La competencia desleal

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La competencia desleal

El objetivo marcado por la UE de prohibir la fabricación de vehículos de combustión para 2035 ha acelerado la carrera de los fabricantes por hacerse con el mercado eléctrico. China ha pasado en pocos años a ser líder mundial con la fabricación de baterías y todo tipo de vehículos de cero emisiones. El gigante asiático se ha convertido en un potente competidor y, en Europa, las marcas chinas ya están desbancando a las japonesas e incluso a las europeas.
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Los principales fabricantes de vehículos de la UE fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Una situación que ha provocado recelos entre los 27 sobre la política de subvenciones del gobierno chino, que ha derivado en la apertura de una investigación de la Comisión Europea.

Liderazgo

Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en China aumentaron un 82 % en 2022 respecto al año anterior. El país representó el 59 % de las ventas mundiales de este tipo de vehículos, consolidando su primera posición mundial.

En 2023, la industria automotriz de China mantuvo una expansión estable en los primeros tres trimestres, según la agencia de noticias china Xinhua citando datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. El valor añadido industrial de este sector aumentó un 11,4 % interanual durante este período, mientras que los ingresos operativos combinados de las empresas del sector se situaron en 7,11 billones de yuanes (más de 911.000 millones de euros), un 10,4 % más que en los primeros nueve meses de 2022. En cuanto a las exportaciones de vehículos, en noviembre habían alcanzado las 482.000 unidades, un aumento interanual del 46,3 % a pesar de que el volumen cayó un 1,1 % respecto del mes anterior. En total se exportaron 4,41 millones de unidades entre enero y noviembre, materializando un crecimiento interanual del 58,4 %. La producción y las ventas de vehículos de nueva energía alcanzaron los 1,07 millones y 1,03 millones de unidades, respectivamente, con aumentos interanuales del 39,2 % y el 30 %.

 

CHINA OBTUVO EN 2022 EL 59 % DE LAS VENTAS MUNDIALES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, CONSOLIDANDO SU LIDERAZGO MUNDIAL

 

Investigación

Los principales fabricantes de vehículos de la UE, con Renault a la cabeza, fueron los primeros en denunciar una «situación de indefensión» ante el creciente liderazgo de las marcas de vehículos eléctricos chinos en el mercado europeo. El gobierno de Francia planteó la necesidad de investigar posibles subvenciones ilegales del gobierno chino a fabricantes del país para facilitar la venta de vehículos eléctricos en el mercado internacional. Pese a las reticencias iniciales de algunos países como Alemania, cuya dependencia comercial con China es muy superior a la que tiene Francia, finalmente la Comisión Europea anunció en septiembre la apertura de una investigación antidumping contra los fabricantes chinos de coches eléctricos.

«Con demasiada frecuencia, nuestras empresas quedan excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas abusivas y a menudo se ven perjudicadas por competidores que se benefician de enormes subsidios estatales», declaró la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo el 13 de septiembre. La UE, aseguró, está a favor de la competencia, siempre que sea «justa». En el caso de los vehículos eléctricos, la presidenta recordó que es un sector con «enorme potencial para la competitividad futura de Europa y el liderazgo industrial ecológico» y en el que «los fabricantes de automóviles de la UE y los sectores relacionados ya están invirtiendo e innovando para desarrollar plenamente este potencial». «Los mercados globales ahora están saturados de coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado. Y así como no aceptamos esta distorsión de precios desde dentro de nuestro mercado, tampoco la vamos a aceptar desde fuera. Por lo tanto, hoy puedo anunciar que la Comisión va a abrir una investigación para detectar las subvenciones ilegales en la producción de los vehículos eléctricos que provienen de China».

El gobierno chino, a través del Ministerio de Comercio, calificó la investigación de «abiertamente proteccionista» que, aseguró, «tendrá un impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE».

Tecnología ferroviaria

Además de los coches y otros vehículos eléctricos, China parece dispuesta a convertirse también en líder mundial del mercado ferroviario con la venta de sus productos eléctricos de última generación, y lo está haciendo, principalmente, a través de CRRC Corporation Ltd., empresa de propiedad estatal. Según el diario Expansión, representantes de esta empresa visitaron España el último trimestre de 2023 para analizar las líneas ferroviarias españolas y estudiar sus posibilidades. España, que ya ha liberalizado el mercado de alta velocidad, prevé hacer lo mismo con el mercado de cercanías y media distancia en 2026.

 

CHINA PARECE DISPUESTA A CONVERTIRSE TAMBIÉN EN LÍDER MUNDIAL DEL MERCADO FERROVIARIO CON LA VENTA DE SUS PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

 

La expansión de CRRC fuera de China comenzó en 2015 con la previsión de lograr el 35 % de sus ingresos del exterior para 2025. En Europa está presente desde 2022 en Oporto (Portugal) con 18 vagones, tras ganar en la licitación a Siemens Mobility y Škoda Transportation. Dicha compra fue la primera exportación de material rodante chino en un país de la UE. En la actualidad, la compañía compite con la española Talgo en una licitación que se decidirá en próximos meses para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros. Fuera de Europa, CRRC está presente en numerosos países.

Cumbre UE-China

Pese a la polémica suscitada por la investigación de la CE, la primera semana de diciembre se celebró en Pekín la 24ª Cumbre UE-China. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañados del alto representante, Josep Borrell, se reunieron con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang. La cumbre supuso una ocasión de colaborar con China al más alto nivel y de que la UE y China mantengan unas relaciones constructivas y estables, informó la UE.

China y los 27 son socios económicos importantes, recuerda la UE, «aunque el déficit comercial de la Unión con China es de casi 400.000 millones de euros». Los representantes europeos insistieron al presidente chino en «lograr una relación económica más equilibrada, en la que haya reciprocidad y unas condiciones de competencia equitativas», y eso incluye el mercado de vehículos eléctricos. En este sentido, la UE espera que China adopte medidas más concretas para que «el acceso al mercado y el entorno de inversión mejoren para los inversores y exportadores de la UE».

China compite con España para la provisión de 20 trenes de media distancia para los ferrocarriles búlgaros.

Interés por España

Las cifras sobre el intercambio comercial entre España y China muestran un claro interés del gigante asiático en el mercado español. Las importaciones españolas desde China ascendieron a 22.375 millones de euros en el primer semestre de 2023, mientras que las exportaciones españolas a China sumaron en el mismo periodo 3.739 millones de euros, según datos de la Fundación Consejo España China. En concreto, China vendió a España en la primera mitad del pasado año, principalmente, equipo de oficina, destacando también otros bienes de equipo, con especial aumento de automóviles y motos. España, por su parte, vendió a China en ese periodo, sobre todo, productos químicos y cárnicos. Respecto a las inversiones en 2022, mientras que China invirtió en España 95 millones de euros, España sólo invirtió en China 42 millones de euros.

OTROS ENFOQUES

BUSINESS INSIDER: Reportaje en el que se aborda por qué los fabricantes de vehículos eléctricos chinos ven con buenos ojos el mercado español. 

MOTORPASIÓN: Artículo que se centra en BYD, fabricante chino de vehículos eléctricos, y su acuerdo con el gobierno de Hungría para establecer su primer fábrica en suelo europeo. 

MOTOR16: Esta revista se hace eco de las preocupaciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ante la avalancha de vehículos eléctricos procedentes principalmente de China. 

«Un dragón con el que conviene llevarse bien», por Casimiro García Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos.”

Un dragón con el que conviene llevarse bien

A finales de los años 50, Mao Zedong, el padre de la revolución China, lanzó el Gran Salto Adelante, un programa nacional que pretendía transformar el país pasando de una economía agraria a otra fundamentalmente industrial.

