El Euro digital

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EL EURO DIGITAL

Gabriel Cruz

Ni es una criptomoneda ni hará desaparecer los billetes. Entonces, ¿para qué queremos una moneda digital europea? Se pensó en ella ya en 2021 pero ahora Europa se ha dado cuenta de que es más necesaria que nunca.

Empiezo reconociendo mis errores, en un reportaje de esta revista en 2023 dije, como también hicieron otros medios, que el euro digital estaría circulando en 2025. Hoy puede comprobar que no ha sido así. Se lo justificaría en que “la culpa es de los demás” porque eran los datos que entonces nos facilitaban. Si ahora le digo que muy posiblemente lo veremos en 2029: ¿Me creería? ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Francisco Uría, director del Centro de Análisis y Estudios del Instituto Español de Analistas, nos da la clave: “Si al comienzo el euro digital iba encaminado a una mejora en la eficiencia de pagos transfronterizos, ahora se trata ante todo de una cuestión de autonomía estratégica aplicada a los pagos. Porque en este momento, en el que prácticamente todo se convierte en un arma potencial, Europa quiere tener asegurados suministros y sus funciones económicas críticas”.

LA MÁXIMA AUTORIDAD MONETARIA DESARROLLA EL PROYECTO DEL EURO DIGITAL DE LA MANO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA EUROZONA

La debilidad europea
Ahora mismo, cuando usted paga con tarjeta o con el móvil en un comercio: ¿qué símbolo aparece junto al de su banco? Visa o Mastercard. Solo hay seis países europeos con sistemas de pagos con sus tarjetas nacionales Bancontact (Bélgica), CB (Francia), Girocard (Alemania), PagoBancomat (Italia), Multibanco (Portugal) y Dankort (Dinamarca) . En el resto de Europa reinan las dos estadounidenses (Visa y Mastercard). Si vamos a pagos entre países, es decir, si por ejemplo quiere comprar en un comercio francés, el dato asusta. Visa y Mastercard tienen una cuota de mercado de casi el 90 %. Lo dice en su cuarta página el informe de la UE “Pagos digitales en la UE Cada vez más seguros, rápidos y baratos, aunque persisten lagunas”

La presidenta del Banco Central Europeo, Chistian Lagarde lo ha dicho en varias ocasiones: “Los pagos con tarjeta se sostienen en una infraestructura no europea y, aunque cumple con la normativa europea, nuestros datos salen fuera de la Unión”. Un ejemplo claro de cómo puede afectar ese dominio de Mastercard y Visa se vio cuando suspendieron sus operaciones en Rusia en protesta por la invasión de Ucrania en 2022. Las tarjetas de los que estaban en Rusia, turistas incluidos, dejaron de funcionar y tuvieron que volver al efectivo o transferencias bancarias.

Es decir, el temor a quedar desconectada de los sistemas de pago —dominados por proveedores estadounidenses como Visa y Mastercard— y sin una alternativa comunitaria ha hecho acelerar al Banco Central Europeo el diseño del euro digital. La máxima autoridad monetaria desarrolla su proyecto de la mano de las entidades financieras de la eurozona, pero sigue a la espera de un marco legislativo que dé luz verde a la iniciativa.

EL TEMOR A QUEDAR DESCONECTADA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y SIN UNA ALTERNATIVA COMUNITARIA HA HECHO ACELERAR AL BANCO CENTRAL EUROPEO EL DISEÑO DEL EURO DIGITAL

Competir con las tarjetas

Visa y Mastercard no son bancos sino intermediarios tecnológicos que permiten que “hablen” entre sí un banco con el comercio donde usted compra. Si hiciésemos un paralelismo, es como una plataforma de reservas hoteleras (tipo Booking o Trivago). Son intermediarias que ponen en contacto, a cambio de una comisión, al hotel con el cliente, y les da seguridad en la transacción.

Por cada transacción que pasa por las tarjetas de Visa o Mastercard desde el comercio al banco, se llevan una comisión entre el 1.15% y el 2.5%. Así, por todo el mundo. Básicamente la mitad de la comisión es para bancos, la otra mitad para Visa y Mastercard. Así que no solo los datos, también el dinero sale de la UE. Los comercios europeos pagaron en comisiones 3.750 millones de euros anuales. Para que se haga una idea del gigante que se está alimentando, ambas suman una capitalización de 1,1 billones de euros, cercana a la del conjunto de los 35 valores del Ibex.

¿Por qué Europa no tiene este sistema de pagos? Como señala Uría “ese es el punto en el que el que estamos: ¿cómo construyes algo de esa escala que atienda a los millones de operaciones en Europa que hacen los consumidores europeos?”.

POR CADA TRANSACCIÓN QUE PASA POR LAS TARJETAS DE VISA O MASTERCARD DESDE EL COMERCIO AL BANCO, SE LLEVAN UNA COMISIÓN ENTRE EL 1.15% Y EL 2.5%

Las claves

Al igual que pasa con los billetes, que se imprimen respaldados por el BCE (Banco Central Europeo) y que luego distribuyen los bancos, el euro digital será emitido por el Banco Central Europeo y lo distribuirá cada banco. Ahora bien, como señala Uría, “los bancos ya han invertido y siguen invirtiendo en sistemas de pagos. Lo que quisieran es que se aproveche al máximo ese esfuerzo y que el euro digital no frustre lo que se pueda construir gracias a la iniciativa privada. En España la gran oportunidad la representa BIZUM, un sistema construido por que conecta las cuentas directamente a través del teléfono. Te identificas con tu teléfono y luego se hace la transacción. Así que, Bizum se parece más a una transferencia bancaria inmediata entre particulares que a un pago con tarjetas, que tiene un intermediario. Los avances de BIZUM en acuerdos de interoperabilidad con otros sistemas europeos representan una posibilidad creciente de construir una solución privada alternativa al euro digital” . Bizum es la plataforma española para enviar dinero entre particulares usando el móvil. El resto de países europeos tienen otras como Bancomat, Bizum, Sibs-mb Way, Vipps MobilePay y EPI Company. Ahora estos bancos europeos quieren hacer compatibles estos sistemas para permitir pagos transfronterizos, gratuitos e inmediatos. Es decir, que usted pueda darle dinero, por ejemplo, a un francés. Por eso, como señala Uría “en esta etapa, en que deben definirse las características finales del euro digital, deberían considerarse seriamente los costes derivados de la construcción de nuevas infraestructuras de pagos y tratar, en lo posible, de que el euro digital aproveche las infraestructuras que ya sabemos que funcionan”.

Así pues, los bancos son una pieza fundamental en el proyecto del euro digital, ya que estarán obligados a facilitar su distribución y uso a los ciudadanos. Pero no tienen claro la rentabilidad económica de estas operaciones. Recuerde: en el pago con tarjeta el banco se queda con parte de la comisión que se cobra al comerciante por procesar el pago. Sin embargo, con el euro digital esto no sucedería porque, insistimos, es como pagar con billetes digitales, no hay intermediarios. Además, los bancos temen que en tiempos de crisis la gente pueda meter sus ahorros bancarios en monederos de euros digitales. Pero como señaló José Manuel Marqués, director del Departamento de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del Banco de España (BdE), en un podcast del BdE : “El euro digital no es un instrumento de depósito de valor. (…) Habrá límites en las tenencias, para poder garantizar que, efectivamente, se utiliza para hacer pagos, no para ahorrar”. Es decir, no es un producto financiero y su acumulación no generará intereses como en un depósito bancario.

LOS BANCOS SON UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN EL PROYECTO DEL EURO DIGITAL, ESTARÁN OBLIGADOS A FACILITAR SU DISTRIBUCIÓN Y USO A LOS CIUDADANOS

Cómo se paga

Uno de los temores que genera el euro digital es el de la privacidad. Es decir, usted cuando paga con billetes ni banco ni Estado sabe cómo se lo ha gastado. Pero si paga con tarjeta ya deja un rastro, al menos para su banco. El euro digital lo que se pretende es que sea una equivalencia al uso de papel, Como apunta Francisco Uría “es uno de los puntos que más se quiere garantizar. Que no haya duda de que se pueda hacer una trazabilidad o pueda haber un control, más allá de lo que exija la prevención del blanqueo de capitales, de modo similar a como ya sucede con el dinero en efectivo. En cualquier caso, esto es Europa y tenemos una legislación de protección de datos muy fuerte”. El euro digital se podrá llevar en el móvil a modo de monedero y permitirá pagos acercando el móvil (sistema NFC) o escaneando códigos QR. También podrá llevarse con una tarjeta física inteligente (Smart card). También está previsto su uso off-line, es decir cuando no se tenga cobertura. Lo que se hará es que usted podrá realizar el pago y, cuando haya cobertura, podrá actualizar los datos de su cuenta de euros. También se estudia la posibilidad de que el dinero digital se almacene localmente en el dispositivo del usuario final.

Lo que está claro es que no es una moneda espía ni se lanza para controlarnos, como señalan algunas teorías conspiratorias. Si se las cree, tranquilo, podrá seguir pagando con billetes o las tarjetas de ahora.

Ni criptomoneda ni conspiración

La falta de información que hubo al principio con el euro digital hizo extender todo tipo de teorías conspiratorias. Muchas aún se mantienen y costará tiempo desterrarlas. Como señaló la jefa de la División End-to-End Product & Delivery del Banco Central Europeo (BCE), Mayte Arráez, en una charla del BdE “habrá que hacer un trabajo de concienciación”. Les queda un duro camino.

Por ejemplo, nos hemos encontrado, no solo en redes sociales, sino en tertulias de televisión, aseveraciones como que el euro digital tendrá “una lucha de tú a tú con el Bitcoin”. Falso. El euro digital no será una criptomoneda como el Bitcoin cuyo precio sube o baja, sino que es estable: un euro digital siempre será una moneda de un euro.
Varios países han lanzado monedas digitales respaldadas por sus respectivos bancos centrales. Por ejemplo, en China está el E-CNY yuan digital; en Bahamas está el sand dólar; en Jamaica el jam-dex; en Nigeria el eNaira; en India está la e-rupia; en Rusia el rublo digital… Algunos conspiranoicos señalaron que el euro digital será como, por ejemplo, el yuan chino que se emitió con una caducidad; es decir, si no se gasta en un plazo de tiempo desaparece el dinero. Todo con el fin de fomentar el consumo. Sin embargo, eso fue un bulo que corrió en 2021 y que aún pervive y que confundió el yuan digital con cupones de consumo que sí tenían caducidad. Otro ejemplo de bulo afecta a Nigeria. Dicen que su dinero digital eNaira solo se pudo usar en determinada parte del país y que se hizo para dinamizar la economía de esa zona. Sin embargo, esta afirmación lanzada por un tertuliano en un programa de televisión también es falsa. Consultado en el Banco Central de Nigeria , comprobamos que no dice nada sobre zonas de uso. Lo que sí sucede, confirmado con otras fuentes, es que debido a las dificultades de conexión de este gigantesco país de 200 millones de habitantes, su uso es más habitual en unas zonas que otras, se cree que por problemas de conectividad. Aun así, se estima que solo un 5% de los nigerianos lo usan. En cualquier caso, como la señala la Unión Europea, el euro digital nunca sería dinero programable.

¿Cómo están las otras monedas estatales?

En el mundo hay varios proyectos de monedas digitales como el euro digital, aproximadamente son unos 137. Algunos ya están funcionando. Este es del Atlantic council. Se trata de un centro de pensamiento estadounidense sin fines de lucro, fundado en 1961, dedicado a fomentar el liderazgo y la cooperación internacional en asuntos transatlánticos

Para cuando

El BCE está metiendo prisa al Parlamento Europeo para que tenga lista una normativa sobre el euro digital y concretar mejor cómo será su uso. El caso es que, tras una fase de preparación que se ha iniciado en 2025, se prevé que en el 2027 se lance una prueba piloto. Después en el 2029, si todo va bien, se estrenaría esta nueva moneda.

Para saber cómo va el proyecto. Mejor es clicar en esta web.

Si sigue con dudas

Discurso de Piero Cipollone ante el Parlamento Europeo para que agilizaran la normativa del euro digital. ¿Un discurso? Sí, este es más importante que cualquier otro estudio de los que abundan sobre el tema. Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, es el máximo responsable de que tenga éxito (o no) el euro digital. Lo más interesante del discurso es las referencias que hace a una interesante bibliografía.

