EN ESTE PAÍS
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Decano del Colegio Notarial de Extremadura.
La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida"
La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza
El abandono rural, el aumento del riesgo de incendios forestales, la degradación de montes y cauces o el impacto de episodios climáticos extremos —como las danas— obligan a repensar la gestión y protección del territorio. Estos fenómenos evidencian que los desafíos ambientales son hoy, de forma directa, desafíos humanos, ya que afectan a la seguridad de las personas, a sus medios de vida y a la sostenibilidad del medio rural.
Desde esta perspectiva, los retos ambientales no pueden abordarse únicamente desde una óptica técnica o administrativa. Requieren diálogo, corresponsabilidad y cooperación entre Administraciones públicas, sector primario y sociedad civil, así como un marco de seguridad jurídica que permita conciliar intereses legítimos en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, la protección del medio natural y la prevención de riesgos.
Vocación transversal
En este contexto se enmarca la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Con una vocación transversal, la Comisión nace como un espacio de análisis, reflexión y propuestas, orientado a impulsar una visión integradora del territorio, en la que la protección ambiental se conciba como una oportunidad para reforzar la cohesión social, prevenir riesgos y favorecer un desarrollo rural equilibrado.
La experiencia demuestra que las políticas ambientales resultan más eficaces cuando cuentan con la implicación de quienes viven y trabajan en el territorio. Agricultores, ganaderos y propietarios forestales son aliados esenciales para compatibilizar conservación, actividad económica, diversificación productiva, fijación de población y prevención de riesgos.
En este escenario, el Notariado aporta un valor diferencial como garante de la legalidad, de la seguridad jurídica y de la voluntad informada de las partes. Su intervención permite dar solidez y estabilidad a compromisos ambientales de largo recorrido, ya sea mediante la formalización de acuerdos voluntarios o el asesoramiento imparcial en operaciones vinculadas a la gestión del territorio.
Instrumentos como la custodia del territorio ejemplifican esta aportación. A través de acuerdos voluntarios, es posible compatibilizar la conservación del medio natural con los usos tradicionales, dotando de seguridad jurídica a todas las partes y favoreciendo una gestión responsable del territorio.
Claridad y seguridad jurídica
Más allá de figuras concretas, la sostenibilidad exige gestión, y la gestión requiere seguridad jurídica. La indefinición en la titularidad, los usos o las responsabilidades sobre fincas, montes, caminos o cauces suele traducirse en abandono, falta de mantenimiento y aumento de riesgos ambientales. Por el contrario, la claridad jurídica favorece una gestión activa, continuada y responsable del territorio.
En definitiva, afrontar los desafíos ambientales de forma eficaz implica situar a las personas y al territorio en el centro. La seguridad jurídica es un elemento clave para generar confianza, facilitar acuerdos, prevenir conflictos y promover una implicación real en la conservación del entorno.
La Comisión nace con una vocación clara: integrar los principios de sostenibilidad en la gobernanza institucional del Notariado, sin alterar su esencia ni invadir ámbitos competenciales ajenos. Su labor no se asienta en la definición de políticas ambientales materiales, sino en garantizar que el Notariado español se adapte de forma ordenada, rigurosa y neutral a un entorno normativo cada vez más complejo y exigente.
La sostenibilidad, entendida en este ámbito, no se limita a la dimensión ambiental. Abarca también aspectos económicos, sociales y jurídicos íntimamente ligados a la seguridad jurídica preventiva, la transparencia del tráfico jurídico y la confianza de la ciudadanía. Buena parte de los actos y contratos que se autorizan ante notario –transmisiones inmobiliarias, operaciones mercantiles, constitución de sociedades, financiación, actos urbanísticos o sucesorios- se encuentran hoy directamente condicionados por normas ambientales, energéticas o de uso del territorio.
Ejemplaridad institucional
En este escenario, la comisión de sostenibilidad y medio ambiente actúa como órgano de análisis, propuesta y coordinación técnica, identificando los ámbitos en los que la sostenibilidad incide en la función notarial y proponiendo criterios que refuercen la homogeneidad y claridad en la práctica diaria. Uno de los ejes del trabajo de la comisión es la ejemplaridad institucional. La modernización del Notariado pasa por la digitalización de procesos, la reducción del uso de papel, la eficacia en el consumo de recursos y la optimización de la gestión interna. Estas actuaciones no responden a una lógica simbólica, sino a criterios de eficiencia administrativa y responsabilidad institucional, acordes con la condición del Consejo General del Notariado como corporación de derecho público.
Asimismo, la Comisión impulsa la formación y actualización profesional, consciente de que la creciente densidad normativa en materia de sostenibilidad exige un conocimiento técnico sólido y actualizado. La formación se concibe desde un enfoque estrictamente jurídico práctico, orientado a facilitar la correcta aplicación del Derecho en el ejercicio de la función notarial.
Finalmente, la Comisión promueve la cooperación institucional con otras corporaciones públicas, Administraciones y operadores jurídicos, reforzando el papel del Notariado como interlocutor técnico de referencia en aquellos ámbitos en los que la sostenibilidad se proyecta sobre el tráfico jurídico.
La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida ante los retos de la sostenibilidad, reforzando el papel del Notariado como garante de la seguridad jurídica y del interés general en una sociedad en constante transformación.
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