Si no la han visto, les recomiendo que vean la película Vivir (dirigida por Zhang Yimou, 1994), en la que se ve de forma muy gráfica cómo se llevó a cabo ese cambio. Los jefes de distrito pasaban por los hogares requisando todos los utensilios hechos de metal para llevarlos a la fundición y así poder alcanzar el objetivo de producción de hierro. Nadie se podía negar a esa colaboración, pero, de hecho, nadie se negaba a poner su granito de arena en la gran tarea de hacer que su país “fuera un día tan poderoso como los Estados Unidos”.

China hoy no es aquel país pobre que luchaba por salir del subdesarrollo. Es ya una potencia mundial que puede mirar de tú a tú a Estados Unidos. En noviembre de 2021 entrevisté para El Independiente al considerado como gurú más respetado internacionalmente en el campo de la inteligencia artificial (IA), Kai-Fu Lee (responsable de Sinovation Ventures y anteriormente CEO de Google en Asia). Kai-Fu decía entonces que China ya estaba al nivel de Estados Unidos en IA, que es la tecnología que lo está cambiando todo y que va a ser el principal factor de competitividad de las economías desarrolladas, si no lo está siendo ya.

Mientras que Estados Unidos basa su liderazgo tecnológico, ahora compartido con China, en la iniciativa privada (Google, Apple, Microsoft, Amazon, …), el dragón asiático basa su fuerza en la capacidad inversora del Estado. El dinero que destina China a la innovación supone tres veces más recursos de lo que destinan todos los países europeos. Así que no es extraño que sus productos sean cada vez más competitivos, hasta el punto de que el déficit comercial entre la UE y China supusiera en 2022 casi 400.000 millones de euros.

Con China sería bueno colaborar, establecer un diálogo abierto sobre proyectos conjuntos, sobre todo en el campo de la IA.

Pero hay tres problemas que dificultan la colaboración. El primero de ellos es que el Estado hace todo lo posible para que los productos chinos inunden los mercados y, para ello, no duda en subvencionarlos de diferentes modos (no sólo con aportaciones directas de capital a las empresas, sino con créditos baratos). Esa competencia desleal es lo que ha llevado a Ursula von der Leyen a ordenar la apertura de una investigación sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.

A pesar de que hay un arancel del 10% que grava a los vehículos importados, el precio de los fabricados en China es un 20% más barato de los que se producen en la UE. Vamos a ver como acaba ese proceso, pero lo más probable es que termine por imponerse un arancel de castigo a los coches chinos que los deje en la práctica fuera del mercado.

A eso hay que sumarle que China actúa sin ningún tipo de control en el desarrollo de tecnologías que incorporan IA. Los límites aprobados recientemente por Bruselas chocan frontalmente con esa manera de actuar sin respetar los derechos individuales, debido a que el Estado considera a sus ciudadanos como súbditos.

Por último, China se ha posicionado del lado de Rusia en la guerra con Ucrania, en la que Europa rechaza de forma decidida la invasión ordenada por el presidente Putin.

China quiere jugar sus propias bazas y su objetivo es superar económica, tecnológica y militarmente a Estados Unidos. Es decir, se quiere convertir en la superpotencia del siglo XXI a escala mundial.

Su expansión en África y América Latina preocupa a Estados Unidos. China es la verdadera obsesión de la Casa Blanca. Lo es ahora con Joe Biden y lo será con el presidente que le sustituya.

La política exterior de Xi Jinping se caracteriza por una cosa: apoyar a todo aquello que debilite a Estados Unidos. De ahí el posicionamiento a favor de Rusia en la invasión de Ucrania. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la UE, el gobierno chino no tiene que preocuparse por la opinión pública. El Estado, controlado por el Partido Comunista, lo abarca todo. Eso es lo que ha quedado de la revolución de Mao. La economía está basada en el crecimiento y en ganar mercados.

La revuelta de Tiananmén tan sólo fue un fogonazo de rebelión contra el régimen. De aquello no queda nada o casi nada. Ha vencido no sólo el aparato del Estado, sino ese espíritu de colaboración al que me refería antes cuando hablaba de la película Vivir y que lleva a que los chinos se sientan concernidos por un objetivo común.

En ese panorama, la UE se ha situado casi siempre del lado de Estados Unidos. Lógicamente, Europa debe hacer todo lo posible para defender los derechos humanos y la libertad en China, pero no debe olvidar que tiene sus propios intereses y que estos no siempre son coincidentes con los de EE.UU. Por ello, no habría que rechazar todo lo que provenga de China por principio, sino intentar colaborar en lo que sea beneficioso para los europeos. Lo cortés no quita lo valiente.

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Renovables, la mejor solución

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RENOVABLES,

LA MEJOR SOLUCIÓN

Frenar el calentamiento global y sus efectos adversos es uno de los principales retos de nuestra sociedad. Hace años que los líderes mundiales, mediante distintos organismos internacionales, proponen soluciones y compromisos en los que apenas se ha avanzado. El mejor ejemplo es el Acuerdo de París de 2015 en el que 196 países acordaron limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. Entre las soluciones para lograr este objetivo, las energías renovables cobran, cada vez más, un especial protagonismo.
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La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías».
MARTA RUIZ-CASTILLO

Como dice el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, «las renovables suponen el único camino hacia la verdadera seguridad energética, unos precios estables para la energía y oportunidades de empleo sostenibles».

Compromisos del G20
Los líderes mundiales del G20 -organismo que representa a dos tercios de la población mundial, el 85% del PIB mundial y más de 75% del comercio internacional- en su declaración conjunta hecha pública tras la cumbre de Nueva Delhi (India) los días 9 y 10 de septiembre, se comprometieron a adoptar acciones para abordar los desafíos globales del cambio climático poniendo el énfasis en la necesidad de «acelerar transiciones energéticas limpias y sostenibles» para mejorar la vida de los ciudadanos y «hacer posible un crecimiento fuerte y equilibrado que permita lograr los objetivos climáticos establecidos» en París.

«Ningún país debería tener que elegir entre luchar contra la pobreza y luchar por nuestro planeta. Buscaremos modelos de desarrollo que establezcan transiciones sostenibles, inclusivas y justas a nivel mundial, sin dejar a nadie atrás», se afirma en el texto. Para lograrlo, el G20 se comprometió a «mantener flujos ininterrumpidos de energía provenientes de diversas fuentes, proveedores y rutas, explorando caminos para mejorar la seguridad energética y la estabilidad del mercado, incluso mediante inversiones inclusivas para satisfacer la creciente demanda de energía» de acuerdo con los objetivos climáticos, al mismo tiempo que «promovemos mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres».

Los líderes mundiales asumieron el informe sobre Financiamiento de bajo coste para las transiciones energéticas preparado por la presidencia india junto con la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). En él se estima que «el mundo necesita una inversión anual de más de 4.000 millones de dólares, con una alta proporción de energía renovable». En este sentido, el G20 se comprometió a hacer todos los esfuerzos necesarios para triplicar la capacidad de energía renovable mundial a través de objetivos y políticas existentes, y «demostraremos una ambición similar con respecto a otras tecnologías de emisiones cero y bajas en función de las circunstancias nacionales para 2030». El compromiso incluyó también un reconocimiento específico a la importancia de los biocombustibles sostenibles en las estrategias de desarrollo de bajas emisiones y cero emisiones, para lo cual el G20 se mostró partidario de establecer una Alianza Mundial para los Biocombustibles.

La transición energética mundial ha llegado a una «situación crítica», admite el G20. Es necesario, añade, «ampliar rápidamente el despliegue de tecnologías como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la energía eólica marina».