Por si le quedan preguntas

Si la Web del banco central europeo no ha resuelto sus dudas, tiene también la del Banco de España

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El euro digital: no solo tecnología, por David Cano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones"

El euro digital: no solo tecnología

El euro digital ha dejado de ser un proyecto teórico para convertirse en una prioridad estratégica en la zona euro. Varios ministros de Economía han instado a acelerar su desarrollo y el Parlamento Europeo ha respaldado el avance del proyecto dentro de lo establecido por el Banco Central Europeo (BCE) -que lleva trabajando en ello desde 2021-, reconociéndolo como una pieza clave para la soberanía monetaria europea.

Este impulso se produce en un contexto de profunda transformación tecnológica del sistema financiero, en el que la digitalización del dinero ya no es una hipótesis, sino una realidad en marcha. Como ocurre con otras innovaciones, desde la tokenización de activos hasta las finanzas descentralizadas (de todo ello escribo en un artículo reciente en el número 186 de Papeles de Economía Española editado por Funcas), el debate no gira tanto en torno a si se producirá el cambio, sino sobre cómo integrarlo de forma ordenada y sin riesgos en el sistema financiero.

Dinero oficial

El euro digital será una CBDC (por sus siglas en inglés: Central Bank Digital Currencies), es decir, una moneda digital emitida por un banco central (el BCE) que, a diferencia de las criptomonedas, mantendrá el respaldo institucional y el curso legal. Es decir, y creo que esto todavía es necesario reiterarlo, el euro digital no será una criptomoneda más (éstas no requieren de una autoridad central para su emisión o validación), sino “dinero oficial”, como el efectivo: poseerá el mismo valor que la moneda fiduciaria tradicional. Este es un punto relevante: no pretende sustituir al sistema financiero “convencional”, sino modernizarlo, haciéndolo más eficiente y adaptado al entorno digital. Su diseño contempla, además, una doble modalidad: pagos online, intermediados por entidades financieras, y pagos offline, que permitirían operar incluso sin conexión, replicando en cierta medida las características del efectivo.

Pero el verdadero debate no es tanto tecnológico como institucional. La insistencia de los ministros en la compatibilidad entre soluciones públicas y privadas refleja una preocupación central: evitar que el euro digital desplace a los intermediarios financieros tradicionales. El riesgo de desintermediación bancaria es uno de los más citados. Si los ciudadanos pudieran mantener depósitos directamente en el banco central, se vería afectada la capacidad de los bancos para conceder crédito, con implicaciones potenciales para la estabilidad financiera.

Un delicado equilibro

Por ello, el diseño del euro digital está condicionado por un delicado equilibrio. Por un lado, debe ofrecer una alternativa segura frente al auge de las stablecoins, esto es, criptodivisas vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos como deuda pública con la intención de mantener una cotización lo más estable posible -y que son una forma de dinero digital estable y programable con potencial para integrarse en infraestructuras de pagos y mercados tokenizados. Por otro lado, debe evitar alterar de forma abrupta el funcionamiento del sistema bancario. En este sentido, la experiencia reciente muestra que la innovación tecnológica no siempre elimina a los intermediarios, pero sí redefine su papel.

La dimensión geopolítica añade una capa adicional de complejidad. El auge de las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses y el desarrollo de monedas digitales en otras jurisdicciones han puesto de manifiesto el riesgo de pérdida de autonomía monetaria. El BCE ha advertido que la expansión de estas soluciones privadas podría afectar a la transmisión de la política monetaria y aumentar la dependencia del sistema financiero europeo respecto a otras áreas económicas. En este contexto, el euro digital se configura como una herramienta para preservar la soberanía monetaria en un entorno de creciente competencia tecnológica.

Desafíos jurídicos

No obstante, junto a las oportunidades emergen también desafíos jurídicos relevantes. La implantación del euro digital obliga a repensar cuestiones como la protección de datos, la trazabilidad de las operaciones o la responsabilidad en caso de fallos del sistema. Uno de los retos más complejos será encontrar un equilibrio entre privacidad y control: garantizar la prevención del fraude y del blanqueo de capitales sin comprometer los derechos individuales.

Asimismo, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. A diferencia del efectivo, una moneda digital depende de infraestructuras tecnológicas cuya integridad debe estar plenamente garantizada. Esto exige no solo inversiones constantes, sino también marcos de supervisión y gobernanza adecuados.

En este escenario, algunos planteamientos alternativos han ganado relevancia. Frente a un modelo puramente público, se ha propuesto el desarrollo de soluciones híbridas, en las que entidades privadas emitan instrumentos digitales respaldados por el banco central. Este enfoque permitiría combinar innovación y estabilidad, evitando tanto la fragmentación del sistema como la concentración excesiva en el balance del banco central.

En definitiva, el euro digital no es únicamente una innovación tecnológica, sino una transformación institucional del dinero. Su éxito dependerá menos de su arquitectura técnica que de su capacidad para integrarse en el ecosistema financiero existente, garantizando la confianza de ciudadanos y empresas.

La aceleración política del proyecto sugiere que su desarrollo normativo podría estar próximo. El reto será asegurar que esta nueva forma de dinero refuerce —y no debilite— los principios que han sustentado el sistema financiero europeo: estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Porque, como demuestra la experiencia reciente, la tecnología puede transformar los mercados, pero son las instituciones las que determinan su impacto final.

Privacidad y seguridad

Por último, y no menos importante, no debe dejarse de lado que cualquier innovación tecnológica debe ser PSI, es decir, debe garantizar la privacidad y la seguridad, pero también la inclusión. El euro digital debe favorecer la inclusión financiera, facilitando el acceso a servicios en zonas con baja bancarización o a colectivos tradicionalmente excluidos.

En conclusión, el euro digital (así como el resto de CBDC) no es simplemente una innovación tecnológica, sino que también es una reconfiguración institucional del dinero. Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones. Para conseguir lo primero y evitar lo segundo, su análisis debe ser multidisciplinar, integrando perspectivas económicas, jurídicas, sociales y tecnológicas. El tiempo, esfuerzo y rigor dedicado en los últimos meses en su diseño creo que permiten ser optimistas respecto a que supondrá un avance. Como también lo fue la creación del euro como moneda “convencional”.

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La fiabilidad y calidad de los datos: III Jornadas Tecnológicas

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La fiabilidad y calidad de los datos: III Jornadas Tecnológicas

Redacción

El valor del dato en la sociedad del siglo XXI centró el debate de las III Jornadas Tecnológicas del Notariado, organizadas por el Consejo General del Notariado en colaboración con el Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado. En el encuentro, expertos en innovación, economía digital y sector público coincidieron en que el reto ya no es generar datos, sino convertirlos en valor económico y social en un entorno de confianza.

La ponencia inaugural fue impartida por Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quien señaló la importancia de “apostar por la innovación, por la circulación del dato y que se pueda explotar, pero obviamente con cumplimiento». También aseguró que “el principio de calidad es un elemento esencial, y que la transparencia no es solo una obligación, sino que va más allá: es lo que va a legitimar socialmente que se puedan explotar los datos. La sociedad debe estar informada de qué datos se van a utilizar y para qué».

PROFESIONALES DEL ÁMBITO INSTITUCIONAL, TECNOLÓGICO Y ECONÓMICO ANALIZARON EL PAPEL ESTRATÉGICO DEL DATO EN LA SOBERANÍA DIGITAL EUROPEA

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, tras dar la bienvenida a los más de 150 asistentes a la jornada, defendió la función notarial como pieza clave para la seguridad jurídica de las transacciones: “El notario recibe de manera primaria los datos jurídicos, los verifica, los parametriza y los conserva de manera segura, ofreciendo trazabilidad. Los notarios autorizamos 8 millones de documentos al año, cuyos datos más relevantes se graban debidamente parametrizados y estructurados en el Índice Único Informatizado Notarial, que es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas para luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con más de 175 millones de documentos, 30.000 millones de datapoints y un tamaño de 9 terabytes”, ha destacado.

La calidad

El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Manuel Seda, presente en las III Jornadas y encargado de su clausura, reiteró que “es fundamental garantizar la calidad del dato, su fiabilidad y adecuada usabilidad. Los datos no son un elemento neutro, sino que produce efectos y afecta a la vida de los ciudadanos y al ejercicio de sus derechos”.

“La función notarial dota de certeza y confiabilidad a la información que accede al tráfico jurídico, asegura que esa información sea confiable, esté verificada y se ajuste a derecho. En la sociedad actual, la sociedad del dato, el valor no está en la cantidad de información que circula, sino fundamentalmente en la confianza que podemos depositar en ella: sin un dato cierto y seguro las decisiones que podamos tomar no podrán ser correctas”, añadió el vicepresidente del CGN.

CONFIANZA, GOBERNANZA E INFRAESTRUCTURAS: CLAVES PARA TRANSFORMAR LA INFORMACIÓN EN VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL.

La confianza

La mesa redonda Europa ante el dato. Retos y competitividad, moderada por Enric Hernández Jiménez, director de Inteligencia de Datos e Innovación del Centro Tecnológico del Notariado, reunió a expertos del ámbito tecnológico y regulatorio que coincidieron en que la clave del modelo europeo reside en la confianza.

Paloma Llaneza, CEO de Razona LegalTech y Digital Trust Scheme Manager en CerteIDAS, puso el acento en la infraestructura invisible que sustenta la economía digital: “Europa es la única jurisdicción del mundo construyendo una infraestructura de confianza pública y certificada”. En su intervención, defendió que elementos como la identidad digital, la firma electrónica o el futuro wallet europeo constituyen la base operativa que permite que los datos circulen con valor jurídico, y advirtió del riesgo de que la fortaleza regulatoria europea no se traduzca en una implantación efectiva. “Lo que está en juego en los próximos cinco años no es solo cuánta capacidad de cómputo construimos; es si somos capaces de mantener el ritmo de acreditación, certificación y supervisión que hace posible que esa capacidad opere con garantías”.

Daniel Sáez, presidente de Gaia-X España y director de Inteligencia Estratégica en ITI, destacó el papel de los espacios de datos y los Data Labs como palancas para acelerar la generación de valor. “Los Data Labs actúan como entornos intermedios, neutrales y seguros que permiten a propietarios de datos y desarrolladores de IA explotar información y generar valor de forma más rápida y confiable”, afirmo. A su juicio, la falta de confianza sigue siendo uno de los principales retos, ya que frena la compartición de datos pese a los avances de Europa en estándares y tecnologías. En esta línea, el presidente de Gaia-X subrayó que estas infraestructuras facilitan la monetización del dato y reducen las barreras de entrada en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

LA LABOR DE LOS NOTARIOS COMO GENERADORES DE DATOS FIABLES ES CLAVE EN LA ECONOMÍA DIGITAL, LA VIVIENDA Y EL ÁMBITO MERCANTIL

Por su parte, Merche Hernansáez Liarte, líder del grupo de trabajo de Economía del Dato en AMETIC y Project Director e-services en Tecnalia, incidió en la necesidad de abordar la economía del dato desde una visión estratégica integral. “Sin confianza no hay economía del dato: la gobernanza, las reglas claras y los espacios de datos son habilitadores clave”, aseguró. Hernansáez apuntó que el gran reto no es tecnológico, sino de adopción de esos espacios de datos, especialmente por parte del tejido empresarial, donde es necesario traducir los modelos en soluciones concretas y accesibles.

Política de vivienda

La segunda mesa redonda El valor del dato en la política de vivienda moderada por Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, abordó cómo el uso de datos puede contribuir a diseñar políticas públicas más eficaces ante uno de los principales retos sociales. Durante el debate se plantearon cuestiones como la creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, el papel del dato frente al relato en el diseño de políticas públicas, o cómo revitalizar el mercado del alquiler en un contexto de reducción de la oferta.

En este sentido, Trinidad Ortiz, directora general de Innovación y Transformación Urbana de la Generalitat Valenciana, destacó la importancia de utilizar “datos reales, veraces y actualizados para mejorar la planificación urbana y tomar decisiones más eficaces en el diseño de las políticas de vivienda y que tengan resultado sobre la sociedad”.

