La España vaciada pide paso

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La España vaciada
pide paso

El pasado 25 de mayo se presentó en el Congreso de los Diputados el Modelo de Desarrollo de la España Vaciada, un documento elaborado por la plataforma La España Vaciada, surgida para coordinar a diferentes estructuras y organizaciones procedentes de 12 comunidades autónomas y 30 provincias y que reivindica un modelo territorial diferente, de cara a lograr la sostenibilidad social, ambiental, patrimonial, cultural y económica, frenando la despoblación y facilitando la acogida de nuevas y nuevos pobladores para mejorar la calidad de vida de las personas que vivan o vayan a vivir en ellos, reequilibrando el país a nivel territorial y demográfico, con una financiación pública adecuada y estable.

CARLOS CAPA

El Modelo de Desarrollo presentado en el Congreso de los Diputados ha sido elaborado siguiendo la “metodología de abajo a arriba”, por más de 180 participantes que viven todos los días la realidad de estos lugares, pertenecientes a 82 plataformas ciudadanas y entidades que durante ocho meses han debatido, trabajado y consensuado ideas, propuestas y acciones desde los diferentes territorios.

La propuesta se articula en 8 secciones y 38 temáticas aportando 101 propuestas desde las que se abordan cuestiones como un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de “reequilibrio”, que debería ser apoyado por todas las fuerzas políticas para que su desarrollo sea posible con independencia de los avatares electorales. Además, piden cambiar el artículo 138 de la Constitución para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios.

 

Como medidas concretas se reclama el plan 100/30/30 (100 MB simétricos de acceso a internet, 30 km a una autovía y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos); medidas para asentar población desde el ámbito del bienestar; mantenimiento y creación de servicios en el medio rural; propuestas sobre infraestructuras para vertebrar la España Vaciada con el resto del país; fomento de la economía circular; digitalización prioritaria para acabar de verdad con la brecha digital; mantenimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural; plan urgente de vivienda en el medio rural y desconcentración de las distintas administraciones.

Los representantes de La España Vaciada apuestan por “una propuesta abierta, receptiva para recibir nuevas propuestas y sugerencias, que cambia la orientación de la política territorial con muchas acciones” de las que se pueden destacar, además del Pacto de Estado citado, la aplicación de una fiscalidad diferenciada en el medio rural para dinamizar su economía y la creación de empleo, y el diseño e implementación de mecanismos de garantía rural para que todas las políticas, leyes y acciones de las administraciones evalúen su impacto en el medio rural y corrijan posibles disfunciones.

Del mismo modo, plantean la necesidad de una cohesión social y de un territorio vertebrado mediante infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones, con la implantación controlada de energías renovables para el desarrollo de los territorios y que contribuya a los objetivos de neutralidad climática. En este sentido se ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar la ejecución de infraestructuras pendientes en las provincias despobladas y recuperar el ferrocarril convencional para vertebrar el país.

Los autores del Modelo de Desarrollo, que tienen como cabeza visible al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, destacan la importancia del medio rural “como un espacio de oportunidades” y consideran que es necesario el empoderamiento de estos territorios al tiempo que se traslada su realidad en positivo a través de los medios de comunicación.

Así, insisten en la dinamización de los sectores productivos, en la modernización de la agricultura y la ganadería. “Una de las claves para lograr una vertebración que asiente población en el medio rural es la explotación racional y sostenible de los recursos primarios. El desarrollo de una agricultura y ganadería respetuosas con el medio ambiente, y que sean generadoras de valor; el cuidado y limpieza de los bosques; la utilización responsable de los recursos hídricos; y la gestión eficiente de los residuos, lograrán un efecto dinamizador, atrayendo a la población y preservando los recursos del medio rural como garante del equilibrio medioambiental de todo el territorio” dice el documento presentado.

Esta apuesta por recuperar los espacios despoblados de España requiere inexcusablemente de una buena dotación de servicios básicos educativos, sanitarios, sociales, de ocio, comerciales y de seguridad, suficientes, haciendo realidad el mandato constitucional de no discriminación e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

La despoblación en datos. España ha experimentado un importante crecimiento demográfico este siglo. Entre 2001 y 2019, el país ha pasado de 41,1 a 47 millones de habitantes. Casi 6 millones más de personas, lo que supone un crecimiento cercano al 15%.

