Las crisis provocadas por la irrupción del COVID-19 y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia han configurado un nuevo escenario geopolítico y un nuevo marco económico y social complejos y marcados por la incertidumbre y la volatilidad. Pero, también, han puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones a desafíos que ya estaban ahí antes pero que ahora son aún más evidentes.

Entre estos retos están los relativos al envejecimiento de la población, la calidad de vida de las personas de más edad y la necesidad de adaptar el Estado de Bienestar y nuestro sistema de protección a una sociedad que, cada vez, va a ser más longeva.

Se trata de un asunto fundamental para el futuro de España y sobre el que estamos obligados a reflexionar para poder ofrecer soluciones realistas y viables.

España es uno de los países que está sufriendo un proceso de envejecimiento más intenso. Las proyecciones demográficas apuntan a que, en los próximos 30 años, la esperanza de vida de los españoles aumentará hasta en tres años y que, para 2050, uno de cada tres ciudadanos tendrá 65 años o más.

Esta tendencia impactará negativamente en la relación entre el número de pensiones y el número de personas en edad de trabajar, casi duplicándola. La previsión es que, para ese año, por cada mayor sólo haya 1,7 personas con edades entre 16 y 64 años, frente a las 3 personas que hay en la actualidad.

Una transformación de la pirámide demográfica que supone un reto por sus implicaciones en el crecimiento de la economía o en áreas como la sanidad, la educación, la dependencia y, por supuesto, el sistema de pensiones. Según las últimas estimaciones de organismos como la AIREF, el gasto público en pensiones puede alcanzar a mitad de siglo hasta el 16,3% del PIB, frente al 13,6% actual. A día de hoy, esto supondría unos 35.000 millones de euros más de gasto.

Con este escenario, y por responsabilidad, estamos obligados a afrontar el debate sobre el futuro de las pensiones en España con cierta urgencia y tomando decisiones de fondo. Con medidas que se alejen del cortoplacismo y garanticen, realmente, un sistema que sea sostenible y suficiente y en el que la equidad intergeneracional esté asegurada. Una reforma necesaria y de calado que debe adoptarse en diálogo con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo.

Sin embargo, lamentablemente, las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno no han ido en este sentido. Desde CEOE, así como también desde CEPYME y ATA, hemos expresado públicamente, ya el pasado mes de marzo, nuestro rechazo a la última reforma impulsada por el Ejecutivo.

Una reforma que ahonda en los desequilibrios que padece el sistema, que daña la competitividad de las empresas, reduce la renta disponible de las familias y, en definitiva, pone un freno a la actividad y a la creación de empleo.

Porque el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas optando por una subida generalizada de cotizaciones que va a suponer una merma de los salarios de todos los trabajadores y que incrementa los costes laborales para el tejido empresarial.

La reforma es, también, regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión para quienes, en la actualidad, están en el mercado laboral.

Los cambios aprobados, además, van a incrementar el desequilibrio financiero del sistema, en una cifra que será equivalente al 1,1% del PIB en 2050. Y, en conjunto, pueden situar el déficit de las cuentas públicas en el entorno del 8% del PIB y elevar la deuda hasta el 150%.

En suma, se trata de una reforma que no afronta el verdadero problema de nuestro sistema: el desequilibrio entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y tasa de reemplazo de las pensiones.

Es por ese camino por el que tendrán que ir las medidas que, necesariamente, habrá que adoptar para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Un futuro que pasa por repartir la carga de las pensiones en los tres pilares de nuestro modelo: pensiones públicas, ahorro colectivo y ahorro individual. Porque el sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa.

Y esto tiene que incluir los planes de pensiones individuales, muy afectados por la reducción de desgravaciones acometida por el Gobierno en los últimos años. Es un error promover la previsión social colectiva a costa de los planes individuales porque ambas patas son fundamentales y necesitan incentivos suficientemente atractivos.

En lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, que aumenta las cotizaciones de quienes ya trabajan, perjudica el crecimiento y la creación de empleo y que dificulta la retención del talento, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad de las empresas.

Un entorno con capacidad para atraer inversiones, que favorezca la llegada y la creación de empresas y, de este modo, la creación de más empleo. Porque apostar por la creación de empleo, apostar por las empresas, es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones sin perjudicar ni el crecimiento ni la competitividad de nuestra economía y que contribuirá, sin duda, a impulsar la necesaria sostenibilidad de nuestro sistema.