 

«NINGÚN PAÍS DEBERÍA TENER QUE ELEGIR ENTRE LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LUCHAR POR NUESTRO PLANETA”, SEÑALÓ EL G20 TRAS LA CUMBRE DE NUEVA DELHI

 

Países en desarrollo
El G20, en cuya cumbre de septiembre participó por primera vez la Unión Africana como miembro, se comprometió a integrar mejor las perspectivas de los países en desarrollo, incluidos los PMA (Programa Mundial de Alimentos de la ONU), los PDSL (Programa de Acción para los Países en Desarrollo sin litoral) y los PEID (Programa de Acción para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo), en la futura agenda del G20 y fortalecer la voz de los países en desarrollo en la toma de decisiones global. Por algo la cumbre celebrada en Nueva Delhi se desarrolló bajo el lema Somos Una Tierra, Una Familia y compartimos Un Futuro.

En su declaración final, los líderes mundiales reconocen las «necesidades, vulnerabilidades, prioridades y diferentes circunstancias nacionales» de los países en desarrollo. Por eso, «reconociendo que los países en desarrollo necesitan apoyo en sus transiciones energéticas hacia bajas emisiones de carbono, trabajaremos para facilitarles el acceso a financiación de bajo costo». Entre las acciones previstas se incluye promover mercados energéticos internacionales abiertos, competitivos, no discriminatorios y libres.

Lo fundamental para abordar esta crisis climática es dejar de depender de las energías generadas mediante combustibles fósiles, que son la causa principal del cambio climático.

Acciones de la UE
La Unión Europea lleva años dando pasos hacia una transición energética mediante iniciativas que promueven las inversiones en tecnologías limpias en el mercado único. «Como líder mundial en tecnologías limpias, la UE ha intensificado las ayudas financieras para acelerar su transición hacia la neutralidad climática. Como otros están haciendo lo mismo en todo el mundo, debemos asegurarnos de que los incentivos a las energías limpias utilizados en otros lugares no vayan en detrimento de la competencia leal. La financiación de tecnologías limpias debe brindarse en un espíritu de beneficio mutuo para mejorar la sostenibilidad climática y medioambiental del mundo y evitar una competencia de suma cero», indicó el pasado 23 de octubre Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas, a través de una comunicación de la Comisión.

 

LA UNIÓN EUROPEA LLEVA AÑOS DANDO PASOS HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DE INICIATIVAS QUE PROMUEVEN LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

 

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8% en 2021. Con un aumento medio anual de 0,67 puntos porcentuales desde 2010, alcanzar el nuevo objetivo de la UE del 42,5 % de aquí a 2030 requerirá un crecimiento mucho más rápido en los próximos años. Son datos del informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2023 publicado de 24 de octubre de 2023, en el que se subraya que «las emisiones de gases de efecto invernadero siguen disminuyendo de forma constante cada año, pero este ritmo debe aumentar para prácticamente triplicar las reducciones anuales, con el fin de cumplir nuestros objetivos para 2030». «Las conclusiones del informe muestran que el plan REPowerEU está dando resultados: la transición hacia una energía limpia, la diversificación y la eficiencia energética son las respuestas para aumentar nuestra seguridad energética y cumplir los objetivos del Pacto Verde», según Kadri Simson, comisaria responsable de Energía.

La transición a energías renovables

Naciones Unidas apunta cinco formas de reactivar la transición a energías renovables:

1. Hacer de las energías renovables un bien global al alcance de todos, de forma que se «eliminen los obstáculos que impidan el intercambio de conocimientos y la transferencia tecnológica, incluyendo las barreras impuestas a los derechos de propiedad intelectual».

2. Mejorar el acceso global a sus componentes y materias primas.

3. Nivelar las condiciones para implantar estas tecnologías en energías renovables.

4. Cambiar los subsidios destinados a los combustibles fósiles a las energías renovables, ya que «los subsidios para los combustibles fósiles son tan ineficaces como injustos». En todos los países en desarrollo, alrededor de la mitad de los recursos públicos destinados a un gasto que ayude al consumo de los combustibles fósiles beneficia a un 20% de la población con mayor riqueza, según el FMI. Este cambio, además de reducir las emisiones también contribuye al desarrollo de una economía sostenible, a la creación de empleo, a una mejor salud para la población y a una mayor igualdad, en particular para las comunidades más desfavorecidas y vulnerables en todo el planeta.

5. Una triple inversión en renovables. Según IRENA, al menos se necesitan invertir 4.000 millones de dólares anuales en energías renovables hasta 2030 para alcanzar el cero neto en emisiones en 2050. Para la ONU, con esta inversión «la reducción de la contaminación y el impacto negativo del cambio climático podría llegar a ahorrar al mundo hasta 4.200 millones de dólares cada año hasta 2030.

El porcentaje de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en la UE el 21,8 % en 2021.

OTROS ENFOQUES

THE CONVERSATION: El texto analiza la situación de las renovables en España y subraya que «para que la transición energética sea real y efectiva es preciso que su aplicación en la vida cotidiana de los ciudadanos tome cuerpo».

ETHIC: La autora aborda los «mitos» sobre las capacidades reales de las renovables.

REAL INSTITUTO ELCANO: El análisis desgrana los costes de las tecnologías limpias y su impacto positivo sobre las economías.

«Por unas renovables responsables con el entorno», por José Luis Gallego

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JOSÉ LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“El desarrollo de la eólica y la fotovoltaica es necesario, pero debe cumplir con el obligado compromiso de preservar los valores naturales del territorio”

Por unas renovables responsables con el entorno

El progreso de las energías renovables es una de las herramientas básicas para avanzar hacia un modelo energético más limpio, seguro y sostenible. Un modelo que contribuya a la descarbonización de nuestra economía y al cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE a fin de evitar los peores escenarios hacia los que nos conduce el calentamiento global.

Unos objetivos que vienen marcados por lo que dicta la legislación ambiental europea, según la cual la UE deberá reducir en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, para seguir avanzando desde ahí hacia el objetivo final de ser climáticamente neutra en 2050. El reto es mayúsculo, pero el compromiso de los veintisiete al respecto no solo se mantiene, sino que se refuerza año tras año.

Para contribuir a ello la actual legislación ambiental europea establece que en 2030 al menos un 32% del consumo energético en la UE proceda de fuentes renovables. Si tenemos en cuenta que en España ese porcentaje se sitúa actualmente en el 20,7% y que hace siete años estaba en el 15,8%, está claro que en los próximos siete vamos a tener que redoblar los esfuerzos para incrementar en más del doble el ritmo actual en la implantación de las renovables.

Pero esa necesidad como país, ese objetivo compartido por todos, no puede justificar la relajación de los reglamentos destinados a evitar el impacto negativo de su implantación en el medio ambiente ni en las comunidades locales.

Porque si bien es cierto que para avanzar hacia la neutralidad climática es necesario alcanzar un modelo energético libre de emisiones de GEI, también lo es que, para garantizar la conservación de nuestra valiosa y amenazada biodiversidad, dicho modelo no puede desarrollarse a costa de poner en riesgo a la naturaleza. Algo que, como demuestran los manifiestos científicos y las protestas ciudadanas y confirman las numerosas denuncias y sentencias en contra, no se está cumpliendo.

Por ejemplo, las maniobras del cabildeo que se están llevando a cabo desde los sectores de las renovables, y de manera muy especial desde el lobby eólico y el fotovoltaico, han conseguido que, como dispone el Real Decreto Ley 20/2022, los proyectos de más de 50 MW no estén sujetos ni a evaluación ambiental ni a autorización administrativa. Y esa patente de corso, ése ceda el paso a los macro proyectos renovables por su prioridad climática, nos sitúa en un nuevo escenario legal donde la responsabilidad ambiental recae principalmente en la voluntad de los promotores.