Sin embargo, cuatro Comunidades Autónomas han perdido población en el siglo XXI (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias) pero ya son 9 las que pierden en la última década (2010-2019). Además de las 4 anteriores, también pierden Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. En España hay 3.926 municipios (el 42,2%) con una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, el umbral que la UE considera como de riesgo demográfico y es el cuarto país tras Estonia, Finlandia y Letonia con más municipios en riesgo de despoblación.

Entre el año 2000 y 2018 el 63,1% de los municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según señala el trigésimo séptimo número de ‘Esenciales’ de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos del INE.

Sólo teniendo en cuenta el periodo entre 2017 y 2018, hasta 26 provincias perdieron población, siendo las más desangradas, en porcentaje, Zamora, Ávila, León y Cáceres, mientras que las provincias que más han ganado población entre 2017 y 2018 son Islas Baleares, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.

Una oportunidad para la emigración

Por otra parte, esté fenómeno ha provocado que las zonas rurales hayan sido un polo de atracción para la inmigración extranjera que han visto en la despoblación de muchos pueblos la oportunidad de conseguir una estabilidad personal y profesional. De hecho, muchos de los oficios relacionados con la actividad agraria y ganadera son desempeñados por nacionales de otros países. Así, hoy en día una significativa cantidad de localidades ya tienen más población de origen extranjero que nacional. A título de ejemplo, en Torre del Burgo (Guadalajara) más del 90% de sus habitantes son extranjeros. 

La España Vaciada pide un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de reequilibrio

Para saber más

Modelo de Desarrollo de la España Vaciada. Documento de propuestas elaborado por la plataforma La España Vaciada.

Revista Esenciales de la Fundación BBVA. Número 37 dedicado a la despoblación.

Presentación del Modelo de Desarrollo en el Congreso de los Diputados. Grabación de la presentación del Modelo de Desarrollo el 25 de mayo.

Notarios rurales

Los notarios, cerca de 3.000, están repartidos por todo el país, incluso en pueblos de 500 habitantes. En el buscador www.notariado.org puede localizar al más cercano a su residencia o lugar de trabajo. Pero no sólo es reseñable su proximidad, también la calidad de su servicio, dado que todos los notarios superan la misma oposición, así como el desarrollo tecnológico de sus notarias, dotadas por igual con los medios más avanzados.

Europa financia la rehabilitación de viviendas

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Europa financia la rehabilitación de viviendas

En una jornada recientemente organizada por el Consejo General de Economistas, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, anunció un plan para la rehabilitación de viviendas en España por valor de 6.800 millones de euros con financiación procedente de los fondos europeos.

CARLOS CAPA

EL PLAN CONTRIBUIRÁ al Producto Interior Bruto español en una cantidad estimada en 13.500 millones de euros mediante unas 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y una previsión de 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Este proyecto puede suponer la creación de cerca de 188.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el mercado inmobiliario residencial se ha visto sensiblemente afectado por la pandemia de Covid-19, que irrumpió –dice el estudio del regulador– en un momento en el que el ciclo de este mercado se encontraba en una fase de madurez.

Descenso constructor. Así, la imprevista crisis sanitaria mundial provocó un descenso brusco de la actividad constructora, directamente afectada por las restricciones adoptadas. Desde entonces, se ha recuperado lentamente y sigue muy influida por los desarrollos epidemiológicos y su impacto en las perspectivas económicas.

El Banco de España también señala que la pandemia ha propiciado cambios notorios en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, particularmente los de la vivienda nueva, si bien la pandemia está influyendo de forma muy heterogénea a escala regional.

La crisis económica generada por la pandemia no se ha traducido en un aumento de los costes de financiación de la vivienda, sino que estos han continuado descendiendo hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Sin embargo, se aprecian algunos indicios de endurecimiento en los criterios de concesión y en algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

En este escenario, la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que además responde a una creciente demanda inmobiliaria en zonas de urbanización débil o del espacio rural, tiene gran sentido de la oportunidad. Según expertos inmobiliarios, la demanda de vivienda fuera de las grandes ciudades se duplicó en 2020 y la tendencia sigue en progreso, lo que convierte en necesidad impulsar acciones de rehabilitación de viviendas que hasta ahora no eran atractivas en el mercado inmobiliario.

La pandemia ha convertido a la calidad de vida en una prioridad y ha contribuido, en gran medida, al cambio de preferencias. Así, la vivienda tipo que se perfila es de concepto más abierto, con terraza o, mejor aún, que sea una vivienda unifamiliar con jardín o en un edificio residencial con zonas comunes.