Por su parte, Jorge Galindo, director adjunto en EsadeEcPol (Esade Center for Economic Policy), subrayó la necesidad de contar con datos de calidad y comparables para comprender y analizar mejor la problemática de acceso a la vivienda o la evolución del mercado, y apuntó que solo a partir de diagnósticos rigurosos será posible diseñar políticas de vivienda efectivas y sostenibles en el tiempo. “Sin datos de calidad no hay decisiones públicas de calidad: por ejemplo, en materia de vivienda. Legislar e implementar sin conocer la realidad en detalle es legislar a ciegas. O, lo que es peor: legislar a base de relato”, asegura Galindo.

La jornada fue clausurada por el vicepresidente del CGN, Manuel Seda, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer, junto al decano José Carmelo Llopis. Ferrer San Segundo avaló la organización de estas jornadas como espacio de reflexión y encuentro para debatir sobre los retos de futuro, destacando como fundamental la colaboración público-privada para impulsar la innovación y reforzar la economía digital. La primera teniente de alcalde, el decano de los notarios valencianos y el vicepresidente del CGN coincidieron en que la gestión del dato evoluciona a gran velocidad y plantea desafíos para el mundo del derecho, las instituciones públicas y privadas y toda la sociedad.

Cuidado con debilitar la fiabilidad del sistema

El decano del Colegio Notarial de Valencia, Carmelo Llopis, remarcó que el documento notarial es fuente auténtica primaria de datos verificados y precisó que “si alimentamos un registro con datos no corroborados, lo que saldrá de este serán datos no verificados”. El Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que plantea admitir el documento privado como título inscribible de las participaciones sociales en el Registro Mercantil, “parece no conocer esta premisa, permitiendo que el registro se alimente y publique datos que no han sido controlados en origen por el notario”, señaló. Esto implicaría “debilitar la fiabilidad del sistema, sustituyéndolo por uno menos eficiente y con más coste para las PYMES españolas”, concluyó.

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Entrevista a Ricardo Garrido, expresidente del Consejo General del Procuradores de España

EN ESTE PAÍS

La Procura será la clave de esta nueva era de la Justicia en España”

Ricardo Garrido,

expresidente del Consejo General del Procuradores de España

Carlos Capa

Con más de 40 años de dedicación a la procura, tres décadas como decano del Colegio de Procuradores de Ourense y tres mandatos como presidente del Consello Galego dos Procuradores, Ricardo Garrido Rodríguez dedicó el último año y medio de su carrera profesional a presidir el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), cargo en el que fue sustituido el pasado 10 de abril por Alberto García Barrenechea. En esta entrevista conversamos con él sobre diversos asuntos, pero, sobre todo, sobre la Ley 1/2025 Eficiencia Justicia, que se aprobó y entró en vigor durante su mandato.

-La Ley 1/2025 nace con la promesa de una Justicia más eficiente y ágil. Desde la perspectiva de la Procura: ¿Qué está funcionando y qué sigue generando incertidumbre?

– Todo el mundo pide más recursos, más funcionarios, más jueces, mejor tecnología… Nosotros decimos: “De acuerdo”. Pero eso no va a resolver el atasco judicial. Para una Justicia más ágil, y para reducir los tiempos de duración en los procedimientos, la mejor opción es atribuir a los procuradores competencias de ejecución; acceso a datos mediante el reivindicado Punto Neutro Judicial, embargos, como sucede en otros países de nuestro entorno. Nosotros estimamos que aprovechando mejor los 30.000 profesionales que trabajan en la procura española (procuradores, oficiales habilitados y empleados) en cinco años reduciríamos el atasco y los tiempos a la mitad.

“LA NUEVA ERA DE LA JUSTICIA, QUE PARTE DE LA LEY DE EFICIENCIA 1/2025, SÓLO FUNCIONARÁ SI LA PROCURA ASUME TODAS LAS COMPETENCIAS QUE LE CORRESPONDEN”

-Uno de los ejes de la reforma es la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). ¿Cómo debería encajar la Procura en ese escenario para aportar valor real al proceso?

– Acabamos de poner en marcha un programa de mediación, pionero en España, que agilizará los procedimientos, tanto para el procurador como para demandantes y demandados. Está al servicio de cualquier ciudadano. Ahora bien, también vemos que hay casos muy claros, como los desahucios por impago de alquiler, en los que los MASC son más un obstáculo que una solución.

-¿Qué cambios prácticos está observando en el trabajo diario de los procuradores desde la entrada en vigor de la ley y qué ajustes siguen pendientes para que la reforma sea operativa de verdad?

– En los primeros meses estamos sufriendo los defectos de implantación. Tenga en cuenta que es nuestro colectivo el que tiene que gestionar todos los trámites entre el juzgado y el justiciable. No es en toda España igual, pero hay ciudades en las que estamos padeciendo retrasos, desaparición de expedientes…

-¿Cree que la reforma ha reconocido de forma suficiente el potencial de la Procura como colaboradora esencial de los tribunales, o todavía queda recorrido para ampliar competencias?

– No, ni de lejos. Ni se ha hecho mucho caso a nuestras propuestas legislativas ni el legislador ha entendido que con procuradores que sean verdaderos agentes de ejecución, que puedan acceder directamente al Punto Neutro Judicial o que puedan realizar averiguaciones de patrimonio, de domicilio, notificar o embargar directamente, se resolvería una gran parte de la lentitud y el colapso judicial español. Queda camino y ese camino lo va a recorrer el CGPE. Ha de entenderse que ahora mismo en los juzgados hay atascados miles de millones de euros que no están en el PIB y unos 20 millones de personas y empresas esperando por una solución judicial.

“ACABAMOS DE PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN, PIONERO EN ESPAÑA, QUE AGILIZARÁ LOS PROCEDIMIENTOS”

-Si tuviera que dejar una sola propuesta concreta para que la Ley 1/2025 mejore de verdad la respuesta de la justicia al ciudadano, ¿cuál sería?

– Más Procura. Es bueno para nosotros, pero sobre todo es bueno para los ciudadanos, para el Estado y para los juzgados. No tiene sentido tener infrautilizado a un colectivo como el nuestro, profesionalmente preparado, profundo conocedor del funcionamiento en detalle de los juzgados y con capacidad para resolver el problema más grave y estructural de la Justicia, que es que tiene 4,5 millones de casos sin resolver. Si logramos que la Ley 1/2025 otorgue a la Procura las atribuciones que reclamamos, habremos solucionado el problema y sin coste alguno para el Estado.

-¿Necesita más inversión la Justicia española?

– Claro que sí, sobre todo en más juezas y jueces, porque ahí estimamos un déficit de unos 800 magistrados. Y desde luego, el Estado ha de seguir invirtiendo para ir adaptando la estructura judicial al aumento de la población y la litigiosidad. Pero los últimos datos publicados por la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa indican que España ya dedica más gasto público a la Justicia que la media, tanto en términos de PIB como por habitante. Y, aun así, tenemos el mayor atasco de nuestra historia, que se ha duplicado en una década. El problema es el modelo de Procura, que aquí no se le deja actuar, crecer y agilizar las demandas.

“CON PROCURADORES QUE SEAN VERDADEROS AGENTES SE RESOLVERÍA UNA GRAN PARTE DE LA LENTITUD Y EL COLAPSO JUDICIAL ESPAÑOL”

-La función notarial comparte con la Procura una fuerte vocación de servicio público y seguridad jurídica. ¿En qué aspectos cree que la experiencia notarial puede ser un referente útil para la procura?

– Para nosotros, para mí en particular también, el Consejo General del Notariado es una organización de la que tenemos mucho que aprender y de la que intentamos aplicarnos algunas de sus enseñanzas. Obviamente y como no puede ser de otro modo manifestar mi más alta gratitud, reconocimiento y admiración a la encomiable labor y savoir faire de su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, que siempre nos ha prestado generosamente su apoyo y amistad.

-¿Cómo valora la relación institucional entre el Consejo General de Procuradores y el Consejo General del Notariado?

– Mantenemos una relación muy estrecha y espero que muy productiva también para el Notariado. Soy un firme creyente en las sinergias que aportan las relaciones institucionales y el aprendizaje entre organizaciones profesionales, en nuestro caso en el mundo del Derecho y la Justicia.

-Acaba de cerrar su etapa al frente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). ¿Con qué balance personal y profesional deja la presidencia?

– Intensidad es lo que mejor define este año y medio. Hemos preparado el CGPE para la nueva etapa que ha de afrontar tras las elecciones: reglamentaria, económica y estratégicamente. Es mi último y el más grande servicio a la Procura, con el equipo que, en poquísimo tiempo, hemos preparado el cambio de era con eficacia.

-¿Cambio de era para la Procura o para la Justicia?

– La nueva era de la Justicia, que parte de la nueva Ley de Eficiencia 1/2025, sólo funcionará si la Procura asume todas las competencias que le corresponden y que con cuya falta se retrasan y atascan los juzgados.

La Procura será la clave de esta nueva era de la Justicia en España. Ese es el trabajo que hemos dejado encaminado: trasladar a los poderes judicial y legislativo que a la Procura han de asignársele competencias homologables a las de los países de nuestro entorno. Sólo con más jueces, más recursos y más funcionarios no se resuelve el atasco judicial.

-¿Qué ha supuesto para usted, en términos de responsabilidad y aprendizaje, asumir la presidencia del Consejo General de Procuradores en un momento de tantos cambios para la Justicia?

– Bueno, después de hacer 76.000 kilómetros en año y medio y recorrer casi todos los colegios de España, claro que se aprende. Y, para mí, ha sido especialmente interesante asistir a los debates de todos los equipos de trabajo del Gabinete en el CGPE y con los Colegios, ricos en ideas y en confrontación de pareceres. La experiencia ha sido, como digo, dura, intensa, pero también un privilegio que no tiene precio y el más grande honor.

Huella Digital

Ricardo Garrido no tiene perfiles en redes sociales, pero si el Consejo General de Procuradores en X: @ProcuradoresE y en Linkedin.

La pagina web el Consejo General de Procuradores de España esta accesible aquí:

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Entre el vacío poblacional y el camarote urbano

EN ESTE PAÍS

ENTRE EL VACÍO POBLACIONAL Y EL CAMAROTE URBANO

FERNANDO GEIJO NARES

Un país de contrastes. Las grandes ciudades se erigen cual polos que atraen población como auténticos imanes. Oasis de oportunidades laborales en medio del desierto demográfico de la denominada España vaciada. Una tendencia que se acelera en nuestro caso al concentrar la mitad de los habitantes en sólo nueve de las cincuenta provincias. La aglomeración urbana conlleva inconvenientes derivados del dimensionamiento de unos servicios limitados que tratan de satisfacer una desbocada demanda exponencial.

“La vida siempre se abre camino”. La cita de ‘Jurassic Park’ podría ilustrar, salvando las distancias, la explosión de actividad que el cóctel migración -interna y externa- y turismo desencadenan desde hace años en el centro de las grandes ciudades españolas. En este escenario global teñido de proclamas de turismofobia y, en ocasiones, rechazo xenófobo, Madrid; Barcelona o Valencia, por citar las de mayor densidad de habitantes, no son ninguna excepción.

EL 52,1% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SE CONCENTRA YA EN NUEVE PROVINCIAS, CON MADRID, BARCELONA Y VALENCIA A LA CABEZA

Muy al contrario, en el caso de la capital de España se trataría de una de las urbes llamadas a liderar esta tendencia internacional al cosmopolitismo exacerbado con una previsión de 10 millones de habitantes en 2025. Un fenómeno de densificación demográfica que entraña evidentes retos más allá del romanticismo que supone la pérdida de identidad de los barrios. Entre ellos: la desorbitada subida del precio de la vivienda (con la consiguiente gentrificación -léase desplazamiento del vecino tradicional-) y la saturación primero y desbordamiento posterior de los servicios sanitarios, centros educativos, sistemas de transporte y movilidad. En definitiva, un ensanchamiento de la demanda -con picos en períodos vacacionales- que amenaza con hacer saltar por los aires las costuras del statu quo de nuestro estilo de vida.

En casa y con gaseosa

El experimento comenzó hace unos años. En el centro de Madrid, el ayuntamiento tomó hace años una insólita y arriesgada decisión. Atípica por extraordinaria y comprometida por polémica. La controversia, como preveían los responsables de la misma, saltó de inmediato. El consistorio decidió reordenar el tránsito de los ciudadanos por determinadas calles peatonales en los aledaños de la Puerta del Sol. El hasta entonces desaforado trasiego de los transeúntes, locales y visitantes, en fines de semana y fechas señaladas fue embridado en una suerte de coreografía colectiva ejecutada al unísono con disciplina marcial.