Un escenario abierto al conflicto en el que los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos pueden empezar a caer en paracaídas sobre nuestros campos con el visto bueno del gobierno central, pero sin que las comunidades locales tengan derecho a conocer los expedientes ni a formular alegaciones en su contra, como está sucediendo en todo el país.

Para evitarlo, para lograr una implantación responsable de las renovables, es necesario que la crisis del clima y la crisis de la biodiversidad se aborden de manera conjunta, pues ambos conflictos se retroalimentan. El propio panel de expertos en cambio climático de la ONU, el famoso IPCC, lleva años advirtiendo que el cambio climático está acelerando la pérdida de biodiversidad en todo el planeta, lo que a su vez reduce la capacidad de respuesta para combatirlo.

La intensidad y la frecuencia de los fenómenos vinculados al calentamiento global, como las sequías extremas, los megaincendios forestales, la acidificación de los océanos, el avance de la desertificación o la desaparición de humedales está reduciendo la capacidad de la naturaleza de absorber y fijar las enormes cantidades de GEI que emitimos a la atmosfera, agravando aún más sus consecuencias. De ahí la urgente necesidad de salir cuanto antes de esa dinámica y entender que las acciones para mitigar el cambio climático deben estar basadas en la naturaleza, no en su contra.

En ese sentido, un reciente informe de la organización conservacionista WWF señalaba que la restauración de los ecosistemas silvestres degradados podría favorecer la absorción de alrededor de trescientos millones de toneladas de dióxido de carbono al año: una cantidad equivalente al conjunto de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de España. Si en lugar de ello degradamos todavía más ecosistemas con megaproyectos renovables implantados sin consenso estaremos agravando todavía más ambas crisis.

Las organizaciones ecologistas han sido las principales impulsoras de las renovables, y siguen apelando a su implantación. Pero no dejan de señalar la necesidad de que dicha implantación se lleve a cabo de una manera ordenada, consensuada con el territorio y responsable con la naturaleza.

Para ello reclaman una política energética basada en promover la eficiencia, que propicie una mayor participación ciudadana en el sistema eléctrico, con estímulos al autoconsumo doméstico y al desarrollo de las comunidades energéticas.

Reivindican que los proyectos de implantación de energías renovables se alejen de los espacios naturales protegidos, para redirigirlos hacia zonas mucho menos sensibles e incluso más propicias: como las cubiertas de los edificios, el entorno de los polígonos industriales o los espacios destinados a otras infraestructuras. Y en todo caso que se ubiquen en aquellos suelos degradados sin posible restauración ambiental.

En los últimos años los centros de investigación, las entidades conservacionistas y las instituciones públicas y privadas que trabajan en la defensa de la naturaleza han puesto a disposición de las administraciones y las empresas promotoras informes científicos, con mapas de implantación y zonas de exclusión, para lograr un despliegue responsable de las renovables. Unos informes que deberían ser vinculantes.

¿Es posible frenar la pérdida de biodiversidad?

Suecia: a un paso de ingresar en la OTAN

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SUECIA:

A UN PASO DE INGRESAR EN LA OTAN

Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió su cooperación antiterrorista y reanudó las exportaciones de armas a Turquía.

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) continúa su proceso de crecimiento tras la reciente entrada de Finlandia y la próxima incorporación de Suecia, una vez levantado el veto que Turquía mantenía sobre los dos países nórdicos.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Si Finlandia se convirtió en el socio número 31 de la OTAN el pasado 4 de abril, la entrada de Suecia está cada vez más cerca, según anunció el secretario general, Jens Stoltenberg, tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el 10 de julio en Vilnius, antes de la Cumbre de la OTAN celebrada los días 11 y 12 en la capital de Lituania.

Fin del veto turco. “Me complace anunciar que, tras la reunión que he mantenido con Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente Erdogan ha acordado remitir el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar su ratificación», declaró Stoltenberg a través de su cuenta de Twiter la víspera de la Cumbre de la OTAN. «Se trata de un paso histórico que hace a todos los aliados de la OTAN más fuertes y seguros”, añadió.

Queda por saber la fecha exacta en la que Turquía remitirá el Protocolo de Adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional para garantizar la ratificación, pero todos los aliados esperan que sea pronto. Suecia se convertirá entonces en el miembro 32 de la OTAN, reforzando así la frontera norte de Europa.

En la Cumbre de la OTAN en Madrid celebrada en junio de 2022, Suecia y Finlandia firmaron un memorando con Turquía donde se comprometían a hacer cambios en sus políticas en relación con los activistas y miembros del partido kurdo PKK, considerado por el gobierno de Ankara y la Unión Europea como un grupo terrorista. A cambio, Turquía se comprometió a levantar el veto al ingreso de ambos países nórdicos en la Alianza Atlántica. Suecia y Finlandia, países tradicionalmente neutrales, pidieron formar parte de la organización militar a raíz del inicio de la guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En el caso de Finlandia, Turquía levantó su veto en otoño y el país nórdico entró en la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023, coincidiendo en el 74º aniversario de la organización, durante una ceremonia celebrada en Bruselas encabezada por el presidente finlandés, Sauli Niinistö.

 

SUECIA SE CONVERTIRÁ EN EL MIEMBRO 32 DE LA OTAN, REFORZANDO ASÍ LA FRONTERA NORTE DE EUROPA

 

Acuerdos sobre terrorismo. Para Suecia, el proceso se ha alargado más debido a las negociaciones, no siempre fáciles, entre los gobiernos de Oslo y Ankara. Desde la Cumbre de Madrid, Suecia y Turquía han trabajado en estrecha colaboración «para abordar las preocupaciones de seguridad legítimas de Turquía». Como parte de ese proceso, Suecia modificó su Constitución, cambió leyes, amplió significativamente su cooperación antiterrorista contra el PKK y reanudó las exportaciones de armas a Turquía; en definitiva, cumplió con todos los pasos establecidos en el Memorándum Trilateral acordado en 2022, según informó la OTAN tras la reunión de su secretario general con Erdogan y Kristersson el pasado 10 de julio.

«Suecia y Turquía acuerdan hoy continuar su cooperación bajo el Mecanismo Conjunto Trilateral Permanente establecido en la Cumbre de la OTAN de Madrid 2022, y bajo un nuevo Pacto de Seguridad bilateral que se reunirá anualmente a nivel ministerial y creará grupos de trabajo según corresponda», recoge la declaración aprobada tras la reunión del día 10. En la primera reunión de este Pacto de Seguridad, se añade en el comunicado que «Suecia presentará una hoja de ruta como base de su lucha continua contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones hacia la plena aplicación de todos los elementos del Memorándum Trilateral, incluido el artículo 4. Suecia reitera que no proporciona apoyo al YPG/PYD – considerada por la OTAN una ramificación del PKK – y a la organización descrita como FETÖ (Organización Terrorista Fetullahista) en Turquía».

 

LA QUEMA DE CORANES EN SUECIA, CASI A DIARIO, HA ENCENDIDO LOS ÁNIMOS Y ERDOGAN HA PEDIDO AL GOBIERNO SUECO QUE TOME MEDIDAS

 

Cuando parecía que todo estaba acordado, Erdogan sorprendió a finales de agosto con otra nueva exigencia al Gobierno sueco. «Suecia debe ante todo cuidar las calles de Estocolmo. Si no cuidan sus calles, si continúan estos ataques contra las cosas que consideramos sagradas, entonces no deberían culparnos», dijo Erdogan en declaraciones a la prensa turca. El dirigente turco hacía alusión a la quema de coranes que se ha sucedido en suelo sueco y danés desde el pasado mes de junio, casi a diario, y que ha encendido los ánimos de los países musulmanes con consecuencias imprevisibles desde el punto de vita diplomático. Para Erdogan, o el gobierno sueco toma medidas concretas para evitar estos sucesos o será difícil que el Parlamento de Ankara dé luz verde a la adhesión de Suecia en la OTAN.