Y la realidad es que las tendencias urbanísticas de los últimos años, al menos en las grandes ciudades, no iban en esa dirección. Por eso la rehabilitación se ha convertido en una actividad de gran demanda.

El ambicioso Plan de Rehabilitación quiere superar la pobre realidad de esta actividad en España. Uno de los factores para la, hasta ahora, poco atractiva inversión en rehabilitación es el predominio de la vivienda en planta vertical (pisos) en el parque inmobiliario español, que representa el 72% del total en la vivienda principal. Esto provoca que la decisión sobre muchas rehabilitaciones estructurales tenga que ser acordada en las comunidades de vecinos. Cualquiera que haya formado parte de una de ellas comprende que esto es algo más que complejo.

Un sector resistente. Aun así, la rehabilitación residencial ha sido el sector de la edificación que mejor ha resistido la pandemia: la superficie de viviendas en rehabilitación aumentó en el primer trimestre de 2021 un 11,8% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. La rehabilitación visada, la de mayor envergadura y que afecta a elementos estructurales, fue de 756.437 m2.

La situación pretende ser superada por el programa gubernamental que plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a barrios como a edificios y viviendas, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo la misma.

Las deducciones pueden ser del 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética «A» o «B».

También se prevén planes renove para carpinterías, fachadas o cubiertas, a gestionar directamente por fabricantes o instaladores.

Por lo que respecta a la financiación privada, que debe complementar la acción pública, el Gobierno buscará hacer atractiva la implicación de las entidades financieras mediante la aportación de algún tipo de aval a los créditos concedidos para la rehabilitación.

Estos incentivos están integrados en el modelo de gestión de los fondos europeos; será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas y su gestión obedecerá a un modelo único.

Beneficios para el medio ambiente

Además del impacto económico que representará la millonaria inversión, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.

Según el Plan del Gobierno, enmarcado en la estrategia comunitaria Next Generation, otro efecto colateralmente beneficioso será la reducción de la pobreza energética, ya que la vivienda rehabilitada será más eficiente, logrando abaratar el coste de servicios energéticos básicos y un mejor tratamiento de residuos.

La mejora en la eficiencia energética también es una inversión rentable en la económica. Según el estudio La rentabilidad energética como coste de inversión, actualizado este año por la empresa Knauf, pasar de una clasificación energética E a una clase B supone un ahorro de 800 €/vivienda al año para Barcelona y 1.184 €/viviendas anuales para Madrid.

Si proyectamos estos datos, mejorar la eficiencia energética de una vivienda en Madrid aporta unos beneficios netos acumulados en 30 años para un unifamiliar de 106.365 euros y para un edificio residencial rehabilitado de 58.642 euros por vivienda.

La rehabilitación de viviendas puede generar 188.000 puestos de trabajo en los próximos años

Para saber más

Efectos de la pandemia en 2020. Centro de Información Estadística del Notariado

Estudio del Banco de España sobre el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario.

España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Unión Europea.

La rentabilidad energética como coste de inversión. Informe actualizado sobre rentabilidad de la inversión en rehabilitación, realizado por Knauf.

Finanzas sostenibles para un planeta único

ENTRE MAGNITUDES

Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

  • Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
  • Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
  • Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
  • Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
  • Abolir la mano de obra infantil.
  • Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
  • Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
  • Fomentar la responsabilidad ambiental.
  • Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global CompactFinance Initiative UNEP.

Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

«Determinación frente a la incertidumbre», por José Luis Martínez Campuzano

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Determinación frente a la incertidumbre

@Aebanca

El primer paso para resolver un problema es hacer un buen diagnóstico y sobre esa base tomar las medidas necesarias para resolverlo. Pero es muy difícil hacer esta radiografía cuando la falta de información y la incertidumbre son muy elevadas, ya sea porque no hay precedente histórico o porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, a costa de vidas humanas y una parálisis económica casi total.

A pesar de que al inicio de la pandemia el desconocimiento sobre el coronavirus no permitía hacer un diagnóstico concluyente, la gravedad de la situación llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y extraordinarias, apoyadas en el consenso y la cooperación internacional. A escala global, el impulso fiscal implementado ha superado los 11 billones de dólares. También ha sido excepcional la expansión monetaria desarrollada para estabilizar los mercados financieros y llevar la liquidez que necesitan familias y empresas a través de los bancos. Estos se han implicado desde el inicio, con todos sus recursos humanos y financieros, mostrando que la colaboración público-privada es imprescindible para proteger el tejido productivo y aminorar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Desde el primer momento, el objetivo de las medidas ha sido mantener la renta de las familias y ofrecer liquidez y financiación a las empresas, bajo reglas más flexibles como la relajación de los objetivos de déficit o de ayudas públicas a nivel europeo.

