LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.