La reordenación en sentido único de las saturadas vías comerciales de Preciados y El Carmen representó un ejemplo previo de las delimitaciones de movilidad impuestas tras la pandemia en el suburbano. No en vano, la instalación en el suelo de pasillos y andenes de baldosas de guías de alerta para invidentes, denominadas podotáctiles por su característica rugosidad al contacto con la pisada, sirvió también ordenar el ‘tráfico humano’ marcando carriles en los pasillos del suburbano madrileño en el sentido de la circulación automovilística.

EL DÉFICIT DE VIVIENDAS Y LA SATURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE UN DEBATE TERRITORIAL EN ESPAÑA

¿El último?, por favor

Esperar haciendo cola en múltiples situaciones es una incómoda y práctica rutina en las grandes ciudades. Para más inri, el 90% de la población española reside ya en tan sólo el 2,6 por ciento del territorio nacional. Una singular concentración de habitantes por kilómetro cuadrado sin igual en toda Europa. De hecho, en pequeños y poblados países como Bélgica, Irlanda o Estonia, ese mismo porcentaje de habitantes apenas alcanzaba en 2021 el 30%, 26,2% y 24,9%, respectivamente, según datos de Eurostat.

La ‘España a dos velocidades’, como algunos expertos denominan el desigual crecimiento económico, da idea de lo que se viene gestando paulatinamente en las últimas décadas. La evidente acumulación poblacional en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona (donde ya habita más de uno de cada cuatro residentes en España), además de los ejes: Valencia-Alicante-Murcia y Málaga-Costa del Sol, sin olvidar las islas de Mallorca y Gran Canaria, dibujan un escenario de futuro que demanda, más que eventuales parches, medidas a largo plazo.

Vida concentrada

En resumen, sólo un puñado de provincias aglutinan más de la mitad de la población española. En concreto el 52,1% de los casi 50 millones de almas que está previsto que habiten la piel de toro en 2026, con un reparto proporcional que deja pocas dudas de la dimensión del fenómeno: Madrid (14,5%), Barcelona (12,1%), Valencia (5,6%), Alicante (4,1%), Sevilla (4%) -un 40,3% solamente entre estas cinco primeras-, Málaga (3,6%), Murcia (3,2%), Cádiz (2,6%) y Vizcaya (2,4%).

Además, esta masificación se ve intensificada por la afluencia de turistas. Una avalancha que en 2025 casi alcanza la icónica cifra de 100 millones, nada menos que un 3,5% más que en el año anterior, confirmando la fuerte tendencia al alza registrada tras el COVID y consolidando el segundo puesto de España en el ránking mundial, pisándole los talones a Francia.

SANIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS SUFREN LA PRESIÓN DEL AUMENTO DE POBLACIÓN URBANA

Por tierra, mar y aire

Uno de los efectos más obvios derivados de la presión demográfica es el repunte del precio de la vivienda. Un impacto que se recrudece, sobre todo, en las zonas geográficas tensionadas. El déficit de vivienda en España oscila según la fuente, aunque varía en una horquilla de 500.000 a 750.000 casas, lo que supondría entre un 3% y un 4% del parque total. Una cifra que Caixabank eleva hasta las 765.000, al tiempo que considera que el 39% del actual encarecimiento es debido a ese déficit de oferta.

La capacidad de las infraestructuras también se resiente. El mayor uso derivado del aumento de clientes, unido a las carencias en su mantenimiento y a la necesidad de aumentar las inversiones para acometer ampliaciones, ha puesto al límite tanto la red de ferrocarriles de Adif como la aeroportuaria gestionada por Aena.

En el primer caso, la liberalización del sector, con la llegada junto a Renfe/AVE de compañías foráneas como Ouigo e Iryo, ha abaratado el coste de los billetes y aumentado un 10% el uso de trenes de alta velocidad. Mientras tanto, el número de pasajeros que utilizaron el avión en 2025 alcanzó el récord de los 321 millones. Todo un desafío en ambos casos con la renovación del material ferroviario y la ampliación de aeródromos en el horizonte de los próximos años.

A los retos del concentrado demográfico hay que sumarle otros cuellos de botella en infraestructuras críticas, como las de transmisión eléctrica que no sólo afectan a las empresas industriales sino también al desarrollo de nuevas viviendas, o los servicios de Cercanías para atender el aluvión de trabajadores que cada día se desplazan del extrarradio al centro de las grandes ciudades.

Sigue el dinero

En el caso de España, el habitual modelo geográfico de distribución territorial de la riqueza norte-sur varía en uno condensado entre las grandes capitales y las costas. La intensidad de la inmigración, con la llegada anual de alrededor de 500.000 personas y el mencionado turismo masivo tienen mucho que ver en su explicación.

Una de las derivadas de este proceso es que entre los 49,57 millones de habitantes que tenía España en enero de 2026, más de 10 millones habían nacido en el extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una ayuda extra que evita la caída del país en una espiral de decrecimiento que derivase en el conocido como ‘invierno demográfico’. Sin dejar de lado su irreemplazable contribución económica, que explica casi la mitad de la expansión del PIB español desde 2022, según un informe de Funcas.

Crecer sin colapsar

El boom demográfico no es, en sí mismo, el problema. Incluso, como hemos visto, puede ser una oportunidad para dinamizar la economía y apuntalar el Estado del bienestar. Por tanto, la clave estaría en gestionar ese auge de forma sostenible. Sin planificación, la alta densidad de personas en torno a los grandes núcleos puede derivar en un deterioro de la calidad de vida y en un incremento de las desigualdades.

Esto implicaría actuar en varios frentes: ensanchar la oferta de vivienda, mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos y promover el desarrollo económico en zonas menos pobladas. Por su parte, la digitalización y el teletrabajo ofrecen oportunidades para tratar de redistribuir la población, aunque requieren importantes inversiones en conectividad y la apuesta por un cambio en los modelos productivos.

Como en la célebre ilustración de El Principito, la universal obra de Saint-Exupéry, donde una serpiente engulle un elefante a la vez que asemeja también la silueta de un sombrero, se antoja una alegoría propicia para recordarnos que el crecimiento descontrolado acarrea complicaciones para el sano sostenimiento de cualquier sistema o modelo.

España se enfrenta a la encrucijada de seguir prosperando ordenadamente. Encontrar la medida exacta entre dinamismo urbano y cohesión territorial será determinante para su futuro económico y social. La presión demográfica no es una situación coyuntural, sino una tendencia estructural que exige respuestas a largo plazo. Por consiguiente, se requiere de la puesta en marcha de una política de Estado capaz de reasignar recursos para conseguir un adecuado equilibrio entre los diferentes territorios que conforman España.

Sanidad y educación al límite

Los servicios públicos enfrentan un aumento significativo de usuarios. Centros de salud saturados, listas de espera y dificultades para dimensionar recursos humanos para afrontar el déficit de médicos y enfermeras, son algunos de los efectos más visibles. La evolución poblacional in crescendo, combinada con el envejecimiento, multiplica además las necesidades asistenciales.

En paralelo, enseñanza, seguridad o gestión de residuos también deben adaptarse a un entorno de mayor densidad humana. El problema es doble: responder a la demanda creciente en las áreas urbanas sin descuidar la cobertura en las zonas menos pobladas, donde el acceso a estos servicios ya es limitado.

Claves del desafío:

Desajustes:

Déficit de más de 750.000 viviendas entre 2021 y 2024.
Subida sostenida de precios en compra y alquiler.
Saturación del transporte público y del tráfico.
Mayor presión sobre sanidad y servicios básicos.

Propuestas:

Impulsar la construcción de vivienda pública asequible.
Agilizar los procesos urbanísticos y administrativos.
Aumentar la inversión en infraestructuras y transportes.
Fomentar el desarrollo económico fuera de las grandes ciudades.

Ojo al dato

Informe sobre el precio real de la vivienda. Portal Estadístico del Notariado. Consejo General del Notariado (CGN).

Aumentar la oferta, el gran desafío del mercado inmobiliario español. Informe sectorial inmobiliario del primer semestre de 2026. Caixabank Research.

La inmigración en España: retos, impacto y políticas. Estudios de la Fundación. Serie Economía y Sociedad. Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

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¿Burbuja o demografía?, por José García Montalvo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

Las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles"

¿Burbuja o demografía?

En los últimos años han reaparecido indicadores que recuerdan al periodo previo a la gran crisis inmobiliaria: los precios de la vivienda crecen a tasas de dos dígitos, el volumen de compraventas es muy elevado y los descuentos efectivos sobre el precio de oferta son reducidos, lo que refleja un mercado tenso y con poca capacidad de negociación por parte del comprador. Esto ha alimentado la percepción de que se podría estar repitiendo una burbuja inmobiliaria similar a la de los años 2000. Sin embargo, un análisis detallado de los determinantes de la demanda y de la oferta, y la evolución demográfica muestra que la situación actual tiene una naturaleza muy distinta.

La creación de hogares

La clave está en la relación entre la formación de hogares y el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Durante los años de la burbuja la construcción de vivienda nueva superó con creces la creación de hogares: se terminaban entre 500.000 y 600.000 viviendas anuales mientras se formaban unos 400.000 hogares, generándose un claro superávit de vivienda que alcanzó las 700.000 viviendas en 2008. En el periodo reciente se están creando en torno a 230.000 hogares anuales, mientras que solo se terminan del orden de 90.000 viviendas nuevas cada año. Esta brecha acumulada implica un déficit significativo de vivienda, que se puede cuantificar en unas 700.000 unidades en 2024. El desajuste alcanza un nivel similar, pero de signo opuesto.

La presión de la demanda actual no proviene solo de la formación de nuevos hogares, sino también del notable aumento de la población, impulsado en buena parte por la inmigración. Este contexto demográfico creciente choca con una oferta extraordinariamente rígida: la producción de viviendas por habitante y la proporción de viviendas terminadas sobre el stock existente se sitúan entre las más bajas de los países desarrollados. Esa rigidez de la oferta tiene raíces estructurales. La elasticidad de la oferta de vivienda en España es reducida, de modo que subidas de precios que en otros países activarían un fuerte aumento de la construcción en España producen un incremento pequeño de la oferta. La producción de vivienda se mantiene en torno a dos viviendas terminadas por mil habitantes, muy alejada de los niveles del pasado y de los estándares de otras economías avanzadas. La regulación urbanística fragmentada, la lentitud en la gestión del suelo, el peso de las restricciones locales y un marco fiscal poco incentivador para la inversión residencial contribuyen a este comportamiento inercial del lado de la oferta.

Indicadores de riesgo

Al mismo tiempo, el sistema financiero y el endeudamiento privado presentan un perfil mucho más prudente que en la etapa de burbuja inmobiliaria. El saldo de crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias se mantiene en niveles relativamente bajos en relación con el PIB, y el crédito hipotecario de los hogares representa una proporción sensiblemente inferior a la que se observaba antes de 2008. Los indicadores de riesgo asociados a las nuevas hipotecas —como la ratio préstamo‑valor, la ratio préstamo‑ingresos o el peso del servicio de la deuda sobre la renta familiar— se sitúan en cotas moderadas, muy alejadas de las financiaciones superiores al 100% del valor y de los esfuerzos de pago excesivos que caracterizaron el ciclo anterior. La combinación de una supervisión macroprudencial más estricta y un menor apalancamiento limita la posibilidad de que el crédito actúe como combustible de una burbuja especulativa de la misma naturaleza.

Si se analizan los fundamentales macroeconómicos que explican el comportamiento de los precios de la vivienda —crecimiento del PIB, creación de empleo, tipos de interés y, sobre todo, dinámica demográfica — se observa que buena parte del aumento reciente de los precios se puede explicar por estos factores. Esto contrasta con la situación previa a la crisis financiera, cuando una porción muy considerable del aumento de precios resultaba “inexplicable” por los fundamentales y solo podía entenderse como sobrevaloración alimentada por el crédito y por las expectativas de revalorización de la vivienda.

Miedo a “quedarse fuera”

En el plano de la psicología del mercado, comienzan a observarse comportamientos que recuerdan al miedo a “quedarse fuera” del acceso a la propiedad, lo que en la literatura anglosajona se describe como FOMO (Fear Of Missing Out”). Algunos compradores se adelantan en la decisión de compra ante la expectativa de que la vivienda será cada vez menos accesible. Este componente subjetivo puede reforzar la presión alcista, pero opera sobre un escenario donde el problema principal es la insuficiencia de viviendas disponibles frente al aumento de hogares, no tanto un ciclo de excesivo crecimiento del crédito y expectativas irreales de crecimiento futuro de los precios.

