El itinerario consta de seis cursos y talleres (de entre 30 y 120 horas lectivas) que se celebrarán aproximadamente cada tres meses en diferentes modalidades de asistencia (virtual, híbrida o presencial). Los temas del programa son: principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad; ajustes de procedimiento y extraprocesales para el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad; determinación de las necesidades de apoyo y las salvaguardas necesarias, buenas prácticas y reformas necesarias; ajustes de procedimiento y extraprocesales, tecnología y vulnerabilidad; acceso a la Justicia, especificidades (justicia civil, penal y extrajudicial); y retos de futuro.

Como presentación de esta actividad, tuvo lugar el pasado mayo el webinario Tecnología, discapacidad y acceso a la justicia, en el que tomaron parte Almudena Castro-Girona y Francisco González, directora y director adjunto de la Fundación Æquitas, respectivamente; Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios; Joaquín Delgado, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional; y Óscar Herrera, coordinador del área de formación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra.

EL ITINERARIO CONSTA DE SEIS CURSOS Y TALLERES (DE ENTRE 30 Y 120 HORAS LECTIVAS) QUE SE CELEBRARÁN APROXIMADAMENTE CADA TRES MESES

Veinte años de colaboración.

Castro-Girona recordó que la colaboración de Æquitas y del AECID data de antiguo: «En 2004 iniciamos los primeros talleres de formación, relativos al empleo o a la Convención de la ONU. Ya por aquel entonces veníamos detectando la necesidad de crear una red de expertos en derechos humanos, como la que se pretende tejer con este itinerario formativo, que tiene como principal objetivo generar puentes de capacitación y un lugar virtual donde compartir conocimientos, experiencias, sabiduría y práctica».

Para Herrera, el itinerario forma parte de la «decidida apuesta estratégica de AECID para llevar a cabo una cooperación intensiva y de fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia e intercambio de conocimientos. El plan Interconecta, del que forma parte esta iniciativa, cuenta con instituciones y actores sociales involucrados desde hace años en el desarrollo humano de la región, como Æquitas».

Por su parte, González hizo hincapié en que «a lo largo de las sesiones vamos a reflexionar sobre la aplicación de la tecnología en el acceso a la justicia, desde las comunicaciones electrónicas a la inteligencia artificial, promoviendo soluciones que permitan la accesibilidad y eviten discriminaciones como la de la brecha digital».

Delgado abordó en su intervención un asunto de actualidad como el de la Inteligencia Artificial que «promete numerosos avances en la vida de las personas con discapacidad y de otras personas, pero puede conllevar muchos riesgos. Es necesario encontrar un equilibrio a fin de aprovechar las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de los objetivos subyacentes de la Convención de la ONU». El magistrado señaló que «todo lo que tiene que ver con la mejora en el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad afecta a las políticas públicas. Es importante que los que trabajamos en el sector seamos conscientes de las necesidades del colectivo y adoptemos las medidas necesarias que derriben las barreras existentes».

Por último, Martín-Moreno expuso otra de las líneas maestras de estos cursos: «Gracias a un elenco transversal de ponentes de todas las partes del mundo y de altísimo nivel, aportaremos herramientas para que los operadores jurídicos conozcan el punto de vista de las personas que están en situación de vulnerabilidad: la detección de necesidades, su relación con las familias, posibles situaciones de conflicto de intereses… Algo que puede ser muy enriquecedor».