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La obsolescencia programada –limitar la vida útil de los productos desde su fabricación– dejó de ser una leyenda urbana cuando el documental Comprar, tirar, comprar, dirigido por la alemana Cosima Dannoritzer, mostró al mundo pruebas reales de esta práctica consentida, al parecer, por muchos fabricantes. Desde entonces se ha escrito mucho de la caducidad de los productos electrónicos y de los pactos y acuerdos entre empresas del sector industrial para diseñar productos defectuosos, pero hasta la fecha, solo Francia ha dado pasos en firme para controlar este supuesto abuso.
Los electrodomésticos duran menos que antes. Según un estudio elaborado por el Centro Europeo del Consumidor, para comprobar la duración real de los electrodomésticos, se dedujo que una lavadora tiene una duración media de 10 años, un televisor de entre 10 y 15 años y, un teléfono móvil, unos 20 meses. Pero sin necesidad de recurrir a este tipo de estudios, comprobamos que los electrodomésticos duran menos que antes, que las piezas de recambio caducan rápidamente, que muchos aparatos no se pueden desmontar, que los teléfonos, las impresoras y los ordenadores comienzan a ir más lentos y a dar errores cuando apenas tienen dos años de vida, etc. Cualquiera de nosotros lo ha experimentado y ha optado por comprar un nuevo aparato frente a la idea de reparar el antiguo. Porque, además, tampoco es fácil encontrar a profesionales para hacerlo y aunque existen miles de tutoriales en internet, la falta de tiempo, el tentador precio de conseguir uno nuevo e incluso las ganas de cambiar suelen decantar la balanza de la decisión hacia una nueva compra.
La Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo ha tomado cartas en el asunto y ha impulsado una resolución en la que pide a la Comisión Europea que explore las posibilidades de impulsar una legislación que incentive a los fabricantes para que los productos duren más y se puedan reparar con mayor facilidad. El texto incluye la necesidad de definir de forma objetiva cuando un producto ha sido diseñado bajo las reglas de la obsolescencia planificada y se insta a los fabricantes a señalar si el producto se puede reparar y en qué condiciones, así como a cambiar la política de garantías de muchos productos industriales.
De momento, se trata de buenas intenciones que servirán para analizar cómo está la situación del mercado y, como reclama el europarlamentario y activista social Pascual Durand, “defender la recuperabilidad de los productos: desde los teléfonos móviles a los ordenadores, pasando por todo tipo de electrodomésticos e incluso los coches y otros vehículos”.
Por Marián Lezaun
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