En conjunto, el diagnóstico que emerge es que el riesgo actual no responde al patrón clásico de burbuja inmobiliaria sustentada en un boom de construcción y sobreendeudamiento, sino a un desajuste estructural y persistente entre una demanda demográfica robusta y una oferta que reacciona muy poco a las señales de precios. La diferencia crucial entre los dos periodos considerados es que antes existía un exceso de oferta financiado con crédito que inflaba artificialmente los precios, mientras que ahora la tensión de precios proviene de una oferta insuficiente frente a una evolución demográfica muy dinámica.

Esta distinción tiene implicaciones directas para la política económica. Ante una burbuja de crédito, la respuesta natural consiste en desplegar instrumentos macroprudenciales que frenen el apalancamiento y la concesión de hipotecas de alto riesgo. En el contexto actual, en cambio, las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles, por reducir las rigideces de suelo y tramitación que limitan la construcción y por reforzar los instrumentos que permiten absorber el impacto del crecimiento demográfico sin trasladarlo íntegramente a los precios. Solo abordando este desequilibrio entre demografía y oferta se puede mitigar el riesgo de que la tensión actual derive en episodios de sobrevaloración más graves en el futuro.

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II Premio Consuelo Mendizábal

FUNDACIÓN NOTARIADO

II Premio Consuelo Mendizábal

JAIME PÉREZ DE MIGUEL

La Comisión Notariado, Mujer y Sociedad de Fundación Notariado otorgó el II Premio Consuelo Mendizábal a María Teresa Revilla, única diputada integrante de la Comisión Constitucional encargada de redactar la Constitución Española de 1978. Su trayectoria, vinculada a la defensa de la igualdad en un momento clave de la Transición, sitúa su figura en uno de los episodios más relevantes de la historia democrática reciente.

El galardón, que toma el nombre de Consuelo Mendizábal, la primera mujer notaria, tiene como objeto reconocer la labor de quienes han vivido y trabajado para conseguir una sociedad igualitaria en todos los ámbitos de la vida y para todas las personas, con especial énfasis en los derechos y oportunidades de las mujeres.

Un gesto decisivo

En 1977, al inicio de la legislatura constituyente, la Comisión encargada de elaborar el texto de la futura Constitución Española se configuró sin la presencia de ninguna mujer, en un contexto en el que la representación femenina en las instituciones era todavía limitada. Diputada por Valladolid en las primeras elecciones democráticas, María Teresa Revilla solicitó su incorporación a la Comisión Constitucional -que hasta entonces estaba compuesta por 38 diputados- pasando a formar parte de un órgano clave en la definición del nuevo marco jurídico y político del país.

En este ámbito se debatieron los principios que darían forma a la Constitución de 1978. Entre ellos, el artículo 14, que consagra la igualdad ante la Ley, constituye uno de los pilares del sistema de derechos. En la sesión celebrada el 18 de mayo de 1978, durante la votación de este artículo, Revilla pidió la palabra para intervenir en un momento especialmente significativo del proceso constituyente. Su voz representó a todas las mujeres en un instante decisivo para la democracia española. “Las mujeres no vamos a dar las gracias por ello, tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor; ahora buscamos el futuro”, aseguró Revilla.

Su participación se inscribe así en un contexto más amplio de reconocimiento progresivo de derechos y de adaptación del ordenamiento jurídico a una sociedad en transformación, contribuyendo a incorporar la perspectiva de las mujeres para la consolidación de la democracia española.

Reconocimiento a una trayectoria

El acto de entrega de la II Edición del Premio Consuelo Mendizábal se celebró el pasado 9 de marzo, en una jornada en la que se puso en valor la trayectoria de María Teresa Revilla y su participación en los trabajos constituyentes. En su intervención, la premiada recordó su compromiso con la democracia en los años de la Transición y destacó la importancia de su preservación en el tiempo: “Yo luché por traer la democracia a España. Pero la democracia no es algo que se pueda dar por hecho: hay que cuidarla, protegerla y trabajar cada día para fortalecer nuestras instituciones”, señaló.

Asimismo, evocó con humor algunos episodios de su trayectoria parlamentaria y recordó cómo finalizó su etapa política tras un incidente cuando presidía la Comisión de Cultura del Congreso. “Un día un ministro comenzó a intervenir sin que yo le hubiera dado la palabra y tuve que decirle que se callara. Aquello causó bastante revuelo y después de eso mi carrera política prácticamente terminó”, relató.

Durante el acto, la presidenta del Consejo General del Notariado y de Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó el papel de las primeras mujeres notarias como referentes en la evolución de la profesión. En sus palabras, “Consuelo Mendizábal y las primeras mujeres notarias fueron auténticas precursoras que abrieron camino en una profesión en la que, durante mucho tiempo, la presencia femenina fue excepcional”.

Barrio Del Olmo quiso subrayar también el papel que jugó Revilla al solicitar formar parte de la Comisión Constitucional: “En una época en la que las mujeres no tenían plena capacidad de obrar, María Teresa quiso alzar la voz en un momento decisivo para nuestra democracia. Por todo ello y por ser un referente, la Comisión Notariado, Mujer y Sociedad votó unánimemente para darte este premio”.

Por su parte, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy Marqués, subrayó igualmente el significado de este reconocimiento y el valor de la figura de Revilla en la historia democrática reciente, afirmando que “María Teresa Revilla vio lo que todos habían visto —que la Comisión Constitucional estaba formada solo por hombres—, pero pensó lo que nadie había pensado y decidió actuar para que también hubiera una mujer. Ese gesto de audacia sigue teniendo hoy un profundo significado, porque la igualdad ante la Ley constituye uno de los pilares de nuestras democracias y también uno de los valores que inspiran el Premio Consuelo Mendizábal”.

Este galardón concedido a Revilla supone un reconocimiento no solo a una carrera, sino a un compromiso con los valores que sustentan nuestro sistema constitucional.

Consuelo Mendizábal, una pionera

El Premio toma el nombre de María Consuelo Mendizábal Álvarez, figura destacada en la historia del Notariado español. En 1942 fue la única mujer que concurrió a las oposiciones a notario entre 1.100 aspirantes y una de las 205 personas que las aprobaron. Su primer destino fue Portillo, pueblo de Valladolid. A ella se sumarían posteriormente Margarita Baudín, que aprobó en 1944, y Carolina Bono, en 1947, configurando así las tres primeras mujeres notarias en la década de los cuarenta. Hasta 1961 no se permitió a las mujeres participar nuevamente en oposiciones a la Administración Pública.

Consuelo Mendizábal se jubiló como notaria en Madrid en 1983, y falleció en 1992. Su figura constituye un hito en la historia del Notariado español y simboliza el esfuerzo y la capacidad de las primeras mujeres que abrieron camino en el ámbito jurídico, y a pesar de no tener plena capacidad de obrar reconocida hasta la reforma del Código Civil español en mayo de 1975.

El trofeo

El galardón entregado en el Premio Consuelo Mendizábal es una escultura creada por la artista madrileña Cristina Almodóvar (1970), cuya obra explora la relación entre el ser humano y la naturaleza desde un lenguaje escultórico de gran carga poética. Para este premio ha concebido una pieza inspirada en los pliegos de las escrituras notariales, que se elevan y se transforman en formas orgánicas. La obra evoca simbólicamente la labor notarial al ordenar jurídicamente la realidad y transmitir la sensación de claridad y liberación que acompaña a los momentos en que las personas formalizan decisiones importantes de su vida.

El acto de entrega

Está disponible el video del acto de entrega de la II Edición del Premio Consuelo Mendizábal. Acceso a través de este enlace

Un café con…

Nuestra presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, entrevistó a María Teresa Revilla en la sección Un café con… de Escritura Pública. Una entrañable y enriquecedora charla en la que Revilla nos deja conocer mejor su historia y la de nuestro país, recordando cómo vivió aquel momento histórico.

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Entrevista a Andrés M. Urrutia Badiola, notario. Ilustre de Bilbao

EN CURSO LEGAL

El Notariado es la punta de lanza en la aplicación de los Derechos civiles territoriales”

Andrés M. Urrutia Badiola,

notario. Ilustre de Bilbao

Álex Oviedo

Fotos de Miguel San Cristóbal

El Ayuntamiento de la capital vizcaína entregó a finales de 2025 los premios Ilustres de Bilbao, entre cuyos elegidos se hallaba el notario y presidente de Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca) y de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademia, Andrés M. Urrutia Badiola. En la entrega de los galardones, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, reconoció en Urrutia “un verdadero espejo en el que queremos que se reflejen los más jóvenes”. En esta entrevista hablamos sobre Derecho Civil Vasco, euskera y dos iniciativas que Urrutia dirige desde el Colegio Notarial del País Vasco: la colección de libros jurídicos Minor Bilduma y la revista Egiunea.

Primera hora de la mañana. El notario bilbaíno Andrés M. Urrutia Badiola está corrigiendo las galeradas del número 26 de Egiunea, la publicación trimestral que codirige y cuyo primer número vio la luz en 2019 con motivo del décimo aniversario de la constitución del Colegio Notarial del País Vasco. “Una revista que supone la plasmación por escrito de algo que flotaba en el aire y que nadie se había atrevido a formular hasta entonces”, y en cuyas páginas se pueden encontrar desde entrevistas a personalidades del mundo jurídico, económico o cultural hasta artículos de índole académico, sin olvidar la multitud de actividades que desarrollan los notarios vascos.

Licenciado primero y luego doctorado en Derecho por la Universidad de Deusto, “en la especialidad jurídico-económica que se llamaba entonces”, fue a partir de segundo o tercer curso de carrera cuando entendió que lo suyo era la fe pública notarial y el Derecho civil vasco. “Fue un camino casi rectilíneo, no carente de dudas, aunque siempre entendí que el Notariado había de estar muy implicado con el lugar en el que lo practicabas. En mi caso: el País Vasco. Mi familia tenía ascendentes en Urdaibai y Lea-Artibai, y al sacar las oposiciones se me brindó la posibilidad de venir a Ondarroa (un pueblo de la costa vizcaína, en los duros años ochenta en el País Vasco). Estuve allí casi catorce años. Fueron mejores que cualquier máster universitario. Tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos, de prestar un servicio a la gente, y hacerlo respetando su lengua, el euskera, su Derecho propio y, en definitiva, construyendo con ellos y para ellos. Fue una experiencia muy satisfactoria, que se sumó a la posterior en la notaría de Bilbao. La verdad es que no he sido un notario de muchas notarías, sólo Ondarroa y Bilbao. En ambas he procurado siempre impulsar esa vocación de servicio que todos los notarios intentamos predicar con mayor o menor éxito”.

-En su caso, ¿cómo llevó a cabo esa vocación?

– Impulsando cuestiones de acción social para el progreso de la sociedad, prestando mi conocimiento a mejorar las condiciones de vida de las personas que conforman esa sociedad en la que vivo… Otros se dedican a la literatura, a la investigación jurídica y sociológica e incluso a la política. Son formas de proyectar el saber que hemos ido acumulando y que a los notarios se nos olvida muchas veces en nuestro quehacer diario. De ahí vino mi imbricación con el Derecho civil vasco que ha ido cuajando en diferentes textos normativos, así como mi relación con otras fuerzas sociales para avanzar en una mejor regulación; en una mayor libertad civil.

-Hay dos elementos que le identifican: su apuesta por el euskera y por el Derecho civil vasco.

– Mi familia es euskaldun, pero mi hermano y yo vinimos muy jóvenes al Bilbao de los años cincuenta en el que el euskera prácticamente no podía estar en la calle. De alguna forma tuvimos que reeuskaldunizarnos. Nos rodeaba ese mundo euskaldun pero no podíamos acceder a él. Esta labor me permitió descubrir una cultura propia y un mundo diferente, ni mejor ni peor, tan válido como cualquier otro. Una cultura que luego se proyectaba en la sociedad. Y me permitió atender a la gente, que venía a la notaría de Ondarroa, en su propia lengua. También trabajar con ella en otros ámbitos o abrirla al mundo jurídico con la creación, por ejemplo, de diccionarios. De aquí vino otra derivada, que fue poder ayudar al padre Aranzadi —que fue quien generó una línea de trabajo en euskera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, en la que he sido profesor durante treinta y dos años— en la enseñanza y en publicaciones jurídicas en euskera que sirviesen a los alumnos y formasen a los profesores y a los profesionales del Derecho que desearan trabajar en euskera. Ese compromiso se desarrolló posteriormente con mi ingreso en la Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia. Al final mis compañeros me eligieron presidente, y aquí sigo hasta que llegue el momento de que otros cojan el relevo.