La determinación del sector bancario para paliar los efectos del coronavirus ha ido mucho más allá de su función básica de garantizar en todo momento los productos y servicios bancarios necesarios, algo que logró desde el inicio de la pandemia, sin ningún tipo de incidencia, gracias a la clara apuesta por la digitalización que emprendió hace ya más de una década. Los bancos también han facilitado el aplazamiento de los pagos de clientes en situaciones de estrés económico y han adelantado tanto el pago de las pensiones, para reforzar la protección de nuestros mayores, como de las prestaciones por desempleo, en estrecha colaboración con el SEPE.

La gravedad de la situación también ha llevado a los bancos a tomar medidas ajenas a la operativa habitual de una entidad de depósito. Han dotado fondos para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a los hospitales y para investigar una vacuna para la enfermedad. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar las dificultades de niños y mayores, así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Pero estos son solo algunos ejemplos de las medidas ‘no bancarias’ de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los momentos más difíciles.

Con estas y otras iniciativas, la banca ha confirmado que es un sector esencial para que la economía siguiera funcionando durante el confinamiento y las restricciones a la movilidad, y que la colaboración con el sector público redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. La cooperación internacional también se ha reforzado en la lucha contra la pandemia, para obtener vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Pero lo fundamental ha sido la responsabilidad personal asumida por cada uno de nosotros, en función de nuestras posibilidades, en aras de vencer al virus.

En el plano sanitario, estamos aprendiendo a vivir con la pandemia de forma responsable, con distanciamiento social y mascarillas en nuestro día a día, entre otras medidas. En el plano económico, también tendremos que mantener los principios que tan buenos resultados han dado hasta el momento: la inmediatez, la contundencia y la perseverancia en las medidas tomadas. Para que esta estrategia funcione requiere el consenso de todos los agentes a escala internacional. Como el que ha demostrado Europa con la creación de un fondo conjunto que refuerce las medidas tomadas en cada país para lograr un crecimiento sostenible y digital. Los fondos europeos son un paso significativo en la construcción europea y un mecanismo de estabilización y desarrollo económico que ofrecen margen de maniobra a España para responder a la crisis y modernizar su tejido productivo. En su habitual y estrecha colaboración con las autoridades, los bancos pueden contribuir a una eficaz distribución de estos fondos para impulsar la reconstrucción de la economía. Con su capilaridad y cercanía al cliente, no solo pueden identificar e impulsar los proyectos a financiar, sino que pueden anticipar fondos y cofinanciar iniciativas en ámbitos en los que tienen conocimiento y experiencia.

El esperado fin de la crisis sanitaria nos dejará una situación económica donde la prioridad será recuperar lo perdido, aunque no podamos volver atrás y nada volverá a ser igual. La información y experiencia de la que disponemos, sin embargo, nos permite plantear una estrategia a seguir ahora que ya disponemos de un diagnóstico concluyente de la situación y que sabemos lo que queremos. Aprovechemos el inmenso desafío de volver a la normalidad diseñando una mejor que la que disfrutábamos hasta que la Covid19 desbarató nuestra vida. 

Entrevista a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

ÁMBITO EUROPEO

Virginijus Sinkevičius,

comisario de la UE de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

«Dar prioridad al medio ambiente hará que las pandemias sean menos probables»

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) es el comisario de la UE más joven de la historia. Antiguo ministro de Economía e Innovación de Lituania, se convirtió en el responsable de Medio Ambiente de la UE. Su prioridad para la Europa post-Covid es que la biodiversidad y la «economía azul» sean parte integral del ‘Pacto Verde Europeo’ y la recuperación en su conjunto, según explica a Escritura Pública en una entrevista.

JORGE VALERO

@europressos

Prestamos mucha atención al clima y a reducir las emisiones, pero la protección de la biodiversidad parece ser una prioridad secundaria. ¿Por qué es eso?

