuál es su mayor prioridad legislativa para este mandato, considerando que gran parte de la atención se centrará en salir de la recesión?

Mi prioridad es asegurar que nuestro medio ambiente y “la economía azul” formen parte integral del Pacto Verde Europeo, que es el plan de Europa para hacer que la economía de la UE sea sostenible y hacer que esta transición sea justa e inclusiva para todos.

En cuanto a la biodiversidad, esto significa revertir la pérdida del entorno europeo para 2030 y liderar los esfuerzos mundiales para reducir los daños a nuestro medio ambiente. Esto también significa cumplir con la ambición de cero contaminación, teniendo en cuenta la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones y los pesticidas. Igualmente queremos desvincular el crecimiento del uso de recursos, avanzando en el plan de acción de la economía circular, especialmente en sectores intensivos en recursos y de alto impacto, como la construcción, el textil y la electrónica.

Los océanos son un desafío particular. Dependemos de ellos para la alimentación, el transporte, el aire que respiramos. Al mismo tiempo, también encaran una presión increíble, desde el agotamiento de las poblaciones de peces hasta el aumento de la contaminación. Para abordar estos problemas, estoy liderando los esfuerzos para conseguir océanos libres de plásticos y contaminación, mientras que al mismo tiempo quiero garantizar una pesca sostenible y una economía azul próspera para los mares y océanos de Europa.

Todo esto jugará un papel importante en el proceso de recuperación. Como sugiere la evidencia científica más reciente, dar prioridad a las políticas respetuosas con el medio ambiente también hará que crisis como la actual pandemia del Covid-19 sean menos probables, y nos hará más resistentes para enfrentar situaciones similares en el futuro.

¿Está haciendo la UE lo suficiente en materia de alimentación sostenible?

Va a ser extremadamente relevante, ya que avanzar hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible es una piedra angular del Pacto Verde Europeo. Por eso, la Comisión presentó las estrategias de Biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio entre la naturaleza y los sistemas alimentarios, proteger la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE.

Para llegar hasta ahí, debemos involucrar a todos los elementos en la cadena alimentaria (agricultores, procesadores de alimentos, minoristas y consumidores), y hacerles comprender que la naturaleza y la agricultura van de la mano, y dependen en gran medida unos de otros. Sin suelos sanos y polinizadores, no hay agricultura.

La UE apoyará a los agricultores en esta transición a través de una amplia gama de instrumentos, con beneficios para ellos y sus comunidades, y también se esforzará por orientar a la industria alimentaria hacia prácticas que hagan que la elección saludable y sostenible sea fácil para los consumidores.

¿Teme que la grave crisis económica y sanitaria en España obstaculice sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la biodiversidad?

España fue uno de los Estados miembros más ambiciosos en el Consejo de Medio Ambiente, apoyando firmemente la ambición de la estrategia de Biodiversidad de la UE y todos sus objetivos. Por eso, creo que nuestros homólogos españoles entienden muy bien que proteger y restaurar la naturaleza puede estimular la recuperación y crear empleo, ayudándonos a construir una sociedad más sana y resiliente. Ahora es el momento de invertir en la naturaleza en lugar de desinvertir.

España tiene excelentes condiciones para hacerlo. Es una referencia destacada dentro de la UE en términos de capital natural y posee una biodiversidad muy rica.

Sin embargo, al igual que en cualquier lugar de Europa, sus hábitats y especies están bajo una presión continua, con solo el 8,9% de los hábitats y solo el 18,9% de las especies en buenas condiciones. Esto se debe principalmente a las presiones de la agricultura, el desarrollo, la construcción, el transporte y la silvicultura. Por tanto, queda mucho por hacer y espero que España pueda garantizar la protección de su biodiversidad, de acuerdo con la legislación medioambiental europea.

Entiendo que el Plan de Recuperación Post-Covid, lanzado recientemente por el Gobierno español, tiene como meta lograr ambiciosos objetivos ambientales, climáticos y energéticos en un plazo de tres a cuatro años, financiado con hasta 140.000 millones de euros de subvenciones y préstamos de la UE, por lo que creo que se trata de un desarrollo muy positivo.

In English

Virginijus Sinkevičius,

commisioner for Environment, Oceans and Fisheries
“Prioritizing the environment will make pandemics less likely”

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) is the youngest ever EU commissioner. A former minister of Economy and Innovation in Lithuania, he became the EU’s environment chief. His priority for the. post-Covid Europe is that the environment and ‘blue economy’ become an integral part of the European Green Deal and the recovery as a whole, he tells ‘Escritura Pública’ in an interview.