«SI NO ESTÁ ATENTO A LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD, EL DERECHO CIVIL ES UNA CÁSCARA VACÍA»

-El euskera está muy unido al Derecho civil vasco.

– Efectivamente. Lo que hemos hecho ha sido rescatar términos o expresiones en euskera que eran parte de ese Derecho civil vasco y las hemos socializado. El alkarpoderoso, por ejemplo. Algunos compañeros guipuzcoanos me preguntan qué es. Y les digo: una denominación en euskera vizcaíno que singulariza el testamento por comisario. El Notariado es la punta de lanza en la aplicación de los Derechos civiles territoriales. Los notarios somos, en nuestros despachos, a través de nuestros documentos o formando parte de comisiones de trabajo, quienes defendemos y actualizamos los Derechos civiles territoriales. Sin el Notariado, muchos de esos Derechos civiles territoriales tendrían hoy muy poca vida o habrían desaparecido. Y con ellos temas como la libertad civil, fundamental en Aragón, Navarra o en el País Vasco.

-¿Nos podría esbozar algunas las diferencias entre Derecho civil vasco y el común?

– Los juristas de territorios en los que existen Derechos civiles territoriales somos, por utilizar el símil lingüístico, bilingües; es decir, trabajamos en Derecho civil común y en Derecho civil territorial. Ese bilingüismo tiene su lado bueno, porque somos partícipes de dos culturas jurídicas, y a veces su lado no tan bueno, porque podemos trasladar esquemas de uno a otro sistema sin darnos cuenta. Ambos no son exactamente compatibles, ni responden a unas mismas necesidades sociales. Los canadienses hablan de un bijuridicismo —como en Quebec que funciona el Código Civil y el sistema del Common Law—, enriquecedor siempre que seamos conscientes de la situación en que vivimos. El problema es que a veces el operador jurídico, el notario, insiste mucho en el Derecho civil común sin darse cuenta de que en determinadas comunidades se aplica el territorial.

-Participó en el proceso que llevó a la Ley de Derecho Civil Vasco del 2015.

– Y en la de 1992. Un proceso difícil, complejo, porque en el País Vasco cada territorio tenía su propio fuero, su propia regulación y realidad jurídico-civil. Alguna vez se ha comentado, gráficamente, que éramos un archipiélago jurídico. Como en Baleares, aunque allí el archipiélago sea físico. En el País Vasco hay un arraigo muy fuerte en cada uno de los territorios, algo que llevó a que la ley de 1992 intentase poner al día lo que venía de la Historia. Luego, y gracias al impulso del jurista Adrián Celaya, se planteó un Derecho civil común para los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y pensamos que sería demasiado avanzado, que crearía controversias. Pero tuvimos el apoyo de los partidos políticos. A veces se le imputa a la Ley de 2015 que consistiera sólo en traer instituciones vizcaínas al resto de los territorios. No fue así. También el mundo sucesorio en Bizkaia hubo de cambiar, adaptarse a la nueva Ley.

«HE PROCURADO SIEMPRE IMPULSAR ESA VOCACIÓN DE SERVICIO QUE TODOS LOS NOTARIOS INTENTAMOS PREDICAR CON MAYOR O MENOR ÉXITO»

-En ese impulso tiene mucho que ver la Academia Vasca de Derecho, ¿no?

– La AVD-ZEA sirvió de nexo entre los diferentes operadores jurídicos en torno no solo al Derecho civil vasco sino también al Derecho autonómico vasco. Es decir, todo lo que jurídicamente se mueve en la CAPV. En su formación participamos el maestro de juristas Adrián Celaya, el letrado Javier Oleaga, ambos ya fallecidos y de recuerdo imborrable, y yo mismo, que veníamos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, con la ayuda inestimable de Javier Muguruza y Santiago Larrazabal y de la propia Sociedad. Queríamos crear una Academia con personalidad y autonomía que pudiera trabajar en el Derecho civil vasco. Eso es lo que somos, gracias al vínculo con el Colegio Notarial, y con los Colegios de la Abogacía, de Registradores, Magistratura e incluso el profesorado de las diferentes facultades de Derecho. La Academia fue la que formuló el texto que acabaría siendo la proposición de ley que el Parlamento aceptó. Pero debíamos ir más allá: la Academia lo que busca es que ese Derecho se socialice, se practique, sirva para que los que lleguen detrás tengan precedentes en forma de textos jurídicos. Nuestro Derecho civil vasco ha sido un derecho de práctica; no olvidemos que en el País Vasco en el siglo XIX no había una universidad, desaparecieron las instituciones de carácter judicial, se dio una pérdida foral y desaparecieron las Juntas Generales. Había, por tanto, que reconstruir ese conocimiento jurídico práctico y teórico. Algo que ha hecho la profesora Itziar Monasterio, que ha recogido esa historia de doscientos o trescientos años de documentación civil y procesal foral. De hecho, este año se cumple el 500º aniversario de la publicación del Fuero Nuevo de Vizcaya y la Academia realizará en noviembre un ciclo de conferencias, exposiciones y publicaciones al respecto.

-Dentro de ese proceso están Minor Bilduma, la colección que publica la AVD/ZEA y el Colegio Notarial del País Vasco, o la revista Egiunea, que edita el propio Colegio.

– Siempre he dicho que uno de los déficits del País Vasco es que hemos sido ágrafos en materia jurídica. Había gente que escribía, sin duda, pero contada con los dedos de las manos. Lo importante es que el operador jurídico tenga cauces para expresarse. Y a eso responde Minor Bilduma: la creación de una bibliografía jurídica surgida desde aquí y para aquí. Egiunea es, por su parte, el elemento de cohesión que necesitaba el Colegio Notarial del País Vasco. Desde el siglo XIX el País Vasco estaba dividido notarialmente: Guipúzcoa y Navarra iban por un lado mientras que Vizcaya y Álava pertenecían al Colegio de Burgos. Eso llevó a que cada territorio tuviera su propia vida: Bilbao, con su evolución industrial, económica y financiera, constituyó su delegación del Colegio de Burgos; San Sebastián y Guipúzcoa miraban más a Navarra, incluso a Iparralde. Con la constitución del Colegio Notarial del País Vasco en 2009 se adecuó el Notariado al territorio de la CAPV. Pero hacía falta un elemento que lo cohesionara, una publicación en la que todos los colegiados de este nuevo Colegio nos sintamos implicados y reflejados.

«HEMOS RESCATADO TÉRMINOS O EXPRESIONES EN EUSKERA QUE ERAN PARTE DE ESE DERECHO CIVIL VASCO Y LAS HEMOS SOCIALIZADO»

-¿Los Derechos civiles territoriales evolucionan? ¿La Ley de 2015 puede cambiar?

– La sociedad cambia y el Derecho civil, si no está atento a la sociedad, es una cáscara vacía. Y es lo que vamos a hacer. Y ahora, al calor del aniversario del Fuero Nuevo, aún más. Se sabe que el libro más leído en Bizkaia en el siglo XVII era el Fuero Nuevo. Y no lo digo yo, lo dice el historiador Carmelo Echegaray a partir de las ediciones de imprenta que se hacen en aquel momento. Si la Ley no evoluciona no tenemos nada que hacer. Nuestra labor es detectar, en ese contacto con la gente, cuáles son las líneas de evolución por las que van las cosas y saber adaptar la legislación a ellas. Hace cuarenta años, el divorcio, la separación, la nulidad eran realidades apenas incipientes. Como lo eran también las segundas nupcias, las familias en las que conviven los hijos de un matrimonio y los del otro, las parejas de hecho, las nuevas formas de organización familiar y de transmisión del patrimonio familiar… La regulación civil ha de estar atenta a esas realidades para darles una salida. Porque si no quedará obsoleta y no servirá para nada. Que es lo que les ocurre a algunas instituciones de Derecho civil común, por cierto.

-En diciembre se jubila. ¿Qué va a hacer Andrés Urrutia a partir de entonces?

– Aún me quedan dos años de mandato en las instituciones académicas, pero mientras pueda seguiré en la misma línea de trabajo académico y social que hasta ahora. Una línea que me permite estar al día de las novedades, pero sin ánimo de perpetuidad. Buscaré ayudar a nuevos operadores jurídicos a través de la Universidad de Deusto, una de las cosas que más me han satisfecho en la vida. En la medida en que me lo permitan mis posibilidades tanto físicas como mentales. Siempre he tenido inquietudes intelectuales y creo que seguiré teniéndolas. Pero ya me lo preguntaré cuando me jubile.

HUELLA DIGITAL

Andrés Urrutia es el actual presidente de la Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia y presidente de la Academia Vasca de Derecho – Zuzenbidearen Euskal Akademia. Participa en redes sociales: LinkedIn, Twitter e Instagram.

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Entrevista a Alberto de Gregorio, director del Servicio Jurídico de la UE

ÁMBITO EUROPEO

El Servicio Jurídico actúa como la brújula jurídica de la Comisión”

Alberto de Gregorio,

director del Servicio Jurídico de la UE

Carlos Capa

Alberto de Gregorio, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, con máster en el College of Europe, es uno de los juristas españoles con mayor recorrido en las instituciones comunitarias. Con más de 25 años de experiencia en Bruselas, ha participado en algunos de los grandes hitos jurídicos de la UE, del Brexit a la Unión Bancaria, pasando por el fondo Next Generation EU y la respuesta legal a la invasión rusa de Ucrania.

-Con más de 25 años de experiencia en las instituciones de la Unión Europea y habiendo sido responsable en este mismo Servicio Jurídico de otras áreas, ¿qué supone para usted esta nueva responsabilidad?

– Esta responsabilidad constituye tanto un honor como un deber. Tras muchos años al servicio de la Unión en diversas funciones, dirigir el Servicio Jurídico implica garantizar la continuidad, la excelencia y la independencia en nuestro asesoramiento jurídico. Hoy en día, liderar el Servicio Jurídico significa ayudar a la Comisión a desenvolverse en un entorno jurídico cada vez más complejo, preservando al mismo tiempo sus principios fundamentales.

“EL SERVICIO JURÍDICO PROPORCIONA ASESORAMIENTO LEGAL INDEPENDIENTE A LA COMISIÓN, LA REPRESENTA ANTE EL TJUE Y VELA POR QUE TODOS LOS ACTOS SE AJUSTEN AL DERECHO DE LA UE”

-¿Qué funciones desempeña el Servicio Jurídico de la UE? ¿Quiénes lo integran?

– El Servicio Jurídico proporciona asesoramiento legal independiente a la Comisión, la representa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y vela por que todos los actos legislativos y administrativos se ajusten al Derecho de la UE. Está integrado por juristas altamente cualificados procedentes de todos los Estados miembros, que aportan diversas tradiciones jurídicas y conocimientos en múltiples ámbitos del Derecho. En otras palabras, el Servicio Jurídico actúa como la brújula jurídica de la Comisión.

-¿Cree que los ciudadanos y las empresas comunitarios conocen el trabajo que realizan

– Nuestro trabajo no siempre es visible, ya que se desarrolla “entre bastidores”. Sin embargo, su impacto es muy tangible. Cada propuesta conforme a Derecho, cada acuerdo internacional y cada asunto defendido contribuyen directamente a los derechos de los ciudadanos a un entorno económico estable. Seguir aumentando la concienciación resulta fundamental, especialmente para demostrar cómo el Derecho de la UE protege la vida cotidiana.

“EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE, EL RESPETO DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA ADQUIEREN AÚN MAYOR RELEVANCIA”

-La legalidad y la seguridad jurídica son pilares básicos de la Unión Europea. Una de las principales funciones del Servicio que dirige es asesorar a las instituciones europeas y garantiza la legalidad de sus actos. ¿Es posible mantener estos pilares en la actual situación internacional

– Así es, y es esencial que así sea. En tiempos de incertidumbre, el respeto de la legalidad y la seguridad jurídica adquieren aún mayor relevancia. Estos principios garantizan previsibilidad, confianza y equidad. Aunque el entorno global sea complejo, la fortaleza de la UE reside precisamente en su compromiso con el Estado de Derecho. La seguridad jurídica no es un lujo, sino una condición para la confianza, la inversión y la cooperación.