Además, los gobiernos de Oslo y Ankara están de acuerdo en que «la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo, que continuará más allá de la adhesión de Suecia a la OTAN». En este sentido, el secretario general Stoltenberg volvió a confirmar que la OTAN «condena categóricamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones». Por eso, subrayó, «la OTAN intensificará significativamente su trabajo en este área, incluso mediante el establecimiento por parte del secretario general, por primera vez en la OTAN, del puesto de Coordinador Especial para la Lucha contra el Terrorismo».

Cooperación económica

Como parte de las negociaciones para levantar el veto a Suecia para su entrada en la OTAN, Turquía ha ido incrementando sus peticiones y exigencias al gobierno de Oslo con cuestiones económicas o poniendo sobre la mesa la candidatura de Turquía para entrar en la Unión Europea. En el comunicado hecho público el 10 de julio tras la reunión en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Vilnius, ambos mandatarios se comprometieron a salvaguardar el principio según el cual «no debe haber restricciones, barreras o sanciones para defender el comercio y la inversión entre los aliados. Trabajaremos para eliminar esos obstáculos». En el punto seis del comunicado, Suecia y Turquía acuerdan también «intensificar la cooperación económica, a través del Comité Económico y Comercial Conjunto Turquía-Suecia. Tanto Turquía como Suecia buscarán maximizar las oportunidades para aumentar el comercio y las inversiones bilaterales». Y se subraya que Suecia «apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera UE-Turquía y la liberalización de visados».
QUEDA POR SABER LA FECHA EXACTA EN LA QUE TURQUÍA REMITIRÁ EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE SUECIA A LA GRAN ASAMBLEA NACIONAL PARA GARANTIZAR LA RATIFICACIÓN

OTROS ENFOQUES

  • The Conversation: El texto recoge los cinco principales asuntos abordados en la Cumbre de Vilnius, entre los que está la próxima entrada de Suecia como miembro de la OTAN.
  • El Orden Mundial: Astrid Portero escribe sobre los beneficios que tiene para la OTAN la entrada de Suecia y Finlandia.
  • Política Exterior: Aborda los efectos de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y lo que esto supone para sus respectivas políticas de seguridad.

El caso de Ucrania

La reciente entrada de Finlandia en la OTAN y la próxima incorporación de Suecia suponen un importante paso de la Alianza Atlántica en su proceso de aumentar la seguridad frente a Rusia, sobre todo, tras la invasión de Ucrania. De hecho, los aliados acordaron en la Cumbre de Vilna en julio los planes de defensa más detallados y sólidos de la OTAN desde la Guerra Fría, fortaleciendo su compromiso con la inversión en defensa.

En ese proceso de reforzar la seguridad de occidente, la Cumbre de Vilnius supuso un espaldarazo a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelenskyy, invitado de excepción en la capital lituana. Los aliados acordaron dar luz verde a la incorporación de Ucrania como miembro de la OTAN y suprimir el requisito del MAP (Plan de Acción para la Adhesión, por sus siglas en inglés), reduciendo de dos pasos a uno el proceso de la entrada en la organización. “Emitiremos una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados acuerden que se cumplen las condiciones”, informó Stoltenberg tras finalizar la cumbre el 12 de julio en una declaración pública, asegurando a continuación que Ucrania está ahora “más cerca de la OTAN que nunca”. El secretario general enfatizó que los aliados deben asegurar que cuando termine esta guerra existan acuerdos fiables para la seguridad de Ucrania y, en este sentido, dio la bienvenida a que muchos aliados se hayan comprometido ya a proporcionar asistencia de seguridad a largo plazo a Ucrania. “Esto ayudará a disuadir cualquier futura agresión de Rusia después de que termine esta guerra”, dijo. “Las decisiones tomadas aquí en Vilnius marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansia el día en que nos reunamos como aliados”, concluyó Stoltenberg.

«La neutralidad es imposible con Putin en Moscú», por Casimiro García-Abadillo

EN PLENO DEBATE

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

“El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN”

La neutralidad es imposible con Putin en Moscú

Cuando se creó la OTAN (4 de marzo de 1949) apenas si habían pasado cuatro años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La URSS, liderada por Stalin con puño de hierro, había participado junto a los aliados en la derrota de Hitler, pero aquella fue una alianza coyuntural, fruto del auxilio mutuo ante el expansionismo de la Alemania nazi. Ni Roosevelt, ni Churchill (presentes en la Cumbre de Yalta) se fiaron de Stalin.

Fue el entonces primer ministro británico el que acuñó la expresión “telón de acero” para describir la frontera entre los países europeos democráticos y los que quedaron bajó influencia soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

La OTAN nació precisamente como una organización de defensa, liderada por Estados Unidos, con la vista puesta en un enemigo común: la URSS, que había demostrado tener una enorme capacidad militar y que, además, pretendía extender el modelo comunista a escala global.

En los años 50 se instaura la llamada Guerra Fría, que ha marcado la política exterior mundial hasta la caída del comunismo.
Aunque Jrushchov hizo un amago de ingreso en la organización (1955), nadie creyó en su sinceridad. Poco después, el sucesor de Stalin creó el Pacto de Varsovia, una versión comunista de la OTAN, que actuó por primera vez para sofocar la revolución en Hungría en 1956.

También intentaron un acercamiento a la OTAN Gorvachov y Yeltsin. E incluso el propio Putin llegó a plantear la adhesión de Rusia en una conversación que mantuvo con Bill Clinton en Moscú en 2000.

A pesar del colapso del comunismo y la desintegración de la URSS, Europa Occidental y Estados Unidos siempre han mirado con recelo a Rusia, un país que cuenta con un poderoso arsenal nuclear y un gobierno con aspiraciones a restaurar el statu quo anterior a la caída del Muro de Berlín.

Al principio, Putin jugó a ser un presidente demócrata y se abrió a acuerdos de reducción de armamento con Estados Unidos. Durante algún tiempo la duda era: si Rusia ya no es el enemigo, ¿para qué necesitamos la OTAN?

La cruda realidad echó por tierra esa visión buenista sobre las intenciones de Putin. La invasión de Crimea en 2014 demostró que el neo imperialismo se había convertido en el eje fundamental para consolidar su poder en el interior.

Precisamente fue en esa fecha cuando Suecia recuperó el servicio militar obligatorio y echó marcha atrás en su idea de desmilitarizar la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico situado frente a Polonia y los países bálticos y también frente a la base naval rusa de Kaliningrado.

La invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022) ha sido un paso más, este ya definitivo, en la confirmación de que el expansionismo de Putin no es sólo un fin coyuntural, sino que forma parte de su esquema mental. Mientras Putin controle el Kremlin, el peligro de guerra global existirá.

La decisión de Finlandia y Suecia de incorporarse como socios plenos de la Alianza (hasta ahora sólo eran amigos muy cercanos) supone un cambio cualitativo en su estructura y en su capacidad. El Mar Báltico se convierte de facto en un espacio controlado íntegramente por países miembros de la OTAN.

La entrada de Suecia -que abandona casi dos siglos de neutralidad- estaba vetada hasta hace poco por Turquía, que alegaba que en ese país se daba refugio a los militantes del PKK (considerado terrorista por Ankara y por la UE). Ese escollo se salvó en la cumbre de Vilnius (Lituania) y Erdogan ha dado al ingreso sueco luz verde, que tendrá que ser ratificado por la Asamblea Nacional, probablemente a finales del mes de septiembre.