-We pay a lot of attention to climate and curbing emissions, but the protection of biodiversity seems to be a secondary priority. Why is that?
Climate and emissions have entered the mainstream in politics, after many years of advocacy and convincing. Biodiversity is still a new frontier for many policymakers. But the global biodiversity crisis and climate crisis are in many ways the two sides of the same coin. If you damage an ecosystem, it actually releases carbon instead of storing it in biomass and soils. But the opposite is true as well when we restore nature, we lock away carbon and help stabilize our climate. In fact, over 30 percent of our climate mitigation targets could be met by nature-based solutions, such as restoring forests, soils and wetlands, and creating green spaces in cities.

The good news is that this understanding is increasing, and the Covid crisis accelerated it. It showed how we all depend on nature, and how devastating the impacts of biodiversity loss can be.

Biodiversity is also rising on the political agenda. The UN Biodiversity Summit in September testifies to the growing awareness among world leaders that action is needed now. For the first time ever, world leaders made a joint commitment to reverse nature loss, put nature first in recovery plans, and work towards an ambitious deal for nature and people.

The EU will lead by example as front runners are essential if we want to arrive at an ambitious, meaningful and high-impact post-2020 Global Biodiversity Framework in Kunming next year.

Some trends we saw during the pandemic (home deliveries, take-aways) can have a negative impact on the environment. Are you worried about that?
I agree, these are worrying trends, and a recent EEA report describes them in detail. The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the production and consumption of plastics, and in plastic waste. In addition to a sudden surge in global demand for personal protective equipment, lockdown measures were imposed across most of Europe, coupled with stringent hygiene requirements. Many restaurants moved to offering take away and delivery services using single-use plastic containers, and several large coffee retailers stopped allowing customers to bring refillable containers. 

In the shorter term, this may bring an additional challenge to EU’s efforts to curb plastic pollution and move towards a more sustainable and circular plastics system. The Commission is providing a lot of support to the waste management sector and in particular the recycling sector, ensuring that they have access to the necessary funding.

Do you consider that the efforts made by the private sector are sufficient to protect the environment and oceans?
Businesses are increasingly becoming aware of the risks associated with climate change and environmental degradation as understanding is growing that half of global GDP depends on nature and the services it provides. Over the last year we have seen a major change on the nature agenda, with the growing interest of the business community.

At the last UN Biodiversity Summit in September, more than 600 companies, representing 4.1 trillion US dollars of annual revenue called for collective action for nature, urging governments to adopt policies to reverse nature loss in this decade. So if we want business to scale up action, we need the right policies in place and that’s what we’re doing with the European Green Deal.

What is your biggest legislative priority for this mandate, considering that most of the focus will be given to getting out of the recession?
My priority is to ensure that our environment and blue economy form an integral part of the European Green Deal, which is Europe’s plan to make the EU’s economy sustainable and make this transition just and inclusive for all.

On biodiversity, this means reversing the loss of nature in Europe by 2030 and leading global efforts to curtail biodiversity loss. This also means delivering on the zero-pollution ambition, looking at air and water quality, hazardous chemicals, emissions and pesticides. We also want to decouple growth from resource use, advancing on the circular economy action plan, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as construction, textiles and electronics.

Oceans are a particular challenge. We rely on them for food, for transport, for the air we breathe. At the same time, they also face incredible pressures, from depleting fish stocks to increasing pollution. To address this, I am leading efforts towards plastic-free and pollution-free oceans, while at the same time ensuring sustainable fishing and a thriving blue economy for Europe’s seas and oceans.

All this will play a major role in the recovery process. As the latest scientific evidence suggests, prioritizing environmentally friendly policies will also make crises like the current Covid-19 pandemic less likely and will make us more resilient in dealing with similar situations in the future.

Is the EU doing enough on sustainable food?
It is going to be extremely relevant, as moving towards a healthier and sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal. This is why the Commission came forward with the Biodiversity and Farm to Fork strategies, which aim to restore the balance between nature and food systems, to protect our people’s health and wellbeing, and at the same time increase the EU’s competitiveness and resilience.
In order to get there, we need to get everybody in the food chain on board –farmers, food processors, retailers and consumers– and make them understand that nature and agriculture go hand in hand and depend heavily on one another. Without healthy soils and pollinators, there is no agriculture. 

The EU will support farmers in this transition through a wide range of instruments with benefits for them and their communities, as well as strive to steer the food industry towards practices that make the healthy, sustainable choice the easy one for consumers.