-Otra de sus funciones es controlar la correcta aplicación del Derecho comunitario, lo que debe ser muy complejo teniendo en cuenta las diferentes regulaciones y puntos de vista de los Estados miembros. ¿Podemos hablar de una estrategia o política jurídica común?

– Más que una “estrategia” única, existe un ordenamiento jurídico compartido. Los tratados proporcionan una base común, y nuestra tarea consiste en garantizar que dicha base se aplique de manera coherente, respetando al mismo tiempo las especificidades nacionales. Si bien las perspectivas nacionales difieren, el papel del Servicio Jurídico es asegurar una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la UE. Ello no elimina la diversidad, sino que la encauza dentro de un orden jurídico coherente.

Uno de nuestros desafíos es reconciliar la identidad constitucional europea con la identidad constitucional de los Estados Miembros.

“LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UE DEBE PRESERVARSE, PERO SIEMPRE A TRAVÉS DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO Y LA COOPERACIÓN, Y NO DE LA CONFRONTACIÓN”

-Ha asesorado en asuntos críticos para la UE, como el Brexit, la creación de la Unión Bancaria, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo Next Generation EU y la respuesta jurídica ante la invasión de Ucrania. ¿Cuál considera en estos momentos el asunto jurídico que más ocupa o preocupa a la UE?

– El principal desafío consiste en adaptar el marco jurídico a cambios rápidos ya sean geopolíticos, económicos o tecnológicos sin perder coherencia. Garantizar que el Derecho de la UE siga siendo eficaz en ámbitos como las sanciones, la seguridad e independencia energética, la regulación digital, la competitividad y la cooperación en materia de defensa resulta especialmente exigente en la actualidad. El Derecho de la UE debe reorientarse hacia el Derecho de la independencia de la UE.

-La primacía del Derecho Comunitario frente a los tribunales nacionales provocará a menudo momentos de tensión. ¿Cómo hacen para mantener la tensión sin «rompe la cuerda»?

– La tensión es inherente a un sistema jurídico multinivel. La clave reside en el diálogo, el respeto mutuo y los mecanismos previstos en los tratados. La primacía del Derecho de la UE debe preservarse, pero siempre a través del razonamiento jurídico y la cooperación, y no de la confrontación. Mi servicio tiene una vocación también transnacional. El desafío es articular sin disonancias la identidad constitucional nacional con al europea.

“LA SEGURIDAD JURÍDICA NO ES UN LUJO, SINO UNA CONDICIÓN PARA LA CONFIANZA, LA INVERSIÓN Y LA COOPERACIÓN”

-La Inteligencia Artificial, la descarbonización y la autonomía estratégica europea generan nuevas competencias compartidas y fronteras normativas difusas. ¿Qué papel desempeña el Servicio Jurídico para garantizar que la legislación europea se mantenga coherente y compatible con las regulaciones nacionales

– Nuestra función es garantizar la coherencia, legalidad, la seguridad jurídica y la compatibilidad con los tratados. En ámbitos en rápida evolución, contribuimos a definir los límites jurídicos, apoyamos al legislador y velamos porque las nuevas normas se integren de manera fluida en los marcos existentes, tanto a nivel de la UE como nacional.

-La seguridad jurídica es una de las señas de identidad de Europa. También es cierto que hay voces que consideran que la UE se encuentra sobrerregulada y que eso le resta competitividad. ¿Cuál es su opinión?

– Se trata de una preocupación legítima, pero la cuestión no es la cantidad de regulación, sino su calidad. La Unión debe regular cuando sea necesario, pero siempre de forma proporcionada y eficiente, y conforme al principio de subsidiariedad, de modo que apoye en lugar de obstaculizar. La regulación debe encontrar un equilibrio. La seguridad jurídica y los altos niveles de calidad legislativa son fortalezas de la UE, pero debemos mantenernos atentos a la proporcionalidad y a la competitividad. El objetivo no es más regulación, sino una mejor regulación: clara y eficaz.

¿Cómo contribuye el Notariado a la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas de la Unión Europea?

«La profesión notarial desempeña un papel preventivo fundamental. Al garantizar la legalidad y la autenticidad de los actos jurídicos, los notarios reducen los litigios, refuerzan la confianza y facilitan las transacciones transfronterizas. Permite que existan pruebas claras y accesibles para las partes involucradas y para el sistema judicial. Constituyen un componente esencial del sistema más amplio que garantiza la seguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas en toda la Unión, proporcionando garantías de transparencia y estabilidad en la vida cotidiana y las relaciones comerciales.»

HUELLA DIGITAL

Alberto de Gregorio mantiene un perfil activo en Linkedin.
En el portal de transparencia de la UE se encuentra una biografía extensa y dirección de contacto.

EUROPEAN SCOPE

The Legal Service acts as the Commission’s legal compass”

Alberto de Gregorio,

Head of the EU Legal Service

Carlos Capa

Alberto de Gregorio, a law graduate from the University of Salamanca, with a master’s degree from the College of Europe, is one of the most experienced Spanish jurists in EU institutions. With over 25 years’ experience in Brussels, he has been involved in some of the EU’s major legal milestones, ranging from Brexit and the Banking Union to the Next Generation EU fund and the legal response to Russia’s invasion of Ukraine.

-With over 25 years of experience in European Union institutions and Legal Servicemanagement of other departments, what does this new responsibility mean for you?

– This responsibility is both an honour and a duty. After many years of service in the Union in various capacities, heading the Legal Service means ensuring continuity, excellence and independence in our legal advice. Today, leading the Legal Service means helping the Commission to navigate an increasingly complex legal environment, while preserving its fundamental principles.

«THE LEGAL SERVICE PROVIDES INDEPENDENT LEGAL ADVICE TO THE COMMISSION, REPRESENTS IT BEFORE THE CJEU AND ENSURES THAT ALL ACTS COMPLY WITH EU LAW»

-What is the role of the EU Legal Service? Who are its members?

– The Legal Service provides independent legal advice to the Commission, represents the Commission at the Court of Justice of the European Union and ensures that all legislative and administrative acts comply with EU law. Its members are highly qualified lawyers from all Member States who draw on different legal traditions and expertise in many areas of law. In other words, the Legal Service acts as the Commission’s guide on legal matters.

-Do you think that EU citizens and businesses are aware of the work you do?

– Our work is not always visible, as it takes place «behind the scenes». However, its impact is very tangible. Every lawful proposal, every sound international agreement and every defended issue contributes directly to citizens’ rights and to a stable business environment. Raising awareness further is essential, especially to demonstrate how EU law protects everyday life.

“IN TIMES OF UNCERTAINTY, RESPECT FOR LEGALITY AND LEGAL CERTAINTY ACQUIRE EVEN GREATER IMPORTANCE.”

-Legality and legal certainty are some of the basic foundations of the European Union. One of the main functions of the Service you manage is to advise European institutions and ensure the legality of their actions. Is it possible to continue to do this in the current international situation?

– Of course, and it is crucial that we do.. In times of uncertainty, respect for legality and legal certainty is even more important. These principles ensure predictability, trust and fairness. Although the global environment is complex, the EU’s strength lies precisely in its commitment to the rule of law. Legal certainty is not a luxury, but a condition for trust, investment and cooperation.

-Another of its functions is to monitor the correct application of Community law, which must be very complex in view of the different regulations and points of view of the Member States. Can we speak of a common legal strategy or policy?

– Rather than a single ‘strategy’, there is a shared legal framework. The treaties provide a common basis, and our task is to ensure that this basis is applied consistently, while respecting national specificities. While national perspectives differ, the role of the Legal Service is to ensure a uniform interpretation and application of EU law. This does not eliminate diversity, but channels it into a coherent legal order.

– You have advised on critical EU issues such as Brexit, the creation of the Banking Union, the European Stability Mechanism, the Next Generation EU fund and the legal response to the invasion of Ukraine. What do you think is the current legal issue of greatest concern or preoccupation for the EU?

– The main challenge is to adapt the legal framework to rapid changes, be they geopolitical, economic or technological, without losing coherence. Ensuring that EU law remains effective in areas such as sanctions, energy security and energy independence, digital regulation, competitiveness and defence cooperation is particularly demanding today. EU law must be realigned towards the law of EU independence.

«THE PRIMACY OF EU LAW MUST BE PRESERVED, BUT ALWAYS THROUGH LEGAL REASONING AND COOPERATION, NOT CONFRONTATION”.

– The primacy of Community law over national courts will often lead to moments of tension. How do you manage that tension without «breaking the rope»?

– Tension is inherent in a multi-level legal system. The key lies in dialogue, mutual respect and the mechanisms provided for in the treaties. The primacy of EU law must be preserved, but always through legal reasoning and cooperation, not confrontation. The challenge is to balance national constitutional identity with European identity through agreement.

– Artificial Intelligence, decarbonisation and European strategic autonomy generate new shared purviews and blurred regulatory boundaries. What role does the Legal Service play in ensuring that European legislation remains consistent and compatible with national regulations?

– Our role is to ensure consistency, legality, legal certainty and compatibility with the treaties. In rapidly evolving areas, we help define legal boundaries, support the legislator and ensure that new rules are smoothly integrated into existing frameworks, both at the EU and national level.

“LEGAL CERTAINTY IS NOT A LUXURY, BUT A CONDITION FOR TRUST, INVESTMENT AND COOPERATION”

-Legal certainty is one of Europe’s hallmarks. It is also true that there are voices that believe that the EU is over-regulated and that this undermines its competitiveness. What is your opinion?

– This is a legitimate concern, but the issue is not the quantity of regulation, but its quality. The Union should regulate where necessary, but always in a proportionate and efficient manner, and in accordance with the principle of subsidiarity, so that it supports rather than hinders. Regulation must strike a balance. Legal certainty and high standards of legislative quality are strengths of the EU, but we must remain vigilant regarding proportionality and competitiveness. The aim is not more regulation, but better, clear and effective regulation.

How does the Notariat contribute to legal certainty for citizens and businesses in the European Union?

«The notarial profession plays an essential preventive role. By ensuring the legality and authenticity of legal acts, notaries reduce disputes, strengthen trust and facilitate cross-border transactions. It enables clear and accessible evidence for the parties involved and for the judicial system. They are an essential component of the wider system that ensures legal certainty for citizens and businesses throughout the Union by providing guarantees of transparency and stability in everyday life and business relations.»

Digital signature

Alberto de Gregorio maintains an active Linkedin profile.
An extensive biography and contact address can be found on the EU’s transparency portal.

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Todo lo que eres cabe en una cartera

ÁMBITO EUROPEO

Todo lo que eres cabe en una cartera

GORKA R. PÉREZ

La Unión Europea prepara la llamada Cartera Europea de Identidad Digital, una iniciativa común destinada a simplificar la identificación y a redefinir la relación entre ciudadanos, Estados y servicios en la próxima década. Los países miembros deberán tenerla operativa antes de finales de año. La seguridad y la confianza se perfilan como los ejes de un proyecto que aspira también a reforzar la soberanía digital del bloque.

Reunir en una sola aplicación todos los documentos necesarios para acceder, desde el móvil, a servicios públicos y privados suena —al menos sobre el papel— como una promesa razonable. No solo porque simplificaría la relación digital con Administraciones y empresas, sino porque aliviaría una burocracia identificativa cada vez más pesada, que obliga a demostrar quiénes somos una y otra vez. Ese es el horizonte que persigue la llamada Cartera Europea de Identidad Digital, un proyecto comunitario que los Estados miembros deberán tener operativo antes de finales de 2026 y que aspira a convertir la identificación en un trámite casi invisible.

Carteras paneuropeas

Como ocurre con muchos proyectos que acaban desplegándose a escala comunitaria, la cartera digital europea no surge de la nada. Se apoya en el recorrido previo de distintos sistemas nacionales de identidad digital, desarrollados y probados en varios países durante los últimos años. La ambición ahora es dar un salto más: que esas soluciones, nacidas dentro de fronteras concretas, evolucionen hacia carteras paneuropeas capaces de funcionar más allá de su país de origen y ser reconocidas por el conjunto de los Estados miembros.