El clima y las emisiones han entrado en el centro del debate político, después de muchos años de promoción y convencimiento. La biodiversidad sigue siendo una frontera nueva para muchos políticos. Sin embargo, la crisis mundial de la biodiversidad y la crisis climática son, en muchos sentidos, las dos caras de la misma moneda. Si dañamos un ecosistema, en realidad liberamos carbono en lugar de almacenarlo en la biomasa y los suelos. Lo contrario es igualmente cierto: cuando restauramos la naturaleza, bloqueamos el carbono y ayudamos a estabilizar nuestro clima. De hecho, más del 30 por ciento de nuestros objetivos de mitigación climática podrían cumplirse con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales, y creando espacios verdes en las ciudades.

La buena noticia es que la concienciación está aumentando, y la crisis del Covid-19 la ha acelerado. Ha mostrado cómo todos dependemos de la naturaleza y cuán devastadores pueden ser los impactos de la pérdida de biodiversidad.

La biodiversidad además está aumentando su importancia en la agenda política. La Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre atestigua la creciente concienciación entre los líderes mundiales de que es necesario actuar ahora. Por primera vez en la historia, se comprometieron conjuntamente a revertir la degradación del entorno, poniendo la naturaleza en primer término de los planes de recuperación, y trabajando para lograr un acuerdo ambicioso para la naturaleza y las personas.

La UE predicará con el ejemplo, ya que ser pioneros es esencial si queremos llegar a un ‘Marco Global de Biodiversidad’ posterior a 2020 ambicioso, significativo y de alto impacto en Kunming (China) el próximo año.

Algunas tendencias que vimos durante la pandemia, como las entregas a domicilio o la comida para llevar, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Está preocupado por esto?

Estoy de acuerdo, se trata de tendencias preocupantes y un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente las describió en detalle. La pandemia del Covid-19 ha provocado cambios significativos en la producción y consumo de plásticos y en los residuos plásticos. Además de un aumento repentino en la demanda mundial de equipos de protección personal, se impusieron medidas de bloqueo en la mayor parte de Europa, junto con estrictos requisitos de higiene. Muchos restaurantes pasaron a ofrecer servicios de comida para llevar y entrega con envases de plástico de un solo uso, y varios grandes minoristas de café dejaron de permitir que los clientes trajeran envases recargables.

A corto plazo, esto puede representar un desafío adicional para los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación plástica y avanzar hacia un sistema más sostenible y circular. La Comisión está prestando un gran apoyo al sector de la gestión de residuos y, en particular, al sector del reciclaje, garantizando que tengan acceso a la financiación necesaria.

¿Considera que los esfuerzos realizados por el sector privado son suficientes para proteger el medio ambiente y los océanos?

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental, a medida que crece la concienciación de que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que brinda. Durante el último año hemos visto un cambio importante en la agenda medioambiental, con el creciente interés de la comunidad empresarial.

En la última Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre, más de 600 empresas, que representan 4,1 billones de dólares de ingresos anuales, pidieron un plan colectivo por la naturaleza, instando a los gobiernos a adoptar políticas para revertir la pérdida del medio ambiente en esta década. Si queremos que las empresas amplíen sus acciones, necesitamos las políticas adecuadas y eso es lo que estamos haciendo con el Pacto Verde Europeo.

¿Cuál es su mayor prioridad legislativa para este mandato, considerando que gran parte de la atención se centrará en salir de la recesión?

Mi prioridad es asegurar que nuestro medio ambiente y “la economía azul” formen parte integral del Pacto Verde Europeo, que es el plan de Europa para hacer que la economía de la UE sea sostenible y hacer que esta transición sea justa e inclusiva para todos.

En cuanto a la biodiversidad, esto significa revertir la pérdida del entorno europeo para 2030 y liderar los esfuerzos mundiales para reducir los daños a nuestro medio ambiente. Esto también significa cumplir con la ambición de cero contaminación, teniendo en cuenta la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones y los pesticidas. Igualmente queremos desvincular el crecimiento del uso de recursos, avanzando en el plan de acción de la economía circular, especialmente en sectores intensivos en recursos y de alto impacto, como la construcción, el textil y la electrónica.

Los océanos son un desafío particular. Dependemos de ellos para la alimentación, el transporte, el aire que respiramos. Al mismo tiempo, también encaran una presión increíble, desde el agotamiento de las poblaciones de peces hasta el aumento de la contaminación. Para abordar estos problemas, estoy liderando los esfuerzos para conseguir océanos libres de plásticos y contaminación, mientras que al mismo tiempo quiero garantizar una pesca sostenible y una economía azul próspera para los mares y océanos de Europa.