Las lecciones de este fortalecimiento de la Alianza no pueden ser más negativas para Putin. Empezó una guerra contra Ucrania que planificó casi como un paseo militar y sus tropas están empantanadas y sufriendo duros reveses. Quiso debilitar a la OTAN y lo que ha hecho ha sido fortalecerla, porque seguramente Suecia y Finlandia seguirían viviendo plácidamente en la neutralidad si no se hubiese producido la invasión de Ucrania. Y, por último, la cesión de Erdogan supone para Putin la pérdida de un importante aliado, al menos coyuntural, desde el comienzo de la guerra civil en Siria.

El presidente ruso está cada vez más aislado internacionalmente. Incluso China está marcando distancias respecto a una aventura que no puede acabar bien.

Al aislamiento exterior de Putin se suma la debilidad en el interior. El golpe del Grupo Wagner, y la posible complicidad de una parte de la cúpula militar con su caudillo Prigozhin ponen de relieve que el Kremlin ya no es una roca en torno a su jefe (posiblemente asesinado por su protector).

Ahora falta saber qué hará la OTAN sobre la petición de Zelenski de integrar como socio a Ucrania. El secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho que es pronto para tomar esa decisión, que Putin ha dibujado como una línea roja que abriría la perspectiva a un conflicto nuclear.

Lógicamente, si Ucrania entra ahora en la OTAN, podría apelar a su artículo 5, que establece que cualquier ataque a uno de sus socios se interpreta como un ataque al conjunto de sus miembros. Por tanto, el ingreso de Ucrania ahora supone una declaración de guerra de todos los países de la OTAN a Rusia.

Probablemente, ese paso sería imprudente. Pero la OTAN debe seguir apoyando a Zelenski con recursos e inteligencia, ya que una derrota de Ucrania sería un paso atrás de enormes consecuencias que daría a Putin un balón de oxígeno para seguir ejerciendo el papel de matón incontrolado que ahora desempeña.

Una bofetada de realidad

El nuevo sistema fiscal internacional

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El nuevo sistema fiscal internacional

Pagar impuestos en el país donde se desarrolla la actividad empresarial parece algo obvio, aunque la realidad no siempre es así. En una economía global cada vez más digitalizada, muchas multinacionales, principalmente tecnológicas, llevan años aprovechando la ausencia de una política fiscal internacional armonizada para evitar pagar impuestos en países en los que operan y ofrecen sus servicios. En su lugar, tributan en Estados que les ofrecen pagar menos impuestos o incluso ninguno.

MARTA RUIZ-CASTILLO

[email protected]

@MartaRuizCas

Esta práctica se conoce como «erosión de bases imponibles y traslado de beneficios» o BEPS, por sus siglas en inglés. Ponerle fin es lo que pretende el acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas del G7, los siete países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón), reunidos en Londres el 5 de junio. «Es una satisfacción para mí anunciar que hoy hemos alcanzado un histórico acuerdo para reformar el sistema fiscal global de forma que las empresas paguen los impuestos adecuados en los lugares que les corresponden», anunció el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak.

Tipo impositivo. El acuerdo del G7 propone una fiscalidad global más estable y equitativa mediante la reasignación de beneficios de las multinacionales, estableciendo un tipo impositivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para empresas que tengan un margen de beneficios superior al 10% independientemente de dónde tengan su domicilio fiscal.

Este «histórico» anuncio recibió el respaldo de los ministros de Economía y Finanzas y de los gobernadores de los Bancos Centrales del G20 (grupo formado por 19 países desarrollados y emergentes, además de la UE), en una reunión celebrada en Venecia la primera semana de julio.

Se espera que el nuevo sistema fiscal internacional, que lleva años debatiéndose, primero a través del Proyecto BEPS y después en el Marco Inclusivo sobre BEPS, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, ponga fin a una «elusión fiscal» legal pero muy perjudicial para las economías de muchos países, entre ellos España, protagonizada por multinacionales que, como denuncia la OCDE, «llevan años trasladando sus beneficios de forma artificiosa a países con escasa o nula tributación, sobre todo, a partir de la digitalización de la economía».

Una práctica, añade la OCDE, que tiene efectos perjudiciales para todos: gobiernos, ciudadanos y empresas. Para los gobiernos porque «dejan de recaudar los fondos que tanto necesitan. Las estimaciones más conservadoras sitúan la pérdida recaudatoria entre el 4% y el 10% de los ingresos fiscales procedentes del Impuesto de Sociedades». Es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, que podrían destinarse a gastos sociales como educación, sanidad o pensiones.

A los ciudadanos, esta situación les perjudica porque, al final, son los que asumen el coste de estas prácticas mediante el aumento de los impuestos por servicios que, en otras circunstancias, se financiarían con los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades.

En cuanto a las empresas nacionales, su margen de beneficios es considerablemente inferior al competir con multinacionales que pueden reducir la presión fiscal trasladando sus beneficios a países más ventajosos fiscalmente.

Apoyos y reticencias. «Se ha dado un paso audaz, uno que pocos creían posible hace tan solo unos meses», manifestó Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía. «Se trata de una victoria de la equidad fiscal, la justicia social y el sistema multilateral», añadió tras conocerse el acuerdo del G7 refrendado por el G20.

La cuestión es si todos los miembros de la Unión Europea llegarán a un consenso sobre este acuerdo crucial, dado que socios como Irlanda, considerado por algunos países como un «paraíso fiscal», ya han expresado sus recelos. «Estamos comprometidos a negociar para ver si podemos entrar en el acuerdo en algún momento, pero yo sigo defendiendo el 12,5% (del Impuesto de Sociedades)», declaró el ministro de Economía, Paschal Donohoe, en una comparecencia pública en julio, en la que recordó que ésta «ha sido una característica clave de nuestra política económica desde hace décadas» y, por consiguiente, «lo que está sobre la mesa en este momento es un acuerdo del que Irlanda no puede formar parte».

Para Facebook, una de las principales multinacionales afectadas cuando entre en vigor el acuerdo, éste supone «un primer paso importante hacia la certeza para las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial», manifestó el vicepresidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, a través de su cuenta de Twitter. «Nuestra compañía ha pedido durante mucho tiempo la reforma de las normas fiscales globales y damos la bienvenida al importante progreso logrado en el G7». «Queremos que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconocemos que esto podría significar que Facebook pague más impuestos y en diferentes lugares», añadió.

Sin embargo, para organizaciones como Oxfam Intermón, organización internacional que trabaja para acabar con las desigualdades sociales y económicas, “no hay que llevarse a engaño». Este acuerdo «no supondrá el final de la competencia fiscal desleal ni de los paraísos fiscales», asegura el responsable de fiscalidad, Íñigo Macías, en la web de la entidad. «El tipo mínimo del 15% es muy poco ambicioso, y puede incluso ser el punto de partida para que otros países justifiquen recortar el tipo nominal en el Impuesto de Sociedades, como ya empieza a plantearse en países como Dinamarca y Australia».

Marco Inclusivo. Lo acordado por el G7 es el resultado de los trabajos técnicos del Proyecto BEPS iniciados en 2013 que derivaron en el Marco Inclusivo sobre BEPS en 2020. Los países de la OCDE y del G20, en colaboración con otros organismos y entidades relevantes, han diseñado un plan de acción de 15 puntos que plantea distintas soluciones. En este tiempo han proseguido los trabajos en esa dirección y ha aumentado el número de países participantes. Un total de 135 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PIB mundial, se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal que permita adaptar el sistema impositivo internacional a las nuevas necesidades y retos que plantea la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI, además de darle más estabilidad y seguridad.

“Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, asegura el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

El trabajo técnico del enfoque del Marco Inclusivo deberá concluir en octubre, así como el plan para su puesta en marcha prevista en 2023.

Impacto económico

«Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global», se felicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter tras hacerse público el acuerdo del G7. Una propuesta, añadió, que «permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales. El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social».

