–Un total del 13% de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo, se entregarán como prefinanciación una vez se aprueben los planes. Solo en el caso de España son unos 9.000 millones. La cantidad necesaria podría superar el volumen que puede conseguir la UE en los mercados antes del verano, aunque ya captó con éxito unos 20.000 millones en junio. ¿Cómo se distribuirán los fondos para prefinanciación, si al final no se tiene suficiente dinero para todos los planes aprobados antes del verano?

–La posibilidad de recaudar la cantidad total en los mercados dependerá en primer lugar de cuántos países y cuántos grandes receptores de fondos se incluyen en el primer lote de países en junio. También depende de las condiciones del mercado. Pero ya hemos señalado que la prefinanciación puede llegar a plazos, a medida que podamos recaudar los fondos. En este caso, los Estados miembros recibirán los fondos prorrata.

–Usted dijo que, en algunos casos, se necesitan ajustes en los planes nacionales de recuperación. ¿Podría explicar cómo funciona este proceso de ajuste?

–En general, estamos bastante satisfechos con el contenido de los planes presentados. Parecen cumplir los objetivos de sostenibilidad y digitalización. Además, abordan un subconjunto significativo de las recomendaciones específicas que dirigimos anualmente a cada país. Por lo tanto, esperamos que no haya necesidad de una revisión importante de los planes. Pero, al mismo tiempo, continúa el trabajo de ajuste. No es que se presenten planes y todo sea ideal, y otorgamos una valoración positiva. Existen consultas a nivel técnico y en ocasiones solicitamos información adicional, o mayor claridad sobre los hitos y las metas que tienen que cumplir los países para acceder a los desembolsos del fondo. O puede haber preguntas sobre algunas de las estimaciones de los costes de proyectos de inversión. Pero aunque haya mucho trabajo técnico, y puede llevar a algunos ajustes y precisiones en los planes, no estamos hablando de grandes revisiones.

–¿Le preocupa que en los próximos meses se vuelvan a trazar líneas de batalla entre los Estados miembros que desean volver a la ortodoxia fiscal del pasado y los que creen que la pandemia ha demostrado que es necesaria una revisión radical del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cuál es su posición sobre las reglas que controlan el déficit y la deuda?

–Esperamos relanzar en la segunda mitad del año la consulta pública sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ya habíamos lanzado justo antes de la pandemia. No llegamos a este proceso con ideas o conceptos «precocinados». Analizaremos las aportaciones que recibamos en la consulta pública por parte de los Estados miembros y otras voces interesadas, y trazaremos un camino a seguir. Lo que tendríamos que conseguir es una simplificación general del marco fiscal, asegurando que facilite políticas fiscales más anticíclicas, es decir, favorecer inversión en épocas de crisis y ahorro en los buenos tiempos, para crear «colchones» para periodos peores. Tendremos que centrarnos también en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la deuda pública en el contexto de los niveles elevados de endeudamiento que nos encontraremos al salir de la crisis. Por supuesto, tendremos que buscar el consenso, porque de lo contrario no podremos avanzar, y quedaremos atrapados en debates divisivos. La construcción del consenso será un elemento muy importante.

–Uno de los temas más divisivos es la posibilidad de incluir en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento una cláusula para apoyar la inversión en áreas prioritarias, como la agenda «verde». Parece haber más apertura hacia esta propuesta en este momento. ¿Ese este su caso también?

–Como dije, entraremos en esta consulta pública sin ideas precocinadas y escucharemos a los Estados miembros y las partes interesadas. Esta propuesta formará parte de la discusión. Antes de que lanzáramos la consulta pública la primera vez, el Consejo Fiscal Europeo realizó una serie de recomendaciones con algunos de los elementos que queremos evaluar, incluida esta idea, además de la simplificación del marco fiscal, la contraciclicalidad, o la inclusión de sendas de deuda más ajustadas para los países con techos de gasto anuales. Las aportaciones del Consejo Fiscal Europeo fueron bien recibidas por nuestra parte.

–La Comisión Europea ha pedido a España prudencia con el gasto el año que viene. ¿Eso implica empezar a retirar las medidas de apoyo a empresas y trabajadores en 2022? –Es importante encontrar el equilibrio adecuado para cada Estado miembro. En general, nuestra recomendación es que la posición fiscal siga siendo de apoyo, tanto este año como el próximo. En el caso de países con un elevado endeudamiento, somos más prudentes en lo que respecta a las posiciones fiscales a medio plazo o al aumento del gasto corriente.

Pero depende de la situación económica de cada país decidir cuál es exactamente un buen momento para comenzar a retirar gradualmente las medidas de apoyo tras las crisis, incluyendo aquellas para apoyar a los trabajadores con medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es decir, los países deben realizar esta evaluación y encontrar el momento adecuado para cambiar de marcha. No proporcionamos una guía exacta sobre cuándo debería ser el caso en cada Estado miembro, porque todavía existe una incertidumbre económica bastante elevada. Además, vemos que existen diferencias en el ritmo de cómo los países están recuperando el nivel económico previo a la crisis. Por eso, es importante no retirar prematuramente los estímulos. Pero, al mismo tiempo, está el asunto de la sostenibilidad fiscal. Por eso, diferenciamos entre países con elevado endeudamiento y aquellos cuya sostenibilidad de la deuda presenta riesgos reducidos.

–Presentó una propuesta a los miembros de la Organización Mundial del Comercio para aumentar la producción de vacunas a escala mundial. ¿Cuáles son los detalles de la propuesta europea?

–Sugerimos tres elementos principales. En primer lugar, queremos asegurarnos de que las vacunas y los tratamientos para el covid pueden cruzar las fronteras libremente. Los países desarrollados con capacidad de producción de vacunas deberían comenzar a exportar a los países en desarrollo, porque hasta ahora solo la UE es un exportador importante de vacunas. Además, también es importante no interrumpir las cadenas de suministro en lo que respecta a los componentes de las vacunas y otros tratamientos, para que podamos garantizar una producción eficaz. La segunda área es trabajar en la cooperación voluntaria entre empresas que tienen el conocimiento y la propiedad intelectual, y las empresas que pueden proporcionar capacidad de fabricación adicional. Serían acuerdos de cooperación voluntaria, incluidas empresas en países en desarrollo. La tercera corriente son las licencias obligatorias (cuando un Gobierno permite producir un producto patentado sin el consentimiento de quien tiene la patente). Deberíamos ver esta opción como una herramienta legítima que se puede utilizar en tiempos de crisis. Pediremos a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio que cuenten con marcos de licencias obligatorias, para que esta herramienta se pueda utilizar de manera eficiente cuando sea necesario. La concesión de licencias obligatorias es una opción que ya existe dentro de las flexibilidades del acuerdo de propiedad intelectual de la OMC (acuerdo TRIPS, por sus siglas en inglés). Deberíamos haber señalado antes que estamos listos para explorar y utilizar las flexibilidades de TRIPS.