Todo esto jugará un papel importante en el proceso de recuperación. Como sugiere la evidencia científica más reciente, dar prioridad a las políticas respetuosas con el medio ambiente también hará que crisis como la actual pandemia del Covid-19 sean menos probables, y nos hará más resistentes para enfrentar situaciones similares en el futuro.

¿Está haciendo la UE lo suficiente en materia de alimentación sostenible?

Va a ser extremadamente relevante, ya que avanzar hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible es una piedra angular del Pacto Verde Europeo. Por eso, la Comisión presentó las estrategias de Biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio entre la naturaleza y los sistemas alimentarios, proteger la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE.

Para llegar hasta ahí, debemos involucrar a todos los elementos en la cadena alimentaria (agricultores, procesadores de alimentos, minoristas y consumidores), y hacerles comprender que la naturaleza y la agricultura van de la mano, y dependen en gran medida unos de otros. Sin suelos sanos y polinizadores, no hay agricultura.

La UE apoyará a los agricultores en esta transición a través de una amplia gama de instrumentos, con beneficios para ellos y sus comunidades, y también se esforzará por orientar a la industria alimentaria hacia prácticas que hagan que la elección saludable y sostenible sea fácil para los consumidores.

¿Teme que la grave crisis económica y sanitaria en España obstaculice sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la biodiversidad?

España fue uno de los Estados miembros más ambiciosos en el Consejo de Medio Ambiente, apoyando firmemente la ambición de la estrategia de Biodiversidad de la UE y todos sus objetivos. Por eso, creo que nuestros homólogos españoles entienden muy bien que proteger y restaurar la naturaleza puede estimular la recuperación y crear empleo, ayudándonos a construir una sociedad más sana y resiliente. Ahora es el momento de invertir en la naturaleza en lugar de desinvertir.

España tiene excelentes condiciones para hacerlo. Es una referencia destacada dentro de la UE en términos de capital natural y posee una biodiversidad muy rica.

Sin embargo, al igual que en cualquier lugar de Europa, sus hábitats y especies están bajo una presión continua, con solo el 8,9% de los hábitats y solo el 18,9% de las especies en buenas condiciones. Esto se debe principalmente a las presiones de la agricultura, el desarrollo, la construcción, el transporte y la silvicultura. Por tanto, queda mucho por hacer y espero que España pueda garantizar la protección de su biodiversidad, de acuerdo con la legislación medioambiental europea.

Entiendo que el Plan de Recuperación Post-Covid, lanzado recientemente por el Gobierno español, tiene como meta lograr ambiciosos objetivos ambientales, climáticos y energéticos en un plazo de tres a cuatro años, financiado con hasta 140.000 millones de euros de subvenciones y préstamos de la UE, por lo que creo que se trata de un desarrollo muy positivo.

In English

Virginijus Sinkevičius,

commisioner for Environment, Oceans and Fisheries
“Prioritizing the environment will make pandemics less likely”

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) is the youngest ever EU commissioner. A former minister of Economy and Innovation in Lithuania, he became the EU’s environment chief. His priority for the. post-Covid Europe is that the environment and ‘blue economy’ become an integral part of the European Green Deal and the recovery as a whole, he tells ‘Escritura Pública’ in an interview.

-We pay a lot of attention to climate and curbing emissions, but the protection of biodiversity seems to be a secondary priority. Why is that?
Climate and emissions have entered the mainstream in politics, after many years of advocacy and convincing. Biodiversity is still a new frontier for many policymakers. But the global biodiversity crisis and climate crisis are in many ways the two sides of the same coin. If you damage an ecosystem, it actually releases carbon instead of storing it in biomass and soils. But the opposite is true as well when we restore nature, we lock away carbon and help stabilize our climate. In fact, over 30 percent of our climate mitigation targets could be met by nature-based solutions, such as restoring forests, soils and wetlands, and creating green spaces in cities.

The good news is that this understanding is increasing, and the Covid crisis accelerated it. It showed how we all depend on nature, and how devastating the impacts of biodiversity loss can be.

Biodiversity is also rising on the political agenda. The UN Biodiversity Summit in September testifies to the growing awareness among world leaders that action is needed now. For the first time ever, world leaders made a joint commitment to reverse nature loss, put nature first in recovery plans, and work towards an ambitious deal for nature and people.