El Observatorio Fiscal Europeo, en su informe Recaudando el déficit fiscal de las empresas multinacionales: simulaciones para la Unión Europea, estima que la recaudación podría obtenerse por los países miembros de la UE de establecerse un impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

En el caso concreto de España, con el 15% recuperaría 700 millones de euros en recaudación adicional, una cifra que ascendería a 5.400 millones si el tipo impositivo mínimo fuera del 21%, como propuso Biden, y a 12.400 millones si se fijara en el 25%.

135 países se adhirieron el 1 de julio a la declaración que establece un nuevo marco para una reforma fiscal

OTROS ENFOQUES

-The Conversation: Se plantea si, al final, quienes acabarán pagando el nuevo impuesto global serán los consumidores y los proveedores de bienes y servicios a las multinacionales.

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-Gestión: Explica los dos pilares en los que se asienta el acuerdo sobre impuestos a las multinacionales con cifras sobre cómo repercutirá en las empresas afectadas y los beneficios que tendrá para los países, sobre todo, los emergentes.

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–Business Insider: aborda el caso de Amazon y plantea que podría «escaparse» del nuevo tipo mínimo de sociedades consensuado por el G7.

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-BBC: Cinco claves para entender en qué consiste el impuesto mínimo global a las multinacionales y por qué es importante.

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¿El fin de la competencia fiscal?

Para Oxfam Intermón, el hecho de que no se haya atendido la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de fijar el tipo mínimo impositivo a las multinacionales en el 21% y se haya acordado un tipo mínimo del 15%, evidencia que la Unión Europea ha optado por alinearse con «sus propios paraísos fiscales». Muchas corporaciones aprovechan los bajos tipos nominales de países como Irlanda (12,5%), Hungría (9%) o Países Bajos (5%) para establecer allí sus sedes europeas.

«La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?», por Antonio Durán-Sindreu

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ANTONIO DURÁN-SINDREU,
profesor UPF, doctor en Derecho y asesor fiscal
 
 

La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?

@aduransindreu

Antonio Durán-Sindreu

[email protected]

Justo antes del verano, el G20, previo acuerdo del G7 y de la OCDE, acordó crear un impuesto mínimo global del 15% sobre el beneficio de las multinacionales, acuerdo que se ha calificado como de “histórico”.

El objetivo del presente artículo no es analizar su contenido, sino hacer algunas reflexiones al respecto.

En este sentido, lo primero que hay que subrayar es que dicho acuerdo representa en cierto modo el fracaso hasta la fecha en la lucha internacional contra la deslocalización de los beneficios, cuyo precedente inmediato es el denominado Plan BEPS.

A lo anterior hay que añadir que la intención de la UE, que no la de la OCDE, nunca ha sido la de luchar realmente contra la elusión o el fraude, sino contra las ayudas de Estado; en particular, contra los acuerdos o medidas fiscales que distorsionan la competencia entre los mismos.

La diferencia es sutil pero importante.

Por otra parte, el acoso y derribo contra los paraísos fiscales tampoco tiene su origen en una iniciativa del G7, G20, OCDE, o de la UE, sino en el atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y que puso en marcha la lucha contra la financiación del terrorismo, entre otros, contra los paraísos fiscales.

No obstante, los principales avances al respecto no se han conseguido tampoco por tal motivo, sino por iniciativas, fruto, entre otras, de denuncias y similares.

Por último, no se puede tampoco ignorar que la terrible pandemia del COVID ha azotado duramente las finanzas públicas incrementando la deuda pública de la mayoría de los países.

En este contexto, la necesidad de mayores ingresos públicos, esto es, de más impuestos, es para los Estados una imperiosa necesidad.

Incrementarlos en cuantía suficiente es posible a través del IRPF, del IVA, o de los Impuestos Especiales, impuestos, no obstante, cuya subida sacudiría, aún más, a la casi exterminada clase media.

Era pues necesario conseguir ingresos por otra vía que no fuera “impopular”. Y esta no es otra que creando un impuesto global mínimo de sociedades.

Las consecuencias económicas del COVID han sido pues el verdadero acicate para cerrar una larga negociación, o, si se prefiere, para conseguir un acuerdo al que, en otro contexto, dudo que se hubiera llegado.

Pero que no se me entienda mal. El nuevo impuesto no solo es necesario, sino que es un acierto. Y lo es porque las grandes empresas gozan de una tributación mundial efectiva muy baja que pone en jaque el propio principio de progresividad, o, si se prefiere, que pague más quien más tiene. Vaya, que es insostenible en términos de equidad.

En efecto, en el marco de la más estricta legalidad, las grandes empresas, aprovechándose de la globalización, de las lagunas de las diferentes legislaciones, de la baja tributación de muy diversos Estados o países, y de otras muchas circunstancias, están consiguiendo una tributación efectiva en el IS muy inferior a la pretendida en cada uno de sus países de origen y en comparación con las empresas de ámbito nacional y con los tipos efectivos del IRPF.

Era pues necesario recuperar la equidad.

El impulso para conseguirlo ha sido, insisto, y en mi opinión, la necesidad de mayores recursos públicos que permitan reducir la deuda pública de los diferentes países y financiar el mayor gasto público que se necesita para apuntalar los pilares básicos del Estado del Bienestar.

Aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, el acuerdo es sin duda histórico porque soluciona una de las asignaturas pendientes en cuanto a fiscalidad societaria internacional.

Dudo, sin embargo, que si el drama del COVID no nos hubiese afectado a nivel mundial, el resultado hubiera sido el mismo. Ha sido pues el COVID, y la urgente necesidad de mayores ingresos públicos, el que ha permitido en realidad alcanzar este histórico acuerdo. Sin tales antecedentes, dudo mucho que este artículo se publicara.

Dicho lo anterior, hay que subrayar que no se puede “criminalizar” el ahorro fiscal lícito, incluida la utilización de países de baja tributación.

El Impuesto sobre Sociedades es un coste para las empresas. Igual que lo es la nómina, la luz, el alquiler, el IBI, y un sinfín de conceptos.

Por su parte, la obligación de todo buen empresario es la de optimizar sus costes con el único límite de la legalidad y, si se nos permite, del necesario comportamiento ético.

Una de las vías de reducir los impuestos, es la de deslocalizar los beneficios hacia territorios de baja o nula tributación, siempre, insistimos, que se trate de una deslocalización que se fundamente en lo que se denominan “motivos económicos válidos”.

El problema, pues, no es tanto la baja tributación mundial de las grandes empresas, o la citada deslocalización, sino la competencia fiscal internacional por atraer a las diferentes compañías, competencia que, por sus características, se focaliza en las más grandes.

Sin embargo, ese legítimo comportamiento hace chirriar alguno de los principales principios constitucionales en materia tributaria si comparamos su tributación con la de aquellas personas y/o sociedades residentes en un determinado país o Estado sin posibilidad de deslocalización.

En este sentido, se produce un agravio comparativo entre la tributación efectiva de unos y otros contribuyentes.

En este contexto, y aprovechando que el “Pisuerga pasa por Valladolid”, el acuerdo del G20 es sin duda histórico porque cierra una larga negociación restableciendo la equidad fiscal interna e internacional con relación a los beneficios de determinadas empresas, y disuade, de hecho, y, en parte, su deslocalización “agresiva”.

"Churchill y los impuestos"

La paradoja española. Menos presión y más esfuerzo fiscal

ENTRE MAGNITUDES

LA PARADOJA ESPAÑOLA

Menos presión y más esfuerzo fiscal

Tradicionalmente, el sentimiento popular apunta a que la carga tributaria es excesiva en España. Sin embargo, y a pesar de que las cifras comparables con los países de nuestro entorno podrían desmentir esa opinión, un análisis más exhaustivo, que incluya el esfuerzo que supone el pago de impuestos, podría confirmar, al menos en parte, esa sensación.