Do you fear that the severe economic and health crisis in Spain will hamper its efforts to protect the environment and biodiversity?
Spain was among the most ambitious Member State in the Environment Council, strongly supporting the ambition of the EU Biodiversity Strategy and all of its targets. So I think our Spanish counterparts understand very well that protecting and restoring nature can stimulate recovery and create jobs, helping us to build a healthier and more resilient society. That now is the time to invest in nature rather than divest.

Spain has excellent conditions to do that. It is an outstanding reference within the EU in terms of natural capital and holds a very rich biodiversity.

However, just like anywhere in Europe, its habitats and species are under continued pressure, with only 8,9% of the habitats and only 18,9 % of species in good condition. This is mostly due to pressures from agriculture, development, construction, transport and forestry. So a lot remains to be done and I’m hope that Spain will be able to ensure the protection of its biodiversity in line with European environmental legislation.

I understand that the recently launched Post-Covid Recovery Plan by the Spanish government aims to achieve ambitious environmental, climate and energy objectives within three to four years, financed by up to 140 billion euros of EU grants and loans, so I think this is very positive development.

«Una ley en defensa de la libertad de expresión», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO


FRANCISCO FONSECA

representante de la CE en España

[email protected]

 

Una ley en defensa de la libertad de expresión

La entrada en vigor en diciembre de 2019 de la Directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión Europea (UE)[1] supone un hito sin precedentes en la defensa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en Europa.

¿Por qué?

Desde el punto de vista jurídico, en el momento de su adopción, solo diez Estados miembros de la UE garantizaban la plena protección de los denunciantes de irregularidades. En los demás países, la protección concedida era parcial y se aplicaba únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores. La Directiva supone, por tanto, una mejora significativa en el nivel de protección de los denunciantes y acerca a los Estados miembros hacia un marco legal avanzado, elevando el listón en todos los gobiernos de la UE.

Desde el punto de vista de los valores y derechos fundamentales -que son la base sobre la que se sustenta el proyecto de la UE- la protección de los denunciantes es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica, ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Así pues, si les protegemos mejor, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente.

Los denunciantes de irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias. Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación.

Habiendo tenido la suerte y el privilegio de estar implicado en la supervisión de la elaboración de la propuesta legislativa durante mi periodo en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, puedo confirmar el colosal reto legal que supuso poner sobre la mesa una ley europea de carácter horizontal que garantizara una protección prácticamente integral para el denunciante en un amplio número de sectores: contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo… y así hasta diez grandes rúbricas en las que se subsumen la casi totalidad de casuísticas a las que un potencial denunciante puede llegar a enfrentarse en caso de detectar una infracción legal.

«Los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad»

Para ello, la Comisión se basó en numerosas disposiciones diferentes del Tratado de la Unión Europea, garantizando que no se crearan lagunas legales, y asegurando el respeto de las competencias nacionales. Todas las áreas cubiertas por la Directiva están relacionadas con una infracción o abuso de la legislación de la UE. Del mismo modo, y con la misma vocación de protección integral, la Directiva tiene un amplio alcance en términos de quién puede ser denunciante: aquellos que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.

El éxito de esta Directiva dependerá, en última instancia, de su correcta transposición en los Estados miembros a su legislación nacional (prevista en diciembre de 2021). La Comisión Europea alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.

A pesar del gran paso al frente que supone la Directiva en la protección de los denunciantes, la situación de los periodistas en algunos países sigue siendo motivo de gran preocupación. En los últimos años asistimos con horror al asesinato de Daphne Galizia en Malta y Jàn Kuciak en Eslovaquia, periodistas que destaparon delitos de corrupción en sus respectivos países. Unos hechos que sin duda calaron hondo en Europa, donde las amenazas y la intimidación no tienen cabida, y facilitaron la rápida adopción de la Directiva a pesar de su gran complejidad técnica.

La Comisión Europea está realizando un mapeo de las posibles situaciones de abuso de litigio contra periodistas para determinar el mejor camino a seguir. El Plan de Acción para la Democracia Europea, que se adoptará a finales de este año, también incluirá sugerencias sobre cómo abordar las llamadas ‘SLAPP’ (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Las SLAPP son demandas entabladas con la intención de silenciar o intimidar actos de participación pública, como informar sobre cuestiones de interés público o el activismo, no con la intención de ganar u obtener justicia. Las SLAPP son una amenaza no solo para nuestro derecho a la libertad de expresión, sino también para nuestras democracias. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil deben utilizar su experiencia y tiempo para ser los guardianes de nuestras democracias, no para luchar contra litigios abusivos. El apoyo de los Estados miembros será crucial en este esfuerzo, porque a nivel europeo las competencias para actuar en este área son limitadas.