Esta convergencia no persigue la creación de una única aplicación común para todos los ciudadanos, sino el establecimiento de un ecosistema de carteras digitales capaces de funcionar de forma interoperable en cualquier país de la Unión. Esto es, un entramado de aplicaciones distintas, pero compatibles entre sí, concebido para que la identidad digital pueda circular sin fricciones dentro del mercado único europeo.

El atractivo de este tipo de herramientas digitales radica, sobre todo, en las facilidades que ofrecen al usuario. Una comodidad basada en la posibilidad de almacenar y compartir de forma selectiva las credenciales necesarias para acreditar la identidad ante terceros, todo ello desde una única aplicación instalada en el teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo electrónico que lo permita, sin necesidad de repetir el proceso una y otra vez.

Superado el umbral de la identificación —el primer cuello de botella—, la equiparación a escala comunitaria abre la puerta a otros usos. La cartera digital permitirá también almacenar documentos oficiales como el permiso de conducir, recetas médicas, titulaciones académicas, pasaportes o certificados profesionales. Y añadirá una función clave: la posibilidad de firmar documentos electrónicamente con plena validez legal, integrando en un mismo entorno gestiones que hoy siguen dispersas.

Regulación digital

En los últimos años, la Unión Europea ha desplegado un volumen cada vez mayor de regulación digital, y es en ese entramado normativo donde encaja la futura identidad electrónica común. No solo como una herramienta de uso cotidiano, sino también como un instrumento que puede facilitar la aplicación de normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA). Todo ello en un contexto en el que muchos ciudadanos, aun habituados a introducir sus datos personales en un número creciente de plataformas, empiezan a desconfiar de las garantías de seguridad que ofrecen esos espacios. Proporcionar un entorno fiable desde el que gestionar una identidad digital de alcance europeo se presenta, así, como una forma de restaurar esa confianza, fomentar el intercambio de información y alimentar infraestructuras consideradas estratégicas.

Ese énfasis en la seguridad fue, precisamente, uno de los ejes sobre los que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, articuló la presentación de la iniciativa. Lo subrayó en septiembre de 2020, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, al defender la necesidad de ofrecer a los ciudadanos una identidad digital que reforzara la confianza y les devolviera el control sobre sus datos.

La fecha del discurso de Von der Leyen no fue casual. En plena pandemia, las aplicaciones destinadas a acreditar el estado de vacunación se situaron en el centro del debate público, también en los despachos de Bruselas. En buena medida porque esas herramientas dependían de infraestructuras controladas por gigantes tecnológicos como Apple y Google, que fijaron las reglas sobre cómo podían intercambiarse los datos necesarios para los sistemas de rastreo, limitando el margen de maniobra de los Estados.

Seguridad e independencia

Desde entonces, y como ha ocurrido con otras iniciativas estratégicas, evitar volver a depender de grandes compañías estadounidenses en ámbitos considerados sensibles se ha convertido en una convicción compartida dentro del proyecto europeo. La apuesta por una cartera digital propia se inscribe así en una voluntad más amplia de las instituciones comunitarias de reforzar su autonomía tecnológica y avanzar hacia una soberanía digital capaz de reducir vulnerabilidades externas.

De ahí que la seguridad y la privacidad se hayan convertido en los dos pilares sobre los que se sostiene el proyecto. Son condiciones indispensables para su éxito y, sobre todo, para que los ciudadanos perciban esas garantías en su relación cotidiana con la cartera digital. No hacerlo supondría comprometer la iniciativa y debilitar esa nueva vía de comunicación autónoma que pretende consolidar Bruselas. Más aún si se tiene en cuenta que el uso de estas carteras interconectadas será voluntario para los ciudadanos, y no obligatorio, tal y como ha subrayado la propia Comisión Europea.

La Cartera Europea de Identidad Digital se sitúa, así, en ese territorio en el que confluyen la técnica, la política y la vida cotidiana. No es solo una nueva herramienta administrativa ni un ejercicio de modernización digital más, sino el intento de redefinir cómo se articula la relación entre ciudadanos, Estados y servicios en un espacio europeo cada vez más interconectado. Su complejidad no es menor: exige resolver desafíos técnicos, garantizar estándares de seguridad elevados, coordinar a veintisiete países con trayectorias y culturas digitales muy distintas y, sobre todo, generar un nivel de confianza ciudadana que no se decreta, sino que se construye. De ese equilibrio dependerá buena parte de su viabilidad.

De ese delicado equilibrio dependerá buena parte de su viabilidad. Si falla alguno de esos pilares —una experiencia opaca, insegura o poco útil—, el proyecto corre el riesgo de quedarse en una promesa más del catálogo digital europeo. Si, por el contrario, logra asentarse como una herramienta eficaz y percibida como legítima, la cartera podría convertirse en una de las transformaciones silenciosas más profundas de la relación entre el ciudadano y el Estado en la Unión Europea.

Finales 2026: fecha clave

Las carteras digitales interoperables deberán estar disponibles para ciudadanos, residentes y empresas antes de que concluya 2026. Ese es el horizonte fijado para un proceso que no comenzó ayer, sino que es el resultado de años de trabajo preparatorio y negociación técnica, y que todavía atraviesa una fase decisiva. Los desarrollos sobre arquitectura segura, estándares comunes y especificaciones continúan avanzando, apoyados en una “caja de herramientas” compartida a escala europea. En paralelo, la Unión ha puesto en marcha proyectos piloto de gran alcance, con la participación de administraciones públicas y empresas, destinados a poner a prueba el funcionamiento real de un sistema llamado a operar en todo el continente.

Un activo estratégico

Estas nuevas funcionalidades, además de simplificar procedimientos tradicionalmente tediosos —y en muchos casos poco accesibles para quienes carecen de habilidades digitales, como las personas mayores—, descansan sobre decisiones que van más allá de lo puramente técnico. Hay en su impulso una lectura política de fondo: la conciencia, cada vez más extendida en Bruselas, de que los datos se han convertido en un activo estratégico en la era de la inteligencia artificial. No en vano, como señaló el analista Peter Sondergaard: “La información es el petróleo del siglo XXI”.

Para saber más

The European Digital Identity Wallet: Why it matters and to whom. Caribou Digital.

Balance de ciberseguridad 2025. Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Mi Carpeta Ciudadana: ¿qué es y para qué sirve? Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

ÁMBITO EUROPEO

Your whole life in a wallet

GORKA R. PÉREZ

The European Union is preparing the so-called European Digital Identity Wallet, a common initiative aimed at simplifying identification and re-defining the relationship between citizens, states and services over the next decade. Member countries must make it operational by the end of the year. Security and trust are seen as the cornerstones of a project that also aims to strengthen the bloc’s digital sovereignty.

Bringing together in a single application all the documents required in order to access public and private services from a mobile phone sounds — at least on paper — like a reasonable promise. Not only because it would simplify the digital relationship with administrations and companies, but also because it would alleviate an increasingly burdensome identification bureaucracy that requires us to prove who we are time and time again. This is the horizon pursued by the so-called European Digital Identity Wallet, an EU project that Member States must make operational before the end of 2026 and which aims to make identification an almost invisible process.

Pan-European Wallets

As with many projects that end up being rolled out at community level, the European digital wallet has not come out of the blue. It builds on the previous experience of different national digital identity systems, developed and tested in several countries over the last few years. The ambition now is to go one step further: for these solutions, conceived within specific borders, to evolve into pan-European wallets that function beyond their country of origin and are recognised by all Member States.

The aim of this convergence is not to create a single common application for all citizens, but to establish an ecosystem of digital wallets capable of functioning interoperably in any EU country. That is, a web of different but mutually compatible applications designed to enable digital identity to circulate smoothly within the European single market.

The appeal of such digital tools lies, above all, in the ease they offer to the user. A convenience based on the possibility of selectively storing and sharing the credentials needed to prove identity to third parties, all from a single application installed on the mobile phone or any other compatible electronic device, without the need to repeat the process over and over again.

Once the threshold of identification – the first bottleneck – has been crossed, EU-wide alignment opens the door to other uses. The digital wallet will also allow the storage of official documents such as driving licences, medical prescriptions, academic qualifications, passports and professional certificates. It will add a key function: the ability to electronically sign documents with full legal validity, integrating into a single environment processes that are currently dispersed.

Digital regulation

In recent years, the European Union has deployed an increasing volume of digital regulation, and it is within this regulatory framework that the future common electronic identity fits. Not only as a tool for everyday use, but also as an instrument that can facilitate the implementation of regulations such as the Digital Services Act (DSA). All this in a context in which many citizens, even though they are used to entering their personal data on a growing number of platforms, are beginning to distrust the security guarantees offered by these spaces. Providing a trusted environment from which to manage a Europe-wide digital identity is therefore presented as a way of restoring trust, fostering information exchange and nurturing infrastructures considered strategic.

This emphasis on security was precisely one of the pillars on which the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, based her presentation of the initiative. This was underlined in September 2020, during the State of the Union address, when the need to provide citizens with a digital identity that would strengthen trust and return control to them over their data was defended.

The timing of Von der Leyen’s speech was not coincidental. In the midst of the pandemic, applications to prove vaccination status were at the centre of public debate, including in the offices of Brussels. This was largely because these tools depended on infrastructures controlled by tech giants such as Apple and Google, which set the rules on how the data required for tracking systems could be exchanged, limiting the room that states have for manoeuvre.

Security and independence

Since then, and as has been the case with other strategic initiatives, avoiding a return to dependence on large US companies in areas considered sensitive has become a shared conviction within the European project. The commitment to the EU’s own digital wallet is therefore part of a broader desire by its institutions to strengthen their technological autonomy and move towards a digital sovereignty capable of reducing external vulnerabilities.

Hence, security and privacy have become the two pillars on which the project is based. These are essential conditions for its success and, above all, for citizens to perceive these guarantees in their day-to-day dealings with the digital wallet. Failure to do so would compromise the initiative and weaken the new autonomous communication channel that Brussels is seeking to consolidate. All the more so as the use of these interconnected wallets will be voluntary for citizens, and not compulsory, as the European Commission itself has underlined.

The European Digital Identity Wallet therefore lies in the territory where technology, politics and everyday life converge. It is not just another new administrative tool or exercise in digital modernisation, but an attempt to redefine how the relationship between citizens, states and services is articulated in an increasingly interconnected European space. It is somewhat complex: it requires solving technical challenges, guaranteeing high security standards, co-ordinating twenty-seven countries with very different digital backgrounds and cultures and, above all, generating a level of public trust that is not decreed, but built. Much of its viability will depend on this balance.

Much of its viability will depend on that delicate balance. If any one of these aspects is not delivered, and the experiences proves to be opaque, insecure or unhelpful, then the project risks becoming just another promise in the European digital catalogue. If, on the contrary, it can be established as effective tool and perceived as legitimate, the wallet could become one of the most profound silent transformations of the relationship between the citizen and the state in the European Union.

Late 2026: key date

Interoperable digital wallets should be available to citizens, residents and businesses by the end of 2026. This is the horizon set for a process that did not start yesterday, but is the result of years of preparatory work and technical negotiation, and is still going through a decisive phase. Developments on secure architecture, common standards and specifications continue to progress, supported by a shared European-wide «toolbox». In parallel, the European Union has launched wide-ranging pilot projects, involving public administrations and businesses, in order to test the actual functioning of a system that is intended to operate across the continent.

A strategic asset

These new features, in addition to simplifying traditionally tedious procedures (which are often inaccessible to those lacking digital skills, such as the elderly) are based on decisions that go beyond the purely technical. There is a fundamental political interpretation behind this initiative: the growing awareness in Brussels that data has become a strategic asset in the age of artificial intelligence. Not without reason, as analyst Peter Sondergaard points out: «Information is the oil of the 21st century”.

Find out more

The European Digital Identity Wallet: Why it matters and to whom. Caribou Digital.

2025 Cybersecurity Overview. National Cybersecurity Institute.

My Citizen’s Wallet : what is it and what is it for? Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation.

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Andrés M. Urrutia Badiola,

notario. Ilustre de Bilbao

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ÁMBITO EUROPEO

Alberto de Gregorio,

director del Servicio Jurídico de la UE

¿Cómo contribuye el Notariado a la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas de la Unión Europea?

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Alberto de Gregorio,

Head of the EU Legal Service

How does the Notariat contribute to legal certainty for citizens and businesses in the European Union?

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Todo lo que eres cabe en una cartera

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