FERNANDO GEIJO

[email protected]

@fergeijo

Fernando Geijo

Definida como el porcentaje de ingresos que empresas y ciudadanos aportan al Estado y oficiosamente como la necesaria ‘gasolina’ que hace funcionar el motor de los servicios públicos, la conocida como presión fiscal es un concepto económico que relaciona el pago de tributos con el producto interior bruto. Por consiguiente, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado mediante impuestos, tasas y gravámenes.

Si no pagaran impuestos, los ciudadanos tendrían que sufragar de su propio bolsillo los costes de mantener, por ejemplo, los sistemas educativo y sanitario, por no hablar de las pensiones para la jubilación.

Parece claro, por tanto, que los impuestos son un mal necesario aceptado en todas las sociedades modernas. Por consiguiente, la clave de todo sistema tributario que se precie reside en su equidad. Es decir, en asegurar una justa distribución que propicie un reparto equitativo de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica y de su situación social.

La teoría dicta que a mayor evasión impositiva se produce una menor presión fiscal, a pesar de que las tasas tributarias puedan llegar a ser altas. Si las personas no cumplen con sus obligaciones para con la Hacienda Pública, el Estado tiende a elevar los impuestos a aquellas clases que no pueden evadirlos. Es decir, a los consumidores y a las clases medias asalariadas por cuenta ajena, principalmente.

Para muestra un botón. La media de la presión fiscal en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a los 37 países más desarrollados del mundo, alcanzó el 36,1% en 2018, lo que supone un importante descenso desde el 37,4% que representaba en el año 2000.

En el caso de España, sin incluir los impuestos especiales que gravan combustibles, bebidas, tabaco o indirectos como el IVA, un trabajador medio soltero soportaba una presión tributaria del 38,6% en 2000, mientras que dieciocho años después esa ratio ha escalado hasta el 39,4%.

Por debajo en presión. Al igual que las eléctricas se esfuerzan en desglosar en las facturas el origen de la luz que consumimos, parece evidente que conocer el destino final de los impuestos ayuda a desprenderse con menos reticencia y suspicacia de una parte de nuestros ingresos mensuales.

Sin embargo, el barómetro de opinión pública y política fiscal, elaborado por el CIS en julio de 2018, ya señalaba que un 27% de los ciudadanos declaraba desconocer a qué se dedicaban.

En cualquier caso, las cifras apuntan a que en España los impuestos son más bajos que en los principales países de la eurozona, ya que el que grava la renta de los trabajadores suponía el 21,3% en nuestro país en 2019, frente al 39,8% en Bélgica; el 39,7% en Alemania; el 31,4% en Italia; el 30,5% en Países Bajos; y el 28,7% en Francia, por citar algunos ejemplos. Mientras que en términos del IVA general el gravamen es similar, al oscilar en un margen estrecho entre el 22% en Italia; el 21% en España y el 19% en Alemania.

En 2019, la presión fiscal en la UE fue del 41,1%, cinco décimas más en los países del euro, mientras que España se situó por debajo de la media con un 35,4%, idéntica a la del 2018, y Francia marcó el pico más alto, con un 47,4%, seguida por Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%).

Por encima en sacrificio. España ocupa el cuarto y el quinto puesto entre los veinte países ‘más ricos’ de la OCDE en sacrificio fiscal, según las tablas que ya elaboraron hace más de medio siglo Henry Frank y Richard Bird, respectivamente. Unos índices que añaden a la medición tradicional otros factores para calcular el esfuerzo fiscal real más allá del nivel de impuestos, como son el tamaño de la población y la renta per cápita. La conclusión es que somos el decimoquinto país en presión fiscal y figuramos entre las cinco economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.

La OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales en España en 2017, cuando el porcentaje de recaudación alcanzó el 33,7% del PIB, se debió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 34% del total, frente a la media del 26% de la OCDE.

Sin embargo, el peso del impuesto de sociedades fue del 6,8%, frente al 9,3% de media de la OCDE, mientras que la recaudación obtenida por los impuestos a la propiedad significó el 5,8% de media en la OCDE y el 7,5% en España. Por su parte, el IVA, aglutinó en España el 19,1% de la misma frente al 20,2% registrado en la citada organización internacional.

La Constitución española recoge en su artículo 31.1 la necesidad de contar con un sistema tributario justo, basado en principios de igualdad y progresividad, evitando tener un carácter confiscatorio. Esto es, en el que todos contribuyan en función de su capacidad económica.

Y es precisamente aquí donde reside la paradoja que explica que, con una menor presión tributaria, los españoles soporten un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos europeos. La clave residiría, por tanto, en el nivel de renta de unos y otros. Así, y a pesar de tener una presión fiscal por debajo de la media de la eurozona, el esfuerzo fiscal en España estaría, según los expertos en tributación, por encima de países como Holanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca, situando a España sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia o Francia.

En caso de que se aplicase a los españoles la presión fiscal que soportan los daneses, la más alta de la OCDE con el 45,4%, su esfuerzo sería mucho mayor, dada la diferencia de rentas per cápita: 51.600 euros anuales para los nórdicos frente a los 23.640 euros patrios en 2020.

Finalmente, a esto hay que añadir el hecho de contar con más deducciones y bonificaciones, lo que reduce la presión fiscal efectiva, así como la particularidad del sistema fiscal español que, por mor de la economía sumergida y la baja productividad, no es capaz de recaudar más cuando se producen subidas de impuestos.

Un poco de historia

Dos reformas han sido capitales para entender la modernización fiscal española en el último siglo.

Por un lado, la impulsada en 1940 por el ministro de Hacienda, José Larraz, que introdujo sustanciales transformaciones al ampliar las bases impositivas y elevar los tipos, y, por otro, la urdida en 1977 por el profesor Enrique Fuentes Quintana y desarrollada por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, que sentó las bases del sistema fiscal actual, al introducir aspectos como:

  • El IVA, siguiendo el ejemplo francés del TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), y la desgravación fiscal a las exportaciones.
  • El impuesto sobre crecimiento del patrimonio.
  • Una simplificación del cuadro impositivo.
  • La disminución de los tipos impositivos y de las escalas de numerosos impuestos, lo que desincentivó el fraude y aumentó la progresividad del sistema.
  • La mejora del conocimiento de las bases imponibles, mediante los registros de rentas y patrimonios y centralización de la información fiscal.
  • Una reforma administrativa para impulsar la modernización fiscal en línea con el modelo dominante en el resto del mundo occidental.
Progresividad frente a salarios

Los tipos más elevados que gravan la renta son similares en los países de la UE, con un 51,5% en Francia; 47,5% en Alemania; 47,2% en Italia y, finalmente, un 43,5% en España, lo que contrasta con la recaudación obtenida por los mismos en cada país: 11,8% en Italia, 9,4% en Alemania, 8,7% en Francia y apenas un 7,5% en España. Esto se debe a que, a pesar de que la progresividad de los impuestos sobre renta y sociedades en España está en línea con el resto de Europa, nuestro modelo económico es de bajos salarios, lo que incide en la recaudación al impactar la base salarial que tributa en los ingresos obtenidos por el fisco.

Ojo al dato

Informe de la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, sobre la presión fiscal en los países de la Unión Europea. 30 de octubre de 2019.

Ver más

Comisión Europea. Tendencias fiscales en la Unión Europea. Datos de los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. Edición de 2019.

Ver más

Instituto de Estudios Económicos. Índice de Competitividad Fiscal 2019. Presentación de la presión fiscal normativa en España.

Ver más

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Informe mensual de recaudación tributaria. Noviembre de 2020.

Ver más