Para concluir, me gustaría insistir en el hecho de que la democracia, los derechos fundamentales y la defensa del estado de derecho son y seguirán siendo prioritarios para la Comisión Europea. El recién publicado informe anual sobre el estado de derecho en la Unión Europea realiza un análisis exhaustivo de la situación de todos los Estados miembros, incluyendo cuestiones relevantes para el tema que nos ocupa como la libertad de expresión y la libertad de los medios. Un documento que sirve de guía a la Comisión en sus actuaciones en éste ámbito y una herramienta clave para todos los interesados en asuntos de justicia en Europa.

[1]DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

A law in defence of freedom of expression

The entry into force in December 2019 of the Directive to strengthen whistleblower protection across the European Union (EU)[1] marks an unprecedented milestone in the defence of freedom of expression and the media in Europe.

Why?

From a legal standpoint, at the time of its adoption only 10 EU Member States ensured that whistleblowers were fully protected. In the remaining countries, the protection granted was partial and only applied to specific sectors or categories of workers. The Directive therefore represents a significant improvement in the level of protection and brings the Member States closer to an advanced legal framework, raising the bar across all EU governments.

From the point of view of fundamental values and rights —the cornerstone of the EU project— whistleblower protection is essential to preserving the rule of law and democracy in Europe.

Recent scandals such as Dieselgate, LuxLeaks, the Panama Papers and the Cambridge Analytica revelations show that whistleblowers can play an important role in uncovering unlawful activities that damage the welfare of European society and citizens. So by better protecting them we can better detect and prevent harm to the public interest such as fraud, corruption, corporate tax avoidance and damage to health and the environment.

Whistleblowers can help to detect, investigate and sanction abuses of EU law. They also play an important role in enabling journalists and the press to play their fundamental role in European democracies. That is why they need proper protection against intimidation and retaliation. Citizens who uncover illegal activities should not be punished as a consequence of their action.

Having had the fortune and privilege of being involved in supervising the drafting of the legislative proposal during my time at the European Commission’s Directorate-General for Justice, I can confirm the colossal legal challenge involved with tabling a European-wide law that would guarantee nigh-on comprehensive protection for blowing the whistle across a wide number of sectors: public procurement; financial services, products and markets; money laundering and terrorist financing, etc. All up, 10 large areas covering almost all the cases potential whistleblowers could face if they detect a legal breach.

To do so, the Commission drew on many different provisions of the Treaty on European Union, ensuring no legal loopholes were created and guaranteeing respect for national competences. All the areas covered by the Directive relate to a breach or abuse of EU law. Similarly, and with the same vocation of wholesale protection, the Directive has a broad scope in terms of who can be a whistleblower: people who work in the private or public sector and who have obtained information on breaches in a work context.

The Directive’s success will ultimately depend on Member States correctly transposing it into their national laws (expected in December 2021). The European Commission encourages Member States to punch above these minimum standards and establish comprehensive regulations based on the same principles for the protection of whistleblowers.

«Whistleblowers play an important role in uncovering unlawful activities that harm the welfare of society»

Despite the big step forward the Directive entails in protecting whistleblowers, the situation of journalists in some countries remains a matter of great concern. In recent years we have witnessed with horror the murders of Daphne Caruana Galizia in Malta and Ján Kuciak in Slovakia, journalists who uncovered corruption offences in their respective countries. Their deaths evidently struck a deep chord in Europe, where there is no place for threats or intimidation, and powered the swift adoption of the Directive despite its great technical complexity.

The European Commission is mapping potential cases of vexatious litigation against journalists to determine the best way forward. The European Democracy Action Plan, to be adopted later this year, will also include suggestions on how to tackle Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). SLAPPs are filed with the intention of silencing or intimidating acts of public participation, such as reporting on matters of public interest or activism, not with the intention of winning or obtaining justice. They are a threat not only to our right to freedom of expression but also our democracies. Journalists and civil society organisations should leverage their expertise and time to be the guardians of our democracies, not to fight vexatious litigation. Member States’ support will be crucial to this effort since powers to act in this area are limited at the European level.

In conclusion, I would like to emphasise the fact that democracy, fundamental rights and the defence of the rule of law are and will remain a priority for the European Commission. The recently published annual report on the rule of law in the European Union features a comprehensive analysis of the situation of all Member States, including issues relevant to the matter at hand such as freedom of expression and freedom of the media. The document can guide the Commission in its actions in this area and is a key tool for all parties involved in justice matters in Europe.

[1]DIRECTIVE (EU) 2019/1937 of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.

 

"Unidos ante la adversidad"