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El Centro de Formación de la Cooperación Española en la localidad colombiana de Cartagena de Indias acogió en octubre el seminario El nuevo Derecho de la Discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: buenas prácticas y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Este foro, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, contó con la participación de jueces, fiscales, notarios, abogados y juristas de doce países iberoamericanos.
El seminario forma parte del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Por parte de la “ONG del Notariado” participaron como ponentes los notarios Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba, directora y director del área social (respectivamente); Francisco González, abogado; Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono; Cristóbal Fábrega, fiscal coordinador de la Sección Civil y de Protección a Personas con Discapacidad de la Audiencia Provincial de Jaén y profesor de Derecho Civil, y Francisco Vañó, exdiputado y patrono.
Durante la jornada se abordaron en ponencias, talleres prácticos y mesas redondas diferentes aspectos de la protección jurídica de la discapacidad tales como la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, los sistemas de provisión de apoyos para el ejercicio de derechos, la función notarial como apoyo institucional, estándares internacionales, buenas prácticas, accesibilidad universal, la intervención del tercer sector… A lo largo de una semana, los ponentes señalaron la necesidad de reformar las legislaciones y normativas actuales para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, diseñando medidas alternativas a las tradicionales.
La Convención de la ONU en España. Para Cristóbal Fábrega, “podemos afirmar que el ordenamiento jurídico español se encuentra en una situación inmejorable para llevar a cabo la total adaptación del artículo 13 de la Convención (que regula el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad). Y ello porque, en nuestro país, ya se había dado en los últimos años un avance en la nueva concepción de la discapacidad ante el Derecho”. Para el representante del Ministerio Fiscal “el principal problema no es tanto el dotarnos de instrumentos legislativos nuevos, sino aplicar de forma sistemática y real los que ya tenemos”.
Por su parte, Francisco Vañó destacaba el avance que ha supuesto la adaptación de la Convención de la ONU en los ordenamientos de 180 países. Este tratado garantizará la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la dignidad y la integración de todas las personas. Era necesario ofrecer respuestas eficaces a las personas con discapacidad en tres aspectos: educación, porque un mayor conocimiento permite unas mayores cotas de libertad y desarrollo personal; accesibilidad de entornos, de bienes y servicios, “para que puedan ser disfrutados por todos en igualdad de condiciones, y empleo, instrumento esencial para una vida autónoma e integrada”, señaló Vañó.
Reflexiones sobre la reforma en materia de discapacidad. A mediados de diciembre, el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid acogió la jornada Reflexiones sobre la reforma en materia de discapacidad, organizada por su Fundación. El Consejo General del Notariado y la Fundación Æquitas colaboraron en este foro, que contó con la asistencia de su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y del decano del Colegio Notarial de Castilla y León, José Ángel Tahoces. La delegada regional de Æquitas, María Ángeles Anciones, impartió una ponencia sobre Los instrumentos notariales de prevención en caso de futura discapacidad.
Por Redacción
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