The EU will lead by example as front runners are essential if we want to arrive at an ambitious, meaningful and high-impact post-2020 Global Biodiversity Framework in Kunming next year.

Some trends we saw during the pandemic (home deliveries, take-aways) can have a negative impact on the environment. Are you worried about that?
I agree, these are worrying trends, and a recent EEA report describes them in detail. The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the production and consumption of plastics, and in plastic waste. In addition to a sudden surge in global demand for personal protective equipment, lockdown measures were imposed across most of Europe, coupled with stringent hygiene requirements. Many restaurants moved to offering take away and delivery services using single-use plastic containers, and several large coffee retailers stopped allowing customers to bring refillable containers. 

In the shorter term, this may bring an additional challenge to EU’s efforts to curb plastic pollution and move towards a more sustainable and circular plastics system. The Commission is providing a lot of support to the waste management sector and in particular the recycling sector, ensuring that they have access to the necessary funding.

Do you consider that the efforts made by the private sector are sufficient to protect the environment and oceans?
Businesses are increasingly becoming aware of the risks associated with climate change and environmental degradation as understanding is growing that half of global GDP depends on nature and the services it provides. Over the last year we have seen a major change on the nature agenda, with the growing interest of the business community.

At the last UN Biodiversity Summit in September, more than 600 companies, representing 4.1 trillion US dollars of annual revenue called for collective action for nature, urging governments to adopt policies to reverse nature loss in this decade. So if we want business to scale up action, we need the right policies in place and that’s what we’re doing with the European Green Deal.

What is your biggest legislative priority for this mandate, considering that most of the focus will be given to getting out of the recession?
My priority is to ensure that our environment and blue economy form an integral part of the European Green Deal, which is Europe’s plan to make the EU’s economy sustainable and make this transition just and inclusive for all.

On biodiversity, this means reversing the loss of nature in Europe by 2030 and leading global efforts to curtail biodiversity loss. This also means delivering on the zero-pollution ambition, looking at air and water quality, hazardous chemicals, emissions and pesticides. We also want to decouple growth from resource use, advancing on the circular economy action plan, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as construction, textiles and electronics.

Oceans are a particular challenge. We rely on them for food, for transport, for the air we breathe. At the same time, they also face incredible pressures, from depleting fish stocks to increasing pollution. To address this, I am leading efforts towards plastic-free and pollution-free oceans, while at the same time ensuring sustainable fishing and a thriving blue economy for Europe’s seas and oceans.

All this will play a major role in the recovery process. As the latest scientific evidence suggests, prioritizing environmentally friendly policies will also make crises like the current Covid-19 pandemic less likely and will make us more resilient in dealing with similar situations in the future.

Is the EU doing enough on sustainable food?
It is going to be extremely relevant, as moving towards a healthier and sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal. This is why the Commission came forward with the Biodiversity and Farm to Fork strategies, which aim to restore the balance between nature and food systems, to protect our people’s health and wellbeing, and at the same time increase the EU’s competitiveness and resilience.
In order to get there, we need to get everybody in the food chain on board –farmers, food processors, retailers and consumers– and make them understand that nature and agriculture go hand in hand and depend heavily on one another. Without healthy soils and pollinators, there is no agriculture. 

The EU will support farmers in this transition through a wide range of instruments with benefits for them and their communities, as well as strive to steer the food industry towards practices that make the healthy, sustainable choice the easy one for consumers.

Do you fear that the severe economic and health crisis in Spain will hamper its efforts to protect the environment and biodiversity?
Spain was among the most ambitious Member State in the Environment Council, strongly supporting the ambition of the EU Biodiversity Strategy and all of its targets. So I think our Spanish counterparts understand very well that protecting and restoring nature can stimulate recovery and create jobs, helping us to build a healthier and more resilient society. That now is the time to invest in nature rather than divest.

Spain has excellent conditions to do that. It is an outstanding reference within the EU in terms of natural capital and holds a very rich biodiversity.

However, just like anywhere in Europe, its habitats and species are under continued pressure, with only 8,9% of the habitats and only 18,9 % of species in good condition. This is mostly due to pressures from agriculture, development, construction, transport and forestry. So a lot remains to be done and I’m hope that Spain will be able to ensure the protection of its biodiversity in line with European environmental legislation.

I understand that the recently launched Post-Covid Recovery Plan by the Spanish government aims to achieve ambitious environmental, climate and energy objectives within three to four years, financed by up to 140 billion euros of EU grants and loans, so I think this is very positive development.